El Ministerio Fiscal, la instrucción y el peligro de empezar la casa por el tejado

En los últimos días hemos escuchado y leído en los medios de comunicación entrevistas e informaciones de todo tipo comentando la posibilidad de encomendar la instrucción de las causas penales en España al Ministerio Fiscal. La mayoría de los Fiscales estamos de acuerdo con esta medida pero no si se realiza de cualquier manera. Son muy importantes las formas, los tiempos y las garantías, si de verdad se quiere emprender tan importante reforma y que ésta sea eficaz.

Pero empecemos por el principio. De entrada tenemos que plantearnos por qué muchos creen que con ello se agilizaría la instrucción. Pues bien, en primer lugar, porque el acopio de las pruebas se realiza por el mismo órgano que se va a encargar de formular acusación, de llevar el asunto a juicio y de defenderlo ante el órgano de enjuiciamiento. Extremo que cobra una enorme importancia para lograr instrucciones ágiles. El encargado de defender la acusación ante el tribunal es el que mejor conoce qué pruebas precisa para que su pretensión  acusatoria pueda sostenerse y se preocupa de obtenerlas. A su vez no pierde tiempo en aquellos procedimientos que considera que la prueba es escasa o insostenible.En el actual sistema es un juez el que recopila el material probatorio de oficio o a instancia del Fiscal o de alguna de las partes personadas.

El Juez marca los tiempos, la prioridad de las causas y muchos de ellos, los titulares de Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, llevan además asuntos civiles –muchos de enorme entidad-, asuntos que hay que coordinar con los penales. La experiencia práctica nos dice que hoy en día, especialmente en materia de especialidades -corrupción, delitos económicos, medio ambiente y urbanismo, cibercrimen, siniestralidad laboral y seguridad vial-, es el Fiscal el que con frecuencia impulsa la instrucción desde el principio, solicitando la práctica de cuantas diligencias precisa. ¿Es práctico que un órgano le diga a otro lo que necesita para que éste se lo busque? Yo creo que no y la práctica nos demuestra que no lo es.  Por solo apuntar un dato los criterios pueden ser diferentes lo que puede llevar a denegar lo solicitado y a que se deba hacer uso de los recursos legalmente previstos.

Por otra parte, al ser la Fiscalía un órgano compuesto por un número variable de funcionarios, la instrucción de las causas, especialmente las complejas, puede llevarse por más de un Fiscal. Esto permite, al menos en teoría, una mayor eficacia en la obtención del resultado buscado

Pero ¿supone esto una merma de los derechos del investigado? En ningún caso. En la actualidad el sistema vigente-sistema mixto o inquisitivo/acusatorio- que algunos llaman garantista supone que un juez, imparcial sí pero el Fiscal también lo es, se ocupa de recopilar el material probatorio para luego volver a reproducirlo a instancia del Fiscal y las demás partes ante otro Juez. De esta forma el Juez de enjuiciamiento se encuentra con que la acusación del Fiscal viene avalada por la instrucción de un compañero que ha estimado que existen pruebas suficientes contra alguien y por eso lo ha procesado o ha acordado, por medio de auto, la continuación de las actuaciones por los trámites del procedimiento abreviado y posteriormente la apertura del juicio oral.

Estas resoluciones implican que el Juez de Instrucción ha entendido que existe material probatorio suficiente para poder llevar a juicio a una determinada persona. Otra cosa es que luego el Fiscal entienda que ese material le es suficiente para acusar o no y pida diligencias, acuse o pida el sobreseimiento. ¿Es más garantista que el investigado llegue ante el Juez de lo Penal o la Audiencia Provincial con esa acusación avalada por el Juez de instrucción con sus resoluciones? Lo dudo. Su “presunta inocencia” se ve sin duda más en entredicho que si es el Fiscal el que por sí mismo recopila las pruebas y las presenta al Tribunal.

