Sobre los Consejos Consultivos y la (no) racionalización de las AAPP
Aunque normalmente solo nos acordamos de ellos cuando leemos alguna noticia en los medios de comunicación, no tengan duda de que existen y están aquí, entre nosotros. No me refiero a los extraterrestres, sino a los entes públicos que “habitan” entre las diferentes administraciones y que están capeando la crisis mejor que muchas empresas de otros sectores (en el blog hemos constatado los escasos avances reales que se producen en los procesos de racionalización del sector público, tanto a nivel estatal como autonómico).
Una buena parte de los entes y organismos públicos que existen en los diferentes niveles de la administración tienen picos de fama cuando aparecen en los medios y después caen en el olvido. En las últimas semanas les ha tocado el turno a los Consejos Consultivos de las Comunidades Autónomas, que a imagen y semejanza del Consejo de Estado, se han reproducido por todas las CCAA salvo una (Cantabria).
Los Consejos Consultivos, como su propio nombre indica, tienen una función de asesoramiento y como norma general (aunque no siempre) sus dictámenes no tienen carácter vinculante. Vienen a ser los asesores jurídicos de mayor rango que ayudan, desde la objetividad e independencia, a los Gobiernos a legislar mejor.
Echando un vistazo a las memorias que hay publicadas en las páginas web de estos organismos, los presupuestos del año 2013 oscilan entre los 4,3 millones de euros de la Comunidad de Madrid y los 302.309 euros de Aragón. Entre medias, hay de todo: Andalucía 3,5 M€ (el dato es de 2012), Asturias 1,57 millones, etc. En todos los casos, la partida que se come casi todo el presupuesto es la de gasto de personal.
La Comunidad de Madrid tiene el honor de ser la Comunidad con el Consejo Consultivo y la reciente renovación de consejeros de este organismo ha provocado un fuerte revuelo mediático. Y es que ser Consejero mola mucho: una reunión a la semana, un buen equipo de letrados que curra (6 por consejero) y un sueldo mensual de 5.525 euros netos, o lo que vienen siendo 8.400 euros brutos al mes o un salario anual bruto de 100.000 euros, según quieran verlo (a mi madre por ejemplo si le hablas de sueldos tiene que ser el neto mensual). Vamos un chollo o como diría Esperanza Aguirre una mamandurria (según la definición de la RAE, sueldo que se disfruta sin merecerlo, sinecura, ganga permanente). De hecho la Sra. Aguirre conoce bien el Consejo ya que lo creó siendo Presidenta de la Comunidad de Madrid en 2007 (otros Consejos Consultivos autonómicos tienen más solera) y como ex Presidenta ha renunciado a formar parte de él como consejera permanente. El único ex presidente de la Comunidad de Madrid que forma parte del Consejo es Joaquín Leguina y pueden leer aquí su reacción a las noticias publicadas sobre su sueldo.
Por cierto, hablando de la objetividad e independencia que todo Consejo Consultivo debería tener, su actual presidente nombrado en abril (mandato de 6 seis años, renovable 1 vez) es Ignacio Astarloa, exsecretario de Estado de Seguridad, diputado y portavoz del PP en la Comisión de Justicia del Congreso… Demasiada vinculación quizás con el partido político que gobierna en la Comunidad para garantizar la necesaria independencia del organismo.
El otro Consejo Consultivo que ha tenido repercusión mediática en las últimas semanas ha sido el de Extremadura. En este caso el revuelo no se ha originado por las condiciones de las que disfrutan sus consejeros (una reunión a la semana, 60.000 euros brutos al año aprox) sino porque el anterior Presidente del Consejo (en la actualidad Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas de la Junta de Extremadura ) elaboró y cobró informes para otras administraciones y para un despacho de abogados mientras formaba parte del órgano consultivo. La respuesta contundente del Gobierno de Extremadura no se ha hecho esperar: estas acciones son legales y legítimas de acuerdo con la interpretación que hacen de la Ley de incompatibilidades de altos cargos y lo que plantea es modificar la Ley del Consejo Consultivo para aclarar qué actividades pueden realizar su Presidente y Consejeros (así ya no hay dudas para futuras ocasiones).
