El palacio de las intrigas: sobre la reelección del Presidente de la sala III del TS

Si fuésemos nosotros quienes utilizásemos esta expresión en conexión con el Consejo General del Poder Judicial, muchos lectores nos llamarían de todo, desde pirómanos institucionales hasta voceros del populismo. Pero cuando la expresión se convierte en arma arrojadiza entre el Presidente del CGPJ, Sr. Lesmes, y el Presidente de la Sala Tercera del TS, Sr. Sieira, entonces hasta el lector más escéptico debería ponerse en situación de atentos.

Esto es lo que ha ocurrido con ocasión de la elección en curso a la Presidencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo, a la que concurren el actual Presidente de esa Sala, buscando su reelección, y (además de otros dos magistrados) el candidato preferido por Presidente del Consejo, el Sr. Díez-Picazo. Al menos según nos indica esta noticia publicada ayer en el diario El Mundo (aquí). Lesmes afirmó al inicio de su presidencia que no quería que el Consejo se convirtiese en un palacio de las intrigas. Sieria, por lo que resulta de sus declaraciones de ayer, teme que eso esté ya ocurriendo.

En estos casos la reelección suele ser la norma habitual, salvo, se supone, que el ejerciente haya desempeñado su cargo de forma manifiestamente deficiente. Ahora bien, el problema (para nosotros) es que la calificación de lo que es actuación deficiente en las altas instancias de la magistratura es hoy, en España, un tanto conflictiva.

El origen de la desafección entre Lesmes y Sieira se encuentra en el sonado caso del indulto al kamikaze. La ponencia correspondió a Lesmes, que proponía confirmar el indulto. Sin embargo, Sieira llevó el caso al Pleno, donde el hoy presidente del Consejo vio cómo no lograba el apoyo de la mayoría, que lo anuló. Lesmes firmó uno de los votos particulares en contra de dicha sentencia. Recordemos que el controvertido indulto se concedió, siendo entonces ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, en contra de los informes emitidos por la Fiscalía y el Juzgado y en contra de la práctica habitual de no indultar este tipo de delitos contra la seguridad vial. Según noticias de prensa, el kamikaze además de  relaciones familiares con cargos del PP, estaba defendido por el abogado Esteban Astarloa, del bufete Uría y Menendez, donde también trabaja el hijo del Ministro Ruiz Gallardón, José Ruiz-Gallardón Utrera. La sentencia anulando el RD de indulto fue comentada en este blog por Lucas Blanque (aquí).

Nadie puede dudar de que esta sentencia sentó rematadamente mal en el Gobierno, pues ponía en entredicho uno de sus privilegios clásicos, que en esta época convulsa en que vivimos no deja de tener su importancia. La conclusión evidente es que, cualquier Gobierno, pero especialmente el del PP, no puede estar muy contento con el Sr. Sieira como Presidente de la Sala Tercera, máximo órgano de control de la actividad normativa del Ejecutivo.

La verdad es que en un país normal esto debería ser suficiente como para reelegirle. Cuanto más en uno, como el nuestro, tan necesitado de freno a lo que García de Enterría denominó las inmunidades del poder.

Pero hay otro motivo todavía mucho más de peso para que a nosotros, los sufridos ciudadanos, nos interese que Sieira continúe en su puesto y que es el mismo, seguramente, por el que algunos desean lo contrario: la nueva Ley Mordaza y la modificación del Código Penal.

En un artículo publicado el pasado viernes en el último número cero del semanario Ahora (aquí) recordaba la importancia práctica que tiene la despenalización de las faltas y la atribución a la Administración de una importante y contundente facultad sancionadora en el ámbito de la seguridad ciudadana. La iniciativa procesal se invierte y uno tiene que combatir contra los privilegios de la Administración. Pues bien, que esos privilegios terminen siendo en la práctica mayores o menores depende muy mucho de la doctrina que al respecto vayan sentando los Tribunales y, destacadamente entre ellos, la que vaya sentando la Sala tercera del Tribunal Supremo.

Nuestra opción no denota ideología, y menos aún afección partidista. Partimos simplemente de la conveniencia de salir en defensa del Estado de Derecho cuando sentimos que está amenazado. En definitiva, de esas reglas de juego comunes que posibilitan que, posteriormente, exista la ideología y la afección partidista. Pero, eso sí, dentro de un orden.

10 comentarios
  1. Manu Oquendo
    Manu Oquendo Dice:

    De una u otra forma el Poder termina siempre mangoneando la Justicia y no íbamos nosotros a ser excepción. Si a lo anterior añadimos que carecemos de conceptos como el Common Law o el Derecho Natural (finiquitado tiempo ha por ser incomodidad insoportable para que el Poder prospere) va a ser muy difícil evitar tanto el mangoneo como su progresivo refinamiento para adaptarse a las apariencias que se vayan exigiendo desde las alturas.

