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El TJUE y la cosa juzgada, el principio de efectividad y los consumidores

Como históricamente suele ocurrir en toda transformación de hechos relevantes con consecuencias jurídicas, una parte de la sociedad es reticente a aceptar las mismas.

Nos encontramos ante un momento fascinante de la disciplina jurídica procesal, en el que figuras jurídicas “sacrosantas” como la cosa juzgada están en cuestión y una parte de la doctrina procesalista se aferra a las teorías de Savigny (que, por cierto, transcurrido más de dos siglos, la Ciencia Jurídica después de discusiones, en muchos casos estériles, no ha logrado descifrar todavía adecuadamente el objeto del proceso y la cosa juzgada), bajo la lógica premisa de que debe prevalecer la seguridad jurídica.

Por supuesto comparto la necesidad de que prevalezca la seguridad jurídica, pero creo que no se debe mantener una postura maximalista y es necesario interpretar esa seguridad jurídica dentro del nuevo contexto jurídico supranacional de la Unión Europea, que, en materia de consumidores, cuenta con una legislación propia comunitaria de obligada observancia por parte de todos los Estados miembros y con un único intérprete de esa legislación comunitaria, que es el TJUE, cuya doctrina vincula y debe ser interpretada conforme los principios de equivalencia y efectividad.

La primera sentencia que se dictó analizando la Directiva 93/13/CEE es de 27 de junio de 2000, asuntos acumulados  C-240/98, C-241/98, C-242/98, C-243/98 y C-244/98, (derivada de una cuestión prejudicial que planteó el Magistrado Sr. Fernández Seijo).

Tuvieron que pasar varios lustros para que nuestro ordenamiento jurídico interno asumiera la primacía del Derecho comunitario (cuya primera sentencia del TJUE es de 15 de julio de 1964, asunto C-6/64) y no fue hasta las sentencias del TJUE de 14 de junio de 2012, asunto C-618/10 (cuestión prejudicial planteada por la Sección 14 de la AP de Barcelona) y 14 de marzo de 2013, asunto C-415/13 (cuestión prejudicial planteada también por el Magistrado Sr. Fernandez Seijo) que se empezó a tomar conciencia realmente de esa primacía del derecho comunitario y que con la reforma de la LOPJ por la Ley 7/2015, ha adquirido rango legal con el actual art. 4 bis.

TJUE ha venido estableciendo de forma constante y reiterada (S-26/10/06, asunto C-168/05; S-6/10/09, asunto C-40/08; S-30/5/13, asunto C-488/11; A-17/3/16, asunto C-613/15; S-21/12/16, asuntos acumulados C-154/15, C-307/15 y C-308/15 y S-26/1/17, asunto C-421/14) que el artículo 6.1 de la Directiva 93/13/CEE es una disposición de carácter imperativo, equivalente a las disposiciones nacionales que en el ordenamiento interno tienen rango de normas de orden público y que dicha Directiva en su totalidad constituye una medida indispensable para el cumplimiento de las misiones confiadas a la Unión, especialmente para la elevación del nivel y de la calidad de vida en el conjunto de ésta.

En su sentencia de 21 de diciembre de 2016 el TJUE ha reiterado que el artículo 6, apartado 1 de la Directiva 93/13/CEE es una disposición que debe considerarse una norma aquivalente a las disposiciones nacionales que en el ordenamiento jurídico interno tienen la naturaleza de normas de orden público (ap.54),  así como una norma imperativa (ap.55).

Sin duda se ha producido un auténtico tsunami de consecuencias jurídicas derivadas de las sentencias del TJUE de 21 de diciembre de 2016 y 26 de enero de 2017, que han provocado desde la sentencia del caso Aziz (STJUE 14/3/13) una auténtica “revolución procesal” en nuestro ordenamiento jurídico interno y que, como suele ocurrir a menudo en aquellos supuestos que afectan a instituciones profundamente arraigadas, habrá de pasar mucho tiempo para que pueda digerirse la nueva situación procesal creada, máxime  cuando nuestros legisladores no han contribuido de forma eficaz a adaptar nuestra ley procesal civil al principio de efectividad proclamado por la jurisprudencia del TJUE.

La cuestión nuclear es determinar si la jurisprudencia comunitaria permite declarar la abusividad de una cláusula contractual suscrita entre un profesional y un consumidor o los efectos derivados de esa declaración de nulidad en su integridad, cuando estamos ante un procedimiento judicial que, conforme a las normas procesales, puede verse afectado por los efectos de la cosa juzgada formal o material, reguladas, respectivamente, en los artículos 207 y 222 de la LEC o, en su caso, por los efectos derivados de la cosa juzgada virtual del artículo 400,2 de la LEC.

