La subsistencia de la legítima. Un caso de pereza legislativa

Nuestro Código civil impide que el testador con descendientes, ascendientes o cónyuge pueda disponer libremente de una parte importante de su patrimonio, y, por tanto, repartir sus bienes del modo que considere más equitativo y conveniente; atendiendo a merecimientos, afectos, necesidades, discapacidades, o para hacer posible la continuidad de su empresa o proyecto económico o social.

Tal restricción procede del tiempo de los visigodos. Después de algunos retoques y ajustes ha pasado al Código civil, a pesar de que los mejores juristas de la época codificadora defendieron su supresión.  Y perdura todavía hoy, no obstante haberse producido cambios sociales, económicos y en el propio funcionamiento de la familia, que dejan sin fundamento su subsistencia, como veremos.

El legislador estatal, tan prolífico a la hora de regular las relaciones de Derecho público, cuando se trata de relaciones privadas, especialmente en el ámbito sucesorio, ha dado muestra de una desidia y pereza rayanas en la negligencia. Más sensibilidad han mostrado las regiones forales, que han reducido en los últimos años las restricciones legitimarias; acercándose a la libertad de testar, que desde hace siglos existe en Navarra y en el territorio de Ayala en Álava.

Esta quietud o parálisis estatal afecta gravemente a la libertad de las personas, que ven restringida la facultad de disposición, esencial para el ejercicio de aquélla. Pese a lo cual pervive una regulación ancestral de la legítima, que provoca el rechazo generalizado de los testadores.

En efecto, los Notarios, que atienden la práctica totalidad de los otorgamientos testamentarios, comprueban a diario la sorpresa de las personas que pretenden disponer de sus bienes y se enteran de que la ley estatal les impide hacerlo libremente. La sorpresa y el rechazo son mayores cuando quieren dejar a su cónyuge o conviviente la vivienda familiar, que en la mayoría de los casos constituye su único patrimonio. Los testadores no pueden entender por qué la ley se interpone para impedir que lo que han obtenido con la colaboración de su cónyuge y el esfuerzo común pueda quedar íntegramente en propiedad del sobreviviente.

Incluso en los casos en los que la voluntad del testador no resulta afectada por la regulación del Código civil, considera aquél que se trata de una intromisión legal que deja en la penumbra la causa de afecto y generosidad que preside su decisión.

El testador se pregunta el porqué de tal limitación. Y el jurista deberá indagar si hay causa o fundamento que la justifique y proponer la solución más justa y equilibrada.

Existe un sector doctrinal favorable a la subsistencia de la legítima, utilizando una serie de argumentos cuya consistencia veremos a continuación.

Se dice que la supresión de la legítima supone una desprotección de la familia. Bien lejos está tal aseveración de la realidad vivida. En primer lugar, tenemos el ejemplo de Navarra, en donde nadie se queja de tal desprotección, a pesar de que rige, como hemos visto, el sistema de libertad absoluta de testar. Pero, además, una verdadera protección sólo se consigue con en el afecto, asistencia y cuidado de los hijos, cónyuge o padres, si lo necesitan.

Conviene recordar que hoy los padres no se sirven de los hijos, como en otras épocas, para que les ayuden en su actividad profesional. Por el contrario, se desviven por darles una formación integral y a ello dedican patrimonio y desvelos; y, en la mayoría de los casos, continúan asistiendo a sus hijos cuando éstos tienen autonomía profesional y económica, facilitándoles su descanso y cuidando de los nietos.

Si a los padres, después de las preocupaciones, horas de trabajo y de vida dedicadas a los hijos, para que sean útiles a la sociedad y adquieran formación que les permita autonomía económica, se les obliga, además, a dejarles una parte importante de sus bienes, se les está sometiendo a una limitación desproporcionada e injusta. Y más si se tiene en cuenta que en muchos casos gozan aquéllos de una situación más acomodada que la de los padres. No se puede olvidar que la esperanza de vida ha aumentado considerablemente y que la mayoría de las veces son los padres los que necesitan protección, a través del afecto, cercanía y atención. Y es precisamente la libertad de disposición la que les facilitará la tranquilidad que el poder disponer de los bienes proporciona, al hacer posible premiar el afecto, la dedicación y el mérito.