Volviendo al Consejo Consultivo de Madrid, lanzo unas propuestas para que la Comunidad deje de tener el privilegio de tener el Consejo Consultivo con mayor presupuesto de todos los autonómicos existentes:
1) Eliminarlo y solicitar los dictámenes más relevantes al Consejo de Estado. No soy el primero en lanzar esta propuesta, ya que el Grupo parlamentario de UPyD en la Asamblea de Madrid ha pedido su supresión hasta tres veces y ésta ha sido rechazada por el PP otras tantas. No parece que el Gobierno de la Comunidad de Madrid vaya a suprimir su Consejo pero Cantabria demuestra que se puede vivir sin Consejo Consultivo y además, al menos visto desde fuera, la calidad legislativa de esta Comunidad no parece peor que la del resto de CCAA. Cantabria solicitó 29 dictámenes al Consejo de Estado, según la última memoria publicada en Internet de este organismo (que es el ejercicio del año 2011!!). Está claro que si de repente las CCAA empiezan a eliminar sus Consejos Consultivos, el Consejo de Estado no podría asumir esa carga de trabajo, pero en ese caso se podría reforzar el Consejo de Estado (tendría menos coste que mantener los diferentes Consejos Consultivos). Pero bueno podemos estar tranquilos que no lo verán nuestros ojos.
2) Como parece que el Gobierno de la Comunidad no está por la labor de suprimir el Consejo, pues que lo mantenga pero reduciendo los gastos de personal. Algunos ejemplos:
- Que los Consejeros no tengan dedicación exclusiva, como en el caso del Consejo Consultivo de Aragón. Por tanto, las únicas retribuciones que percibirían son las correspondientes a las dietas por asistencia a las sesiones y a las indemnizaciones por elaboración de ponencias.
- Centralizar las labores de gestión administrativa, económica, jurídica e informática de organismos similares. Castilla y León ha puesto en marcha una medida de estas características que afecta a cuatro organismos. En el caso de la Comunidad de Madrid se podría plantear esta medida con el Consejo Consultivo y la Cámara de Cuentas por ejemplo.
- Cualquier medida con sentido común para reducir los gastos, solo basta voluntad política para implementarlas.
Ahora tenemos en la picota a los Consejos Consultivos de Madrid y Extremadura pero mañana serán otros (o los mismos u otros entes públicos). Las propuestas anteriores son extensibles a todos los Consejos Consultivos autonómicos y a otros muchos entes porque la racionalización del sector público sigue siendo una asignatura pendiente, aunque nuestros dirigentes políticos nos intenten convencer de lo contrario.
Jaime Castellano es Ingeniero de Telecomunicación por la Universidad Politécnica de Madrid y Executive MBA por el Instituto de Empresa. Inició su trayectoria profesional en el mundo de la consultoría y en 2003 emprende una larga etapa dentro del sector público, en la entidad pública empresarial Red.es, en la que desempeñó diversos cargos de responsabilidad relacionados con la promoción de políticas públicas de fomento de la Sociedad de la Información y la realización de estudios y análisis del sector. En 2010 decide volver al sector privado, vinculándose al tercer operador de telecomunicaciones del país, donde desempeña el cargo de responsable de inteligencia de mercado.
Interesante cuestión. Personalmente creo que la principal misión que han cumplido estos consejos ha sido contribuir a dar forma al Derecho Administrativo. Es lógico pensar que su papel hoy en día no puede ser tan relevante. Si son bien gestionados, se supone que los primeros recursos de los que disponen los consejos consultivos se dedican a las tareas más necesarias para la sociedad. Dotar de más y más tareas a estos consejos no hará sino consumir muchos recursos con unos rendimientos cada vez menores. A pesar de todo tiene misiones importantes, como elaborar informes preceptivos.
Una cuestión importante es que las funciones de los consejos consultivos autonómicos podrían ser ejercidas por el Consejo de Estado, que podría disponer de parte de los recursos de los consejos consultivos autonómicos. En Cantabria no tenemos consejo consultivo y no oigo yo demasiadas quejas de los ciudadanos por carecer de consejo propio. Sin embargo, en otras Comunidades Autónomas es una cuestión de vital importancia tener el mayor número posible de instituciones propias. No lo sé, pero creo que se extiende la desconfianza en las relaciones entre el Estado central y las Comunidades Autónomas en muchos lugares. Por desgracia, las relaciones entre Comunidades Autónomas y entre éstas y el Estado central han estado marcadas en demasiadas ocasiones por el conflicto y la desconfianza. Creo que la autonomía da una voz propia que debe aprovecharse más para el dialogo y la colaboración.
