Justicia abierta, un reto de futuro

Desde que Chapman y Hunt pusieron sobre la mesa la necesidad de reducir la opacidad y abrir las ventanas de las Instituciones, Gobiernos y Parlamentos de diferentes sociedades democráticas han adoptado sin complejos patrones de cambio hacia el Estado abierto.

No así la Administración de Justicia, sobre la que ahora empieza a ponerse el foco. Lo demuestran los importantes eventos internacionales que empiezan a incluir la justicia abierta en sus agendas. El año pasado la Cumbre Mundial sobre Gobierno Abierto en la que participan 70 Estados, organizaciones no gubernamentales y representantes de la sociedad civil, alojó en su programa una sesión específica sobre Justicia abierta. Recientemente los Poderes Judiciales de México y Costa Rica han organizado sendos Congresos Internacionales sobre Justicia abierta. El próximo año 2018, la Conferencia Internacional de Datos Abiertos que tendrá lugar en Buenos Aires incluirá también un capítulo específico sobre esta cuestión.

¿Qué es y de dónde parte el concepto de justicia abierta? Empecemos por el final y fijémonos en algunos datos sobre lo que opinan ciudadanos y profesionales sobre la Administración de Justicia en España. Según el último informe de la Agencia Estatal para la Evaluación de Políticas Públicas sobre funcionamiento de los servicios públicos casi un 80% de los españoles están poco o nada satisfechos con el funcionamiento de la Administración de Justicia. Se quejan, no de la calidad jurídica del trabajo realizado que es apreciada, sino del funcionamiento de los juzgados (lentitud, uso mínimo de la tecnología, deficiente atención o escasa transparencia) y de no entender cómo funciona la Justicia. Todo ello sin duda contribuye a que los jueces sean considerados como la profesión pública peor valorada.

Como poder público fundamental la Justicia no puede permanecer al margen de estas consideraciones ni desconectarse de un entorno que hoy es especialmente complejo. Ese entorno convulso en el que se sitúa y la necesidad de cambio derivada del mismo parece ir en contraposición de la estabilidad, rutina y predictibilidad que son características en el funcionamiento centenario de la Administración de Justicia.

La Justicia, al igual que otros poderes, se ve también amenazada por una merma en su legitimidad. Muchos ciudadanos se preguntan si, por ejemplo, es preciso renunciar a la cercanía o a la empatía para preservar la independencia judicial, si no es posible reducir la brecha entre la sociedad civil y el Derecho, si la ingente cantidad de datos encerrados en los armarios de las sedes o derechos encriptados en un lenguaje para expertos no es un desperdicio de recursos públicos o si los diagnósticos formulados por los propios operadores están exentos de intereses particulares o corporativos. Cabe preguntarse, en definitiva, si la Justicia, al igual que otros Poderes del Estado, no necesita también su dosis de regeneración.

La OCDE ofreció hace ya algunos años una receta para frenar el proceso de alejamiento de los Poderes Públicos de la sociedad: la apertura. Un concepto -el de Poderes Públicos abiertos- político, ético o incluso filosófico, que aglutina ideas como la transparencia, accesibilidad,  receptividad o la corresponsabilidad en la producción de valor.

Aplicado a la Justicia podríamos decir justicia abierta es un concepto que aún se está construyendo. Incluye medidas que permitan incorporar una visión más inclusiva que resitúe y conecte mejor la Administración de Justicia a la sociedad. Implica una concepción de especial sensibilidad ante las necesidades ciudadanas y el contacto con la realidad para comprenderlas. Se hace hincapié en que el ciudadano pase a ser el eje central del servicio público estando los operadores judiciales sujetos al cumplimiento de deberes y  obligaciones en términos de calidad de servicio e integridad ética, como cualquier otro funcionario en el ejercicio de su función.

Entre dichas obligaciones está rendición de cuentas. La Administración de Justicia es una de las instituciones públicas menos sometidas al escrutinio público. La transparencia es condición necesaria, aunque no suficiente.

Parece lógico que jueces, magistrados, fiscales, etc. hayan de rendir cuentas sobre su desempeño. Aunque en su función jurisdiccional gocen de independencia y autonomía  la sociedad tiene derecho a conocer cuáles son sobre sus decisiones, por qué y cómo han llegado a las mismas.

Las instituciones que los gobiernan deberían responder sobre su funcionamiento. La transparencia es exigible en aspectos como por ejemplo la selección y remoción de magistrados, el destino y ejecución del presupuesto o los procesos de adopción de determinadas decisiones administrativas.

