Política de usar y tirar

La política está cambiando mucho en España, aunque por el momento quizá sea más en forma que en fondo. Las expectativas son altas: las exigencias sobre transparencia, lucha contra la corrupción o regeneración democrática, hacen esperar a muchos ciudadanos que España será pronto un mejor lugar donde vivir.

Pero el optimismo no debe impedir la prudencia. Se debe tomar conciencia del riesgo de “efectos secundarios” ante la celeridad de los cambios, la desconfianza entre los agentes políticos o su inexperiencia para manejarse en un entorno multipartidista. Uno de los principales riesgos es el cortoplacismo en las decisiones políticas.

No se trata de una amenaza nueva. Los responsables políticos siempre han tenido en mente que el impacto de sus acciones debe ser visible antes del final de su mandato, por ambición electoral o para rendir cuentas con la legítima expectativa de ser reelegidos para poder seguir desarrollando sus proyectos. Sin embargo, ese horizonte se está viendo reducido últimamente de los habituales cuatro años de una legislatura a plazos que en ocasiones se miden en escasos días.

Muchos dirigentes están cayendo en la obsesión de que cualquier medida que salga de sus labios o de su twitter debe ser perceptible como útil de manera inmediata para la “mayoría social”. En este mercado de la política “de usar y tirar” no caben las ideas complejas ni las que requieren un esfuerzo inicial o asumir cierto riesgo antes de dar sus frutos. Veamos tres ejemplos.

1. Por las “puertas giratorias” ha entrado buena puerta de la corrupción que sufrimos y se requiere una regulación más estricta para atajar este mal. La reacción inmediata es prohibir que quienes hayan ejercido una responsabilidad pública ocupen un puesto en el ámbito privado… por cinco años, por diez, de por vida… en su sector, en cualquiera… cuando se trata de cargos electos, de funcionarios en puestos directivos, ¡de cualquier empleado público!… ¿hasta dónde llegar con los familiares? Pero obrando así se agrava otro problema importante de nuestra democracia que es la “profesionalización de la política”, porque quien ejerciese una responsabilidad pública se vería abocado a saltar de un cargo a otro toda su vida sea o no competente, mientras que quedaría al margen de la política institucional mucho talento formado en el ámbito privado. La solución –inspirándose de otros países– pasa por regulaciones menos espectaculares pero más efectivas, basadas antes en la prevención que en la sanción, como sería un riguroso régimen de declaración de conflictos de intereses, cuya omisión fuera por sí misma indicio de delito. De igual manera, en lugar de imponer rígidas incompatibilidades entre cualquier puesto público y privado, resultaría globalmente más eficaz un exigente régimen de transparencia y la obligación de deducir de la remuneración pública todo lo que se gane en la privada.

2. Otro ejemplo es la caza de brujas a los consejos consultivos de las Comunidades Autónomas. Con el argumento de un ahorro inmediato y las insinuaciones de que no son más que un retiro dorado para sus consejeros se olvida analizar a fondo tanto la utilidad de estos órganos como la adecuación del perfil de quienes los integran. Los consejos consultivos, dado el volumen y la naturaleza de las materias que abordan, representan una eficaz descentralización de tareas que de otra manera debería realizar con mayores recursos el Consejo de Estado (por ejemplo, quien fuera su presidente, Francisco Rubio Llorente, solicitó a la Comunidad de Madrid que creara su propio consejo consultivo). Tienen cometidos tan necesarios como analizar la oportunidad política y calidad técnica de las leyes, resolver las demandas de reclamaciones patrimoniales de los ciudadanos con la Administración o asesorar a los entes locales, que en el caso de los más pequeños no disponen de servicios jurídicos propios. Sus consejeros suelen tener experiencia política (útil en estas funciones) pero con frecuencia también una sólida formación y carrera profesional; además de ser en general personas que se retiran de la política activa, su independencia se refuerza con su irrevocabilidad por el poder ejecutivo y con mandatos de duración superior a las legislaturas. Los antiguos presidentes que forman parte de los consejos (algo muy habitual en otros países) representarían de hecho el máximo exponente de esta independencia pues se trata de consejeros natos y permanentes, cuya representatividad se origina además de la mayoría que obtuvieron para ser elegidos. Estos consejos habitualmente celebran plenos semanales (igual que el Consejo de Ministros o muchos consejos de dirección se reúnen con esta frecuencia), donde se toman las decisiones finales pero no se limitan obviamente a trabajar en esos momentos. Por supuesto, es deseable optimizar su funcionamiento: adelgazar las remuneraciones y otros costes, preservar mejor la independencia de sus miembros, o coordinar los consejos consultivos entre ellos y con el Consejo de Estado para facilitar sinergias y armonizar la producción legislativa entre distintas comunidades autónomas. Se puede incluso realizar un balance más amplio de su coste-beneficio y plantearse cualquier escenario, pero prometer sin más su supresión sin haber analizado de veras su impacto, es una ocurrencia que no llega más lejos que los titulares del día siguiente, como lo prueba que los partidos que lo defienden en Madrid no usan esos mismos argumentos en las demás comunidades autónomas ni tampoco respecto al Consejo de Estado.

