¿Quien defiende a los (presuntos) corruptos?

Reproducimos el artículo publicado por la editora Elisa de la Nuez en el periódico digital Vozpopuli.

No me entiendan mal, este post se refiere solo a la defensa técnica y legal en los casos de corrupción institucional, es decir, a los que afectan a una institución (por ejemplo, a un alcalde) por lo menos mientras lo sigue siendo, es decir, mientras no dimite lo que en España no es frecuente precisamente. Porque aunque se habla mucho de la corrupción, se habla menos del hecho de que la defensa jurídica de los (presuntos) corruptos y de sus actuaciones – corre por cuenta del contribuyente. Y lo más interesante es que, incluso cuando resultan condenados –es decir, se demuestre que la actuación fue incorrecta, ya sea en vía administrativa o incluso penal- la factura la sigue pagando el contribuyente. Como lo oyen.

La explicación es que las instituciones disponen de sus asesores jurídicos internos para defender sus actuaciones (por aquello de que los actos de los organismos públicos tienen presunción de legalidad mientras no se demuestre lo contrario) cuyos sueldos pagamos todos. No solo eso, con frecuencia se contratan también abogados externos “de campanillas” para los casos particularmente complejos o difíciles, léase comprometidos para el político o el gestor de turno. Efectivamente, en ocasiones las instituciones  consideran que los asesores internos carecen de la suficiente especialización, o de la necesaria sensibilidad o influencias (ya saben, por aquello de los cursos, los seminarios, las conferencias que un gran despacho puede pagar a un juez y un funcionario municipal no). A veces lo que se desea es contratar a abogados de confianza, por ejemplo, al abogado que lleva los asuntos jurídicos del partido que gobierna en la institución que tiene el problema. Pues bien, a estos abogados que no son precisamente baratos también los pagamos los contribuyentes. Y si al final el pleito se pierde nadie le exige al gestor o político de turno que reembolse el dinero, cosa que por otro lado sería perfectamente posible con la ley en la mano.

El último ejemplo concreto de esta forma de actuar lo tenemos en el caso de la empleada pública del Ayuntamiento de Boadilla que destapó la trama Gurtel, Ana Garrido Ramos, para la que por cierto se ha iniciado desde la Asociación ¿Hay Derecho? una solicitud para que se le conceda la orden del mérito civil que lleva recabadas en change.org más de 144.000 firmas, lo digo por si se quieren sumar.  Pues bien, después de la denuncia de la trama Gurtel en el Ayuntamiento le hicieron la vida imposible (lo cuenta ella en su blog personal) hasta que finalmente consiguió una sentencia condenatoria del Juzgado de lo Social nº 2 de Móstoles por “mobbing” contra el Ayuntamiento, cuyo recurso pende ahora ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia  de Madrid. Pues bien, en todo el proceso el Ayuntamiento estuvo defendido por el abogadodel Estado excedente Iván Gayarre , abperteneciente al conocido bufete Sagardoy especialista en Derecho Laboral, que casualmente es el mismo abogado al que el PP encomendó su defensa ante la demanda laboral de Bárcenas.  Contratado con el dinero de todos aunque desconozco a través de qué procedimiento dado que el contrato no aparece en el perfil del contratante del Ayuntamiento de Boadilla. Lo cierto es que aunque el Ayuntamiento de Boadilla consideró en su momento el asunto “un mero conflicto laboral” que han tomado muchas molestias para defenderse bien. Ana Garrido lógicamente se tuvo que pagar su propio abogado.

