Artículo de Elisa de la Nuez en Voz Pópuli: “Corrupción política y democracia…20 años más tarde”

 

Leyendo el libro de Javier Pradera “Corrupción y política” de Galaxia Gutemberg,  escrito en 1994 titulado “Corrupción y política. Los costes de la democracia”  me he quedado asombrada por su actualidad. Cualquiera de sus capítulos podría estar escrito hoy; solo hay que cambiar los ejemplos, sustituir “Filesa” o Naseiro por “Gurtel” o Bárcenas, Mariano Rubio por Miguel Blesa o Rodrigo Rato, Roldán por cualquiera de los Oriol, colocar en lugar de Juan Guerra al pequeño Nicolás, o en vez de hablar del fraude en los cursos de formación a trabajadores con fondos recibidos de la Unión Europea (entonces gestionados por el FORCEM) hablar del fraude  en los cursos de formación a trabajadores con fondos recibidos de la Unión Europea gestionados por Gobiernos regionales de distinto signo, aunque liderados, sin duda, por la Junta de Andalucía.

No solo el libro es absolutamente actual, también el diagnóstico es absolutamente certero, y apunta al corazón del régimen democrático iniciado en la Transición. Entre los aspectos más preocupantes que destaca Javier Pradera y que también hemos denunciado constantemente desde el blog ¿hay derecho? se encuentra la “piedra de toque” de todo el sistema: la reducción interesada de la responsabilidad política a la responsabilidad penal. Según esta tesis, tan querida para nuestros  líderes políticos desde Felipe González hasta Mariano Rajoy, desde los GAL o Filesa hasta Bárcenas o el dinero negro del PP, no puede hablarse de responsabilidad política sin que exista antes una condena penal. O por lo menos sin que se abra el juicio oral, es decir, sin que el político de turno se siente en el banquillo de los acusados. De acuerdo con esta cómoda tesis la imputación penal a estos efectos no es relevante para exigir responsabilidades políticas, ni en forma de dimisiones ni de ceses. Por esa regla, nuestros viejos partidos están llenos hasta la bandera de políticos imputados, algunos hasta “reimputados” como la famosa alcaldesa de Alicante.  Por otro lado, el apego al cargo que demuestran nuestros políticos se explica también desde un punto de vista racional, dado que muchos cargos, especialmente los representativos, llevan aparejado el aforamiento, con las indudables ventajas que este supone y que ya hemos comentado en otros artículos. 

Claro está que esta tesis es letal para la lucha contra la corrupción y, en último término, para la propia democracia. Como también señala Javier Pradera, la cuestión es que tanto el Código Penal como las garantías de la Ley de Enjuiciamiento Criminal están pensadas para algo muy distinto. Las conductas tipificadas en el Código Penal están diseñadas para defender al individuo frente a las agresiones más graves de otros individuos o incluso del propio Estado, mientras que las numerosas garantías de nuestros procedimientos de instrucción y de enjuiciamiento están diseñadas para evitar arbitrariedades e injusticias por parte del propio Estado contra sus ciudadanos, tan frecuentes en el Antiguo Régimen, donde a la gente se la encarcelaba sin muchos miramientos y sin juicio. En definitiva, ni nuestro Código Penal ni nuestras normas de enjuiciamiento criminal están pensadas para luchar contra la corrupción política y menos aún si está generalizada o institucionalizada. Por eso resultan tan poco eficientes para combatirla.

Con esto no quiero decir que no haya que meter a los corruptos en la cárcel ni mucho menos. Simplemente lo que intento subrayar es que no la vía penal no resulta adecuada para depurar las responsabilidades políticas por los escándalos de corrupción y menos si son sistémicos. Aunque la Administración de Justicia española fuera más independiente, tuviera más medios y fuese mucho más eficiente lo cierto es que tampoco estaría en condiciones de imputar al Gobierno en pleno de la Junta de Andalucía o a toda la cúpula directiva del PP y eso aunque se llegase a demostrar su implicación directa en el asunto de los ERES o en la financiación irregular del partido, dinero negro incluido. Combatir la corrupción institucional solo a golpe de Código Penal es una tarea titánica que queda fuera del alcance de cualquier Juez por aguerrido que sea.  En definitiva,  no se puede enjuiciar a todo el régimen del 78 en vía judicial, ni es probable que veamos a Ministros, Consejeros o alcaldes en activo en la cárcel, por muy tentadora que resulte esta imagen para la hastiada ciudadanía.

