Flash Derecho: catálogo de 25 medidas de lucha contra la corrupción de la Asociación Profesional de Fiscales

A la vista de que el acuerdo entre el PP y Ciudadanos que contiene algunas medidas de lucha contra la corrupción, los editores creemos que es interesante recordar las 25 medidas que la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales propuso recientemente para luchar contra la corrupción. A continuación reproducimos su interesante comunicado.

(APIF) propone a los partidos políticos y comunica a la opinión pública un conjunto de medidas elaboradas por profesionales para la lucha judicial contra la corrupción. El Consejo de Europa detectó en un informe sobre la investigación de delitos contra la corrupción en España la existencia de problemas procesales estructurales que determinan que de las causas que se investigan haya un escaso número de condenas y además muy tardías cuando las condenas se producen. La APIF desea colaborar a resolver en la medida de sus posibilidades esta lacra que tiene la sociedad española, que produce pérdidas millonarias que se sustraen a la aplicación de las políticas necesarias para España y los españoles, que produce una lamentable imagen internacional, que no para de crecer tratándose ya de manera evidente de un fenómeno sistémico y no meramente de casos individuales en nuestro país, que nos colocan lejos de la ejemplaridad necesaria que todos queremos en la administración de los caudales públicos, y que se ha convertido en la segunda preocupación de los españoles según las encuestas del CIS. Proponemos un cambio real, no meros parches, no simple publicidad política para empujar un poco el balón adelante. Hay que cambiar muchas cosas en España para que nuestro país mejore y hay que hacerlo rápido y bien.

1) Es esencial un Pacto por la Justicia que aborde reformas procesales y dotación de medios a la Justicia en la lucha contra la delincuencia económica y la corrupción, garantizando la imparcialidad efectiva de los órganos encargados de la investigación y enjuiciamiento de esas conductas. Ello implica un cambio en el modelo de designación del CGPJ, la exigencia de controles en las puertas giratorias de jueces y fiscales a la política o a la abogacía, el respeto al régimen y tiempo de incompatibilidad cuando se cesa en alguna responsabilidad pública para acudir a una empresa privada o a la abogacía, un cambio en la designación del Fiscal General del Estado con un muy amplio consenso parlamentario.

Clarificación del deber de abstención en casos de vinculación previa de un juez o fiscal con un partido político en casos de corrupción que afecten a ese partido o a los demás.

Se trata en suma de trabajar para que en un futuro consigamos acabar con la politización de la jerarquía de la Justicia española, auténtico lastre de credibilidad en la lucha contra la corrupción.

2) Supresión de aforamientos para todos los cargos públicos.

3) Transparencia en la actuación del Fiscal General del Estado, especialmente en lo que se refiere a su agenda de trabajo y a sus relaciones con el Gobierno, con los poderes ejecutivos locales y fuerzas políticas que habrán de hacerse constar en todo caso por escrito y darles la correspondiente publicidad. A fin de enfatizar la independencia del FGE del Gobierno y con carácter preventivo, se propone la tipificación como delito grave del traspaso de información reservada obtenida en el ejercicio de sus funciones por el FGE entre los delitos contra la administración de Justicia y tipificación también como delito grave de las peticiones al FGE de transmisión de esa información, así como crear un subtipo delictivo agravado respecto para el fiscal o juez que deja intencionadamente de perseguir delitos de corrupción o de delincuencia económica. Posibilidad de cese del FGE por incumplimiento concreto de las citadas obligaciones de transparencia.

4) Tramitación preferente de las causas de corrupción y delincuencia económica.

5) Estudio técnico procesal sobre el tipo de resoluciones interlocutorias de los Jueces de Instrucción que no pueden ser recurridas o los límites del alcance de los recursos a fin de compatibilizar la agilidad procesal con la proscripción de la indefensión.

6) Prohibición de todo tipo de regalos, sea o no de cortesía (incluyendo naturalmente la asistencia habitual a palcos de equipos de futbol, espectáculos o corridas de toros), a cualquier autoridad o funcionario público y con más razón a jueces o fiscales, incluso a familiares o personas interpuestas.

7) Dotación en todas las Fiscalías españolas de unidades o fiscales especializados en delincuencia económica y corrupción y potenciación de la formación a jueces, fiscales y policías en la materia.

