Los CTS de las eléctricas: el que tiene padrinos, se bautiza o ¿a usted le perdona algo el Estado?

Desde que mi hermano Fernando y yo hemos llegado casi al estadio máximo del ser humano –ser contertulio o “tertuliano”- nos sentimos capacitados para hablar con rotundidad de cualquier cosa así que hoy voy a hablar del generoso perdón de una deuda de un Gobierno a las todopoderosas eléctricas de este país, a consecuencia de los famosos Costes de Transición a la Competencia que, desde luego, no es de mi negociado habitual, aunque sí muy propio de este blog. La cosa viene a cuento de la denuncia que hizo en Anticorrupción la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético por la cuestión de la Puerta Giratoria de los políticos y el sector eléctrico, pero que luego se amplió a un supuesto delito de malversación por haber permitido que las eléctricas cobraran de más a los ciudadanos 3400 millones de euros de los llamados CTCs y que, aunque parecía dormir el sueño de los injustos, resulta que ahora ha despertado sorpresivamente con la citación a varios abogados del Estado y cargos públicos de la época del PSOE (ver aquí la extensa y detallada noticia de El País)

¿Pero esto cómo puede ser? Pues puede ser y ha sido, pero conviene hacer un pequeño recordatorio para entenderlo:

Los CTCs  fueron creados en 1997 por el Gobierno de José María Aznar como un mecanismo para “compensar” a las eléctricas por los posibles perjuicios que les generaría  la liberalización del mercado a la que la UE (menos mal) nos obligaba y garantizarles así un retorno de la inversión realizada hasta entonces, lo cual es muy dudoso porque muchas de esas inversiones se hicieron con expropiaciones o con dinero público (presas, etc) y todavía más la forma de hacerlo puesto que era imposible prever de antemano siquiera si en el futuro iban a tener un perjuicio compensable.

La compensación, que benefició a Endesa, Iberdrola, Unión Fenosa, Viesgo e Hidrocantábrico, consistió en garantizarles durante 10 años un ingreso de hasta 36 euros por megavatio/hora,  siempre que el mercado marcase un precio inferior y hasta un tope de 8.600 millones, lo que en definitiva significaba garantizarles un precio mínimo, algo absolutamente inaudito desde la perspectiva de la libre competencia por lo que, según me cuentan mis fuentes, fuimos ya entonces como país el hazmerreir de Europa y nuestras energéticas las más envidiadas de entre sus homólogas de otros países de nuestro entorno.

Ahora bien, el mecanismo tenía un problemilla para las empresas beneficiadas: si el precio de mercado era superior a 36 mw/hora, el resto debían devolverlo al Estado. Y esto empezó a pasar a partir del 2005, cuando como consecuencia de la subida del precio del petróleo y del gas el precio subió  hasta los 50 euros.

En junio de 2006, el Gobierno del PSOE decidió cancelar los pagos de CTCs, dando por finiquitado este sistema por la vía de un decreto-ley. Sin embargo, dejó pendiente la liquidación final, aunque según datos de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) la suma de la deuda correspondiente a todas las compañías oscilaría entre los 2.500 y los 3.400 millones.

Según indica El País, en 2008, la propia Abogacía del estado informó diciendo que había que reclamar esas cantidades, señalando que el plazo para hacerlo era de cuatro años a partir de junio de 2006, cuando el decreto ley abolió los CTC. Así que Industria tenía hasta junio de 2010 para reclamar el dinero mediante una norma.

Pues bien, el Estado nunca reclamó a las empresas eléctricas lo que habían cobrado de más y cuando llegó el PP al gobierno en 2011 y se encontró con  la documentación del caso, consultó de inmediato a la Abogacía del estado, la cual informó diciendo que había prescrito la posibilidad de reclamar las cantidades.

Todo esto parece, cuanto menos, un poco raro. Desde luego, no lo es que las eléctricas no hayan hecho ademán de pagar, llevándose la mano a la cartera; esto es hasta cierto punto normal, porque en la naturaleza del moroso está mirar hacia otro lado y callar o enredar y complicar. Pero lo que no se comprende es que sea el acreedor el que mira hacia otro lado y deje que se le escapen 3400 millones de euros así por así, salvo quizá por la cuantía sea irrelevante para el Estado. Total, es el precio por el que Orange compra Jazztel, la facturación de Nespresso en 2011 o el patrimonio estimado de la duquesa de Alba. Minucias, sobre todo ahora que nos sobra el dinero.

Y, como ya he tenido oportunidad de decir otras veces, en materia de responsabilidad política no hay presunción alguna de inocencia, sino de culpabilidad, porque se basa en la confianza y la pérdida de confianza no se produce con las mismas restricciones con que se entiende cometido un delito; no, ésta se produce en los mismos casos que se produce en la vida civil o mercantil: lo que no haría uno en su vida civil (la diligencia de un buen padre de familia) o una empresa normal (la diligencia de un ordenado comerciante) no puede permitirse en el sector público, porque no cabe entender que esos estándares de conducta puedan relajarse precisamente en lo más importante: en lo que es de todos.