Reciba un cordial saludo.
Interesante cuestión. Personalmente creo que la principal misión que han cumplido estos consejos ha sido contribuir a dar forma al Derecho Administrativo. Es lógico pensar que su papel hoy en día no puede ser tan relevante. Si son bien gestionados, se supone que los primeros recursos de los que disponen los consejos consultivos se dedican a las tareas más necesarias para la sociedad. Dotar de más y más tareas a estos consejos no hará sino consumir muchos recursos con unos rendimientos cada vez menores. A pesar de todo tiene misiones importantes, como elaborar informes preceptivos.
Una cuestión importante es que las funciones de los consejos consultivos autonómicos podrían ser ejercidas por el Consejo de Estado, que podría disponer de parte de los recursos de los consejos consultivos autonómicos. En Cantabria no tenemos consejo consultivo y no oigo yo demasiadas quejas de los ciudadanos por carecer de consejo propio. Sin embargo, en otras Comunidades Autónomas es una cuestión de vital importancia tener el mayor número posible de instituciones propias. No lo sé, pero creo que se extiende la desconfianza en las relaciones entre el Estado central y las Comunidades Autónomas en muchos lugares. Por desgracia, las relaciones entre Comunidades Autónomas y entre éstas y el Estado central han estado marcadas en demasiadas ocasiones por el conflicto y la desconfianza. Creo que la autonomía da una voz propia que debe aprovecharse más para el dialogo y la colaboración.
Reciba un cordial saludo.
Gracias Jaime por el post y las aclaraciones.
Los consejos consultivos son uno mas de los muchos organismos creados para premiar a “los nuestros”. Es difícil asimilar que sigan existiendo en la situación actual. Sorprende que con el clima de opinión pública que existe, se mantengan este tipo de organismos tan poco justificados.
En cualquier caso, es interesante leer la contestación de Leguina. Bien argumentada. Se podrá discrepar, pero es valiente en su argumento. Persona jubilada, que no quiere jubilarse, que considera que tiene cosas que aportar, y que el consejo consultivo le aporta una plataforma cómoda para seguir en activo. También habla de los informes sobre reclamaciones patrimoniales, que justificarían la existencia del Consejo Consultivo. Esta afirmación es difícil de sostener, pero quizás sí merece un debate …
Creo que se debe desmontar la hipertrofia administrative que esta socavando al Estado de Derecho. Desde la necesidad de estos organos, la forma de provision de sus puestos que en gran medida responde al reparto de sinecuras , hasta la rotunda falta de imparcialidad… Todo ello, exige una reorganization.
En Los ultimos años, los órganos fiscalizadores y de control han sido objeto de acoso y derribo por los dos partidos.
Para nota, la justificación del señor Leguina. Increíble.
Gracias Jaime por el post y las aclaraciones.
Los consejos consultivos son uno mas de los muchos organismos creados para premiar a “los nuestros”. Es difícil asimilar que sigan existiendo en la situación actual. Sorprende que con el clima de opinión pública que existe, se mantengan este tipo de organismos tan poco justificados.
En cualquier caso, es interesante leer la contestación de Leguina. Bien argumentada. Se podrá discrepar, pero es valiente en su argumento. Persona jubilada, que no quiere jubilarse, que considera que tiene cosas que aportar, y que el consejo consultivo le aporta una plataforma cómoda para seguir en activo. También habla de los informes sobre reclamaciones patrimoniales, que justificarían la existencia del Consejo Consultivo. Esta afirmación es difícil de sostener, pero quizás sí merece un debate …
Los informes sobre reclamaciones patrimoniales se “adjudicaron” al Consejo Consultivo para intentar justificar un poco su función una vez que se puso en el punto de mira de ala opinión pública su utilidad. Las reclamaciones de responsabilidad patrimonial contra las AAPP son muchas y suelen contestarse con un modelo, desconozco cual es el del Consejo madrileño pero vamos, no creo que sea de una gran complejidad y en todo caso no necesita del saber de consejeros como el sr. Leguina, dado que se trata de cuestiones técnico-jurídicas, donde poco o nada pinta la “experiencia” política o de otro tipo acumulada por los srs. Consejeros. El que la gente no se quiera jubilar, vale pero ¿eso también lo tenemos que pagar los contribuyentes? Puede decirse lo mismo para los que se “jubilan” en el Consejo de Estado como el ex Presidente Zapatero o Maria Teresa Fdez de la Vega. Casi es más honesto, ya puestos, pagarles una pensión y dejar de multiplicar organismos justificarlo.