Algunos piensan que el problema es que Fiscal se limita a acusar y no buscará las posibles pruebas que puedan ser favorables al acusado. Este planteamiento no es más que una simplificación y parte de un desconocimiento básico de la función del Fiscal y del trabajo que día a día realizan los fiscales en España. Supone afirmar que el Fiscal incumple con su obligación Constitucional y legal de ser imparcial y por lo tanto es inadmisible. El fiscal tiene la obligación de apreciar tanto lo perjudicial como lo favorable en cada caso, examinando el caso y las pruebas con objetividad. Así trabajan la gran mayoría de los fiscales en España. Son muchas las acusaciones formuladas cada día en este país en las que se aprecian circunstancias atenuantes o eximentes de la responsabilidad penal. Las primeras permiten  obtener una rebaja de la pena y las segundas una exoneración total o parcial de la responsabilidad. Son también muchos los sobreseimientos que se piden por el Fiscal cada día en nuestro país, por no hablar de las calificaciones absolutorias que defendemos en juicio, realidad menos frecuente porque lo normal es que si el Fiscal interesa el sobreseimiento no haya otra parte que acuse.

Partir de las discrepancias que podamos tener de la actuación llevada a cabo en un asunto concreto para sin más poner en entredicho la labor diaria de 2500 fiscales, supone una frivolidad y un cuestionamiento de una de las Instituciones básicas de nuestro Estado de Derecho que debe sin más rechazarse. Son muchos los casos que siguen adelante por el empecinamiento de un Fiscal pese al intento del Juez, conforme a su visión del asunto, de archivar y son también muchos los casos en los que el Fiscal pide el sobreseimiento. Y , como decíamos, encontramos también casos en los que el Fiscal acude al juicio con conclusiones absolutorias porque otra parte ha querido acusar. Tanto jueces como fiscales realizan su labor con total profesionalidad y entrega, no podemos hacer de la excepción regla, porque excepciones hay y habrá siempre. La justicia no consiste en la aplicación de una formula matemática sino en valorar las circunstancias concurrentes en cada caso, labor que desempeñan hombres y mujeres, jueces y fiscales, con total dedicación como decíamos, pero en definitiva seres humanos que tienen su propia visión de cada asunto y que pueden errar como cualquiera. En cualquier caso las excepciones, de existir, que impliquen un mal ejercicio intencionado de la función deben depurarse por la vía correspondiente.

Lo cierto es que el Fiscal lleva más de 20 años instruyendo con total eficacia en el ámbito de menores, desde la ya derogada Ley Orgánica 4/1992, reguladora de la competencia y el procedimiento ante los juzgados de menores, ley que fue luego sustituida por la vigente Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor 5/2000 de 12 de enero. Nadie se ha cuestionado su imparcialidad y debe tenerse en cuenta que las medidas que se aplican a los menores delincuentes tienen una finalidad puramente reeducativa, es un ámbito donde la represión por el delito no es un fin del proceso.

El nuevo modelo supondría la instauración de un Juez de garantías, pieza esencial de un proceso penal moderno. Ahora bien, tiene una importancia capital la forma en la que se configure el sistema si queremos agilidad y eficacia en la instrucción de las causas. El Fiscal precisará para instruir acudir al Juez de garantías para que le autorice aquellas pruebas que requieran una intromisión en los derechos fundamentales de los ciudadanos. Hasta ahí todo correcto. El problema surgiría si pretendiéramos diseñar un sistema en que el Fiscal deba acudir para dar cualquier paso en su instrucción a obtener el aval del Juez de Garantías. El sistema no sólo no sería eficaz sino que en el fondo se reproducirían los vicios del actual.

Sí encontramos, sin duda, un importante problema en el actual diseño de la institución o, mejor dicho, en la falta de una regulación adecuada del Ministerio Fiscal. Precisamos un Estatuto y un Reglamento Orgánico que regule en profundidad la Institución y su funcionamiento. Hoy en día nos movemos en una indefinición mantenida durante los 38 años que llevamos de democracia en los que no se ha querido regular nuestro funcionamiento interno. Los cauces para recurrir las decisiones con las que los integrantes de la institución no estamos conformes, por poner un ejemplo. Somos una institución que ha sobrevivido, este ya largo período en democracia, sobre la base de actuaciones fundadas en un reglamento preconstitucional o en el siempre socorrido recurso al “siempre se ha hecho así”.