O sea, que si pierdes la confianza, tendrías que irte a la calle. El problema es que muchos de estos señores están ya en la calle y el asunto ya está judicializado, lo que significa que sí que entrarán en juego esas presunciones tan rigurosas a las que me refería antes y que la atribución de responsabilidad civil o penal exigirá la demostración de un nexo causal entre el acto u omisión y el daño causado, lo cual no es siempre fácil.

Y todavía es menos fácil si se trata de otras conductas mucho más complejas y casi indemostrables; pero, en todo caso, parece bastante impresentable que el Estado haya procedido a una especie de condonación tácita de deuda a las eléctricas y haya cuarenta y tres ministros (43) que se sientan en consejos de administración de las compañías relacionadas con la energía sin que aquí nadie haya salido a darnos alguna explicación convincente de por qué, siendo conocedores de esta deuda al haber desempeñado funciones públicas, no han instado a su principales a cumplir sus obligaciones (ya que estaban tan oportunamente a sus consejos) o no han dimitido al ver que las eléctricas miraban para otro lado. ¿Pido mucho? Quizá, pero entonces podrían dimitir ahora de sus consejos, dado que ya ha explotado todo. O por lo menos Solbes y la vicepresidenta del gobierno Elena Salgado, fichada por Endesa a los dos meses de dejar el gobierno

En definitiva, puede que pensar que este revolving door entre eléctricas y Estado (que hemos tratado antes en el blog y que se cuenta muy bien aquí) pudiera de algún modo afectar a este presunto trato de favor quizá sea un bulo infecto propio de nuestras mentes calenturientas y, desde luego, aunque fuera verdad sería muy difícil de demostrar; pero no cabe duda de que estéticamente es verdaderamente chirriante. Y esto nos revela que el asunto tiene una naturaleza política de primer nivel porque afecta al buen hacer de todo el sistema político y económico: como decimos en nuestro libro, se supone que el sistema capitalista es el más eficiente para la asignación de recursos porque se basa en la competencia entre los actores de la economía: la gente compite por mejorar y agradar al cliente, y eso redunda en un progresivo desarrollo y en un continuo esfuerzo por la eficiencia. Pero es un sistema delicado que puede sufrir fallos, como problemas derivados de posiciones de dominio en el mercado o de asimetrías en la información o los que se dan cuando los actores del capitalismo prosperan no porque hagan las cosas bien sino por tener el favor de los que mandan, en lo que ha venido a denominarse capitalismo de amiguetes o capitalismo castizo, en el que las reglas que se le aplican a usted o a mí, lector no ministro o perteneciente a elite extractiva, no se aplican a ciertos actores del juego económico.

Como bien dice Luis Garicano en su libro “El dilema de España”, la actividad de captura de rentas (y no su creación) tiene dos consecuencias nefastas, según recientes investigaciones: primero, tienen retornos crecientes, lo que significa que cuanta más gente se dedica a ellas, mayor es su retorno relativo comparado con las actividades productivas, hasta que la actividad productiva desaparece. Segundo: estas prácticas afectan particularmente a la innovación de la que, como veíamos anteriormente, depende fundamentalmente el crecimiento económico.

Esperemos que en este caso la Justicia pueda ir tirando del hilo de las responsabilidades para esclarecer responsabilidades, porque nos va mucho en ello: al final es su bolsillo el que acaba pagando estas cosas, lector.

10 comentarios
  1. RC
    RC Dice:

    Qué bonito, el capitalismo de amiguetes: sale cara y ganáis, sale cruz y saco un decreto-ley para que ganéis también y de paso me “olvido” de cobraros lo que debíais.

    Esto no es unicamente una cuestión de puertas giratorias entre política y eléctricas: al fin y al cabo, los principales accionistas y acreedores de esas eléctricas son las mismas instituciones financieras, muchas de ellas con políticos (y Visas “black”) en sus consejos de administración, que también se “olvidan” de cobrar sus deudas a los partidos políticos (mientras desahucian a viuditas que tardan un mes en pagar la hipoteca…).

  2. IÑIGO ROMERO DE BUSTILLO
    IÑIGO ROMERO DE BUSTILLO Dice:

    Querido Ignacio: la expresión “capitalismo de amiguetes” no es solo castiza sino de extensibilidad cuasi cotidiana.-
    Qué lejos de aquel capitalismo weberiano basado en la ética protestante calvinista,qué lejos^.
    Pero existe ,yo creo que para mal y produce lo que produce,eso: Amigancia,mangancia,corruptancia y mes i mes.-
    Con afecto

  3. izaskun
    izaskun Dice:

    ¿Quienes son los ministros y secretarios que no cobraron la deuda (acaso cobraron otra cosa, visto lo visto)?

