¿Desaparecerán los imputados?
La relevancia de las palabras en el mundo del Derecho es inmensa. Sin ellas, no podría desplegarse el contenido de las normas que componen el ordenamiento jurídico vigente y no podría desarrollarse adecuadamente la actividad comunicativa de los entes que ejercen poderes en el Estado.
Se pretende lograr que la palabra “imputado” deje de formar parte del glosario jurídico procesal penal español por las connotaciones negativas que están relacionadas con ella. El problemático término, que según el Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española se refiere a una persona “contra quien se dirige un proceso penal” , será sustituido por la palabra “investigado”, cuya contundencia mediática es menor. Francisco Sosa Wagner ha comentado este asunto y ha afirmado que “en España estamos en el camino de acabar con la corrupción porque ya no hay imputados”. Además, ha dicho que habría que utilizar los términos “curioseado”, “olfateado” y “desenmascarado”.
La corrupción es un problema grave que se ha implantado como una de las principales causas de preocupación de la sociedad debido a su extensión dentro del sistema institucional español y a su arraigo. Todas las semanas se publican noticias sobre la imputación de miembros de los grandes partidos políticos en procesos penales. Este hecho ha acabado produciendo la idea de que todo político que resulta imputado es culpable, ya que se cree que todos los dirigentes políticos forman parte de una casta y que son delincuentes.
En un articulo de opinión titulado ”Adiós a los imputados”, Carlos Domínguez Luis afirma que ”hemos llegado a un punto en el que, si la imputación recaía sobre una persona con cierta relevancia pública, la situación era extrema”. Ciertamente, no le falta razón cuando señala que el término ”imputado” se asocia, comúnmente, con dirigentes políticos que han cometido un delito, dejando al margen la presunción de inocencia. Sin embargo, debe tenerse presente que el cambio terminológico no garantiza que pueda desaparecer el estigma del político imputado.
No seria extraño que, transcurridos algunos meses desde la implantación de la palabra “investigado” u otra que se quiera establecer, el nuevo término jurídico procesal penal adquiera las connotaciones negativas que tiene actualmente la palabra “imputado”, ya que, en realidad, lo que importa en este campo no son los términos, sino lo que hay detrás de ellos, que es la sospecha que recae sobre aquellos dirigentes políticos que pueden haber cometido una infracción penal según los indicios racionales de criminalidad existentes. No entender esta idea terminará causando desilusión entre todos aquellos que piensan que acabar con una palabra puede acabar con una idea existente en la mentalidad de la ciudadanía.
Lo que hay que hacer es enseñar a los componentes de la sociedad a respetar la presunción de inocencia dentro de sus límites y procurar que no haya dirigentes que participen activamente en tramas de corrupción pública. La verdadera regeneración política debe lograrse con la alteración de las circunstancias. No puede conseguirse con la modificación de los términos, a pesar de que las palabras tienen una gran trascendencia.
Licenciado en Derecho por la Universidad de Málaga y letrado de la Administración de Justicia. Colabora habitualmente con prensa digital generalista y con medios de comunicación especializados en el Derecho: Economist & Jurist, Law&Trends, Lawyerpress y Legaltoday.
Fue becario de colaboración del Departamento de Derecho Público de la Universidad de Málaga durante el Curso 2013/2014 y es experto universitario en responsabilidad civil por la Universidad Nacional de Educación a Distancia.
Segundo premio del concurso “¿Cómo reescribirías la Constitución del Doce?”, organizado por la Universidad de Cádiz en el año 2012.
Primera posición en la séptima edición del Premio de Derecho Procesal de la Universidad de Málaga, en el año 2014.
El problema del Derecho en España (y en Europa) no está en las palabras y su posible significado, sino en su excesiva abundancia y reiteración en los textos jurídicos, como si la "cantidad" pudiera suplir la deficiente "calidad" de los mismos. La palabra "imputado" tiene una sola explicación: "acusado de…" Luego vendrá la confirmación o no de delito. Si, en lugar de moverse en los círculos mediáticos por filtraciones diversas, se atuviera a la discreción que debe tener todo contexto jurisdiccional, no habría porqué hacer cambios superfluos. La Justicia y el Derecho precisan otro tipo de tratamiento menos cosmético y más riguroso que elimine de una vez por todas cualquier tipo de inseguridad jurídica y eso sólo se consigue con textos claros, precisos, austeros y al alcance de cualquier ciudadano pero, además, deberá buscar la racionalización y proporcionalidad de las penas. Sigo creyendo que la Justicia debe prevalecer sobre el Derecho (ya que éste es su simple herramienta) y que una ley injusta carece de legitimidad y así debe entenderse en su aplicación. Sé que esto es muy opinable pero para eso está el debate cívico del "soberano".