En mi opinión lo que hay que hacer en primer lugar es modificar de una vez la socorrida doctrina que identifica responsabilidad política -en el ámbito de la corrupción o el despilfarro- con responsabilidad penal, y que exige para los “presuntos” políticos corruptos la misma presunción de inocencia que solo se aplica a los “presuntos” delincuentes.  Se trata simplemente de avanzar hacia los modelos democráticos de países más avanzados donde la responsabilidad política es independiente de la civil o penal, y es exigible inmediatamente y mucho antes de que exista cualquier procedimiento judicial. Los ejemplos de las dimisiones o ceses en países como Alemania, Suecia o el Reino Unido por casos infinitamente menos graves que los que vemos a diario en España, incluso en casos donde no es probable que haya ningún tipo de responsabilidad penal, son el ejemplo a seguir.

Pero claro está, para que nuestros políticos cambien de criterio que haber una demanda social clara que les obligue a hacerlo. Porque la corrupción es también una cuestión sociológica. Los especialistas suelen hablar de “zonas grises” o “blancas”, para referirse a prácticas que pueden no estar tipificadas penalmente o incluso que pueden estar más o menos aceptadas socialmente. ¿Es corrupción colocar a la familia de los Consejeros en el Tribunal de Cuentas? ¿Es corrupción colocar a militantes del partido al frente de instituciones supuestamente independientes? ¿Contratar a empresas o personas “de confianza” cuando se ostenta un cargo público? ¿Pagar en negro las obras de la sede del partido? ¿Abusar del cargo público para obtener ventajas o privilegios que no se obtendrían de otra forma? ¿Utilizar para gastos personales las tarjetas opacas de Caja Madrid? ¿Cobrar dietas de mantenimiento en el mes de vacaciones? ¿Tener dinero en cuentas en Suiza? De la contestación que demos a estas u otras preguntas parecidas dependerá el nivel de tolerancia de la sociedad española frente a la corrupción, y ese nivel no siempre ha sido muy exigente. Parece claro que en España se han tolerado este tipo de prácticas durante demasiado tiempo, aunque también es cierto que muchas de ellas y, sobre todo, su grado de profundidad y de generalidad no eran totalmente conocidas, como demuestra el escándalo que ha suscitado el caso de las tarjetas “black” de Caja Madrid.

En cualquier caso lo que revela el libro de Pradera -como también el de Alejandro Nieto de 1997 “Corrupción en la España democrática”- es que todos los síntomas de la enfermedad que hoy parece terminal estaban ahí, a la vista, para quien quisiera verlos, pero que todos, políticos y ciudadanos preferimos no hacerlo.  Cuando llegó al poder el PP en el año 1996 decidimos que todos los problemas de corrupción iban a desaparecer porque había un cambio de partido, de personas, y de discurso. Pero la realidad es que no se abordaron los cambios estructurales que hubieran hecho posible atajar la corrupción política y acabar con la impunidad. La prueba es que los escándalos de corrupción actuales son los mismos que los de entonces, ya se trate de financiación ilegal de partidos, cobro de comisiones, contrataciones o subvenciones amañadas, despilfarro, nepotismo y clientelismo; solo que corregidos y aumentados hasta extremos insospechados. 

Por tanto, conviene ser conscientes de que la tesis de que la responsabilidad política no es exigible hasta que se confirme la responsabilidad penal, enunciada por primera vez por el PSOE de Felipe González a raíz del “caso Guerra” y defendida con el mismo entusiasmo por Mariano Rajoy en su ya famosa comparecencia el Parlamento a raíz del “caso Bárcenas” el 1 de agosto de 2013, ha dado alas a la corrupción política institucionalizada y ha minado nuestra democracia. A estas alturas, parece complicado reparar los daños causados con un acuerdo entre los principales responsables para adoptar “medidas de regeneración democrática”. Sencillamente, no tienen credibilidad ninguna.

11 comentarios
  1. pepe
    pepe Dice:

    Estimada articulista: estudie la ciencia política. Autores como Antonio García-Trevijano y Susan Rose-Ackerman afirman que la corrupción política es, en esencia, consecuencia de la ley electoral proporcional y un poder ejecutivo con amplios poderes. En España, como consecuencia del pacto transaccional habido en 1977 que dio lugar a la ley para la reforma política y, un año después, a la ley fundamental del reino de 1978, no hay democracia formal sino un estado de partidos en cuya cúspide se haya la jefatura del Estado, otrora encarnada por el heredero directo de Franco y hoy por su hijo Felipe V. Para que haya democracia formal debe haber separación de los poderes del Estado y representación política de la sociedad civil, pero en un Estado de partidos, según la definición de Gerhard Leibholz, eso es imposible porque lo que se pretende es eliminar todo signo de representación integrando a las masas en el Estado. En fin, tenga en cuenta mi sugerencia de estudiar la ciencia política y lea a los dos autores que le he mencionado. Saludos.

