El artículo de Salvador Viada: La colonización política de la Justicia

No es sencillo hablar de la politización de la Justicia sin correr el riesgo de ser injusto con algunas personas. Porque si bien es cierto que el control del funcionamiento de la Justicia -por lo que a la judicatura se refiere- se realiza a través del politizado CGPJ, lo cierto es que para materializar ese control se precisa de un cierto número de jueces elegidos por razones fundamentalmente de afinidad política o ideológica. Un cierto número, sí, pero pocos. La mayoría de los jueces en España son ajenos -y hasta hostiles- a este sistema y muchos jueces dan testimonio de ello con su trabajo diario. Por tanto, las generalizaciones pueden ser injustas. En los más altos puestos de la judicatura, lugares decisivos para colocar jueces politizados, hay también otros que mantienen su neutralidad política y la ejercen día a día. A pesar de ello, el sistema diseñado desde 1985 ha resultado ser eficaz para crear una suerte de protección añadida a ciertas personas que ostentan el poder político y hasta económico, que no gozamos el resto de los ciudadanos. Los aforamientos derivan a gran parte de esas personas en sus eventuales litigios penales hacia los tribunales donde los vocales políticos del CGPJ ponen la carne en el asador para colocar a los suyos; y la amplitud de las inmunidades de que gozan los parlamentarios genera enormes dificultades para investigar contra ellos ciertos delitos, entre ellos, los relacionados con la corrupción. Las reformas más importantes que se han realizado en Justicia en los últimos 30 años se han orientado a mantener o reforzar la politización del CGPJ y de la Fiscalía, ocurriendo al tiempo que el poder político ha olvidado preocuparse en diseñar un proceso penal moderno, dotar a la Justicia de medios personales y materiales, copiar modelos que funcionan en otros países, premiar el mérito y la capacidad profesional de jueces y fiscales, o denostar la dependencia o afinidad política en jueces y fiscales y no premiarla.

El poder político controla el Consejo General del Poder Judicial a través de vocales elegidos por cuotas por los partidos políticos. Han conseguido tras 30 años de control que un reducido grupo de jueces y fiscales se sientan cómodos con este sistema de afinidad ideológica que se traduce para ellos en beneficios profesionales. Han conseguido que la colonización de la Justicia por el poder político aparezca revestida de la respetabilidad que confiere la intervención principal de unos pocos jueces y fiscales que tienden a ver de manera natural los problemas jurídicos de la misma manera que aquellos que les eligen. Se suele decir que una cosa es el poder judicial que es independiente y que se encarna en cada juez que aplica la ley, y otra el gobierno del poder judicial que es político. Creo que es un argumento tramposo. El juez de base, el que resuelve los asuntos de los ciudadanos corrientes es independiente, claro que lo es, pero es que su independencia no está amenazada por el poder ejecutivo o por el poder político. Esos jueces son independientes y además son imparciales. Pero las energías de la ocupación política de la Justicia no se concentran en esos, en la mayoría de los jueces de España, sino que se aplican sobre quienes ocupan los puestos de mayor jerarquía y responsabilidad: las tachas afectan a la imparcialidad de esos jueces elegidos por el poder por razones de confianza política, no a su independencia. La independencia es algo instrumental para garantizar la imparcialidad de la resolución. Pero cuando se eligen jueces o fiscales parciales ex ante (afines políticamente) por razones de confianza, la cosa es mucho más discutible.

