El voto malogrado

​Excluir injustificadamente de su aplicación la totalidad o parte de las promesas electorales hechas por un partido político para obtener el voto por las cuales ese partido logró su éxito, constituye una estafa a los ciudadanos, un engaño por el que se les ha inducido a malograr su voto. El programa con el que se presenta un partido político a las elecciones constituye una oferta de contrato dirigido a la multitud de ciudadanos que han de votar en ellas. La oferta contiene una serie de propuestas que el partido ofertante ha de ejecutar para el caso de que gane las elecciones, por lo que obviamente tiene un carácter condicionado al triunfo en los comicios. Si sucede que, tras el éxito del partido, el programa propuesto no puede ser aplicado por circunstancias imponderables ajenas a su voluntad, entonces tendrá que explicar públicamente y en detalle las razones antes desconocidas que afectan a la realización del programa, y qué partes del mismo pueden gozar de viabilidad. Y es que la oferta de contrato en qué consiste el programa alberga los ingredientes necesarios para su validez: un conjunto de acciones a desarrollar destinadas al mantenimiento, alteración o sustitución de organismos o puesta en marcha o paralización de proyectos que afectan a la vida civil, sean personales, de servicios o de fomento. Además, la oferta suele estar confirmada por una publicidad escrita en folletos, editada en internet y voceada hasta la extenuación y el cansancio en mítines y en toda clase de convocatorias o debates.

Hay tanta ilusión puesta por los ciudadanos en estos proyectos, afectan tanto a la vida de las personas en su nacimiento, su educación, su matrimonio, su economía, su trabajo u otras cuestiones, que decir que los programas de los partidos están hechos para ser incumplidos, como se atribuye a Tierno Galván, supone un desprecio profundo a la trascendencia del hecho colectivo de las elecciones, no mitigado por la torpe intención jocosa con la que tal vez la frase fuera pronunciada. La frescura y el desparpajo de partidos o individuos que desvergonzadamente rechazan aplicar el conjunto o parte de sus promesas electorales no puede considerarse más que como una provocación a las personas que con su voto las alzaron al gobierno de la nación.

Y es que la propagación del proyecto político del partido suscita adhesiones de múltiples ciudadanos que se suman a él, vertebrando una mancomunidad de esperanzas compartidas, no sólo con los directivos o líderes, sino entre toda clase de personas de muy diferente carácter y condición. La alegría desbordada de los vencedores o el sufrimiento de los perdedores en el momento de conocer los resultados electorales nos evidencian los estados psicológicos de las masas alineadas con los partidos, semejantes a la estruendosa algarabía y al jolgorio con que truenan los estadios cuando el equipo propio corona su jugada con un gol o al penetrante silencio con que es acogido el del contrario.

Toda esta comunicación de sensibilidades y aspiraciones tiene lugar con la emisión del voto, porque entre el ciudadano votante del proyecto vencedor y este mismo partido se establece un vínculo moral, racional y apasionado por la convergencia de voluntades en la ejecución de un plan de vida social, el desenvolvimiento de una empresa común a desarrollar por una organización detentadora del poder, lo que constituye, como dijo el historiador José Antonio Maravall, el esquema conceptual de la política, y a ese esquema se llega después de un análisis de la específica realidad social, practicado con el objetivo de resolver el problema de la convivencia con arreglo a un determinado punto de vista.

El incumplimiento de la promesa –incumplimiento de la prestación contractual– conlleva deslealtad hacia sus votantes y hacia los ideales tenidos por comunes, por lo que una actuación consciente del partido contraria a lo convenido en ese programa constituye una imperdonable vileza, sobre todo cuando el compromiso proyectado y no realizado supone el fortalecimiento de tendencias destructoras de la convivencia, como el terrorismo o la fragmentación territorial o social, difícilmente anulables en comicios posteriores y con el riesgo de su consolidación social, lo que causa entre los seguidores defraudados un estupor que oscila entre la protesta indignada o la irritación silenciosa. A pesar de los riesgos que acarrea la juridificación de la política hay que intentar poner coto a la ruptura arbitraria de las promesas realizadas para alcanzar el poder una vez que éste ha sido conseguido.

