Felicitar a Elisa y a la Fundación por abordar con estudios independientes el análisis de alguna de nuestras más que respetables fallas estructurales.

El Tribunal de Cuentas actual es a efectos prácticos inoperante y no solo porque reporte años después de los acontecimientos. Es difícil no llegar a la conclusión de que esto es así porque así se ha querido que sea.

Pero es que, además, es bien sabido que la corrupción no se va a controlar solamente por Instituciones de control posterior a los hechos.
Un control que, no lo olvidemos, ha de hacerse con reglas de "Compliance" –de Cumplimiento o no de leyes y normas de otros rangos pero siempre emitidas por el Actor Controlado–.

Algo que viola de modo irremediable el principio fundamental de Cualquier Regla de Control Interno: El Controlador nunca debe depender del Controlado ni debe el Controlado decidir las Reglas por las que se le va a controlar.
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Como dice Daniel Iborra en otro Post, no creo que con la que está cayendo, la corrupción de naturaleza "Contractual" (la del tipo 3% o 5 o 10%) siga con los mismos patrones que hasta ahora ha tenido. Con seguridad se habrá modificado la operativa para evitar los caminos cegados. Pero esta Corrupción ni es la única ni se va a evitar con los cambios, principalmente cosméticos, que se están proponiendo.
Hacer lo mismo pero mejor a veces es peor medicina.

¿Qué ha sucedido aquí? ¿Cómo se ha podido producir este desmadre?

Pues ha sucedido lo siguiente y sobre ello nadie ha actuado entre otras cosas y eso sin tener en cuenta que sin una modificación sustancial de la Constitución no se ve nada claro cómo se va a poder meterle mano.

La Corrupción más gruesa se produce en Autonomías y Ayuntamientos principalmente y para abordarla hay que entrar en temas de calado que no solo no se evitan sino que se agravan.

Me explico.

El sistema de control del gasto público, tal y como se ha ido configurando a lo largo de los años, ha sido desarmado legislativamente de tal modo que uno de sus resultados habría de ser, necesariamente, un nivel de corrupción desconocido en España desde, al menos, el siglo XIX.

Las barreras y los controles del gasto que existían en nuestra Administración Pública fueron rebajados y en algunos casos suprimidos con tan inusual y persistente diligencia que determinados tipos de corruptelas contractuales se encontraron sin obstáculos capaces de impedir o al menos reprimir la tentación.

El Diario de Sesiones del Congreso y el BOE registran fielmente que en su día se desactivaron controles y procesos legales demostradamente eficaces para prevenir y detectar la corrupción administrativa y contractual en áreas de gasto público

En Septiembre de 1988, el Gobierno de España, por decreto y previa autorización del Congreso, se ocupa de preparar una nueva Ley General Presupuestaria que sustituyese a la ya promulgada en la Democracia en 1977. La nueva ley presupuestaria se promulga y, vía Suspensiones temporales que no Derogaciones, se incumple ya desde los Presupuestos de 1989 al igual que sucedería en cada año desde entonces.

Mucho antes, en 1984, se había en muy buena medida suprimido la conocida como "Intervención previa de los actos administrativos productores de Gasto" un proceso por el cual se validaba la necesidad y procedencia del gasto antes de incurrir en el mismo. Parte de la clase política consideraba enojosa esta función de control administrativo.

También se suprime la Intervención de Hacienda como Cuerpo Autónomo, pasando a integrarse en un colectivo más amplio de Inspección Financiera lo cual devaluaba sustancialmente la imagen y el peso de su función específica.

Otra ley, esta de 1986, llevó más allá de los gastos habitualmente pequeños y repetitivos, la exención de la Intervención Previa al Gasto y a su Autorización.

Se permitió al Gobierno ir declarando bloques de actividad exentos de esa fiscalización previa, sustituyendo este control exhaustivo por otro a posteriori……….. por muestreo de, muchas veces, solo el 1% del Gasto.

No es una anécdota que en el proceso parlamentario de las leyes de Presupuestos correspondientes a 1990 y 1991 se denunciasen 44 y 26 artículos respectivamente que Aumentaban los Poderes del Ejecutivo reduciendo la objetividad en la acción de control administrativo.
En los turnos de contestación por parte del gobierno, reconociendo los hechos, se argumentó que el Gobierno necesitaba………………………………. "más libertad de acción para ser más eficaces".