    Al problema que con tanta razón plantea Rodrigo no se le ve solución sencilla, pero creo que cualquier cosa sería mejor que tener a los Partidos metiendo la cuchara en el gobierno de los Jueces.

    No es que uno tenga especial consideración por las dinámicas actuales del Estado de Derecho que ha conseguido tejer en pocos años una maraña normativa ridículamente indescifrable la mayor parte de la cual ya proviene de órganos supranacionales.

    Hoy mismo esas instituciones han decido regular lo que hago en mi huerta tras dictarme lo que puedo hacer en el jardín de casa.

    Va siendo hora de abordar, desde la ciudadanía,

    1. La hipertrofia normativa.
    2. Sus efectos sociales.
    3. Sus efectos sobre las personas individuales.
    4. Las relaciones entre Ciudadanía y Poder que a través de ellas se establecen.
    5. Su coste económico y psicológico.

    Si en este proceso ayudasen las Clases Togadas probablemente sería todo mucho más sencillo y se entenderían mejor los esfuerzos que algunos segmentos sociales, entre ellos los más poderosos, están haciendo por salir a respirar fuera de esta maraña inextricable y destructiva.

    Mediaciones, arbitrajes, Zonas económicas Especiales, Tribunales ad hoc para TTIP y TPP, etc. Todos ellos instrumentos de poder y ejercicio jurisdiccional por obsolescencia y disfuncionalidad de los sistemas vigentes.

    El caso es que, carentes de decálogos naturales y tradiciones contrastadas, (Principios) se hace infinita la capacidad de expansión de las normas que nos son aplicables.

    Las cosas, todas, tienen límites. Funcionan entre ciertos parámetros y dejan de hacerlo fuera de ellos.

    El caso es que probablemente hace tiempo que cruzamos los límites de lo humanamente manejable y estamos viviendo los efectos de la Ley de Ashby una vez que el coste de los Controles supera los Rendimientos del sistema. Individual y colectivamente. (Nota 1)

    Esta ley es casi la única Ley Cibernética. Parece sencilla e intuitiva. No lo es y conviene estudiarla despacio. Pero está ausente de los estudios jurídicos formales. Como si no interesase.

    Al tiempo que Rodrigo alerta sobre el lamentable estado del desgobierno de los Partidos sobre los Jueces (ojo a la territorialidad reptante) hoy viene en El País un artículo que de modo paralelo ilustra sobre la emergencia de Organizaciones de Gran Poder que son incapaces de Sintonizar ni con el Sentido Común ni con su Propia Ciencia.

    http://internacional.elpais.com/internacional/2015/07/14/actualidad/1436888104_303172.html

    Están programados para Reconocer y Responder al Poder. El resto ni siquiera lo entienden y entran en estado Catatónico si se les plantea. Incapaces de entender preocupaciones que no sean las de sus amos.

    Buenos días

    Nota 1. http://pespmc1.vub.ac.be/Books/AshbyReqVar.pdf

  2. Lucía de las Heras
    Lucía de las Heras Dice:

    Esa sentencia del “indulto del kamikaze” ha cambiado, en cierto modo, la historia de España.

    Hasta entonces la regla general, en materia de corrupción, era que los jueces instruían y juzgaban “pa ná” (valga la expresión), pues luego el Gobierno indultaba “y aquí paz y después gloria”.

    Así ocurría en todos los graves casos de corrupción política, institucional y financiera; tanto con gobiernos del PSOE como del PP.

    Con lo cual no había verdadero miedo a delinquir por parte de los jerarcas del poder político y económico.

    Todo el mundo sabe que, en otro escenario (como el de hace muy pocos años), los graves casos de corrupción como Gürtel o “EREs de Andalucía” se habrían saldado con indultos para todos. Era la costumbre.

    Sin embargo, el indulto del “Kamikaze” provocó gran indignación en la ciudadanía, y esa rabia popular (favorecida por Internet y las redes sociales) favoreció que, a virtud de un recurso cont-advo formulado frente a aquel indulto, el Tribunal Supremo lo dejase sin efecto.

    Fue un punto de inflexión.

    A partir de ese momento los indultos “a tutiplén” parecen haber pasado a la historia. Y ahora hay un control social y ciudadano de los indultos, ejercido (sin ir más lejos) desde Hayderecho.com y otras webs amigas.

    Así pues, la sentencia sobre el “indulto del kamikaze” fue una gran sentencia, una sentencia histórica, y es muy triste que por algunos quiera represaliarse (precisamente) al magistrado que la propició.

