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Vetos del Gobierno a las proposiciones de Ley de la oposición

Cada año tiene su artículo de la Constitución favorito. El año pasado fue el art. 99, que regula el papel del Rey en la investidura del Presidente del Gobierno. El de este año es, indiscutiblemente, el art. 134.6, que dice lo siguiente:

Toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación.

 En la actual lucha entre el Parlamento y el Gobierno en minoría del PP, dicho artículo constituye la línea Maginot de este último. Es un arma defensiva que puede hacer imposible que la oposición pueda aprobar leyes que al Gobierno no le gusten. Y a nadie se le puede escapar la transcendencia política de algo así

No vamos a entrar ahora en el fundamento de la norma, ni en la manera en la que la Constitución lo ha plasmado en la práctica. Baste decir que siendo el fundamento razonable, su traducción jurídica es excesivamente tajante y rigurosa. Es decir, regulaciones relativamente próximas existen en otros países, pero ninguna atribuye ni de lejos tanto poder de decisión al Gobierno de turno (sobre esto véase el magnífico artículo de Fernando Santaolla publicado en el último número de ENSXXI). Si rebuscamos por ahí sólo podríamos encontrar una norma igual, y es el art. 58.11 de nuestra Ley Orgánica del Estado de 1967, que dice que “Toda proposición o enmienda a un proyecto o proposición de ley que entrañe aumento de gastos o disminución de ingresos, necesitará la confirmación del Gobierno para su tramitación”. Pero en esa época, Parlamento, lo que se dice Parlamento, no había…

Bien, ciñámonos al Derecho vigente.  Parece evidente que la cuestión de fondo no admite discusión. Si la proposición supone aumento de gastos o disminución de ingresos se requiere la conformidad del Gobierno. Si no la da no se puede tramitar. Y si pese a ello el Parlamento continua la tramitación y aprueba la ley, esta sería nula por inconstitucional.

Pero el verdadero problema, como tantas veces en Derecho, es de forma: concretamente, el de a quién corresponde calificar si se da o no el presupuesto de hecho (aumento de gasto o disminución de ingreso) tanto en un primer momento como de manera definitiva. Y sobre esto la Constitución no dice nada, al menos no expresamente. Por su parte, el Tribunal Constitucional ha tratado el tema sólo en el ámbito autonómico, y además de forma un tanto ambigua o incluso contradictoria (ATC 240/1997, STC 223/2006 y STC 242/2006).

Y es que el tema es mucho más complejo de lo que parece. Si se considera que la valoración corresponde en exclusiva al Gobierno, se le da un poder absoluto del que puede abusar con total facilidad en detrimento del órgano donde reposa principalmente la soberanía nacional: el Parlamento. Aparte de que con ese abuso se vulneraría el tenor constitucional que sujeta el veto a un presupuesto muy concreto, no al capricho de nadie. Eso podría ser razonable en las Cortes franquistas, pero desde luego no ahora.

Pero si se considera que corresponde a la Mesa del Congreso (que es un reflejo del Parlamento), habría de dilucidar primero si de forma provisional o definitiva. Es decir, como la cuestión de fondo no puede discutirse (la prerrogativa del Gobierno en ese caso), si la valoración de la Mesa fuese definitiva y el Gobierno no pudiese recurrirla al TC, se estaría venciendo ahora la balanza completamente del otro lado y el art. 134.6 de la CE se convertiría otra vez en papel mojado. Pero si la valoración es provisional, al solo efecto de permitir iniciar la tramitación (solución francesa), el Gobierno siempre podría recurrir al TC para que valorase de manera imparcial y definitiva si se da el supuesto de hecho, por lo que se estaría tramitando una ley que a la postre puede ser declarada inconstitucional y expulsada del Ordenamiento, quizás algunos años después de su promulgación. Quizás si tal cosa ocurriera con solo una ley, pues vale, se podría soportar, pero esto no puede afectar a toda una legislatura, como la actual situación de enfrentamiento amenaza.

