Filiación no matrimonial y derechos sucesorios

Las siguientes reflexiones se refieren a la determinación de la filiación no matrimonial y los derechos a la sucesión hereditaria abierta en tiempos pretéritos (en 1908) que se plantean en la Sentencia del Tribunal Supremo num. 621/2016 de 17 octubre 2016 (Roj: STS 4538/2016). Los hechos, que han estado muy presentes en los medios de comunicación, son los siguientes: Segismundo había fallecido el día 5 de diciembre de 1908, bajo testamento en el que instituyó heredero en el remanente de todos sus bienes, derechos y acciones, hasta la suma de 200.000 pesetas, entonces cuantiosa, a la Villa de Escoriaza.

Más de un siglo después, Luis Enrique, que conocía el testamento, interpuso una acción de reclamación de la filiación para que se declarara que su abuelo era hijo biológico de Segismundo; la demanda fue dirigida contra quien se consideraba la familiar viva más próxima de Segismundo y esta se allanó a la misma, por lo que el Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Guecho declaró la filiación demandada. Una vez firme la Sentencia, el letrado del demandante dirigió una reclamación administrativa contra el Ayuntamiento de Escoriaza para que le hiciera entrega de los 2/3 actualizados de la herencia de Segismundo como heredero forzoso.

Ante esta tesitura la Corporación local presentó una demanda de revisión de la referida Sentencia, sobre la base del art. 510.4 LEC, porque entendió que en el procedimiento judicial se habían empleado maquinaciones fraudulentas.

Para la STS, esa maquinación “consistió en dejar de dirigir la demanda de reclamación de la filiación contra el único heredero de Segismundo que podría verse afectado por las consecuencias de la declaración de filiación pretendida, para impedir que pudiera oponerse, y, al mismo tiempo, dirigirla contra una pariente lejana que mediante su allanamiento propició la estimación de la acción”. Me parece que tiene razón la STS, pues efectivamente el art. 766 LEC prevé que en el proceso sobre filiación sea demandada la persona a la que se atribuya la condición de progenitor, lo cual aquí era imposible por su fallecimiento, o sus herederos, que es lo que procedía. Por eso, se ha llegado en este supuesto a la determinación de la filiación “sin que el único realmente interesado en la pretensión ejercitada en la demanda pudiera oponerse”.

En conclusión, dice la STS, y cualquiera podrá estar de acuerdo, que: “privar, como se ha pretendido … al Ayuntamiento de Eskoriatza de la posibilidad de oponerse a la declaración de filiación…, le genera indefensión, sin perjuicio de que pudiera tener otros medios de defensa ligados directamente a la reclamación de los derechos hereditarios”.

No puedo dejar de preguntarme cómo es posible que se plantee un caso como este: ¿será que se me ha escapado algún elemento para la valoración del mismo? Explico la razón de mi desconcierto: a tenor de los hechos conocidos por la lectura de la STS, su decisión me parece absolutamente previsible de acuerdo con nuestra regulación de las acciones de filiación y difícilmente podía esperarse otro resultado. Y, en todo caso, si se volviera a litigar demandando ahora al heredero, quizá se lograra determinar la filiación, pero es improbable obtener derecho sobre la herencia. Por resumir el problema sucesorio tal como lo veo: ¿con base en qué argumentos se reclamaría, con probabilidades de éxito, una herencia abierta hace más de un siglo, a despecho de la prescripción extintiva de las acciones que correspondiera ejercer, y de la usucapión por el heredero de los bienes del difunto? Ni el estado de nuestra legislación, ni el de nuestra jurisprudencia parecen consentir mucho resquicio para conseguirlo. Pero entonces, ¿cuáles fueron las razones para iniciar este procedimiento? ¿Qué movió a los litigantes?

Para responder, habría que considerar que la STS describe un tipo de litigio que en los últimos tiempos alcaza mucha atención mediática en prensa, radio y televisión. Se comprende, en verdad, que estos supuestos interesen porque las historias que están detrás tienen un gran tirón novelesco, y aúnan la fuerza de la sangre, con el atractivo de herencias a veces cuantiosas. Suelen darse, no obstante, algunas circunstancias que no son baladíes para su tratamiento jurídico y dificultan el típico “final feliz” que requeriría el público: o el presunto progenitor falleció en un pasado muy lejano (y más allá de los treinta años posteriores a la muerte las posibilidades de ejercitar una acción hereditaria con la finalidad de recuperar los bienes son casi inexistentes), o, incluso, ya ha fallecido el presunto hijo, y naturalmente el padre, sin que existiera posesión de estado (y, entonces, será imposible siquiera reclamar la filiación, según el art. 133 CC). Por tanto, aunque la solución que merezcan en Derecho estos problemas debe ponderarse caso por caso, y depende de variados factores de hecho y de derecho que lleva tiempo estudiar, la regla general en el caso de sucesiones muy antiguas no deja mucho margen para la esperanza.

