administracion-tributaria

¿Réquiem por los privilegios jurídicos de la Administración tributaria?

¿Por qué un acto administrativo es eficaz? Porque la Administración cuenta con el privilegio de la “autotutela” lo que le permite -a diferencia de los administrados con los que interactúa- llevar a efecto sus pretensiones sin necesidad de acudir a un órgano judicial. Y, ¿por qué la Administración goza de esa “autotutela”? Pues, hipotéticamente, porque se asume que, conforme a lo que la mismísima Constitución predica, “la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa (…) con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho”. Vale; y entonces ¿qué es lo que sustenta esa actuación en pro de los intereses generales? Pues, también en pura teoría, la propia esencia del sistema democrático, el proceso electoral, que vendría a garantizar que el Ejecutivo -sostenido y vigilado por el Legislativo- lleva a cabo su tarea en favor del interés general. Y, en lo que se refiere a ese “sometimiento pleno a la Ley y al Derecho”, ¿en qué se concreta? Pues, nada más y nada menos, que en la presunción de validez de los actos administrativos que, a su vez, encontraría su apoyo en que éstos se presumen tan legales como veraces, partiendo de la asunción de que la Administración, en su actuar, cuenta con el don de la infalibilidad. En síntesis, ésa es la teórica construcción conceptual que aspira a sostener el andamiaje del privilegio jurídico del que goza la Administración; si bien “el hecho mismo de que se utilice el término “privilegio´´ (…) para designar esta potestad administrativa de la autotutela ejecutiva lleva a la sospecha de que algo oscuro e inconfesado hace dificultosa la justificación plena de la singularidad de los actos administrativos” (Javier García Ross).

¡Qué interesante!, ¿verdad? En su núcleo, esa posición privilegiada se condensa en la potentísima herramienta de la presunción de validez que, aunque sea “iuris tantum” y que, por tanto, admita prueba en contrario, obliga al administrado perjudicado por esa actuación administrativa a remar contra una virulenta corriente (la fuerza de la presunción) que, además, es en la que se apoya la innata ejecutividad de la actividad administrativa. En el concreto ámbito impositivo podríamos añadir un aspecto adicional: la capacidad de exigir tributos nacería -hipotéticamente- de una decisión de autoimposición adoptada por la propia sociedad a través de su representación política (manifestación de aquel célebre “no taxation without representation”). He ahí, pues, la pretendida esencia de la prevalencia -enorme, potente, vigorosa- de la Administración sobre los administrados/contribuyentes con los que cotidianamente entra en conflicto, en una relación manifiestamente desigual pues aquella cuenta con esas valiosísimas armas que le permiten que -al menos cautelar y provisionalmente- sus pretensiones prevalezcan sobre las de éstos. Así son las cosas y, además, así han sido desde hace mucho tiempo…

Pero…, ¿será siempre así? ¿siguen dándose, a día de hoy, las premisas que aspiran a sustentar (que no justificar) esa tan grave como manifiesta desigualdad entre la Administración y el cuerpo social cuyos intereses está llamada a gestionar? Huuum…; quizá algo esté cambiando tan lenta como implacablemente, casi como el movimiento de placas tectónicas, pausado pero constante, hasta que un día provoque un -¿inesperado?- seísmo.

Veamos. Según se ha expuesto recientemente en el blog Espacio Tributario, las estadísticas oficiales vendrían a demostrar que la Agencia Tributaria pierde, ya en la vía económico-administrativa, casi el 45% de sus litigios; llamativo ratio que en el caso de alguna administración autonómica se elevaría hasta un ya estratosférico porcentaje próximo al 85%… (64% a nivel nacional en el ámbito de los tributos “cedidos”). También es sabido que, aquellos contribuyentes que prosiguen a la vía judicial, logran ver reconocidas sus pretensiones en una media que ronda el 30%. Parece obvio que la conjunción de esos datos lleva a una palmaria conclusión, ¿no?: la pretendida infalibilidad (jurídica y fáctica; de ahí las presunciones de legalidad y veracidad, respectivamente) de la actuación administrativa no parece ser tal…; ergo si la Administración se equivoca como, de hecho, lo hace y, además, no de un modo anecdótico sino con una desmesurada frecuencia, la lógica lleva a cuestionar si sigue teniendo sentido la presunción de validez (cimiento de la ejecutividad) de la que goza la actuación pública. No parece descabellado plantear -siquiera, de momento, desde una perspectiva meramente teórica- que si empíricamente se demuestra que la actuación administrativa es errónea en un elevado porcentaje, es un irracional sinsentido que el Derecho se empeñe en mantener lo insostenible: que la Administración, por principio (y mientras no se demuestre lo contrario), no se equivoca.

Además, a ello viene a sumarse el cuestionamiento de la, hasta ahora asumida, autoimposición (directamente relacionada, obviamente, con el también “mantra” de la búsqueda del interés general). En este punto me limitaré a reproducir las interesantes observaciones del Magistrado del Tribunal Supremo Navarro Sanchís: “(…) la ley fiscal ya no parece ser la expresión de la autoimposición por la comunidad política, (…), sino que ha devenido en una formal ratificación parlamentaria de lo previamente cocinado, sin posibilidad de rectificar el caldo, en las dependencias administrativas. La ley no es ya, en el fondo, una norma parlamentaria, una disposición solemnemente promulgada, sino la canalización en el BOE de lo que el insomnio de algunos funcionarios especialmente hacendosos (…) ha ideado para taponar alguna vía de agua. (…). Siendo ello así, partiendo del presupuesto lógico de partida de que la ley ha cambiado su signo, cabe entender que se ha desnaturalizado el conjunto de potestades que la ley asigna a la Administración para servir a ese bien común que, ahora, nos parece diluido. Habría llegado, pues, el momento de reflexionar acerca del sentido actual de tales gravosas potestades y, más aún, de las presunciones legales atribuidas para satisfacer tal fin. (…). Por eso decía, (…), que ya no resulta admisible a priori la presunción de que los actos de la Administración son legales, cuando no son neutrales. Esa presunción es un mero recurso técnico que facilita la labor administrativa y le dispensa de acudir al juez para que legitime sus actos, obligando al ciudadano a impugnarlos y a alegar y probar su ilicitud. Pero no es una especie de derecho humano de la Administración. No es un dogma que no pueda ser oportunamente arrumbado en aras de principios de orden superior”.

