El Fiscal investigador y la mosca de Wittgenstein

Was ist dein Ziel in der Philosophie? – Der Fliege den Ausweg aus dem Fliegenglas zeigen. Investigaciones Filosóficas, sección 309, Ludwig Wittgenstein

 ¿Cuál es el objetivo del Derecho?

Para la mayoría la respuesta es obvia: hacer justicia. Pero, claro, no está tan claro que sea eso de la justicia. Con ser muchos los pensadores que han ensayado sus propias respuestas, ahora quiero recordar sólo a uno de ellos, al epistemólogo italiano Michele Taruffo, para quien la Justicia es inseparable de la verdad.

No todos, sin embargo, son del mismo parecer. Para algunos la Justicia es, ante todo, la resolución de conflictos sociales. Y, a veces, la paz ciudadana exige, si no mentir, al menos tapar pudorosamente las vergüenzas de una realidad que resulta demasiado ofensiva para la opinión pública o, más a menudo, incompatible con la política criminal del Gobierno.

En efecto, los partidarios de que la instrucción penal sea dirigida por la Fiscalía han sido, por lo pronto hasta ahora, los mismos que han entendido que el objetivo de la investigación del delito no era esencialmente el descubrimiento de la verdad, sino la ejecución de la política criminal del gobierno. Veamoslo con un ejemplo:

El caso Faisán. Cuando el Poder Ejecutivo estaba empeñado en aproximarse a ETA, se entrometió un juez instructor, don Pablo Ruz que, dirigiendo a la Guardia Civil, se empecinó en sacar a la luz un supuesto chivatazo policial. Caiga quien caiga. El Ministerio Público, en cambio, habría sabido acompasar el ritmo de las pesquisas al curso de los delicados contactos que, entre bambalinas, se mantenían con la banda asesina. En ese contexto, la verdad es una invitada muy incómoda al banquete de los negociadores políticos. Sin comentarios.

En la actualidad, sorprendentemente, hay quienes promueven al fiscal investigador, no por motivos ideológicos, sino técnicos. Es decir, porque la investigación criminal sería más eficiente en poder de la fiscalía.  Muestra de ello es el artículo recientemente aparecido en el periódico “El País” con el subtítulo: “Un sistema procesal decimonónico no puede responder a las necesidades de la justicia penal del siglo XXI” (de libre acceso en internet).

De acuerdo pero, al mismo tiempo, es menester decir sin tapujos que la efectividad de la investigación criminal nada tiene que ver con quién sea su director. Es un asunto de medios materiales y simplificación de los procedimientos. Da igual que sean jueces, fiscales u otros. Lo malo es que se confunde “Instrucción penal” con “investigación criminal”.

¿Qué es la “investigación criminal”?

El descubrimiento de la verdad. De la verdad del crimen. O sea, si ha habido un homicidio, quién sea el asesino; si un robo, quién sea el ladrón. Suma y sigue. Por tanto, una actividad “epistemológica”, tal como explica el citado Taruffo, o el norteamericano Larry Laudan. La instrucción penal es otra cosa: el revestimiento jurídico de la investigación criminal.

¿Cómo sería una investigación criminal modélica?

Aquélla es evitase el error judicial. Id est: que sea condenado un inocente o absuelto un culpable. Y, a tal efecto, debería reunir una serie de notas irrenunciables, como ser independiente, imparcial, inamovible, apolítica. En suma, objetiva, enderezada exclusivamente al descubrimiento de la realidad de los hechos. La verdad,guste o disguste a la opinión pública o a los políticos.

Si aceptamos esta premisa, el director de la investigación criminal debe ser independiente, imparcial, inamovible y apolítico. Hoy día sólo los jueces reúnen esas garantías. Si en el futuro se le encomienda a otro órgano, este habría de ser, como mínimo, tan neutral como jurídicamente lo son hoy día nuestros jueces. Lo demás es propaganda.

Entonces, ¿por qué no un fiscal independiente, imparcial, inamovible y apolítico?

Muy simple, porque entonces sería innecesario. Para eso ya están los jueces instructores. A menudo las intenciones, empero, son otras: travestir la investigación criminal en política gubernamental;o peor todavía, proteger a los corruptos. De un tiempo a esta parte las riendas de la persecución contra los granujas oficialeshan estado en manos de los magistrados investigadores. Simplemente, se han desbocado, han llegado demasiado lejos. Hay que pararles los pies.

