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El ministro de Justicia todavía no se ha enterado bien de qué va esto

Por lo menos, si nos hemos de guiar por sus declaraciones publicadas ayer por el diario El País (aquí). Es cierto que pretender que un Gobierno del PP liderado por el Sr. Rajoy pudiera iniciar una regeneración valiente de nuestras instituciones era un desiderátum,  pero si su ministro de Justicia se piensa que con la nueva investidura tiene barra libre para continuar el proceso de desactivación del último baluarte de nuestro Estado de Derecho que queda en pie –los jueces de primera instancia e instrucción- creo que anda muy desencaminado. Nos parece que no está midiendo bien sus fuerzas en este nuevo escenario político.

Bajo el esperanzador y sin duda muy regeneracionista titular de “La responsabilidad política por la corrupción se salda en las urnas”, el ministro nos informa de que pretende acabar con la acusación popular, para “facilitar” posteriormente “reducir” los aforamientos, y quitarle la instrucción a los jueces atribuyéndosela a los fiscales. Nos informa también de que en realidad esto es una ocurrencia del exministro socialista Caamaño, pero que con cierta generosidad por su parte se puede compartir.

De esta forma tan sutil e inteligente el ministro pretende que nos traguemos una reforma que en el futuro haga imposible que se repitan asuntos tan desagradables como la acusación al Sr. Botín por las cesiones de crédito o el procesamiento de la Infanta, por ejemplo, por no hablar del inicio del caso Bankia. En ninguno de estos casos acusó el fiscal ni el abogado del Estado, y si salieron adelante (aunque en el caso del Sr. Botín el TS tuvo que acuñar su famosa y desacreditada doctrina para librarle del trago) fue por la combinación de tres factores básicos que todavía nos permiten definirnos como un Estado de Derecho: acusación popular, instrucción por el juez de base y ausencia de aforamiento para algunos pocos desafortunados.

El siguiente paso es acabar también con esto, quizás porque el Gobierno del PP continua firmemente decidido a que en el futuro gobierne Podemos con mayoría absoluta. Porque no hay vía más rápida para ello que emprender una reforma que blinde todavía más al establishment apoyándose en argumentos insostenibles.

La vinculación de la acusación popular con los aforamientos es un mantra hueco que, como muñeco de trapo, por mucho que se le atice no  termina nunca de morir. Quizás porque es precisamente eso, un espantajo que no se cree ni quienes lo alegan. Según esta cansina tesis, como en España puede acusar cualquiera, ciertos cargos políticos deben estar especialmente protegidos.

Ya la he combatido en otras ocasiones (por ejemplo aquí) pero, resumidamente, esta tesis reconoce como evidente dos presupuestos falsos y oculta un tercero verdadero:

El primer presupuesto es que en España el que acusa falsamente no le pasa nada. Incorrecto. Nuestra legislación ofrece recursos de sobra para salir al paso del abuso: la fianza de los arts. 280 y 281 de la LECrim; la indemnización civil compensatoria del perjuicio económico; los art. 456 y 457 CP que tipifican la denuncia falsa; y el art. 456.2 que permite al juez proceder de oficio cuando haya indicios bastantes de falsedad en la imputación. Pero si estos recursos se consideran insuficientes podría concentrarse el celo reformador en ampliarlos.

El segundo es que el juez de base es más influenciable que el juez superior y va a admitir acusaciones infundadas. Absolutamente falso, es más bien lo contrario. El juez superior es más influenciable que el inferior a la hora de no admitir denuncias fundadas, especialmente cuando se procesa a gente poderosa, dada la politización del sistema de selección de los jueces de los tribunales superiores en este país.

El tercer presupuesto, que se oculta, es que cuando se presenta una querella a un aforado el juez superior también tiene que admitirla y realizar una somera indagación. Es decir, ante una querella el juez debe realizar una mínima investigación con el fin de apreciar el fundamento de la pretensión y eso implica ya pena de banquillo. OK muy bien, pero, ¿en las instrucciones realizadas por los tribunales superiores donde acuden los aforados no se investiga nada? Vaya, o sea que cuando se interpone una querella contra un aforado el instructor del TS no realiza ninguna investigación para apreciar el fundamento de la pretensión. Bueno es saberlo.

Todo ello al margen de que el art. 125 de la CE la consagra especialmente:

“Los ciudadanos podrán ejercer la acción popular y participar en la Administración de Justicia mediante la institución del Jurado, en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la ley determine, así como en los Tribunales consuetudinarios y tradicionales.”