Necesitamos que el derecho administrativo entre en nuestras vidas y que los cauces para discrepar y para resolver las discrepancias o unificar posiciones en el seno de una fiscalía estén claros y sean garantistas. De esta forma necesitamos que se regule con garantías la movilidad funcional de un fiscal en el seno de una fiscalía, el apartarlo delo de los asuntos que despacha para asignarle otros. Hablo de cuestiones tales como los repartos de trabajo y la posible avocación de un asunto por el Superior. La avocación implica que el superior decide cambiar la persona que debe despachar o que está despachando un asunto concreto, asumiéndolo él o encomendándoselo a un tercero. Conforme a la regulación actual el Fiscal afectado puede formular sus discrepancias lo que llevaría a resolver al superior jerárquico de ambos, éste a su vez debe comunicarlo al Consejo Fiscal que puede emitir su parecer. No se regulan las causas que pueden llevar a esta avocación, ni tampoco qué ocurre si al Consejo Fiscal no le parece bien la sustitución acordada más allá de que pueda expresar su censura. Regulación que resulta por lo tanto muy mejorable. Tampoco se regulan los repartos de trabajo en el seno de la Fiscalía, más allá de apelar a la equidad. A nadie importa que respondan realmente al mérito y la capacidad, ni que se pueda cambiar el lote de trabajo de un Fiscal limitándose a apelar a que es lo más conveniente para el servicio sin más justificación. Nadie desconoce que en la función pública la movilidad funcional, en más ocasiones de las que debiera,  tiende a apartar al funcionario tachado de incómodo. en el seno de la Fiscalía, adjudicándole más trabajo.

También debemos regular con garantías los cauces para discrepar de las órdenes que se consideren improcedentes, el conocido artículo 27 del EOMF, hoy escasamente utilizado por cuanto tiende tacharse de rebelde o incómodo al fiscal que hace uso del mismo. Necesitamos profundizar en la independencia individual de los Fiscales. Las garantías de las que hablo deben proteger debidamente al fiscal que decide hacer uso de su obligación de actuar en conciencia.La independencia individual implica que cada fiscal debe valorar en conciencia el material probatorio con el que cuenta para acusar o no. Desde luego deberá seguir, en la acusación que formule, las circulares y consultas de la FGE y las notas de servicio de su jefe, para lograr que el ciudadano reciba una respuesta lo más unificada posible cualquiera que sea el lugar donde se encuentre. Para esto último nos regimos por la unidad de actuación y  la dependencia jerárquica, para lo primero, actuación imparcial y en conciencia, es indispensable esa independencia individual.

Los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica sirven para diseñar el engranaje de la institución, para lograr una actuación lo más unificada posible a lo largo y ancho del territorio español. Definen el modo de relacionarnos entre nosotros. Los principios fundamentales en los que debe regirse nuestra actuación no son esos sino los de Legalidad e imparcialidad. Respeto a la ley y actuación objetiva, valorando lo favorable y lo desfavorable de cada caso, sin atender a presiones, reales o presuntas, de ningún tipo. Por eso es tan importante regular de forma garantista la actuación en conciencia de los fiscales, las discrepancias a las órdenes de los superiores. El respeto a la ley y la actuación objetiva e imparcial sirve para garantizar los derechos de los ciudadanos, garantizar la independencia de los tribunales y procurar ante estos la satisfacción del interés social, que son los fines esenciales que nos encomienda el ordenamiento jurídico. Si incumplimos estos principios de imparcialidad y legalidad estamos, ya hoy en día, incumpliendo nuestra función.

El problema, como decimos, es que ese engranaje y esas relaciones entre nosotros requieren reglas claras y adaptadas a los tiempos que vivimos y como eso falla también, en ocasiones, fallan otras cosas. De ahí la necesidad de avanzar en esa independencia individual con pleno respeto a la unidad de actuación y dependencia jerárquica en el correcto sentido que la Constitución quiso dar a estos principios.

Con las reformas que se lleven a cabo se debe también avanzar en regular que el acceso a los cargos se haga, de verdad y con garantías, de acuerdo con los principios de mérito y capacidad. En las Fiscalías, como órganos colegiados que son, tiene muchísima importancia las dotes de organización y gestión de la persona que ostenta la Jefatura. Los Fiscales Jefes están llamados también a poner en marcha los necesarios controles de calidad que nos lleven a una actuación de calidad y lo más unificada posible, un ejemplo de esto serían los visados. Si bien debe ser también misión de los Fiscales jefes, coordinadores y decanos  fomentar el sentido de la responsabilidad y la independencia individual de todo fiscal.