El problema del Derecho en España (y en Europa) no está en las palabras y su posible significado, sino en su excesiva abundancia y reiteración en los textos jurídicos, como si la "cantidad" pudiera suplir la deficiente "calidad" de los mismos. La palabra "imputado" tiene una sola explicación: "acusado de…" Luego vendrá la confirmación o no de delito. Si, en lugar de moverse en los círculos mediáticos por filtraciones diversas, se atuviera a la discreción que debe tener todo contexto jurisdiccional, no habría porqué hacer cambios superfluos. La Justicia y el Derecho precisan otro tipo de tratamiento menos cosmético y más riguroso que elimine de una vez por todas cualquier tipo de inseguridad jurídica y eso sólo se consigue con textos claros, precisos, austeros y al alcance de cualquier ciudadano pero, además, deberá buscar la racionalización y proporcionalidad de las penas. Sigo creyendo que la Justicia debe prevalecer sobre el Derecho (ya que éste es su simple herramienta) y que una ley injusta carece de legitimidad y así debe entenderse en su aplicación. Sé que esto es muy opinable pero para eso está el debate cívico del "soberano".
Los medios de comunicación han abusado de la figura del "imputado", cuando en realidad cualquier persona mínimamente versada en Derecho sabe que un juez de instrucción, cuando recibe una denuncia en que se atribuye a una persona un posible hecho delictivo, tiene que llamarle a declarar asistido de Abogado, para evitarle la indefensión.
Así que todos podemos ser "imputados": basta con que cualquier vecino se invente una historia sobre nosotros, por descabellada o absurda que sea, y que esa historia tenga apariencia de posible delito, pues el juez se verá obligado a llamarnos a declarar para esclarecer la cuestión.
Esta reforma terminológica era necesaria porque inducía a confusión, y esto no tiene nada que ver con la lucha contra la corrupción, que de lo que está necesitada realmente es de una agilización de la actuación judicial, de modo que la instrucción judicial se limite meramente a recabar los elementos necesarios para la apertura del juicio oral, y sea en éste donde con plenitud de "cognitio" se dirima la existencia o no de responsabilidad penal.
Los medios de comunicación han abusado de la figura del "imputado", cuando en realidad cualquier persona mínimamente versada en Derecho sabe que un juez de instrucción, cuando recibe una denuncia en que se atribuye a una persona un posible hecho delictivo, tiene que llamarle a declarar asistido de Abogado, para evitarle la indefensión.
Así que todos podemos ser "imputados": basta con que cualquier vecino se invente una historia sobre nosotros, por descabellada o absurda que sea, y que esa historia tenga apariencia de posible delito, pues el juez se verá obligado a llamarnos a declarar para esclarecer la cuestión.
Esta reforma terminológica era necesaria porque inducía a confusión, y esto no tiene nada que ver con la lucha contra la corrupción, que de lo que está necesitada realmente es de una agilización de la actuación judicial, de modo que la instrucción judicial se limite meramente a recabar los elementos necesarios para la apertura del juicio oral, y sea en éste donde con plenitud de "cognitio" se dirima la existencia o no de responsabilidad penal.
En todo el mundo, los abogados juegan con las palabras y juegan sucio. Cuando les conviene piden precisión y cuando les conviene son bien vagos, con clara intención de confundir. Peor, muchos abogados son meros cómplices de políticos y de otras personas poderosas pero sin integridad alguna y por lo tanto su confusión es más moral que semántica. Por esto no creo que el debate sobre el uso de la palabra imputado tenga importancia alguna.
Lo que sí debiera tener importancia es la presunción de inocencia, especialmente para abogados que proclaman su adhesión incondicional al imperio del Derecho. Pero por sus acciones los terminamos conociendo (muchos adherentes pronto sucumben a la tentación del linchamiento). Ojalá el autor tenga ideas concretas sobre cómo proteger la presunción de inocencia cuando la judicatura es sólo un instrumento de la política y el gobierno.
