Varapalo judicial a las políticas sobre el empleo público español: cambios ineludibles en la oferta de empleo público y en los abusos en la interinidad

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), con fecha 14 de septiembre de 2016, acaba de dictar tres sentencias, sobre otras tantas cuestiones prejudiciales planteadas por órganos jurisdiccionales españoles, interpretando, desde la primacía del derecho comunitario, la Directiva 1999/70/CE, sobre el trabajo de duración determinada y el Acuerdo marco que figura como anexo a la misma.

Alguna de estas sentencias ha tenido mucha repercusión mediática, pero su impacto no se ha calibrado suficientemente desde el punto de vista del varapalo que suponen al modelo de empleo público español, que va a hacer tambalear los endebles cimientos sobre los que está construido y que obliga a un cambio radical en las políticas seguidas hasta ahora, provocadoras de un inasumible nivel de interinidad, justificado hasta ahora en la falacia de la estabilidad presupuestaria.

En la primera de las sentencias (asunto Ana de Diego Porras y Ministerio de Defensa), de acuerdo con el derecho español el interino hasta ahora no tenía derecho a indemnización cuando el titular de la plaza se reincorporaba, pero el TJUE sienta la doctrina de que procede indemnizar también en este caso y que es discriminatorio denegar indemnización por finalización de contrato al trabajador con contrato de interinidad, mientras que sí se contempla para trabajadores fijos comparables (como sabemos, 20 días de salario por año, o 12 días de salario por año para los trabajadores de duración determinada).

En la segunda de las sentencias (asunto María Elena Pérez López y Servicio Madrileño de Salud (Comunidad de Madrid), ante sucesivos contratos en el sector de la sanidad pública, como continuación a la doctrina sentada en 2014, en la condena a Italia, en el caso Mascolo, declara que no hay razones objetivas para el empleo temporal -cuando las necesidades son permanentes y estables- y para que no se creen puestos estructurales.

En la tercera de estas sentencias (asunto Florentina Martínez Andrés y Servicio Vasco de Salud, y Juan Carlos Castrejana López y Ayuntamiento de Vitoria), el TJUE declara que se ha de reconocer al personal con vínculo administrativo, con abusos en la temporalidad, la misma situación que en el caso de los laborales indefinidos no fijos.

¿Qué suponen, en concreto, estas sentencias para el empleo público español, cuyas tasas de interinidad son insoportables? En primer lugar, que si los laborales interinos de la Administración deben ser indemnizados, también deben serlo los funcionarios interinos cuando se cubren reglamentariamente sus puestos, porque se produciría una discriminación sin base objetiva en trabajos comparables. Asimismo, que los tribunales españoles están obligados a crear un tertium genus de funcionario interino, a imagen de lo que el Tribunal Supremo hizo con el personal laboral indefinido pero no fijo, y que luego tuvo reflejo legal en el EBEP, ante los abusos en el empleo interino, blindando su puesto hasta que se provea reglamentariamente su plaza, y también con derechos indemnizatorios.

Pero hay que destacar, sobre todo, que de la doctrina del TJUE se desprende que estamos ante una enmienda a la totalidad a las políticas impulsadas por las diferentes leyes anuales de Presupuestos Generales del Estado que, con la excusa de la estabilidad presupuestaria, han propiciado el aumento del empleo precario en las Administraciones Públicas españolas, para plazas estructurales, impidiendo el acceso de funcionarios de carrera, que habrían accedido de acuerdo con los principios de igualdad, mérito y capacidad, y que podrían haber ejercido sus cometidos con objetividad, imparcialidad e independencia, como ordena nuestra Constitución.

En su lugar, se ha generado un ejército de nuevos cesantes, volviendo a las prácticas clientelares decimonónicas, y así las restricciones a la oferta de empleo público, amparadas en las leyes anuales de presupuestos generales del Estado, han estado al servicio de una de las épocas más oscuras del empleo público.

Es desolador el panorama del conjunto de la Administración Pública, con una media de edad muy alta, que impide desarrollar las políticas de modernización de los aparatos administrativos, y que, sin bases objetivas, ve como se incrementa cada día que pasa el volumen de empleo precario, en lugar de tener un empleo de calidad, y que tiene sobre sus cabezas la espada de Damocles de la interinidad.

Sorprende que las críticas a los efectos de la reforma laboral en el ámbito privado, sin embargo, no se trasladen al ámbito público, en el que poco parecen importar los cientos de miles de empleados públicos interinos, que además suponen un mayor coste, frente a lo que se dice de contención del gasto, porque se debe cotizar por desempleo y porque ahora habrá, además, que indemnizar de acuerdo con la nueva jurisprudencia europea, y también con la de la sala de lo social del Tribunal Supremo, que en 2014 ya se pronunció a favor de indemnizar al personal laboral en los supuestos de amortización de plazas cubiertas interinamente o en los casos de provisiones reglamentarias de plazas.

El TJUE afea con ello la conducta a nuestro país, en el que, salvo algunas sentencias favorables, recaídas en recursos promovidos por la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, el gobierno estatal, la práctica generalidad de los gobiernos autonómicos y locales, muchas veces con la complacencia de los representantes sindicales, y con olvido de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, han impulsado el crecimiento del número de empleados interinos, bendiciendo unas ofertas de empleo público absolutamente vergonzosas, con la rechazable técnica de las tasas de reposición a su servicio.

Como ya dijo el TJUE, en la condena a Italia, en el caso Mascolo, Napolitano y otros, en sentencia de 26 de noviembre de 2014, no valen las excusas presupuestarias. ¿Y quién responde de ello ahora? Naturalmente seremos el conjunto de los españoles por unos gestores políticos incompetentes.