No creo, pues, que sea temerario -ni revolucionario- apuntar que la brecha, la grieta, ya se ha abierto. Si las circunstancias no cambian sustancialmente, se hará más grande y visible y, por ella, entrará cada vez más agua, amenazando la flotabilidad del barco. Y es que, tal y como por estos pagos ya es bien sabido, “no se puede luchar contra los elementos”.

36 comentarios
  1. Isaac Ibáñez García
    Isaac Ibáñez García Dice:

    Interesante post.

    Por si es de interés:

    https://delajusticia.com/2016/09/08/para-hacienda-unos-son-mas-iguales-que-otros/

    La reflexión del último párrafo es clarificadora:

    “Podría consolarme pensando que quizá estoy equivocado y que precisamente los tecnicismos y el tejemaneje normativo tributario se deben a que se pretende dar mayores garantías a los ciudadanos. Sin embargo, tengo la íntima convicción de que como el aprendiz de brujo, hemos desatado fuerzas jurídicas tributarias que nadie es capaz de controlar”.

    https://ecjleadingcases.wordpress.com/2016/09/01/isaac-ibanez-garcia-el-caracter-preceptivo-de-los-recursos-administrativos-previos-a-la-via-jurisdiccional-una-cuestion-abierta/

  2. GM
    GM Dice:

    Buenos días:
    Dice el autor que los actos de la administración tributaria no son infalibles y para ello se basa en el porcentaje de estimaciones de los recursos presentados por los interesados para la revisión de dicho actos, la cual es realizada… por otra administración (tribunales económico-administrativos y jurisdicción contencioso-administrativa). ¿Quiere decir entonces que sólo se basa en el criterio de la administración cuando resuelve según su interés? Por cierto, podría también el autor haber dado el ratio de conflictividad (es decir, el cociente entre actos recurridos y total de actos emitidos) de la administración tributaria, que dicho sea de paso es bastante más bajo que ese 45%, pero claro, sólo interesa mostrar la parte de la foto que conviene, ¿no?
    Yo he visto resoluciones de TEAR, TEAC y JCA muy cuestionables, no porque yo lo diga sino de acuerdo con argumentos basados en la normativa vigente. Por poner un ejemplo, recuerdo una reclamación económico-administrativa que fue INADMITIDA por un TEAR por presentación extemporánea cuando se había recurrido el acto presunto pasado el plazo preceptivo sin resolución expresa y contando con el preceptivo silencio administrativo negativo (una semana después de presentar la reclamación la administración tributaria emitió la resolución expresa, que ratificó dicho silencio negativo, y de ahí la extemporaneidad aducida por el TEAR al no haberse presentado reclamación contra la resolución expresa, que hubiera sido un copia-pega de la que sí se presentó contra la presunta), todo ello en contra del criterio del propio TEAC, basado en la Ley General Tributaria y su desarrollo como no puede ser de otra forma. De hecho, un responsable de dicho TEAR me reconoció que fue un error (demasiado tarde, pero al menos lo hizo).

    (continúa en otro mensaje…)

  3. GM
    GM Dice:

    (…viene de mensaje anterior)

    ¿Debo entonces llegar, como dice el autor, a la palmaria conclusión de que los tribunales, tanto los económico-administrativos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, como los de la jurisdicción contencioso-administrativa del Ministerio de Justicia, tampoco son infalibles? ¿Debo pronosticar, como pronostica el autor, un seísmo derivado de esa "grave desigualdad" entre administración y administrados? En mi opinión, todos somos humanos, y por tanto nadie es infalible, pero de ahí a plantear que existe una "grave (…) desigualdad entre la Administración y el cuerpo social cuyos intereses está llamada a gestionar" creo que hay un mundo. Hubiera sido interesante que el autor nos hubiera explicado los motivos por los que considera tan grave dicha desigualdad, pero los de verdad.
    ¿Qué es entonces lo que propone el autor cuando dice que esa desigualdad es tan grave? ¿Que la administración tributaria no tenga a derecho a revisar las declaraciones del contribuyente y las dé por buenas? ¿Que las pueda revisar, pero si las ve incorrectas no las pueda corregir, mediante ejecución forzosa de sus actos administrativos si es necesario, si el contribuyente no reconoce que las ha presentado mal, aún a sabiendas de que está defraudando al fisco como ha pasado en muchos casos?
    ¿Propone el autor lo mismo para el resto de administraciones? Es decir, si me salto de forma clara un semáforo en rojo, sin cámaras ni pruebas que lo certifiquen más que su el testimonio de un policía, y dicho policía me multa y recoge la infracción en diligencia (documento público con validez iuris tantum), ¿propone el autor que si yo niego mi infracción a sabiendas no se me multe basándonos en que la "desigualdad entre administración y administrados es algo grave"?
    Es una pena que un artículo con tan poco rigor haya podido publicarse en esta web.
    Saludos cordiales.

    • IA
      IA Dice:

      A GM:

      Que un órgano administrativo, carente de independencia, estime un 45% de las reclamaciones, demuestra que la Administración se equivoca bastante a menudo. Por ello, lo que el autor defiende es que principios como la presunción de certeza del acto administrativo, o su ejecutividad, quizá carezcan de sentido a día de hoy. La supresión por ejemplo del "paga y reclama" situaría a Administración y ciudadano en un plano de igualdad.

      A mi me ha parecido muy interesante, no hacía falta que fueras tan ofensivo.

      • GM
        GM Dice:

        Estimado IA:

        Lamento que vea mi mensaje ofensivo, pero para nada estoy de acuerdo con su opinión, y le expondré mis motivos.

        Vuelvo a repetir que el porcentaje de conflictividad de la administración tributaria es muy inferior al 45%. La conflictividad es un baremo en mi opinión mucho más ajustado a la realidad (que no exacto) a la hora de decir si una administración se equivoca mucho o poco. Coger sólo el porcentaje de estimaciones sobre lo que se reclama carece de rigor y resulta cuanto menos sesgado. Lo siento, pero no encuentro otra forma más diplomática de decirlo.

