HD Joven: Cataluña (III): El sueño de Puigdemont

Cataluña, tierra de nobles príncipes como los Berenguer y de burgueses innovadores, gran impulsora de la industria, del comercio o incluso lugar en donde dio sus primeros pasos el ferrocarril en España, siempre ha querido estar presente en la historia de su tiempo. Actualmente, es una parte de gran importancia económica y social de nuestro país.

A finales del siglo pasado comenzó una pugna política y jurídica por las competencias recogidas en los artículos 148 y 149 de la Constitución. Los diferentes gobiernos catalanes transaron  con el gobierno central de turno (con el ya conocido como intercambio de cromos) para asumir progresivamente más y más competencias. Desde que Artur Mas comenzara la andadura hacia la independencia catalana, muchos han sido los conflictos jurídicos con el Estado. El primero y más importante fue la declaración de inconstitucionalidad de algunos de los preceptos contenidos en el Estatuto de Cataluña de 2006 por parte del Tribunal Constitucional en su conocidísima Sentencia 31/2010, de 28 de junio de 2010.

Los últimos años de gobierno de Mas se vieron envueltos en una vorágine independentista que avivó los fuegos de la separación. Cataluña sufría los envites de la crisis económica y algunos pensaron que era el momento perfecto para culpar de esos males a la falta de solidaridad y equidad entre las diferentes CCAA. El zenit fue, sin duda, el anuncio y celebración de un referéndum sui generis (el conocido como 9-N) para determinar si la ciudadanía quería que Cataluña fuera un Estado independiente.

Finalmente, el 27 de septiembre de 2015 se celebraron elecciones autonómicas en Cataluña, pero hasta el día 14 de enero de 2016 no se produjo la investidura como President de Carles Puigdemont (CDC). Fruto de una coalición política entre Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) y Convergencia Democrática de Cataluña (CDC)  surgió la alianza denominada Junts pel Sí. El principal fundamento de este peculiar “matrimonio” no era otro que la convocatoria de un nuevo referéndum en Cataluña (éste de verdad), pasando por alto que esta potestad está limitada al Jefe del Estado (el Rey), previa propuesta del Presidente del Gobierno de la Nación y con autorización del Congreso de los Diputados (arts. 92.2 y 149.1. 32ª CE).

Tras la llegada al poder de Junts pel Si y con el apoyo de la CUP, se anunciaron una serie de leyes que iban a producir de forma efectiva la separación paulatina de Cataluña respecto del resto de España. Por parte de la prensa, fueron denominadas “Leyes de desconexión” (ver aquí). Estas proposiciones de ley versaban sobre la creación de una Seguridad Social propia, una Agencia Tributaria particular y un Régimen Jurídico especial para Cataluña. Ante la tramitación de dichas leyes en el Parlament, a través de proposición de ley, dos diputados autonómicos de C`s y PSC presentaron recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

Éste se pronunció sobre los mencionados recursos en la Sentencia de 19 de diciembre de 2016. En ella se explica como el trámite parlamentario seguido por JxSi y CUP no era el correcto desde el punto de vista legal, sin entrar a valorar el fondo del asunto. Para el TC, esta iniciativa legislativa, impulsada exclusivamente por JxSi y CUP, incumplía el reglamento de la cámara pues no había seguido el cauce que el propio Estatuto de Cataluña contempla en su art. 62.2 (FJ4).

Este pronunciamiento del Tribunal Constitucional quedó vacío de eficacia real, dado que las formaciones políticas que promovieron estas proposiciones de ley ya habían abandonado sus proyectos en fechas muy anteriores. Los tres expedientes constan en los registros del Parlament como decaiment per sentencia (suprimidos por sentencia) aunque en realidad habían sido abandonadas mucho antes de diciembre de 2016. Para ser exactos, la  Proposició de llei de l’Administració tributària catalana tuvo su último trámite parlamentario el  21 de julio de 2016, mientras que la Proposició de llei de règim jurídic català y la Proposició de llei integral de protecció social catalana dieron sus últimos signos de vida parlamentaria en fecha 11 y 6 de abril de ese mismo año (ver aquí). Las citas están transcritas en catalán no por arbitrariedad de quien escribe, sino porque la web del Parlament ha optado por acercarse a la tendencia Trump (ver aquí) circunscribiendo el castellano (y el occitano, lengua muy extendida) a un número limitado de secciones de la misma. Incluso tienen la deferencia de remitir al lector a Google translator.