Naturalmente no se limita el control político al Consejo General del Poder Judicial. También cuentan decisivamente con la Fiscalía. A diferencia de la judicatura, la Fiscalía está jerarquizada: todo el mundo en la Fiscalía tiene un jefe y todos los fiscales dependemos del Fiscal General del Estado (en adelante FGE). En la jerarquía de la Fiscalía tenemos a ex ministros, ex directores generales, ex consejeros autonómicos, ex diputados, ex vocales del CGPJ, ex altos cargos de diversas categorías. Una jerarquía compuesta por fiscales en su mayor parte pertenecientes a las dos asociaciones que se han repartido el botín de la dirección de la Fiscalía durante estos 30 años, la Asociación de Fiscales y la Unión Progresista de Fiscales, asociaciones que están mucho más cómodas cuando gobierna PP o PSOE, respectivamente. Sus asociados no llegan entre las dos al 35% de los fiscales, pero quien elige a quienes dirigirán la Fiscalía no busca sólo el talento sino la afinidad, la confianza. El resultado es una Fiscalía afín al poder político y económico: el jefe de todos los fiscales lo elige el Gobierno; y la jerarquía de la Fiscalía está autoprotegida por unas reglas creadas por ellos mismos y por el poder político, frente a las reclamaciones profesionales del resto o de cada uno de los fiscales. Una Fiscalía a la que a algunos nos duele verla a remolque de acusaciones particulares o populares en casos de corrupción política o económica; que le cuesta ver delitos en la emisión de participaciones preferentes por entidades quebradas o insolventes; que concentra su energía mucho más en el político caído que en el político encumbrado cuando hay sospechas de corrupción.

Con carácter general, el buen investigador en delitos de corrupción política ha de desconfiar del poder. Ha de hacerlo porque tiene una responsabilidad atribuida por la ley y en él se deposita la confianza de los ciudadanos que tienen derecho a saber si hay o no corrupción en la Administración de sus impuestos y además porque el poderoso no se suele quedar quieto cuando le investigan. Por eso hay que investigar concienzudamente y desde la desconfianza hacia el investigado poderoso. No puede haber para el buen investigador (juez o fiscal) ningunaoperación cortafuegos, no debe haber miedo a investigar y ha de agotarse la investigación de manera garantista pero insisto, siendo consciente de que el poderoso tiene armas y ventajas que otros no tienen. Sucede sin embargo que los gobiernos eligen al Fiscal General por razones de confianza, no se precisan consensos amplios. De manera que quien debe desconfiar de todos es elegido por razones de confianza por aquellos que manejan los caudales públicos, por aquellos a quiénes quizá deba investigar en casos de corrupción. A partir de ahí, todo el sistema se construye sobre una base equivocada. La organización de la Fiscalía está diseñada para que el FGE tenga un efectivo control sobre el criterio de aplicación concreta de la ley en casos particulares: los fiscales jefes son elegidos por el Gobierno a propuesta del FGE, por periodos de tiempo determinados, por razones de confianza y con total opacidad en cuanto a los méritos de cada aspirante; los cargos de responsabilidad de la Fiscalía, lo mismo; hay protocolos de actuación para que ningún asunto se escape al control de la jerarquía (básicamente, el visado). Una jerarquía que no se limita a establecer criterios generales de actuación, sino que llegado el caso hace notar su peso sobre los asuntos concretos. El fiscal, que debería en la lucha contra la corrupción estar instalado en la distancia del Ejecutivo, está hoy cómodamente integrado en la estructura de poder que hay en España.

¿No hay pues esperanza? Claro que sí. Desmontar este tinglado no ha de ser difícil porque es un sistema antinatural: la inmensa mayoría de los jueces y fiscales tenemos por vocación que la ley se aplique por igual para todos sin excepciones y que se aplique con eficacia y calidad. Basta entonces el impulso político para conseguirlo y la situación política hoy no está tan clara como hace algunos meses: no todos los partidos desean mantener la colonización política de la Justicia. La prensa además denuncia los abusos cuando se producen, y eso erosiona a quien actúa mal. Pero hay otro factor muy importante en mi opinión: un nuevo Jefe del Estado en quien creo que hay que depositar muchas de las ilusiones perdidas para que nuestra democracia tenga una calidad aceptable. Veremos.

7 comentarios
  1. Manu Oquendo
    Manu Oquendo Dice:

    El artículo, excelente en muchos sentidos incluyendo los emotivos, trata un caso particular de una problemática general: La captura de Subconjuntos Sociales por parte de las funciones de Poder: Dirección y Control.

    Termina el autor su reflexión, y su sentido lamento que comparto, preguntándose……
    “¿No hay pues esperanza? Claro que sí. Desmontar este tinglado no ha de ser difícil porque es un sistema antinatural…..: la inmensa mayoría de los jueces y fiscales tenemos por vocación que la ley se aplique por igual para todos sin excepciones y que se aplique con eficacia y calidad”.