Por otra parte, la legítima provoca desinterés de los hijos por atender a los padres necesitados, a la vez que les desincentiva para el esfuerzo. Por lo que la legítima se convierte en un elemento negativo, tanto desde el punto de vista familiar como social.

Algunos autores se apoyan en la tradición simplemente y en el carácter simbólico de la legítima para defender su subsistencia. Se dice que es muy fuerte suprimirla de golpe, después de tantos siglos, y que sería más prudente reducir poco a poco su cuantía. Pero no se puede comprender cómo la tradición, por sí sola, cuando se produce una restricción a un derecho fundamental, pueda ser causa de parálisis o de espera legislativa. Una norma distorsionada e injusta no puede validarse por el peso del tiempo que haya sido soportada, ni dejará de ser injusta por el hecho de reducir su ámbito de aplicación. Y menos consistencia tiene todavía el recurso al símbolo, que es tanto como dejar la norma vacía, al marginar su finalidad esencial, que es la realización de la justicia.

Algún autor defiende la pervivencia de la legítima en base a meras razones técnicas, señalando que constituye el núcleo duro del Derecho sucesorio. En efecto, es núcleo duro, pero no porque sea justa la legítima sino por su persistencia y dureza para ser arrumbada aunque carezca de justificación. Y es duro porque los problemas que plantea de colación, imputación reducción de donaciones, etc. son verdaderamente difíciles de solventar.

Sostienen otros que existe una moral social, la cual estaría recogida legalmente en el orden de suceder abintestato. Existe una tendencia natural a nombrar herederos por partes iguales a los hijos, sobre todo si están en edad de formación. Pero dicha tendencia, con base en el amor de los padres a sus hijos, aunque forzada por la ley a través de la legítima, no puede convertirse en una obligación bajo el manto inapropiado de la moral.

La moral no puede utilizarse para favorecer o hacer rica a una persona, por muy allegada que sea, sin deterioro de su esencia. La moral puede sí constituir la base para exigir atención y asistencia a los necesitados, pero en modo alguno para proteger el linaje y la perpetuación del patrimonio en la familia.

Por último, se dice que la legítima es un muro de contención frente a la captación de voluntad de las personas de edad avanzada. En primer lugar, no se puede limitar la libertad en perjuicio de todos los testadores, pensando en casos excepcionales. Además, el problema de captación de voluntad no se resuelve imponiendo una legítima “por si acaso”, sino acudiendo a las medidas que el Derecho tiene previstas para estos supuestos. Que son la preventiva y de amparo del testamento, a través de una actuación rigurosa de los Notarios, y la judicial, cuando pese al filtro notarial, se haya otorgado testamento con el consentimiento viciado.

Como se deduce de lo expuesto sintéticamente, no hay razón sólida para mantener una restricción de una facultad, la de disposición, ínsita al derecho fundamental de propiedad. Solo una función social justificaría tal limitación. Esta función social existe referida a los deberes de ayuda derivados de la convivencia y filiación, concretamente el de formación de los hijos, y de protección de hijos, conviviente o padres con discapacidades o necesitados de asistencia. Deberes de contenido y finalidad distintos a los de una cuota fija legitimaria. Deberes que dan lugar a la consecuente obligación de apoyo económico en tales casos, en la medida necesaria. Lo que tendrá lógica consecuencia en la sucesión, cuando las personas obligadas hayan fallecido.

Fuera de estos supuestos, ninguna ley justa puede limitar la libertad de disposición, necesaria para que la propiedad pueda cumplir su función de apoyo económico a la realización personal, y también familiar en los casos antes referidos.

