Los siete expertos
Uno de los mandatos del programa del partido actualmente gobernante era, literalmente, “reformar el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, para que, conforme a la Constitución, doce de sus veinte miembros sean elegidos de entre y por jueces y magistrados de todas las categorías” (medida nº 11 del apartado “justicia ágil y previsible” -punto 5.2 de “Una Democracia Ejemplar”-). De hecho, el entonces Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, tras formarse la Comisión Parlamentaria de Justicia en el Congreso, confirmó en febrero de 2012 esto mismo, que iba a devolver a los jueces la elección de sus doce vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), o sea, el sistema originario de 1980.
La Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, asociación formada por juristas de toda clase dedicada a promover la despolitización de la Justicia, viene propugnando desde su creación que la composición de dicho Consejo no dependa enteramente de las formaciones políticas. Antes bien, propone el retorno al mencionado modelo mixto instaurado en el año 1980, cuando la elección de sus miembros estaba repartida entre los grupos parlamentarios y los propios jueces. Se buscaba así, un equilibrio institucional alejado tanto de la politización del corporativismo, Escila y Caribis que amenazaban ambos con causar el naufragio del Poder Judicial.
Parecía que el Gobierno, espoleado por la corrupción política, compartía con la Plataforma la aguda preocupación por el sistema parlamentario de designación de los vocales del CGPJ, dadas las gravísimas patologías que estaba arrojando sobre la maltrecha independencia del Poder Judicial.
Diríase que el partido mayoritario se aprestaba a cumplir sus promesas electorales cuando el 2 de marzo de 2012, el Consejo de Ministros del entonces recién estrenado Gobierno aprobó un Acuerdo por el que se creó una Comisión Institucional para la elaboración de una propuesta de texto articulado de Ley Orgánica del Poder Judicial y de Ley de Demarcación y de Planta Judicial (resolución de publicación de 8 de marzo de 2012, documento BOE-A-2012-3569)
En dicho Acuerdo se fijó la composición de dicha Comisión, que pasó así a estar formada por los siguientes expertos:
1.- Luis María Díez-Picazo Giménez, Magistrado del Tribunal Supremo.
2.- Antonio Dorado Picón, Secretario Judicial y Vocal del Consejo General del Poder Judicial.
3.- Antonio Álvarez-Buylla Ballesteros, Decano del Colegio de Procuradores.
4.- Juan Damián Moreno, Catedrático de Derecho Procesal.
5.- Carlos Lesmes Serrano, Magistrado del Tribunal Supremo.
6.- Marta Silva de Lapuerta, Abogada General del Estado.
7.- Joaquín María Vives de la Cortada Ferrer-Calbetó, Abogado.
Es comprensible que este grupo de expertos institucionales, nombrado por el Gobierno para acometer la reforma de una Ley de tanta trascendencia como la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), tuviese ya un criterio fundado sobre la encomienda que se sometía a su consideración. Obviamente, se esperaba que aconsejasen la recuperación del sistema mixto de gobierno judicial. Dichos juristas ostentaban muy buen curriculum y procedían de las más diversas ramas de la profesión jurídica. El encargado de coordinarlo como Secretario de Estado de Justicia era el magistrado Fernando Román, jefe de los servicios técnicos del Tribunal Supremo durante ocho años y especialista en la jurisdicción contencioso-administrativa.
El trabajo, asimismo, era ambicioso ya que, entre otras cosas, se enfrentaban a la tarea de proponer una modificación de la LOPJ para acometer una de las reformas más importantes del entramado de nuestro Estado de Derecho. Por ello, a pesar de que el cargo no era retribuido, todo el mundo entiende que era un prestigio servir al Gobierno en la redacción de un texto tan importante para nuestro país.
Cumpliendo con su mandato, dicho grupo de expertos presentó un primer informe atribuyendo la designación de los doce vocales judiciales directamente a los jueces y magistrados, según el espíritu y letra del art. 122 de la Constitución Española.
Ello no obstante, hubo un cambio de criterio en el Gobierno y, en contra de lo prometido, el entonces Ministro de Justicia pidió a este grupo de expertos que elaborara otro texto siguiendo justo la orientación opuesta, es decir, manteniendo la designación de todos los vocales del CGPJ en el Parlamento. Y, en efecto, su nuevo dictamen acogió las nuevas directivas ministeriales. Peor aún, la posterior reforma de la LOPJ introdujo modificaciones muy relevantes en la estructura, competencias y funcionamiento del órgano de gobierno de los jueces, con el disfuncional resultado que actualmente todos conocemos. No es el momento de detallarlas ahora. Muchos jueces se sintieron engañados, hasta tal punto que promovieron unas “elecciones alternativas”, sin valor legal pero de profunda carga simbólica, donde se eligieron por y entre todos los jueces, a doce vocales en la sombra. Participaron un millar de compañeros togados. Un éxito inaudito.
