Peligro para los Fiscales “de base”. El Gobierno avisa.

La entrevista del Ministro de Justicia en la radio y su espléndida descripción de las categorías de los fiscales (fiscales “de base” y Fiscales Jefes del Tribunal Supremo), evidencia la imposibilidad en España de modernizar nuestro proceso penal.   No hay nadie más partidario que yo de un cambio procesal pero esa idea militar de la Fiscalía según la cual las razones son mas sólidas si vienen de la jerarquía nombrada por el Gobierno destruye cualquier esperanza.   No solo eso: el Ministro reclamó ayer “actuaciones dentro de la Fiscalía” por el hecho de que las fiscales rehusaran firmar un escrito dirigido al Juzgado solicitando el archivo de las actuaciones, cuando la orden que recibieron del Fiscal General del Estado era precisamente la de “abstenerse” de actuar en el caso del aforado.  Abstenerse, que es lo que hicieron.   Pero el Ministro en lugar de guardar un respetuoso silencio frente a la orden que dos compañeras han recibido de no actuar -y que acataron- pide en la radio actuaciones contra ellas por la Fiscalía porque se limitaron a no actuar, en lugar de actuar en favor -desbordando la orden recibida- de aquel a quien investigaban y creían responsable de ciertos delitos.   Se trata al fin de dos fiscales “de base”, como  2200 mas que poblamos el escalafón.  Si, cierto que una de ellas lleva más de 30 años en el oficio con una brillantísima carrera, con más de 20 años trabajando en delitos de corrupción y de delincuencia organizada y super especialista en cooperación penal internacional, que ha hecho de la rectitud profesional -como tantos otros compañeros- una norma de vida, pero es solo para el Ministro una fiscal “de base”.

Este oficio de fiscal en principio es sencillo: se trata de estudiar un caso, buscar pruebas y si se encuentran acusar con imparcialidad a aquel que las pruebas señalen sea este quien sea.   Hay que saber mucho derecho penal y procesal y es muy importante tener la actitud de llegar al fondo de los asuntos, pero conceptualmente se trata de eso.   Cuando hay políticos por en medio (bigshots, que decíamos en el Tribunal Penal Internacional) las cosas se complican.  Porque en ese caso hay varios factores más en la ecuación: ¿como se va a acusar a un político con un cargo importante por un delito pequeño, dicen algunos?  Oiga, que la ley es igual para todos… Pues mire usted, te dicen, en esos casos hay otros aspectos: un alto cargo, un Presidente de Comunidad Autónoma, un Ministro, ¿como va a tener que dejar su cargo por una bobada, delictiva, pero bobada?  Bueno, son razones que los fiscales “de base” normalmente no entendemos, pero la Fiscalía como institución a veces nos ayuda.

La jerarquía tiene en principio razón en sus valoraciones por ser jerarquía (como dice simpáticamente el Sr. Ministro) y es cierto que con mucha frecuencia hay razones en derecho para explicar que hay “zonas grises”, que el derecho administrativo es suficiente para solucionar ciertos problemas, que las pruebas se obtuvieron de manera dudosa o que no hay proporcionalidad en la investigación en delitos de fronteras poco claras, y otras cosas semejantes.   Se puede sostener lo contrario, pero también se pueden sostener sin duda esas razones que se aducen desde la jerarquía, razones que se imponen porque el derecho no es una ciencia exacta y no son arbitrarias o ilegales.   Pero algunos fiscales de base, y más siendo fiscales anticorrupción con delitos socialmente muy dañinos, tendemos a dejar que las interpretaciones más discutibles y extremadamente benévolas de la ley las acuerden los Tribunales, yendo muchas veces en la misma línea que los Jueces de Instrucción, porque sucede que en ocasiones un exceso de prudencia deja impunes conductas al final claramente delictivas, y porque la sociedad tiene derecho a que el Fiscal persiga al corrupto, al estafador social, por importante que sea,  hasta el final. Pero, claro, eso son cosas de los fiscales “de base”, aunque curiosamente en el Tribunal Penal Internacional (donde compartí espacio con algunos de los mejores fiscales del mundo) era la pauta normal a seguir por todos los fiscales.

La cuestión entonces es cómo se elige la jerarquía: ¿Son los más preparados, los más brillantes, los mejores entre el colectivo de fiscales “de base”?    Pues no.   Se eligen por razones complejas en las que el amiguismo, la afinidad ideológica, política  o asociativa son con frecuencia claves, y en todo caso, la última palabra la tiene casi siempre el Gobierno.   Pocas veces -aunque si en alguna ocasión- en puestos claves aparecen personas sin esas vinculaciones.  Los méritos no se bareman ni se motivan los nombramientos.   Además, al FGE (cabeza de la jerarquía) lo elige el Gobierno.  Así que la opinión jurídica de la máxima jerarquía de la Carrera Fiscal, que elige el Gobierno,  prevalece.