19 comentarios
  1. fernando
    fernando Dice:

    Estoy totalmente de acuerdo con este artículo. Sorprendentemente, está en trámite ahora en el Congreso de los Diputados, en la Comisión de Justicia, una Proposición no de Ley relativa a la reforma de la sucesión en el Código Civil suprimiendo la legítima de los ascendientes (161/001053) , presentada el 14/12/2016 y calificada el 20/12/2016. La ha presentado el grupo parlamentario Unidos Podemos y a mí me parece enormemente acertada, tras tantos años de absoluta parálisis que, como el Sr.Magariños dice, sólo cabe atribuir a la desidia y pereza del legislador estatal. Por fin hay una buena noticia en este tema, pero la proposición no de Ley corre riesgo de quedarse en humo si no se da algún apoyo desde organizaciones privadas y desde los medios de comunicación.

  2. Álvaro Delgado
    Álvaro Delgado Dice:

    Magnífico post, que recoge la realidad que vivimos todos los días en los despachos notariales. Tal vez una medida apropiada, en concordancia con lo expuesto por el autor, fuera mantener la legítima sólo en el caso de hijos menores de edad o de una edad determinada, para garantizarles una formación, y suprimirla en los demás casos. Lo que está claro es que, en las circunstancias actuales, a las que siempre tiene que atender la Ley, es más un estorbo que un beneficio. Saludos y enhorabuena al autor. A ver si alguien le hace caso….

  3. izaskun
    izaskun Dice:

    Usted que está en la Comisión General de Codificación ¿tiene opinión al respecto? ¿trabaja en algo? ¿elabora propuestas?. También me gustaría saber si esa Comisión nos cuesta algo a los ciudadanos y qué produce. Gracias y un cordial saludo

  4. O'farrill
    O'farrill Dice:

    La “pereza legislativa” viene dada por el sistema viciado en que el “legislador” es un simple apéndice del “ejecutor” y, como es lógico, hay una desmotivación legislativa por parte des quienes estarían llamados a tener tales iniciativas. Dicho esto hay que volver a señalar que nuestra C.E. del 1978 es la norma marco a la que no se ha ajustado la hiperinflación normativa (“nomocracia” según Dalmacio Negro) en que nos desenvolvemos. O hay una reforma constitucional profunda y eficaz que reconstruya todo el entramado legislativo o éste será en sí mismo el objeto del Estado: la sumisión incondicional por ignorancia legal.
    Con respecto al tema del artículo, entiendo que la libertad de la persona es prevalente sobre los supuestos derechos de sus herederos y, como se apunta en algún comentario, sólo deberían quedar protegidos los de aquellos más vulnerables.
    Un saludo.

  5. Miguel_1960
    Miguel_1960 Dice:

    Yo, por ahora, me conformaría si derogaran el impuesto de sucesiones. Y el de donaciones entre padres y hermanos también. Despues ya vendría lo de las legítimas pues, en caso contrario, me veo a la voraz Agencia Tributaria aplicando tipos mas abusivos aun a los terceros sucesores extraños a la consanguinidad del causante.

  6. Jesús Galache
    Jesús Galache Dice:

    Buenas tardes. Felicidades por el post, no sólo por la razón que tiene, sino por la elegancia con la que lo expone y articula,

  7. Francisco
    Francisco Dice:

    Este artículo es fenomenal. Oportuno y adecuado a la problemática que describe. El patrimonio conseguido por los testadores debe ser de libre transmisión. Es injusto que hijos emancipados, con la vida resuelta, reclamen “la legítima” a una madre viuda (o padre, en su caso). Con esta legalidad injusta ocurre que la vivienda propia de los padres pasa, de repente, a tener nuevos propietarios cotitulares, los hijos, por la inscripción de su parte en el Registro de la Propiedad. A partir de ahí se podrán dar una serie de situaciones indeseables para el padre o madre sobreviviente. Para mí, creo que bastaría, de momento, que la legítima no se aplicara a la herencia de uno de los padres. Podría mantenerse para cuando los dos hubiesen fallecido.