        Igualmente, vuelvo a reiterar que la administración tributaria se equivoca, aunque en mi opinión en mucha menor cuantía de lo que expone el autor y Ud. con el mencionado 45%. Faltaría más que no se equivoque tratándose de una administración formada por seres humanos. Pero de la misma forma se equivocan otras administraciones (incluidas las que revisan los actos de la administración tributaria cuando estiman los recursos), y por supuesto también el contribuyente. Y para eso está la administración tributaria, para detectar y corregir esas equivocaciones, sean a sabiendas o no.

        Esa supresión del "paga y reclama" de la que habla Ud. ya existe en el caso de las sanciones, que es lo que más se suele recurrir (muchas veces se recurre la sanción, pero no la cuota, y casi nunca al revés), dado que la ejecución del acto administrativo derivado de la sanción se suspende automáticamente una vez presentado el recurso sin necesidad de pagar ni de garantizar su cuantía.

        (continúe en otro mensaje…)

      • GM
        GM Dice:

        (…viene de mensaje anterior)

        Y en el caso de las regularizaciones de cuota (conocidas popularmente como "paralelas"), es cierto que si no se paga o se garantiza la deuda se procede a la ejecución forzosa del acto administrativo por la vía de recaudación, con intereses de demora y recargos incluidos. Pero también lo es que si al contribuyente que reclama (previo preceptivo pago o garantía) le dan la razón se le devuelve no sólo la cuota, sino los intereses de demora, y todo ello a un interés de lejos muy superior que el más alto del mercado bancario de depósitos.

        A mí el asunto también me parece tan interesante o incluso más que a Ud., pero el artículo me ha parecido carente de rigor (muy por debajo de lo que suele publicarse en esta Web) porque utiliza los datos que interesan e ignora los que no. Y me parece mucho más ofensivo hablar de lo mucho que se equivoca la administración aportando datos sesgados y sin proponer nada concreto para arreglar esa "grave desigualdad" de la que habla el autor (con previsión de seísmo incluida) que cualquier cosa que yo haya dicho en mi opinión.

        Que tenga Ud. un buen día.

  4. Esaú
    Esaú Dice:

    A GM y demás acólitos:
    La estadística que se plantea en el post es demoledora y, si queremos reconocer al Derecho la categoría de ciencia -cosa que, particularmente, yo pongo muy en duda- lo que deberíamos es empezar por agradecer que existan juristas que, además de retorcer argumentos hasta la saciedad como hace una mayoría, aporten información heurística y denotativa.
    Por demás, el desacertado comentario que se efectúa parte de que "es otra administración" la que resuelve y eso anularía -para el comentarista- el pretendido efecto positivo de la estadística. Habrá que señalar aquí, primeramente, que NO ES OTRA administración la que resuelve, sino LA MISMA. Recuérdese que los TEAR y TEAC están desgraciadamente compuestos ÍNTEGRAMENTE por miembros del cuerpo de Inspección de Hacienda, de modo que para más inri en la aplastante estadística, resulta que es LA PROPIA administración la que anula casi la mitad de sus actos.
    Si esto, de por sí, no es una cuestión que merezca revisión, es que el comentarista no ha entendido nada.
    Por lo demás, el comentario en cuestión se adereza de una opinión personal que, esta sí, ni se justifica ni se expone de forma ordenada e inteligible. Que luego se dedique a señalar que el post no tiene rigor, cuando en el mismo se mencionan resoluciones judiciales, libros y artículos cuya lectura recomiendo, es bastante lamentable y desacredita per se al comentarista.
    Lo que el autor pone en duda es, precisamente, que el privilegio de autotutela de que goza la administración incluya una presunción de legalidad del acto administrativo que ni la Constitución ni su normativa de desarrollo han planteado como dogma de fe. Así, a tenor de la praxis -las estadísticas- y de la convicción de que la administración actúa más mirando el interés recaudatorio que el interés general, plantea la revisión de esa situación para de alguna manera intentar equiparar los exorbitantes poderes -que no derechos- de la administración y los menguantes derechos -estos sí, constitucionales- del ciudadano.
    Quizás el problema es que un post de esta categoría jurídica queda descontextualizado en un espacio cada vez más "político" y menos ´técnico como el presente.
    Cordialmente,
    Esaú Alarcón

    • GM
      GM Dice:

      Estimado Esaú:

      Lamento decirle que no comparto su opinión y que creo que no ha entendido nada de mis comentarios, los cuales por supuesto no son perfectos, aunque creo que ni están tan mal ordenados ni son tan poco inteligibles como Ud. opina (como bien sabe, el espacio para comentar aquí es limitado, lo que hace que uno tenga que ser más breve de lo que quisiera). A ellos y a que los entienda mejor me remito, pues no creo necesario extenderme más, ni creo necesario juzgar si Ud. se está o no desacreditando con su comentario como ha hecho Ud. conmigo.

      Que tenga un buen día.

    • maurice castle
      maurice castle Dice:

      "…resulta que es LA PROPIA administración la que anula casi la mitad de sus actos."

      Esta apreciación es errónea. La correcta es "…resulta que es LA PROPIA administración la que anula casi la mitad de sus actos impugnados".

      Por eso GM tiene razón, al menos, en la hipótesis de la cual parte: que los datos aportados por el comentarista no dan fe de la frecuencia real de error en os actos administrativos tributarios.

    • GM
      GM Dice:

      Estimado Esaú:

      Es cierto que no me quería extender, pero no puedo resistirme a manifestarle mi sorpresa por el hecho de que en tan poco espacio es difícil meterse con tanta gente:

      Primero conmigo. No creo que haga falta que le explique más.
      Luego con quien comparte la opinión conmigo (les ha llamado acólitos y le ruego que mire el DRAE para ver lo que eso significa). Le aclaro que en este foro no conozco a nadie de los que ha comentado menos a mí mismo.
      Por si esto no fuera poco, también se mete con la Inspección de Hacienda, quien según Ud. "por desgracia" compone íntegramente los TEAR y TEAC, sin ni siquiera dar un motivo de dicha "desgracia".
      Y para acabar de rematarlo, con el espacio presente (entiendo que se refiere Ud. a hayderecho.com, si me equivoco le ruego me lo haga saber) que según Ud. no casa bien con un post con tanta categoría por ser cada vez más "político" y menos "técnico".