A mi entender la cuestión planteada debe tener una respuesta afirmativa y, no solo, por la jurisprudencia comunitaria que hasta la fecha ha resuelto sobre la materia (S- 20/9/11, asunto F-08/05 REV; S-5/12/13, asunto C-413/12, ap 39; S-11/11/15, asunto C-505/14, ap. 45; S-9/9/15, asunto C-160/14, ap. 50), sino de una atenta lectura de las sentencias del TJUE de 21 de diciembre de 2016 y 26 de enero de 2017.

Es cierto que el TJUE en la sentencia de 21 de diciembre de 2016 no resuelve la cuestión de los efectos negativos excluyentes de la cosa juzgada, al ser ésta una materia que corresponde regular a cada uno de los Estados miembros, confirmando la citada sentencia que el TS podía declarar legítimamente en su sentencia de 9 de mayo de 2013 que no afectaba a las situaciones definitivamente decididas por resoluciones judiciales anteriores con fuerza de cosa juzgada.

Sin embargo el TJUE en la sentencia de 26 de enero de 2017 si analiza los efectos derivados de la cosa juzgada, planteándose en su apartado 45 la pregunta de si a la luz de la Directiva 93/13/CEE, el tribunal tiene la obligación de proceder de oficio a un nuevo control judicial del contrato, en contra de las normas procesales nacionales que aplican el principio de cosa juzgada .

El TJUE en la citada sentencia resuelve, a través de los parágrafos 2º y 3º del apartado 54, que la Directiva 93/13/CEE debe interpretarse en el sentido de que no se opone a lo dispuesto en el artículo 207 de la LEC, que impide al juez nacional realizar de oficio un nuevo examen del carácter abusivo de las cláusulas de un contrato cuando ya existe un pronunciamiento sobre la legalidad del conjunto de las cláusulas de ese contrato a la luz de la Directiva mediante una resolución con fuerza juzgada, salvo que existan una o varias cláusulas contractuales cuyo eventual carácter abusivo no ha sido aún examinado en un anterior control judicial del contrato controvertido concluido con la adopción de una resolución con fuerza de cosa juzgada, debiéndose interpretarse la Directiva 93/13/CEE, en el sentido de que el juez nacional ante el cual el consumidor ha formulado, cumpliendo lo exigido por la norma, un incidente de oposición, está obligado a apreciar, a instancia de las partes o de oficio, cuando disponga de los elementos de hecho y de Derecho necesarios para ello, el eventual carácter abusivo de esas cláusulas.

En su sentencia número 5/2009 de 12 de enero, el TC analiza, desde la perspectiva constitucional, la cosa juzgada formal y la cosa juzgada material y la pregunta que nos debemos formular es si una sentencia que no resolvió sobre los efectos ex tunc derivados de la cláusula suelo declarada abusiva, sin entrar a analizar la cuestión, al aplicar la doctrina del TS fijada en su sentencia de 25 de marzo de 2015, debe considerarse una resolución con efectos de cosa juzgada o debemos considerarla como una cuestión imprejuzgada en ese punto, conforme al principio de efectividad fijado por el TJUE.

En mi opinión al consumidor no le habrá precluido la pretensión derivada de los efectos ex tunc de la nulidad de la cláusula suelo, ni por la regla preclusiva de la cosa juzgada virtual del artículo 400, 2 de la LEC, ni por los efectos negativos excluyentes de la cosa juzgada formal o material, regulada en los artículos 207 y 222 de la LEC, ya que el artículo 6.1 de la Directiva 93/13/CEE es una disposición de carácter imperativo, que tiene rango de norma de orden público, de acuerdo con la jurisprudencia consolidada del TJUE.

No sería aventurado predecir una nueva avalancha de cuestiones prejudiciales ante el TJUE, promovidas por tribunales españoles, como consecuencia de las resoluciones que pueda dictar el TS, al poder quedar vedada una nueva pretensión, si se adopta una interpretación restrictiva de la sentencia del TS nº 81/2016 de 18 de febrero, por los efectos negativos excluyentes de la cosa juzgada, sin tener presente las sentencias dictadas con posterioridad por el TJUE de 21 de diciembre de 2016 y 26 de enero de 2017 y la sentencia del mismo Tribunal de 28 de julio de 2016, asunto C-168/15, que permite una vía para reclamar contra el Estado, cuando el tribunal nacional haya dictado una resolución que infrinja de manera manifiesta el Derecho de la Unión.