Es necesaria transparencia en el funcionamiento de la Administración de Justicia, en cómo se desarrollan los procedimientos judiciales, por ejemplo, cuánto ha tardado cada hito del procedimiento o cómo están señalando los órganos las vistas. Los profesionales (abogado, procurador, graduado social) deben ser transparentes de su trabajo y rendir cuentas ante sus clientes y los colegios sobre su gestión ante sus colegiados.

Para allanar el camino empiezan a surgir instrumentos. La tecnología es uno de ellos: los datos abiertos, dotar de mayor accesibilidad al desarrollo de las vistas orales, el lenguaje fácil, o determinadas apps, redes sociales, etc. pueden ayudar a una mayor transparencia en la Administración de Justicia.

La participación y colaboración de diferentes actores, entidades de la sociedad civil o incluso ciudadanos son también elementos de apertura de los poderes públicos que pueden tener un encaje en la Administración de Justicia. Ambos conllevan un derecho y un deber cívico que se ejerce de forma voluntaria y autónoma para el cual es necesario  el  reconocimiento por parte de los operadores jurídicos de la ciudadanía como la razón de ser del sistema judicial.

Por participación se entiende una intervención transparente, desprovista de intereses, que involucra a sectores diversos de la sociedad civil en los espacios abiertos por la Administración de Justicia. Impulsar procesos participativos simples (aportación y votación de ideas para mejorar la Justicia), producir servicios a través de herramientas diseñadas por el propio actor privado, divulgar conocimiento a través de análisis de experiencias o contribuir a la evaluación o formulación de determinadas políticas públicas son algunos aspectos a considerar. También todos aquellos modelos de solución de conflictos donde las partes participan activamente en la búsqueda de soluciones: mediación, conciliación o arbitraje. Y en última instancia, más vinculado a la coproducción de servicios, se encuentra la participación de los ciudadanos en jurados.

Aunque son muchos los aspectos que abarca la idea de justicia abierta, todos ellos se pueden resumir en uno: pensar la Justicia desde el punto de vista del ciudadano. Los cambios sociales, económicos o tecnológicos que enfrenta nuestra sociedad nos van a empujar a movernos en esta dirección.

6 comentarios
  1. izaskun
    izaskun Dice:

    Vemos reportajes de policías y bomberos en el desempeño de su trabajo, recalcando su valía y necesidad. ¡Si los ciudadanos vieran todas las labores que desarrolla un juez! ¡La jungla de papeles que gestiona! ¡Los incendios particulares que apaga y conflictos que resuelve! Luego todo lo que tiene que leer y después escribir. Con ordenadores de hace quince años, sin acceso a bases de datos… A quien hay que pedir cuentas es a los gestores públicos y dejar hacer a los jueces.

  2. María Martínez
    María Martínez Dice:

    Al leer este texto he tenido una extraña sensación. “¿De qué habla el autor? No entiendo nada… ¿¿??”. He formulado una hipótesis: “Debe de ser alguien del ministerio de justicia”. En efecto, he acertado. El ministerio que tiene demostrada su incapacidad (o su nula voluntad) para una gestión medianamente digna, ahora promueve la “Justicia Abierta”, una etiqueta más, que durará un par de años, generará ingentes cantidades de letra impresa prescindible y dará paso a alguna otra vacuidad para distracción de los no avisados. Solo alguien que forma parte de la organización que lleva años arrruinando los últimos restos de la Administración de Justicia puede pensar así, “en la nube”, cuando en el mundo real pasa, cotidianamente, esto:

    http://7tvregiondemurcia.es/el-tsj-sufre-un-fallo-general-en-su-sistema-informatico/

  3. O'farrill
    O'farrill Dice:

    El concepto “justicia abierta” creo que es mucho más amplio que la simple transparencia de sus actuaciones. Que también. La reforma de la Justicia (no sólo de su administración sino de gran parte de sus “modelos”) debe ir más allá de lo políticamente correcto y empezar de nuevo por entender qué se entiende por “justicia”, quienes pueden aplicarla y quienes tienen derecho a pedirla, así como la necesidad de que su lenguaje sea claro y entendible (como deben ser las leyes que la sirven), sus procedimientos accesibles para cualquier ciudadano y sus “costas” incluidas en los presupuestos públicos ya que es un servicio público más. De los más importantes por sus consecuencias. Quizás sea hora de pensar en revisar todo el “corpus” inconmensurable de normas con que hemos asfixiado la libertad en aras de supuestas seguridades.
    En todo caso, es un tema importante que espero traiga aportaciones iguales en sus comentarios.
    Un saludo.