Sea como fuere, cuesta trabajo entender que un experto tenga dos criterios contrapuestos sobre una misma materia, cuanto más en este caso, ya que estamos ante una cuestión muy relevante desde el punto de vista jurídico y doctrinal, sobre la que se han escrito ríos de tinta. Pero más difícil es entender que siete personas de procedencias y formaciones jurídicas tan diversas, se pusieran de acuerdo en tener dos criterios diferentes sobre la misma cuestión en tan corto lapso temporal. Por otro lado, llamó la atención que precisamente la mudanza de su opinión fuera pareja a la del Gobierno. No es de extrañar, pues, que algunos tuvieran la impresión de que actuaron al dictado del patrón político. Y ello pese a que eran juristas de prestigio, que nada pedían a cambio de su desinteresada labor, y cuya imagen estaba en juego.
Con todo, y por incomprensible que se nos antoje, mutaron su dictamen. ¿Por qué? Lo ignoramos, doctores tiene la Iglesia.
¿Qué fue de ellos? No está de más repasar el curso de sus posteriores trayectorias para comprobar si su prestigio resultó dañado o, al contrario, permaneció incólume. Repasemos la lista de los ¿siete? sabios:
1.- Luis María Díez-Picazo Giménez.
Tras su paso por la Comisión, ha sido designado Presidente de la Sala III del Tribunal Supremo por acuerdo de la Comisión permanente de 22 de Julio de 2015, con el voto favorable de todos los vocales de tendencia conservadora más el vocal propuesto por CIU.
Su nombramiento se produjo en julio de 2015, después de que el candidato para el puesto y Presidente de la Sala, José Manuel Sieira, durante los últimos cinco años con excelente balance de gestión, denunciara en su comparecencia intrigas palaciegas.
Este nombramiento mereció un dictamen muy desfavorable del Observatorio de la Plataforma, ya que se eligió al candidato que lleva únicamente siete años en la Carrera judicial y que carecía de experiencia en órganos de gestión y gubernativa, frente a los cuarenta y tres años de ejercicio profesional y experiencia de gobierno del anterior Presidente.
2.- Antonio Dorado Picón.
Tras su paso por la Comisión, ha sido nombrado Secretario General de la Administración de Justicia por el ministro Rafael Catalá, el 10 de Octubre de 2014.
3.- Antonio Álvarez-Buylla Ballesteros.
Tras su paso por la Comisión, fue nombrado suplente por el Partido Popular en la lista de candidatos a vocal del CGPJ correspondiente al Senado, en el año 2014.
Inicialmente le tocaba entrar en el CGPJ tras la renuncia de la vocal Mercé Pigem después de que se publicaran unas informaciones en las que se aseguraba que ella y su hermana habían sido sorprendidas el pasado mes de noviembre en la frontera de Andorra introduciendo dinero en efectivo en España que pasaba el límite legal.
Pero resulta que estuvo imputado por un Juzgado de Madrid por un supuesto delito de falsedad en documento público en grado de tentativa (alterar el estatuto del Colegio de Procuradores de Madrid). Y aunque la causa se sobreseyó un dia antes de la renuncia, renunció al cargo por motivos personales el 16 de Enero de 2015.
4.- Juan Damián Moreno.
Tras su paso por la Comisión, fue nombrado por Ruiz Gallardón el 2 de diciembre de 2013 para cubrir una de las tres vacantes que corresponden a España para formar parte como juez «ad hoc» en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).
Los jueces ad hoc actúan en los casos de ausencia o imposibilidad de intervención del juez español designado para este organismo internacional; su nombre se une a los dos jueces ad hoc ya designados por el Consejo de Ministros 19 de julio anterior.
5.- Carlos Lesmes Serrano.
Tras su paso por la Comisión, fue nombrado Presidente del CGPJ y del TS por el CGPJ en su sesión constitutiva el 9 de Diciembre de 2013.