8) Asignación de recursos a las unidades anticorrupción de las fiscales de los efectos decomisados en operaciones anticorrupción y de delincuencia económica en forma de medios materiales, de contratación de expertos o de mejora de la formación (que ha de ser también interadministrativa: fiscales con policías, inspectores de hacienda, interventores), así como aplicación de parte de esos decomisos a campañas publicitarias de concienciación anticorrupción.

9) Profesionalización y consiguiente sustracción al poder de control del Ministerio de Justicia de los nombramientos de los magistrados de enlace, es decir, de jueces y fiscales españoles en labores de auxilio judicial internacional, así como del personal (jueces, fiscales y policías) al servicio de la delegación española en Eurojust, que en último caso deberían ser nombrados parlamentariamente con concurrencia de amplias mayorías.

10) Reglamentación más detallada del estatuto penal y procesal de las personas jurídicas.

11) Eliminación por ley de toda capacidad de los alcaldes y consistorios en las fijaciones del complemento específico de los puestos de trabajo, potestad disciplinaria e influencia en las demás condiciones de trabajo de los funcionarios de los Cuerpos Nacionales de Interventores, Secretarios y Tesoreros de la Administración Local, que den efectiva protección e independencia a estos profesionales de vital importancia en el desarrollo y control de la actividad de los municipios y de sus ediles.

12) Deslindar las competencias en el ámbito municipal entre los órganos políticos que toman decisiones sobre la necesidad del contrato y la aprobación de los pliegos de cláusulas administrativas y de condiciones económicas con su participación en el expediente de contratación y selección del contratista. El órgano de contratación debería ser un funcionario de carrera y los concejales no deberían ser miembros de las Mesas de contratación, como ahora sucede.

13) Poner coto a la huida del Derecho Administrativo, que se promueve  por muchos órganos  políticos respecto de aquellas decisiones y contratos. Como ejemplo puede citarse las falsas encomiendas, por las que se encargan a sociedades mercantiles de propiedad pública potestades administrativas de adjudicación de contratos que se pagan con cargo a fondos de las Administraciones Públicas. Con esta técnica, que es manifiestamente ilegal porque no se pueden encomendar potestades administrativas de contratación, se producen dos fraudes claros:

  1. a) Se cambia el régimen legal de la contratación porque las sociedades mercantiles no están sujetas al TRLCSP, solo a sus principios.
  2. b) Se elude el control de la intervención sobre el destino efectivo de los fondos públicos ya que las sociedades mercantiles no están sometidas a fiscalización previa.

14) Reducir los amplios plazos de ejercicios de los Consejeros del Tribunal de Cuentas actualmente con mandatos de 9 años prorrogables por otros 9 años más,por no garantizarse independencia y fosilizarse en su trabajo creándose redes de intereses incompatibles con la importancia de su función. Exigírseles que realicen sus trabajos de control sobre las contabilidades electorales y la financiación de los partidos políticos con las técnicas de cruces de datos, indagando en las informaciones bancarias, registros públicos etc..

15) Prohibición establecida por ley de que las Corporaciones Locales puedan contratar abogados externos en labores de asesoramiento. No solo porque es una vía de grandes gastos por las minutas que puedan abonarse que pagamos los ciudadanos, sino porque los informes de legalidad han de realizarse en los servicios jurídicos públicos, cerrando así la vía a cualquier cobertura que necesite un político para dictar la resolución que desee sin exponerse a ser acusado de prevaricación por la existencia de ese informe jurídico privado.

16) El control del expediente digital, de Lexnet, y de toda la custodia de documentación judicial obtenida en registros ha de pasar del Ministerio de Justicia al Poder Judicial. Asimismo, la Oficina de Recuperación de Activos derivados del delito (liderada en toda Europa por los órganos de investigación –Policía y Fiscalía-) ha de ser sacada del control del Ministerio de Justicia, al tratarse de un instrumento para la investigación y buen fin de los procesos, y para garantizar la imparcialidad en la investigación (por ejemplo, ¿qué pasaría si los bienes a investigar fueran del partido en el Gobierno?).

17) Declarar una lucha sin cuartel contra el funcionamiento de los paraísos fiscales en tanto afecte su actividad a la ocultación de capitales provenientes del delito o por los que haya de tributar. Hay que recordar que son numerosas las entidades bancarias y empresas importantes españolas que operan en dichos territorios.

18) Exigencia de responsabilidades por su gestión a los fiscales jefes en la lucha contra la corrupción. Análisis especial del programa de actuación del Fiscal Jefe Anticorrupción previo a su designación, y control parlamentario anual del trabajo del Fiscal Jefe anticorrupción y obligación de dación de cuentas periódicas de su gestión.