  4. Manu Oquendo
    Manu Oquendo Dice:

    Me uno a los comentarios de las Señoras Izaskun y María Martínez.
    Por otra parte creo que la fe ciega en las viejas tecnologías (las mal llamadas “nuevas”) es un problema grave del que estamos comenzando a ser conscientes.
    Una cosa es ayudar al Juez Independiente, al personal a su disposición y a los letrados y sus clientes y otra es preparar el terreno a la Robotización en un campo la mar de propicio y con enormes intereses del Poder por acelerar el proceso.
    Saludos

  5. Colapso2015
    Colapso2015 Dice:

    En español hablar de -Justicia- mentando la acción del Estado incita a pensar en “cortesanismo”.
    Pues, lo que se suele entender por “Administración de Justicia” es realmente la “Administración de la Injusticia”. No es habitual referirse con -lo justo- a las resoluciones de la Justicia Legal; es incluso poco recomendable hacer tal cosa. Como el Estado, es “lo que hay” (Status).
    Tal como es la Justicia Legal (con todo su aparato de abogados, jueces, ….) la administración del fallo del Derecho (de lo justo), cabría preguntar que debería suceder para que el Derecho falle lo menos posible. Sin escudriñar demasiado quizá sería conveniente que los legisladores no fuesen administradores del fracaso (burócratas) o del monopolio de la violencia (funcionarios). Sino que los legisladores pertenezcan y habiten, -VIVAN- los dolores y las penas sin el citado recurso a la violencia (recurso al Estado), es decir la parte -CIVIL- de la sociedad. Algunos afirman el “Modus Vivendi” no nubla la forma de pensar. Si citamos por ejemplo la “honorable” profesión de verdugo, el cual sirve al monopolio de la violencia, efectivamente no deforma la forma de pensar, sino la forma de actuar.

    “Ignorantia juris non excusat” esta presunción del Poder, se torna tiránica cuando el cuerpo que formula las leyes es milita-r, por ejemplo con el resultado de una “Gaceta Oficial de un Estado”.
    El hecho de publicar en una “Gacetilla de un Estado” torna el panfleto en “legal”. ¡Mágia!

    Atrás quedan las Estelas griegas con leyes esculpidas en piedra (aprobadas por la asamblea) y situadas en el ágora o lugares públicos. Cosa hoy imposible, pues si ello se hiciese literalmente estaríamos enterrados en pura piedra.

    Pero, como el dinero fiduciario, el papel aguanta lo que le pongan,…,y, la Gacetilla de un Estado “administra justicia”. Quizá, si vemos la similitud (arquitectónica) entre el templo/tesoro y Los Parlamentos/Congresos nos venga a la cabeza de dónde proviene todo este “tinglado fantasía” .
    ¿Del oráculo de Delfos?,…, (la superstición)
    Pues, esta institución bancaria con capacidad de prestar y cobrar interés, usaba su poder corporativo (red de templos) para obtener información trans-”nacional“, con el objetivo de “orientar” a los creyentes (contribuyentes). Pero, en última instancia ninguno sabía que sucedía detrás de la puerta, para que el oráculo dictase “futura sentencia”. Ignorantia,…

    Algo similar se podría pensar de la “Administración de una Justicia”. Cuyo director, -las leyes-, salen de vaya usted a saber donde,…, aunque lo intuimos. Pero desde luego, no es de la asamblea, ni nada similar. Que recuerda, aquello es una Demagogia Representativa,…,

  6. Irene
    Irene Dice:

    Estaba recordando un juicio contra un administrador de fincas que se llevó dinero. Como representante de nuestra comunidad me citaron como ¿testigo? Me tuvieron toda la mañana esperando para finalmente no citarme. Llegaron a un acuerdo entre las “partes”. Ese día tuve que ausentarme por la mañana de mi trabajo.

    Recordemos que el sistema judicial se llama “administración” de justicia. El nombre lo dice todo. Es parte de la Administración. Sinceramente, funciona fatal y con desprecio al ciudadano y a sus espaldas. Realmente este blog me sorprende. Todavía no sé si es conjunto de personas “utópicas” o simplemente sirve para que nos desahoguemos con comentarios.

    Para abrir algo que está cerrado o tienes la llave o utilizas la fuerza bruta.

    Los de las llaves empiezan a asustarse de la muchedumbre que se congrega a las puertas.

    http://www.eleconomista.es/banca-finanzas/noticias/8075067/01/17/El-primer-fallo-de-la-dacion-en-pago-despierta-las-criticas-de-los-juristas.HTML

    Tienen dos opciones.

    1.- Abrir la puerta.
    2.- Sucumbir enterrados en las ruinas.

    Me recuerda a la película el Hundimiento: optarán por la opción 2 y se irán a pique llevándose al país por delante.

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