Su nombramiento fue anunciado por los medios de comunicación tras un pacto entre el Presidente del Gobierno y el de la oposición, y fue recurrido por la formación política UpyD y por la asociación judicial Francisco de Vitoria ante la Sala III del Tribunal Supremo, pero el recurso fue desestimado en STS de 16 de diciembre de 2014.
6.- Marta Silva de Lapuerta.
Su caso es un poco distinto. Única mujer entre los expertos, fue nombrada Abogada General del Estado en enero de 2012, dos meses antes de entrar en la Comisión con 42 años de edad.
7.- Joaquín María Vives de la Cortada Ferrer-Calbetó.
Tras su paso por la Comisión, ha sido nombrado Secretario General del CGPJ, en abril de 2015.
Quien salió peor parado fue Fernando Román, Secretario de Justicia y coordinador de esta Comisión. El mismo presentó su candidatura para cubrir la plaza de magistrado especialista de la sala III del TS, resuelta por acuerdo de la Comisión permanente de 28 de enero, pero su candidatura no pudo prosperar (le une una relación personal de Carlos Lesmes, que por ello anunció su intención de abstenerse en la votación). Lo cierto es que se requerían 15 años de actividad jurisdiccional para entrar en el Tribunal Supremo, pero Fernando Román solo tenía ocho años, descontada su actividad politica y la actividad prestada en órganos técnicos, lo cual fue aireado por la vocal Nuria Diaz Abad, que pidió un informe al respecto.
Todos ellos, además y en cualquier caso, fueron condecorados con la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort otorgada a título individual por Real Decreto 498/2013, de 21 de junio, en atención a “los méritos y circunstancias que concurren en los miembros de la Comisión”.
Terminado nuestro repaso, dejamos al lector que extraiga sus propias conclusiones. Eso sí, le ayudamos a reflexionar con estos memorables versos de nuestro Jorge Manrique:
“¿Qué fue de tanto galán,
de tanta invención,
como trajeron?
¿Fueron sino devaneos,
qué fueron sino verduras de las eras (…)”.
Magistrado-Juez
¿No es un poco -sólo un poco- tramposo comparar los SIETE años (en la carrera judicial) de Díez-Picazo con los CUARENTA Y TRES (de ejercicio profesional y experiencia de gobierno) de Sieira? Parece que lo suyo habría sido comparar en todo caso antigüedad en el Tribunal Supremo, que seguro que también es favorable para el segundo, pero si se pone experiencia profesional, habrá que tener en cuenta la actividad docente de Díez-Picazo. La de Sieira no sé cuál habrá sido, pero como investigador Díez-Picazo es de lo más puntero
¿No es un poco -sólo un poco- tramposo comparar los SIETE años (en la carrera judicial) de Díez-Picazo con los CUARENTA Y TRES (de ejercicio profesional y experiencia de gobierno) de Sieira? Parece que lo suyo habría sido comparar en todo caso antigüedad en el Tribunal Supremo, que seguro que también es favorable para el segundo, pero si se pone experiencia profesional, habrá que tener en cuenta la actividad docente de Díez-Picazo. La de Sieira no sé cuál habrá sido, pero como investigador Díez-Picazo es de lo más puntero
Realmente extraño, se junten tantos “kelsen-ianos” (ordenamiento jurídico sobre jerarquía) en las comisiones. ¿Alguien sabe si reparten canapés?
La sociedad estatal cuenta-positivista, sobre el sustrato natural de la sociedad civil; domeñada por el momento.
Partiendo de que admiro su tesón y el objetivo de la independencia judicial en el más amplio sentido (no sólo del Órgano de Gobierno y de los Tribunales superiores, sino hasta de los jueces con respecto a sus propias ideas para evitar el populismo judicial – ver el post del otro día del Sr. Gomá -) y me he pronunciado sin ambages en tal sentido en este "Blog" que es el único lugar en el que me pronuncio en público, calificarse a uno mismo no está bien y menos calificar de "éxito" las "elecciones" que se promovieron. Desde las Instituciones se pueden seguir los cauces reglamentarios para combatir los excesos de las mismas, pero actuar oficiosamente no es lo más recomendable. Luego pasa lo que pasa y vemos lo que vemos.