Esa regulación que reclamamos debe también avanzar en garantías en cuanto a la forma de nombramiento del Fiscal General del Estado y nuestras relaciones con el Gobierno. No parece descabellado que el Gobierno, como poder ejecutivo, pueda interesar un actuación determinada del Ministerio Fiscal en defensa del interés social. Actuación que el Ministerio Fiscal decidirá, con independencia, si debe realizar o no por ser esta procedente o improcedente. Interesar actuaciones, nunca dar instrucciones, que debe llevarse a cabo por cauces reglados, por escrito y con la debida publicidad.

Debe reformarse también y de forma urgente el régimen disciplinario de los Fiscales dejando claro que el Ministerio Fiscal acaba en el FGE,pues aún quedan funciones en manos del Ministro de Justicia como la separación del servicio, lo que resulta absolutamente inexplicable. Debe dotarse a la institución de una independencia clara del Poder Ejecutivo. Y precisamente si estamos exigiendo que los fiscales actúen en conciencia debe existir un sistema disciplinario garantista y que responda también al sistema acusatorio y no al inquisitivo vigente en la actualidad, con un catálogo de infracciones muy mejorable que están muy lejos de fomentar ese actuar en conciencia del que hablamos.

Debe dotarse al Ministerio Fiscal de autonomía presupuestaria que le permita un ejercicio digno de su función sin tener que mendigar al gobierno correspondiente la asignación de medios. Esta permanente falta de medios en la que vivimos sirve para controlar de forma mediata nuestra función y por lo tanto resulta inadmisible.

Debe incrementarse considerablemente la plantilla orgánica del Ministerio Fiscal. En la actualidad somos 2500 fiscales y con esos efectivos resulta imposible asumir la instrucción con garantías de una mínima eficacia. El colapso, de mantener la plantilla actual, está asegurado. En los últimos años debido a la crisis económica las plantillas de jueces y fiscales se han incrementado muy poco, pero en número considerablemente menor la de fiscales. En la actualidad se habla de que hay unos 5847 jueces-según las estadísticas de 2015- y de que la ratio juez/ciudadano es una de las más bajas de Europa por debajo de países como Moldavia o Albania. Los Jueces de Instrucción, según los datos del Poder Judicial, son unos 1600. Pero tampoco todos los fiscales están en relación directa con la instrucción, de esos 2500 hay que descontar los destinados en órganos centrales, los jefes, tenientes y coordinadores que no despachan juzgados de instrucción y los compañeros que llevan en exclusiva otras materias-civil, contencioso, social o menores-.

Sorprende que no se esté estudiando por parte de la FGE, no que sepamos, los fiscales que de forma efectiva tienen encomendados Juzgados de Instrucción. Y a la función de instruir, cuando hablamos de fiscales, debemos añadir la asistencia a los juicios, los recursos y la llevanza de las ejecutorias. El fiscal está presente en el proceso penal de principio a fin, los jueces se van sucediendo unos a otros- juez de instrucción , juez de lo penal, audiencia provincial-. El problema es si va a haber dinero para ello. No olvidemos que de entrada se está hablando de que el Estado debe recortar 5500 millones de euros. Una de las soluciones sería realizar un trasvase de Jueces a la Carrera Fiscal pero para eso los jueces, o una parte nada despreciable de ellos, debe estar de acuerdo. O unificar las Carreras Judicial y Fiscal, pero ¿habrá voluntad para ello? Si se cumplen las premisas anteriores no tendría que haber inconveniente, en cuanto se lograría la necesaria independencia y autonomía de la institución y de los fiscales. El problema es hasta qué punto quieren de verdad cumplirse las premisas anteriores.