Realizar una reforma del proceso penal que la reduzca a la mínima expresión necesitaría una revisión constitucional. Y lo cierto es que, en estos tiempos que corren, reformar la Constitución para quitar derechos a los ciudadanos en vez de para otorgárselos, y mantener mientras tanto los aforamientos, aunque sea “reduciéndolos”, es lo único que nos faltaba. Quizás en Europa no exista la acusación popular, pero lo que desde luego no hay es aforamientos y, por supuesto, tampoco una fiscalía tan dependiente como la nuestra.

Quizás en vez del Sr. Caamaño, el actual ministro se podía inspirar en la opinión de una persona más próxima y nada sospechosa de tendencias revolucionarias como el ex magistrado y ex vicepresidente del Tribunal Constitucional Sr. Rodríguez Arribas, en este artículo publicado en la revista jurídica El Notario del S. XXI (aquí), donde explica con bastante claridad la necesidad de preservar esta institución.

Pero el ministro no se limita a esto, no, sino que pretende atribuir la instrucción del proceso al fiscal. Es obvio que mientras subsista la dependencia de la institución respecto del Gobierno y el principio jerárquico dentro de la carrera, atribuir la investigación al fiscal es quitársela a los jueces para dársela al poder político de turno. Muy regeneracionista, sin duda. El ministro manifiesta que no hay que inquietarse, porque en esa reforma se cambiará radicalmente el estatuto fiscal y se reforzará su autonomía, pero no nos dice como, por lo que la sospecha es evidente.

No nos dejemos engañar una vez más, como pasó con la famosa promesa de cambiar el sistema de elección del CGPJ, tantas veces traicionada por el PP. Es insostenible construir la casa por el tejado. La primera y urgente reforma que se  necesita es proporcionar medios y sobre todo autonomía al ministerio fiscal. Una vez realizado esto y comprobado que funciona de manera eficaz, entonces, en el futuro, y con mucha calma, se podría abrir un debate sobre la conveniencia de atribuir esa instrucción al fiscal. Mientras tanto, sigamos confiando en el extraordinario y sacrificado trabajo de nuestros jueces de Instrucción, que con todas sus limitaciones materiales y debidamente apoyados por los ciudadanos a través de la acusación popular, siguen apostando por la independencia de la Justicia en España.

16 comentarios
  1. Manu Oquendo
    Manu Oquendo Dice:

    En esta ocasión no estoy muy de acuerdo con la tesis principal –acusación popular– y con uno de los argumentos del artículo. Acuerdo total sobre su argumento a favor del papel del Juez Instructor como garantía ciudadana.

    Me parece que la acusación popular es, en general, una mala institución. Su valor, de tenerlo, es excepcional.
    Especialmente en el ámbito penal que hoy invade tantas parcelas de la vida que probablemente no hemos caído aún en lo perverso de dicha invasión. Se legisla a golpe de CP y casi nadie, fuera de jueces y magistrados de cierta experiencia, levanta la voz en privado.

    En su día el legislador hizo una exhibición de populismo y, —según acaba de decir el presidente del CGPJ– esta institución
    es la razón por la cual, al ser ejercida primordialmente por motivaciones políticas por no afectados (un principio penal universal hoy roto en España), está detrás del Aforamiento. Al decir del Sr. Lesmes una lleva implícita a la otra y debiera ser repensada al menos penalmente.

    No olvidemos que el recurso penal es un refuerzo de táctica procesal habitual en cuestiones civiles y mercantiles. Unas veces con razón y otras sin ella. La condición de empresario es en España de alto riesgo también por esto.

    Por otra parte es evidente que pese a la legislación que cita el autor los juzgados se enfrentan cada día a acusaciones que son probablemente falsas aunque procesalmente no sea demostrable o en cualquier caso costosísimo y de imposibles resultados positivos. Estas acusaciones son descartadas procesalmente por falta de pruebas (evidente desde la denuncia) o se archivan si son la única base de la denuncia.
    Solo en contadísimas ocasiones ante la pertinacia de la acusación, su Señoría pone mala cara y se termina el tema sin más.

