Las recomendaciones del Tribunal de Cuentas al Consejo General del Poder Judicial

El pasado 28 de octubre, el Presidente del Tribunal de Cuentas acudió a las Cortes para comparecer ante la Comisión Mixta Congreso-Senado para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas para presentar el informe de fiscalización del Consejo General del Poder Judicial (en adelante CGPJ), correspondiente al ejercicio 2010.

Antes de entrar en materia, permítanme un pequeño desahogo, y es que este informe lo finalizó el Tribunal el pasado mes de julio pero se acordó su realización en el plan anual de fiscalización del año 2011… tres años antes. La justificación del Presidente del Tribunal para este retraso es la minuciosidad con la que se ha elaborado y la amplitud de la fiscalización realizada. Bien, pero al menos yo presupongo esas virtudes a cualquier informe del Tribunal, por lo que no me parece que con eso se justifique que tengan que pasar tres años desde que se acuerda realizar un informe de fiscalización hasta que finalmente ve la luz. El otro “reproche” es que toda la contundencia que suelen tener los informes del Tribunal (y este desde luego que la tiene) se queda en los propios informes ya que luego no suelen tener consecuencias de ningún tipo. Y es que como le decía el diputado Suarez Lamata al Presidente del Tribunal de Cuentas durante su comparecencia, la fiscalía del Tribunal actúa, hay apertura de supuestos de responsabilidad contable y penal, pero al final todo se queda ahí porque se acaba archivando un 95% de las cuestiones. Pues eso.

Dicho esto, el origen de la fiscalización se encuentra en la polémica que en 2010 se suscitó por los viajes realizados en fines de semana por el entonces presidente del CGPJ Carlos Dívar. La presentación del informe en el Congreso ha coincidido casi en el tiempo con otro escándalo relacionado con viajes realizados a costa del contribuyente, en este caso los del Sr Monago en su etapa de Senador, casualidades de la vida.

La reacción del CGPJ y del Congreso difiere bastante (afortunadamente). En un reciente post, Elisa de la Nuez e Isaac Ibañez ponían de manifiesto la insuficiencia (en todos los niveles) del acuerdo entre PP y PSOE  a raíz del caso Monago para regular los viajes de los diputados y su transparencia.

Después del caso Dívar, la situación en el CGPJ ha cambiado. Existe un sistema de control de los gastos en viajes de los altos cargos y además se pueden consultar los viajes realizados por el Presidente y vocales de la institución en su página web. Por si alguien tiene curiosidad los puede ver aquí. Desde el 1 de enero al 30 de septiembre de 2014 llevan gastados los altos cargos del CGPJ 142.952,43 euros en desplazamientos, alojamiento y manutención. Contrasta con la cifra total en 2010 que fue de 583.257 euros, va a ser que se nota esto de la transparencia y tener normativas de control de gastos.

Y es que el informe del Tribunal de Cuentas reconoce que los defectos detectados en esta materia ya se han corregido, pero… ¿no se va a exigir algún tipo de responsabilidad a nadie?. Pues como era previsible no tiene pinta. Dívar devolvió los 3.000 euros correspondientes a los ocho únicos viajes en los que el Tribunal de Cuentas apreció una ausencia total de justificación y con eso se cerró el asunto. Tras la publicación del informe del Tribunal, la única que ha realizado declaraciones es la ex vocal Margarita Robles, que ha defendido que sus gastos de representación durante 2010 fueron de “cero euros” y además siempre viajó en clase turista y por razones de trabajo. Ella y otros vocales se han ofrecido a exponer sus gastos en el Congreso. Bueno pues que alguien recoja el ofrecimiento y podamos al menos escuchar lo que nos quieran contar.

Pero hay vida después de los viajes, y el informe del Tribunal contiene una serie de recomendaciones al CGPJ, algunas de ellas particularmente sorprendentes e impactantes porque no estamos hablando de un ayuntamiento, o de un ente autonómico o de la administración central, sino del órgano superior del poder judicial, ni más ni menos.