      Pero lo mejor de todo es que después de despotricar hasta con el apuntador se permite Ud. hablar de categoría…… Desde luego, si yo fuera el autor de este post no creo que me alegrase de que alguien me defendiera con comentarios como el suyo.

      Lo dicho, que pase un buen día.

  5. Colapso2015
    Colapso2015 Dice:

    Los tiempos de “el Estado somos todos” han quedado para retórica en gente despistada.
    El monstruo de las –demagogias representativas–, no hace leyes, es decir, no hace –reglas u opciones CIVILES-, sino mandatos de orden burocrático (reglas/opciones estatales/corporativas).
    La razón, el legislativo -no es un órgano civil- sino estatal. Está corrupto por diseño.

    Teniendo al menos 6 niveles de órganos corruptos (municipal, provincial, autonómico, nacional, europeo, mundial); todos sin un ápice de democracia. Cabría preguntarse la denominación del régimen político. Algunos lo denominan Plutonomía, pero, parece obvio, el hacer de la sociedad estatal no es sólo cosa de ricos. Parece más adecuado Corporatocracia, pues el Estado es y se comporta como una corporación (un cuerpo con intereses propios), pero además con el monopolio de la violencia.
    En teoría son las Constituciones las que limitan las dinámicas corporativas de los grupos frente al individuo (limitan el poder formal).
    Pero si la Constitución es elaborada por antagonistas de la sociedad civil, ¿qué cabría esperar sino un premio a las dinámicas corporativas? Los padres de la C.E. eran corporativistas y/o directamente franquistas. Aceptaron, como era acorde a su ética, redactar una Constitución en secreto sin participación democrática, ni Cortes Constituyentes, ni libertad política (había partidos ilegales como el republicano). ¿Qué resultado cabría esperar sino una primacía de la corporación Estado?

    • Colapso2015
      Colapso2015 Dice:

      Si a ello le unimos la idea doméstica del Capitalis-mo (lo mio no lo toquen, los demás que se maten), ahora rebautizado desde la crisis del 2007 como “socialismo para corporaciones (o ricos)”.Tenemos ejemplos de sus usos en la compra de deuda a grandes corporaciones, el rescate de bancos, …, pero más a pie de calle en la legislación “tan de mercado” (una que nos han colado es equiparar Capitalis-mo y mercado cuando son antagónicos); tenemos por ejemplo el I.V.A .
      La competencia se realiza entre “la chusma”, pero no entre los estados. Pues hace no mucho la modificaron para que los productos adquiridos sean gravados –según destino–. Es decir, “la chusma”, –la del valor añadido– debe luchar con todos (incluidos de Asia); no obstante, como buena regla de corporación Capitalis-ta; el Estado no compite.
      En España, con las limitaciones al comercio y actividad doméstica (económica), se llega a casos tan paradigmáticos como que resulta 4 veces más barato comprar algo en otro país (fabricado en España, País Vasco) con porte incluido, que en propio país.
      Otros “miembros del populacho europeo” dado la complejidad de la “regla del tope” del I.V.A en ventas a otros países simplemente “a modo de D.U.A anti-canario” han optado por -no vender a otros países de la U.E-.
      ¿Qué resulta beneficiado de este capado del mercado? Las corporaciones, que, aparte de presionar de forma deflacionaria la economía, por desacoplar producción, consumo, crédito y tributación; tiene artilugios para circunvalar toda “la brujería legal” que pare la sociedad estatal, en cualquiera de sus órdenes territoriales.

  6. Juan Pérez
    Juan Pérez Dice:

    Completamente de acuerdo con el post.
    Para el consumidor medio que trabaja y paga sus impuestos, actualmente hay mucha más protección frente a las entidades privadas (protección de los consumidores) que frente a la Administración Tributaria.
    Como dice Gómez Taboada, se parte de un teórico principio por el cual la Administración Tributaria es objetiva, atiende al interés general, aplica del Derecho de la forma correcta, da a cada uno lo suyo.
    Pero eso es una absoluta falsedad: en las consultas vinculantes a la Dirección General de Tributos comprobamos diariamente cómo se retuercen los artículos para poder hacer encajar la obligación de pagar impuestos en cualquier ocasión, aunque sea absolutamente irracional. En lugar de una aplicación estricta de las normas impositivas, utiliza una interpretación lo más laxa posible, el principio que cada vez se está generalizando más es el "in dubio te arreo".
    Y en las inspecciones tributarias la situación empeora.
    Hay una captación de voluntad y destrucción de imparcialidad si quien resuelve a la vez sabe que parte de esos ingresos los va a recibir él, y si resuelve en contra, se queda sin recibirlos. Este incentivo es en sí mismo intrínsecamente perverso.Es como si los policías cobraran más dinero si atrapan a más presuntos delincuentes, y los acusan (sí, los policías), con independencia de que luego sean declarados inocentes por un órgano superior.

  7. Esaú
    Esaú Dice:

    Pues le diré algo sin pretensión de ofenderle, señor GM: Si el número de caracteres máximo para hacer comentarios no es suficiente para dar las aclaraciones pertinentes a tan interesante caso, lo que le recomiendo que haga es intentar escribir una glosa, es decir, un post y que alguna web de prestigio como esta o como las muchas en las que escribe el autor del post le permita su publicación. Ya no le digo que intente publicarlo en revista científica, pero al menos no critique de forma apodíctica por favor. Todo ello, en lugar de hacer comentarios banales e hirientes parapetado bajo un seudónimo.
    Reciba un afectuoso saludo,
    Esaú

    • GM
      GM Dice:

      Estimado Esaú:

      Gracias por su consejo.
      El hecho de que el autor escriba en webs de prestigio no tiene nada que ver con que este artículo esté muy por debajo del nivel de esta web (cosa que no digo de forma apodíctica, sino dando mis motivos). Por cierto, web a la que Ud. considera de prestigio después de haberla tildado de cada vez más política y menos técnica. Eso es coherencia, claro que sí.
      Si le parecen hirientes mis comentarios le pido disculpas a pesar de no estar de acuerdo con Ud., pero todo lo dicho lo he defendido con argumentos y no metiéndome con todo el mundo sin dar argumentos como ha hecho Ud. en su comentario anterior. Si no está de acuerdo, me lo dice, me lo argumenta y lo discutimos de forma adecuada. Pero si su único argumento es meterse conmigo y con más gente diciendo que hago comentarios banales, cosa con la que no estoy de acuerdo, pues apaga y vámonos.

