bloqueo-politico-institucional

De las “estafas” parlamentarias

Ya dijo el ex diputado, tristemente fallecido, José Antonio Labordeta (“Memorias de un beduino en el Congreso de los Diputados”. Ediciones B, 2009), refiriéndose al trabajo de la Comisión de Peticiones del Congreso de los Diputados, que “a mí, aquello me pareció una estafa desde el primer día”. Podríamos también aludir a la interesante reflexión que hace unos años (pero todavía actual) realizaba el colaborador de este blog, Jesús López-Medel Báscones bajo el sugerente título ¿Para qué sirve el Parlamento?  Y, como dijo certeramente mi estimado Jesús Alfaro Aguila-Real,  a los ciudadanos colaborativos “por imbéciles, nos toman por imbéciles”.

 Supuesto de hecho: Se realiza una petición a sus señorías (no debe olvidarse que el derecho de petición es un derecho fundamental reconocido en los artículos 29 y 77 de la Constitución), que contiene propuestas tan descabelladas como la necesaria adopción de directrices de técnica normativa sobre la incorporación del Derecho de la UE (dado que España es uno de los Estados más incumplidores del Derecho comunitario); la preceptiva consulta al Consejo de Estado en los procedimientos de infracción del Derecho de la UE; la conveniencia de la existencia de un órgano especializado en materia de técnica normativa; la necesidad de que el Consejo de Estado informe preceptivamente en los desistimientos en los recursos de inconstitucionalidad y conflictos de competencia (para evitar los trágalas políticos); la preferencia procesal que ha de darse en la resolución de ciertos recursos de inconstitucionalidad cuando lo que se impugna es un Decreto-Ley (a lo que se nos tiene tan acostumbrados últimamente, pues casi todo es legislación de urgencia); a la defensa del español en la Unión Europea; y, en fin, a que el Congreso de los Diputados abra sus puertas a la participación ciudadana, terminando así con esa “estafa” a la que se refería el señor Labordeta (puede verse una versión inicial aquí).

El Acuerdo de la Comisión de Peticiones es el siguiente: “tomar conocimiento a los efectos oportunos”. Es la primera vez que veo una resolución de este tipo, deben ser los efectos de los nuevos aires que quieren imprimirse en política.

Es de verdadera vergüenza ajena y constituye un absoluto desprecio a los derechos ciudadanos. Labordeta tenía mucha razón, pero, desde entonces las cosas han cambiado, a peor. La Comisión de Peticiones y, por extensión, el Congreso de los Diputados contribuyen así, día a día, a fomentar las frecuentes manifestaciones de desprecio –en la calle- hacia las  instituciones “democráticas”, alejando, con sus actos diarios, a los ciudadanos de las mismas y fomentando el populismo.

El artículo 49 del Reglamento del Congreso de los Diputados es del siguiente tenor:

“1. Será aplicable a la Comisión de Peticiones lo establecido en el apartado 1 del artículo anterior.

La Comisión examinará cada petición, individual o colectiva, que reciba el Congreso de los Diputados y podrá acordar su remisión, según proceda, por conducto del Presidente de la Cámara:

1.º Al Defensor del Pueblo.

2.º A la Comisión del Congreso que estuviere conociendo del asunto de que se trate.

3.º Al Senado, al Gobierno, a los Tribunales, al Ministerio Fiscal o a la Comunidad Autónoma, Diputación, Cabildo o Ayuntamiento a quien corresponda.

La Comisión también podrá acordar, si no procediere la remisión a que se refiere el apartado anterior, el archivo de la petición sin más trámites.

En todo caso, se acusará recibo de la petición y se comunicará al peticionario el acuerdo adoptado”.

El acuerdo adoptado por la Comisión de Peticiones, aparte de carecer de la motivación necesaria (según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional al efecto) no cumple nada de lo previsto en el Reglamento. Hasta el más torpe de los leguleyos lo deduce claramente de su simple lectura: o archivan la petición (explicando el motivo), o la remiten a la institución competente (que también ha de contestar motivadamente).

Labordeta también dejo escrito que “si un día alguien tiene tiempo y necesidad de ser doctor, en esa comisión cuenta con material para analizar la España menuda, colectiva, sin héroes, pero con ciudadanos solidarios, asediados, enfrascados en combates aparentemente nimios y sin sentido, pero que para ellos son más importantes que una ascensión al Everest sin oxígeno. Lo absurdo es seguir manteniendo esa ficción de legalismo populista e inservible”.

