Trillo y el sentido de la responsabilidad política

Reproducimos a continuación el artículo publicado el pasado miércoles en el diario El Mundo por nuestros coeditores Elisa de la Nuez y Rodrigo Tena

 

La polémica sobre el ex ministro Trillo tras conocerse el demoledor informe del Consejo de Estado sobre la actuación de Defensa con ocasión de la tragedia del Yak 42, es una buena oportunidad para reflexionar sobre el sentido de una figura prácticamente desconocida en España: la responsabilidad política.

Hace casi 14 años, el 26 de mayo de 2003, 62 militares españoles regresaban a España tras una misión en Afganistán. Lo que siguió es conocido: la conmoción por el accidente, las prisas por repatriar los cadáveres, el caos en la identificación, el desprecio por las familias, la polémica sobre el mal estado de los aviones y el cansancio de la tripulación -que había sido denunciado reiteradamente por los propios militares-, el cese de la cúpula militar, los procesos judiciales que se abrieron a consecuencia de la tragedia, el sobreseimiento de la causa penal contra los altos mandos, el indulto a los comandantes sanitarios condenados y la reprobación moral en el Congreso del ex ministro de Defensa, ya con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. En esa sesión, Trillo consideró asumida su responsabilidad política desde el momento en el que el presidente Aznar había rechazado su dimisión como ministro.

A la vista de las voces que se han vuelto a alzar exigiendo de nuevo la asunción de esas responsabilidades políticas tras el informe del Consejo de Estado reconociendo la responsabilidad patrimonial de la Administración, se ha contestado desde alto cargos del PP -empezando por el presidente del Gobierno- que los hechos ocurrieron hace mucho tiempo. Parece que también las responsabilidades políticas tienen que prescribir en algún momento. Es comprensible la pretensión de nuestros políticos de confundir la responsabilidad política con la jurídica, especialmente, con la de tipo penal. Las naturales restricciones y limitaciones de esta última resultan muy convenientes para los protagonistas implicados. El problema es que esa confusión también resulta enormemente destructiva para la convivencia democrática.

La responsabilidad jurídica de tipo penal se encuentra amparada por la coacción organizada del Estado ante un hecho o una conducta que la sociedad considera que atenta contra las reglas básicas de la convivencia. En las sociedades democráticas avanzadas implica el establecimiento de un sistema de reglas muy estrictas en defensa de los derechos fundamentales del acusado. Se trata de normas que recogen garantías tales como el principio de tipicidad (no hay delito salvo que la conducta esté tipificada previamente como tal en el Código Penal), la presunción de inocencia, la existencia de procedimientos judiciales muy garantistas o el instituto de la prescripción. Efectivamente, nuestras leyes prevén que al cabo de un determinado tiempo -cuya duración varía en función de la gravedad de la ofensa o del daño causado- ya no se pueda perseguir y castigar por la comisión de un determinado delito o de una infracción administrativa, ni tampoco presentar una reclamación de tipo civil, mercantil o laboral. La prescripción, en definitiva, responde a la necesidad de respetar uno de los principios esenciales en todo Estado de Derecho, que es el de seguridad jurídica.

La responsabilidad política tiene el mismo fundamento último, la reacción indignada de la sociedad frente a un comportamiento de un representante o cargo público que no respeta los estándares mínimos establecidos, pero su desarrollo es completamente distinto. En primer lugar, porque esos estándares varían a lo largo del tiempo y entre países; cuanto más avanzada es una democracia, más rigurosas son las reglas sociales sobre cómo se deben gestionar los asuntos públicos de una manera decente en beneficio de los intereses generales. Por eso en Alemania dimite un ministro por haber copiado una tesis doctoral -suceso también antiguo- y en España no suele dimitir nadie por conductas bastante más graves; sencillamente la sociedad lo tolera. Afortunadamente, las cosas están cambiando y el nivel de tolerancia social en España frente a la falta de asunción de responsabilidades políticas -especialmente por casos de corrupción- también. Cada vez más la sociedad reacciona ejerciendo su derecho a la autodefensa y exigiendo una respuesta a responsables políticos cuya actuación no ha traspasado los límites dolosos que concretamente sanciona el Derecho penal, pero sí los de la incompetencia, la mala gestión, la falta de ética o los de la subordinación de los intereses generales a los del partido o el Gobierno de turno.