      Anímese y pase una buena tarde.

      • IA
        IA Dice:

        Sr GM,

        ha sido usted el que ha abierto la caja de Pandora al ser ofensivo con el autor. Obsérvese el "Es una pena que un artículo con tan poco rigor haya podido publicarse en esta web", afirmación propia de un chat futbolístico en la víspera de un derby más que de una web científica.

  8. Jesús Casas
    Jesús Casas Dice:

    Este asunto que aquí se plantea es crucial para la vida en democracia "de corte europeo", esto es, como dice nuestro nunca suficientemente ponderado D. Manuel Oquendo, en una socialdemocracia. El ciudadano no paga impuestos porque haya firmado un contrato social, sino por imperio de la ley. De hecho, el ciudadano paga impuestos desde antes de nacer y después de morir y por duplicado y triplicado, si no más, y de este modo supuestamente contribuye al "Estado del bienestar". Si las leyes fiscales son incomprensibles, las administraciones tributarias actúan de modo inaceptable y los políticos y sus clientes se corrompen, ¿tiene legitimación moral – no digo legalidad – tal tributación? ¿Si los bienes y servicios que debe proveer tal "Estado benefactor" todopoderoso y autotutelado a los menos favorecidos no llegan pero se amañan los concursos públicos, debe el ciudadano pagar impuestos todavía? ¿Aunque sean cuasi (en fin, por suavizar) confiscatorios? La Historia demuestra dónde conducen los tributos excesivos para mantener a un Estado gigante que no vela por los contribuyentes, al punto de que varios autores solventes han manejado la posibilidad de que la tributación excesiva fuese un factor más (no hay que olvidarse de las "pestes" que diezmaron la población, evidentemente, ni de los bárbaros) de la caída del Imperio Romano que puso fin al mundo clásico. ¿No hay en todo esto un reflejo más de la pésima calidad de fondo y excesivo tecnicismo de nuestro sistema jurídico? Para no hablar de los inspectores que tienen (o tenían hasta la semana pasada) cargos políticos compatibilizados con la labor inspectora, por ejemplo en el Ayuntamiento capitalino. Los parlamentos nacieron para poner coto a los abusos de Rey y de los Nobles en materia tributaria. Sin embargo, pronto van a ser irrelevantes hasta las leyes de presupuestos. Gracias por este post.

    • GM
      GM Dice:

      Estimado Jesús Casas:

      Tiene Ud. razón cuando dice que los ciudadanos pagamos impuestos antes de nacer y después de morir y por triplicado. El impuesto de sucesiones es un ejemplo de ello. Claro que las leyes tributarias se pueden mejorar y muchas veces no son claras, lo que da lugar a situaciones injustas y a que más veces de las deseadas la propia administración corrija sus propios actos, a veces incluso sin llegar a TEAR, por vía de recurso de reposición. Hay mucho margen de mejora en todo ello y también en el destino que se da a esos impuestos.

      Reciba un cordial saludo.

      • IA
        IA Dice:

        ¿Qué la Administración corrija sus propios actos por vía de recurso de reposición? POR VÍA DE RECURSO DE REPOSICIÓN????? No sé si pretendía usted realizar dicha afirmación o si, por el contrario, se trata de una fina ironía.

        Sr. GM, la última vez que es España se estimó un recurso de reposición el autor del blog llevaba pantalones cortos.

  9. Jesús Casas
    Jesús Casas Dice:

    Más valdría pagar menos impuestos (un 21% de IVA, si es la más de 1/5!!, un 50% de IRPF, si es 1/1 o más!, un 30% de SS, si es 1/3!!) pero pagarlos todos y que se gestionasen de manera transparente y clara, sin malbaratarse por los políticos. Creo que en tales condiciones con menos presión fiscal se conseguiría hasta un presupuesto mayor. ¿Cuánto es nuestra economía sumergida – no digo la de los grandes números a los que dan extrañas formas debidamente asesoradas ciertas fortunas – sino la de todos los días en tantos sitios?¿UN 25% del PIB?¿Se creen Uds. las declaraciones de bienes de la mayoría de los parlamentarios? En fin…

  10. Isaac Ibáñez García
    Isaac Ibáñez García Dice:

    “Y esta lamentable evolución legislativa culminó con la promulgación de las Leyes 39 y 40 de 2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y de Régimen Jurídico del Sector Público…

    Y lo grave es que se ultimó urgentemente su elaboración haciendo caso omiso de la crítica razonadísima de los dictámenes del Consejo de Estado”.

    De la entrevista a JESÚS GONZÁLEZ PÉREZ en “Revista de Administración Pública”, que acaba de publicar su nº 200 (mayo/agosto 2016), dedicado a “El Derecho Administrativo a los 30 años de nuestro ingreso en la Unión Europea”.

  11. O,farrill
    O,farrill Dice:

    Mi enhorabuena al autor del artículo. Ya va siendo hora de que la "soberanía popular" signifique que, por lo menos, no se puede manipular a todos. La "presunción de veracidad" que se otorga ¿por quien? al funcionario o cargo público frente a la "presunción de sospecha" con que se persigue al "soberano", indica el grado de perversión en que está el sistema democrático. Frente a esta verdad simple de nada valen las argucias con que se trata de hacer ver que todo lo "legal" (impuesto) es justo. La litigiosidad fiscal con cientos de miles de casos, representa al menos lo "dudoso" de los procederes administrativos, siempre al amparo de una "legalidad" hecha a medida. En este sentido me parece importante el libro de Ignacio Ruiz Jarabo sobre el funcionamiento de la Agencia Tributaria, que pudo conocer en directo como responsable máximo de la misma: "Estado fiscal y democracia". También en la misma línea, me parecen interesante recuperar "La teoría della ilusione finanziaria" de Amílcare Puviani, traducido y comentado en español por el profesor Rodríguez Bereijo y publicada por el Instituto de Estudios Fiscales (1972) del que, por cierto, no se encuentra un sólo ejemplar en librerías ni en el propio Instituto. También Gaël Giraud, antiguo director de investigación del CNRS francés, ha publicado "La ilusión financiera", editado por "Sal Terrae" en 2013, que también es difícil encontrar. También los trabajos de los profesores Sáez Lozano (unid. Granada) o Martínez Lago, publicados por el citado IEF. En todo ello late la legítima sospecha de Puviani de que la Hacienda pública "representa los intereses de la clase dominante" o las preguntas que se hace el profesor Rodríguez Bereijo: "¿Qué es lo que impulsa a los contribuyentes a aceptar como un bien o como un mal menor, una imposición opresiva y expoliadora? ¿En qué momentos es el interés general o, por el contrario, el interés concreto y particular de la clase dominante la causa o efecto de los sacrificios tributarios soportados por el pueblo?". Las burbujas, más pringo o más tarde explotan y desaparecen. Un cordial saludo.