Recientemente se ha constituido en el Congreso de los Diputados, presidida por el diputado Antonio (Toni) Cantó la Comisión “para la calidad democrática, contra la corrupción y reformas institucionales y legales”. Debería tener mucho trabajo, pero, ¿no será otra “estafa” parlamentaria?

Veremos.

6 comentarios
  1. O,farrill
    O,farrill Dice:

    La situación creo que nace de la perversión del sistema que llamamos “democrático”, donde la representación de la “soberanía popular” es ficticia y, por tanto los electores se convierten simplemente en una “herramienta” para obtener el poder (el gobierno). No me canso de insistir que si hay una justificación de “mandato imperativo” es el que nace de la confianza y conocimiento mutuo entre quien elige y el elegido. Sólo entonces pueden llegarse a establecer las normas (leyes) que van a regir una sociedad. El “ejecutivo” está sólo para obedecer -una vez se le haya encargado de la tarea de gobierno- pero no para suplir al “legislativo” que, siempre, debe ser el eje sobre el que gire toda la política de un país.
    Lejos de ello vemos esta especie de espectáculo (como el de la investidura) donde todo está pactado y acordado por las cúpulas de los partidos (¿para qué están entonces los grupos parlamentarios?), donde ¡es el rey el que encarga gobierno! (mezcla de función en el Estado con una cuestión dinástica) en lugar de limitarse a ser informado de la existencia del mismo y donde todo el mundo mediático e incluso político, dicen que las elecciones son para “elegir gobierno” o peor “presidente de gobierno”. Hecha la ley, hecha la trampa. Por mucho que la C.E. diga unas cosas, las “leyes” de los gobiernos harán lo que mejor les convenga en cada caso a través de normativas que dejan en condiciones de subordinación el propio texto constitucional. Un saludo.

  2. Victoria Torres García- Lomas
    Victoria Torres García- Lomas Dice:

    Completamente de acuerdo con este artículo. En España la mayoría de las instituciones creadas para la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos se han convertido en mastodónicos entes burocráticos que no tienen otro fin que su propia retroalimentación. El Defensor del Pueblo es también una ficción. Si solicitas su ayuda frente a un a atropello de la Administración Pública, te contesta con una carta de no más de diez líneas remitiéndote a los tribunales. Entonces¿ para que está? Seguramente, para elaborar informes muy sesudos que los altos funcionarios y los póliticos guardan con mucha diligencia en un tenebroso archivo, en el cajón rotulado con : ” No vamos a cambiar”.

  3. Isaac Ibáñez García
    Isaac Ibáñez García Dice:

    Respecto a lo dicho por Victoria, ciertas instituciones “defensoras de derechos” se aprovechan de que sus “resoluciones” no suelen ser recurridas ante los tribunales, por el coste que acarrea y el largo tiempo en obtenerse el amparo. No obstante, siempre hay “valientes” que provocan la creación de jurisprudencia.

    En la Sentencia del Tribunal Constitucional 108/2011, del 20 de junio de 2011, puede leerse: “La petición ejercitada en ese ámbito parlamentario, además de una libertad civil, es también expresión, cuando responde a un interés público o general, de un derecho de participación política, ejercitado individual o colectivamente. Un derecho político democrático que permite a los ciudadanos comunicarse con el poder público, y que potencia la interrelación entre los Parlamentos y los ciudadanos y coopera a que los parlamentarios conozcan las preocupaciones de la sociedad a la que representan, así como las demandas políticas y las opiniones de los individuos y de los actores sociales. Aunque evidentemente las Cámaras no queden comprometidas a actuar en el sentido reclamado por el peticionario, sin duda la petición puede estimular la actividad parlamentaria, favorecer que se lleve a cabo de modo más eficaz la función de control del ejecutivo, o incluso que se articulen nuevas iniciativas legislativas. El derecho de petición es en ese ámbito, materialmente, un derecho de participación democrática y ciudadana.
    …/…
    … Tal proceder vaciaría la cobertura que ofrece el art. 29.1 CE, que en ese espacio parlamentario únicamente puede perseguir la interrelación de los peticionarios con sus representantes, haciéndoles llegar una iniciativa, una queja o una sugerencia o, como en esta ocasión sucede en los escritos de la asociación recurrente, de 27 de marzo y 14 de abril de 2009, una propuesta de actuación -creación de comisiones parlamentarias- que pretende estimular la iniciativa de quienes son competentes para ello, los Diputados o los Grupos Parlamentarios destinatarios según la regulación del Reglamento de las Cortes de Aragón”.