La primera recomendación es en realidad para el Gobierno y no se ciñe al CGPJ sino al resto de órganos constitucionales ya que todos ellos carecen de oficina contable, es decir, no registran ni contabilizan la gestión de su propio presupuesto (estas tareas las lleva a cabo la Intervención General de la Administración del Estado). Sin esta oficina contable, no es sencillo por ejemplo disponer de algo tan básico como las cuentas anuales del CGPJ (o del propio Tribunal de Cuentas que se encuentra en la misma situación). En su comparecencia, el Presidente del Tribunal de Cuentas recordó que en el anteproyecto de la Ley de Presupuestos de este año había una norma por la cual se creaban las oficinas contables de los órganos constitucionales pero finalmente no salió adelante. Si disponer de oficinas contables proporciona transparencia y claridad a la propia gestión de cada uno de estos órganos constitucionales… ¿por qué el Gobierno reculó?.

Otro aspecto que el Tribunal ha destacado en su informe es que se han observado incumplimientos de la normativa aplicable y deficiencias que afectan principalmente a las ayudas satisfechas a las asociaciones judiciales para financiar sus gastos de funcionamiento. Se ha producido una situación de superávit presupuestario de dichas asociaciones que deriva del modelo establecido por el CGPJ, en virtud del cual la actividad asociativa ordinaria ha estado financiada casi íntegramente con cargo a subvenciones públicas, con independencia de sus restantes ingresos y recursos. El Tribunal recomienda que el CGPJ revise y en su caso modifique el modelo de financiación con subvenciones públicas de las asociaciones judiciales.

Finalmente en el informe de fiscalización se ha advertido falta de previsión y ausencia de planificación en la preparación de los contratos. Estas circunstancias han ocasionado modificaciones contractuales, prórrogas extemporáneas e incluso una inadecuada selección de los procedimientos de adjudicación… El Tribunal de Cuentas recomienda al CGPJ que elabore un manual de contratación que asegure mecanismos suficientes de coordinación, seguimiento y control y que doten de estabilidad y seguridad jurídica a la contratación. También aconseja el establecimiento de un sistema de planificación de la gestión y de “presupuestación”, que contribuya a la tramitación de los procedimientos con arreglo a los principios de igualdad, objetividad, publicidad, transparencia, concurrencia y eficiencia que han de informar esta materia.

Y la pregunta inevitable ¿cómo es posible que se tenga que hacer esta recomendación sobre la contratación al Consejo General del Poder Judicial? Y sobre todo, ¿nadie se había dado cuenta hasta el informe de fiscalización del Tribunal?.

Dentro de la respuesta al informe por parte del Consejo General del Poder Judicial, podemos leer que, en el ámbito de la lealtad institucional y del respeto a las competencias del resto de los órganos constitucionales del Estado, no puede sino cumplimentar las recomendaciones recogidas en el informe del Tribunal de Cuentas correspondiente a la fiscalización de su ejercicio 2010. A ver si es verdad y si este informe de fiscalización contribuye a que el CGPJ tenga el funcionamiento ejemplarizante que debería tener en todos y cada uno de los aspectos de su actividad, pues bienvenido sea.

10 comentarios
  1. KC
    KC Dice:

    Y sobre todo, ¿nadie se había dado cuenta hasta el informe de fiscalización del Tribunal?.

    No, si a usted hasta le parecerá raro… Yo le podría preguntar… ¿no se había dado cuenta nadie hasta ahora de cómo funciona el asunto y de que la previsión jurídica -y la no jurídica- es absolutamente lamentable? Por cierto, el Tribunal de Cuentas del que habla, ¿es el mismo que hace unos meses aparecía en todos los medios como ejemplo de endogamia pura y dura? Lo digo por saber si esto ya es un caso de poca vergüenza ajena o directamente de enfermedad mental (llevo un par de años sin saber responder correctamente a esta dicotomía). Imagino que al final el nexo causal de según qué hechos es el mismo que el de los chimpancés en Tanzania…
    Al menos estamos abriendo los ojos, hace 5 años contaba uno estas cosas y el loco era él… En fin, como cambia el curso de las cosas cuando la gente se preocupa de los cómos y los porqués.