    En esta cuestión somos una excepción no total pero sí importante en Europa al menos tanto como en el Aforamiento. Por qué no lo sé pero todos tenemos historia. Buena en unas cosas y mala en otras y es bueno no olvidarlas. En Europa las falsas acusaciones dieron con cientos de miles en la hoguera. Muchos menos en España pero también y en la reciente guerra civil nos pusimos las botas denunciando “popularmente”.

    El caso es que tenemos una acción concertada para alterar ambas. CGPJ, Ministerio y partidos importantes.

    Creo que saldríamos ganando en ambos casos y solo en ambos: Reducción muy sustancial de aforamiento, eliminación o profunda revisión de la acción popular penal (como mínimo por Partidos Políticos y aledaños pero preferiblemente general)

    Hoy están subiendo los llamados “populismos” y quizás sería prudente ir regenerando Instituciones que ya han dado pruebas de tremenda fragilidad y de ser alimento — incluso económico — de grandes quiebras estructurales de la justicia y graves delitos.

    Mantener los principios del derecho es un activo social que no se puede tirar por la borda por muy electo que sea un Parlamento. Esta es también una importante diferencia entre Rule of Law y Estado de Derecho continental. Aquí se echa en falta una labor de los Colegios profesionales que sorprende por su ausencia. Lamentable.

    Buenos días

  2. Rodrigo Tena Arregui
    Rodrigo Tena Arregui Dice:

    La acusación popular es una de las pocas instituciones españolas de las que podemos estar orgullosos. No la ha consagrado ningún legislador, sino nuestras constituciones históricas, desde la de 1812 hasta la actual, pasando por la de 1869 y la de 1931. Sin ella algunos de los más importantes casos de corrupción acaecidos en nuestro país en los últimos años hubieran quedado impunes.

  3. Isaac Ibáñez
    Isaac Ibáñez Dice:

    Lasciate ogni speranza. Y creo que en las actuales COrtes Generales no hay ningún regeneracionista digno de tal nombre. Hay mucho postureo. Y si no, al tiempo.

  4. Arturo Muñoz
    Arturo Muñoz Dice:

    El post me parece muy interesante, pero centraré mi comentario en la atribución al Ministerio Fiscal de la instrucción penal. Es cierto que dentro de los países de nuestro entorno que el Juez siga estando encargado dirigir la investigación penal es una anomalía. Pero también lo es que en países como Francia se trata de una cuestión que está resultando polémica (algo que se olvidan siempre de mencionar los que abogan por esa atribución), pues se percibe una influencia excesiva del Poder Ejecutivo en casos especialmente “sensibles” (financiación ilegal de partidos políticos, por ejemplo). No falta voces en la doctrina procesalista francesa que se muestran críticos con el actual sistema de investigación penal. En cambio, en Italia los fiscales gozan del mismo estatuto de independencia que los jueces –también los gobierna el Consiglio Superiore della Magistratura-, lo que permitió, por ejemplo, que cuando gobernaba Berlusconi se pudieran iniciar investigaciones –que acabaron en condena- contra él. Por tanto, el diablo de la reforma proyectada estará en los detalles. A mí me parece en principio razonable que quien investiga no sea la misma persona que, a la vez, deba velar por las garantías procesales del investigado (los prejuicios que se forma quien investiga pueden condicionar psicológicamente sus decisiones durante la instrucción, además de ser difícil que adopte decisiones que corrijan su propia forma de llegar a cabo la investigación), pero siempre que simultáneamente se modifique el estatus del Ministerio Fiscal, garantizándose su independencia. A día de hoy, los Jueces de Instrucción se han mostrado como uno de los pocos pilares del entramado institucional que han resistido las presiones del Ejecutivo. Temo que la reforma proyectada, si no va acompañada de la modificación del estatuto del Ministerio Público, haga más mal que bien al conjunto del sistema. Esta cuestión es tratada con el rigor que le caracteriza por el magistrado Perfecto Andrés Ibañez en un libro reciente muy recomendable: Tercero en discordia, Trotta, 2015.

  5. Victor Chavarri
    Victor Chavarri Dice:

    Yo creo que la acusación popular no existe en sentido estricto.

    Ya lo que hemos visto con la infanta, si no me equivoco, es una asociación que no lo era tal. Es muy extraño que siguiera adelante. Y en el caso Botín si no me equivoco hubo un tal Pérez Escolar puso todo su empeño en seguir. Ambos casos corresponden más bien a chantaje el uno y a venganza personal el otro.