Por eso las garantías jurídicas no juegan aquí ningún papel; simplemente, no tienen sentido. No se trata de responder ante el aparato coactivo del Estado, sino ante el rechazo moral y político de la sociedad en un momento dado. Es más, si ese mismo rechazo surge muchos años después del acontecimiento -no digamos si simplemente revive como ocurre en este caso-, la responsabilidad política no asumida nace o resucita con todo su vigor. Recordemos que el término responsabilidad tiene su origen remoto en el verbo responder, por lo que mientras la intimación social no se conteste, la responsabilidad subsiste, por muchos años que hayan transcurrido.

Federico Trillo no asumió nunca su responsabilidad y sigue sin hacerlo. El gesto que la sociedad le reclama como muestra material de su rechazo a lo ocurrido -que en eso consiste la responsabilidad- debe tener una sustancia real y una correspondencia estricta con el reproche que se le imputa. Afirmar que la negativa del presidente a su dimisión la dejó colmada, supone atribuir a Aznar poderes taumatúrgicos de los que lógicamente carece. Lo mismo ocurre con su dimisión como embajador en Londres. No se trata de que Trillo no sea digno de representar diplomáticamente a España. Se trata de que no es digno mientras no asuma expresamente su responsabilidad, mientras no responda como procede, vinculando su dimisión a la intimación que la sociedad le hace. Dimitir porque le toca cesar o porque prefiere irse al Consejo de Estado no es una respuesta válida porque deja la pregunta tal y como estaba.

Desde ese planteamiento, la postura de las familias es perfectamente comprensible. Hemos escuchado muchas veces peticiones parecidas en labios de colectivos que han padecido no ya una pérdida irreparable, como es la de un hijo, un hermano o un padre, sino también el menosprecio, la incompetencia y el falseamiento de los hechos por parte de unos políticos que lo que querían era pasar página cuanto antes y eludir sus propias responsabilidades. No buscan la aniquilación profesional a perpetuidad de Trillo, sino simplemente el gesto -meramente simbólico a estas alturas- de presentar la dimisión de un cargo público, sea cual sea, como asunción de su responsabilidad política por el caso Yak-42.

Trillo -fiel a sí mismo hasta el final- ha preferido perder esa oportunidad y se reincorpora ahora al Consejo de Estado, a cuyo cuerpo de letrados pertenece. Su desgraciada actuación en este asunto, dejando bien claro que a él no le cesa nadie, aclara también el respeto que le merecemos los ciudadanos en general y las familias de las víctimas en particular. Como político ha acumulado muchos años de antigüedad en servicios especiales que le situaran en la institución muy por delante de sus compañeros que han permanecido trabajando allí (otra de las peculiaridades de nuestro castizo sistema de revolving door entre política y Administración), pero su reingreso es perfectamente legal. Otra muestra más de la necesaria separación en un Estado democrático entre el Derecho, por un lado, y la moral y la política por otro. Pero esa separación no impide que la democracia se deteriore por estas reclamaciones que la sociedad hace y que su clase política no atiende: cuando el rechazo no produce efectos el cuerpo social termina acostumbrándose al elemento patógeno o acaba sucumbiendo. Por esa razón -no sólo por la dignidad de las víctimas y de sus familiares sino también por el futuro de nuestra democracia- confiemos en que allí donde vaya Federico Trillo esta reclamación le siga acompañando hasta encontrar debida satisfacción.

3 comentarios
  1. Colapso2015
    Colapso2015 Dice:

    Pasen y vean,…
    http://www.consejo-estado.es/directorio.htm
    http://www.consejo-estado.es/transparencia/view.php?id=61

    Al módico precio de casi 100000€ barba, algunos de los presentes ya están a poco de superar los 5 millones de € cobrados de los paganos y cristianos de la nación de Isabel la Católica.