Curiosamente, en la segunda instancia (el recurso que el Ayuntamiento de Boadilla pone ante el TSJ de Madrid por estar disconforme con la sentencia laboral condenatoria) se ha optado, al menos formalmente, por contar con los propios funcionarios del Ayuntamiento para la defensa jurídica. Digo que es curioso porque no es habitual cambiar de abogado en la segunda instancia, sobre todo si se tiene en cuenta que normalmente la minuta del abogado ya incluye la vía del recurso si se pierde el pleito en primera instancia, como es el caso. Parece que el Ayuntamiento esta vez ha preferido no acudir a los servicios externos de un abogado conocido por defender al PP en un pleito famoso, y los escritos los firma ahora un funcionario, el jefe de recursos humanos. O a lo mejor hay otros motivos, vaya usted a saber. Otra cosa es que lo más probable es que la dirección técnica aunque sea en la sombra la realice el mismo abogado que llevó la defensa del Ayuntamiento en la primera instancia, dado que es lo más razonable desde todos los puntos de vista. Pero el Ayuntamiento ahora prefiere que no figure.

¿Conclusión? Muy sencilla, la ocupación de las instituciones por los partidos políticos supone que en caso de conflicto entre el interés del partido “ocupante” y el interés general al que se supone que sirve la institución (y sus funcionarios o empleados públicos, que para eso les pagamos los contribuyentes y no el partido) se impone el primero. De esta forma no solo se realizan actuaciones contrarias a la ley (la implicación de los sucesivos alcaldes de Boadilla en la trama Gurtel) sino que cuando alguien intenta defender los intereses generales, es decir, los de los contribuyentes se utiliza toda la artillería institucional –ojo, no la del partido aunque los abogados puedan coincidir- para perseguir al denunciante, profesional y personalmente y por supuesto para entorpecer la investigación judicial todo lo que se pueda. No resulta tan complicado cuando además los compañeros del denunciante se ponen de perfil, no les vaya a pasar a ellos algo igualmente desagradable. Insisto, todo este despliegue para defender lo indefendible se realiza con el dinero de los contribuyentes, dinero que por mucho que se confirme la existencia de actuaciones irregulares -me apuesto lo que quieran- nadie va a devolver a las arcas públicas. Así están las cosas en España en septiembre de 2014: no solo hay que ser un héroe o heroína para denunciar la corrupción sino que además hay que tener dinero. En cambio,  a los abogados de los (presuntos) corruptos los pagamos los contribuyentes.

 

8 comentarios
  1. Gonzalo García Abad
    Gonzalo García Abad Dice:

    Una cuestión importante. Estoy de acuerdo en que, si el Estado gasta un dinero para facilitar los mejores medios de defensa posibles a los representantes políticos mientras gozan de la presunción de inocencia, en caso de sentencia firme condenatoria debería exigir siempre a esos representantes el pago de los gastos.

    Sin embargo, en el ámbito de la jurisdicción social la cosa creo que cambia. Comprendo que los hechos son anteriores a la reforma del artículo 173.1 del Código Penal y que, de no considerarse que constituyesen un trato degradante, ello dificultaría una condena penal, pero no debemos asociar la corrupción a otra cosa que a los delitos penales, que siempre son juzgados por la jurisdicción penal. El Código Penal, como ley orgánica que es, es la expresión de la voluntad popular. Si una conducta no está tipificada como delito, no lo está porque no ha sido la voluntad popular que así sea. Cuestión distinta es que podría ser conveniente que en el futuro se reforme el Código Penal para aumentar las penas en delitos relacionados con el acoso laboral cuando el acosador es un político, pues en el caso de un político acosador un máximo de dos años de prisión me parece escasa condena, ya que a los representantes políticos les debemos exigir siempre una conducta particularmente ejemplar y el acoso a un empleado público puede ser una herramienta para que no aflore la corrupción.

    Reciba un cordial saludo.