  8. Matilde Cuena Casas
    Matilde Cuena Casas Dice:

    Enhorabuena por el post! Se puede decir más alto, pero no más claro. Coincido con el autor en que el derecho de sucesiones requiere una revisión profunda que se adapte a los cambios económicos y sociales que ha sufrido la familia. En los territorios forales se han hecho reformas de muy buena calidad.
    Yo soy partidaria de la libertad de testar lo que comprende la de donar, porque no hay que olvidar que no se puede dar por donación más de lo que puede dar por testamento. Si teniendo hijos el testador dona a un extraño más de un tercio de su patrimonio, la donación es inoficiosa y al donatario le tocará devolver, algo que desde luego no es bueno para la seguridad del tráfico jurídico. Cuando explico esto en clase se hace el silencio absoluto. A los alumnos les choca y mucho este efecto. Generalmente se desconoce que lo que se dona a un legitimario, resulta que es un “pago a cuenta” de su legítima, salvo que se diga que no es colacionable. Sólo esto ya genera una enorme conflictividad en la práctica (fundamentalmente por las valoraciones de lo donado), y al final, el que los bienes lleguen a los hijos (legítima) acaba provocando que los hijos no se hablen, algo que mí como madre que soy, me preocuparía y mucho.
    Por otro lado, yo creo que las legítimas generan incentivos perversos como los que se describen en el post: el abandono que sufren muchos mayores. Muchas residencias de ancianos perderían clientes si se estableciera la libertad de testar…
    Yo creo que la libertad de testar estimula la cooperación y el esfuerzo de los hijos y permite al testador beneficiar a quien lo merece. Todos los hijos son iguales, pero la realidad nos muestra que no todos se comportan igual. Las normas tienen que estimular valores.
    Además el sistema actual es muy rígido y no atiende a las específicas circunstancias de los hijos, salvo en algunos supuestos para los discapacitados. El estado de necesidad debería ser valorado y por eso un sistema de libertad de testar, pero con el reconocimiento de un derecho de alimentos a favor de los parientes que se encuentren en estado de necesidad (legítima asistencial), me parece una opción razonable.

  9. G.P.
    G.P. Dice:

    Completamente de acuerdo con el artículo. Y de paso que el impuesto de sucesiones entre padres e hijos deje de ser el arte de confiscar a mano armada en el que se ha convertido en algunas comunidades autónomas (en la andaluza es escandaloso).

  10. Irene
    Irene Dice:

    Interesante tema.
    Creo que lo fundamental es la educación y hacer saber a los hijos que les queremos pero que no tenemos deudas.

    Quizás la legítima tenía más sentido cuando se hacía trabajar a los hijos para uno mismo.

    Ahora no es igual.

    Pero no estoy muy de acuerdo con lo del “cónyuge superviviente”. Lo digo por la cantidad de arrejuntamientos. No siempre tienes al lado a la pareja de toda la vida y padre o madre de tus hijos. Y no siempre cada cónyuge aporta lo mismo al matrimonio.

    Antes que todo esto algún sesudo estudioso debería pensar en la sociedad mercantil que es de factores un matrimonio, que es la mayor fuente de inseguridad jurídica que ha parido el código civil (y mira que hay muchas tonterías en el mismo).

  11. Colapso2015
    Colapso2015 Dice:

    “Rajando” contra el linaje patrimonial de sangre (patrimonio),…,sustentado por la costumbre, ahora por el Estado-Ley.
    La disposición de los bienes/propiedad en vida -es plena- ¿sí?. En muerte (después de una vida en disposición plena), se presupone la cesión a los familiares por la parte,…,¿pecado? Otra cosa distinta, deba limitarse el límite de grado a efectos prácticos.

    No obstante, veo, no se “raja” contra la legítima (i-legítima) –forzosa– del Estado de Isabel II, empezando por la “legítima” de los escribas del faraón: los notarios. Pero podemos seguir por registradores, tasas,…,
    Un sistema de “latronis” con seria careta burocrática. Los hijos de otros, los hijos del Estado que aparecen como arancelarios (incluida “labor”) en todas partes. Confiscatorios, especialmente en bienes de poco valor, donde el arancel liberal (Estado Burócrata) puede superar el valor del bien. Confiscatorios,…, ríanse del Antiguo Régimen, ríanse de los Visigodos.