Elisa, lo curioso del argumento planteado por Leguina, es que hace las cuentas: cuanto sería mi jubilación, cuanto me pagan en el consejo consultivo, cuanto pago de IRPF, cuánto dejaría de pagar de seguridad social … y … no sale peor, pero tampoco excesivamente mejor. Es un planteamiento interesado y forzado, pero plantea la pregunta de si las personas mayores y con experiencia no tienen ya nada que aportar a la sociedad.
Creo que es un debate diferente al de los consejos consultivos, y Leguina lo relaciona de forma interesada para justificar su posición, pero en cualquier caso, lo plantea bien, y es un debate interesante.
Gracias por la aclaración sobre las reclamaciones patrimoniales.
Juan
Las cuentas de Leguina son las del gran capitan. No sale ni muchisimo menos tan barato como nos quiere hacer creer porque imputa mal muchas cosas (y siempre a su favor, el muy caradura).
Los informes sobre reclamaciones patrimoniales se “adjudicaron” al Consejo Consultivo para intentar justificar un poco su función una vez que se puso en el punto de mira de ala opinión pública su utilidad. Las reclamaciones de responsabilidad patrimonial contra las AAPP son muchas y suelen contestarse con un modelo, desconozco cual es el del Consejo madrileño pero vamos, no creo que sea de una gran complejidad y en todo caso no necesita del saber de consejeros como el sr. Leguina, dado que se trata de cuestiones técnico-jurídicas, donde poco o nada pinta la “experiencia” política o de otro tipo acumulada por los srs. Consejeros. El que la gente no se quiera jubilar, vale pero ¿eso también lo tenemos que pagar los contribuyentes? Puede decirse lo mismo para los que se “jubilan” en el Consejo de Estado como el ex Presidente Zapatero o Maria Teresa Fdez de la Vega. Casi es más honesto, ya puestos, pagarles una pensión y dejar de multiplicar organismos justificarlo.
España no puede permitirse estos absurdos despilfarros. Sólo Castilla-la Mancha actúa con sensatez en estos temas. Supresión ya, al igual que con los minidefensores del pueblo.
España no puede permitirse estos absurdos despilfarros. Sólo Castilla-la Mancha actúa con sensatez en estos temas. Supresión ya, al igual que con los minidefensores del pueblo.
Sobre este asunto el primero que dio la voz de alarma fue un colaborador de este blog. David Blanquer escribió un libro en 1992/93 diciendo que los consejos consultivos autonómicos, además de no ser necesarios, tal como se estaba regulando su organización por las diferentes CCAA, no gozaban de la independencia orgánica y funcional del Consejo de Estado. Bien es verdad que Blanquer luego “cayó” y fue Secretario General del Consejo Consultivo de la CA Valenciana. No sé si para enderezar su funcionamiento o/y por la pequeña satisfacción de tener un puesto de relieve en Valencia, la tierra de su familia.
Totalmente de acuerdo con el planteamiento del post: hay que adelgazar el sector público a toda costa, pero como muy bien apostilla Juan es un lugar más para colocar a “los nuestros”. Vamos a dejarnos de sutilezas. Un gobierno autonómico o estatal tiene suficientes ( y más que suficientes) órganos de consulta para la función que tienen encomendada: gestionar unos servicios públicos y, en la medida de lo posible, no funcionar como miniestados en potencia que luego pasa lo que pasa. Al gobierno del Estado Español le falta esta asignatura que, como es la más difícil, la va dejando para septiembre y posponiendo, sin darse cuenta de que el meollo de la crisis está relacionado con la estructura elefantiásica de las AA.PP. donde se confunden instituciones y simples “chiringuitos”. Lo que no se dan cuenta es que es la base de la indignación ciudadana y no hay que confundirla con las preocupaciones inmediatas como el paro. Cuando se pregunta por el CIS a los ciudadanos con respecto a la corrupción, no sólo aletean los casos más o menos conocidos, sino que planea como una losa la corrupción del propio sistema lleno de sarpullidos “consultores” o de otra índole: empresas públicas, mercantiles, sociedades externizadas, etc. Ello no impide que pueda ocasionalmente surgir un tema tan concreto que precise de un especialista, los demás sobran.