Finalmente, el Parlament ha comenzado la tramitación de proposiciones de ley nuevas pero que mantienen la esencia de las anteriores, salvo la que hacía referencia al Régimen Jurídico catalán. De este modo, se encuentran en tramitación dos proposiciones de ley bajo la siguiente nomenclatura: Proposició de llei del Codi tributari de Catalunya i d’aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l’Administració tributària de la Generalitat de Catalunya (Agencia Tributaria Catalana) y Proposició de llei de creació de l’Agència Catalana de Protecció Social (Seguridad Social Catalana) (ver aquí).

En estos proyectos se habla de crear dos administraciones propias de Cataluña al margen de las que ya operan a nivel nacional. Un sistema de Seguridad Social y otro de Administración Tributaria actuando de forma paralela e independiente de las que existen en el ámbito del Estado. Por ejemplo, en la exposición de motivos del proyecto de Código Tributario se cita lo siguiente: “La creación y regulación de la Agencia Tributaria de Cataluña se realizó mediante la Ley 7/2007, de 17 de julio, en uso de la competencia exclusiva de la Generalidad, reconocida por el artículo 150 del Estatuto, para organizar su propia administración…”. Ciertamente, el encaje de esta proposición de ley en el art. 149.1.14ª de la Constitución parece imposible, dado que la Hacienda Pública se encuentra en el elenco de competencias exclusivas del Estado central. ¿De qué forma van a conseguir armonizar los intereses del Estado y al mismo tiempo poseer potestades únicas sobre lo que recauden? Parece difícil imaginar tal escenario sin vulnerar el texto constitucional. Y lo mismo cabe decir respecto de una Seguridad Social propia, toda vez que el propio art. 149. 1. 17ª CE establece esta materia como competencia exclusiva del Estado. No sería posible, por tanto, una Administración catalana que asumiera estas funciones.

Así pues, el proceso seguido por el Ejecutivo catalán no parece el más idóneo, desde el punto de vista constitucional, para alcanzar la independencia tan anhelada. Su futuro utópico de desconexión respecto del Estado central aún se asemeja más a un “sueño de Resines” que a una realidad fehaciente. Argumentar que cuentan con el apoyo de la cámara legislativa es insuficiente, pues el art. 120 del  Reglamento del Parlament establece que la Mesa podrá establecer un trámite de enmiendas a dichos proyectos legislativos, de tal forma que los representantes parlamentarios podrán, respecto de cualquier futura ley, someterla a un control total de contenido. Por tanto, en ningún caso nos encontramos ante una concesión de quienes han propuesto estas leyes, ni mucho menos ante un gesto de espíritu democrático conciliador.

La tramitación de estas futuras normas comenzó hace un año aproximadamente. Desde un principio, los letrados del Parlament advirtieron que no cumplían con los requisitos procedimentales y el Tribunal Constitucional se lo tuvo que recordar a la cámara el 16 de diciembre de 2016. En consecuencia, todo parece indicar que desde un principio no pretendían llevar a término tales leyes, sino únicamente usarlas como una amenaza o desafío permanente a las más básicas reglas de convivencia.

Por suerte, aun en el caso que sí hubiera una verdadera intención de aprobar tales normas, las competencias que pretenden transferir estos proyectos de ley son exclusivas del Estado y los preceptos constitucionales son muy claros al respecto. Por tanto, en el hipotético caso de aprobarse tales leyes en el seno parlamentario autonómico, debería intervenir la Abogacía del Estado y plantear los recursos que fueran necesarios para que se declare su inconstitucionalidad y hacer cumplir así lo establecido en el ordenamiento jurídico.

Existiría, por tanto, un último muro de contención a estos desatinos jurídicos: Constitución y Estado de Derecho, con todas las herramientas jurídicas de las que está dotado este último. En este sentido, ni que decir tiene que en el improbable caso de que la Comunidad Autónoma decidiese unilateralmente no cumplir las obligaciones que la Constitución le impone, el Gobierno podría adoptar cualesquiera medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de las mismas, previa observancia de los requisitos previstos en el art. 155 CE.

