Buscando al topo desesperadamente: necesitamos urgentemente la protección del “whistleblower”

 

Ya hemos hablado antes  en este blog de la importancia, en un ambiente de corrupción generalizada como el que vivimos, de proteger al funcionario o empleado público que denuncia la corrupción, la denominada figura del “whistleblower”. Pero conviene insistir en la urgencia de esta regulación a la vista de las últimas y alarmantes noticias que demuestran que en nuestro país se investiga, se sanciona y hasta se encarcela a los denunciantes de la corrupción antes que a los propios sospechosos de corrupción. Así lo pone de manifiesto este caso  denunciado por la diputada Irene Lozano, del teniente del Ejercito de Tierra Luis Gonzalo Segura  que tiene todas las papeletas para ingresar en un centro disciplinario y cumplir dos meses de privación de libertad por haber escrito una novela –Un paso al frente– sobre las malas prácticas habituales existentes en el Ejército.

Lamentablemente no es ni mucho menos el único caso, aunque sí sea especialmente grave por la posible pérdida de libertad que le puede suponer. Es también de destacar el calvario personal y profesional sufrido por Ana Garrido Ramos desde que denunció la trama Gurtel en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, que ella misma cuenta en su blog bajo el expresivo título “la honestidad tiene un precio”.

El problema es que los que están detrás de estas actuaciones contra los “whistleblower” -con la complicidad por activa o por pasiva de los funcionarios o empleados que no quieren problemas- suelen ser los propios investigados o denunciados.  Por eso en otros países democráticamente más avanzados y con menores índices de corrupción no solo existe una normativa para proteger a los denunciantes de la corrupción, sino que incluso hay sanciones para los que simplemente intentan averiguar quien ha filtrado o denunciado un caso de corrupción. En Suecia, por ejemplo, es delito tratar de averiguar la persona que ha filtrado una noticia. En España es exactamente al revés, los que sufren persecución y acoso –como demuestra la condena por “mobbing” laboral al Ayuntamiento de Boadilla en el caso concreto de Ana Garrido- son los denunciantes.  En definitiva, cada vez que salta un nuevo escándalo de corrupción se busca al “topo” desesperadamente.

La gravedad de esta situación es evidente. No solo están desactivadas en su mayor parte las alarmas internas del control sino que si algún funcionario o empleado público honesto se atreve a da la voz de alarma –ya sea  utilizando los medios de comunicación o los recursos disponibles en el ordenamiento jurídico- sobre la existencia de una trama o de un caso de corrupción es perseguido con saña precisamente por aquellos que supuestamente deberían velar porque estos casos de corrupción no sucedan. Resulta bastante curioso que el alcalde, el consejero, o en general el alto cargo o gestor público de turno tenga  mucho más interés en que no trasciendan los casos de corrupción que en investigarlos, denunciarlos a la Fiscalía o a los Tribunales y exigir las correspondientes responsabilidades.

Las causas de estas conductas resultan difíciles de comprender salvo que los “perseguidores” tengan algún tipo de responsabilidad política o jurídica directa por acción o por omisión en el caso denunciado o que, en el mejor de los casos, sean defensores de una supuesta “razón de Estado” que llevaría a evitar no ya que los trapos sucios se laven fuera de casa sino que se laven, a secas.

La excusa, como no, es el énfasis que se pone en España en la protección del honor y la privacidad (ahí tienen el caso de los famosos correos de Blesa) y por supuesto el uso –y el abuso- de la normativa de protección de datos, refugio ideal para todo el que prefiere no dar a conocer su nómina o donde viaja con el dinero de los contribuyentes, por ejemplo. Ya explicamos aquí que la normativa de protección de datos automatizados de carácter personal no está pensada para la protección de las cloacas.

En todo caso sería muy de agradecer que un cargo público se comprometa con la transparencia nada más tomar posesión de su cargo, es decir, a facilitar toda la información que se le requiera en relación con su ejercicio y por supuesto con el dinero de los contribuyentes que gestiona o que le pagan la nómina, las dietas o los gastos de su tarjeta corporativa. Nadie obliga a una persona a aceptar un cargo de este tipo, pero si lo hace tiene que comprender que sus obligaciones con los ciudadanos pasa por darles cuenta de lo que hace con el dinero de sus impuestos.