  12. Pedro L. Egea
    Pedro L. Egea Dice:

    Buenas noches: Destaquemos que el magistrado habla de "…el insomnio de algunos funcionarios especialmente hacendosos…" lo que significa dos cosas, la primera, que la culpa no es toda de los políticos, como parece que se ha puesto de moda afirmar, y la segunda, la oscura redacción de las normas que preparan los funcionarios y aprueban los políticos y han desprestigiado a la Academia y a los parlamentos.

    A todo ello no debemos olvidar esa especie de soberbia que se ha instalado en la sociedad y que lleva a todo el mundo a no reconocer errores o mejores razones. Saludos,

  13. Manu Oquendo
    Manu Oquendo Dice:

    Muy de acuerdo con el autor del Artículo.

    Esta asimetría ha resultado funesta para cualquier pretensión de equidad fiscal amén de que ya estamos en los estertores de una forma Extractiva de Estado apoyada, valga la redundancia en procesos cuya única justificación es su eficacia recaudadora.

    Cualquier proceso regeneracionista que no aborde de frente la recuperación de la hoy perdida "Virtud administrativa del equilibrio y la equidistancia" solo agravará la pérdida de legitimidad otorgada de nuestros actuales procesos.

    Arreglar esto urge a toda la profesión fiscal. Y no es difícil. Basta proponérselo desde un partido regeneracionista. Todos saldremos ganando comenzando por el Estado que será digno de más respeto moral.

    Saludos

  14. Esaú
    Esaú Dice:

    Sr. GM. Que una web se vuelque más hacia lo político que a lo técnico, no la desprestigia y, por ende, no hay incoherencia alguna salvo para quien opine que hablar de la res pública es acto reprobable. Por lo demás, me remito a su propio comentario para defender que no hay atisbo alguno de razonamiento jurídico. Que tenga buen día

    • GM
      GM Dice:

      Estimado Sr. Esaú:

      Hablar de la res pública o de cualquier otra cosa respetable criticándola sobre la base de datos sesgados para mí es reprobable, le guste o no. La administración tributaria emite millones de actos administrativos cada año, y sólo unos miles son impugnados. Ni todos los no impugnados son correctos, ni todos los impugnados, estimados o no, son equivocados. Decir que la administración se equivoca mucho o poco requiere de un análisis mucho más profundo que el realizado por el autor, por mucho que Ud. le admire, y que por supuesto va mucho más allá de ese 45%.

      Y en mi comentario no pretendía realizar razonamientos jurídicos (veo que ni de eso se ha enterado Ud., lo cual me preocupa, pero no por mí sino por Ud.), sino dar mi opinión sobre un juicio realizado por el autor, que mantengo ha sido realizado con argumentos sesgados y con poco rigor y en el que ni siquiera realiza propuestas para solucionar la "grave desigualdad" de la que habla. Por lo menos el Sr. IA, que en su comentario no está de acuerdo conmigo, sí ha hecho propuestas.

      Sinceramente, creo que nuestro debate, a pesar de que me gusta porque contribuye a que un post de contenido fiscal tenga muchos comentarios, ya no da más de sí.

      De verdad, anímese, tenga un buen día y ya que después de despotricar contra mucha gente sin ni siquiera argumentar se permite darme un consejo (que le agradezco aunque ya seguí antes de que Ud. me lo diera), le daré yo otro: haga lo posible para que la próxima vez no le afecte tanto que algunos como yo y quien Ud. llama "mis acólitos" no profesemos tanta admiración por un post como la profesa Ud. Cuando alguien hace algo en público, como escribir un post, debe asumir que puede ser que haya que no esté de acuerdo con su contenido, o con parte del mismo, y exprese su opinión para enriquecer un debate (lo cual me alegra haber conseguido aunque sólo sea por el número de comentarios de este post).

  15. Ronin
    Ronin Dice:

    Mi enhorabuena a Javier Gómez Taboada por su certero análisis… y por las extorsiones que calla.
    Me gustaría insistir en la idea que apunta en su comentario "Juan Pérez" sobre cómo afecta a la imparcialidad el que una parte importante de la retribución del inspector depende de la supuesta deuda "levantada". ¿Alguien ha tenido la valentía de alegarlo alguna vez ante un Juez, al que seguro le chirría tal situación?

  16. Javier Gómez Taboada
    Javier Gómez Taboada Dice:

    Lo primero, agradecer a todos los autores (identificados o no; aunque confieso que me sigue chirriando “dialogar” con alguien identificado con iniciales, pero es lo que toca en este mundo “virtual) sus tan numerosos como intensos -¡hasta apasionados!- comentarios que me congratulan pues, más allá de su conformidad o disconformidad con mi tesis, demuestran que “hay partido”.
    Varias consideraciones:
    -. Nunca he pretendido sostener lo insostenible: que el ser humano es infalible. No lo es ni nunca lo será, de ahí la controversia.
    -. Tampoco pretendo cuestionar la obligatoriedad de sufragar impuestos en los términos marcados por la Constitución.
    -. Igualmente, no predico que los órganos de revisión (administrativos o judiciales) sean infalibles; de hecho, las estadísticas judiciales avalan que el Supremo casa una media del 20% de las sentencias de TSJs o AN recurridas. E incluso el propio Supremo, ya se sabe que “es infalible por ser el último, pero no es el último por ser infalible”.
    -. Y nada más lejos de mi intención el cuestionar que la Administración tributaria -AT- (sea la estatal, autonómica o local) pueda revisar, contrariar y regularizar lo autoliquidado por los contribuyentes.
    -. Lo que sí que pretendo (y no digo que tenga la razón, de ahí los interrogantes que presiden el título) es llamar a la reflexión sobre un hecho creo que incontestable: las estadísticas oficiales avalan que. cuando se suscita un litigio, la AT pierde un porcentaje muy sustancial de ellas, ratio que en algún caso se eleva por encima del 80%.
    (continúa en el siguiente comentario).