 

18 comentarios
  1. Oriol
    Oriol Dice:

    La pròxima ley és la de ” transitorietat jurídica”. O sea una ley para garantizar la seguridad legal mientras se va al nuevo estado.
    Pero vayamos a lo sustancial : hacemos referéndum y el gobierno central lo impide : ipso facto manifestaciones multitudinarias en las que proclamaremos la independencia. Yo mismo saldré a la calle, y como yo, millones de personas. Ahora mismo al gobierno central se le pide por parte del 80% de los catalanes un referendum y no le da la gana autorizarlo : seguid vuestro camino que nosotros seguiremos el nuestro. Tan difícil és dejar votar a la gente? Para un estado antidemocrático SI. Para Estados con altos estandares y respeto por los valores democraticos como Reino Unido y Canadá NO.
    Total, votaremos. Tan dramático és votar para vosotros?

    • Aguirre.Robles
      Aguirre.Robles Dice:

      Para nada votar es dramático, siempre y cuando voten todos los españoles, puesto que Cataluña es parte nuestra y también tenemos derecho a decidir.

      • G.P.
        G.P. Dice:

        “voten todos los españoles, puesto que Cataluña es parte nuestra”

        Eso es un sinsentido. No ha ocurrido en ningún sitio. No tiene ninguna lógica. Solo es una excusa, y muy vieja, para utilizar la fuerza sobre los habitantes “díscolos” de un territorio. Según esa idea, todos deberíamos votar en todas las elecciones ya sean locales o autonómicas pues son “parte nuestra”. Absurdo.

        Además, decir que “Cataluña es de todos” y que se puede hacer lo ella lo que se quiera si somos mayoría es injusto. ¿Es usted partidario de que si lo decidimos la mayor parte de los habitantes de España, podamos expulsar Extremadura en contra de la voluntad de los extremeños? No ¿verdad? ¿Por qué? Muy sencillo: la voluntad de la mayoría de los habitantes de un territorio es sagrada en democracia. El resto de los españoles no tenemos derecho a decidir sobre el futuro de Cataluña si los catalanes no quieren (y el parlamento catalán ha dejado claro que solo quiere un referendum en Cataluña) de la misma manera que el resto de los españoles no tenemos derecho a decidir por mayoría que Extremadura deje de ser española si los extremeños no quieren. Este mismo derecho que tienen los extremeños a no ser “expulsados” de España sin su voluntad expresa (o sea, derecho a decidir sobre su futuro), lo tienen los catalanes de no pertenecer a España sin su voluntad expresa (o sea, derecho a decidir sobre su futuro). Es exactamente lo mismo para unos que para otros. Ni se puede expulsar ningún territorio contra la voluntad de sus habitantes simplemente porque nos sobren a los demás y seamos mayoría, ni se puede obligar a nadie a quedarse porque “es nuestro” y somos mayoría.

        Dejémonos de excusas antidemocráticas y sigamos el civilizado ejemplo de las democracias avanzadas, como Gran Bretaña o Canadá. Hagamos un referendum y ganémoslo limpiamente para que Cataluña siga siendo España. No hay otro camino.

        Y si perdemos es porque algo hemos hecho mal en Cataluña y nos lo merecemos. Eso es lo democrático.

  2. Luis González
    Luis González Dice:

    “Cepillado el Estatuto”, la organización del conjunto de Leyes del Estado “no consienten” un Referéndum para aclarar las cosas al modo de Escocia, a sabiendas de la manifestación ciudadana como aval al mismo. El sentido común, el Derecho de los Pueblos a vivir en Comunidad, exige otra cosa. Entonces ¿qué?.

  3. Aguirre.Robles
    Aguirre.Robles Dice:

    No podría estar más de acuerdo con el artículo, mi pregunta como persona fuera del ámbito del ámbito del derecho es la siguiente: ¿cúal es la razón de existencia del artículo 150 del Estatuto? Su carácter anticonstitucional parece bastante evidente.
    Gracias por un artículo tan clarificador.