Junto al incumplimiento consciente y puro, existen estrategias de simulación, que pueden tener infinidad de variantes: puede, por ejemplo, esgrimirse el cumplimiento de una parte del programa como prioritaria y absorbente, lo que sirve de coartada para omitir las restantes; se puede disimular la ejecución de un objetivo odioso para su electorado, bajo la capa de la necesidad de obedecer una decisión internacional no estrictamente obligatoria y tal vez pactada con otras fuerzas políticas; puede persuadirse tal vez a la población de que un enemigo exterior -por supuesto, inexistente y hábilmente elaborado- trata de dañar gravemente los intereses públicos de una región, cuando en realidad los únicos intereses que peligran son los que las oligarquías locales han obtenido mediante sus múltiples delitos.

Sabemos que los pueblos están cargados de mitos y prejuicios; sabemos que las técnicas de simulación, de sugestión, se utilizan en todos los ámbitos de la vida social; sabemos que la opinión tiene interferencias onerosas o acaso coactivas; pero, como dice Hermann Heller: “Desde hace unos doscientos años la opinión pública, al menos en el terreno de la política, rechaza todo género de intervención trascendente en el acontecer causal, toda clase de creencia en lo maravilloso, diabólico o mágico, prefiriendo, cualquiera que fuera su actitud en otros aspectos, las interpretaciones racionales de carácter naturalista, económico o técnico”.

Es más, creo que podemos considerar, con Jovellanos, que la opinión que se diferencia de los rumores y cotilleos “se forma siempre por el juicio desinteresado de los hombres de bien”. Y aunque estas palabras puedan ser calificadas de optimistas e ingenuas en un plano general, sobre la opinión pública emitida en forma de voto en una urna no cabe otra calificación que la estrictamente jurídica de su capacidad para contribuir a la gobernación del estado. Y esa voluntad ha de ser respetada por todo el mundo y, antes que nadie, por el beneficiado con su designación.

​Ahora bien, tratar de establecer sanciones a políticos o partidos por el incumplimiento puro o simulado de las promesas es tarea casi imposible. Los diputados no están jurídicamente obligados a realizar lo prometido en campaña. El artículo 67.2 de la Constitución Española dice que “los miembros de las Cortes Generales no están ligados por mandato imperativo,” lo que les permite decidir en conciencia sin necesidad de rendir cuenta de su gestión ante los ciudadanos. Otra cosa es que traten de justificar los incumplimientos para evitar que los electores los penalicen negándoles el voto en los siguientes comicios.

​Ese trilero de la política que es Artur Mas escenificó en 2006 ante tres notarios de Barcelona una especial asunción de responsabilidades mediante un llamado “contrato con los catalanes”, que envió a 5,3 millones de electores para que se adhirieran a él reenviando un cupón a una página de su partido o rellenando un formulario. Pues bien, todas estas triquiñuelas desembocaban en que el incumplimiento de sus promesas “podía conllevar implicaciones políticas”, es decir, que los ciudadanos podían no votarle en los comicios posteriores. ¡Una burla más de este tramposo a su electorado que pudo creer que mediante ese supuesto compromiso se le otorgaba algo que no tenía con antelación!

​En fin, como en tantas ocasiones hay que acudir a Roma como unidad histórica en la que cristalizaron variadas experiencias para rescatar de ella una idea que, según Polibio, fue una de las causas del éxito de la Constitución Romana: el poder autocrático de los Cónsules. Con la fundación de la República fueron escogidos dos cónsules que desempeñaban el cargo durante un año y ejercían la mayor parte de las competencias que antes desempeñaba la realeza. Ambos, de igual autoridad y contrapeso el uno respecto del otro, ocupaban el más alto puesto de la república, convocando y presidiendo el Senado, ejecutando sus decretos y levantando y mandando el ejército. Dice Montesquieu en la “Grandeza y decadencia de los romanos” que “Roma estableció cónsules anuales; esto es lo que la llevó a tan alto grado de poder…los jefes se renovaban todos los años, y deseando dejar huella de su paso para obtener otros cargos, no había hora perdida para la ambición …”

Tal vez el ritmo veloz de la tecnología, ahora más que nunca protagonista de la historia, permita establecer un mandato más corto entre los comicios, expulsando de la vida pública a los políticos o partidos incumplidores, y ello  sin perjuicio – si gozáramos de otra judicatura- de castigar imparcialmente y con rapidez a los que delinquen o se enriquecen a costa de los ciudadanos.

 

20 comentarios
  1. Gonzalo García Abad
    Gonzalo García Abad Dice:

    Una cuestión de gran interés. Creo que al menos hay tres tipos de incumplimiento: por desconocimiento, por engaño y por falta de valentía. Obligación de todo político es conocer lo mejor posible la realidad para hacer propuestas sensatas. Quizá sea la forma más sencilla de resolver los incumplimientos, a través de los medios de los que dispone la Administración para aportar información al gobernante, aunque no debemos olvidar que existe el riesgo de que la información que llegue al gobernante sea manipulada.