Probablemente los medios de comunicación no son el mejor lugar para realizar la clase de reflexión que aquí se requiere, porque es comprensible que cualquier persona se ponga instintivamente a favor de la parte débil, que sería quien reclama una herencia de la que ha sido privado a su juicio injustificadamente. Pero en el tratamiento legal de estas cuestiones no solo juega este sentimiento primario de justicia, sino de modo principal la seguridad jurídica, que resultaría comprometida si la sucesión fuera revisable sea cual fuera el tiempo del fallecimiento del causante de la herencia y cualquiera que fueran las circunstancias de hecho. En mi opinión, dejarse llevar por el primer impulso, incrementa una innecesaria litigiosidad, que viene acompañada de la frustración de los litigantes cuando los resultados no son los esperados, con lo que ello lleva consigo de desconfianza en el sistema de tutela jurisdiccional de los derechos. Es decir, si se comienza por ignorar que estos problemas están muy necesitados de un cuidadoso estudio individualizado, tanto en cuanto a los hechos como en relación con el derecho aplicable, se termina por confundir a la opinión pública, y aparece un “mercado de potenciales clientes” que queda disponible para letrados sin muchas letras que se aprovecharían de la situación; con el resultado consabido: los clientes terminan por perder el pleito, el tiempo, el dinero y las ilusiones. Y todo a causa de haber sido seducidos por un clima que fomenta sin base sólida la expectativa de alcanzar un importante enriquecimiento patrimonial.

Un jurista medianamente ilustrado en estos temas podría poner muchos ejemplos, porque, efectivamente, son excesivos los litigios de este tipo que se pueden encontrar en cualquier repertorio jurisprudencial y que carecen de toda viabilidad. Obviamente en el caso concreto al que se refiere la STS, sin contar más que con la perspectiva de la acción de filiación ejercitada (por cierto, muy mal dirigida como resulta obvio a la vista de su resultado), y sin más datos sobre el problema sucesorio, no puedo saber si es esto lo que ha sucedido, pero no es muy aventurado afirmar que la posibilidad de que la demandante venciera en una acción hereditaria sería remota. La explicación de que, pese a existir un fundamento aparentemente tan débil, se haya iniciado un camino largo, caro e incierto en su resultado, se me antoja que pueda estar en ese caldo de cultivo mediático del que antes hablaba.

6 comentarios
  1. Matilde Cuena Casas
    Matilde Cuena Casas Dice:

    Muchas gracias por tu post querido Manuel y bienvenido al blog. Es todo un lujo poder contar con uno de los principales especialistas en materia de Derecho de sucesiones. Un tema que interesa y mucho a la gente. De esta parte del Derecho civil, nadie se escapa y desde luego es muy compleja.
    El tema que planteas es especialmente importante y no por afectar al Derecho de sucesiones en particular, sino porque plantea un tema más profundo que entra en lo que debe ser la deontología profesional. Las minutas por pleitos de sucesiones son muy “golosas” y eso provoca incentivos perversos. Yo creo que un buen abogado es aquel que debe decir que “no” al cliente cuando la pretensión tiene nulas probabilidades de éxito. No es infrecuente encontrar casos, como el que citas. El problema es que además los pleitos de sucesiones, además de generar importantes gastos, tienen un “coste emocional” añadido, pues no son pocas las familias rotas por un pleito mal llevado en estos temas.

  2. izaskun
    izaskun Dice:

    En la línea que marca indica Matilde, hay que comenzar a exigir, no solo comportamiento ético a los asesores jurídicos (cultura deontológica), sino también responsabilidad profesional y económica.

  3. Pedro L. Egea
    Pedro L. Egea Dice:

    Buenas tardes: Aumenta el valor de las herencias y aumenta la ¿codicia? y como, además, este país se está aproximando al mundo anglosajón a pasos agigantados, pues hay que hacer “marketing” para crear la demanda de “cereales en el desayuno”.

    Perdón por los términos tan poco jurídicos, pero seguro que se me entiende. Muchas gracias por el “aviso” para no que no se nos “ablande” el código. Saludos,

  4. Manu Oquendo
    Manu Oquendo Dice:

    Me uno a las bienvenidas y felicitación al autor.

    Al tiempo quisiera recordar que en fechas recientes el gobierno de Vitoria ha promulgado vía su parlamento una modificación del derecho sucesorio de las tres provincias que incrementa sustancialmente la parte de libre disposición y permite la exclusión de herederos sin dar explicaciones.

    De momento no ha habido grandes repercusiones pero parece una medida de cierto calado que tendrá múltiples efectos en un momento en el que las “filiaciones de alta diversidad” están a punto de dejar de ser anecdóticas.