    Eso sí que es anacrónico, feudal, …, MONOPOLIO público con explotación privada.
    Libre disposición del patrimonio,…, de otros.
    En la línea de O’farrill, esto pasa por tener un legislador ESTATAL y no civil. Corporativismo puro,…,

  12. Mariano Yzquierdo
    Mariano Yzquierdo Dice:

    Enhorabuena, Victorio.

    Tú me has oído en el Colegio Notarial de Madrid decir que cuando el Estado no hace sus deberes, no hay que extrañarse de que los hagan las Comunidades Autónomas, aunque sea de espaldas a la Constitución. Y hay que decir que una virtud fundamental se da cita, en general, en las modernas leyes civiles dictadas en las Comunidades Autónomas. Todas tratan, con mayor o menor acierto, de dar respuesta a las necesidades del tiempo presente, frente a un Código civil que, en lo sustancial, parece inamovible.

    Así, en el nuevo sistema de legítimas previsto en la ley gallega, los descendientes, frente al 66 por 100 que tenían antes en virtud de la remisión que se hacía al Código civil, han visto reducida su porción al 25 por 100 del haber hereditario líquido. No podía ser otra la tendencia. Decía el maestro Lacruz que el Código civil español, como “hijo de su tiempo”, es el Código de una España cuya población vivía en sus cuatro quintas partes alejada de la gran ciudad, el Código del consenso liberal-conservador, el Código que ignoraba los núcleos incipientes de proletariado industrial. Y también era el Código –puede añadirse– de unos españoles que no llegaban a viejos, y que cuando otorgaban testamento, tenían aún niños a su cargo, unos niños a quienes había que proteger de las tentaciones de un padre de familia que a lo mejor habría querido dejar toda su herencia a su esposa, o del viudo que estaba tentado de favorecer en la sucesión sólo a su primo o a una entidad benéfica.

    Por eso tienes toda la razón. Hoy en día no hay civilista serio que se aproxime a cualquier tema sucesorio sin haber hecho previamente una toma de partido acerca de la conveniencia de que todo siga como está o de instaurar un modelo sucesorio en el que la libertad de testar contenga unas limitaciones más suaves que las que establece el Código civil español. Los hijos de familia ya no abandonan el hogar paterno hasta que no tienen la vida resuelta, muy cumplidos los treinta años, y muchos lo hacen porque ya tienen independencia económica, pero desde luego, siempre dispuestos a llevar a su madre, dos veces a la semana, una bolsa de deportes llena de ropa para lavar y planchar (algo que, además, a muchas les agrada bastante, pues les da la sensación de que “el niño” no se les ha ido del todo). Pues bien, ¿tiene algún sentido que el padre que otorga testamento se encuentre obligado siempre a no disponer libremente de dos tercios de la herencia? ¿Tiene sentido que la ley los tenga previamente adjudicados a su hijo, un futbolista profesional de los buenos o un altísimo cargo directivo de uno de los mayores fabricantes de software, o de una promotora inmobiliaria de las grandes de Marbella o de una empresa eléctrica de las que salen diariamente en Expansión y de vez en cuando en el Hola y hasta en Newsweek?

    “Una buena obra española”. Cuatro palabras con las que De Castro resumía su juicio crítico sobre el CC español. Los autores del Código –decía don Federico– “merecen respeto y agradecimiento porque, a pesar de lo desfavorable de los tiempos y circunstancias en que se redactó, han sabido conservar la esencia tradicional de nuestro Derecho y hacer elegantemente, con los mínimos medios, una buena obra española”. Y esto sigue siendo verdad, pero lo que nuestro país no se merece es que cuando hay que reformar cosas tan importantes del Código (esa buena obra española), la Comisión General de Codificación no reciba los encargos oportunos. Por sólo remitirme a los últimos años, los encargos no los dio el Ministro Caamaño, ni Fdez Bermejo, ni Ruiz Gallardón, ni Rafael Catalá. Una vergüenza.