Según datos de la Comisión para la Eficiencia de la justicia (CEPEJ) del Consejo de Europa publicados en Boletín Información Estadística (Nº 37 – diciembre 2014) en España hay unos 5.171 "a tiempo completo", unos 1.430 "sentados ocasionalmente" y unos 7.685 "no profesionales". Yo tengo una cifra redonda en la cabeza para acordarme: en España hay unos 10.000 jueces en activo, por los diversos "turnos", sobre algunos de los cuales es mejor no hablar. Que me juzgue un juez sustituto es algo que no puedo comprender. Salvo que Uds. indiquen que esos datos del CEPEJ son erróneos y me den una fuente mejor y más actualizada, en su "referendum" ilegal sobre la composición del CGPJ, cuyos resultados, reglamento y distribución territorial no nos facilitan, votaron ahí algo así como un 25% de los jueces de carrera y un 10% de los jueces. Por tanto, su punto de partida me parece poco jurídico pero muy político y eso, sinceramente, me duele, porque es otra forma de politización de la Justicia.
Dicho lo cual, la traición del PP a su propio programa y a sus votantes en esta materia es flagrante y no fue lo que costó el puesto al citado Ministro de Justicia, porque parece que eso fue una enésima reforma del Código Penal en materia de aborto. Tampoco nos facilitan vínculos a los textos de los dos informes a los que aluden. Si Uds. dicen verdad, es cierto que un "experto" marxista (que tiene unos principios pero sin no le gustan los puede cambiar) no es lo que necesitamos. En cuanto a la sombra de sospecha que Uds. vierten sobre sus carreras profesionales, de algunos me consta que son profesionales de altísimo nivel, particularmente la Sra. Silva de Lapuerta. Necesitamos saber por qué el Gobierno y el partido que le daba la mayoría absoluta en ambas cámaras (por votación libre directa y secreta de los españoles conforme a la Constitución, luego estaba muy claro lo que los españoles querían) cambió de opinión. No lo han explicado con claridad, al menos con la claridad de Guerra y sus secuaces al perpetrar el mayor atentado contra la división de poderes en un Estado de Europa con la reforma de la LOPJ de 1985, pero algo tiene que haber tras ese cambio, y los españoles deberíamos saberlo. Como abogado en ejercicio lamento mucho decir que tengo que aconsejar a mis clientes que eviten todo trato con una Administración de Justicia lenta, impredecible, farragosa, mal dotada en casi todos los sentidos y sobre la que, como sobre la sanidad, los políticos y muchos otros interesados hace tiempo que han puesto sus nada limpias manos.
Los jueces y funcionarios judiciales no "gestionan un servicio público", sirven un pre-derecho fundamental de todo ciudadano. Si el sistema empece su única finalidad, la Justicia, mejor que no haya sistema.
Lo dicho, comparto sus objetivos, respeto su labor, pero me crean Uds. muchas dudas en el modo de perseguirlos. Siento haberme extendido.
“Necesitamos saber por qué el Gobierno y el partido que le daba la mayoría absoluta en ambas cámaras (por votación libre directa y secreta de los españoles conforme a la Constitución, luego estaba muy claro lo que los españoles querían) cambió de opinión”
¿Insinúa que la opinión de los españoles se identifica con lo que votan cada 4 años?
Y por ello, como “los españoles” dicen, incluso es bueno que los expertos cambien de opinión.
¿Diría lo mismo en el caso de la guerra de Iraq?
–-El ostracismo era una gran cosa—. Aunque, con el mercenarismo estatista contemporáneo, no hay “polis” que vigile. Y, lo único importante es tener la cuenta en positivo; especialmente con el capitalismo (hoy día representado por el sistema financiero).
La moralidad del sometimiento, jerárquica, muy extendía por el cosmos judicial. Al igual que el “status” histórico como origen de toda legitimidad carece de base racional.
No es de extrañar, conociendo el origen de “la representación”. La representación surge como complemento a una orden del “segundo estado”. El “segundo estado” tendía a generar cuerpos militares de élite (orden teutónica, Temple, Malta,…,etc); por su fuerte corporativismo.
Es decir, “la representación” general (en cualquier asunto) corresponde básicamente a algo sólo admisible desde un punto de vista corporativo, y sobre todo, dado el grado de –interés común– requerido para semejante compactado: religioso. Si lo prefiere ideológico, militar,…
La sociedad civil se asemeja a una corporación -en nada-, CERO, salvo con un lavado de cerebro (fascismo).
El caso es, se viene admitiendo como origen de toda legitimidad la normativa jerárquica histórica o contemporánea. Despreciando la realidad, el hecho ético actual.