Pues bien, lo que pasa es precisamente lo contrario. En esta noticia se nos cuenta, por ejemplo, la preocupación y la alarma generada en una Comunidad Autónoma que destaca por su corrupción  por la existencia de un “topo” (hasta tiene nombre, el “topo del Palau”, y hasta perfil en twitter al parecer) que ha filtrado de forma reiterada información sobre contratos menores, copia de nóminas o servicios de restauración un tanto peculiares que no favorecen precisamente  a la Comunidad en cuestión. Pero lo más preocupante es que la reacción haya sido abrir un expediente informativo para localizar al denunciante, con la colaboración (al parecer voluntaria) de los funcionarios del organismo en cuestión -suponemos que deseosos de evitar ser confundidos con el topo- e incluso la presentación de una denuncia en el Juzgado que ha sido admitida a trámite. El mundo al revés.

Porque no nos engañemos, mientras los funcionarios y empleados públicos honestos y neutrales no tengan libertad para decir la verdad, no avanzaremos mucho en la lucha contra la corrupción, dado que ellos saben mejor que nadie lo que ocurre en sus lugares de trabajo. Así lo entienden también los informes de la Unión Europea que han estudiado la corrupción en España  y que insisten en introducir la protección del whistleblower.

En este sentido causa perplejidad que el Fiscal General del Estado, al contrario que cualquier observador imparcial e incluso que los miembros de la propia Fiscalía Anticorrupción, no vea el problema por ninguna parte y juzgue que nuestras leyes ya son suficientes para proteger a estas personas, cuando si algo demuestran los hechos es que no lo son.  Quizá porque él conoce perfectamente el “riesgo” que una protección del denunciante supondría para el funcionamiento actual de nuestro sistema político. Mejor dejar las cosas como están, no muchos se arriesgarán a seguir los pasos de estos funcionarios heroicos.

Lo que ya no sorprende a estas alturas a nadie es que entre las mil y una medidas de regeneración democrática propuestas por el Gobierno (absolutamente compatibles, como ya hemos comentado, con apoyar al alcalde de Brunete, por ejemplo, por citar uno de los casos de corrupción política más recientes) no se encuentre por ninguna parte la medida de proteger al “whistleblower”. Pero claro, es con esto de las medidas de regeneración hay que andarse cuidado, no vaya a ser que si las se toma muy en serio un número importante de cargos públicos termine en la cárcel, pese a las “contramedidas” que se cuelan en las reformas de la LOPJ para intentan controlar al Poder Judicial de las que seguiremos hablando. Y a ver como se gestiona eso.

19 comentarios
  1. Gonzalo García Abad
    Gonzalo García Abad Dice:

    Interesante artículo. Yo no creo que sea lo más correcto hablar de que existan países, como en este caso España, con corrupción generalizada. Más bien creo que la tendencia es a la convivencia de entornos donde prevalece la justicia con entornos donde prevalece la corrupción. En ámbitos donde todo el mundo es honrado, los beneficios de la cooperación son muchos y la tentación de corrupción pequeña, porque además el rechazo no sería de un único denunciante sino del conjunto del grupo. En ámbitos donde la corrupción es general, las personas honradas tienden a pasarlo muy mal y a ser desterradas. Incluso en estos ámbitos, cuando los protagonistas de la corrupción cambian, porque siempre hay gente esperando a que caigan los líderes, se producen falsas denuncias o denuncias verdaderas pero que encubren la voluntad de dejar el camino libre a esos nuevos protagonistas. Eso no quiere decir que no haya que dar las máximas garantías de protección al denunciante. No, no quiere decir eso de ninguna manera, el sistema democrático debe ofrecer las máximas garantías a todo el mundo, incluso a los acusados por los casos más flagrantes de corrupción. Pero tampoco creo que la denuncia anónima sea una gran alternativa para luchar contra la corrupción, precisamente porque se desenvuelve en entornos normalmente muy corruptos, donde la credibilidad es menor.
    Creo que la gran alternativa es facilitar a las áreas más integras y honradas del sistema, que las hay muchas, mecanismos para el reconocimiento mutuo. Sin que los funcionarios honrados de diferentes áreas se reconozcan entre sí y sepan en quien pueden confiar para colaborar en la lucha contra la corrupción, creo que hay poco que hacer, porque muchas investigaciones de corrupción pasan por la colaboración de funcionarios de muy diversas áreas. De poco sirve que existan ámbitos dentro de la Administración que son un modelo de integridad si viven aislados y sin contacto por la desconfianza que suscita el desconocimiento. Y tengamos en cuenta que el aislamiento, la renuencia a colaborar con otros ámbitos de la Administración de los que no se tiene suficiente información de su honradez, es un mecanismo de protección de todos los grupos honrados. Ahí está el reto, en contactar grupos de la Administración honrados sin contaminarlos con los corruptos. Es complicado, pero creo que merece la pena luchar en este sentido.