    El engaño de los políticos a los ciudadanos, es decir, cuando el político sabe que no va a cumplir sus compromisos, tiene una solución sencilla pero dolorosa, que no es otra que los ciudadanos le retiren su voto.
    Cuando un votante que se sabe engañado sigue votando al partido que lo engañó empieza a compartir una parte de la culpa del engaño.

    Para mí, la forma de incumplimiento más devastadora y difícil de resolver es la del político que propone reformas sensatas y acertadas, que además son posibles y deseadas por él y por la mayoría de ciudadanos, pero que llegado al poder es vencido por la presión y el miedo a represalias. Es muy grave porque tanto el político como el votante desconocen cual será, en última instancia, la capacidad del político de aguantar la presión. Creo que es cuando se ven sometidos a grandes presiones cuando se ven los rasgos más decisivos del perfil de un político o equipo de políticos, rasgos que hasta los mismos protagonistas desconocen hasta que no llegan esas presiones.

    Reciba un cordial saludo.

    • Fernando Malo González
      Fernando Malo González Dice:

      Creo que efectivamente la causa principal de inaplicación es la cobardía. Si una constitución es la cristalización de la opinión pública sobre determinadas cuestiones básicas en un momento histórico determinado, la mayoría social que comparta esos puntos de vista después de su promulgación está obligada a defenderlos mediante un conjunto de acciones políticas complejas, frente a las fuerzas disgregadoras que hay en la sociedad.Esas actuaciones exigen un plan razonable de protección constitucional, no poniéndola en manos de ineptos, ni replegándose su defensa a una última frontera insegura y quebradiza, basada en la aritmética aleatoria de unos tribunales politizados o simplemente arbitrarios. Gracias por su interés. Saludos cordiales.

    • Fernando Malo González
      Fernando Malo González Dice:

      José Enrique, agradezco tu esfuerzo en plasmar el elogio que me haces: no el elogio mismo, que viniendo de ti solo puede ser sincero, no condicionado por la amistad. Un abrazo

  2. O,Farrill
    O,Farrill Dice:

    Estimado Fernando: Gracias por tus reflexiones sobre algo que debería ser obvio. Las “promesas” electorales debían constituir un contrato con los ciudadanos y, en su caso, ser resuelto por los tribunales a instancias de la propia Fiscalía del Estado. Bastaría que, para ello, se depositase el programa ante la Junta Electoral Central junto con el resto de la documentación administrativa. Estamos acostumbrados a requerir de cualquier aspirante a un puesto de trabajo un proyecto de gestión (en caso de directivos) o una cualificación profesional (en caso de meros empleados) mientras que algo que concierne a todo el Estado como es un cambio de gobierno, lo tomamos con una superficialidad total. Ni los ciudadanos se lo leen, puesto que saben que es un mero catálogo de buenas intenciones, ni los partidos tienen ningún interés en que se conozca. Desde hace mucho tiempo las elecciones (modelo USA) se dirimen por meras cuestiones de imagen. Esto ocurrió con Felipe González en su día y así ha seguido hasta ahora. Por ello, cualquier partido que se presentase a las elecciones debería previamente:
    a) Haber seguido, analizado y debatido diariamente la situación de la gestión pública a nivel general.
    b) Haber obtenido toda la documentación e información necesaria sobre los compromisos públicos adquiridos tanto en el plano nacional como internacional por los gobiernos de turno.
    c) Requerir una auditoría expresa desde órganos de control independientes de las AA.PP. (Aquí tanto el Tribunal Constitucional, como la Intervención General del Estado, como la Fiscalía del Estado tendrían la palabra).
    d) Publicar tales auditorías con los condicionantes legados a gobiernos futuros, tanto políticos como económicos o sociales. (p.e. los compromisos económicos o contractuales dejados como herencia)
    e) Con tales mimbres encarar los problemas existentes y sus soluciones reales en un orden cronológico posible y razonable para establecer un programa de gobierno.
    f) Actuación de oficio desde la Fiscalía del Estado contra el partido que incumpla su programa-contrato e inhabilitación de los responsables, en su caso, por resolución judicial.
    Finalmente acabo aplaudiendo la “temporalidad” de los políticos. Sin prórroga posible. Esto permitiría renovar la cantera y, sobre todo, pensar que hay que dejar todo lo más limpio y transparente posible para el siguiente facilitando su trabajo. ¿Conocemos a alguien dispuesto a anteponer los intereses de todos a los propios?