  4. Daniel Iborra
    Daniel Iborra Dice:

    Publicamos en ¿ Hay Derecho? un post sobre corrupción ¿ Por qué cuando había mas corrupción que ahora en España la gente no lo percibía?.17-1-16 Intentaba profundizar en el misterio de cómo los mismos medios que se exclamaban por el “grave problema de la corrupción en España” consiguieron, por su complicidad, que la “percepción social “sobre este tema fuera prácticamente nula en el período de más corrupción , que fue el de la burbuja inmobiliaria. En respuestas posteriores echaba de menos que no tuviéramos un mecanismo de control de la corrupción. Pero creo que estamos a punto de lograrlo. Hace unos días se publicó por 1ª vez el mapa de la corrupción del Consejo General del Poder Judicial en el que se reparten por autonomías los que han procesado o acusado los jueces ordinarios, tanto por corrupción administrativa como política. Son 1.106 siendo Cataluña líder, con 303 personas, luego Andalucía con 153 y Madrid con 145 acaba de llenar el podio. Con esta base nos queda muy poco, cuantificar el valor económico de los casos de corrupción, poner el color de los partidos en la distribución, separar los casos denunciados ( la denuncia es otra variante de la lucha política) de los condenados También es importante que se daten los casos, con el objeto de clarificar la evolución histórica de la corrupción. Lo que nos interesa a los ciudadanos es que desaparezca toda no un trozo. A los que viven en Cataluña seguramente les resultará raro que sea la comunidad líder cuando parecía un oasis de virtud en una tierra malvada y descompuesta. Deberían los medios catalanes hacer autocrítica de porqué llevaban a sus portadas tanta corrupción ajena y no hicieron lo mismo con la propia , con el objeto de evitar la sospecha con la que concluimos nuestro artículo “Periodismo y corrupción” : cuando veas que el periódico donde vives no te informa diligentemente de la corrupción, no pienses que esta no existe sino empieza a temer que ésta ha llegado también al periódico de tu pueblo.

    • G.P.
      G.P. Dice:

      Todo el periodismo español lleva ocultando la corrupción de la Casa Real desde hace 40 años. Todo. El catalán y el no catalań. El peridismo español es inexistente, catalán o no. Lo único que hay aquí son medios y lacayos comiendo de la mano de sus amos.

      Todas las instituciones de este país está sumidas en una corrupción económico-política espeluznante. Desde la jefatura del estado (con los servicios de inteligencia pagando con dinero del contribuyente a meretrices de lujo del monarca) hasta el poder judicial. Lo único que hacen los jueces de a pié es agarrar la punta del iceberg cuando asoma. Y eso lo sabemos todos. ¿O nos vamos a creer ahora que la familia Pujol ha estado forrándose durante 35 años sin que ni los servicios de inteligencia ni nadie en el resto de España se enterara de nada?

      Esto está podrido por todas partes. Es irrespirable.

  5. Manu Oquendo
    Manu Oquendo Dice:

    En este foro hay excelentes fondos documentales para quien, de buena fe, desee aprobar la materia antes de las vacaciones de Semana Santa que ya se avecina tras la copiosa nevada de hoy.

    El resumen de este tema es el siguiente.

    1. El derecho a decidir no existe, es un invento para engañar a los “copains” antes de ir de copas. No existe por la misma razón por la cual los que organizan esta kaleborroka institucional no permiten decidir a Barcelona o a los vecinos del Carrer de Gracia. Los derechos son generales o no son. No hay derechos de diseño. Seamos serios.

    2. El derecho de Autodeterminación está reservado, en el derecho de todo el mundo, a colonias y situaciones de genocidio físico o cultural. Por ejemplo los iroqueses, los innuit o los esquimales canadienses y norteamericanos que son, entre otros nativos, sus legítimos poseedores. Derecho Internacional, ONU y UNESCO.

    3. Los Reinos Preexistentes de Escocia e Inglaterra los une un Rey Escocés que heredó la corona inglesa y se vino a las tierras cálidas del sur. Desde Verulanium a Kent.

    Gran Bretaña no tiene más Constitución que su Common Law, sus Tradiciones y Su Parlamento. Lo que decida el Parlamento va a misa, aunque sea anglicana. Ninguna de estas instituciones contempla la secesión territorial.

    Cuando el SNP se plantea irse de la UNIÓN………… piden permiso al Gobierno y a Westminster (porque no había nada regulándolo). El Gobierno y el Parlamento lo aprueban y se lleva a cabo porque Escocia preexistía a la unión como ente de nivel Estatal.

    4. La misma situación existía en Canadá: Otro vacío legal como la copa de un pino. Y lo resolvieron. Curiosamente lo hicieron con una Autonomía menor que la que hoy tienen las autonomías españolas y además Quebec no masacra culturalmente a sus angloparlantes. Por si fuera poco se establece Urbi Et Orbe que no hay forma de sostener una secesión porque el daño es mortal para todos los implicados.