    Reciba un cordial saludo.

  2. E Lister
    E Lister Dice:

    A fwcha de hoy el tte. Segura lleva 7 dias arrestado y 8 en huelga de hambre, por lo que está cumpliendolo en el Hospital Central de la Defensa.
    Además de esta injusta sanción de 2 meses de privación de libertad sin haber sido juzgado, se enfrenta a un expediente por ei que podría ser condenado a 6 años de prisión y pérdida de su empleo

    • JMZ
      JMZ Dice:

      Por favor, contribuyamos a que este blog no pierda su seriedad y su ecuanimidad.
      No entro ni salgo en este caso, pero:
      ¿Qué detalles del procedimiento conoce Ud. como para ponerse automáticamente de parte del Teniente y no cuestionarse, al menos, si su conducta a sido o no la adecuada o considerar el punto de vista de “la otra parte”?
      ¿En qué se basa Ud. para calificar su arresto como injusto?
      ¿Qué conocimiento tiene Ud. de las Reales Ordenanzas y de la Ley Orgánica de Derechos y Deberes de los miembros de la FAS como para decir que ha sido privado de libertad sin haber sido juzgado?
      Independientemente de que las presuntas corruptelas que haya podido detectar este Teniente sean ciertas o no, ¿Considera Ud. justo que las extienda a todo el Ejército y lo vaya pregonando de medio en medio? ¿Realmente cree Ud. que eso es una contribución positiva?
      ¿No cree Ud. que existen otras formas de denuncia más acordes con la dignidad y el decoro militar y de asumir, si llega el caso, las consecuencias que se puedan derivar de un acto de justicia como es la propia denuncia?

    • E Lister
      E Lister Dice:

      JMZ el conocimiento que tengo de la situación son los 38 años de servicio que llevo en activo en las FAS.
      Las supuestas corruptelas como las califica, no hace falta extenderlas por el Ejército, son conocidas de sobra, cuando no sufridas en propias carnes, por la mayoría de sus integrantes.
      Si realmente conociera el caso sabría que el Tte. ha agotado todos los medios posibles de denuncia “acordes con el decoro” militar, siendo el resultado que se han pasado su dignidad por donde ud. puede imaginar, lo que le llevó a este medio de denuncia.
      Es muy fácil tragarse los sapos que nos mandan las castas, tanto política, económica como militar. Ya es hora de que vayan saliendo valientes como el Tte. Segura, el juez Garzón, el juez Silva, y muchos otros (no quiero meterme en otros terrenos por respeto al Tte.) que pese a saber lo que les puede acarrear enfrentarse a los poderes corruptos, no han vacilado en dar UN PASO AL FRENTE.
      Que pase Ud. buena tarde.

    • JMZ
      JMZ Dice:

      Gracias por sus buenos deseos.
      Pido disculpas a los blogueros por mi falta de ortografía al decir “…su conducta a sido o no…” en vez de “…su conducta ha sido o no…”, producto de las prisas.
      Puestos a sincerarnos, déjeme que le diga que también tengo más de veinte años de servicio activo en la FAS y que, probablemente al contrario que Ud., fui convenientemente (e injustamente) represaliado y arrestado por denunciar abusos de autoridad. Pero a pesar de todas las consecuencias que tuve que afrontar (y créame que fueron muy serias), no se me ocurrió poner en marcha el ventilador, ni desprestigiar a la Institución ni clasificar a la gente en castas. A pesar de todo, estoy convencido de que en algo logré que cambiaran algunas cosas. Y, desde luego, sigo creyendo que el espíritu y la tradición militar son incompatibles con determinadas conductas y actitudes, sean de un general, de un teniente o de un soldado raso.
      Finalmente, respecto a los discutibles ejemplos de “valentía” que Ud. propone, permítame a mí escoger a estos otros, que tienen que ver más con la modestia y la abnegación: las vidas diarias de aquellos oficiales, suboficiales y tropa y marinería que a lo largo de generaciones, en paz y en guerra, en la mar, en tierra y en el aire, calladamente, sin distinción de castas y sin que se enteren los medios, cumplen con su deber y afrontan con espíritu de sacrificio la dureza, los sinsabores y, algunas veces, las injusticias de la vida militar. ELLOS NO PIERDEN EL PASO.
      Reciba un cordial saludo.