3. El máximo exponente del cortoplacismo se encuentra en las propuestas económicas y sociales. El funcionamiento de un sistema económico es complejo, no solo por factores como que el aumento de los tipos impositivos puede frenar la actividad económica de tal manera que el resultado llegue a ser una disminución de la recaudación, sino también por una miríada de variables cuyo impacto sobre el crecimiento y la igualdad pueden ser opuestos, y a menudo difíciles de predecir. La economía es una ciencia y, aunque sus expertos no deben reemplazar a quienes han sido elegidos para fijar los objetivos políticos de la sociedad, tampoco los políticos pueden hacer creer que no necesitan más armas que sus proclamadas buenas intenciones y honestidad. Puede ilustrarse con la engañosa comparación con que se estrenó la alcaldesa de Barcelona entre el coste de las becas-comedor y la subvención a la Fórmula 1, ya que lo relevante es comparar el coste de oportunidad de lo que Montmeló reporta a la ciudad frente a otros usos posibles; bien puede ser que los beneficios de actividades aparentemente superfluas sean el sustento de los ingresos para asumir las prioridades sociales que se determinen.

Se está insistiendo mucho y con razón en que los pactos han de producirse sobre programas, antes que sobre quién ejercerá cada cargo. Los programas se afirman en principios, pero deben ir más lejos. Quien solo propone como elementos de negociación vagas referencias a grandes objetivos (“acabar contra los corruptos”, “proteger el Estado de bienestar”, “preocuparse de la clase media” o “defender el bien común”), huyendo de cualquier propuesta compleja o cifrada, se está en realidad dejando las mangas anchas para decidir con oportunismo electoral lo que le convenga. En política hay medidas que pueden formularse en pocas palabras y concitar un amplio acuerdo (por ejemplo, el matrimonio homosexual) pero la mayoría son multiformes y sometidas a incertidumbres. Exijamos pues a nuestros representantes claridad pero no simplezas.

Víctor Gómez Frías

Víctor Gómez Frías (Madrid, 1979), profesor titular en ParisTech, ha desarrollado su carrera en universidades españolas y francesas, en el ámbito de la economía de los mercados públicos y las infraestructuras, la regulación profesional, la gestión de las empresas de ingeniería, la cooperación al desarrollo y la pedagogía de la ingeniería. Es ingeniero de caminos por la Universidad Politécnica de Madrid y la École Nationale des Ponts et Chaussées; doctor en economía y administración de empresas por la École Polytechnique; licenciado en derecho, en ciencias políticas y sociología, y en antropología por la UNED; máster en humanidades por la Universidad Carlos III. Milita en la agrupación parisina del PSOE y en la sección ‘Léon Blum’ del Parti Socialiste. Es miembro de la junta directiva del Foro +Democracia.