19) Establecimiento de unos protocolos claros de asignación de asuntos a la Fiscalía Anticorrupción, al margen de que la decisión final recaiga en el Fiscal General. Posibilidad de impugnar dichas asignaciones o el rechazo a las mismas.

20) Instauración de un sistema completo de protección a funcionarios y personas denunciantes de hechos delictivos de corrupción, garantizando su indemnidad y la ausencia de represalias. Tipificación penal agravada de las represalias sobre personas denunciantes de hechos supuestamente constitutivos de corrupción.

21) Establecimiento de una responsabilidad civil in vigilando o in eligendo de quienes (personas o partidos políticos) hayan designado directamente a personas que hayan sustraído o defraudado caudales públicos mediante prácticas de corrupción, hasta el límite de la cantidad sustraída al erario público y de los perjuicios causados.

22) Tipificación como delito de malversación de caudales públicos la donación en negro de cantidades de dinero a partidos políticos por quienes en un periodo de cinco años anteriores o de dos posteriores hayan contratado con las administraciones, desde la constatación de que esas cantidades entregadas a los partidos acaban siendo recuperadas en sobrecostes contractuales que recaerán sobre los ciudadanos.

23)  Prohibición de suspensión de penas hasta la devolución total de lo sustraído en casos que afecten al erario público.  El delitos de corrupción con penas inferiores a dos años sin responsabilidad civil, exigencia de cumplimiento efectivo.

24) Elevación de penas para ciertos delitos económicos o de corrupción especialmente en sus tramos inferiores para evitar que estos puedan ser castigados con penas excesivamente bajas.

25) Prohibición de indultos para delitos de corrupción en todo caso, y cuando menos, en los supuestos en los que no haya informe favorable del Fiscal y del Tribunal.

10 comentarios
  1. Manu Oquendo
    Manu Oquendo Dice:

    En medios especializados comienza a salir a la luz el hecho de que el entramado legal Occidental es el principal factor detrás del gran desarrollo mundial de las Zonas Económicas Especiales (FTZ) que es donde se está concentrando el poco crecimiento que hay mientras en las “Zonas Económicas Normales” lo que se produce es “vaciamiento y decrecimiento”. A principio del siglo XXI ya había unas 3,000. La primera, Shannon en Irlanda, es de 1934. Vaya, vaya, se nos ha colado dentro de la UE otro paraisillo fiscal. Como setas.
    https://en.wikipedia.org/wiki/Free-trade_zone#List_of_free-trade_zones

    En un dominical de ayer se advertía en lugar destacado del creciente número de Inversores que, tras evaluar proyectos en España, decidía no invertir por la inseguridad derivada de los criterios interpretativos –¡Ah, la exégesis!– ejercidos por los múltiples órganos recaudadores del Estado que se evidencia en el porcentaje de sentencias favorables a los contribuyentes que tienen capacidad para resistir en los tribunales.

    En otros medios comienza a hablarse de la por otra parte lógica recomendación de Kissinger para que los EEUU se conviertan en lo que ya son: el mejor paraíso fiscal del mundo.
    En este contexto las directivas y los “escándalos” promovidos a través del conglomerado mediático sobre los “pequeños paraísos” ya se ven como formas de acelerar el movimiento del dinero a Nevada, Dakota o Delaware.

    Por otra parte, entre los años 85 y 95, el Gobierno de España desmanteló legalmente parte de los Controles Internos (procesos y funciones) que antes eran obligatorios. Cualquier Profesional de Compras o de Ventas sabe lo que hay que hacer empresarialmente para comprar y vender como es debido. Hay hasta Normas internacionales al respecto. Pues bien, el Estado se las ingenió para escabullirse.
    A partir de 1996 esta situación no se corrige. ¡Ay, los pactos!

    A ver si por la noche me da tiempo a traer detalles de esto.

    Si no arreglamos dichos Mecanismos Básicos de Control (que pueden en algún caso requerir cambios constitucionales) el resto, en general, solo representará Costes mayores para los Contribuyentes, mayor Burocracia y un Entorno Legal y Judicial entre opresivo y soviético.

    Si me aprieta el zapato la solución es arreglarlo, no comprarme unas muletas y seguir con el mismo zapato.