Ahora, cuando una investigación del Juez ha puesto de manifiesto una enorme red de corrupción municipal que afecta al partido del Gobierno, el Ministro de Justicia reclama acciones contra las fiscales que han estado junto al Juez en la misma.   Y el Portavoz parlamentario del partido del Gobierno ha dicho que “algunos fiscales se inventan delitos que no existen” y se ha quedado tan tranquilo.   Y aunque las asociaciones de fiscales han reaccionado con rapidez, me preocupa un poco que la Fiscalía General no haya dicho aún nada, cuando se ve que el Gobierno se ha activado contra los fiscales que investigan hechos realizados por personas de su partido.    El resultado de este episodio, y de otros también, creo que es claro: lo que el Ministro ha dicho de las fiscales no podría hacerlo con los jueces.   Lo que el Ministro cree que puede hacer con la Fiscalía no podría hacerlo con los jueces.  Y que lo que hace unos años se miraba en la profesión como extravagancia clandestina y nada corriente -la orden particular de actuar o no actuar- hoy se ha normalizado.  Y mientras eso sea así, para desgracia de los justiciables a los que se priva de un mejor y más moderno proceso, creo que el Fiscal no puede asumir la nvestigación de los delitos.

No quiero ni imaginar que la orden de no continuar una investigación la hubiera de soportar un fiscal “de base” a cargo de la investigación de un asunto como ahora lo está el Juez, y que esa orden viniera de un Fiscal General elegido por el Gobierno con el Ministro de Justicia jaleando la orden en la televisión.   Sin garantías, sin posibilidad real de resistir, sin recursos, sin defensa profesional frente a la “autoridad de la jerarquía” y con el Ministro pidiendo la cabeza de quien no acate sin reservas.  No me convence.  O cambian algunas cosas, o no me convence nada.

Y queda por ahí colgando el tema de cómo se enteró el aforado al día siguiente por la mañana de los detalles internos de la actuación de la Fiscalía.  El Ministro no le dio importancia, pero la tiene y mucha.

 

7 comentarios
  1. Dan Evans
    Dan Evans Dice:

    Muy buen post y, para mí, impresentables declaraciones del Ministro que se descalifica para ejercer el cargo. Saludos

  2. Irene
    Irene Dice:

    Con la Iglesia hemos topado.

    Lo siento muchísimo, pero esto que sucede es algo lógico. Los fiscales no son independientes….. dependen del Estado…… y el Estado no va contra nadie del propio Estado sin que lo consienta el Estado….

    Ahora comprenderán, con horror, dónde se han metido y por qué la ciudadanía desconfía de ustedes.

    Creo que hay que desprenderse de las cadenas terrenales y actuar en un plano más espiritual….. y jugarse el bigote……

    Bienaventurados aquéllos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos.

  3. G.P.
    G.P. Dice:

    La enfermedad de nuestra sociedad es la política PROFESIONAL. No podemos seguir poniendo la “cosa de todos” en manos de unos pocos que viven de ello, porque se convierte en la “cosa de pocos”. Es tan elemental, que ya se dieron cuenta hace 2500 años…

    Hay que buscar mecanismos para que las decisiones que nos afectan a TODOS, las tomemos por mayoría TODOS, y no unos pocos.

    Vamos a hacer un experimento: vaciamos el Senado de vividores y lo llenamos con 500, 600, o mil ciudadanos elegidos al azar. Cada ley que salga del Congreso debe ser aprobada por el nuevo “Senado” para que pase al BOE. Todo (cargos incluidos) debe ser aprobado por este “Senado” y, así mismo, todos los cargos pueden ser destituidos.

    Y a ver que pasa…

    Puede ser un buen comienzo.

  4. Isidro
    Isidro Dice:

    Excelente y valiente post Salvador. La cuestión es que eso sólo lo pueden cambiar los fiscales. En los jueces, la PCIJ ha denunciado en la ONU la falta de imparcialidad y la dicrecionalidad en los nombramientos del CGPJ lo que redunda en los nombramientos de la cúpula judicial. Se quiere intentar amendrentar a su portavoz y todas las asociaciones, decanos y casi la judicatura al completo a alzado la voz contra el CGPJ. O dejan de intentan amedrentar y querer meter mano y cambian de una vez los nombramientos o se están cavando su propia tumba. Ya les tumbaron en el TS una vez y con la sentencia Nunes de Carvalho del TEDH se puede hacer explosionar todo el sistema de nombramientos del CGPJ por el Parlamento. Se nota que no se nombra a los más preparados…

  5. mariscal
    mariscal Dice:

    Lo cierto es que el artículo 124 de la Constitución permitiría una configuración bien distinta del órgano, que está a disposición del legislador, si no fuera por la “falla” que su apartado 4 (el que atribuye la propuesta de nombramiento del Fiscal General del Estado al Gobierno) introduce en su actuación conforme a los principios de “legalidad e imparcialidad”.
    Seguramente es uno de los aspectos que podrían repensarse en esa reforma constitucional eternamente aplazada.

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