  2. David Sotomonte
    David Sotomonte Dice:

    Que el Tribunal de Cuentas advierta al CGPJ sobre la falta de previsión y ausencia de planificación en la preparación de los contratos es de traca.

    Lo que entiendo que no aparece en el informe del Tribunal es la politización del CGPJ, como hemos podido observar con las noticias recientes en los medios de comunicación de la vocal de CIU del CGPJ y su “trasiego” de dinero a Andorra.

    Hasta que no deje de haber vocales de partidos políticos es imposible que los organimos constitucionales cumplan de verdad con la función que tienen encomendada. Lo mismo le pasa al Tribunal de Cuentas claro.

  3. Abogados Madrid
    Abogados Madrid Dice:

    me parece increible todo lo que se ha contado en el post, tres años para hacer un informe!!! Si en la justicia todo es así…no me extraña nada como van las cosas

    muchas gracias por el artículo, un saludo

  4. Francast
    Francast Dice:

    Si las instituciones de este país funcionan así, sin control y desgobierno y robando por todas partes…como nos vamos a sorprender que Podemos tenga cada día más adeptos?
    Gracias por el post Jaime

  5. Próspero
    Próspero Dice:

    Todo esto es consecuencia de una circunstancia poco conocida pero, a mi juicio, de extrema relevancia para explicar el desastroso funcionamienton del CGPJ (en el plano administrativo, en el político está todo dicho). Casi la totalidad del “staff” del Consejo, los llamados “letrados” (más de un centenar), que desempeñan las distintas jefaturas de servicios y secciones, son jueces, esto es, personas con una formación jurídica en Derecho civil, penal y procesal, pero sin conocimientos ni experiencia de gestión administrativa y -lo que es peor- con el hábito, profundamente enraizado, de “ir por libre”. Así se explican los misteriosos procedimientos de contratación del CGPJ, que el Tribunal de Cuentas, en tres años, solo ha podido atisbar, o la ineficiente y errática gestión de personal, que avergonzaría al responsable de recursos humanos de cualquier empresa mediana. Con estos mimbres, ¿qué podemos esperar? Sería un milagro que saliera algo bueno de aquella casa.

  6. Mercurio
    Mercurio Dice:

    La labor de la sociedad civil es lenta pero efectiva. La que parece ser una conversión del Tribunal de Cuentas en un Tribunal de Cuentas de verdad, la reacción del CGPJ aquí recogida, la renuncia de la vocal Pigem al CGPJ son muestra de ello.
    Los ciudadanos sí que tenemos un papel que cumplir.

  7. Elisa de la Nuez Sánchez-Cascado
    Elisa de la Nuez Sánchez-Cascado Dice:

    Muchas gracias por currarte el informe Jaime. Está claro que en casa del herrero cuchillo de palo y que el CGPJ, como la mayoría de nuestros organos constitucionales, han estado por encima del bien y del mal (o para ser más exactos, por encima de las leyes) hasta hace dos minutos y medio, Ojalá que este tipo de informes sirva para que se pongan las pilas aunque desde luego es de traca que a) el informe se emita con tantísimo retraso b) no le cueste un euro a nadie. En fin, con todo es un progreso sobre lo que había, que era absolutamente nada.