    Es decir, no avancemos hacia la definitiva conversión de España en un Infierno Empresarial. Así solo sobrevivirá la Empresa Pública bajo el disfraz de Oligopolio Amistoso.

    Pensándolo bien….. ¿por qué no nacionalizamos todo de una vez? Ya casi no falta nada.
    Sería estupendo si los países ricos nos garantizasen una “justa redistribución internacional”. Pero me temo que no terminamos de convencerlos.

    Buenos días

  2. Colapso2015
    Colapso2015 Dice:

    Suceso, diputado votación: “por imperativo, abstención”
    Carta Otorgada del 78: “67.2. Los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo.”

    La fiscalía tiene dependencia jerárquica del Gobierno (el partido también, por extensión el legislativo y el judicial), es decir, la fiscalía es -de, por y para el Estado-.
    Este Estado se nutre con abundancia de fuerza (violencia) extrayendo recursos de -la sociedad no estatal-. Cuando no son suficientes, recurren a instituciones -blindadas ante lo justo- como el MEDE, BCE, “supra-”,…, justamente estos son los defensores más activos del “Estado de Derecho”. Esto es garantizan con liquidez, un conjunto de personas, a sueldo del Estado (corporación) apuntalen la Ley. Eso es, el “Estado Recto-Rígido”.
    El sujeto político es el partido político (corporación),…, lo corrupto es el sistema. A más leyes, “medidas”,…, más de manifiesto ponen la naturaleza corrupta del Estado legislador.

    Las demagogias de representación, las demagogias del templo, ya han pasado de la hipocresía (homenaje a la virtud) al “zynismo” descarnado.

    Imperio de lo justo (terrenal). Control Dinámico. Democracia.
    Es la democracia quien limita la corrupción, no la Ley.

  3. O,farrill
    O,farrill Dice:

    Son muy interesantes las propuestas de la Asociación de Fiscales pero, como ellos mismos reconocen, han caído en el “vacío”. ¡Lástima porque ayudarían mucho a evitar situaciones de corrupción! Hay que valorarlas además porque ellos son los que a diario sufren las consecuencias del ordenamiento jurídico retorcido a conveniencia.
    Hay que recordar que la “política” se compone de tres partes fundamentales:
    1.- La representación de los ciudadanos en el Parlamento para LEGISLAR (Estado de Derecho)
    2.- La designación de un gobierno para OBEDECER Y EJECUTAR LO LEGISLADO POR EL PARLAMENTO (Admón. Pública)
    3.- La existencia de tribunales de Justicia que, en nombre del Estado (no del gobierno ni del rey) CONTROLAN Y JUZGAN LA POSIBLE VULNERACION DE LAS LEYES E IMPARTEN JUSTICIA .
    El Ministerio Fiscal ES DEL ESTADO, no del gobierno de turno, al igual que el resto de las instituciones de CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LA GESTION PUBLICA. Todo ello debería estar ya suficientemente claro pero…. ¿qué quería decir el Sr. Rajoy cuando decía que “quería un gobierno, no para ser gobernado, sino para gobernar”? Todavía parece que no se ha enterado de que el verdadero poder reside en el Parlamento, porque es el que dicta normas. El es un simple empleado público, lo mismo que el jefe del estado.
    Por eso, como muy bien apunta Oquendo, esto no se resuelve con parches, es una cuestión de pedagogía democrática sobre todo en quienes quieren o se consideran “dirigentes” políticos. Y es también una cuestión de reforma profunda de nuestra vapuleada Constitución Española para evitar que no la zarandeen más. Un saludo

    • Colapso2015
      Colapso2015 Dice:

      “Todavía parece que no se ha enterado de que el verdadero poder reside en el Parlamento, porque es el que dicta normas. El es un simple empleado público, lo mismo que el jefe del estado.”

      ,…, Rajoy lleva desde 1981 en política de representación, con lo cual con otros 4 años rondará los 40 años alrededor del poder. Creo sabe bien cómo y quién tiene el poder.

      Respecto a su esbozo de la demagogia de representación o “democracia” liberal, le recuerdo las cosas no suceden “porque sí”. Porque lo diga un papel como la Carta Otorgada del 78.

      La representación sólo es posible cuando algún vínculo de poder formal permite revocarla.
      Las leyes, no deberían ser en nombre del Estado (el rey y su corte), sino en nombre de la Nación. Para que ello suceda la Nación debe participar en el poder formar continuamente (juntas, iniciativas legislativas populares, revocación de leyes,…, etc), es decir, participar en la elaboración de la Ley escrita, pues en la no escrita ya participa con su voluntad (costumbre).