    5. España: Vieja, sufrida y debilitada nación, pero aún conocedora del percal, tuvo el talento histórico de prever la Secesión y la generosidad, inaudita para muchos, de regular constitucionalmente el proceso. Lo pueden leer en gran detalle CE 78

    Ahora bien, aquellos que sepan todo lo anterior (caso de Homs, Puigdemont y otros presuntos al menos en grado de tentativa) y a pesar de ello estén dispuestos a robar al resto de sus hermanos españoles el derecho que para ellos reclaman sean bienvenidos porque les responderemos con la verdad fraterna y sin animosidad. No pasa nada. We are patient y ahora que sube la boira, mucho más.

    PS: Se recomienda la lectura de un libro portugués, libre de sospecha de incentivos perversos, de en torno a 1880. De Oliveira Martins (História da Civilização Ibérica).
    Oliveira Martins es uno de los grandes historiadores europeos del siglo XIX.

    Hay edición española y será una gloria leerla si la han traducido sin hacer trampa.

    • G.P.
      G.P. Dice:

      1.- El derecho a decidir existe: se llama “votar” y consiste en decidir por mayoría cuál es la decisión que se va a tomar sobre algo en el futuro.

      2.- Vale.

      3.- El pasado explica cómo se ha llegado al presente. No obliga a los pueblos a elegir un futuro que no quieren. Por eso por aquí ya no vivimos en sociedades tribales, ni tenemos monarcas absolutistas, ni hablamos latín.

      A los ingleses les gusta decir que la constitución de GB es el “sentido común”. Por ello, cuando un parlamento regional legal y democráticamente elegido pide un referendum se sientan todos a negociar la vía para realizarlo. Sentido común.

      4.- Lo mismo en Canadá. Un órgano elegido democráticamente pide un referendum sobre su futuro. Todas las instituciones del país se sientan a estudiar cómo realizarlo.

      5.- Obesérvese el patrón en los países avanzados ante una petición de un parlamento democrático reconocido: no se ponen a trabajar para EVITAR que se lleve a término la petición, sino para encontrar la forma de LLEVARLA A CABO.

      TODO LO CONTRARIO QUE EN ESPAÑA.

      Hace años las islas Feroe (parte de Dinamarca pero con autonomía y parlamento propio) se puso a legislar un nuevo “estatuto” o algo parecido. El carácter de aquellas reformas eran más propias de un país independiente que de una región bajo soberanía danesa. ¿Cómo creen que reaccionó el gobierno danés ante el “desafío”? ¿Amenazaron con detener a los políticos, anular la autonomía, mandar la flota? Claro que no. Les dijeron: si siguen por ese camino se van a tener que independizar… ustedes verán.

      • Manu Oquendo
        Manu Oquendo Dice:

        Estimado GP.

        Usted sabe que elude argumentar. No importa.
        Se lo repito muy simplificado. A ver qué le parece.

        Como usted bien dice, no existe el derecho a la Secesión o a la Autodeterminación en los Países Democráticos que respetan los Derechos Humanos. Está limitado a Colonias y Casos de Genocidio.

        Qué le parecería si yo, sabiendo que no tengo el Derecho a “Autodeterminarme” le digo: “No pasa nada, cambio la palabra y donde decía “Autodeterminarme” pongo “Decidir” y ¡Ya está resuelto!”

        Hombre, estimado contertulio, por favor, que esto es un foro de leyes.

        Un saludo cordial

        PS. No tenga complejos, hombre. En ningún caso Canadá o Inglaterra son más avanzados que nosotros. Un poco de orgullo y repase la historia. No somos perfectos pero de ahí a tener ese complejo de inferioridad que usted proclama hay siglos de historia y un track record que ya quisieran.

      • G.P.
        G.P. Dice:

        ¿Entonces no existe un nombre para lo que se ha hecho en Canadá y en GB? ¿Y como no hay un nombre para eso, en España no se puede hacer?

        ¿Y el que no argumenta soy yo?