  13. anténore
    anténore Dice:

    Piensen el caso de una persona soltera, sin hijos, cuyos padres vivan, o al menos uno de ellos. Si esa persona tiene vecindad civil común está obligada a dejar la mitad de su herencia a sus padres. Si tiene un patrimonio de, digamos, 500.000 euros (ya se que es bastante) y quiere dejar todo lo que pueda a un amigo, con las restricciones que le impone el código civil (legítima de ascendientes) sólo le podrá dar 250.000, de los que la comunidad autónoma (pongamos Madrid) se llevará el 34% (más de 85.000 euros) en concepto de impuesto de sucesiones. Mientras, sus padres, a los que no quiere dejar nada por buenos motivos, se llevarán 250.000 casi limpios (su impuesto de sucesiones sería del 0,17%, es decir, sólo 426 euros). Así, el reparto final de los bienes que deje al morir será el siguiente: el 49,9% para sus padres, a los que no desea dejar nada; sólo el 32,9% para la persona que en su opinión merece heredar sus bienes; y el 17,2% obligado para la Comunidad de Madrid, que cobra Impuesto de Sucesiones, pero sólo a expensas de la parte de libre disposición, dejando casi intacta la legítima de los padres. ¿Podemos entonces afirmar que hay libertad de testar en Madrid para esta persona? ¿Podemos creernos el cuento de que la Comunidad de Madrid ha suprimido el Impuesto de Sucesiones? ¿Podemos creernos el supuesto “liberalismo” que algunos políticos dicen predicar?

  14. Juan LY
    Juan LY Dice:

    El cambio de sistema legitimario podría ser útil. Pero no podemos olvidar que quienes ejercemos en zonas rurales asistimos a una realidad bien distinta.
    No cabe duda de que una situación de familia urbana, con bienes ganados y autonomía económica de los cónyuges debería permitir una libertad total testatoria. Pero cuando consideramos “la casa” como unidad productiva, como industria familiar, creo que debemos ser más respetuosos. En la zona dónde ejerzo hay mayorazgo y ello ha permitido que, a diferencia de otras zonas de Galicia, las propiedades sigan explotadas y gocen de gran salud.
    Sería injusto establecer una libertad testatoria total respecto de bienes heredados, de un legado histórico. De la fuente económica de muchas familias. No olvidemos que Don Felipe es Rey porque ni su padre ni su abuelo se casaron con Letizia Ortiz.
    A lo mejor deberíamos optar por un sistema que distinga bienes troncales y no troncales. Pero los términos absolutos no me gustan. En Galicia conviven dos sociedades, rural y urbana y ambas deben ser contempladas.

  15. Irene
    Irene Dice:

    Ay, la troncalidad

    Es un arma de doble filo. Quien recibe todo se acomoda. Quien no recibe nada espabila y se busca la vida. Así pasa en el País Vasco. Muchas veces no queda otra cosa que emigrar. Así se conquistaron las américas.

    El puñado de tierra y la teja se suele decir.

    En fin, con el alkar poderoso y el usufructo vitalicio del cónyuge viudo….. además del régimen de comunicación foral…. la masa hereditaria que queda es sustancialmente pequeña. La legítima es de 4/5 pero la cosa llega tan mermada y con la capacidad de desheredar….. Al final, si la palma primero el cónyuge que tiene pasta, la “libertad” desaparece porque es el viudo el que corta el bacalao.

    También es curioso que con el rollo de la comunicación foral, el cónyuge que aportaba bienes privativos, pierde parte de los mismos….. como la mitad no son suyos sino del cónyuge difunto……pierde los 4/5 de la mitad de su patrimonio

    En fin, todo suponiendo que haya algo que repartir. Los pobres no tienen estos dilemas.

    En fin, está todo inventado. Recuerdo el episodio del Quijote en el que el cautivo habla de su vida. Sus primeras palabras son algo muy parecido a lo que dejaron escrito mi abuelo y mi padre:

    «Hijos, para deciros que os quiero bien basta saber y decir que sois mis hijos”

    El pasaje del cautivo es interesante. Reparte entre sus hijos en vida, no hay impuesto sobre sucesiones y los hijos solamente cogen lo que necesitan y le devuelven parte al padre.