Estoy plenamente de acuerdo en una política seria de racionalización y de ahorro de gastos en unas administraciones ineficientes por convencimiento de los políticos que así mantienes sus manejos clientelares.
Pero como empresario que se tiene que relacionar con la administración defiendo los Consejos Consultivos como medios rápidos y baratos para combatir la corrupción escondida en decisiones administravas.
LLevo once años librando una lucha contra un ayuntamiento en el que han gobernado cinco partidos pol´ticos distintos y todos han defendido al “empresario de cabecera” que les financia. Si yo, oponiéndome atodo ello, no he perdido mis derechos y sigo en la lucha es porque en tres ocasiones el Consejo Consultivo les ha parado los pies. No el Tribunal de Cuentas que ha informado sus ilegalidades al Congeso. No el Congreso que ha metido el Informe del TdCu en un cajón porque les afecta a todos. No la fiscalía. No la irección General de la Función Pública. No la Subdireccion General de Entidades Locales del Minhap. No la Audiencia de Cuentas. Solo el Consejo Consultivo. Tdos los demás demás, con la documentación en su poder han dicho “la corrupción municipal no es de mi competencia porque tienen autonomía. Vaya al juzgado previo pago de las Tasas Gallardon”. Y no hablemos de la Ley de Transparencia. Que aumentará la transparencia mediante 17 nuevas leyes y 17 rios de legislación de desarrollo para 17 órganos de control de la ley de transparencia.
Repito once años de lucha. Solo tres informes del CC me permiten seguir defendiendo mis derechos.
Lo comprendo perfectamente GCS, así como lo comprenderán todos aquéllos a los que les ha tocado reclamar a cualquier tipo de A.P. Es como las cláusulas abusivas de los contratos, ellos tienen todos los medios (pagados por todos nosotros), todo el tiempo del mundo y ninguna responsabilidad personal. No es que no se pueda corregir, es que no se quiere porque es más cómodo; tampoco se quiere corregir la publicidad de todo lo público (como sería su significado) sino que la transparencia supuesta queda escondida tras más normas que ellos interpretarán como mejor les venga. Lampedusa y ¡viva la inseguridad jurídica!
Es una evidente mamandurria, que no se atreven a eliminar porque hay quedar a mucha gente de comer, que como con el caso de I. Astarloa, lo prefieren a ser diputados, en los dos sitios se trabaja poco, pero en el primero se cobra el doble.
Su contenido es escaso y como señala Elisa de la Nuez se dedican sobre todo a informar solicitudes de responsabilidad patrimonial, porque en cuanto a su función consultivo–legislativa mejor no hablar.
En el caso de Madrid es el refugio de Letrados de la Comunidad Autónoma que hartos de llevar muchos pleitos por poco dinero, hallan refugio con poco trabajo y mucho dinero, qué paradoja.
Por cierto, puestos a analizar el coste de los organismos, nos podríamos plantear el de la Asamblea de Madrid, ¿saben ustedes cuantas leyes se han aprobado en lo que va de año?
Una, y de orden muy técnico, la adaptación a la reforma local.
Y tenemos más de 100 diputados con sueldo y creo que todos ellos a menos de 70 km de Madrid en el caso más extremo, es necesaria esa dedicación exclusiva???
Por no hablar de todo el gasto añadido, qué hacen los Letrados de la Asamblea, jugarse a los chinos quien dictamina un Proyecto de Ley cada seis meses?
José Luis, no les provoque! Que sin legislar están más monos!
Es una evidente mamandurria, que no se atreven a eliminar porque hay quedar a mucha gente de comer, que como con el caso de I. Astarloa, lo prefieren a ser diputados, en los dos sitios se trabaja poco, pero en el primero se cobra el doble.
Su contenido es escaso y como señala Elisa de la Nuez se dedican sobre todo a informar solicitudes de responsabilidad patrimonial, porque en cuanto a su función consultivo–legislativa mejor no hablar.