Este relato podría seguir durante decenas de páginas con numerosos detalles pasando por lo sucedido en contratos Patrimoniales, es decir, la adquisición y disposición pública de grandes activos y bienes inmobiliarios, o en la pertinaz desprofesionalización de la Función Pública, degradada a base de artificios para posibilitar nombramientos de “libre designación”, así como la fragmentación del Poder del Estado -también del Poder de Supervisar y de Controlar los propios actos– y los Procesos Administrativos propios de un Estado fragmentado que, como estamos viendo, tiene dificultades para exigir el cumplimiento de las leyes en todo su territorio.
De este modo, el Estado y los Ciudadanos vieron sustancialmente reducida la autonomía de la Administración Pública que, desde Max Weber, es reconocida como uno de los bastiones de un Estado basado en la primacía de las Leyes.

Cuando, a partir del año 1996, cambia el signo político del gobierno, nada de lo anterior se revierte a pesar de existir desde 1992 propuestas detalladas presentadas en el Congreso.
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Por tanto, no nos engañemos, los ciudadanos españoles no tenemos una condición moral distinta de otros países de Europa. Tenemos lo que tenemos por actos concretos y profundamente erróneos –hemos de creer y conceder que no fueron intencionales– de diferentes poderes del Estado, y no por anécdotas ni descuidos.

El hilo conductor consta en el BOE y en los diarios de sesiones para los arqueólogos del futuro.
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Es obligado recordar que es en el ámbito autonómico y municipal donde más fuerte ha sido el efecto del descontrol estructural y donde ha florecido la gran corrupción. Dos lacras que perjudican terrible y objetivamente a toda la ciudadanía.

Por otra parte, a partir de 1983, se produjo un crecimiento explosivo de organismos que fragmentan la Administración Pública en numerosísimas parcelas que van desapareciendo del régimen administrativo general.
Unas se integran en el grupo de Sociedades o Entes Estatales en régimen de Derecho Privado y otras, cada vez más numerosas, para las que se crea una nueva categoría: la de "Entes Públicos" que solo se rigen por lo que diga su ley especial de creación y no por las reglas generales de la Administración.

En esta clase entraron sectores tan amplios como Puertos, Aeropuertos y Navegación Aérea, la SEPI ( antiguo INI), la Agencia Estatal Tributaria, el Ente Público RTVE, la Comisión del Sistema Eléctrico Nacional, la Liquidadora de Entidades de Seguros, la Nacional del Mercado de Valores, el Consorcio de la Zona Especial Canaria , el Instituto Cervantes, la Agencia de Protección de Datos, etc.

Hoy, entre el Estado Central y el Autonómico, conocido ya por el "Estado Fragmentado" tenemos un par de miles de tales "Entes". Muchos especialistas en la materia dan por sentado que su principal razón de ser es permitir la huida del Derecho Administrativo y del control y escrutinio público exigible a la Administración.
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Por último qué decir de las exhaustivas responsabilidades de todo tipo que afectan gravemente a cualquier administrador de una entidad privada y la pretensión impertérrita de tantos políticos que pretenden que su responsabilidad se termine en "lo político" como si fueran un estamento del Viejo Régimen exento de las responsabilidades de cualquier Gestor, Público o Privado.

Esta Asimetría está también en la ausencia de genuina responsabilidad por los propios actos que impregna los actos políticos que, no lo olvidemos, son actos de Dominio, actos de un Poder Delegado sobre nosotros.

Cualquier reforma que no se plantee afrontar y resolver estos graves problemas orgánicos y funcionales, será una reforma que perpetuará las debilidades estructurales que ha demostrado la legislación vigente.

¿Algún partido ha abordado esto? Me temo que no.