  17. Javier Gómez Taboada
    Javier Gómez Taboada Dice:

    (viene del anterior comentario)
    -. Obviamente, el único dato que tenemos es ése. No hay análisis sobre la ortodoxia jurídico/fáctica de los actos administrativos no litigiosos pero, cuando hay controversia, el “muestreo” prueba que el grado de error de la AT es MUY elevado.
    -. En otros órdenes (técnicas de auditoría, o las pruebas que dieron lugar al escándalo VW; por ejemplo) se da por bueno el “muestreo” a modo de “test”. Esto es lo que aquí se evidencia: que cuando ese “test” se practica, se prueba que la AT se equivoca en porcentajes altos.
    -. No prejuzgo que los actos no litigiosos sean igualmente fallidos, pero tampoco asumo que sean jurídicamente inmaculados. Todos sabemos que hay miles de actos que no se recurren por múltiples causas: ignorancia, miedo, coste, vencimiento de plazos, …
    -. Por tanto, lo que propugno es que se reflexione sobre el régimen de ejecutividad de los actos impugnados, máxime considerando que la presunción de validez es una cuestión de legalidad ordinaria y no constitucional pues, como bien dice Javier García Ross (http://www.tienda.aranzadi.es/productos/ebooks/la-suspension-de-la-ejecucion-de-los-actos-administrativos-de-naturaleza-tributar/8684/4294967101), “el único fundamento dogmático que tiene el privilegio de la autotutela es el de su reflejo legal: la Administración puede ejecutar sus propios actos (…), simple y llanamente, porque el legislador ha querido que así sea; pero igualmente podría haber querido lo contrario. Su fundamento, en consecuencia, es exclusivamente legal”.
    -. Y, todo ello, sin olvidar que, en nuestro entorno jurídico más próximo, hay otros modelos que sostienen otro tipo de relación entre la AT y los administrados, sin otorgarle a aquella, de un modo imperativo, ese privilegio de la ejecutividad.
    En fin, reitero mi agradecimiento a todos por las interesantes aportaciones.

    • GM
      GM Dice:

      Estimado Javier:

      Me alegro de que, por alusiones, por fin el autor haya hecho mención a mis comentarios. En este foro hay mucha gente que comenta identificándose con iniciales, y mientras lo haga con respeto y argumentando sus opiniones, no tengo nada que decir, más que si estoy o no de acuerdo y mis motivos (y muchas veces, estando o no de acuerdo, no he opinado). Prefiero eso a que alguien se identifique con su nombre y apellidos y atropelle verbalmente sin dar argumentos a gente que ni siquiera se ha dirigido a él (como por ejemplo la Inspección de Hacienda).
      Me congratula constatar, igual que a Ud., que "hay partido", y mucho.
      Yo tampoco voy a cuestionar el art. 31 de la CE, más allá de que pienso que estamos en una época en la que hay unos tipos marginales de algunos impuestos (IRPF, ISD o IVA principalmente) cuya "no confiscatoriedad" es difícil de defender, e intuyo que en eso estaremos de acuerdo.
      No estoy de acuerdo en lo que dice de que el único dato de que disponemos es el del porcentaje de litigios que la AT pierde. Como ya he comentado, se puede saber el número de actos administrativos que dicta la AT y obtener porcentajes de actos "equivocados" más ajustados a la realidad, y que estoy seguro estaría muy por debajo de ese 45% del que habla en su post. Y por supuesto que los actos no recurridos no son inmaculados. Ya he dicho en otro comentario que ni todos los actos impugnados y estimados son "equivocados" ni todos los no impugnados o impugnados pero inadmitidos o desestimados son "correctos" (puse un ejemplo de ello en mi primer comentario). Siento reiterarle por todo ello que en mi opinión su conclusión de que la AT se "equivoca mucho" está basada en un dato muy alejado de la realidad.
      Me parece muy interesante su petición de reflexión sobre la ejecutividad de los actos impugnados (ejecutividad que como sabe queda suspendida con la mera impugnación en el caso de las sanciones), y en este sentido me gustaría saber qué propone Ud. en caso de que el legislador no hubiese abogado por el principio de autotutela. Ése fue el otro motivo por el que comenté (de forma apasionada como Ud. dice, lo cual no pretende demostrar más que mi interés por este tema).
      Pienso que en la AT, como en cualquier sitio, hay profesionales buenos y no tan buenos, y se dan prácticas buenas y no tan buenas, debidas en buena parte al sistema (también en algunos casos a esos profesionales "no tan buenos"). Ese sistema que requiere, como Ud. y otros comentaristas (entre los que me incluyo) sugiere, una reforma de calado.
      Reciba un cordial saludo y mis más sinceras felicitaciones porque su artículo va camino de ser uno de los más comentados del año, si no lo es ya.