  2. Gonzalo García Abad
    Gonzalo García Abad Dice:

    Gran artículo. Creo que los ciudadano tenemos una parte de la culpa. Ha habido un exceso de tolerancia. ¿Qué es lo principal que ha cambiado? Que la ciudadanía es consciente de que las malas prácticas, más allá de que sean o no delictivas, perturban a la economía, la llevan a desperdiciar valiosos recursos. Para ello se ha necesitado una crisis que pone al descubierto que se han tomado decisiones políticas imprudentes, pero que tuvieron beneficiados particulares, y que tardaremos en pagar.
    Aunque, como ciudadanos, tengamos un interés general por la política, nuestro interés normalmente se centra en unas pocas decisiones que nos afectan de forma particular. Hasta ahora, si el político sabía atender al mayor número de intereses particulares ganaba elecciones. Pero en el camino dejaba perjuicios para un conjunto muy numeroso de ciudadanos que no se veían tan directamente afectados. Esa es la razón por la que no se han llevado a cabo muchas reformas, porque atacaban a un complicado juego de equilibrios necesario para ganar votos.
    Ahora, los ciudadanos se van dando cuenta de que los beneficios que puedan obtener individualmente de que los políticos atiendan sus peticiones particulares perjudiciales para el conjunto se ven superados por el perjuicio de tener que asumir un sinfín de decisiones perniciosas para nuestra economía en otros ámbitos. Es aquí cuando la gente se plantea que hay que abrir el camino al reformismo.
    ¿Dónde está ahora el peligro? En que, a pesar de todo, muchos son los que se apuntan a eliminar los privilegios injustos de los demás, pero en pocos ámbitos se reconoce haber recibido trato de favor. Aquí nos la jugamos. Se necesita que muchos grupos sociales, beneficiarios de medidas injustas, alcen la voz reconociendo que han gozado de beneficios injustos. Pero es que incluso los grupos sociales más beneficiados han sido perjudicados por la fosilización de muchas prácticas injustas, ya que la realidad cambia y si las decisiones no se adaptan aparece la injusticia.
    Si la sociedad no alza la voz frente a la injusticia, llegarán las propuestas populistas, que abundan por todo el espectro político, a decidir quienes son los buenos que merecen la protección del Estado y quienes lo malos que merecen el castigo. Los buenos, para un político que sólo busque votos, serán quienes se presenten como la mejor clientela para él. En ese caso estaríamos preparando cuidadosamente la nueva hornada de corrupción, de la que seguro que se hablaría dentro de 20 años. Esperemos que no sea así y que haya una reacción sincera frente a la injusticia.
    Un cordial saludo.

  3. Miguel A. de Juan
    Miguel A. de Juan Dice:

    Las utopías no están para alcanzarlas sino para que nos sirvan guía durante el camino.
    El político ideal debería de cumplir con el “Decálogo del político” (http://goo.gl/aBYDI3) pero me conformo con que lo relean todos los meses para acordarse de lo que deberían de hacer.

  4. javier
    javier Dice:

    Estoy muy de acuerdo con Gonzalo, la ciudadanía es responsable y parte de este problema. ¿Acaso sorprende todo lo que la actualidad y la crisis está aireando?, ¿nadie lo imaginaba?. Les recomiendo un libro titulado Autopsia a las democracias patateras que, precisamente, va por ahí. Gracias por el artículo.

  5. misael
    misael Dice:

    Hola, uno nuevo por aqui.
    Para mi la cosa de la corrupción, su origen, hay que buscarlo en dos puntos:

    1) La parasitacion de las instituciones por la partitocracia: el estado, segun ellos, son los partidos
    2) La ruptura de la separacion de poderes, consumada en 1985 por FG.

    Las anteriores han dado lugar al hecho de que raramente las decisiones políticas pueden ser enjuiciadas. Ejemplo: si el político de turno se gasta 1000 millones de euros en un aeropuerto, pongamos por caso en Ciudad Real, y luego el aeropuerto ni se inaugura, esa decisión política, que ha ocasionado harto quebranto a la hacienda publica, no es enjuiciable. Y como esa cien mil.

    saludos.