  3. misnotas
    misnotas Dice:

    Aplaudo y admiro la insistencia de Elisa en este asunto
    Coincido plenamente con ella. El tópo, es una especie útil para un ecosistema honesto, y por tanto digna de protección.
    Cuando se desenmascara o se ilumina una ilegalidad se está intentando proteger la legalidad, las normas que entre todos nos hemos puesto para cumplirlas. Las reglas de juego vaya. Hay que poner en marcha medidas para que los esfuerzos y acciones encaminadass a hacer esas reglas efectivas y no un fingimiento no se conviertan en un martirio.
    Ya habrá tiempo de castigar las acusaciones falsas e imponer medidas disuasorias que desanimen al abuso de las denuncias.

  4. Diego Campos Lóriz
    Diego Campos Lóriz Dice:

    En 1981 se fundó en Estados Unidos el llamado Project on Government Oversight (POGO) o “Proyecto de vigilancia del Gobierno”, una asociación sin ánimo de lucro cuya misión es investigar la corrupción y otros comportamientos delictivos en el Gobierno Federal, los conflictos de intereses en su seno y, en general, promover la buena gobernanza y un Gobierno Federal eficaz, abierto y obligado a rendir cuentas.

    En 2002, POGO y otra organización llamada Public Employees for Environmental Responsibility (PEER) publicaron un libro con el título The Art of Anonymous Activism: Serving the Public while Surviving Public Service (“El arte del activismo anónimo: cómo servir al ciudadano y sobrevivir en el funcionariado”). Se trata de una guía para que el whistleblower pueda alertar de corrupciones en el Gobierno Federal protegiéndose al mismo tiempo de las desagradables consecuencias que se puedan derivar de sus denuncias. El libro está disponible en Internet en la página de PEER (www.peer.org). El prologuista es Frank Serpico. Quizás recuerden la película “Serpico” (Sidney Lumet, 1973), en la que Al Pacino interpreta a un policía de Nueva York cuya denuncia de corrupción en el Cuerpo casi le cuesta la vida a manos de su propios compañeros.

    Han pasado 33 años de la fundación de POGO. En España necesitaríamos varios POGOs (quizás 17+1), y una versión española del libro referido. Sólo la sociedad civil puede hacer estas cosas: la “sociedad oficial” se hará el harakiri antes de soñarlo siquiera. Necesitaríamos también, por supuesto, una Justicia independiente, ágil y fiable, algo que resulta más difícil todavía.

  5. IVP
    IVP Dice:

    Gracias por el artículo pero ¿que se puede hacer para que alguien empiece a poner solución en un tema que tanto nos afecta?. Es que no sirve ni denunciar. Yo lo hice en el año 2009 y todavía no ha salido el juicio. A esto sumo que, para defenderme, tuve que pagar un abogado que me ha supuesto un esfuerzo extra dado mi bajo sueldo. Durante este tiempo el “agresor” que hundió mi carrera profesional tiene, gratuitamente, un abogado del estado que le defiende y su carrera nunca fue paralizada.

  6. O,Farrill
    O,Farrill Dice:

    Creo que el tema está (o estaba) tipificado en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas con la OBLIGACION de denunciar tales casos de corrupción o simples incorrecciones administrativas. Es más se ponía énfasis en la responsabilidad personal de quien “causare perjuicio económico” a la Administración del Estado.
    Decía: “o estaba” porque los ríos normativos de curso cambiante posiblemente se hayan llevado por delante tales cuestiones cautelares, al igual que se llevaron por delante otras muchas medidas de control sobre los actos públicos: desde los previos que evitan desaguisados administrativos y jurídicos, hasta los posteriores en los tribunales correspondientes donde los cuerpos superiores de la Administración quizá podían haber actuado con más intensidad denunciando u oponiéndose a la arbitrariedad y al descontrol. Claro está, les cambian las normas y ellos sólo tienen dos posibilidades: aceptar con resignación tal imposición o la valentía de luchar contra la misma. Las “intervenciones” no eran previas más que a nivel formal, los dictámenes de las asesorías jurídicas o eran favorables o iban a la papelera sin más consecuencias.
    Quien tiene el BOE tiene el poder de imponer a los demás lo que quiera. Con fundamento e interés público o como vía de escape legal cuando proceda. Todo lo demás son juegos florales.