  2. O,Farrill
    O,Farrill Dice:

    Estimada Elisa, gracias por el post y la posibilidad de poder incidir de nuevo en la “interesada” confusión entre Estado y su Administración. A ello hemos contribuido -y no poco- los ciudadanos que han preferido “no saber de política” entendiendo que el Gobierno es el Estado en lugar de su delegación administrativa. Es, como si en una comunidad de propietarios se entendiese que el administrador es el propietario o titular de las viviendas (que también ocurre). Que yo sepa las asesorías jurídicas de las AA.PP. están para “asesorar” previamente y evitar ls actos incorrectos, tanto jurídicos como administrativos de las AA.PP. Son abogados del “Estado” no del gobierno al igual que los fiscales son del “Estado” no del gobierno de turno. En esta confusión siempre ganan los tahures y tramposos que dan las cartas. Todos conocemos lo que significa el contencioso por actos indebidos de las AA.PP. y como nos vamos a encontrar enfrente a esos abogados del Estado (o similares) pagados con nuestros impuestos para que vayan contra nosotros en lugar de ir contra el responsable del acto indebido o incorrecto. En mis tiempos se abrían expedientes administrativos ante la detección de tales actos y, en su caso, se sancionaba al responsable pero llegó el PSOE y en el más puro estilo soviético (que no ruso) se apropiaron del Estado y encima les votamos por mayoría. Una sociedad de súbditos y lacayos se acostumbra a su condición y se acomodan en ella. La cuestión es que las propias instituciones “teóricas” de supuesto control del ejecutivo tampoco dicen ni pío. Todos saben que el poder es único aunque se vista de falsa pluralidad institucional y ese poder es el BOE. En cuanto a la corrupción hay mucho que reflexionar ya que, desgraciadamente, no es sólo la institucional sino que ésta justifica la social, profesional o laboral. Es una cuestión de principios éticos que se han podrido y vendido al mejor postor. Nadie quiere quedar como el “pringa o” o el “tonto”. Hoy me han recordado una frase que parece circular entre los “lobbys” corporativos: ” Si no eres comensal, es que eres comida”. Ilustrativo.

  3. KC
    KC Dice:

    Y esto es una migaja de la barra de pan… Cuando has diseñado un sistema que es más artificial y falso que un euro de madera es lo que sucede: que o bien sigues defendiéndolo hasta que ya no se pueda más, o reconoces que el diseño del sistema es una mierda pinchá en un palo. Lo malo de la segunda opción es que no da de comer, y un mono no funciona en base a criterios objetivos, sino a lo que antes le calme el estómago. Por eso se llaman estómagos agradecidos, los cuales podríamos decir que en España son la primera fuerza laboral desde hace ya unos cuantos años. Es lo que tiene entender la economía en base únicamente a ingeniería y redes sociales, favoritismos, nepotismos, endogamias y “para dárselo a ese se lo doy antes a mi primo”, ya no sólo en el sector privado, sino increíblemente en el público. A ver qué imbécil puede defender este tipo de economías aparte de aquellos quienes así se ahorran problemas familiares personales. Y luego se preguntan esos genios económicos de las Facultades cómo es posible que España esté como está. Es sencillamente espectacular.

  4. ivp
    ivp Dice:

    Muchas gracias por este artículo que expresa muy bien lo que estamos padeciendo y en el tema de los funcionarios mucho peor, puesto que, como ya comenté, no entiendo porque,siendo funcionarios de carrera mi jefe y yo, es más administración mi jefe que paraliza mi carrera que yo que intento poner mis conocimientos al servicio de la Administración. Creo que en esta situación es peor que la defensa de los políticos, en estos casos es un abogado del estado el que está defendiendo y paralizando el proceso para defender a mi jefe (funcionario) y yo (funcionario), con un mínimo sueldo, he tenido que contratar un abogado para que me defienda y ya han pasado más de 5 años sin que hasta le fecha haya salido el juicio. Es una desgracia que habiendo muchos funcionarios que han entrado por oposición libre, una vez dentro se pliegan a la “dictadura de los políticos” con la consiguiente degradación de su carrera y de la Administración en general. Insisto, no solo los políticos son culpables ¿que hacemos los funcionarios para defender una Administración profesionalizada y honrada?