    El resto de acusaciones populares la fiscalía las mira, hace un par de escritos y luego va el juez y lo archiva porque no ve delito.. Al final la fiscalía es la que corta el bacalao porque el juez si no hay sangre o no hay una mujer de por medio no aprecia nunca delito.

    No debería hacer falta que el pueblo actuase, deberían actuar de oficio.

  6. José
    José Dice:

    ¿ Desde cuando el Ministerio Fiscal depende del ejecutivo?. Creo que sería bueno releer un poco el Estatuto del Ministerio Fiscal. Y por supuesto reformar el Ministerio Fiscal, ver como funciona e iniciar un debate , desde luego para dentro de otros 100 años. Mientras el atasco en los juzgados. Nada a seguir con el mismo sistema como Eslovaquia y parcialmente en Belgica .

    • Rodrigo Tena Arregui
      Rodrigo Tena Arregui Dice:

      Fenomenal, pues copiamos el de Italia y nos ponemos al mismo ritmo trepidante que ellos. Como si el colapso dependiese de ese tema.
      Y en cuanto a lo del Estatuto… hay un dicho jurídico que dice que en Derecho todo lo que no son efectos es literatura. Pues eso.

  7. Colapso2015
    Colapso2015 Dice:

    Si los nacionales,et gentium, -de forma individual-están obligados a cumplir “la ley”. ¿Por qué extraña razón no pueden exigir el cumplimiento de la misma -de forma individual-?
    Detrás de la negativa a la “acusación privada” (alguno no perteneciente a la corporación estatal) se esconde la doble vertiente del elitismo (estatal o aristocrático/oligárquico), con legitimación de su existencia a través de su misma naturaleza violenta. Una visión retorcida aunque habitual en las cosmovisiones éticas de ciertos círculos ideológicos.
    La lectura, uso e interpretación de los códigos puede dar resultados tan distintos como entre católicos y protestantes.
    La “acusación popular” debe ser reforzada y facilitada. Aunque la existencia de un ministro de injusticia, ya no es buena señal…

  8. O'farrill
    O'farrill Dice:

    Creo que hace poco tiempo este mismo blog recogía el tema de la Fiscalía del Estado. Por cierto, sin mucho éxito ante la total escasez de comentarios a pesar de su importancia.
    Volvemos a la cuestión principal: ¿se pueden hacer reformas cosméticas para que todo siga igual o es mejor plantearse una enmienda a la totalidad del sistema judicial? Una enmienda que debe partir del propio texto constitucional reformado (artº 117 y siguientes) en una buena parte de su articulado incomprensible y farragoso.
    En esa línea, el “Ministerio Fiscal” (artº 124) en nombre del Estado (los ciudadanos) actúa (o debe actuar) con absoluta independencia del ejecutivo que, al fin y al cabo, es un simple administrador del Estado. Acaba de nombrarse un nuevo Fiscal General del Estado ¿lo ha hecho el Parlamento en nombre del Estado o ha sido propuesto y nombrado por una sola parte del Estado (partido político? ¿Tiene independencia, imparcialidad y autoridad suficientes para actuar? Recuerdo a alguno que dimitió por cuestiones personales. La “acusación popular” es la de la Fiscalía del Estado que actúa (o debe actuar) de oficio o a instancia de parte, cuando considere que hay razones sólidas para hacerlo. Esa es su responsabilidad ante los tribunales de Justicia y ante el Estado.
    Lo que ocurre es que hemos pervertido o trastocado todo el sistema político de forma interesada para que el poder del Estado sea capturado por el gobierno de turno, de esta forma el gobernante forma partidos (empezó en UCD), el poder está en el gobierno (no en el Parlamento); se confunde la monarquía con el estado o la nación ( administrar justicia “en nombre del rey”); los presupuestos públicos o la política no los establece el parlamento, sino el gobierno; la ideología es la de los “líderes” no la de las formaciones políticas, etc.etc. Todo un cúmulo de despropósitos desde el punto de vista de la democracia real, sustituida por la democracia virtual en todo el occidente. Todo un juego de hábil prestidigitación ante el que hay que descubrirse por lo mucho que ha calado en el “respetable” público.
    Un saludo.

    • Colapso2015
      Colapso2015 Dice:

      El Estado -no es- los ciudadanos. Y el Fiscal de Estado adolece de los mismos defectos del Fiscal del Gobierno es parte y parcial (del “corpus”).
      En Democracia la idea de lo justo se alcanza por concurrencia pública. La “acusación popular” elimina parte del sesgo corporativo.