No hay tal representación en un Estado de Partidos, donde se eligen listas de partidos, no personas. No puede haber –bajo ningún concepto– representación, pues el elegido ni siquiera pertenece a “la orden” (sería el distrito electoral). Recordemos el ostracismo,…
Toda esa –parafernalia liberal*– legal sólo tiene un propósito, evitar una pregunta: ¿realmente me representan?
Y bajo eso, y un supuesto “tracking” de la legitimidad y legalidad con “denominación de origen”, escarbando como “última ratio” siempre encontramos la violencia.
Y, salvo la violencia sea origen de toda justicia, lo cual en mi opinión no parece, tenemos todo ese recurso enlazado de “romanadas” sólo es –el relato– para la dominación.
Parece más adecuado, lo justo se asemeja a lo moral (moralidad pública), si bien como principio sabrá, ello tiene una base individual, personal, ética.
*: liberalidad como oposición a manualidad. Es decir, lo que se hace dentro de –el relato–, frente a lo que se hace en la naturaleza (sentido de realidad), el sustrato productivo de la sociedad.
Sus 7685 jueces no profesionales son los jueces de paz, que no juzgan nada en este país actualmente sino que sólo desempeñan funciones de oficina judicial de auxilio. Ya querríamos, ya, que hubiera sólo 6000 jueces juzgando en esta España, que no los hay. Los que "se sientan ocasionalmente" son los de las puertas giratorias entre justicia y política o si se le quiere llamar de otro modo justicia y administración. Sólo están los teóricos 5.171 "a tiempo completo" pero que tampoco necesariamente lo son, porque de un lado están los que ostentan cargos de representación o están en Salas que tienen complicado "completar" el tiempo de nadie en funciones propiamente jurisdiccionales (Presidentes de TSJ, miembros de las Salas de lo Civil y Penal de C.A. en las que no existe derecho foral), de otro lado los que están de baja, con permisos, excedencias, etc… a los que por cierto ahora nadie sustituye (bueno sí, los ¿200? ¿300? JATS -jueces de adscripción territorial- que quedaron para cumplir las funciones de sustitución y refuerzo que hacían unos 2000 jueces sustitutos cesados fulminantemente por Gallardón y sus reformas mientras convocaba simultáneamente unas 50 plazas de juez en las oposiciones, JATS que por cierto están comprendidos ya dentro de los 5.171 iniciales). Si usted se quiere creer que hay 10.000 jueces en España, allá vd. si quiere vivir en los mundos de yupi. Le aseguro que no los hay, que son unos 5000 (y eso con suerte y con casi todos los que son estando en activo y prestando servicios, que no lo están) en TODAS las instancias, incluido el Tribunal Supremo, -en primera instancia es posible que sean unos 3.500- y que esos 5000 se echan al pecho el trabajo de los ¿más de 300.000? abogados que ejercen en España y los millones y millones de demandas, recursos y denuncias que llegan a los Juzgados. Y claro, así nos va, y así tenemos la Administración de Justicia que vd. dice… gracias al cielo los políticos no "han puesto sus nada limpias manos" directamente sobre los jueces todavía (ya se andará, que con la Fiscalía abriendo y tramitando diligencias administrativas secretas con la excusa de investigar posibles infracciones disciplinarias de jueces cada vez estamos más cerca), pero le aseguro que como expresó con total claridad uno de estos siete sabios que actualmente ostenta un altísimo cargo representativo de la organización de la justicia en España, ya se cuidan, ya, de que las instituciones que la Constitución previó como dirigidas a garantizar la independencia de los jueces se dirijan sobre todo a poder "dirigirles" de modo indirecto otorgando a aquéllos sobre los que sí han puesto (o "impuesto") sus manos los políticos "el palo y la zanahoria", las amenazas, castigos e incluso privación y/o denegación de derechos (el palo) y los premios, prebendas, medallas y prestigios (las zanahoria). De la carrera profesional de los sabios no opino, pero lo que sí parece manifiesto es que parecen gustarles mucho las zanahorias que se les ofrecen por esos mismos políticos a los que vd. se refiere.