    • O,Farrill
      O,Farrill Dice:

      Creo IVP que tiene usted mucha razón. Conozco bastante del tema y desde luego la Función Pública se puso patas arriba desde el momento en que los funcionarios no se rebelaron contra las imposiciones arbitrarias y muchas veces irregulares de los superiores. Las excepciones que lo hicieron acabaron en el ostracismo o lo que es peor, teniendo que acudir al contencioso administrativo pagando a sus expensas su propia defensa. La Administración politizada acabó en una estupenda connivencia con los sindicatos (más preocupados por los laborales que, poco a poco, sustituían al funcionario). Y eso ocurría delante de las narices de los cuerpos técnicos (asesorías jurídicas incluídas) encargados en teoría de evitar desmanes administrativos o legales. La lucha por el ascenso o por caer bien al jefe de turno hizo “sacar las navajas” en un colectivo que debía estar cohesionado en su dignidad de servicio público. Todo el mundo ha mirado para otro lado desde la resignación y la comodidad que escondían el premio en metálico que suponía un pequeño ascenso a costa del presupuesto. Al igual que en otros sectores privados como el bancario, los trabajadores han preferido muchas veces la lealtad a la empresa que la lealtad a la sociedad.

  5. ivp
    ivp Dice:

    Gracias por escucharme O,Farril pero vista la lamentable Administración y sociedad en general que vamos a dejar a nuestros hijos creo que es el momento de hacer propuestas lógicas y bien argumentadas para intentar que algo mejore.Yo he intentado dos pero en solitario poco se puede hacer. Saben aplicar muy bien “divide y vencerás

    Mis últimos intentos, ademas de demandar al Ministro:

    1. No estoy de acuerdo con la subvención a los sindicatos y he empezado por pedir al Presidente del Gobierno que me de la parte que me corresponde del dinero que concede a los sindicados puesto que no pertenezco a ninguno y defensa de mis derechos me los estoy pagando yo. He obtenido silencio administrativo. Hubo una persona allegada a Moncloa que me dijo “si hubiera muchas cartas como esta algo harían”

    2. He solicitado que se aplique la Ley de Procedimiento Administrativo en los expedientes de los estudiantes. Hasta ahora me lo han negado.

    Me encantaría poder colaborar en propuestas serias que busquen un cambio en este deprimente sistema. Estoy segura que se puede hacer mucho y sin necesidad de manifestaciones que interrumpan el desarrollo normal de la sociedad

    Por último le comento que el mejor consejo de como debía actuar dentro de la Administración, me lo dio un pequeño empresario, mi padre, cuando aprobé la primera oposición, su comentario fue: “procura ser respetuosa con todo lo que pasa por tus manos más que si fuera tuyo, es de los españoles, si no lo haces así estarías robando a todos”

    • O,Farrill
      O,Farrill Dice:

      Estimada IVP: Eso es lo que vengo intentando desde hace mucho tiempo, la respuesta política desde los sectores como este mismo blog con alternativas trabajadas en forma voluntaria por sus valiosos colaboradores, al igual que lo hago con otros sectores sociales cuyas personas, por su preparación, tienen más responsabilidad que quienes no tienen ese privilegio. Quizá la más importante de las reformas pendientes es la de las AA.PP. y la estructura política y administrativa del Estado. Muy pocas personas se dirigen al presidente del gobierno planteando sus peticiones a pesar de estar respaldado por la propia C.E. Lo de las 500.000 firmas de petición al Parlamento “para estudiar si se acepta a trámite parlamentario” es bochornoso y no digamos nada de los inexistentes debates políticos en el seno de los partidos…..

  6. ernest
    ernest Dice:

    Los corruptos lo controlan todo, desde la transicion han tenido tiempo y medios para “contaminar” todas las instituciones, y luego se han repartido el “mercado” por zonas de exclusividad ( si como las franquicias mercantiles)… asi que “entre bomberos no se pisan la manguera”. A nosotros, pobres mortales, nos cabe seguir pagando impuestos para que ellos puedan apropiarselos con descaro

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