    Este final me da pie para volver a abrir un libro de hace casi 50 años por las páginas de su introducción: Se trata del Von Bertalanffy “Teoría General de los Sistemas” y caer en la cuenta de que uno de nuestros ya clásicos debates “forales” acerca de las posibilidades de regeneración. –un debate no resuelto por muchos motivos– entra de pleno en la casuística que plantean los enfoques no sistémicos a problemas sociales.

    En temas sociales sigue predominando el enfoque analítico-endógeno.

    Es decir, definimos el “subsistema” y su “entorno” y procedemos a “analizar” (estudiar las partes, los componentes del “subsistema”, etc.). Esta es la forma clásica de proceder en ciencias sociales. Simplificamos para crear un modelo ideal con el que formar y explicar a especialistas un subsistema.

    Kuhn y otros advirtieron hace unas décadas que este método es correcto si las “Interrelaciones” entre componentes del sistema son “cuasi constantes”, con pequeñas variaciones.

    Bertalanffy nos recuerda que, en temas sociales, esa condición no se cumple con frecuencia y por tanto es poco fructífero hacerlo. Corresponde otro esfuerzo: un estudio sistémico que cuestione las estructuras que determinan que el subsistema sea tal cual hoy lo observamos.

    Lo cual nos trae una lucecilla adicional a otra de las grandes cuestiones de nuestro tiempo.

    ¿Por qué, siendo todo esto sabido desde hace tantas décadas, las reflexiones de estos autores son sistemáticamente olvidadas a todos los niveles. Académicos, medios de información, etc?
    ¿Son reliquia?
    ¿Se han convertido en Inoportunos?
    ¿Nuestra estructura actual –de especialización subsistémica– rechaza enfoques holísticos o más amplios?
    ¿Son estas razones…. “razonables”?

    Hablamos de gente como Wiener, Bertalanffy, Beer, Ferrajoli, Ferrero, etc cuya obra es indispensable para observar buena parte de lo que sucede. Y sin embargo seguimos abordando los problemas, esencialmente, como lo hacíamos antes de ellos.

    El artículo del Sr. Viada me lo ha recordado y quisiera despedirme agradeciéndoselo y dejando un enlace a la versión española del libro antes citado. La segunda Introducción.

    Claro que hay esperanza. Pero para encontrarla nos convendría mirar fuera del subsistema.

    Buenos días

    http://archivosociologico.files.wordpress.com/2010/08/teoria-general-de-los-sistemas-ludwig-von-bertalanffy.pdf

  2. O,Farrill
    O,Farrill Dice:

    Enhorabuena al autor del post por su valentía en la denuncia de la situación. Una valentía que nace de unos principios y valores sólidamente asentados como persona y de la responsabilidad de lo que significa el servicio o función pública. Dicho esto me gustaría distinguir lo que es la “politización” de un sector de las AA.PP. como la Justicia por el poder político, de lo que es y representa la “politización” personal de todos los funcionarios públicos y su posible repercusión en su trabajo diario donde, de alguna manera, se ven obligados a ejecutar acciones a veces muy contrarias a sus propias convicciones o ideología. El pulso entre lealtades está servido: una lealtad jerarquizada, -como parece ser en la Fiscalía del Estado-, y otra lealtad a los ciudadanos -es decir, al propio Estado. La división e independencia de poderes, clave en una democracia, deja de serlo cuando las propias leyes procedimentales conculcan el espíritu constitucional y -al parecer- nadie lo tiene en cuenta. El forzar la norma para que parezca -aunque no lo sea- constitucional se ha hecho habitual. Por eso está todo atado y bien atado como reconocía en su día alguien en relación con el célebre caso GAL: “Ni hay pruebas, ni las habrá”. Una verdadera regeneración democrática implica tantas reformas, en tantos ámbitos que a eso le llamamos revolución y nos causa temor. En el fondo somos más conservadores de lo que creemos.