  7. De Lege Ferenda
    De Lege Ferenda Dice:

    Parece que, indirectamente, coincido con la autora. Quienes imputan, o encarcelan a los denunciantes de la corrupción son los Jueces (influidos o no por terceros). Lo que nos pone, de nuevo, sobre el terreno de la impunidad enmascarada de la judicatura. Por corporativismo o por corrupción, no es la cuestión.

    La impunidad de los corruptos genera más corrupción.

    Quien estas lineas escribe es un abogado que, por haberse querellado contra el juez Decano de su Partido, viene desde hace años sufriendo una persecución tan infame como injustificable, por parte de varios órganos judiciales de dicho partido. Un acoso que posee el significado explícito de “aviso a navegantes”. Tenemos el poder de encarcelar injustamente; y con impunidad. Tenemos el poder de destrozar a tu familia; injustamente y con impunidad. Tenemos el poder de desposeerte de tus bienes y de tu honor, injusta e impunemente. Porque SOMOS LA JUSTICIA. Nosotros, los Jueces, tenemos el verdadero poder. Nuestra Jurisprudencia conforma la sociedad, muy por encima de las Leyes aprobadas en vuestros Parlamentos, que solo nos vinculan si nosotros, los Jueces, queremos que nos vinculen.
    LA Constitución está muerta. No hace falta una reforma, sino un verdadera Constitución, que contenga los mecanismos de defensa de la sociedad contra la violencia y la intimidación ejercida por sus autoridades. Y no pañitos calientes que generen la mera apariencia de ello.

  8. Pedro Alarcón
    Pedro Alarcón Dice:

    Muy de acuerdo con el artículo, siempre mantengo que para denunciar no sólo debe ser cierto, tener pruebas e incluso testigos, tenemos que valorar y analizar desde el
    Funcionario q recepcióna la denuncia, hasta el responsable del Centro receptor, luego a los jefes superiores, políticos, etc., en cuanto uno de la cadena tenga intereses y detente poder, mucho cuidado con ponerlo en conocimiento.
    En los cuerpos policiales es muy complicado denunciar, el corporativismo mal entendido te pasa factura, mi experiencia en la administración es amplia y las consecuencias evidentes, pero ocurre en todos los sectores, sanidad, educación, instituciones penitenciarias, etc., la corrupción va a más y no es facíl ponerle freno. Hay lugares como Centró América, q ni contratando personal extranjero para funciones de inteligencia es posible realizar cambios.

  9. Ruralita
    Ruralita Dice:

    Además de proteger a los posibles topos, deberíamos conseguir un ejercicio “radical” de transparencia en todos los organismos públicos. El horizonte debería ser “toda la información al alcance de todo el mundo y a golpe de click”. La ley de Transparencia, tan cacareada por el gobierno, regula hasta el detalle más nimio de cómo se tiene que realizar la petición, qué tiene que hacer el funcionario para contestar, qué ocurre si no hay contestación,… en fin, un procedimiento farragoso propio del siglo XIX, cuando lo que debería hacer el legislativo es imponer que las cuentas y las decisiones de los organismos públicos (salvo esas pocas que puedan comprometer la seguridad del Estado o de las personas) se publiciten y expliquen sin necesidad de que nadie lo pida.

    En Noruega, por cierto, la Hacienda estatal hace públicos cada año los datos más relevante del IRPF de todos los ciudadanos (ingresos, patrimonio, impuestos pagados), y cualquiera puede consultar lo de cualquiera. Y entre nosostros, ¿quién tiene algo que esconder? ¿el asalariado público o privado con un sueldo de 10-60.000 €)? No lo creo. ¿El empresario talentoso o el autónomo que trabaja duramente para conseguir un cierto éxito económico? Tampoco lo creo.
    Si lo que gano lo consigo honradamente y liquido “religiosamente” mis impuestos no tengo por qué avergonzarme, al contrario, que el talento y el esfuerzo tengan recompensa es un valor compartido por la mayoría de las personas.

    Claro, luego están los sueldazos en los chiringuitos públicos o privados, cuyos perceptores tal vez se avergüencen de ver publicados, pues saben que no los perciben en razón de sus méritos, sino de su red de contactos (un presidente del COI que no habla inglés como ejemplo, o Urdangarín en Telefónica).

    Que se sepa “casi” todo y que los funcionarios (independientes del poder político) velen precisamente por que el ciudadano lo sepa todo.