    Buenos días

  5. Miguel Minguet Medina
    Miguel Minguet Medina Dice:

    Impecable post de un experto.

    Es indudable que, detrás de este aluvión de asuntos parecidos de (citando a un profesor universitario sevillano) “señoritos y criadas”, hay morbo que vende en los medios, del mismo modo resulta incontrovertido que, detrás de esto, también se esconden profesionales que, ya sin conocimiento, ya sin escrúpulo, ya sin ambas cosas, sólo buscan su lucro personal, sin importarles mínimamente el interés de sus clientes. Tiene razón el autor del post, a quien admiro, y tienen razón los posteriores comentarios que a eso se refieren.

    Ahora bien, a mi modo de ver, ni el ansia de obtener audiencia de los periodistas, ni el de riqueza de los letrados “poco ortodoxos” tendrían mucho recorrido (atendiendo al poco fundamento jurídico de las pretensiones que se persiguen), si no estuviera alimentado por circunstancias externas.

    Y es que la cultura de lo visceral, del sentimiento, de lo inmediato se ha instalado en nuestra sociedad con éxito y, desde ahí, pretende trasplantarse a nuestro ordenamiento. Y va camino de abrirse paso, con colaboraciones insignes. Y así, poco importa la seguridad jurídica, poco la literalidad de la Ley, poco la Jurisprudencia que lo interpreta, si estamos ante la “pobre hija/o desheredada de la criada y el señorito”, porque hay que dar solución a ese “drama social”, pasando por encima de lo que sea preciso. Y ante tal problema sentimental, se olvida la existencia de otros bienes jurídicos superiores, que transcienden al problema concreto de la descendencia de la criada o se desprecia que, para resolver el sensible problema, se generen otras injusticias, quizás mayores.

    Contemplamos así, como en Sentencias del Tribunal Supremo referidas a sucesiones de causante fallecido antes de la entrada en vigor de la Constitución, que no deja herencia a su hija/o ilégitima/o, quien ni ha sido reconocido, ni cuenta con posesión de estado, van sucediéndose votos particulares de magistrados que, sorprendentemente, defienden la aplicación retroactiva de la Constitución. La argumentación de tales votos se limita a lo visceral, a lo sentimental o, como mucho, a lo ideológico y, sobre ese presupuesto, se intenta construir lo jurídico (normalmente con poca fortuna, dado lo inadecuado del procedimiento). Si en tan altas instancias se tiene tan poco respeto a la seguridad jurídica, a la legalidad, a la voluntad del causante emitida bajo las leyes de su momento y que se violenta aplicándole después otras distintas, no es de extrañar que suceda lo que sucede.

    Y no puedo dejar de mencionar lo sorprendente que me resulta que el autor de uno de esos votos particulares que pretenden la aplicación retroactiva de la Constitución, D. Rafael Sarazá Jimena, sea a su vez el ponente de la Sentencia (ya desfenestrada por el TJUE) que establecía que la cláusula suelo, aun declarada nula, producía efectos y su “retroactividad” se limitaba a la primera sentencia del Alto Tribunal sobre la materia. Curioso tan dispares criterios ¿No? Izaskun no sólo los asesores son responsables de lo que pasa. No paramos de ver argumentaciones judiciales “metajurídicas” que, por eso mismo, son radicalmente injustas, con independencia de que el fallo final que en ellas se base lo sea o no.

    En definitiva, el gran problema es que estamos olvidando que EL DERECHO SE DEBE HACER CON LA CABEZA Y NO CON EL CORAZÓN, NI CON EL ESTÓMAGO.

  6. Miguel
    Miguel Dice:

    Comparto la reflexión, que es extensible a muchos otros asuntos que son “moda” en el panorama jurídico actual. Por ejemplo, gastos de hipoteca, abusividad de la cláusula que “recuerda” el 1911 CC en un préstamo hipotecario.. Juntamos consumidores necesitados de una revancha contra el banco y ávidos de liquidez, una masa de abogados caninos que sobreviven a cambio de precios irrisorios, y unos medios de comunicación a la caza de la sentencia más temeraria que se pueda encontrar… y tienes el resultado: litigiosidad desmesurada y huérfana de un tratamiento individualizado del caso, así como campañas bestiales de marketing que “animan” a pleitear.

    Si nosotros mismos, impulsados por la necesidad de vender servicios jurídicos, no estudiamos caso por caso, y no reflexionamos con calma y con prudencia, no me extraña que ya se empiece a hablar de robots que se encarguen de ciertos asuntos en el ámbito del asesoramiento jurídico. El peligro no es que haya quien se anime a iniciar un pleito sin fundamentos, sino que haya quien estime estas pretensiones y se exceda con la creatividad jurídica.

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