Por otro lado, un hipotético fiscal investigador se enfrentaría a dificultades formidables. Antes de nada, tendría que reformarse la Constitución para asegurar su completa desconexión del Ejecutivo.Insisto, desvinculación absoluta. La soga que ata al investigador con el poder político ha de cortarse, no aflojarse ni alargarse, no se trata de darle cuerda como a una mascota que se saca de paseo, sino de liberarlo. Evitemos caer en la trampa de los que propugnan “autonomía” para los fiscales e “independencia” para los jueces (por ejemplo, en el citado artículo del diario “El País”). ¿Es que acaso el Ministerio Público merece menos garantías que el Poder Judicial? Pero, con todo, no esto lo más importante:

Urgiría, además, cortar cualquier comunicación entre investigación y acusación. Quién investiga no debe acusar. ¿Por qué? Por el riesgo de que, inconscientemente, se incline más hacia las pruebas de cargo que a las de descargo. Son los “sesgos cognitivos”. Es curioso que se hable tanto de la “contaminación” de los jueces mientras que, cuando les toca a los fiscales, diríase que son ángeles descendidos del cielo que, a diferencia del resto de los mortales, carezcan de prejuicios. En nuestro mundo imperfecto no investigan los espíritus, sino los hombres (jueces, fiscales, policías, abogados). Personalmente, nada tendría yo en contra de que tan alta responsabilidad se le asignara al Arcángel San Gabriel o cualquier otro comandante de las legiones celestiales. Pero hay lo que hay: imperfecto material humano. Consecuentemente, no queda más que acudir a la Psicología y diseñar un sistema en que los sesgos cognitivos de reduzcan al máximo. Ciencia contra superstición. De igual forma que el mismo juez que instruye no sentencia, el mismo fiscal que investigue no debe acusar, so pena de contaminación. A no ser, huelga decirlo, que confiemos en los milagros.

Sé que mis palabras caen en el vacío porque los políticos, de un signo otro, se han conchabado en un asunto donde tanto se juegan. Con todo, conservo esperanzas de que no todos estén en el ajo, en que todavía haya mentes limpias, sin cadenas ideológicas, que no se dejen atrapar por sofismas pseudojurídicos, estrellando la cabeza una u otra vez contra el cristal, como la mosca atrapada en una botella. Homo sapiens adversus muscam domesticam. Lo repito, el problema no es quién investigue sino cómo investigue. Solamente hay que verlo. Mejor dicho, que querer verlo.

No deseo terminar sin advertir que nuestra investigación criminal debe ser reformada y puesta a punto. Mucha razón llevan las voces que se levantan contra el envejecimiento de nuestro esclerótico sistema procesal, como bien recordaba el mentado artículo periodístico. Asumiendo este reto, la Plataforma Cívica por la independencia judicial, asociación a la que represento, pretende abrir un debate, limpio de intereses partidistas o compromisos ideológicos, para proponer a nuestra clase política un nuevo modelo de investigación criminal. Os ruego, por favor, vuestra colaboración a todos. Aquí tenéis el enlace a una página web expresamente creada para recoger las ideas de la sociedad civil. Gracias a antemano.

 

15 comentarios
  1. francisco javier montero
    francisco javier montero Dice:

    El fiscal es imparcial,según la Constitución,luego no hay que reformarla para darle la instrucción,de hecho ya instruye en la Jurisdicción de Menores.Los fiscales están sometidos a la Ley.
    Si instruye el Fiscal con un Juez de Garantías para controlarlo se mejora el sistema.Ahora el mismo que te investiga es el que te puede mandar a la cárcel.Ser independiente no significa ser más honrado(según el sentido común y Montsequieu).
    Instruir es preparar la acusación,el juez no sabe investigar porque no será él quien acuse.Es práctica común en España que el Juez “pase a informe la causa al fiscal”,para que le diga lo que tiene que hacer.Esto además de cierto es ilegal.
    Es el sistema que funciona en el resto de Europa.En Alemania,por ejemplo,instruye el Fiscal y no hay acusación popular.

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  2. José Ángel Cruz Matías
    José Ángel Cruz Matías Dice:

    Un Juez es imparcial por definición. Y a golpe de Sentencias del TEDH hemos aprendido que el Instructor no puede Juzgar porque al investigar pierde su imparcialidad. Además, sólo un Juez debería tener la facultad de restringir los derechos y libertades de un investigado. ¿Cuál puede ser la solución? Apunto una: Dentro del poder judicial debe crearse un cuerpo independiente de “Instructores Penales”. Ellos instruirán todas las causas penales con independencia del aforamiento y dirigirán a los investigadores de la policía. Si necesitan restringir derechos de los investigados, lo solicitarán a un Juez de garantías del Tribunal correspondiente, que será quien decida en función de las circunstancias y oyendo (cuando no se pida previamente el secreto de la causa) a todas las partes interesadas. Terminada la Instrucción, será el Fiscal, y en su caso la Acusación Particular y/o Popular, quienes ejerciten la acusación ante el Tribunal que vaya a Juzgar.
    Ese cuerpo de Instructores Penales será completamente independiente de la Judicatura y de la Fiscalía, con un sistema de acceso propio y sin movilidad interna entre los demás cuerpos.