  3. Luisa
    Luisa Dice:

    El hecho constatable es que tradicionalmente los partidos políticos han “colocado” en el CGPJ a sus peones de brega, personas con perfil político, y ello también en el caso de los jueces a pesar de la prohibición constitucional de militancia en partidos. El resultado es que al CGPJ han accedido jueces políticos dados al pasilleo y al servilismo con los partidos, y (por eso precisamente) los peores jueces de España. Algunos han terminado condenados por cohecho (Estivill), prevaricación (Liaño) o conducción etílica (López). Aunque últimamente los partidos han hablado de regeneración, en la pasada renovación se reprodujo el mismo esquema de reparto por cuotas de afinidades, hasta el punto de que el presidente fue nombrado por designación de los partidos mayoritarios, como siempre ha ocurrido, de modo que los vocales han actuado sumisamente siguiendo las consignas de los partidos y votando, de modo teledirigido, al candidato pactado por las cúpulas políticas. Una no atisba cuál puede ser la solución, pero quizá habría que ir a la designación de consejeros entre los propios jueces (una parte) y otra parte por órganos de la sociedad (la “sociedad civil”, como algunos redundantemente dicen) allende los partidos, como corporaciones profesionales de abogados. Los vocales no deberían ser personas significadas políticamente, sino juristas reputados por su capacidad técnico-jurídica más allá de sesgos ideológicos o partidistas. Por desgracia, esto es exactamente lo contrario de lo ocurrido hasta ahora.

  4. Isidro Elhabi
    Isidro Elhabi Dice:

    Excelente artículo! Verdades como puños del valiente Viada. A lo que nos tiene acostumbrados.

  5. KC
    KC Dice:

    Querer mantener un diseño de sistema desde 1985 ya dice bastante del sector de ese sistema. Montesquieu no sólo no existe en España, sino que es un absoluto desconocido. En realidad, mucho más que jurídico, este es un tema claramente antropológico mediante el cual determinados paletos siguen su particular “guerra” contra el que no piensa como él o no sigue sus dogmas ideológicos. La cosa es que la “lucha” de estos palurdos nos afecta al resto de forma directa o indirecta y es por ello que habrá que ir poniéndose las pilas si queremos que el sistema no acabe hundiéndose como un barco con más agujeros que un gruyére. Escribe el articulista que “este es un sistema antinatural”… No sólo lo es, sino que la mayoría de la sociología española es un absoluto espejismo artificial, sobre todo en sus aspectos jurídicos y económicos. Eso sí, tiene uno la esperanza de que el autor no se haya percatado hoy… Bien debería saberlo teniendo en cuenta todas las aberraciones que se han cometido con el famoso cuarto turno -por decir un canal- y todas las vías abiertas existentes mediante las que el virus de la politización se adentra en todo tipo de entes. Si eso es un buen diseño de sistema, que baje el Tribunal Supremo y lo vea. Básicamente, y no sé por qué cuesta tanto escribirlo, es una SOLEMNE MIERDA.

  6. Fernando Portillo Rodrigo
    Fernando Portillo Rodrigo Dice:

    Excelente y valiente artículo: se puede decir más alto pero no más claro. Como el autor, también pienso que hay esperanza, que la politización de la justicia tiene fecha de caducidad. Pero creo que ésta es una carrera de fondo, que requiere mucho trabajo de concienciación a la ciudadanía. Ésta ya percibe los peligros de ello, pero aún falta mucho camino por recorrer en este sentido.

  7. Miguel Pasquau
    Miguel Pasquau Dice:

    A mí también me gusta el artículo, porque logra hablar de temas demasiado tratados, sin incurrir en los tópicos más gastados. Es convincente.
    Sólo quiero añadir una aportación: la colonización no va a evitarse por cambiar el sistema de designación del cansado CGPJ. Si el sistema es otro, se intentará por otros medios. Y ahí es donde propongo una reflexión: prefiero que la colonización sea parlamentaria, a que circule a través de las tan opacas asociaciones judiciales, que al partidismo añaden el vicio del gregarismo. Y no tengan duda de que si se adopta el sistema de elección directa por los jueces, estaremos en el territorio de las asociaciones judiciales. Ya ocurre con la elección de los miembros de las Salas de Gobierno.
    Por eso creo que el mejor sistema sería el de sorteo entre personas que presenten su candidatura y reúnan los requisitos que se establezcan. Y acaso, también, alejar al CGPJ de la Villa y Corte. Propondría a Teruel como sede. O Soria.

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