Pero aún quedan más escollos para lograr la eficacia real del sistema y que requiere inversión y modificaciones estructurales que no pueden hacerse a coste cero. Sería muy deseable que existiera una verdadera policía judicial que dependiera funcional y orgánicamente de los llamados a instruir. En muchos casos la dirección de buena parte de la investigación la lleva la policía, policía que aunque reciba el nombre de policía judicial no depende de Justicia sino de Interior.  Y sería también muy deseable contar con cuerpos de peritos imparciales y dependientes del Fiscal. Llegados a este punto puede el lector pensar que se está pidiendo demasiado, pero si hablamos de instrucciones eficaces pongamos realmente los medios para ello. Medios que son costosos en una época de anunciados recortes.

¿Y ya con eso lo solucionamos todo? Pues lo siento pero no. Quedaría articular la intervención de la acusación particular y de la acusación popular en esa instrucción dirigida por el Fiscal sin merma de la pretendida agilidad. La acusación particular nadie pone en duda que debe poder intervenir, el problema es cómo. ¿Podrá intervenir en cada paso que se dé con posibilidad de recurrir las decisiones del Fiscal?, con esto reproduciríamos alguno de los males del sistema actual y haríamos ineficaz el nuevo sistema. La otra opción es que intervenga una vez finalizada la instrucción del Fiscal, acusando y aportando las pruebas que estime oportunas. Y luego está la acción popular que se dice no existe en otros procesos de nuestro entorno. Sí pero está prevista en la Constitución en el artículo 125¿vamos a reformarlo?, ¿cómo? Habría que analizar seriamente la aportación real de esta acusación a la causa y cómo se configura. La opinión pública la ve como esencial por cuanto ha servido de impulso a importantes procedimientos con una gran repercusión mediática, pero si logramos la independencia y autonomía esbozada ¿será realmente necesaria?

Como vemos son muchas las dudas que surgen y los retos que deben afrontarse. De cómo se lleven a cabo, si es que realmente llega a buen puerto la anunciada reforma del sistema procesal penal, dependerá el éxito o el fracaso del sistema.

5 comentarios
  1. O'frrill
    O'frrill Dice:

    Me parece importante, ante la falta de respuesta que tuvo el artículo anterior, que el tema de la Fiscalía del Estado vuelva al debate en un blog como HD. Un artículo que, además, procede de alguien vinculado profesionalmente a esta institución y, por ello, resulta altamente ilustrativo.
    La primera cuestión que resaltaría es la función específica. Si es únicamente acusatoria, es parcial o tendería a serlo, porque el objetivo final sería ese. Otra cosa es que no se encuentren indicios, pruebas o motivos para sostener la acusación y eso tenga incluso más importancia que la propia acusación. Buscar y tener en cuenta el principio de presunción de inocencia.
    La segunda cuestión sería la independencia personal del “investigador” a la hora de buscar tanto pruebas de acusación, como pruebas de inocencia. Esto resulta difícil en un sistema jerarquizado y sometido a nombramientos de confianza. Si hay alguien (que los habrá) capaces de mantener esa libertad de criterio más allá de “alertas sociales” y “juicios mediáticos” habrá garantía de imparcialidad y seguridad jurídica (dentro de lo que cabe en el caos legislativo en que nos movemos).
    La tercera cuestión es quien establece las reglas de funcionamiento institucional del Ministerio Fiscal. Es obvio que debería ser el parlamento o representación popular pero…. es el gobierno quien lo hace, el parlamento lo refrenda (en el mejor de los casos desde mayorías parlamentarias) y ya sólo queda que aplicar lo establecido. El Derecho positivo muchas veces se lleva por delante la justicia ya que, no aplicarlo, sería prevaricación.
    Llegamos así a una última cuestión: ¿La Justicia es el verdadero objetivo del Derecho o aquélla finalmente está al servicio de las normas? Insisto en el juicio a los magistrados del régimen nazi que se limitaban a “aplicar las leyes” en la película “Vencedores y vencidos” y la frase del juez americano a su colega alemán tratando de entender cómo empezó todo: “Todo empezó cuando un juez dictó una sentencia injusta”.
    De nuevo gracias por traer este debate a la palestra de HD. Un saludo.