  6. KC
    KC Dice:

    es que todos los síntomas de la enfermedad que hoy parece terminal estaban ahí, a la vista, para quien quisiera verlos, pero que todos, políticos y ciudadanos preferimos no hacerlo.
    Efectivamente, y es muy curioso cuando el españolito promedio se enfada diciendo que a él/ella no le echen las culpas porque no tiene nada que ver con el tema. Si ahora mismo desapareciera cualquiera que se hubiera beneficiado,, aunque fuera de forma indirecta, de todos los amaños, corruptelas, concesiones a dedo y demás, en España quedaban cuatro gatos..

    Cuando llegó al poder el PP en el año 1996 decidimos que todos los problemas de corrupción iban a desaparecer porque había un cambio de partido, de personas, y de discurso.

    El verbo no es “decidir”, Elisa, es “creer”. Si acaso nos lo creímos, no decidimos absolutamente nada.

    Por cierto, ¿qué piensa una Abogada del Estado del tema que ha aparecido hoy en prensa sobre la cúspide jerárquica de la Abogacía del Estado y determinadas empresas? Claro que leyendo esto no debería sorprendernos tanto… ¿No?
    http://www.expansion.com/2014/06/04/juridico/1401905588.html

  7. Cornholio
    Cornholio Dice:

    Lamentando el pesimismo,mme pregunto si en las circumstances actuales realmente se puede esperar/exigir una “re”generación institucional, democrática y ética en España?

    O es launica esperanza mas bien una suerte de generación espontánea, ya que igual la “re” presupone una base o fundación que sencillamente no existe?

  8. O,Farrill
    O,Farrill Dice:

    El interés de este blog por el tema de la corrupción es importante pero, desgraciadamente, por mucho que se hable de ella no se puede desterrar en la situación actual:
    – cambio del modelo o paradigma de valores sociales influídos sólo por la economía
    – prevalencia de la economía sobre la política y despotismo democrático
    – creación de falsas necesidades a partir del miedo (seguridad entre ellas)
    – encubrimiento de las injusticias por medio de un entramado legislativo que provoca inseguridad
    – teatralidad democrática institucional
    – empecinamiento en el mantenimiento del tinglado por la red de intereses clientelares de todo tipo
    No se puede hablar de corregir “legislando más” sino limpiando el bosque de plantas parásitas para que las leyes sean justas y produzcan árboles que transmitan seguridad a todos. Por ahí empieza la reforma de la C.E.

  9. misnotas
    misnotas Dice:

    ¿Es corrupción conseguir que el policía local amiguete o amigo de amigos nos quite la multa? ¿Es malversación de caudales públicos el llevarse los paquetes de folios del Ayuntamiento para casa?¿De donde salen los bolis y lápices para los niños?¿Es corrupción aprovechar un enchufe de una enfermera para conseguir cita con el médico especialista por delante de personas que llevan meses esperando?

    • O,Farrill
      O,Farrill Dice:

      Lo llamamos “picaresca” y parece que la llevamos en los genes pero no estoy de acuerdo. Es simplemente falta de ejemplaridad pública y social. Ante los hechos conocidos o simplemente intuidos de comportamientos poco éticos u honestos, el ciudadano responde en muchas ocasiones con lo que puede porque no quiere ser el “tonto” o el “pringao”. Por eso el asunto de la corrupción es mucho más profundo y precisa de una catarsis personal en cada uno de nosotros con una respuesta de rebeldía ante lo asumido como “correcto”. Para ello hay que aclarar que, posiblemente, el funcionario que le envía un requerimiento inflexible tratándole cuasi de delincuente, no encuentre ningún problema en: dedicarse al chateo en sus ratos libres con los ordenadores institucionales, “desayunar” con visita incluida a El Corte Inglés o echar la quiniela, coger los bolígrafos o folios para uso propio, hacer llamadas personales desde las líneas oficiales, meter alguna dieta “extra”, dejarse invitar por el constructor en la visita de obra, o, como hemos conocido ahora pero muchos sabemos desde hace tiempo, recibir algún que otro “detalle” de los administrados que quieren un trato favorable o privilegiado. Si a eso unimos lo que ven pasar delante de sus narices muchos de ellos todos los días….

  10. O,Farrill
    O,Farrill Dice:

    Espacio de debate televisivo sobre la corrupción. Una de las periodistas participantes comenta que sus viajes de prensa a Europa los paga la oficina de representación de las instituciones comunitarias. No el medio para el que trabaja, sino la institución pública. Otra compañera suya lo reconoce y añade una pregunta ¿no es eso también una forma de corrupción? Interviene una tercera profesional ¡Hombre es que eso se ha hecho toda la vida!…..

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