    Parece lo más normal, pues, “Trillado” se incorpore al Consejo Imperial de Carlos V.
    Disfruten de la Demagogia de Representación, no se olviden de patalear, aunque es una estrategia condenada de antemano,…, pataleen,…pataleen sin parar, como el Hamster en su jaula.
    Lo de “la casta” (estatal/oligárquica) ya no se oye ¿que pasaría? ¿La buena vida quizá,…,?

    La Democracia Ateniense hincó la rodilla por el azote aristocrático (Esparta) y la tiranía persa.
    Sabiendo esto, se observa mejor por qué España NO ES una democracia. Y no tiene pinta de serlo en un futuro,…,¿para qué perder el tiempo con “politiqueos” como el de “Trillado”? Todo este goteo sólo pudre el cerebro y desvía del origen, la causa,…,¿por qué no dimite?¿por qué?

  2. Observador
    Observador Dice:

    Ustedes, determinados actores jurídicos, tienen un problema bastante importante en cuanto a reflexión de las cuestiones de fondo, que imagino que tiene que ver con la “lorificación” de determinadas oposiciones. Escriben los redactores:

    “La prescripción, en definitiva, responde a la necesidad de respetar uno de los principios esenciales en todo Estado de Derecho, que es el de seguridad jurídica”.

    Sí, ya, bueno. ¿Y eso de dónde sale? ¿Cuál es la ESENCIA? (parece que esto de las esencias lo tienen algunos como perfumes, porque lo que es la didáctica jurídica brilla por su ausencia). Porque claro… lo de la seguridad jurídica ya sabemos que queda de maravilla en según qué discursos. Lo de la libertad también. Pero es que si no se sabe el porqué de las cosas, si no vamos al trasfondo de la cuestión, mal camino. Entonces, ¿para qué o de qué sirve la prescripción en determinadas cuestiones? ¿Podría alguno de los redactores explicarme la esencia teleológica de la prescripción, por favor? Para no tener que colocarles ningún adjetivo malsonante, no se vayan a sentir insultados y a mí me censuren los comentarios…

    ¿Podrían explicarme, de paso, para qué diantres sirve por ejemplo tener un Tribunal del Jurado en casos en los que hay un trasfondo político, como pudo ser el del juicio de determinados sujetos que militaban en X partido y a su vez habían tenido un cargo de responsabilidad? ¿A qué tipo de idiota se le antoja como interesante que “la masa ciudadana” pueda evaluar y resolver un caso evidentemente contaminado por cuestiones políticas? ¿Cuál es la esencia de eso? ¿Es que ese idiota no ha abierto en su vida un libro sobre Psicología? Si pudiera ser, por favor, les rogaría que respondieran sin hacer referencia a ningún articulado, porque la cuestión lorística ya la puedo resolver yo.

    De paso les rogaría que me explicaran para qué sirve la prescripción en delitos como la pedofilia, lesiones graves (u homicidios), estafas graves, los relacionados contra las administraciones públicas, etc.

    Porque claro, aquí habrá que empezar a entender que todo lo relacionado con lo jurídico está tejido por personas a las que se les supone un criterio y una reflexión mínima. Repito, ¿a qué clase de idiota se le ocurrió lo de que aplicar la prescripción en determinadas cuestiones, independientemente del tiempo pasado, iba a ser algo interesante?

    ¿Podrían responder sin tener que repetir lo que otros repitieron? Porque eso de la doctrina ya me lo conozco de sobra.