  3. De Lege Ferenda
    De Lege Ferenda Dice:

    Un oasis.
    Harto de leer barbaridades y mentiras, desde todos los puntos cardinales de los intereses políticos más viles, acerca de la “ley Mordaza”, por fin don Rodrigo pone los puntos en donde se debe. Gracias.
    El quid está en el denominado “Efecto desaliento” en el ejercicio de los Derechos Fundamentales:
    “Así se ha declarado en la STC 110/200, de 5 de mayo EDJ 2000/5875 , respecto del ejercicio de las libertades de expresión e información resolución en la que se señala que el Juez al aplicar la norma penal, como el legislador al definirla, no pueden "reaccionar desproporcionadamente frente al acto de expresión, ni siquiera en el caso de que no constituya legítimo ejercicio del derecho fundamental en cuestión y aun cuando esté previsto legítimamente como delito en el precepto penal" (Fi 5). 0, en el mismo sentido, en un asunto relativo a la libertad sindical ( art. 28.1 CE EDL 1978/3879 ): "La dimensión objetiva de los derechos fundamentales, su carácter de elementos esenciales del Ordenamiento jurídico permite afirmar que no basta con la constatación de que la conducta sancionada sobrepasa las fronteras de la protección constitucional del derecho, sino que ha de garantizarse que la reacción frente a dicha extralimitación no pueda producir por su severidad, un sacrificio innecesario o desproporcionado de la libertad de la que privan, o un efecto… disuasor o desalentador del ejercicio de los derechos fundamentales implicados en la conducta sancionada" ( STC88/2003, de 19 de mayo EDJ 2003/10446 , FJ 8 y las en ella citadas sobre el "efecto desaliento")”.

  4. Arturo Muñoz
    Arturo Muñoz Dice:

    Un post muy interesante. Ayer, al leer las noticias sobre las declaraciones de Sieira ante el CGPJ, me quedé bastante sorprendido. El todavía Presidente de la Sala Tercera denunciando en su comparecencia –y exposición de méritos- la existencia de intrigas (hay que entender ilegítimas) para descabalgarle de la Presidencia. Pero creo que si, como ha hecho, da el paso de denunciarlo públicamente -lo que es elogiable-, debería haber especificado a qué tipo de conductas en concreto se estaba refiriendo. Esa “transparencia a medias” genera muchas dudas sobre el modo de proceder del CGPJ, cuyos acuerdos son fiscalizados, por cierto, por la Sala de lo Contencioso-administrativo (a la que Sieira, como Presidente o no, seguirá perteneciendo). Si se están produciendo presiones indebidas por parte del Gobierno –o “malos oficios” por parte del Sr. Lesmes-, y al Sr. Sieria le constan, el asunto es muy serio. No creo que pueda darse por zanjado el asunto con mera advertencia críptica. Por lo demás, coincido en que la STS de 20-11-2013 fue un pase de gigante en el control de las “inmunidades de poder.” Curiosamente, el Sr. Díez-Picazo formuló un voto particular concurrente a dicha sentencia, mientras que otro de los candidatos (Rodríguez-Zapata) firmó uno de los votos discrepantes. También es cierto que lo usual es que se renueve el nombramiento de los Presidentes de las Salas del TS, máxime cuando hay un dato objetivo en su favor: el notable descenso del tiempo de demora en la resolución de los recursos de casación durante su mandato. Así que la elección de cualquier otro candidato exigiría la existencia de razones muy poderosas –y verificables- para el cambio. Pero, vamos, yo ya me espero cualquier cosa. Tampoco pensé que escucharía jamás al Presidente de nuestro TS afirmar que al juez se le “controla” con el palo y la zanahoria. Solo espero que las intrigas palaciegas, de existir, sean un poco más sofisticadas.

  5. misael
    misael Dice:

    Es lo que pasa cuando se retuerce el derecho, que luego ya todo el mundo se toma a cachondeo la justica (Pedro Pacheco dixit). Que un caso como el del kamikaze indultado y convalidado por la justicia levanta en peso la justicia… no tanto por el tamaño del caso, sino por cómo se ha pisoteado el sentido común y la justicia.

    En el mismo sentido pasa con el tema del aborto. Que si causas sicologicas metidas con calzador, que si con 16 años no es necesrio permiso paterno, que si el doctor Morin indultado… ¿ acaso creen vds. que todo este guirigay que atenta contra la ley natural sale gratis a una sociedad ? No señor, no. Esto pasa factura y lo vemos cuando observamos una sociedad cada vez más inicua o unos poderes publicos enzarzados unicamente en la batalla por la imagen.

  6. Anónimo
    Anónimo Dice:

    Luis María Díez-Picazo, nuevo presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo
    Magistrado del alto tribunal desde 2008, ha obtenido 12 de los 21 votos del Pleno del CGPJ
    Autor
    Comunicación Poder Judicial
    El magistrado Luis María Díez-Picazo Giménez
    El magistrado Luis María Díez-Picazo Giménez
    El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha elegido hoy a Luis María Díez-Picazo Giménez nuevo presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, cargo en el que sucederá a José Manuel Sieira Míguez, cuyo mandato finalizó el pasado 14 de julio.