      • O'farrill
        O'farrill Dice:

        Estimado “Colapso 2015”. Yo prefiero entender el Estado como la organización política y administrativa de una sociedad (de los ciudadanos) en forma institucional, donde cada una de estas instituciones están al servicio de tales ciudadanos que, a su vez, son los que constituyen dicho Estado. Desde la más alta institución hasta la más pequeña, son servidores públicos (de los ciudadanos) del Estado. Otra cuestión es el concepto de “nación” que englobaría a todos los nacidos en un territorio cohesionado histórica y culturalmente a través del tiempo. De todas formas siempre resultan de gran interés sus aportaciones al debate y le agradezco el comentario. Un cordial saludo.

  9. Manu Oquendo
    Manu Oquendo Dice:

    Me gustaría recordar que dos instituciones fundamentales de nuestra época, el Sistema Político y el Legal, son suspendidas por las encuestas de opinión de 28 países europeos. Sin paliativos.

    Podemos pasar de puntillas por encima de ello, –como ha hecho la UE con los datos de Eurostat–, o tenerlo en cuenta. El sistema político ni siquiera se ha dado por aludido. El Sistema Legal algo más, al menos privadamente.
    Ayer mismo un grupo bastante representativo y poco junior de este estamento recordaba que, por ejemplo, un importante el Tribunal Europeo estaba anormalmente nutrido de representantes de la Masonería y del Lobby Gay. ¿Regeneramos? ¿Cómo?

    De estas cosas tan reales y tan importantes también hay que hablar porque están ahí, en la calle, y son el caldo de cultivo de las sorpresas que luego se achacan al “populismo”. Hay mucho hartazgo y la gente no está en Babia.

    Es decir: no podemos ignorar que las instituciones políticas y las legales, –el sistema judicial y las leyes producidas por el sistema político–, suspenden sonoramente. Dan el cante, no aprueban.

    Estas son las mismas instituciones que Occidente, de modo acusadamente violento y manipulador, intenta incrustar, a veces a fuerza de bombas y golpes de estado, en parte de la geografía propia (Yugoslavia) y circundante (deriva complicada hacia Este y Países Musulmanes no “amigos”).

    Pero sucede que es la década de la explosión de la Comunicación en Red y del descenso de la Televisión –por no hablar del abismo de credibilidad de la Prensa escrita– como medio de Opinión para grandes segmentos de la población.

    A pesar de las aparentes discrepancias, en este foro casi todos pensamos muy parecido. Unos un poco más y otros menos pero desde la perspectiva sistémica somos muy homogéneos y nos planteamos, a lo sumo, diferencias de grado de “regeneración”. Matices.

    Y ello lo hacemos con abstracción de dos cuestiones importantes: Contexto Geopolítico y Contexto Moral. Como si ambas fueran irrelevantes cuando son absolutamente centrales en ambos temas: el Político y el Judicial. Estos son nuestros “Ceteris Paribus”.
    Y todos sabemos que en épocas de cambio de ciclo como esta, los “Ceteris Paribus” se convierten en “Mutantis Mutandi” y terminan llevándose mucho por delante con daño importante y por sorpresa. Dado que lo sabemos, tengámoslo en cuenta.

    Los sistemas sociales se sostienen por la tenue cola de pegar de la Legitimidad Otorgada. No la impuesta, sino la concedida de modo espontáneo por los ciudadanos y degradando con leyes cada vez más opresivas. Otro tema este que no se aborda. Los palos a la libertad real son constantes por parte de los Parlamentos. Exclúyase sexo y droga que de momento sirven de cebo y de adormidera.

    Una vez que un sistema de este tipo deja de recibir la Legitimidad Otorgada su colapso es cuestión de tiempo.

    Supongamos que estamos en uno de esos tiempos. Algunos así lo vemos. Son tiempos largos y lentos pero ciertos como las leyes cósmicas.

    La cuestión grave que se nos plantea a todos nosotros es cómo debemos abordarlo: Intentando dirigir o participar en la dirección del cambio de ciclo reconociéndolo en su amplitud o limitándonos a un diagnóstico limitado de daños, de las reparaciones necesarias o, con certeza, de la muy probable obsolescencia histórica de instituciones que tenemos por piedras angulares de nuestro edificio.

