Los problemas de Lexnet en Madrid auguran una difícil transición hacia la justicia sin papeles
Es muy posible que Antonio Viejo, magistrado con una experiencia dilatada a sus espaldas, más de veinte años en el Juzgado de Instrucción número 20 y juez decano de Madrid desde junio del 2014, haya encontrado en Lexnet, aplicación que es el primer paso la modernización de la justicia, al introducir el concepto de comunicación electrónica, uno de los retos más desafiantes en los últimos años de su carrera profesional.
Hablar de modernización de la justicia es ir, uno por uno a los propósitos de nuestros Ministros de Justicia más contemporáneos, todos ellos tuvieron esa idea en su portfolio de actividades, pero por unos u otros motivos nunca se puso en marcha. Basta con recordar las palabras de Landelino Lavilla, Ministro de Justicia en 1978, cuando hablaba de la necesidad de dotar a la justicia de los medios tecnológicos; también en el Pacto por la Justicia del 2003 se habló de ello; fue el nacimiento de Lexnet pero, por unos u otros motivos, la aplicación no sólo no arrancaba sino que veía como la mayor parte de las CCAA con competencias transferidas diseñaba su sistema de gestión procesal inadaptable a cualquier otro.
El retraso de la puesta en marcha de Lexnet, doce años después de su primera aparición en la vida judicial revela que cualquier actividad en nuestra justicia necesita de planificación, medios y voluntad política. No fue sino hasta la puesta en marcha de la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, cuya Disposición Adicional Primera preveía, a partir del 1 de enero de 2016, de la obligatoriedad para todos los profesionales de la justicia y órganos y oficinas judiciales y fiscales, que aún no lo hagan, de emplear los sistemas telemáticos existentes en la Administración de Justicia para la presentación de escritos y documentos y la realización de actos de comunicación procesal en los términos de la ley procesal y de la Ley 18/2011, respecto de los procedimientos que se inicien a partir de esta fecha. En esta última se habla del expediente electrónico, clave para llegar a esta justicia digital, abierta las 24 horas al ciudadano y profesional.
Junto con este cambio notable en la Ley de Enjuiciamiento Civil se aprobaron otras normas para que el desembarco tecnológico fuera lo más sencillo posible. A nadie se le escapa que la búsqueda de la justicia sin papeles generará un cambio cultural importante en nuestros operadores jurídicos. Según nos comentaba el propio Ministro Catalá el pasado 29 de diciembre, se habían destinado cerca de 10.000 horas de formación en territorio Ministerio para formar a los profesionales, e incluso, diseñada LexnetAPP; una dirección en la red social @lexnetjusticia, amén de un equipo de atención al usuario por encima de las cincuenta personas. Sin embargo Lexnet, que pretende la comunicación electrónica entre los profesionales y operadores jurídicos, no ha logrado funcionar como se esperaba
Los diferentes operadores jurídicos lo han denunciado en diferentes ocasiones. de la norma que se prepara es fundamental que ésta tenga una memoria económica de lo que se va a hacer. CCAA como País Vasco, Andalucía, Cataluña o Valencia no han llegado a tiempo. Ahora sus equipos informáticos trabajan sin descanso para llegar a la otra gran fecha: 7 de julio de 2016 donde ya debería estar implantado el expediente electrónico de gestión procesal. Sin ese expediente, la comunicación online entre los juzgados y los operadores jurídicos es totalmente inviable. Desde fuera, da la sensación que las CCAA no han podido seguir el ritmo marcado por el Ministro Catalá en cuanto a plazos y objetivos.
Madrid no llega a Lexnet pese a sus esfuerzos
Este es el caso de la Comunidad de Madrid, una de las que más invierte en Justicia, no ha podido gestionar el paso a la justicia sin papeles. La prudencia de Antonio Viejo ha obligado a aprobar una serie de medidas para evitar el caos en los juzgados y salvaguardar los derechos de los ciudadanos. Lexnet ha contado con un gran aliado en Lexnet Abogacía, la plataforma creada por ITCGAE, entidad tecnológica de los abogados que ha ayudado a entender a muchos letrados cómo hacer su paso hacia ese entorno virtual. De hecho en la mayor parte de los Colegios de Abogados se han celebrado muchos cursos para explicar a sus colegiados el funcionamiento de la aplicación.