    Según esta sentencia, “no cabe, en principio, excluir ningún asunto público de la esfera de preocupación o interés político de los ciudadanos, por lo que, en virtud del razonamiento antes expuesto, ha de concluirse que la Mesa de la Cámara ha lesionado el derecho de petición (art. 29.1 CE) en el presente caso”.

    No en vano, como recuerda la Exposición de motivos de la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del Derecho de Petición, “no debe pensarse que el de petición es un derecho menor. Desde luego, históricamente no lo ha sido. Y en el momento actual entronca de manera adecuada con las tendencias mayoritarias que proclaman una mayor participación de los ciudadanos, y de los grupos en que se integran, en la cosa pública, una mayor implicación en las estructuras institucionales sobre las que se asienta nuestro Estado social y democrático de Derecho”.

    De la referida sentencia constitucional se deduce claramente que, respecto a la petición concreta comentada en este post, la Comisión de Peticiones del Congreso de los Diputados debería, como mínimo, haber trasladado la misma a los Grupos Parlamentarios, que son los órganos legitimados para activar iniciativas parlamentarias (de ley y no de ley). Aunque también debería haberla transmitido a las instituciones con capacidad legislativa, por ejemplo el Gobierno.

  4. Colapso2015
    Colapso2015 Dice:

    Creo cabria puntualizar, -no hay derecho sin violencia-. Es decir, no hay derecho sin la abundancia de fuerza de un tercero, el cual trabaja por ese derecho; eso -rígido-, recto.
    Si hay libertad sin violencia. Por ello, hablar de “derecho político” chirría a la mente.

    No resulta nada extraño quien disfruta de la violencia (fuerza en abundancia), usualmente unificada por interés mercenario en el Estado, decida qué es y no es un derecho. Cuando es el mismo Estado quien establece la legitimidad y legalidad, hace las leyes y reparte recursos. Un error y suplicio…

    Es obvio pues, debe cambiar “la fuerza en abundancia” a sus propias manos para concienciar-diferenciar derecho y libertad. Se requiere conciencia de Nación (grupo) y exigir (con fuerza) sobre esa tierra (recursos) un orden concreto, establecer en ello, claramente, cual es el origen de las leyes. En una democracia, la opción mayoritaria de las personas sobre un conflicto dado. Que, mediante -abundancia de fuerza- hacia una opción establece una conducta aceptable en -el culto vital- (cultura).

  5. Manu Oquendo
    Manu Oquendo Dice:

    Nuestras Democracias Representativas están produciendo:

    • El empobrecimiento y la gradual reducción de la clase media –trabajadora, tributaria y deudora– que era la promesa de la democracia.
    • Continua reducción de las esferas de libertad personal y colectiva que no recibe suficiente atención.
    • Degradación cualitativa de los liderazgos formales de las democracias.

    Hoy, los intereses de esta clase social, de largo todavía la más numerosa, son los peor representados y hay toda una constelación de “poderes fácticos” incentivados –desde el Presupuesto Público por los Poderes dominantes dentro y fuera del Estado– y dedicados a su metódica deconstrucción y reingeniería.

    Estas “democracias representativas que no nos representan” han resultado en formas de Poder no solo estafadoras, –como afirma el artículo–, sino despóticas. Desde lo económico a libertades y valores que preceden al derecho positivo. El poder en aspectos muy importantes tiene, incomprensiblemente, menos barreras que en el Antiguo Régimen.

    Como en todos los entes gregarios, la predisposición ciudadana a actuar es muy mejorable, pero estamos hablando de la clase social que, a pesar de todo, porta los valores de esta cultura hoy en múltiples crisis que hemos de transformar en horizontes positivos.

    El caso es que, por no perdernos de detalles, el análisis de la situación nos lleva a una conclusión:

    “No articularse eficazmente como Grupo Organizado de Interés desde la sociedad civil es una debilidad estratégica grave. El grupo –de minorías o de mayorías– que se quede fuera se ausenta del campo de la representación eficaz”.

    Una prioridad es la formación de Grupos capaces de pensar, crear y discernir para actuar con eficacia en la Génesis y Difusión de Ideas que den vida al Espacio de la Ciudadanía como Agente Social Real. Solo esto, ideas ubicadas en la verdad, no estafas intelectuales. Pero ni más ni menos que esto.

    Una Red capaz de Estrategias y Tácticas Comunicativas adecuadas a cada segmento receptor. No tiene sentido emitir mensajes en formas que garantizan que no van a ser recibidos por nadie.

    Esto no es diferente de lo que sucedió cuando moría el Viejo Régimen y lentamente, tras un lento proceso de reflexión y organización surgieron las Asambleas y Gobiernos llamados “Representativos” y las Democracias de Masas. Aquel ciclo que hoy se acaba.