Saludos y buenos días

La mediática evolución Política de la corrupción Económica: Las PLATAFORMAS DE “AFECTADOS”.
En verano de 2014 recibimos la solicitud de asesoramiento por parte de uno de los dos promotores de la que luego sería la “Plataforma de afectados por Hepatitis C” (PLAFHC).
Propusimos un ámbito subjetivo (quienes pueden asociarse) de Enfermos y familiares directos de enfermos.
Sin embargo, el plan inicial fue mantenido por los Fundadores; cualquiera podía asociarse (todos somos, de uno u otro modo, “afectados”). Con ello se logró que las decisiones de quienes padecen la enfermedad (VHC) sean tomadas por quienes no la padecen (“afectados”), pero guardando la apariencia de ser los enfermos quienes las adoptan.
En la reciente asamblea de la PLAFHC estuvieron, presentes o representados, un total de 130 asociados.
Las cifras que se barajan en relación de los enfermos son, solo para España, del orden de 1.000.000 de personas.
Los 130 “afectados” de la PLAFHC son ya tomados por representantes de todos los enfermos, que se cifran en más de 1.000.000 de personas.
Nada más falso; su sustento ha sido, es, y –veremos pronto- será, el falso ruido mediático. ¿Alguien imaginaba, con toda la cobertura mediática que se le dio- que la PLAFHC son 130 personas?
Bien, ahora están preparándose para recibir SUBVENCIONES MULTIMILLONARIAS. Las que se justificarán, no en los 130 “afectados” de la PLAFHC, sino en el 1.000.000 de enfermos en España. ¿Aprecian la proporción?
Bueno, la historia es más larga, pero la resumiré en unas pocas líneas: La PLAFHC fue creada por el P$OE; primero sibilinamente; ahora ya con todo el descaro del mundo, incluso manejando la Junta Directiva mediante cargos intermedios del P$Oe.
Sus dos promotores, siéntense, son un condenado por narcotráfico, y un liberado sindical implicado en atracos a bancos y al narcotráfico (para más señas, ex candidato por el P$Oe en las primeras elecciones andaluzas -uno de los traidores de Suresnes, vaya). No hace mucho que se sabe; pero se sabe ya.
Desde el primer momento se ENGAÑÓ a todos, al consignar como el primero de sus fines estatutarios la “Defensa incondicional de la Sanidad Pública, Universal, Gratuita y de Calidad para todos los ciudadanos”.
Sin embargo, las continuas apariciones estelares en todos los medios (propiciadas por la permisividad para tomar durante meses el Hospital 12 de octubre de Madrid – ¿no les suena esto de las acampadas en lugares públicos propiciadas y consentidas por el poder público?), siempre daban OTRO mensaje: ¡¡TRATAMIENTO PARA TODOS!!
Y nada más.
Pero el problema comenzó siendo otro: el problema era el de convencer a la sociedad para que aceptase pagar a 15.000 euros un tratamiento experimental cuyo coste de producción es inferior a 150 euros, del que la propia Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios informa que no hay datos de efectividad a medio ni a largo plazo http://www.msssi.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=3419
El problema consistía, y por ello nos implicamos desde AUSAJ, en impedir la quiebra de nuestra Seguridad Social que causará el precio fijado para estos medicamentos, absolutamente ajeno a las circunstancias legalmente determinadas (Arts 88 y ss – Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos), re-convertido en una suerte de TRIBUTO que las Multinacionales farmacéuticas imponen a los Estados. El precio depende del PIB de cada Estado (y el PIB es la suma de la Renta Nacional y las Importaciones; luego estamos ante un tributo sobre la Renta Nacional; de locos). Por cierto, el Tribunal Supremo –recientemente- ha avalado –aunque como “obiter dicta”, por el momento- esta aberración jurídica.
Hagamos una cuenta sencilla: un millón de enfermos, a un coste mínimo de 45.000 euros por enfermo, que puede llegar a 135.000 para los casos de mayor gravedad, arroja un total muy superior a los 50.000.000.000 de euros, esto es, que superará el coste anual de todo el Sistema Nacional de Salud, incluyendo las 17 CC.AA. y las Ciudades de Ceuta y Melilla.
Bien, conseguido el primer objetivo de arruinar a la Seguridad Social por causa de enooorme desembolso que tan arbitraria y manifiestamente injusta determinación del precio de esta serie de medicamentos causará (y que está siendo anticipado por los propios hospitales que no podrán pagar las cantidades que YA adeudan, con la consiguiente quiebra de todo el sistema, vocado a la privatización, por esta razón), ahora viene el reparto de Subvenciones y poltronas.
Es la nueva corrupción que se nos viene encima, que se nos ha venido ya encima; la del control político de los Movimientos Sociales –falsos, pero con apariencia de verdaderos.
Por cierto, cuando los asociados se enfrentaron a esta torcida dirección, ni los Juzgados, ni el Ministerio del Interior, ni desde luego los medios, informaron de ello; la mayoría de los asociados se marchó, y llegaron nuevos miembros, que en lugar de enfermos son afectado; afectados y militantes del P$Oe.
Por mi parte he devuelto el medicamento y solicitado Ampliación de la Información para el Consentimiento Informado (que revoqué al devolverlo).
Se están dado casos de recidivas (reinfecciones tras unos meses de apariencia de haber desaparecido), que desde la propia Junta Directiva de la PLAFHC se oculta, incluso a sus asociados.
El problema es mucho más grave, pero sus líneas generales han quedado apuntadas.
Saludos