    No es un problema sencillo y las soluciones no son evidentes, pero los enfoques necesarios son radicalmente diferentes para cada caso con el agravante de que al segundo le suele pasar lo que a Kerenski: que lo arrastra la riada de la historia por no reconocer las señales del tsunami ni mirar al horizonte.
    ¿Podemos permitirnos el lujo?
    Creo que no.
    Buenos días

    PS. Más o menos estas fueron las reflexiones en voz alta en un foro físico de letrados públicos y privados; magistrados, algún fiscal y profesores de derecho, una noche de esta semana.
    Entre pitos y flautas cinco horas hablando sin tapujos sobre estos temas y en los términos anteriores.

  10. G.P.
    G.P. Dice:

    “No es un problema sencillo y las soluciones no son evidentes”

    A ver: elección de cargos por sorteo y breve tiempo en el puesto.

    Vaya, pues no era tan difícil… ¿cinco horas hablando?

  11. Josean Díaz
    Josean Díaz Dice:

    El autor, termina con la siguiente frase: “Mientras tanto, sigamos confiando en el extraordinario y sacrificado trabajo de nuestros jueces de Instrucción, que con todas sus limitaciones materiales y debidamente apoyados por los ciudadanos a través de la acusación popular, siguen apostando por la independencia de la Justicia en España”.

    No seamos ilusos, no ´habrá independencia de la Justicia en España mientras los magistrados del Tribunal Supremo y Constitucional (este último verdadero órgano político) deban trepar por las enredaderas de los partidos políticos y corresponda al Gobierno proveer los medios materiales y personales del Poder Judicial. Por cierto, menudo Poder que depende del Ministerio de Justicia.
    ¿Os suena? “Esto la fiscalía te lo afina? (Fernández Díaz, dixit).

  12. Ander
    Ander Dice:

    “Mientras tanto, sigamos confiando en el extraordinario y sacrificado trabajo de nuestros jueces de Instrucción, que con todas sus limitaciones materiales y debidamente apoyados por los ciudadanos a través de la acusación popular, siguen apostando por la independencia de la Justicia en España”… a costa de la idea misma de Justicia. Me parece absurdo pretender que un juez instructor es al mismo tiempo un juez garante de derechos y que ello es la panacea del sistema penal. No lo son, es prácticamente imposible porque la finalidad de la instrucción es represora y el Juez no se evade fácilmente de la finalidad punitiva del sistema y de su propia sed de Justicia ante lo injusto. Por otra parte, en la mayor parte de los casos siguen siendo jueces mixtos, que se dedican al civil y al penal, jueces generalistas que sirven para un roto y un descosido cuando el Derecho de hoy es complejo, técnico y especializado. Nada digo cuando son JAT (Jueces de Adscripción Territorial) aberrante figura contraria a la idea misma de competencia profesional y que tiene a jueces dedicados hoy al civil, mañana al social y pasado al contencioso administrativo para pasar al ámbito penal. Los jueces de hoy, en su propia capacitación carecen de la competencia necesaria para entender los grandes delitos de corrupción, delitos patrimoniales, delitos informáticos… por una simple razón: es imposible saber de todo. El mismo juez que persigue al corrupto en un pueblo tiene que declarar la inaplicabilidad de la cláusula suelo determinando los efectos de la nulidad, resuelve contratos complejos, vicios de la construcción, y todo ello al tiempo que resuelve sobre una posible sustracción internacional de menores (si la detecta) o determina las lindes de fundos vecinos en las poblaciones rurales. Serán nuestros jueces tremendamente independientes pero son terriblemente ineficientes. A pesar del denostado esfuerzo, de la sobrecarga de trabajo y de su increíble labor, mal pagada y poco reconocida. Cambien el estatuto fiscal y no habrá problemas para la instrucción fiscal. Más aún, ¿no será la propia fiscalía la que se revele contra las intromisiones en cuanto se le atribuya la instrucción? ¿Son acaso los fiscales menos honorables, menos éticos, menos juiciosos de que los jueces? La formación es muy parecida, al menos en su ingreso, por lo que la misma rabia independentista que existe entre los jueces de base (muy acertado el artículo en la distinción) podría contaminar a los fiscales.

  13. Luis
    Luis Dice:

    Completamente de acuerdo con lo que planteas en funcion de que el juez superior es mucho mas influenciable que el inferior porque la cuestion esta en las denuncias fundadas, y cuando se trata con gente de mucho poder las cosas se tornan muy diferentes.

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