  6. Daniel Iborra
    Daniel Iborra Dice:

    Por otra parte en materia de incompetencia y malversación de los recursos públicos los gestores políticos catalanes durante la gran crisis también fueron líderes. A diferencia de otros gestores autonómicos que reaccionaron con políticas de ajuste fiscal y de incentivación económica, continuaron ampliando el gasto y el número de empleados públicos hasta 2010 en que se produjo el cambio de gobierno El enorme crecimiento de ingresos públicos que deberían haberse vertido en la solución de los problemas derivados de la crisis fueron despilfarrados por una política antisocial.
    La nefasta gestión fue especialmente potenciada por los graves defectos estructurales derivados del sistema de gobierno múltiple de partidos con programas diferentes y hasta contradictorios.
    La manera de evitar fracturas que pongan en riesgo la continuidad de una coalición de estas características, es la de no tratar temas que puedan generar conflictos entre ellos.
    Para que esto no se notara demasiado, los dirigentes políticos se convirtieron en máquinas de distracción popular: espectáculo permanente, mucha propaganda y poca gestión y sin pulso económico, como los problemas y la falta de recursos fueron aflorando, más deuda e impuestos.
    Sala i Martin, en su conocido artículo sobre “ El rescate de Catalunya concluía: una vergonzosa demostración del escaso respeto que el Govern de la Generalitat tenía por el dinero del contribuyente”
    Los gastos de la Generalitat, en 8 años, pasaron de 16.081,39 millones de euros en 2.003 a 32.518,73(y faltaba el gasto oculto y el desplazado) en el 2.010, la deuda subió de 10.918 millones a finales de 2.003 a 32.974 millones a finales del 2.010.8 (Ver ¿Que es mas perjudicial la corrupción o la incompetencia? HD)
    Sería muy importante que el movimiento independentista excluyera además de los corruptos, a los gestores de aquel período ya que será difícil que convenzan a alguien que los que llevaron a semejante ruina a Cataluña no lo vayan a repetir, si son los mismos.

  7. Daniel Iborra
    Daniel Iborra Dice:

    En la gestión de nuestra gran crisis demostraron una grave incompetencia e irresponsabilidad.
    Mientras duró el boom inmobiliario, los gastos fueron en paralelo al enorme crecimiento de ingresos .Cuando, a partir del primer semestre del 2.006, estalla la burbuja inmobiliaria los gastos continuaron creciendo hasta 2010 desviándose de los ingresos que cayeron drásticamente, sentando las bases de la futura insolvencia financiera de la Generalitat.
    A consecuencia del “cambio ideológico”, las condiciones de competitividad del sector productivo fueron empeorando durante este periodo, de manera que un buen número de empresas y particulares se deslocalizaron, buscando un marco legal y fiscal más favorable
    Se paralizaron muchas actividades empresariales e inversiones en infraestructuras productivas ante el desacuerdo entre los componentes del tripartito, por la visión “ecológica y social” de una buena parte de sus miembros.
    Esta despreocupación por la economía y el nivel de vida de los ciudadanos, es lo que da explicación a que, en un estudio de FUNCAS sobre el comportamiento de las autonomías en la crisis económica, Cataluña tuviera unos resultados peores que los de las autonomías que mejor la aguantaron (Navarra, Madrid, País Vasco y Castilla y León), presentando un mayor deterioro en la evolución del paro y de la pobreza económica que la mayoría de ellas.
    Si fueron incapaces de gobernar una de las mayores crisis económicas que se recuerdan (ni de enterarse), en la que demostraron una total desidia por los intereses de los ciudadanos y sin un programa común conocido y solvente ( sólo hay propaganda) para la creación de empresas y de empleo, para solucionar el déficit público , de las pensiones y de la seguridad social, para atraer la inversión exterior, para financiar las nuevas funciones “ de estado” ..A la vista de los antecedentes y su manifiesta falta de preparación técnica ¿como vamos a confiar en su aptitud para solucionar las necesidades sociales del futuro?DIF

  8. Manu Oquendo
    Manu Oquendo Dice:

    Los medios parece que van despertando poco a poco.

    Pero llama la atención el silencio de la Progresía Hispana ante el anuncio de una limpieza étnica comparable a la de Alemania en 1933 con los profesionales y funcionarios judíos.
    Aquí se anuncia un exilio forzoso y ni una voz de apoyo a los residentes en la Tarraconensis, no pasa nada. ¿Del mismo modo que nos hemos tragado los 250,000 exiliados de las provincias vascas (incluyendo muchos profesores universitarios)?

    La única voz de momento es la del nuevo Fiscal General y parece que no ha tenido el menor efecto ni en C’s, PP, PSOE, PSC ni en los reyes de la libertad…….. Podemos. Menudos adalides de las libertades que nos han caído en suerte.

    A ver, un gestito. Aunque sea disimulando,.

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