Afortunadamente, ahora hay una obligación de inaplicar las leyes de Presupuestos Generales del Estado, cuya oferta de empleo público no se ajuste a la clara doctrina comunitaria, con base en estas sentencias y en la primacía del Derecho de la Unión, tanto por parte de los órganos de las Administraciones Públicas como de los órganos jurisdiccionales, y si estos tienen dudas deberán plantear obligadamente una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Se ha abierto al fin un camino imparable.

2 comentarios
    • Antonio Serrano
      Antonio Serrano Dice:

      Hola María, buenos días:

      En primer lugar, te pido disculpas por no haber podido contestarte antes. Se me pasó, involuntariamente, hacerlo.

      Sobre lo que preguntas, te comento:

      SSTS, de 18 de junio de 2014 y de 14 de julio de 2014
      Estas sentencias analizan las amortizaciones de interinos por vacante y de indefinidos pero no fijos (en ambos casos, hasta ahora se consideraba que estábamos ante una condición resolutoria, es decir, la provisión reglamentaria de la plaza y cuando se cubría la plaza o se amortizaba y no se realizaba tal provisión el contrato se extinguía ex artículos 49.1.b) Y 1117 CC).
      Según el TS, ha de modificarse esta doctrina y ahora la D.A.20.ª del ET ha mejorado la Directiva 1998/59, con relación al personal laboral de las Administraciones Públicas, a quien se aplicará lo dispuesto en los artículo 51 y 52.c del ET en los despidos colectivos por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción y en los despidos por individuales por causas objetivas.
      El TS dice que estamos ante contratos temporales sujetos al cumplimiento del término pactado, es decir, la cobertura reglamentaria de la plaza, una obligación a plazo, y no ante una condición resolutoria explícita o implícita.
      La amortización a través de las rrpptt no conlleva automáticamente la extinción de los contratos sujetos a término (más o menos largo, y que depende de la diligencia de la empleadora en poner en marcha los oportunos procesos de selección).
      Concluye el TS: “Tanto en los supuestos de nuda interinidad por vacante, como en los de su transformación en indefinido pero no fijo por el transcurso del plazo máximo (artículo 70.1. EBEP y 4.2 del RD 2720/1998) a) la amortización de la plaza desempeñada por modificación de la RPT no está legalmente prevista como causa extintiva de estos contratos, porque no está sujeto a condición resolutoria, sino a término; y b) para poder extinguir estos contratos sin previamente haber cubierto reglamentariamente las plazas, la Administración Pública deberá acudir a la vía de extinción prevista en los artículos 51 y 52 ET.
      Auto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 11 de diciembre de 2014, abusos en la contratación temporal, relativo a asunto de una periodista contratada por el Ayuntamiento de Huétor Vega, que ve amortizado su puesto de trabajo, señala que la demandante está incluida en el ámbito de aplicación del Acuerdo marco de la Directiva 1999/70, en la medida en que ha estado vinculada al Ayuntamiento mediante contratos de trabajo de duración determinada.
      Añade el Tribunal Supremo que dicho Acuerdo marco debe interpretarse en el sentido de que se opone a una ley nacional, que no incluye ninguna medida para evitar los abusos resultantes del uso de sucesivos contratos de trabajo de duración determinada en el sector público, al no haber medida efectiva para sancionar tales abusos, y corresponde al juez interno señalar qué naturaleza ha de tener la indemnización concedida a un trabajador por considerar que esta medida es suficientemente efectiva para sancionar los abusos.
      Cuestiones que se suscitan: Derecho a indemnización de los funcionarios interinos con encadenamiento de nombramientos o por plazos superiores a los tres años, en aplicación de la Directiva 1999/70, sobre trabajo de duración determinada, y de la Directiva 2000/78, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación
      STS, de 6 de octubre de 2015, recaída en recurso de casación interpuesto para la unificación de doctrina: el Tribunal Supremo aplica en esta sentencia la doctrina del TJUE, en relación con al Directiva 1999/70, sobre el trabajo de duración determinada, yendo más allá del caso de amortización para llegar al supuesto de provisión reglamentaria de plazas que están cubiertas con contratados laborales indefinidos pero no fijos.
      Recuerda el Tribunal Supremo que, conforme a la citada doctrina del TJUE -asunto relativo al Ayuntamiento de Huétor Vega, relativo al cese sin indemnización alguna por cobertura reglamentaria de la plaza de una empleada de dicho Ayuntamiento-, los trabajadores indefinidos no fijos se encuentran incluidos en el ámbito de aplicación del Acuerdo marco y consideró adecuado conceder al demandante -indefinido no fijo que cesó por cobertura reglamentaria de la vacante- una indemnización de ocho días por cada año de servicio prevista en el artículo 49.1.c) ET.
      Declara el Tribunal Supremo en esta reciente sentencia que el cese fue ajustado a derecho y que no constituyó despido, si bien procede como consecuencia de ese cese la indemnización legalmente prevista de ocho días por año, aplicando el citado artículo 49.1.c) ET y la disposición transitoria 13.ª del citado Estatuto. Hoy, como sabemos, serían 12 días al año.
      La importancia de esta sentencia es que en el ámbito laboral se ha generado una nueva doctrina, de la misma manera que la nueva jurisprudencia en materia de amortizaciones de plazas, ahora con la provisión reglamentaria, que puede acabar sin duda afectando también a los funcionarios interinos, conforme a la doctrina del TJUE sentada a propósito de la Directiva 1999/70.

      Saludos.

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