  2. Salvador Viada
    Salvador Viada Dice:

    Felicito a Pilar Alvarez por su entrada. Estoy básicamente de acuerdo con lo que dice y creo que esta cuestión procesal va a centrar la atención de jueces, fiscales, profesores, abogados y políticos en los próximos años, al igual que ha ocurrido en la mayor parte de los países del mundo que han adoptado un nuevo modelo procesal penal. La razón por la que ese cambio creo que es necesario es de técnica, no ideológica: la defensa en el proceso penal ha de plantearse frente a las tesis de la acusación, y el Juez es quien ha de arbitrar quien tiene razón. En nuestro proceso penal la defensa durante toda la investigación está confrontada con el Juez (un mutante procesal según ha sido descrito por algún procesalista) que en general trabaja de la mano del Fiscal. Ese proceso, aunque nos hayamos formado en él, educado en él y acostumbrado a él, visto desde fuera es un proceso muy poco garantista. Recuerdo que Manuel Fraga, cuando se debatía en los años 80 la eliminación de la posibilidad de que un Juez instruyera y juzgara (así estaba establecido en la Ley 11/1980 que fue declarada inconstitucional), dijo que “el que mejor conoce lo que ha pasado es el Juez de Instrucción” por lo que no veía problema en que él mismo juzgara el caso. En aquellos años yo asistí a innumerables juicios en los que el Juez había sido el instructor de la causa. Me había acostumbrado a un sistema que no era garantista porque la defensa no estaba en condiciones de rebatir la investigación que había realizado quien juzgaba. Muy pocos se quejaron entonces, y solo dos jueces plantearon cuestión de inconstitucionalidad. Ahora pasa algo parecido. Nos hemos acostumbrado a este sistema en el que el Juez de Instrucción busca las pruebas que necesita el fiscal y toma las medidas necesarias para conseguir esas pruebas, incluyendo las que limitan derechos fundamentales (el investigador pincha aquí teléfonos, entra en domicilios, registra correspondencia, ordenadores, incluso acuerda la prisión, pone en busca y captura o detiene. Y el garante de los derechos del investigado es… el mismo investigador). Eso no es garantista, aunque haya sido el sistema procesal que lleva vigente en España desde hace más de 120 años. Creo de todas formas que esto es mucho más profundo que un cambio de sujetos encargados de la instrucción. Ese cambio -cuando se lleve a cabo- llevará unos cuantos años su implementación. No solo será precisa una reordenación de medios materiales, una reasignación de medios personales, una nueva concepción de la Policía Judicial -como dice Pilar-, una comprensión profunda sobre los nuevos papeles procesales de cada cual (de jueces, pero sobre todo de fiscales y de defensas: ni los fiscales podrán hacer lo que hace hoy el juez de instrucción ni la defensa habrá de consentirle al fiscal lo que quizá le consiente al Juez de instrucción). Serán precisos varios cambios más, y quizá lo más relevante: el nuevo sistema será inviable (o inaceptable) sin que la Fiscalía sea claramente independiente del Gobierno. Precisamente creo que por esa razón los sucesivos Gobiernos no han afrontado antes la reforma, porque perderían influencia en la Justicia. Por eso esos Gobiernos han determinado durante décadas la vigencia de un proceso que medio mundo ha descartado por inquisitivo (aunque nos hayamos acostumbrado). Esa separación necesaria Gobierno-Fiscalía no sería precisa para la mayor parte de los casos penales en España, para la inmensa mayoría de ellos. Son rarísimos los casos, estadísticamente insignificantes, en que los Fiscales reciben instrucciones de la superioridad. Pero esos casos, poquísimos, son los determinantes para que el proceso español siga anclado en el siglo XIX. Y es que entre esos casos están aquellos en los que intereses políticos pueden estar en juego. Esa objeción solo puede enervarse con la desvinculación de la Fiscalía con el Gobierno. Y solo con ese cambio es aceptable el cambio procesal, que además ha de hacerse en clave de mejorar las garantías procesales para los ciudadanos no de conservar o adquirir influencias o potestades. Pero creo que ambas cosas (la reforma del proceso penal, y la desvinculación gubernamental del Fiscal) son absolutamente necesarias para tener un proceso más garantista, más rápido, más barato, mejor para las víctimas y menos dañino para la reputación de los investigados.
    Gracias a Hay Derecho por traer este tema otra vez. Espero que no acabemos cansados del tema cuando llegue el momento de plantear la viabilidad de la reforma.