En el caso de Madrid es el refugio de Letrados de la Comunidad Autónoma que hartos de llevar muchos pleitos por poco dinero, hallan refugio con poco trabajo y mucho dinero, qué paradoja.
Por cierto, puestos a analizar el coste de los organismos, nos podríamos plantear el de la Asamblea de Madrid, ¿saben ustedes cuantas leyes se han aprobado en lo que va de año?
Una, y de orden muy técnico, la adaptación a la reforma local.
Y tenemos más de 100 diputados con sueldo y creo que todos ellos a menos de 70 km de Madrid en el caso más extremo, es necesaria esa dedicación exclusiva???
Por no hablar de todo el gasto añadido, qué hacen los Letrados de la Asamblea, jugarse a los chinos quien dictamina un Proyecto de Ley cada seis meses?
Totalmente de acuerdo. Casi es preferible que no toquen nada porque cuando lo hacen lo estropean. Creo que fue Jovellanos quien al ser preguntado cómo se resolverían los problemas de la pesca en España respondió: “Dejando trabajar a los pescadores”. Nada más simple. Un ejemplo: el Ayuntamiento de Madrid decidió “regular” la música en las calles (se supone que en relación de la ordenanza contra el ruido). Sometieron a los músicos a una prueba de calidad musical previamente y les proporcionaron una autorización para tocar en zonas y en horas determinadas. En dicha autorización figura el nombre del autorizado pero…¡ah! ¡se les olvidó poner en ella el instrumento o instrumentos autorizados! Ya tenemos la inseguridad jurídica montada. La policía municipal (no olvidemos que con presunción de veracidad en sus denuncias) se erige en juez y parte para perseguir según sus criterios y sancionar en su caso lo que les parezca oportuno ¡porque ellos no entienden de música ni de las necesidades de interpretación musical! y, además, les tiene sin cuidado……según dicen.
Sólo UPyD critica los consejos consultivos (miniconsejos de Estado) de las CCAA. Una institución innecesaria y muy costosa que además se multiplica por 17 como consecuencia de la curiosa distribución del poder territorial que sufrimos en España. Cobra actualidad como consecuencia de que Gallardón, tras dimitir de Mº de Justicia, tiene reservada plaza en dicho consejo consultivo autonómico de Madrid. Dejo enlace:
http://www.cadenaser.com/espana/articulo/upyd-critica-gallardon-vaya-cobrar-8500-euros-comunidad-madrid/csrcsrpor/20140927csrcsrnac_10/Tes
Sólo UPyD critica los consejos consultivos (miniconsejos de Estado) de las CCAA. Una institución innecesaria y muy costosa que además se multiplica por 17 como consecuencia de la curiosa distribución del poder territorial que sufrimos en España. Cobra actualidad como consecuencia de que Gallardón, tras dimitir de Mº de Justicia, tiene reservada plaza en dicho consejo consultivo autonómico de Madrid. Dejo enlace:
http://www.cadenaser.com/espana/articulo/upyd-critica-gallardon-vaya-cobrar-8500-euros-comunidad-madrid/csrcsrpor/20140927csrcsrnac_10/Tes
Sobre los consejillos de Estado en las CCAA, aparecen hoy dos estupendos trabajos tanto en El País como en El Mundo. Dejo aquí los enlaces. Esto es ya un clamor popular a favor de su supresión. Y luego, abolición también de los miniDefensores del pueblo autonómicos. Ya está bien de gastos inútiles, derrochadores y superfluos. Aquí van los links:
http://www.elmundo.es/cronica/2014/10/05/542fc2e3268e3e9b788b456e.html
http://politica.elpais.com/politica/2014/10/03/actualidad/1412358367_737201.html
Sobre los consejillos de Estado en las CCAA, aparecen hoy dos estupendos trabajos tanto en El País como en El Mundo. Dejo aquí los enlaces. Esto es ya un clamor popular a favor de su supresión. Y luego, abolición también de los miniDefensores del pueblo autonómicos. Ya está bien de gastos inútiles, derrochadores y superfluos. Aquí van los links:
http://www.elmundo.es/cronica/2014/10/05/542fc2e3268e3e9b788b456e.html
http://politica.elpais.com/politica/2014/10/03/actualidad/1412358367_737201.html