    • Observador
      Observador Dice:

      Sigo esperando respuesta de alguno de los señores juristas redactores y lo extiendo a los comentaristas que también lo sean. ¿Cuál es la esencia de la prescripción penal y para qué sirve realmente? De paso les dejo con un texto sobre la prescripción civil (extensible al ámbito penal), para que vayan entendiendo la cuestión que estoy preguntando. Autoría de un señor que no conozco pero que, para las tonterías que tiene que leer uno en el mundo jurídico español, afina mucho mejor que el propio sistema legal (que es realmente el problema principal problema: que aquí al final no sabe qué clase de idiotas están tejiendo el rumbo jurídico del “sistema” (si se entiende la palabra, cosa que dudo leyendo determinados textos en este y otros blogs de “expertos” y demás doctrina), herederos del “me lo dijo mi maestro”, “me lo contó mi abuelo, que era jurista” y “lo leí hace 35 años en un manual de un señor que era jurista”. Por no mencionar la capacidad jurídica de determinados tipos que no entiende uno cómo pueden estar ejerciendo la función de legisladores. Vayamos a los párrafos clave:

      […] En el caso que nos ocupa, es unánime la opinión de que la seguridad jurídica es el fundamento y razón de existir de la prescripción extintiva […] Pues bien, a mi juicio, quizás esta explicación pueda revisarse […]

      INCISO: ¿Pueda? Qué daño hace el politicorrectismo, oigan. Lo que hay que hacer es llamar idiota al que realiza tal afirmación, ya sea el Presidente del Tribunal Supremo. Pero imagino que el señor redactor, que es un “mero” profesor de una universidad, tiene que decir las cosas de forma algodonada para que los mantenedores de diversas ideologías mantengan sus masturbaciones mentales. Y qué daño hace este tipo de cosas a un sistema.

      […]Cuando se habla de una institución me da la impresión de que apenas se explica algo cuando se afirma que un principio general del Derecho (¡con maýsuculas, oígan!) es el fundamento de aquella […]

      Pues sí, bingo para el señor José Enrique Bustos, que como digo ni sé quién es ni me interesa lo más mínimo, porque hace ya mucho que dejé de interesarme por lo que tenga que decir el mundo jurídico español. Pero sirvan estos dos pequeños párrafos de carácter introductorio para la esencia de mi comentario anterior y espero que ese doctor civilista les ayude comprender a los de la banda de “la seguridad jurídica” que la teleología va mucho más allá de llenarse la boca con determinadas palabras clave (keywords). Eso servirá para los tontos del pueblo y la cultura “del Internet”, no para quienes esperamos una forma de pensamiento bastante más profunda. Hale, ahí tienen un texto interesante sobre la prescripción (civil) y su naturaleza en España.

      http://www.lamjol.info/index.php/DERECHO/article/viewFile/1542/1347

      Ya, de paso, a ver si algún futuro jurista de por aquí diferencia legislativa comparada entre lo de España y los statutory limitations de otros países y nos enseña por qué unos saben de qué va la historia y otros son unos cretinos de tomo y lomo.

      Porque, como digo, si debiera existir algo importante en esta entrada, sería explicar por qué en un país como España el Tribunal del Jurado interviene en asuntos políticos, por qué la casuística sobre la que aplicar la prescripción penal es una absoluta bazofia intelectual o por qué el indulto es pan de cada día en España en casos que tienen mucho más que ver con amiguismo político que con cuestiones que tengan que ver con lo objetivo (concepto del que en España, y países similares, no tienen, en su conjunto, la menor idea). Ojo, que el resto me parece muy interesante, pero es que siempre que hay que identificar al tonto que ha ideado determinados conceptos filosóficos parece que nos cueste señalar.

      Venga, ya que no me han censurado el comentario, a ver si se anima algún experto jurídico y me da algo de luz sobre la cuestión prescriptiva en el ámbito penal, que tengo todas estas dudas. Si se les ha olvidado la cuestión se la repito:

      ¿Para qué diantres sirve la prescripción penal en delitos de cierta e incontestable gravedad? ¿Para qué sirve el Tribunal del Jurado en delitos relacionados con cuestiones políticas/partidistas? ¿Para qué sirve el indulto? ¿Cuál es la esencia de esas instituciones?

      Estoy hambriento de conocimiento jurídico. Apiádense de mí y denme luz, por favor.

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