    Hoy es demostrable y evidente que aquella construcción tuvo lugar para ser capturada. La estafa no comienza ahora, comienza en la arquitectura de entonces. En determinadas Instituciones dedicadas a anular y degradar el papel de la Ciudadanía incluso a través de sus sistemas de educación y sus mass-media.

    Para algunos ha sido y es el mejor negocio de la Galaxia; pero hoy es visible. Demasiado visible y toca su final.

    El camino no es fácil pero, además de sernos necesario, disponemos de muchos más conocimientos y recursos sobre Comunicación y Comportamiento de Grupos de los que existían entonces.

    Organizarse para estas tareas, pensar y comunicar, es lo que puede evitar a la gran mayoría caer en la lamentable melancolía que produce casi cada observación cotidiana de los actos del Poder que nos Representa.

    Saludos y gracias por el artículo.

  6. Isaac Ibáñez García
    Isaac Ibáñez García Dice:

    Gracias a Manu y a O,farrill por sus comentarios. Creo que hay que insistir en la participación ciudadana en los asuntos públicos y en la queja positiva. Algunos comentarios de los que se deduce que ello no constituye una extravagancia:

    En un obituario in memoriam de Eduardo García de Enterría (Escuela de vida. 21 de septiembre de 2013), José María Michavila relató, refiriéndose al “Seminario de los Miércoles” del Departamento de Derecho Administrativo de la Complutense, que “allí hablábamos del Derecho, del Estado y las muchas circunstancias de la entonces naciente convivencia democrática y sus reglas. Discutíamos y debatíamos y a veces, hasta proponíamos reformas al Gobierno o al ministro de turno…”

    Javier Cercas (Mientras no cambien las leyes. El País Semanal, 5 de julio de 2015): “la gente lo que quiere es participar, y lo que no quiere es una democracia anquilosada, una partitocracia corrupta”.

    Rosa Montero (Las 235 cartas de un hombre tenaz. El País Semanal, 17 de agosto de 2003): “los tenaces, en suma, son aquellos individuos fabulosos que ven algo que no les gusta, algo que no funciona en la sociedad, algo que no les parece equitativo, y dedican una asombrosa cantidad de tiempo, energías y a menudo dinero, para intentar cambiarlo. Y su manera de luchar es individual y civilista. Es decir, no son misioneros, no son trabajadores de campo, no son asistentes sociales ni miembros de oenegés. Los tenaces confían en la bondad final de las instituciones y creen en la eficacia de la palabra. Ellos repiten sus verdades, escriben cartas, a veces incluso presentan denuncias judiciales, sin desalentarse por el poco resultado, por las dificultades y el silencio. Son incombustibles porque son grandes optimistas. Gracias a ellos, entre otras cosas, se va moviendo el mundo”.

    Julian Baggini, filósofo británico, autor de “La queja” y “Se creen que somos tontos” (Entrevista en El Mundo, 26 de enero de 2013): “Quejarse es bueno… siempre que venga acompañado de una acción positiva”.

    Antoni Gutiérrez-Rubí (Queremos legislar. El País, 24 de abril de 2013): “¿Por qué no vamos a utilizar todo el talento disponible en nuestra sociedad para legislar, por ejemplo, favoreciendo la apertura de datos, su accesibilidad, facilidad de uso y reutilización, con el objetivo de crear ecosistemas públicos para resolver problemas complejos? Evitaríamos fiascos (y manipulaciones), como el sucedido en un estudio clave para justificar la austeridad económica en la Unión Europea que contiene graves errores de Excel y que, si hubiera estado abierto, habría sido advertido y corregido por otros actores sociales, impidiendo –probablemente– que la política tomara decisiones equivocadas con datos insuficientes o inexactos.

    ¡Queremos legislar!, decimos. No solo porque queremos, podemos y debemos, sino porque sabemos. El conocimiento disponible en la sociedad abierta y en red es superior al de sus representantes y expertos. No estamos hablando de masas inertes y amorfas, sino de multitudes activas e inteligentes en la sociedad red, capaces de articular –o al menos iluminar– soluciones públicas para problemas complejos si se dispone de entornos abiertos gracias a la tecnología. Lo público debe ser el punto de encuentro, no solo una capa superpuesta de representación, de todos los actores que desean una sociedad sostenible y justa, la única capaz de generar riqueza, gracias a una progresiva y eficiente capacidad de repartirla”.

Los comentarios están desactivados.