  3. Rosa Esperanza Sánchez
    Rosa Esperanza Sánchez Dice:

    Pilar Álvarez desconfía de un modelo en el que el Fiscal instruya y deba pedir y obtener del Juez de Garantías autorizaciones de entradas y registros, intervenciones telefónicas y demás medidas restrictivas de los derechos fundamentales; por eso, ensalza el modelo de Fiscal Instructor, en el que el Fiscal recaba las pruebas de la acusación, decide sobre medidas restrictivas de derechos y hace avanzar el procedimiento hasta el juicio -que celebraría un Juez-, teniendo frente a sí durante la instrucción a la defensa y a la actividad instructora que esta fuera capaz de desplegar.

    ¿Dónde está la ventaja y la modernidad? Ese sistema es la apisonadora de la presunción de inocencia, pues el Fiscal se lanzaría a recabar las pruebas de la tesis acusatoria y solo cuando no las hallara sobreseiría la causa. Frente a él, qué espacio tendría la defensa, pues ¿a quién le va a pedir la defensa que practique las diligencias que le interesan?: ¿al Fiscal? Creo que a nadie se le escapa una clara descompensación de armas.

    El sistema verdaderamente garantista y perfecto -aunque perfeccionable- es el vigente. Le falla algo muy importante que luego diré; pero solo le sobra una cosa: la posibilidad de tramitarse recursos de reforma antes del auto de continuación de Procedimiento Abreviado. Si se eliminara la posibilidad de interponer recursos de reforma -de los que abusan los investigados ilustres de corrupción y otros grandes presuntos delincuentes con grandes despachos de Abogados detrás-, la instrucción sería muy rápida.

    Por lo demás, el Juez de Instrucción es una figura magnífica que recaba las que luego serán pruebas de la acusación y de la defensa en el juicio, en una postura equidistante que le hace verdaderamente imparcial. Quienes se empeñan en llamarle Juez esquizofrénico, pretenden atribuirle cualidades negativas que escondan su extraordinaria capacidad de jugar a dos bandas. No nos dejemos engañar; eso no es un atraso ni un disvalor, sino que es una ventaja para el justiciable, sea investigado o sea víctima, pues, cuando el Juez deba acordar una prisión preventiva o una entrada y registro o una intervención telefónica, la denegará o la acordará, según considere que hay indicios suficientes o no o si es o no adecuada a la finalidad pretendida, pero teniendo en cuenta la tesis de la acusación y también -y esto es muy importante- la tesis y la postura de la defensa. ¿Hay algo mejor que eso? Asimismo, cuando hace el juicio de sostenibilidad de la pretensión acusatoria, hace de filtro para que se abra juicio solo cuando los indicios convierten el hecho punible en posible, teniendo en cuenta las alegaciones y los contraindicios recabados por la defensa del investigado. ¿Un fiscal solo acusador mejoraría esa garantía?

    Sin duda no la mejoraría y empobrecería la riqueza de nuestro sistema. No debemos sentirnos acomplejados porque nuestro sistema tenga muchos años y sea diferente al de muchos países de Europa. En lugar de romper con nuestro sistema y querer parecernos al resto de Europa, deberíamos creer más en nuestro modelo y hacer ver a nuestros críticos europeos que nuestro sistema es mejor y más garantista.

    Solo necesitamos a Jueces no abrumados por el trabajo. Solo eso necesitamos; porque ese es nuestro verdadero fallo.Si tuviéramos el doble de jueces en España, los Jueces de Instrucción y los Jueces de Primera Instancia e Instrucción no estarían colapsados por el trabajo, no dejarían dormidas las causas y no harían avanzar las instrucciones a trompicones. Lo que verdaderamente sucede es que los Jueces de Instrucción están tan sobrecargados de trabajo que no dan a basto y no pueden instruir ni mucho más de lo que dan de sí ni mejor; parece que son lentos, desganados y pocos interesados en instruir, cuando son jueces razonablemente lentos y desesperadamente superficiales porque son jueces permanentemente cansados y sin tiempo para mirar la instrucción con detenimiento y como se merece.

    Como ese es el verdadero problema, pongámosle solución ampliando la ratio de jueces al doble de la ratio actual. Así de fácil.