 

6 comentarios
  1. Irene
    Irene Dice:

    Muy interesante artículo.

    La cosa juzgada en España hay que analizarla en su contexto.

    Durante 6 años el Supremo dictando jurisprudencia que ha acabado tirada por los “suelos”. Ahora un real decreto legislativo urgentísimo para que los abusones controlen el proceso….. Los bancos están ofreciendo 1/3 parte de lo que corresponde.

    Nuestros jueces y legisladores, a sabiendas y con mala fe, dictan jurisprudencia y leyes injustas…..

    El “sacrosanto” principio de “cosa juzgada”, es una pieza esencia del sistema jurídico actual. Podríamos llamarlo principio de:

    “Santa rita rita, lo que se da no se quita” o “un clavo en el ataud”

    ¿Hay derecho?

    Puede

    Lo que no hay es justicia.

    Responder
      • Jesus Sanchez
        Jesus Sanchez Dice:

        Buenas tardes Juan, gracias por tu comentario.
        Como sabrás, como consecuencia de la reciente sentencia del TJUE de 26 de enero 2017, el propio TS, mediante Auto de 8 de febrero de 2017, ha promovido una cuestión prejudicial ante el TJUE, planteando dos peticiones de decisión prejudicial, en interpretación del artículo 6.1 de la Directiva 93/13/CEE.
        Jesus Sanchez

  2. Enrique
    Enrique Dice:

    Muy interesante el debate acerca del efecto preclusivo del art. 400 LEC y de la cosa juzgada (el tapón) en este tipo de procedimientos. Lo cierto es que las ejecuciones hipotecarias finalizan con Auto, no con Sentencia, y no hay un verdadero procedimiento con plenitud de garantías. Es la norma procesal la que pone límites al debate.
    Creo que el TS ya ha dictado una Sentencia que puede conciliarse con la STJUE de 20-1-2017.
    Se trata de una Sentencia de 21-07-2016. Ponente Antonio Salas Carceller.

    En esa Sentencia ya limita la indeseable situación que puede producirse cuando se ha desarrollado un procedimiento judicial que ha finalizado con Sentencia firme y definitiva, pero en la que han quedado cosas “imprejuzgadas”.
    El TS dice : “El motivo se desestima ya que efectivamente no puede apreciarse la existencia de cosa juzgada sobre la pretensión ahora formulada que no lo fue en el anterior proceso ni tenía el demandante la obligación de hacerlo, como se desprende de lo dispuesto por la propia norma invocada: el artículo 400 LEC .”
    La combinación del anterior argumento con el ppio de efectividad, abre nuevos caminos (procedimientos judiciales) para aquellas cuestiones que no se debatieron en torno a un “negocio jurídico” con posibles cláusulas abusivas.
    Se trata de un debate que el TJUE está dando una lección de pensamiento jurídico, basado en criterios de justicia, que la Administración de justicia española (incluido el legislador, que es de donde emanan las leyes -que deberían ser justas-) debería tener en cuenta.

    La reacción de los Tribunales, que han de tener en cuenta el principio de primacía del Derecho europeo, no puede desconocer esta doctrina europea.

    Si las leyes nacionales fueran justas y efectivas no pasarían estas cosas, lo que está rectificando el TJUE es el propio criterio legislativo nacional.

    En mi opinión, el TJUE está diciendo que de nada sirven las normas procesales y cambios legislativos que no se ajusten a un verdadero Derecho de protección a consumidores, y proteger en todos los ámbitos, incluso procesales. De nada sirve una idea justa si la justicia no la aplica.

    El tema de la cosa juzgada, como ha dicho el TJUE no garantiza la seguridad jurídica, al contrario, no caben leyes ni Sentencias incompletas e insuficientes.

    Se ha de buscar la completitud de un ordenamiento jurídico que realmente garantice esos derechos.

    El TS ha dicho en esa Sentencia de 21-7-2016: “la ley establece una verdadera preclusión en la alegación de hechos y fundamentos jurídicos que apoyan la acción, pero en forma alguna determina el objeto de la pretensión sobre la que ha de decidir exclusivamente el demandante.”

    Es decir, no puede darse por completo un debate que no se ha iniciado. Se podría decir de forma más coloquial: Pueden ustedes volver a demandar, pero otra cosa que no sea la que se ha juzgado antes.

    He leído, su publicación “La sentencia del TJUE de 26/1/2017, asunto 421/14 y la cosa juzgada conforme la Directiva 93/13/CEE”, y me parece muy bien explicado el estado de la cuestión.