Por su estrecha relación, sugiero al autor relacionar la presunción de inocencia en la acusación formal de la investigación policial y judicial con la presunción de veracidad en la información de los medios de comunicación. Sí, para muchos la presunción de veracidad de las declaraciones públicas de los gobernantes y sus agentes es necesaria pero subordinada a la presunción de inocencia, aunque en la práctica no sea así. Pero yo me refiero a la presunción de veracidad de la información periodística porque ha servido a dueños, gestores y periodistas de los medios de comunicación como justificación de su ambición de ser considerados cuarto poder (aunque en la realidad son simples cómplices de políticos y otros con poder). Esa presunción de veracidad de la información periodística es una de las formas más usadas para violar la presunción de inocencia y uno debería denunciarla todos los días y buscar medios para prevenirla.
Nota: Ejemplos diarios de violaciones fuertes de la veracidad en los medios de todo el mundo, incluyendo en particular a los medios españoles, abundan. Por suerte, a veces son tan grotescos que pronto tienen que pedir disculpas por el error (ayer Bloomberg Politics publicó la falsedad de que Nancy Reagan apoyaba la candidatura de Hillary Clinton y a las pocas horas tuvo que eliminar el artículo, pidiendo perdón, pero sin reconocer que cayeron en el error intencionalmente, esto es por su podredumbre).
En todo el mundo, los abogados juegan con las palabras y juegan sucio. Cuando les conviene piden precisión y cuando les conviene son bien vagos, con clara intención de confundir. Peor, muchos abogados son meros cómplices de políticos y de otras personas poderosas pero sin integridad alguna y por lo tanto su confusión es más moral que semántica. Por esto no creo que el debate sobre el uso de la palabra imputado tenga importancia alguna.
Lo que sí debiera tener importancia es la presunción de inocencia, especialmente para abogados que proclaman su adhesión incondicional al imperio del Derecho. Pero por sus acciones los terminamos conociendo (muchos adherentes pronto sucumben a la tentación del linchamiento). Ojalá el autor tenga ideas concretas sobre cómo proteger la presunción de inocencia cuando la judicatura es sólo un instrumento de la política y el gobierno.
Por su estrecha relación, sugiero al autor relacionar la presunción de inocencia en la acusación formal de la investigación policial y judicial con la presunción de veracidad en la información de los medios de comunicación. Sí, para muchos la presunción de veracidad de las declaraciones públicas de los gobernantes y sus agentes es necesaria pero subordinada a la presunción de inocencia, aunque en la práctica no sea así. Pero yo me refiero a la presunción de veracidad de la información periodística porque ha servido a dueños, gestores y periodistas de los medios de comunicación como justificación de su ambición de ser considerados cuarto poder (aunque en la realidad son simples cómplices de políticos y otros con poder). Esa presunción de veracidad de la información periodística es una de las formas más usadas para violar la presunción de inocencia y uno debería denunciarla todos los días y buscar medios para prevenirla.
Nota: Ejemplos diarios de violaciones fuertes de la veracidad en los medios de todo el mundo, incluyendo en particular a los medios españoles, abundan. Por suerte, a veces son tan grotescos que pronto tienen que pedir disculpas por el error (ayer Bloomberg Politics publicó la falsedad de que Nancy Reagan apoyaba la candidatura de Hillary Clinton y a las pocas horas tuvo que eliminar el artículo, pidiendo perdón, pero sin reconocer que cayeron en el error intencionalmente, esto es por su podredumbre).
¿No sería mejor que los políticos dejasen de corromperse y de robar?
Acabaríamos con el problema del nombre en el acto.
Sí que estoy de acuerdo con el articulista: "enseñar a los componentes de la sociedad a respetar la presunción de inocencia dentro de sus límites".
Yo diría más bien imponer, por que es un derecho de una persona que no ha sido condenado en un juicio firme.
El que la mala calidad de persona de los políticos favorezcan otra cosa no quita para que sea un abuso y la vulneración de derechos humanos y constitucionales que han costado mucho implantar.