Partiendo de que admiro su tesón y el objetivo de la independencia judicial en el más amplio sentido (no sólo del Órgano de Gobierno y de los Tribunales superiores, sino hasta de los jueces con respecto a sus propias ideas para evitar el populismo judicial – ver el post del otro día del Sr. Gomá -) y me he pronunciado sin ambages en tal sentido en este "Blog" que es el único lugar en el que me pronuncio en público, calificarse a uno mismo no está bien y menos calificar de "éxito" las "elecciones" que se promovieron. Desde las Instituciones se pueden seguir los cauces reglamentarios para combatir los excesos de las mismas, pero actuar oficiosamente no es lo más recomendable. Luego pasa lo que pasa y vemos lo que vemos.
Según datos de la Comisión para la Eficiencia de la justicia (CEPEJ) del Consejo de Europa publicados en Boletín Información Estadística (Nº 37 – diciembre 2014) en España hay unos 5.171 "a tiempo completo", unos 1.430 "sentados ocasionalmente" y unos 7.685 "no profesionales". Yo tengo una cifra redonda en la cabeza para acordarme: en España hay unos 10.000 jueces en activo, por los diversos "turnos", sobre algunos de los cuales es mejor no hablar. Que me juzgue un juez sustituto es algo que no puedo comprender. Salvo que Uds. indiquen que esos datos del CEPEJ son erróneos y me den una fuente mejor y más actualizada, en su "referendum" ilegal sobre la composición del CGPJ, cuyos resultados, reglamento y distribución territorial no nos facilitan, votaron ahí algo así como un 25% de los jueces de carrera y un 10% de los jueces. Por tanto, su punto de partida me parece poco jurídico pero muy político y eso, sinceramente, me duele, porque es otra forma de politización de la Justicia.
Dicho lo cual, la traición del PP a su propio programa y a sus votantes en esta materia es flagrante y no fue lo que costó el puesto al citado Ministro de Justicia, porque parece que eso fue una enésima reforma del Código Penal en materia de aborto. Tampoco nos facilitan vínculos a los textos de los dos informes a los que aluden. Si Uds. dicen verdad, es cierto que un "experto" marxista (que tiene unos principios pero sin no le gustan los puede cambiar) no es lo que necesitamos. En cuanto a la sombra de sospecha que Uds. vierten sobre sus carreras profesionales, de algunos me consta que son profesionales de altísimo nivel, particularmente la Sra. Silva de Lapuerta. Necesitamos saber por qué el Gobierno y el partido que le daba la mayoría absoluta en ambas cámaras (por votación libre directa y secreta de los españoles conforme a la Constitución, luego estaba muy claro lo que los españoles querían) cambió de opinión. No lo han explicado con claridad, al menos con la claridad de Guerra y sus secuaces al perpetrar el mayor atentado contra la división de poderes en un Estado de Europa con la reforma de la LOPJ de 1985, pero algo tiene que haber tras ese cambio, y los españoles deberíamos saberlo. Como abogado en ejercicio lamento mucho decir que tengo que aconsejar a mis clientes que eviten todo trato con una Administración de Justicia lenta, impredecible, farragosa, mal dotada en casi todos los sentidos y sobre la que, como sobre la sanidad, los políticos y muchos otros interesados hace tiempo que han puesto sus nada limpias manos.
Los jueces y funcionarios judiciales no "gestionan un servicio público", sirven un pre-derecho fundamental de todo ciudadano. Si el sistema empece su única finalidad, la Justicia, mejor que no haya sistema.
Lo dicho, comparto sus objetivos, respeto su labor, pero me crean Uds. muchas dudas en el modo de perseguirlos. Siento haberme extendido.
Como miembro que formé parte de la comisión a la que se alude, me gustaría hacer una par de puntualizaciones. La comisión se ajustó estrictamente a los términos del mandato recibido y elaboró una propuesta que favorecía al máximo la participación de los jueces en la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (BOE 13-3-2012). Nos inclinamos por un sistema proporcional a través de candidaturas de lista al que se le aplicó una fórmula que consistente en dividir el número de votos válidamente emitidos a la candidatura por doce, que era número de puestos a seleccionar. Somos totalmente ajenos a cualquier decisión posterior en relación con el contenido de la misma y en absoluto somos responsables de lo que el Gobierno haya hecho o dejado de hacer con el resultado de nuestro trabajo. Por lo tanto, y creo en este punto expresar el sentido del resto de los miembros de la comisión, la información a la que se refieren en este aspecto es, cuando menos, inexacta, ya que enmascara una parte de la realidad. Me gustaría dejar constancia de que en ningún momento hemos rectificado ni reelaborado propuesta alguna tras la presentación del texto que se nos encargó. Un saludo. Juan Damián Moreno.