      Al igual que un empleado público o privado –hace lo que le dicen–, ¿por qué extraña razón cree usted el Ejecutivo, la sociedad estatal, el Estado obedecerá al legislativo? Si es este último quien tiene el monopolio de la violencia y las llaves “del tesoro”. Que en España, y como bien sabe Rajoy, todo el poder formal pilota alrededor de los partidos políticos estatales. Que son Gobierno, Legislativo y judicial (ministerio fiscal incluido) , todo en el pack.

      La justicia -legal- en nombre del Estado es un contrasentido, pues es el mismo Estado, con abundancia de fuerza, quien la ejecuta, ¿cómo va ser en nombre de si mismo? Será en nombre de la Nación, quien debe ostentar no sólo la capacidad legislativa (fuerza-legitimidad) sino también la directiva de la moral (justicia legal).

      Las cosas no suceden porque sí, algo hace que sucedan. Y lo económico ha sido un factor de orden desde las cavernas,…, Por ello, distingo tan “repulsivamente” entre sociedad estatal y lo demás, entre Estado (sociedad estatal y ejecutivo) y Nación.
      Nación que al tomar una decisión con representantes (revocables) para el legislativo o de forma directa lanza un mensaje de fuerza, un poder. Frente a otro poder establecido, el “status”, el Estado al cual le asignan un director, el ejecutivo, otro poder.
      Cuantas más plataformas se introduzcan en esa canalización de “la fuerza dispersa de personas/individuos”, como son los partidos políticos estatales, más indefensa estará la Nación ante la captura del Estado. Pues la Nación -se desintegra- como poder,…
      Si bien le llaman corrupción, es lo esperable, lo normal, ¿por qué le llaman corrupción?

      • O,farrill
        O,farrill Dice:

        Estimado Colapso: Vd. parece entender el “Estado” capturado por los partidos y las AA.PP. Yo prefiero pensar que es el conjunto de ciudadanos organizados política y administrativamente y que conforman la soberanía popular. Si dejamos que se nos arrebate, estaremos mereciendo lo que nos ocurra. Un cordial saludo.

      • Colapso2015
        Colapso2015 Dice:

        Veo el espejismo,…, pero no hay tal cosa de “ciudadanos organizados política y administrativamente y que conforman la soberanía popular”.
        “Status” hace referencia no al poder formal (político), sino al de hecho, establecido -en posesión- (impuestos,…). Por ello hay Estados dictatoriales, oligárquicos, monárquicos, totalitarios, de partidos,..,etc.
        La administración parte de una necesidad en un lugar de culto (religión), conforma el templo donde se almacenaban los alimentos. El “Status” es quien “parte el bacalao” en ese almacén…”de hecho” el conjunto arquitectónico de los templos Griegos corresponde con los edificios de mando, como el Congreso.
        La pirueta que usted hace entre “Estado” y “ciudadanos organizados política y administrativamente” es curiosa, pues justamente lo que ha definido el “no-Status”, el no Estado, o tercer Estado a lo largo de la historia ha sido justamente lo contrario; la ausente organización bélica/corporativa (Divide et Impera). Lo que conlleva el hecho imperial/emporio de/sobre los sometidos. ¿Acaso no había Estado con Franco? Usted pretende identificar, mediante un ideal, las realidades del poder formal y el de hecho.
        No hay tampoco “soberanía popular”, soberano hace referencia a la unidad del poder, y eso sólo puede corresponder al monarca (el ejecutivo superior-elevado). Es un oxímoron, la cualidad de mando-poder es -exclusiva- por definición, por ello, no puede ser popular, extensa. Estaba más claro con los romanos “populus” y “senatus”.
        Saludos,

  4. Antonio
    Antonio Dice:

    Ciertamente las medidas propuestas por la asociación parecen tener cierto sentido, pero yo veo desde mi perspectiva de cargo público algunos peros en aras a evitar la paralización de la administración por “miedo a prevaricar”. Desde luego en mi caso no estoy dispuesto a correr el riesgo de ir esposado a ninguna parte por las decisiones que con mayor o menor acierto pueda tomar (en mi caso de escasa relevancia como alcalde pedáneo, sin siquiera retribución por ese ejercicio) pues de ser así lo primero que haría es coger el nombramiento de la junta electoral y lanzarlo sonoramente por el excusado.)