    Díez-Picazo, que ingresó en la Carrera Judicial en 2008 como magistrado del alto tribunal por el turno reservado a juristas de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio, ha obtenido 12 de los 21 votos del Pleno, frente a los 8 conseguidos por Sieira y uno por Eduardo Calvo Rojas.

    El nuevo presidente de la Sala Tercera se licenció en Derecho en 1980 en la Universidad Autónoma de Madrid, con la calificación de Premio Extraordinario de licenciatura, y se doctoró en el Real Colegio de España de la Universidad de Bolonia antes de convertirse, por oposición, en letrado del Ministerio de Justicia.

    Ha ejercido como abogado en Málaga y en Madrid, actividad que ha compatibilizado con la docencia como profesor en la Universidad de Málaga, el Instituto Universitario Europeo de Florencia, el Instituto de Empresa de Madrid y el Colegio Universitario de Estudios Financieros y como catedrático de Derecho Constitucional en las Universidades de Málaga y de Castilla-La Mancha.

    Su experiencia docente se completa con su labor como profesor asociado en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y como profesor de máster en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

    Díez-Picazo es autor de diez libros –entre ellos, “Sistema de derechos fundamentales”, “La derogación de las leyes”, “Régimen constitucional del Poder Judicial”, “La criminalidad de los gobernantes” y “La naturaleza de la Unión Europea”- y de decenas de artículos, y ha participado como ponente en numerosos cursos, conferencias y seminarios.

    Entre las sentencias de relevancia de las que ha sido ponente como magistrado del Tribunal Supremo destacan la de 11 de febrero de 2009, una de las tres del Pleno de la Sala Tercera que resolvieron la cuestión de la asignatura de Educación para la Ciudadanía; y más recientemente la de 19 de mayo de 2015, que anuló ciertos preceptos reglamentarios en materia de EREs en el sector público.

  7. Luke
    Luke Dice:

    Este nombramiento no solo es una vergüenza es también ilegal. Al gobierno no le gusta la independencia judicial y por medio del presidente del CGPJ a quitado al presidente de la sala del TS que se encarga, entre otros aspectos, de controlar la legalidad de los acuerdos del gobierno porque es alguien independiente y no se deja influir o presionar por el gobierno de turno o sus palmeros. El único pecado de Sieira es ser independiente, haber realizado una gran labor al frente del TS y ser desde siempre un excelente jurista -ya fue el juez mas joven de España en aprobar su oposición-. Su labor durante estos años es unánimemente reconocida por todos -incluidos los vocales del CGPJ del PP que recibieron la orden/presión de no votarle y que demostraron sin ningún pudor ni decencia que las habichuelas son las habichuelas-. Su autoridad técnica-jurídica y su comportamiento ejemplar impiden a Sieira recibir instrucciones de ningún partido político. Por ello, el nombramiento de un amigo del acomplejado presidente del CGPJ -que carece de “autoritas” alguna en el TS- nombrando a alguien que apenas lleva unos años en el TS -ni siquiera es presidente de alguna de las secciones de la sala tercera-, que carece de experiencia en órganos de gobierno y que nunca antes había pertenecido a la carrera judicial es inexplicable. Pero no solo es inexplicable y un claro atentado contra la independencia judicial y la división de poderes. Es, ademas ilegal. La normativa reguladora de los nombramientos de presidente de sala del TS -Reglamento 1/2010 de 25 de febrero- establece que los principios de mérito y capacidad actúan como limite a la libertad de nombramiento- como reconoce expresamente la jurisprudencia del TS que el reglamento menciona-. El articulo 8 establece como méritos específicos a valorar para el nombramiento el tiempo de servicio activo en la categoría de magistrado del TS y el tiempo de ejercicio en el orden jurisdiccional de la vacante. Solo en el TS, 21 años Sieira contra 7 años Picazo. Es difícilmente justificable sino imposible explicar la elección. Pero no solo esto, el propio articulo 7 establece como méritos comunes necesariamente a valorar en la elección, ademas del programa -donde es unánimemente reconocido que en la entrevista ante el CGPJ, Sieira no tuvo rival- la participación en órganos de gobierno del poder judicial, en especial de órganos de gobierno de tribunales. Picazo carece absolutamente de experiencia alguna. Sieira ha estado muchos años como presidente de sección de sala en el TS y los últimos cinco como presidente de Sala. Otra vez no solo es inexplicable, sino también ilegal. Por todo ello, por higiene democrática y por la defensa de la independencia del poder judicial, los legitimados para ello deberían impugnar el nombramiento. Todos ganaríamos, la Justicia lo agradecería y la independencia judicial saldría muy fortalecida.

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