    Quizás de esta manera, o de alguna otra similar, el Juez siempre será un Juez, libre de la parcialidad lógica y necesaria inherente a todo investigador de causas criminales.

    Jose Angel CM

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    • Jesús Manuel Villegas Fernández
      Jesús Manuel Villegas Fernández Dice:

      Totalmente de acuerdo con esta opiníon. Debe de coexistir, frente al “juez investigador” un “juez de libertades” (o garantías) como en cierto modo ocurre en Francia.

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  3. Jesús Manuel Villegas Fernández
    Jesús Manuel Villegas Fernández Dice:

    Totalmente de acuerdo con esta opiníon, debe coexistir, frente al “juez investigador” un “juez de libertades” (o de garantías) como en cierto modo ocurre en Francia.

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  4. nandogerman
    nandogerman Dice:

    Falaz, tendencioso y simplista. En ningún artículo de la C.E. se establece la dependencia del Fiscal respecto del Gobierno. En la mayoría de los países de nuestro entorno occidental es el fiscal el investigador y no se plantean estas cuestiones. Ya en 1882 Alonso Martínez dijo en la E.M. de la LECrim. que el sistema del juez instructor no era el ideal, pero era el único admisible en aquél estado de cosas, ya que el país no estaba aún suficientemente preparado para el modelo procesal moderno y adecuado. Confundes conceptos y manejas a tu gusto tus preferencias.

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  5. Derecho
    Derecho Dice:

    Es una lástima, pero a mi parecer siempre habrá una mano negra (alguien por encima del mal y del bien) un todo poderoso que esta por encima de la justicia, por encima de los políticos y son quienes manejan y manejarán los hilos en la sombra, si queréis lo podemos llamar Don Dinero. La justicia siempre será justicia, pero no siempre es igual para todos y el poder es quien maneja en la sombra a gran parte de la justicia.

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  6. Alberto Lafuente Torralba
    Alberto Lafuente Torralba Dice:

    Nandogerman: creo que debería usted leerse con más detenimiento la Constitución. Si no me equivoco, es la Constitución la que dice que el Gobierno nombra al Fiscal General del Estado; si no le equivoco, es la Constitución la que establece la dependencia jerárquica como principio vertebrador del Ministerio Fiscal, que en última instancia somete a todos los fiscales a las órdenes e instrucciones de ese superior elegido por el Gobierno. Súmele a ello algunas cosillas que aparecen en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, como la potestad del Ministro de Justicia para imponer a los fiscales las sanciones más graves, y vea el resultado.

    La cuestión es sencilla: el fiscal no es independiente y está mucho más indefenso frente a posibles injerencias políticas que un juez. En estas condiciones, asignar la instrucción a los fiscales, con la corrupción rampante que asola nuestras instituciones, no es que sea un error: es una temeridad.

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  7. José
    José Dice:

    Lo del juez de garantías para controlarlo( al fiscal) no me parece , en su caso un Juez ante el que se pueda acudir para peticiones de prision provisional, y actuaciones como entrada y registros , intervenciones telefónicas y que decida si procede o no. La cuestión es que el fondo no se quiere que instruya el fiscal , así que dentro de treinta años seguirá la discusión.

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  8. Colapso2015
    Colapso2015 Dice:

    Artículo 124

    1. El Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros órganos, tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social.

    2. El Ministerio Fiscal ejerce sus funciones por medio de órganos propios conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad.

    3. La ley regulará el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal.

    4. El Fiscal General del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial.


    Unos que si el juez es imparcial por definición, otros que si el fiscal es imparcial porque lo dice la “Constitución”. Otros no tienen mucho tino con las palabras:
    “Supone afirmar que el Fiscal incumple con su obligación Constitucional y legal de ser imparcial y por lo tanto es inadmisible. “

    Ni más ni menos que inadmisible.
    En términos generales esta propuesta es más aceptable que otras. Simplemente por el método y la descripción del entorno,…

    Pero se debe recordar, en una democracia el orden es POLITICO, es decir, vistas las exposiciones, opiniones, …, por concurrencia pública se opta por una, a mayoría. Esa mayoría que sufrirá las consecuencias de las leyes. Dado esto es una demagogia de representación (puro teatro),…, siempre se podrá maldecir al jefe (lo que llaman “política”, que es simplemente ruido) mientras en esencia nada cambia para una oligarquía.

    La corporación estatal, incluido el gobierno y el parlamento, no está civilizada.
    El legislativo no es civil, pues emerge de unas “corp-oraciones” que se financian con dinero público, es decir: “la zorra cuidando las gallinas”.