    • Fernando Malo González
      Fernando Malo González Dice:

      Creo que estamos de acuerdo en la necesidad de un control, pero lo difícil es encontrar las vías idóneas para realizarlo, aunque está bien que vayamos aportando criterios razonables para su establecimiento. Tampoco puedo decir que el criterio de la corta temporalidad que propongo sea concluyente: funcionó y merece no ser olvidado. Lo importante es basar los principios que se estimen convenientes para el cumplimiento de los programas electorales en experiencias históricas concretas, no en el arbitrismo de reformadores iluminados.
      Gracias por tu aportación. Cordiales saludos

  3. JJGF
    JJGF Dice:

    Eso del programas electoral como un contrato, que “me vincula personalmente con los ciudadanos”, era una cantinela que repetía hasta la saciedad el amigo Gallardón desde los 90. Parecía un disco rayado el tío! Ya se ve que una cosa es predicar y otra aplicarse lo que predicas.

    Otras dos frases que repetía hasta aburrir, y que le servían como comodines para replicar a cualquier diputado de la oposición, o a cualquier periodista, estuvieran hablando de agricultura, de presupuestos, o de sus deslealtades al PP en la era Aznar:

    – una de Ortega y Gasset: la lealtad es la distancia más corta entre dos corazones. Toma cursilada en un traidorzuelo de tomo y lomo además.

    – otra de Pemán en el Divino Impacirnte: no hay virtud más eminente que hacer sencillamente lo que se tiene que hacer. Con eso zanjaba cualquier crítica sobre sus decisiones politicas, eso sí, sin dar explicación alguna sobre el asunto en sí.

    -la tercera es de Marañón, la famosa frase de “ser liberal es…”. Años después un nieto de Marañón precisó bastante en un artículo en ABC lo que su abuelo quería decir, y sin nombrarlo, reprobó el uso que Gallardón hacía de esa cita.

    • Fernando Malo González
      Fernando Malo González Dice:

      Conviene distinguir tres cosas: 1. El asunto del cumplimiento de las promesas electorales es un tema serio.
      2. Existe una dificultad también grande para resolver la cuestión, como creo que se deduce del texto y de mis respuestas a los comentarios. 3. Que Gallardón diga que el programa electoral ” le vincula personalmente con los ciudadanos ” , sabiendo que esa vinculación no existe, es otra manera de adular al electorado e implorar nuevamente su voto para los siguientes comicios, aunque reconocerá que es forma menos artificiosa y chapucera que la utilizada por Artur Mas. Saludos

    • O,Farrill
      O,Farrill Dice:

      Totalmente de acuerdo. La cuestión es ¿porqué nadie ha investigado más a fondo sobre esta persona y sus relaciones con “amistades peligrosas”? Todavía queda mucho por aclarar sobre su paso por las AA.PP. y las consecuencias que tuvieron.

  4. Fernando Gomá Lanzón
    Fernando Gomá Lanzón Dice:

    Dos breves apuntes complementarios al post: en uno de los capítulos de El Ala Oeste de la Casa Blanca, cuando uno de los integrantes del staff del presidente se quejaba ante el jefe de gabinete de que se estaba haciendo lo contrario de una promesa electoral, éste le responde: “se promete en verso, se gobierna en prosa”.

    Y en cuanto a lo de que los políticos decidan acudir al notario para prometer hacer o no hacer algo, escribí esto en su momento: http://hayderecho.com/2012/11/27/valor-de-las-declaraciones-politicas-ante-notario/

    • Fernando Malo González
      Fernando Malo González Dice:

      El comentario viene a complementar, con el relato de hechos similares, la tendencia de politiquillos o asimilados de revestir de seriedad mediante la intervención notarial la oquedad de sus principios políticos. Además, traslada
      a los lectores la confirmación del nulo valor de su impostura, aunque sirve para proclamarla. Gracias.