En el documento que adjuntamos por su interés se indica que ante la falta de medios existentes, tal y como se indicó en una reunión mantenida el pasado 30 de diciembre, a la que acudieron junto con el Juez Decano de Madrid, el Presidente del TSJ de Madrid, el Presidente de la Audiencia Provincial, el Juez Decano de Madrid, el Secretario de Gobierno del TSJ, el Secretario Coordinador Provincial, el Vice consejero de Presidencia y Justicia de la CAM, la Subdirectora General de Servicios de ICM y el Decano del Colegio de Procuradores de Madrid. En esa reunión cristaliza en el Acuerdo 3/2016 de 4 de enero (ver aquí) establecer medidas provisionales hasta el 31 de enero. Lo más importante de esta situación de emergencia es que se permite al profesional presentar sus escritos en papel si no tuviera posibilidad de hacerlo en Lexnet. A este efecto incluirá ese certificado de que no ha podido realizarlo.
Los problemas están ahí. Habrá que ver si hay tiempo, medios y voluntad política para resolverlos. Es evidente que ciudadanos y profesionales se merecen una justicia ágil y conforme al servicio público que todos pensamos. Una de las cuestiones que urge es la de buscar una homologación rápida de los diferentes sistemas de gestión procesal que cada CCAA autónoma tiene, Madrid por ejemplo está pasando de Libra a Iusmadrid, al propio Lexnet. Hoy por hoy esos sistemas generan problemas de homologación. Al mismo tiempo, los fallos de Lexnet han sido evidentes y muchos abogados y procuradores no han podido enviar sus escritos pese a cumplir los requisitos y seguir diferentes tutoriales. De todas formas, tener una administración de justicia digital, extendida en todo el territorio nacional, debe ser un objetivo a medio plazo que se pueda cumplir si hay las inversiones y el plan estratégico adecuado. La próxima cita de julio del 2016 donde se espera ya tener desarrollado el expediente electrónico debe ser el punto de consolidación de esta justicia 2.0.
Luis Javier Sánchez (@LuisjaSanchez) es Periodista jurídico impulsor de diferentes publicaciones digitales
Es un post de hace mucho, pero creo que expone bien el lío monumental que son las nuevas tecnologías en la administración de justicia: http://hayderecho.com/2011/01/31/por-que-no-hay-en-espana-una-justicia-eficaz/
Es un post de hace mucho, pero creo que expone bien el lío monumental que son las nuevas tecnologías en la administración de justicia: http://hayderecho.com/2011/01/31/por-que-no-hay-en-espana-una-justicia-eficaz/
Había una vez una "cosa" denominada "Derecho transitorio" pero los estudiantes de Derecho, hartos de tanta teoría y deseosos de práctica, se saltaban los temas de teoría de la norma tanto en natural, cuanto en filosofía, civil y otras asignaturas nada edificantes al lado de otras tan provechosas como "práctica tributaria" o "modelos mercantiles". Gracias por su acertada, clara y breve reflexión, Sr. Sánchez. Cada vez entiendo más por qué Gibbon dice que los decretos del Cadí contienen más justicia que todo el Derecho romano. Y mira que me cuesta admitirlo, como Uds. sin duda adivinan.
Es imposible un salto de esta naturaleza cuando la vida jurídica sigue transcurriendo en papel. Los magistrados terminarán todos locos si tienen que examinar la documentación en pantallas de ordenador. Además necesitarán otra pantalla adicional para redactar la sentencia y otra más para consultar las bases de datos de jurisprudencia y legislación. Una locura. Mientras todo esto no esté bien pensado y elaborado, no debería darse este salto, por lo que lo sensato sería derogar o dejar en suspenso la actual regulación procesal (que entró en vigor el 1 de enero). El problema que se plantea es que, con las Cortes disueltas, no es posible aprobar una medida derogatoria o suspensiva de la norma, la cual ha de ser con el mismo rango legal que la norma en sí.
