El Fiscal investigador y la mosca de Wittgenstein

Was ist dein Ziel in der Philosophie? – Der Fliege den Ausweg aus dem Fliegenglas zeigen. Investigaciones Filosóficas, sección 309, Ludwig Wittgenstein

 ¿Cuál es el objetivo del Derecho?

Para la mayoría la respuesta es obvia: hacer justicia. Pero, claro, no está tan claro que sea eso de la justicia. Con ser muchos los pensadores que han ensayado sus propias respuestas, ahora quiero recordar sólo a uno de ellos, al epistemólogo italiano Michele Taruffo, para quien la Justicia es inseparable de la verdad.

No todos, sin embargo, son del mismo parecer. Para algunos la Justicia es, ante todo, la resolución de conflictos sociales. Y, a veces, la paz ciudadana exige, si no mentir, al menos tapar pudorosamente las vergüenzas de una realidad que resulta demasiado ofensiva para la opinión pública o, más a menudo, incompatible con la política criminal del Gobierno.

En efecto, los partidarios de que la instrucción penal sea dirigida por la Fiscalía han sido, por lo pronto hasta ahora, los mismos que han entendido que el objetivo de la investigación del delito no era esencialmente el descubrimiento de la verdad, sino la ejecución de la política criminal del gobierno. Veamoslo con un ejemplo:

El caso Faisán. Cuando el Poder Ejecutivo estaba empeñado en aproximarse a ETA, se entrometió un juez instructor, don Pablo Ruz que, dirigiendo a la Guardia Civil, se empecinó en sacar a la luz un supuesto chivatazo policial. Caiga quien caiga. El Ministerio Público, en cambio, habría sabido acompasar el ritmo de las pesquisas al curso de los delicados contactos que, entre bambalinas, se mantenían con la banda asesina. En ese contexto, la verdad es una invitada muy incómoda al banquete de los negociadores políticos. Sin comentarios.

En la actualidad, sorprendentemente, hay quienes promueven al fiscal investigador, no por motivos ideológicos, sino técnicos. Es decir, porque la investigación criminal sería más eficiente en poder de la fiscalía.  Muestra de ello es el artículo recientemente aparecido en el periódico “El País” con el subtítulo: “Un sistema procesal decimonónico no puede responder a las necesidades de la justicia penal del siglo XXI” (de libre acceso en internet).

De acuerdo pero, al mismo tiempo, es menester decir sin tapujos que la efectividad de la investigación criminal nada tiene que ver con quién sea su director. Es un asunto de medios materiales y simplificación de los procedimientos. Da igual que sean jueces, fiscales u otros. Lo malo es que se confunde “Instrucción penal” con “investigación criminal”.

¿Qué es la “investigación criminal”?

El descubrimiento de la verdad. De la verdad del crimen. O sea, si ha habido un homicidio, quién sea el asesino; si un robo, quién sea el ladrón. Suma y sigue. Por tanto, una actividad “epistemológica”, tal como explica el citado Taruffo, o el norteamericano Larry Laudan. La instrucción penal es otra cosa: el revestimiento jurídico de la investigación criminal.

¿Cómo sería una investigación criminal modélica?

Aquélla es evitase el error judicial. Id est: que sea condenado un inocente o absuelto un culpable. Y, a tal efecto, debería reunir una serie de notas irrenunciables, como ser independiente, imparcial, inamovible, apolítica. En suma, objetiva, enderezada exclusivamente al descubrimiento de la realidad de los hechos. La verdad,guste o disguste a la opinión pública o a los políticos.

Si aceptamos esta premisa, el director de la investigación criminal debe ser independiente, imparcial, inamovible y apolítico. Hoy día sólo los jueces reúnen esas garantías. Si en el futuro se le encomienda a otro órgano, este habría de ser, como mínimo, tan neutral como jurídicamente lo son hoy día nuestros jueces. Lo demás es propaganda.

Entonces, ¿por qué no un fiscal independiente, imparcial, inamovible y apolítico?

Muy simple, porque entonces sería innecesario. Para eso ya están los jueces instructores. A menudo las intenciones, empero, son otras: travestir la investigación criminal en política gubernamental;o peor todavía, proteger a los corruptos. De un tiempo a esta parte las riendas de la persecución contra los granujas oficialeshan estado en manos de los magistrados investigadores. Simplemente, se han desbocado, han llegado demasiado lejos. Hay que pararles los pies.

Por otro lado, un hipotético fiscal investigador se enfrentaría a dificultades formidables. Antes de nada, tendría que reformarse la Constitución para asegurar su completa desconexión del Ejecutivo.Insisto, desvinculación absoluta. La soga que ata al investigador con el poder político ha de cortarse, no aflojarse ni alargarse, no se trata de darle cuerda como a una mascota que se saca de paseo, sino de liberarlo. Evitemos caer en la trampa de los que propugnan “autonomía” para los fiscales e “independencia” para los jueces (por ejemplo, en el citado artículo del diario “El País”). ¿Es que acaso el Ministerio Público merece menos garantías que el Poder Judicial? Pero, con todo, no esto lo más importante:

Urgiría, además, cortar cualquier comunicación entre investigación y acusación. Quién investiga no debe acusar. ¿Por qué? Por el riesgo de que, inconscientemente, se incline más hacia las pruebas de cargo que a las de descargo. Son los “sesgos cognitivos”. Es curioso que se hable tanto de la “contaminación” de los jueces mientras que, cuando les toca a los fiscales, diríase que son ángeles descendidos del cielo que, a diferencia del resto de los mortales, carezcan de prejuicios. En nuestro mundo imperfecto no investigan los espíritus, sino los hombres (jueces, fiscales, policías, abogados). Personalmente, nada tendría yo en contra de que tan alta responsabilidad se le asignara al Arcángel San Gabriel o cualquier otro comandante de las legiones celestiales. Pero hay lo que hay: imperfecto material humano. Consecuentemente, no queda más que acudir a la Psicología y diseñar un sistema en que los sesgos cognitivos de reduzcan al máximo. Ciencia contra superstición. De igual forma que el mismo juez que instruye no sentencia, el mismo fiscal que investigue no debe acusar, so pena de contaminación. A no ser, huelga decirlo, que confiemos en los milagros.

Sé que mis palabras caen en el vacío porque los políticos, de un signo otro, se han conchabado en un asunto donde tanto se juegan. Con todo, conservo esperanzas de que no todos estén en el ajo, en que todavía haya mentes limpias, sin cadenas ideológicas, que no se dejen atrapar por sofismas pseudojurídicos, estrellando la cabeza una u otra vez contra el cristal, como la mosca atrapada en una botella. Homo sapiens adversus muscam domesticam. Lo repito, el problema no es quién investigue sino cómo investigue. Solamente hay que verlo. Mejor dicho, que querer verlo.

No deseo terminar sin advertir que nuestra investigación criminal debe ser reformada y puesta a punto. Mucha razón llevan las voces que se levantan contra el envejecimiento de nuestro esclerótico sistema procesal, como bien recordaba el mentado artículo periodístico. Asumiendo este reto, la Plataforma Cívica por la independencia judicial, asociación a la que represento, pretende abrir un debate, limpio de intereses partidistas o compromisos ideológicos, para proponer a nuestra clase política un nuevo modelo de investigación criminal. Os ruego, por favor, vuestra colaboración a todos. Aquí tenéis el enlace a una página web expresamente creada para recoger las ideas de la sociedad civil. Gracias a antemano.