    Me llama la atención el punto 15 que prohibiría a las corporaciones locales acudir a despachos privados en busca de asesoramiento jurídico. No es ni la primera ni la segunda vez que mi secretaria interventora (la del Ayuntamiento de cabecera y también nuestra. ) me dice en algún asunto que no se ve capaz de informar sobre ciertas cuestiones técnicas muy especializadas con legislación especial, concurrencia de estatal y autonómica etc. concretamente una es sobre legislación de minas y otra fué sobre urbanismo (querian instalarnos un macro vertedero de materias orgánicas a 1 km del nucleo de población) Si no hubieramos podido acudir a despachos especializados, en estos momentos estaríamos hasta el cuello de “porqueria”
    y no digo ya defendernos frente a esas macro-corporaciones y sus innumerables recursos jurídico financieros, que te pueden arruinar simplemente litigando cualquier decisión en la via contenciosa, hasta el mismísimo supremo con los costes que eso supone para un presupuesto de una entidad local con unos 350 habitantes y 2500 hectareas de término.

    Se nos exige una diligencia propia del mejor de los profesionales, cuando somos simples aficionados e interesados en que lo público funcione sencilla y eficazmente de acuerdo a nuestro leal saber y entender. La Maraña legislativa es, creanme como un bosque tupido lleno de sorpresas ocultas.

    Si además tienes algún “listillo” especializado en ejercer el derecho a denuncia de forma constante y reiterada ante cualquier decisión por nimia que sea, todas por unanimidad en la junta de vecinos,. entonces ya eres piel. yo he llegado a acumular en 3 años más de 50 denuncias en fiscalía (ya me conocen casi todos) afortunadamente todas archivadas. Y no pueden imaginarse la cantidad de gastos y recursos públicos que esos denunciantes “anónimos” han generado.. con visitas constantes de la policia judicial, y todo tipo de administraciones inspectoras (sanidad,medio ambiente,aguas,laboral, tribunal de cuentas, unión europea ) con sus correspondientes viajes, informaciones, copias, conversaciones, peticiones de auxilio a la comunidad autónoma, defensor del pueblo .) y perdida de tiempo y recursos por todos esos organismos. Sin que exista una protección ante este tipo de casos que según me confesó la oficina del “sindic de greuges” se vienen incrementando en los últimos tiempos.

    En fin, esa es la experiencia que puedo aportar después de más de 24 años al frente de un pequeño pueblo, gracias al apoyo de los vecinos

  5. María Victoria Torres García-Lomas
    María Victoria Torres García-Lomas Dice:

    Es muy interesante, pero se olvidan de algo esencial: ¿ Quien vigila al vigilante? Los funcionario se públicos siguen sin estar suficientemente protegidos. A los gerentes territiales del Ministerio de Justicia no se les exigen ni memorias, ni cumplimiento de objetivos , ni rendición de cuentas y tienen en sus manos la poderosa arma del expediente discinario. Las retribuciones variables( productividad) están en sus manos. Si queremos que la Justicia cambie hay que comenzar por variar el comportamiento y funcionamiento del Ministerio de Justicia. En este escenario, solo los funcionarios heroicos y con convicciones profundas sobre el Estado de Derecho y la democracia se atreven a hablar. Hablo por experiencia: me han abierto dos expedientes disciplinarios. Tengo muchos motivos para estar agradecida a la Administración de Justicia.

  6. Josean Díaz
    Josean Díaz Dice:

    ¿Qué ha querido decir el Consejo de Europa significando que de las causas que se investigan en Espña haya un escaso número de condenas? ¿Acaso el número de condenas depende del número de causas investigadas? Si no hay condenas será porque no hay delito. A no ser que se quiera decir otra cosa, sin decirlo. ¿No debería hablar más claro el Consejo de Europa?.

    Por cierto, no hay nada mejor para acabar con la politización de la justicia española y luchar contra la corrupción política que un pacto entre partidos políticos investigados o condenados por corrupción.

  7. Rafael
    Rafael Dice:

    Que extraño no he entendido el porque el Consejo de Europa dice esas cosas de la justicia Española, no comprendo porque supuesta mente en España hay un escaso numero de condenas en comparación con la cantidad de casos investigados, no me parece que dependan uno del otro, pero ya seria cuestión de ver que pasa por la cabeza de ellos.

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