  5. Jose
    Jose Dice:

    Hay que admitir que junto a la ciencia jurídico-constitucional está la ciencia sociológica. Es una realidad.
    A mi entender eso no quita que se sea honesto y se oferte un verdadero programa político. Pero lo que funciona no es eso.
    Tal vez lo que tiene en mente el bloguista es la posibilidad de que un tribunal destituya a un político tramposo por incumplimiento contractual. Tiene sentido. Sólo que acabarían los políticos por prometer objetivos lo más abstractos posibles, de modo que no les puedan pillar en un renuncio. Esto ya está pasando. En Estados Unidos y aquí.
    Además siempre están los imponderables. Si la caja está vacía, ¿se va a renunciar a recaudar más impuestos, a pesar de las promesas electorales?. Si una política prometida no ha funcionado (ej la formación de los jóvenes, industria nacional de los sindicatos y de la patronal) ¿se ha de continuar o se intentará cambiar?. Alguien me podrá decir que mientras se pueda chupar de la teta, hay que seguir como sea, caiga quien caiga.
    De alguna manera pensamos que el elector-ciudadano es un ser ideal, comprometido, informado, racional, responsable. Me imagino que es como la ciencia económica, que funciona en unos entornos ideales con unas pocas variables (si no no se puede hacer ciencia), aunque la realidad vaya por otro lado. Y aunque votemos con el corazón, seguimos pensando en un ciudadano ideal, comprometido, informado, racional, responsable, que no existe en ninguna parte. O si no, ¿Por qué piensan ustedes que Zapatero ganó en dos ocasiones seguidas -y no cuento las elecciones intra-partido ganadas por él).
    Por necesidades que todo el mundo entiende, las ofertas electorales son siempre muy reducidas y más bien abstractas.
    De todos los posibles intereses de los electores simpatizantes, que pueden tener intereses muy contrapuestos, hay que elegir uno, dos o tres (nótese que nadie dice cuanto va a costar ni quién va pagar la medida -primer fallo democrático-). Esto funciona de manera muy parecida a elegir partido: de los posibles nos adherimos a una propuesta general de uno determinado. No puede ser de otra manera.
    Y, sí, a veces, por el interés de todos -o por el del votante engañado, que es igual- hay que cambiar la política prometida.
    La realidad me dice que la democracia no es el gobierno del pueblo. Eso es imposible. No existe el “pueblo”, entidad tan abstracta como el número 9 o el triángulo isósceles. Tampoco el “pueblo” , por su propio número y por que tiene intereses contrapuestos y cambiantes puede gobernar nada. La frase de Lincoln es una mentira que sirve para canonizar un sistema político determinado, Exáctamente igual que el mito americano de que cualquiera puede ser presidente, o de que con esfuerzo se puede ser millonario. Ojo, que los mitos son necesarios, y cada país y cada civilización tiene los suyos.
    El castigo del político mentiroso sería no ser votado, pero ¿porqué ésto no sucede? ¿Le perdonamos la mentira, la justificamos o, simplemente es que somos como él?

  6. Jose
    Jose Dice:

    Es interesante que mencione lo de los dos cónsules de la República romana y cómo Montesquieu lo recoge y comenta como un ideal.
    Probablemente sabe que Montesquieu estuvo en las deliberaciones de los padres constituyentes de las 13 repúblicas fundacionales, que justificaban con él las propuestas de los unos y las de los contrarios. Por eso las altas magistraturas de EEUU tienen cortapisas entre si, para evitar la “tiranía” de las monarquías. Advierta que el Presidente de los Estados Unidos tiene muy poco poder real, que se limita a los asuntos internacionales y al ejercito: Lo que pasa es que como es el Presidente de la nación más poderosa, aparenta tener mucho más de lo que tiene.
    Sabrá también que la historia de la república romana estuvo muy presente en la Revolución Francesa -contra lo que afirmaban los políticos, que se decían siempre guiados sólo por la razón-. Lo comento por que la República romana era una oligarquía de familias aristócratas. No era una democracia.
    Tampoco la sociedad romana era tan complicada como las occidentales como para necesitar de una gran administración de funcionarios profesionales, que son los que de verdad gobiernan el país. Especialmente cuando
    los cónsules cambian tan a menudo o se inutilizan entre sí. En los tiempos modernos lo hemos visto con la tercera República Francesa, cuando los gobiernos duran unos pocos meses, son los funcionarios los que realmene gobiernan el país-
    ¿Tenemos salvación -en el sentido que Ud indica-?
    ¿No será más bien un problema de educación política de las masas?
    En Estados Unidos así se hace y no funciona -salvo a niveles muy pequeños o locales-
    Yo creo que lo más efectivo es que la gente se de cuenta realmente del dinero que paga y de lo que recibe a cambio.
    Claro que siempre existirá el problema de la compra de votos. No estoy pensando en los políticos de la Restauración, en que los caciques se ponían a la puerta del colegio electoral con una bolsa llena de dinero, sino a los PERT, Merca Sevilla, el paro agrícola….y las cacicadas de los aeropuertos sin aviones y auditorios sin público.
    Entiendo que un minero al que le han prejubilado con toda la pensión, va estar muy agradecido a quien le ha convertido en un rentista con el dinero de los demás. Naturalmente obrará en consecuencia.
    Por eso veo que, aunque su artículo es muy interesante, la realidad de los seres humanos va por otro lado.
    Por cierto, que votamos a quien es como nosotros, por eso nos va como nos va.

