barcelona-11-septiembre

¿Función pública “parcial”? Empleados públicos y manifestaciones ante el TSJ de Cataluña

“No es asunto del funcionario intervenir en el debate político para defender sus propias convicciones y, en este sentido, ‘hacer política’, que siempre es lucha” (Max Weber, Escritos Políticos, Madrid, 2008, p. 144)

Bastantes medios de comunicación, declaraciones de responsables políticos y algunas columnas de opinión se hacen eco de la “llamada” por parte de la Consejera de Gobernación del Ejecutivo catalán para que los empleados públicos solicitaran un día de permiso con la finalidad de sumarse, así, a la manifestación que ha tenido lugar ante el Tribunal Superior de Justicia en apoyo de quienes fueran responsables gubernamentales de la Generalitat como consecuencia de la convocatoria del referéndum del 9 N. Sin duda, la movilización ha sido importante. Nadie lo debe negar. La puesta en escena, una vez más, un punto fuerte del autodenominado soberanismo.

Pero nada de eso quiero tratar ahora. Mi opinión solo puede tener valor en aquello que modestamente conozco. Y, entre otras, son aquellas cuestiones relacionadas con el empleo público. Con todo el respeto institucional que la persona merece, creo que la Consejera Borràs se ha equivocado totalmente. No se debe olvidar que, en su calidad de responsable del citado departamento, tiene como función principal salvaguardar el prestigio de la  institución de la función pública de la Generalitat de Cataluña. Y, a través de esas “invitaciones” cursadas mediáticamente, más que preservar la institución ha dañado (consciente o inconscientemente) su propia imagen, pues (querido o no) al calor del debate político (en este punto intenso) ha mezclado interesadamente política con función pública, convirtiendo a esta (o pretendiendo hacerlo) en una suerte de apéndice militante de una legítima causa política, pero con la cual comulga una parte (por importante que sea numéricamente hablando) de esa misma función pública (como reflejo de la sociedad catalana a la que sirve).

Pienso, sinceramente, que es un error de bulto (y con la perspectiva que da la distancia temporal se advertirá mejor; también, presumo, por quien ha hecho esa “llamada”) concebir a los funcionarios como si de un “ejército” al servicio del poder coyuntural se tratara. Eso no se hace en ningún sistema democrático occidental.  Fukuyama, en su último y espléndido libro Orden y decadencia de la política (deusto, 2015), pone de relieve cómo la “Administración impersonal” es uno de los rasgos distintivos del Estado moderno y de las democracias avanzadas. No conviene olvidarlo.

Cualquier persona que ejerce importantes funciones ejecutivas, debe ser consciente que es el espejo en el que miran los propios servidores públicos, así como la ciudadanía. Debe ser, por tanto, muy cuidadosa (y prudente) en sus juicios y opiniones. La ejemplaridad es un valor en alza en la conducta de los gobernantes, también en los códigos de conducta que rigen su actividad pública. Por tanto, no es adecuado que quien debe promover los valores del servicio público, tal vez movida por la pasión más que por la prudencia, ignore (cabe pensar que de modo un tanto precipitado e inconsciente) uno de los valores sustantivos de esa institución de función pública que dirige políticamente: la imparcialidad. Es más, el código de conducta de los altos cargos de la Generalitat de Cataluña –recientemente aprobado- recoge expresamente (al igual de la Ley 19/2014, del que nace) que los altos cargos deben respetar la imparcialidad de los funcionarios. En efecto, la imparcialidad, junto con la profesionalidad y otros valores como la integridad (véase el Civil Service Code), constituye uno de los ejes o pilares en los que se sustenta esta secular institución. ¿Tanto obnubila la “lucha política”, como decía Weber, para olvidar lo elemental? Sin garantía de imparcialidad no hay sistema de función pública en un Estado democrático. Es cosa obvia, pero conviene reiterarla.

Si no se corrigen pronto esas actitudes y conductas (y en las manos de quienes gobiernan está tal solución), cabe intuir que se presentarán tiempos de borrasca para la función pública en esa tierra llamada Cataluña. Ese error citado denota algo que, quiero creer en mi fuero interno, no se persigue: que no se quieren funcionarios profesionales e imparciales, sino que se buscan fieles. Algo ha circulado últimamente por los medios de una pretendida recluta entre abogados afines a la causa para nutrir la pretendida futura nómina de jueces en una Cataluña independiente. Ni aquel ni este es el camino hacia ninguna parte, menos aún hacia la construcción de una función pública profesional en la que los valores de la integridad y la imparcialidad sean los focos de un nuevo modelo de empleo público y de las conductas de los gobernantes y de todos los servidores públicos. Torpezas como la expuesta, hunden en un instante el crédito de mil discursos políticos. De sabios es rectificar.