  18. Miguel_1960
    Miguel_1960 Dice:

    Felicito al autor por su artículo y la necesidad de ser escrito y difundido. Es algo obvio que la administración y nuestro proceso tributario necesita una total reforma a la luz del prisma de un Estado moderno y democrático, así como del Derecho comparado. No se puede estar creando figuras impositivas, así como subiendo los tipos alegremente, instituyendo previamente discursos de condena a las personas que los ponen en cuestión llamándolo defraudadores, insolidarios o cómplices de ellos y, peores son, los medios de comunicación que faltos del más mínimo análisis hacen de cadena de transmisión del poder en estos asuntos. Los tributos los crea el político para sustentar las infraestructuras que él mismo gestiona / crea y si esta función, al menos a posteriori no es de fácil control, desencadena lo que estamos viendo desde hace muchos años donde la racaudación y la sanción se han convertido en un fin y no en un medio.
    Aparte de lo dicho en este hilo por los compañeros, detesto los sanbenitos, las listas, las peticiones exorbitantes que quedan en la quinta parte al proceder a la liquidación y las cazas de brujas desde la época del creador de este sistema -el fallecido Francisco Fernández Ordoñez, "Llamadme Paco, por favor"- con aquel anagrama de las compañas de Hacienda donde un inmenso rayo celestial caía sobre un diminuto punto redondo. Vamos, más claro el agua.
    Tampoco entiendo como los TEAR y los TEAC, desde mis tiempos de estudiante, se les puede seguir llamando con ese nombre cuando están formados por los propios funcionarios del Ministerio de Hacienda.
    Y claro que el artículo puede ser político desde el momento en que lo jurídico está oscuro y tan mal hecho en esta rama legal que solo crea constradicciones en la Jurisprudencia y en las interpretaciones de los sujetos que intervienen en el tema objeto de este debate.

  19. Antón Beiras Cal
    Antón Beiras Cal Dice:

    Tengo alguna paternidad en la encendida polémica que desató esta última entrada, pues el autor reflexiona sobre dos post míos en Espacio Tributario que titulé ‘Serpientes de verano (I y II). Allí cociné la última memoria anual del TEAC (2014) para discriminar el resultado de la actividad recursiva contra actos de las AATT autonómicas y estatal, agrupando los impuestos aplicados por unas y otra.

    La conclusión a la que llegué es que en el caso de las administraciones tributarias autonómicas el porcentaje de estimaciones era tan asombroso (84,5% en Galicia) que sólo podía proceder de dictar actos masivos. En otras palabras, el porcentaje de actos reclamados partido por actos dictados multiplicado por cien, no constituye un canon de enjuiciamiento que rehabilite la convicción de mala praxis desarrollada por las AATT. Dicho de otro modo, sólo argumentando como Nixon, alegando la existencia de una ‘mayoría silenciosa’, se puede argumentar erróneamente que el 97% de los actos administrativos dictados se ajustan a derecho (digo el 97% porque el porcentaje de actos reclamados respecto de los dictados es aproximadamente un 3%). Pero ese argumento es falso, pues resultando los vicios anulatorios producto de la realización masiva de comprobaciones sin motivación, la lógica exige razonar que el 97% no se recurren pese a estar igualmente contaminados, porque sus destinatarios no son silenciosos sino resignados y no generan estadística recursiva.

    Les pongo el ejemplo que tanto indignó (con razón) a Javier Gómez Taboada. El TEARG anula una comprobación de valores por inmotivada poniendo en valor la ausencia de una mera visita del funcionario para la inspección de las propiedades.

    La Agencia Tributaria de Galicia reinicia el procedimiento, pero ahora aporta una documental consistente en un reportaje fotográfico de la propiedad:
    http://blog.gestores.net/serpientes-de-verano/
    (continúa)

  20. Antón Beiras Cal
    Antón Beiras Cal Dice:

    (viene del anterior)
    Pues bien, profundamente extrañado, desconfié y abrí en mi Mac Google Street View.
    Estas son las capturas de pantalla de la aplicación:

    http://blog.gestores.net/serpientes-de-verano/

    Llamo la atención sobre la sombra que proyecta la vegetación y la catenaria del tendido eléctrico sobre el asfalto: son idénticas. Las fotos se tomaron a la misma hora del día de la misma estación del año.
    Estos son los hechos. La liquidación derivada de la comprobación ha sido de nuevo reclamada al TEARG. La liquidación se halla suspendida a medio del oportuno aval bancario. La sanción también reclamada, por el contrario esta automáticamente suspendida.
    El hilo desatado por la entrada de Taboada revela que hay mucho fino jurista siguiendo el blog y la polémica. Por respeto a todos ellos me someto al vetusto latinajo ‘da mihi facta, dabo tibi ius’. Por consiguiente, el Derecho… pónganlo ustedes.
    La liquidación –idéntica a la primitiva- derivada de la comprobación ha sido de nuevo reclamada al TEARG. La liquidación se halla suspendida a medio del oportuno aval bancario. La sanción también reclamada, por el contrario, esta automáticamente suspendida en vía administrativa.

    Antón Beiras Cal

  21. Javier Gómez Taboada
    Javier Gómez Taboada Dice:

    A modo de respuesta a los últimos comentarios (ya posteriores al mío anterior), me limitaré a centrarme en el nudo gordiano de mi “post” y no en otras “derivadas” que, colateralmente, han ido generándose a la luz de varios de los comentarios que se han suscitado.

    Me ratifico en que, sea cual sea el grado de litigiosidad tributaria (que, porcentajes al margen, ya el propio legislador considera elevado pues en la Exposición de Motivos de la última reforma de la Ley General Tributaria apunta, entre sus “principales objetivos”, el “disminuir los niveles actuales de litigiosidad en materia tributaria”), lo cierto es que, entre los actos impugnados, el ratio de fallidos es llamativamente alto, tal y como se ha constatado estadísticamente.

    En consecuencia, me doy por contento si este “post” -desde su modestia- contribuye a generar el germen de una reflexión sobre el actual grado de racionalidad de la presunción de validez de la actuación administrativa (al fin y al cabo, lo que aquí se dilucida es qué tipo de relación queremos entre el Ejecutivo y la sociedad). Pero, obviamente, no es a este humilde abogado tributarista “de provincias” a quien le corresponde apuntar eventuales soluciones -esa alta responsabilidad habría de recaer en insignes administrativistas-; a mí me basta y me sobra con haber levantado la voz para denunciar un estado de cosas que considero inconcebible en un país que dice ser un Estado de Derecho. Repito que en nuestro entorno europeo hay otros modelos (seguro que con sus “pros” y sus “contras”): analícense, estúdiense y conclúyase cuál es la mejor salida a esta ya del todo insoportable situación. Nada más (y nada menos).

    Muchas gracias.

  22. Darly Holguín
    Darly Holguín Dice:

    De acuerdo con el autor, una forma ingeniosa de rebatir la presunción de veracidad de los actos administrativos de las Administraciones Tributarias es recurrir al porcentaje de resoluciones que han sido revocadas o anuladas. Y de paso, intentar una reforma legislativa.

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