  7. Jose
    Jose Dice:

    Arriba he dicho que Montesquieu estuvo presente en las deliberaciones..etc.
    el lector inteligente sabe que De Secondat nunca estuvo en América y que murió antes de la independencia de las 13 colonias. Me refiero, claro, a su obra de filosofía política, que fué muy apreciada. Se deliberaba a favor o en contra con citas de Montesquieu.

    • Fernando Malo
      Fernando Malo Dice:

      La cruda sentencia final: ” votamos a quien es como nosotros, por eso nos va como nos va”, no hay más remedio que vincularla al asunto de la educación. Pero lo peor no es la nocividad de nuestra enseñanza, reconocida por medio de informes internacionales, sino la persistencia en el mantenimiento del sistema. De memoria recuerdo que alguien defendía el Informe Pisa porque puntuaba favorablemente el aspecto de la equidad en la educación española, lo que me pareció entender que aludía a que el estudiante bueno era tratado como el estudiante malo, el mejor como el peor. Por supuesto que en cuanto personas el estudiante bueno y el malo tienen derecho a ser tratados por igual, pero no en cuanto estudiantes, porque en esta condición cada uno debe tener el respeto y el apoyo a que se haya hecho acreedor. Estoy de acuerdo en sus apreciaciones. Gracias

  8. Luis de Morales
    Luis de Morales Dice:

    Ciertamente, Arturo Mas es un trilero de la política; pero si hay alguien que, a mi modesto entender, ha batido el récord de promesas electorales incumplidas, ese es Rajoy. Por no cambiar, no ha cambiado ni la ley antitabaco de ZP, hasta el punto de que puede decirse, sin exagerar, que estamos a efectos prácticos en la tercera legislatura de Zapatero. Millones de votantes han sido engañados, y la única “pena” para los responsables va a ser no ganar de nuevo las elecciones, y esto suponiendo que no las ganen.
    El artículo 67.2 de la Constitución legitima actuaciones desleales al exonerar de responsabilidad civil o penal a políticos embusteros que actúan, en no pocas ocasiones, con notoria mala fe, dando la prioridad a una eventual pérdida de votos antes que a sus promesas electorales, que deberían ser reflejo de sus ideales o principios, suponiendo que los tengan, ya que el ideal dominante hoy día es el poder por el poder, en un mundo hedonista, material hasta la médula y carente de valores. Un mundo donde las personas son meros números de estadísticas y de encuestas y donde términos como el honor, la moral, la honestidad, la fe o la virtud carecen de valor. La caída del Estado de Hidalgos en 1836, a todas luces no supuso el advenimiento de un sistema mejor ni más equitativo; lo único que cambió fue la condición de quienes accedían a la elite, para muchos de los cuales era válido ese antiguo refrán castellano que reza: “ni pidas a quien pidió, ni sirvas a quien sirvió.”
    Urge buscar alternativas frente a los partidos que han convertido a esta nación en el patio de Monipodio, ambos hijos del ideario decimonónico y en el fondo muy similares, que han campado y siguen campando a su antojo por el erial hispánico, mientras que los ciudadanos discuten vanamente entre sí si serán galgos o podencos.
    Cuando en el ámbito privado quien incumple un contrato acaba ante un tribunal, en el ámbito público incumplir dolosamente sale gratis. El sistema ha sabido cubrirse las espaldas, y todo se arregla con echar la culpa a la Sra. Merkel, que es al españolito de a pie lo que el Coco, o el Duque de Alba para los niños de los Países Bajos.
    “Castilla miserable, ayer dominadora, envuelta en sus andrajos, desdeña cuanto ignora.”

  9. aurelio
    aurelio Dice:

    Vuelvo a leer tu magnífico post tras la dimisión de Gallardón y me hace reflexionar nuevamente.

    ¿Hay también un contrato entre el partido y los integrantes de la candidatura?

  10. Gerardo Rivas Rico
    Gerardo Rivas Rico Dice:

    Hola Fernando. Enhorabuena por tu reflexión. ¿Te acuerdas de mí en Claret? Un abrazo de Gerardo Rivas

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