  8. O,Farrill
    O,Farrill Dice:

    ¿De qué nos asombramos? Todavía seguimos pensando que el problema es el “fraude fiscal” y persiguiendo con saña recaudadora los 200 euros incorrectamente reflejados en las declaraciones a Hacienda. Si pusieran a los funcionarios de Hacienda a llevar la contabilidad y el control o intervención de las instituciones públicas, quizá saldríamos ganando. ¿Con qué autoridad moral un juez va reclamar el “fraude fiscal” si su máximo órgano de gobierno no es capaz de seguir los procedimientos administrativos ordinarios en una contratación o, como se dice, va por libre? El problema es que aquí casi todos somos sospechosos o casi todos somos culpables de algo pero se persigue de forma “asimétrica” (como dirían algunos) a los implicados. No me canso de repetir que las irregularidades en las AA.PP. y -al parecer- en todas las instituciones se originan cuando se hacen saltar los controles previos de gasto y la discrecionalidad política se impone. Eso sí, luego se asustan de que los “inversores” o “especuladores” salgan corriendo asustados. Ciñámonos a lo que tenemos y vale ya de seguir mendigando por los mercados para financiar proyectos faraónicos como las CC.AA. y todas las excrecencias institucionales.

  9. Jesús Casas
    Jesús Casas Dice:

    “Si disponer de oficinas contables proporciona transparencia y claridad a la propia gestión de cada uno de estos órganos constitucionales… ¿por qué el Gobierno reculó?.” Si la pregunta es la respuesta ¿para qué la pregunta? Pero si alguien lo sabe con cabalidad y certidumbre, que lo exponga. Tal vez es que eso requiere contratar funcionarios porque de los millones existentes no pueden reciclarse los necesarios para esta tarea de picar facturas y ponerlas en claro en una plantilla contable, para que alguien la revise. “Buenas noches y buena suerte”, como dijo aquel Presidente de mi tierra que aprendió economía en cuatro tardes…y así nos fue a los demás, salvo al que se lo dijo (a micrófono abierto), al que no le va mal, según parece. Al menos, ahora hay CENDOJ.

  10. De Lege Ferenda
    De Lege Ferenda Dice:

    Cito de la desamparada Constitución Española: el siempre vulnerado Artículo 127:
    1. Los Jueces y Magistrados así como los Fiscales, mientras se hallen en activo, no podrán desempeñar otros cargos públicos, ni pertenecer a partidos políticos o sindicatos. La ley establecerá el sistema y modalidades de asociación profesional de los Jueces, Magistrados y Fiscales.
    2. La ley establecerá el régimen de incompatibilidades de los miembros del poder judicial, que deberá asegurar la total independencia de los mismos.
    INTERPRETACIÓN DEL PRECEPTO (unánime): “Y una mierda”. Voto particular, no discrepante de la mayoría: “Que se jodan”.
    En los “territorios territoriales” se anticiparon: Los TSJs se crearon sobre las ruinas de las Audiencias Territoriales, sobre una premisa: Los Parlablablablamentos autonosequés colocarán en ellos -y además, en su Sala Primera -Civil Y PENAL- a sus huestes.
    Nota: entonces (sobre el año 1980) los NeoMagistrados de los así creados TSJs devolvieron sus carnetes a sus partidos; y ¡tachán!, de la mano de Tamaríz, el pasado desapareció en aquél instante del presente ¿ya pretérito?
    Por cierto, el Tribunal de Cuentas debería emparentar con el Consejo General del Joder imPudicial; así todo quedaría en la misma casa .. si, de esas con neones que anuncian -impunemente- la venta de carne humana.
    Y con las Universidades. Y con la “Administración Institucional”. Y con los demás órganos inConstitucionales. Y con las Empresas Públicas. Y con los Ayuntamientos. Y con las Diputaciones.
    Ahh!, perdón, que ya lo están.
    En cualquier caso, con todos ellos, podríamos fletar una armada de barcos sin honra. Serían Piratas, pero se presentarían como Corsarios. Como ahora, pero en alta mar.
    Ahh!, perdón de nuevo; olvidaba que no son nuestras esas “casas”, sino sus cortijos.
    Me pregunto, ¿para que querrán modificar la Constitución?

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