    Yo pienso que el concepto de “hacienda”, en caso de haberla, tiene una vertiente familiar. Sinceramente, es una mierda no tener un duro y nadie quiere eso para sus hijos. Y lo normal es que los hijos no quieran aprovecharse de los padres.

    El estado moderno lo que quiere es la precariedad del ciudadano. Mi pregunta sería la siguiente: si yo considero que mis padres no me deben nada y que yo no debo nada a mis hijos, ¿por qué demonios se me estaría ocurriendo dejar nada a un tercero? ?A un yerno o una nuera quizás? ¿Para qué quiero la libertad? Como mucho pensaría en obras de caridad. Quizás una fundación….. ¿jhay derecho quizás? ¿Estáis barriendo para casa (sorna)? ¿Una ONG? ¿La asociación de de gays y lesbianas y transexuales?

    Yo creo que el código civil tal como está defiende la familia. Creo que debates como éste y debates como el de los vientres de alquiler en el fondo lo que pretenden es abrir el melón. Una vez se abra, en aras de la “libertad”, la solución va a ser mucho peor.

    Hay otra cosa determinante. Como diría mi abuelo, las personas mayores no están en plenitud de facultades: tienen una voluntad débil. No le faltaba razón. El notario solamente echará para atrás casos flagrantes, pero conozco casos realmente sorprendentes. Recuerdo a una persona mayor que saludaba igual de efusiva al butanero que a sus familiares. Evidentemente la persona que la consiguió llevar a hacer el testamento se llevó el gato al agua. Por lo menos el gato se lo llevó el familiar y no el estado o el enfermero que le atiende.

  16. Coheteazul
    Coheteazul Dice:

    Conozco algunos casos en Navarra duros e injustos. Asi que creo que hay que tener mucho cuidado. Un caso: hija con transtorno de la personalidad narcisista que se hace con la voluntad de la madre paulatinamente, mientras el resto de sus hermanos no quiere denunciarla para no hacer sufrir aun mas a la anciana. El resultado, cambio de testamento a última hora y la fortuna que el padre había dejado en su integridad a la madre pasa en su integridad a la hija. Los demas, nada. Ni un recuerdo. Todo destruido

  17. Ignacio Gomá Lanzón
    Ignacio Gomá Lanzón Dice:

    Me gustaría apoyar el sentido del post citando un par de cosas escritas en el blog por mí -pidiendo perdón por la autocita, que solo quiere reforzar la tesis:

    – Por un lado un post sobre el testamento de Cela y la legítima, en la que incido en la idea de que la familia para cuya protección fue creada la legítima ya no existe en iguales términos sociales y económicos. Concretamente que la familia amplia que trabaja en común una explotación agrícola, y que vive junta o en las proximidades, con una expectativa de vida relativamente corta y en la que los hijos cifran su futuro en la herencia, ha dado paso a una familia compuesta por los padres y quizá dos hijos (sin mencionar las innumerables variantes hoy posibles), en la que, la llamada conyugalización de las costumbres jurídicas hace que, por lo general, prime en las relaciones familiares las relaciones afectivas entre cónyuges y no, como antes, las institucionales; y los hijos no cifran ya en la herencia el punto de inflexión de su libertad social e independencia económica, que estará normalmente en su formación, que los padres financiarán, y posterior obtención de un trabajo remunerado
    http://hayderecho.com/2012/09/04/testamentos-y-legitimas-a-proposito-de-la-herencia-de-cela/

    – Por otro, un post en el que me planteo si existe la discriminación legislativa y en la que voy más allá de la pereza de que habla Victorio: es curioso que en la Comunidades Autónomas el Derecho se reforme (incluso reformando bien) el Derecho civil y en el común no: ¿no será que en la agenda legislativa se introducen temas que dan tono a quienes las promulgan independientemente de su interés intrínseco? Y como en las autonomías exaltar todo “lo propio” vende, se reforma; y, en cambio, en Derecho común, como no vende, pues no.
    http://hayderecho.com/2015/03/10/existe-la-discriminacion-legislativa/

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