El problema está realmente en los programas de televisión y los tertulianos:
Son periodistas quienes lo dirigen o participan, por lo que no saben realmente las tonterías y barbaridades que están diciendo (o como una periodista se encargó de aclarar: "una cosa es la verdad mediática" y otra cosa es la verdad jurídica" (dicho más o menos)
La diferencia tendrá que ver, claro, en vivir de enlodar la imagen personal, laboral y familiar de un ser humano.
Parece que vamos atrás como los cangrejos.
Las cadenas buscan noticias que están repitiendo una y otra vez, por que son minutos de emisión muy baratos, pero que acaban creando alarma social en la población, que no sabe derecho y no puede sopesar bien la situación.
Lo peor son los programas de tertulianos, que están pensados no para debatir, sino para hacer un espectáculo a base de pelearse constantemente, quitarse la palabra, no escuchar….y poner a caldo a aquel que no es de su "ideología política " (entre comillas por que somos clases medias y nuestros intereses son muy parecidos)
¿A alguien le interesan programas como "La Clave"?
Eso no genera espectáculo barato.
Pero ese modo de comportarse que, repito, está pensado en buscar tertulianos que hagan de gladiadores, está educando al público a no pensar, a inflamarse sin saber porqué y en definitiva a dejar de ser ciudadanos para pasar a ser plebe.
En el proceso de pelearse con grosería, el derecho a la presunción de inocencia es el primero que desaparece por razones obvias. Por que estos programas y estos comportamientos favorecen los linchamientos televisivos.
Frente a la necesaria publicidad que tienen que seguir ciertas actuaciones judiciales , ¿Es posible respetar la presunción de inocencia?
En los países civilizados de Europa, parece que sí.
Aquí parece que los políticos y los periodistas y directores de programas que les son afines han decidido que no.
Invito a los responsables de este blog a hacer algo.
Si quieren, como dicen querer regenerar España.
Y como parece que lo están haciendo desde el campo del Derecho.
¿No sería mejor que los políticos dejasen de corromperse y de robar?
Acabaríamos con el problema del nombre en el acto.
Sí que estoy de acuerdo con el articulista: "enseñar a los componentes de la sociedad a respetar la presunción de inocencia dentro de sus límites".
Yo diría más bien imponer, por que es un derecho de una persona que no ha sido condenado en un juicio firme.
El que la mala calidad de persona de los políticos favorezcan otra cosa no quita para que sea un abuso y la vulneración de derechos humanos y constitucionales que han costado mucho implantar.
El problema está realmente en los programas de televisión y los tertulianos:
Son periodistas quienes lo dirigen o participan, por lo que no saben realmente las tonterías y barbaridades que están diciendo (o como una periodista se encargó de aclarar: "una cosa es la verdad mediática" y otra cosa es la verdad jurídica" (dicho más o menos)
La diferencia tendrá que ver, claro, en vivir de enlodar la imagen personal, laboral y familiar de un ser humano.
Parece que vamos atrás como los cangrejos.
Las cadenas buscan noticias que están repitiendo una y otra vez, por que son minutos de emisión muy baratos, pero que acaban creando alarma social en la población, que no sabe derecho y no puede sopesar bien la situación.
Lo peor son los programas de tertulianos, que están pensados no para debatir, sino para hacer un espectáculo a base de pelearse constantemente, quitarse la palabra, no escuchar….y poner a caldo a aquel que no es de su "ideología política " (entre comillas por que somos clases medias y nuestros intereses son muy parecidos)
¿A alguien le interesan programas como "La Clave"?
Eso no genera espectáculo barato.
Pero ese modo de comportarse que, repito, está pensado en buscar tertulianos que hagan de gladiadores, está educando al público a no pensar, a inflamarse sin saber porqué y en definitiva a dejar de ser ciudadanos para pasar a ser plebe.
En el proceso de pelearse con grosería, el derecho a la presunción de inocencia es el primero que desaparece por razones obvias. Por que estos programas y estos comportamientos favorecen los linchamientos televisivos.
Frente a la necesaria publicidad que tienen que seguir ciertas actuaciones judiciales , ¿Es posible respetar la presunción de inocencia?
En los países civilizados de Europa, parece que sí.
Aquí parece que los políticos y los periodistas y directores de programas que les son afines han decidido que no.
Invito a los responsables de este blog a hacer algo.
Si quieren, como dicen querer regenerar España.
Y como parece que lo están haciendo desde el campo del Derecho.
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