  4. Juan Castro-Gil
    Juan Castro-Gil Dice:

    Estimado Ignacio:
    El problema que traes a debate tiene aún mucha más enjundia de la que se despliega en los medios de comunicación. Me explico.
    En el año 2006, vía Decreto se suprimieron los famosos CTC, pero no se definió formato alguno para liquidar los saldos pendientes (que ahora se sabe eran de 3.400 millonajos del ala a favor de los consumidores). Y curiosamente, si nada se articuló al respecto, la forma de liquidar las cuentas con los operadores de mercado no era otra que el RD 2017/1997, que a grosso modo viene a señalar que las cuentas de la vieja se harán mediante liquidaciones (provisionales primero y definitivas después).
    Durante todos estos años, la AN y el TS ha venido defendiendo que el único acto administrativo liquidatorio válido a los efectos de reclamar importes fehacientemente es la liquidación definitiva. Amigo Ignacio, ¿sabes de qué fecha es la liquidación definitiva del ejercicio 2006 donde se terminan los CTCs? (donde por cierto se establece la pretensión de reclamar ciertos importes por dicho concepto)…. prroooonnnnn: 27 de julio de 2010.
    Ergo, verbigracia del artículo 15 de la Ley General Presupuestaria, ¿sabes cuándo ha prescrito la talegada? ESTE VERANO.
    He de decir que esta pequeña reseña, que me temo traerá muchos comentarios, no pretende poner el dedo en unos para dejar de señalar a otros, pues como muy bien pones de manifiesto, los “amiguetes” se encuentran entre tirios y troyanos. Lo único que pretendo es remover la silla a tus lectores sobre lo hilarante que resulta ver como estos días se habla de Jaguares, de tonadilleras entre rejas, de urnas de cartón piedra… y NI UN SOLO PERIÓDICO NI TELEDIARIO LLEVA A SU PORTADA EL MAYOR EXPOLIO (CUANTITATIVAMENTE HABLANDO) QUE SE CONOCE EN 36 AÑOS DE DEMOCRACIA.
    En fin. Enhorabuena Ignacio.

  5. Ignacio Gomá Lanzón
    Ignacio Gomá Lanzón Dice:

    Juan, muchas gracias por la importantísima información, tú eres el experto y yo aquí solo hablo de oídas y con ayudas externas, pero me parece que era muy importante sacar al menos la noticia. Abrazos

  6. IVP
    IVP Dice:

    Muchas, pero que muchas gracias, al autor del artículo, a los colaboradores y a ¿Hay derecho? en general. Es impagable el trabajo que están haciendo y solo espero y deseo que este buen hacer tenga repercusión social. Yo procuro reenviar a mis amigos y allegados todo lo que veo que pueda interesarles e incluso para que lean con más atención algunas veces envío “CV” del autor.

    No puedo hace otra cosa pero, insisto, les estoy muy agradecida, hasta mi hijo ha comentado algún articulo suyo en sus trabajos en la Facultad de Derecho.

  7. patruska
    patruska Dice:

    Muchas gracias por poner negro sobre blanco la realidad de la oligarquía de las empresas enérgeticas en nuestro país, apoyada por todos los gobiernos y de todos los colores. Conozco, por mi trabajo, bien los fundamentos jurídicos del informe de abogacía del Estado, pero en este pais no pasa nada, Gracias también a la Plataforma por el nuevo modelo energético por tu gran labor divulgativa y por hacer sencillo lo enmarañado de todo este procedimiento torticero de recuperar para todos los excesos de los CTCs…, que tiene que acabar sin duda en la jurisdicción penal

  8. Miguel_1960
    Miguel_1960 Dice:

    Excelente artículo, por el cual y sus comentarios, doy las gracias. Entiendo que el problema del oscuro entramado del sector eléctrico en España se debería empezar a esclarecer interviniendo esas empresas -no expropiándolas, ni nacionalizándolas, no, no es eso- sino hacer lo que, desde diferentes ámbitos jurídicos se verificó con Banesto en la época de Mario Conde, con las Cajas ahora o con las SGAE en su momento … y que, básicamente en este caso concreto, tiene su reflejo en el artículo 128.2 de la CE. Nadie discute que es un sector estratégico.

    Es vital que auditores externos a esas mercantiles se metan en sus ordenadores y en su contabilidad para que de una santa vez nos enteremos de las liquidaciones de las que habla la abogacía del Estado -y de otras muchas incógnitas anteriores- en su dictamen y de la causa por la que se redactó y no se firmó el famoso Decreto para reclamar aquellas . Es que tengo la costumbre de escuchar muchos informativos de distintas emisoras de radio y televisión y este tema -3.4000 millones de Euros del ala- no se toca y se ha establecido con él el silencio de los corderos.

    Vamos a ver, a todos nos consta que las eléctricas son muy influyentes, que gastan mucho dinero en publicidad y en tarea de lobby, pero es que un Gobierno que se tenga por tal tiene el BOE. ¿Que los mercados nos van a comparar con Ecuador, Bolivia y Argentina?. Pues no debería ser así, ya que tendrían más claro a quien les compran los títulos y ese es el mensaje que, ab initio, se debería transmitir. Y no estoy diciendo ningún desatino jurídico. Vamos, creo.

  9. teofiloserrano
    teofiloserrano Dice:

    Se omite el hecho de que es un secretario general de energía, quien pide informe de 2008 a la abogacía del estado con el fin de reclamar las cantidades

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