¿Y si estamos ante otra nueva vuelta de tuerca en el control de las personas tal como ocurre con todos los sistemas informáticos y telemáticos? Desde el momento en que se "sacralice" como notificación formal un simple SMS, con las posibilidades de que haya aplicaciones que te confirmen no sólo si lo has recibido sino incluso, la hora y lugar en que lo has hecho, estaremos sometidos como seres humanos a la condición de vigilados permanentemente por aquellos en quienes hemos sido tan cándidos de confiar el gobierno. Y encima nos lo venden como "mejora" del servicio judicial. ¿Quien va a dar el "pelotazo" con este asunto? La mejora judicial está en:
1.- Auténtica independencia de la Justicia (ahora lo vemos otra vez con las "doctrinas" judiciales)
2.- Adelgazamiento normativo reajustado a las cuestiones elementales: Constitución, leyes que la desarrollan y nada de otros vericuetos normativos. Seguridad jurídica.
3.- Exigencia de preparación y experiencia humana en quienes tienen en sus manos nada menos que la libertad de las personas.
4.- Dotación de medios y recursos suficientes a todo el sector judicial.
5.- Reducción del sistema procedimental a lo puramente instrumental donde los fallos no constituyan anulación del proceso.
6.- Garantía real de la asistencia de oficio y libertad para elegir o no la asistencia letrada (la Justicia se apoya en hechos, no en la forma de presentarlos o rebatirlos)
Creo que la sociedad actual, poco a poco va desmontando la mitología de la supuesta "modernización" de nuestra también supuesta civilización. Y eso es bueno por aquello de que "la verdad nos hace libres y la mentira nos esclaviza a ella". Un saludo.
¿Y si estamos ante otra nueva vuelta de tuerca en el control de las personas tal como ocurre con todos los sistemas informáticos y telemáticos? Desde el momento en que se "sacralice" como notificación formal un simple SMS, con las posibilidades de que haya aplicaciones que te confirmen no sólo si lo has recibido sino incluso, la hora y lugar en que lo has hecho, estaremos sometidos como seres humanos a la condición de vigilados permanentemente por aquellos en quienes hemos sido tan cándidos de confiar el gobierno. Y encima nos lo venden como "mejora" del servicio judicial. ¿Quien va a dar el "pelotazo" con este asunto? La mejora judicial está en:
1.- Auténtica independencia de la Justicia (ahora lo vemos otra vez con las "doctrinas" judiciales)
2.- Adelgazamiento normativo reajustado a las cuestiones elementales: Constitución, leyes que la desarrollan y nada de otros vericuetos normativos. Seguridad jurídica.
3.- Exigencia de preparación y experiencia humana en quienes tienen en sus manos nada menos que la libertad de las personas.
4.- Dotación de medios y recursos suficientes a todo el sector judicial.
5.- Reducción del sistema procedimental a lo puramente instrumental donde los fallos no constituyan anulación del proceso.
6.- Garantía real de la asistencia de oficio y libertad para elegir o no la asistencia letrada (la Justicia se apoya en hechos, no en la forma de presentarlos o rebatirlos)
Creo que la sociedad actual, poco a poco va desmontando la mitología de la supuesta "modernización" de nuestra también supuesta civilización. Y eso es bueno por aquello de que "la verdad nos hace libres y la mentira nos esclaviza a ella". Un saludo.
Leído el artículo, le pido al autor, Luis Javier Sánchez, que en su próxima oportunidad, en atención a los lectores habituales de de este blog, se esmere bastante más en su redacción, que contiene flagrantes errores gramaticales, especialmente en lo que concierne a la puntuación (existen los puntos, no sólo las comas) y nos ofrezca un artículo correctamente redactado.