    Al Ministerio Fiscal dejémosle seguir haciendo su trabajo, igual de bien que hasta ahora; pero asimilando las reformas que garanticen la verdadera independencia de su estructura jerárquica, pues esas reformas son totalmente necesarias, por las razones y con la extensión y envergadura que señala la autora del artículo. Con eso, sí estoy de acuerdo.

    • O'farrill
      O'farrill Dice:

      “Sólo necesitamos jueces no abrumados por el trabajo”. Totalmente de acuerdo pero, además, es preciso eliminar la masificación de casos judiciales. En gran parte son cosas que un arbitraje o una conciliación puede resolver ya que, la mayor parte de las veces, no precisan una “investigación” compleja, sino una solución lógica y razonable, sobre todo en el Derecho Civil. Sería una magnífica escuela de prácticas y experiencias para las nuevas generaciones de jueces. Porque, esos casos complejos, a los que deben dedicarse más medios y recursos para su “investigación”, precisan de jueces experimentados cuyo prestigio sirva para no pasar por “puertas giratorias”. Un saludo.

  4. Alberto Lafuente Torralba
    Alberto Lafuente Torralba Dice:

    Es habitual el siguiente argumento: el fiscal debería dirigir la instrucción, pues no tiene sentido que tenga que pedirle a otro las pruebas que necesita para llevar “su caso”. Por eso -se dice-, lo lógico es que las recabe él mismo.

    Humildemente, me permito apuntar que el caso no es del fiscal, o no lo es en exclusiva. También lo es de la defensa y, en su caso, de la acusación particular. La instrucción no está solo para recopilar lo que el fiscal necesita y, si se le transfiere la dirección de esta fase para que pueda fabricarse “su” caso, los intereses de esos otros sujetos quedarán inevitablemente postergados.

    Los partidarios del futuro modelo suelen cuestionar la imparcialidad del juez instructor, que al parecer concentraría en su persona dos cometidos incompatibles como son el de investigar y velar por los derechos del investigado. Pero no ven que el “fiscal instructor” incurre en una parcialidad aún mayor: resulta que, en un sistema como el que se propugna, el investigado tiene que solicitar las diligencias necesarias para preparar su defensa al que será su adversario en el juicio oral. De este modo, la consecución de los elementos de descargo que el investigado precisará para defenderse de la acusación se confía, paradójicamente, al propio acusador. Me dirán que el fiscal actúa con objetividad y no sólo anda a la búsqueda de lo que incrimina, sino también de lo que exculpa: exactamente igual que el juez al que, según parece, tanto urge reemplazar.

    Por lo demás, habrá que ver cómo se articulan las relaciones con el juez de garantías, clave de bóveda del modelo anunciado. Se pretende construir un juez alejado del “fango” de la instrucción, cuyos ojos no estén mancillados por las pesquisas sumariales, bajo la premisa de que sólo un juez de tales características puede decidir imparcialmente sobre las medidas limitativas de derechos del investigado. Pues bien, ahora imagínense: supongamos que el fiscal que está instruyendo una determinada causa contra un determinado sujeto se dirige en sucesivas ocasiones al juez de garantías, primero para intervenir este o aquel terminal telefónico, luego para llevar a cabo uno o varios registros y finalmente para acordar la prisión provisional. ¿Ese juez de garantías (si queremos ser coherentes con el nuevo modelo) no estará ya tanto o más “contaminado” que su predecesor el juez de instrucción? ¿Habrá que acudir a un juez de garantías distinto para cada diligencia restrictiva de derechos que se solicite? ¿Habrá suficientes para encarar tal eventualidad? ¿Por cuántas manos tendrá que pasar el expediente?

    Por último, es muy sensato lo que dicen acerca de dotar de independencia al Ministerio Fiscal: emanciparlo definitivamente del Gobierno, aislarlo de su influencia, impedir el “quita y pon” de fiscales para el despacho de un asunto por la mera decisión de los superiores jerárquicos, permitir a cada fiscal actuar en conciencia y no conforme a los dictados que les lleguen de arriba… Lo que pasa es que ya existe una figura en la que se materializan esas aspiraciones: el juez instructor. Por eso, cuando uno lee este tipo de propuestas, no puede evitar la sensación de estar caminando en círculos.

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