  10. Pedro Alarcón
    Pedro Alarcón Dice:

    Respetando sus comentarios JMZ, ser abnegado, cumplidor, etc., no es modelo, tan sólo socialmente admitido como forma de no estar en el foco. Es ser tan sólo gris, dejarse llevar y aceptar la obediencia debida a cambio de la libertad, de eso se sirven muchas instituciones, que actúan como sectas, no entraré en detalles, por la limitación de espacio, pero siendo un ser libre, no se tienen sesgos, prejuicios o trabas para recrear situaciones o tal vez si, pero la grandeza de la vida es la diferenciación, algo q cada vez es menos visible, los monopolios se instauran en todos los àmbitos de la vida, quedando las personas al servicio y al uso de la norma, del procedimiento, en definitiva encauzado en una vía de tren sin poder elegir destino. Dice que sufrió en su persona y ahora tiene otra visión, quizá el sistema le modelo a su antojo y usted se acomodó para no perder privilegios, es también legítimo y no por ello estaré encontra, por eso usted no pierde el paso, el q marca el sistema

    • JMZ
      JMZ Dice:

      Si conociera las vicisitudes de mi vida profesional, quizá se daría cuenta de hasta qué punto está Ud. equivocado en sus prejucios y suposiciones. Pero, como comprenderá, no es pertinente que se las cuente. No debería haber hecho en público un ejercicio de imaginación tan arriesgado.
      Por lo demás, le sugiero que reflexione un poco más sobre el verdadero alcance y significado de conceptos como la abnegación, la obediencia debida y la libertad, especialmente la del espíritu. Puede que llegue a la conclusión de que, más allá de los tópicos usuales, no tienen por qué ser incompatibles ni alienantes.
      Cordialmente,

  11. Desahuciada
    Desahuciada Dice:

    Un nuevo post con diagnóstico certero sobre la falta de transparencia de los partidos políticos y, en general, de todo nuestro entramado institucional. Lo peor de todo es que a estos auténticos héroes del sistema se les suele acusar (tal vez por culpa de nuestra tradición judeo-cristiana…) de “chivatos”.

    Lo esencial para que estos individuos actúen y se atrevan a dar un paso adelante es establecer un buen sistema de incentivos que les premie adecuadamente. Uno de los pocos sistemas que se introdujeron en España siguiendo el modelo anglosajón fue el programa de Clemencia, que aprobó la Ley 1/2007 de Defensa de la Competencia. Sin embargo, ya se ha encargado la CNMC de desvirtuar y anular el esquema a través de resoluciones que no sólo no castigan al resto de empresas del cártel, sino que además dejan en evidencia a las empresas que han querido abandonar estas estructuras y denunciar estas prácticas tan nocivas para los consumidores.
    Mal vamos por este camino! Tendríamos que buscar más modelos y esquemas de incentivos para proteger a estos especímenes tan difíciles de encontrar.

  12. O,Farrill
    O,Farrill Dice:

    Hay otro tipo de “topos” que actúan precisamente desde posiciones que les permiten influir en las decisiones de un gobierno. Recuerdo los que padeció UCD en su momento y me hace pensar en el “topo” que está labrando el fracaso político o electoral del PP, con medidas tan distintas a las de su programa político. Y ellos sin enterarse ¿o es que quieren pasar a los demás por su izquierda? La confusión está servida y la pérdida de apoyo sufrida tiene su explicación: persecución y sospecha generalizada hacia los ciudadanos bajo el miedo y la coacción, mientras el sector público sigue liberado de controles y reformas en profundidad. Los administradores controlando a los administrados. El mundo al revés. Así nos va.

  13. Joaquín
    Joaquín Dice:

    Si entiendo bien el planteamiento, éste consiste en pagar por una delación. Lo que puede llevar a múltiples denuncias falsas puramente por venganza. Es decir es un sistema corruptor para salvarnos de la corrupción.
    El corruptor que corrompa mejor al corrupto, buen corruptor será.

    Es divertido. Pero su aplicación práctica sería un carajal.

    Quizá hubiera que abogar por mejorar la educación y los valores. Mejorar, también, el código penal. A veces con el miedo a la cárcel u otras penas se logran milagros. Con juicios rápidos y esclarecedores; sin jueces estrella ni abogados que aspiran al relumbrón. Con todo eso y sin necesidad de ideas (cor)rompedoras tan brillantes como las expuestas en el hilo pudieran darse mejores resultados.
    Que los países nórdicos se mueven por la delación… allá ellos. No me parece un gran ejemplo. Pocas sociedades tan desarraigadas e inhumanas como las nórdicas. Fomentemos los valores que deben caracterizar un mundo limpio: no robar, no matar, no mentir, no difamar. Eso se consigue con educación, no fomentando la avaricia.

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