Pensemos, además, que es muy dudoso que el TC pueda atribuir en su primera sentencia a ninguno de los dos (Gobierno o Parlamento) una facultad de decisión definitiva, pues, como hemos visto, eso no respetaría el tenor constitucional que vincula el veto a un supuesto de hecho muy concreto que debe concurrir necesariamente. Por eso, el TC tendría que entrar a valorar en cada caso concreto la situación de hecho, que no es jurídica sino de técnica financiera-contable (si verdaderamente se incrementa el gasto o no). En fin, una absurda pesadilla; pero en cualquier caso esta es la vía que ya ha iniciado el Gobierno (aquí), pues ha decidido que durante la fase de tramitación planteará el TC un conflicto de competencias y tras la aprobación de la ley, en su caso, una cuestión de inconstitucionalidad.

Por eso, la única solución razonable y útil para los ciudadanos es que el Gobierno y el Parlamento lleguen al acuerdo (que se incorpore además al Reglamento del Congreso) de crear una comisión escogida por sorteo entre profesionales competentes que dilucide por mayoría en cada caso si concurre o no el supuesto de hecho discutido. Y que se atribuya a esa decisión técnica la condición de definitiva. Al fin y al cabo, si aun en el caso de acudir al TC, este al final no va a tener más remedio que delegar en expertos para que le asesoren, ¿por qué no acudir a ellos directamente?

Nos han prometido que con esta legislatura comenzaba una nueva época de pactos, consenso y recuperación institucional. Veremos si predican con el ejemplo o si, por el contrario, todo terminará otra vez en el TC, aumentado así la importancia, por si ya fuera poca, de su captura partidista, con la consiguiente sospecha en detrimento de una de las instituciones fundamentales del Estado.

6 comentarios
  1. Tu Anciana Abuela
    Tu Anciana Abuela Dice:

    Desde mi punto de visa, sería precisamente el TC y también el Supremo, cargos a los que debería accederse por sorteo.

    Una vez definido el CV necesario para acceder al cargo, que sea la suerte la que decida la persona, de entre todas las que cubren los requisuitos.

    Los magistrados no le deberían el puesto al político de turno, y serían verdaderamente libres a la hora de dictar sentencia.

    Nos libraríasmos así del bochornoso cálculo de los periodistas, adivinando el resultado de un contencioso, a partir de la simpatía política (a quén le deben el puesto) de los integrantes del tribunal.

    Alguien -no importa quien- mató y enterró a Montesquieu en los años 80. Gran parte de la falta de fe en las instituciones por parte de los españoles se debe a que todavía muchos le guardamos luto.

  2. O'farrill
    O'farrill Dice:

    Estimado Rodrigo “la única solución razonable y útil para los ciudadanos” (según tus propias palabras) es que ese poder absoluto del gobierno no existiese, ya que el “gobierno” es sólo el ejecutor de lo que decide “la soberanía popular”. No es cuestión de hacer “excursionismo jurídico” (ir por los cerros de Ubeda) sino de afrontar de una vez por todas la realidad. Esta realidad no es otra que la habilidad con que el PP se llevó al huerto a una oposición sin músculo para mantener sus “exigencias” de investidura. Lo hemos visto con Trump, al día siguiente ya había firmado la derogación del Tratado Transpacífico y puesto en marcha lo que prometió en su discurso como candidato el 21 de julio en Cleveland (interesante de conocer en directo en lugar de recocido por los medios). Ahora parece que C,s va abriendo los ojos y dándose cuenta de que han hecho el “primo” (para dar la talla se supone). Ha vuelto el rancio bipartidismo: los que tienen mucho que ocultar contra los que todavía no han tenido tiempo de hacer nada “ocultable”. Le llaman “transparencia” y no lo es….

  3. Manu Oquendo
    Manu Oquendo Dice:

    Es un tema interesante y muy de fondo sobre la función del Gobierno y la del Legislativo.
    ¿Se pueden invertir sus papeles? ¿Se deben invertir?

    Si un gobierno está en minoría ¿por qué no lo derriba la oposición y legislan ellos?
    ¿El consenso entre partidos es bueno o es malo? ¿Es falso el viejo dicho, demostrado a lo largo de la historia, de ´”reunión de pastores…oveja muerta”?

    La democracia más seria (a pesar de todo) que hoy existe en Occidente nos tiene muy acostumbrados a los vetos presidenciales y a los bloqueos recíprocos de las cámara de representantes y del senado.