    En este aspecto, la enmienda 27 de la Constitución de los Estados Unidos de América, apunta por dónde van los tiros,…
    Empezando por el principio:
    “La Cámara de Representantes estará formada por miembros elegidos cada dos años por los habitantes de los diversos Estados, y los electores deberán poseer en cada Estado las condiciones requeridas para los electores de la rama mas numerosa de la legislatura local. No será representante ninguna persona que no haya cumplido 25 años de edad y sido ciudadano de los Estados Unidos durante siete años, y que —no sea HABITANTE del Estado en el cual se le designe, al tiempo de la elección—. “
    En este texto templado, la única parte donde aparece IMPARCIAL es en:
    “en público por un jurado imparcial del distrito y Estado en que el delito se haya cometido,”
    ¿Quién? Y ¿cómo se alcanza la imparcialidad? ¿Con burócratas/funcionarios?

    El “Hombre del Rey” (fiscal), es “imparcial”, porque lo dice la “Constitución”:
    -Señores, hay un precipicio a 200 metros. ¿Giramos?
    -No
    -¿Por qué?
    -Porque no aparece en el mapa.

    Cosas de tener un Estado in-civil-izado.

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  9. O'farrill
    O'farrill Dice:

    Agradezco al autor que vuelva a traer a debate un tema que, aunque ya tocado en otros artículos anteriores de HD, no parecía provocar demasiado interés. Asimismo, me parece interesante que, además de las redes sociales, se haga llegar a la calle y, sobre todo, se ahonde en las raíces del problema que, como dice Colapso 2015, son otras distintas a las puramente administrativas: leyes gubernamentales (no del Parlamento) que los fiscales deben defender (luego defienden a quien las impone); representación política partidaria en lugar de social o ciudadana; una Constitución que da una de cal y otra de arena (se contradice a sí misma creando inseguridad jurídica) y un sistema donde el propio presidente del CGPJ habla de “justicia para robagallinas” o algo parecido…..
    Cuando está en juego algo tan sagrado como la libertad de las personas, esa que decimos defender con uñas y dientes, la instrucción jurisdiccional es una responsabilidad que no se salva con el “principio de legalidad” (del Derecho) simplemente, sino que, insisto, es una herramienta de la Justicia y de la verdad, pero también de la ponderación y la proporción. Algo que falla en nuestro ordenamiento jurídico.
    Hace un par de días volvía a disfrutar con la película “Vencedores y vencidos” sobre el juicio de los jueces nazis que se limitaron a defender la “legalidad” por muy injusta que fuera. Lo habían jurado con el cargo. Al día siguiente un reportaje de TV sobre “Guantánamo” y sus presos “preventivos” indicaba de nuevo lo que cada cual entiende por “administrar justicia”. Todo depende de quien seas.
    Un saludo.

    Responder
  10. Victor Chavarri
    Victor Chavarri Dice:

    ……….”lo que cada cual entiende por “administrar justicia””

    La propia palabra “administrar” y “justicia” pronunciadas de forma seguida me generan escalofríos.

    Eso es exactamente lo que se hace, administrar y no impartir ni juzgar.

    El nombre del blog lo dice todo ¿hay derecho”…. Pues claro que sí. En la Alemania nazi también hay derecho. Y en la URSS también.

    Lo que no hay es justicia.

    Responder
  11. Tomás
    Tomás Dice:

    Fiscalía independiente, y cortar toda relación entre investigación y acusación.

    Serenas y sabias frases, pero… ¿las tendrán en cuenta nuestros legisladores?

    Un saludo.

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  12. Martín Ignacio Palladino
    Martín Ignacio Palladino Dice:

    Considero relevante tener presente, que no solo estamos ante un tema que no es nuevo y cuyo estudio se remonta tiempo atrás, sino que nuestro ordenamiento jurídico cuenta con un antecedente, como es el caso de la función del Fiscal en el marco del procedimiento penal del menor, sobre el que es interesante conocer la opinión de Díaz Martínez que consideró que “…la nueva Ley Penal del Menor ha procedido a diseñar los papeles del Ministerio Fiscal y del Juez, encargando al Ministerio Fiscal la dirección de la instrucción y reduciendo a los Jueces a su papel constitucional propio de erigirse en los garantes de los derechos fundamentales de las partes y juzgadores del objeto procesal material de la acusación, trasladando todo el peso probatorio y decisorio a la fase de enjuiciamiento del proceso, lo que convierte dicho texto legal en un adelanto empírico de lo que podría ser la futura reforma total de la LECrim”. (Díaz, 2006, pp. 50-51)

    Díaz, M. (2006). El Ministerio Fiscal “Director de la Investigación” en el Proceso Penal de Menores, en Gimeno Sendra, V. (2006). El Ministerio Fiscal – Director de la Instrucción, Editorial Iustel.

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