    Respecto de la STS que comento, si se utiliza el mismo razonamiento no será necesario plantear ninguna cuestión prejudicial por el TS al TJUE sobre la preclusión o la cosa juzgada. Todo está dicho : No hay preclusión ni cosa juzgada de algo que no se ha debatido ni se ha pedido. Es obvio, pero habrá que insistir y reforzar ese criterio, recordando que el TS también aplica criterios de justicia, evitando formalismos innecesarios.

    La cuestión prejudicial planteada por el TS es muy limitada y tampoco ofrece argumentos que contradigan la STJUE.

    Lo cierto es que la STJUE elimina de raíz el art. 693.2 LEC, que viene a legalizar el vencimiento anticipado.

    Nadie discute que todo procedimiento ha de regirse por las normas procesales que lo configuran, pero lo cierto es que la Sentencia de 26 de enero de 2017 del TJUE entiende que el art. 693,2 LEC (norma procesal) se opone a la Directiva 93/13. La Sentencia del TJUE ha hecho un control de la norma y el último apartado dispositivo de la STJUE 26-1-17, dice:

    La Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una interpretación jurisprudencial de una disposición de Derecho nacional relativa a las cláusulas de vencimiento anticipado de los contratos de préstamo, como el artículo 693, apartado 2, de la Ley 1/2000, modificada por el Real Decreto-ley 7/2013, que prohíbe al juez nacional que ha constatado el carácter abusivo de una cláusula contractual de ese tipo declarar su nulidad y dejarla sin aplicar cuando, en la práctica, el profesional no la ha aplicado, sino que ha observado los requisitos establecidos por la disposición de Derecho nacional.

    La resoluciones que han aplicado el art. 693.2 LEC, precepto que se opone a la Directiva 93/13, como expresamente ha sentenciado el TJUE, deberían poder anularse, pero como no terminan con Sentencia no pueden revisarse. Lo cierto es que todos los procedimientos que han finalizado aplicando ese precepto, al tratarse de una disposición de Derecho nacional, que ha sido declarada contraria u opuesta a la Directiva 93/13, cabría iniciar un procedimiento ordinario, al no ser aplicable la preclusión ni la cosa juzgada, o como le quieran llamar.

    Creo que las ideas y la compilación de Sentencias que aporta en sus comentarios permiten llegar a planteamientos antes impensables.

    Muchas Gracias Sr. J. Sánchez.

    Un saludo.

    Responder
  3. Jesus Sanchez
    Jesus Sanchez Dice:

    Buenas tardes Enrique.
    Gracias por sus comentarios.
    Conozco la sentencia del TS que comenta (Roj: STS 3634/2016 – ECLI: ES:TS:2016:3634). El magistrado Sr. Antonio Salas, tiene publicado un interesante artículo sobre la materia “La llamada preclusión de la alegación de hechos y fundamentos jurídicos en el artículo 400 de la Ley de Enjuiciamiento Civil”, publicado en la Revista Aranzadi Doctrinal núm 9/2014. BIB 2014\4264, que le recomiendo su lectura, sino lo ha leido.
    Saludos.

    Responder
    • Enrique
      Enrique Dice:

      Desconocía ese artículo, pero por el propio contenido de la Sentencia, creo que su criterio es mucho más respetuoso con el principio de tutela judicial efectiva, y la justicia material.

      El argumento de la cosa juzgada, queriendo santificar procesalmente la “cosa imprejuzgada” no deja de ser una negación de la justicia, y por ende, de la efectividad que proclama la Directiva.

      El hecho de no querer juzgar una cosa, diciendo que ha sido juzgada, cuando en realidad no ha sido ni tan siquiera pedida, me parece que nada tiene que ver con el concepto originario de cosa juzgada. Se trata de una manera de tapar la realidad para no tener que reconocerla (inconguencia omisiva)

      Son muchas las Sentencias que dan la vueltas a ese argumento de la cosa juzgada, la propia STS de 24-11-14 es un cúmulo de argumentos y de ingeniería jurídica para negar la tutela judicial efectiva ¿tanto cuesta decidir o juzgar sobre cuestiones que no se plantearon en su momento?

      El inmobilismo nos lleva a que tenga que ser el TJUE el que imponga criterios y principios de orden público que fácilmente podían haber dicho los Tribunales españoles. Por otro lado, el TS ya está reconociendo que se tiene que huir de “indeseables formalismos y rigideces procesales”, cosa que haría bien en practicar el mismo.

      Estoy de acuerdo con los planteamientos que sigue en sus últimos artículos, se nota que tiene contacto con la sociedad y sus problemas.

      Responder

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