    Quizás el problema sea no tanto el artículo de la Constitución que cita D. Rodrigo (CE 134.6) como el hecho de que, en España y si no me equivoco, sigue sin ser obligatorio que se presenten proyectos de ley con cuantificación económica.

    De este modo cualquier personaje destructivo de los que hoy pululan en los Parlamentos y parlamentillos de España puede cometer los desmanes Peronistas que le plazca ante una ciudadanía atónita y harta.

    Total, como el Contribuyente –y las Deudas que sus descendientes van a pagar de por vida ante el silencio de los corderos– no tienen ni voz ni voto concreto en la fiscalidad que los aplasta…. ¿Para qué se van a molestar “Sus Señoritos”?

    Si las iniciativas parlamentarias tienen mayoría lo propio es que derriben al gobierno para gobernar ellos y no que lo vayan torpedeando a base de cargarse sus políticas económicas sin dar la cara, etc. tal y como hoy sucede.

    Dentro de poco nos vamos a dar cuenta del coste de tener gobiernos en minoría, incapacitados para gobernar y obligados a pactar justo con quienes “cuanto peor, mejor”.
    Como si no hubiésemos visto bastante de ello hasta ahora, desde Felipe a Aznar y desde Zapatero a Rajoy (este último incluso con mayorías)

    Esta parecería la cuestión. ¿Hay gobierno capaz o no lo hay?

    Si no lo hay –y los tiempos son los que son– lo más fácil del mundo es ir laminando al gobierno a base de imponerle leyes contrarias a sus políticas sin ponerse la oposición como responsable de los resultados de dichas leyes. Esta es la peor solución de las tres posibles a mi modo de ver.

    Quisiera plantear una cuestión relacionada con esto que todos los que dirigen organizaciones llevan muy dentro: La Gestión Estratégica de la Organización. En este caso de nuestra organización como nación. Como España.

    En España, con esta Constitución y con nuestro marco externo ¿Alguien cree que es posible hacer una gestión estratégica de nuestros intereses nacionales?

    ¿Alguien piensa que esta incapacidad nos sale gratis y que no está íntimamente relacionada con nuestra lamentable situación?

    ¿Quién debe valorar el coste de una ley? Lógicamente quien la propone en primer lugar. Y si hay discusiones hay instituciones españolas y extranjeras sobradas para encargar un peritaje independiente. Esto es lo más sencillo.

    Saludos y gracias

  4. Colapso2015
    Colapso2015 Dice:

    Reunión de pastores, oveja muerta. Re-cito.

    Quizá sería pertinente señalar que el Gobierno es parte de Las Cortes.
    Empezando por el presidente.

    Ante ello, se percibe lo accesorio es la Ley (mandatos) como vehículo para manejar el -fiat money-.

    En teoría la separación de poderes existe cuando hay colisión directa entre dos poderes formales establecidos (instituciones). Por lo tanto el veto no debe tener lugar.
    Si se llegase a una situación de bloqueo (como la que se da en España). En un país democrático se realizaría una nueva consulta al Pueblo para que re-asigne de nuevo los poderes formales que en ese momento están en bloqueo mutuo (en España está bloqueado el parlamento).

    El aparato está diseñado para que la relación entre el votante y los poderes formales sea exigua y falsa.
    Para ello se establece un interprete de la “superley”, un órgano político-político con toga. Y tribunales de orden superior con exclusividad y fuero, político-judicial.

    Buenas noches y suerte.

  5. G.P.
    G.P. Dice:

    Pero…
    ¿En la “democracia moderna” realmente existente gobierna el pueblo o no?
    O sea, ¿elegir cada cuatro años un monarca absolutista es dejar de tener monarquía absolutista o no?

  6. misael
    misael Dice:

    Yo diré una sola cosa. Si es el gobierno del PP el que está creando nuevas puertas escapatorias, para huir del cumplimiento de la ley, ¿ qué pasará en un, estadísticamente probable, gobierno Sánchez-Pablosky ?

    El estado de derecho se ha arrastrado por todos los barros, pudrideros y cloacas posibles. Está a punto de caramelo para que llegando los otros, asolen con lo que queda, como Atila hacía, allá donde llegaba.

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