Neoinquisición

Muy difícil me resulta escribir estas líneas porque tratan sobre un magistrado como Manuel Ruiz de Lara, compañero de lucha por la despolitización de la Justicia, al que admiro y respeto de corazón. ¿Cómo digerir la noticia aparecida hoy en el diario “Público” según la cual el “Promotor de la Acción Disciplinaria” lo lleva meses investigando? Lo más difícil es analizar con calma el asunto, con la objetividad y prudencia que exige mi condición de juez. Y es que Manu no sólo es amigo, sino portavoz de la Plataforma por la Independencia Judicial, de la que soy Secretario General. Mayor motivo, en cualquier caso, para anteponer la razón a la emoción.

Para quienes no lo sepan, el llamado Promotor de la Acción Disciplinaria es la autoridad máxima a la que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) encarga la depuración de la responsabilidad interna de nuestros jueces. Por tanto, la situación es muy grave, ya que se le está imputando a Ruiz de Lara alguna clase de conducta ilícita de la que se derivarían consecuencias teóricamente muy lesivas para su vida profesional: la lectura del catálogo de sanciones produce escalofríos. Por lo menos a mí, que no tengo otro oficio ni beneficio que el de juez. Sin ir más lejos, una suspensión de empleo y sueldo sería mi ruina financiera. Cuando veas las barbas de tu vecino…

Pero, no quiero extraviarme en consideraciones personales. La clave es si Ruiz de Lara es culpable o inocente. Lo demás huelga. De ahí que lo primero sea, va de suyo, conocer los cargos. Ahora bien, no es tarea fácil. Y es que diríase que las actuaciones se hayan desarrollado inquisitorialmente, ya que antes de la apertura de las diligencias informativas se llevaron a cabo actos de investigación que no se le comunicaron al interesado, por lo que ha sido privado de la oportunidad de defenderse. Un escenario kafkiano. Imaginémoslo: el señor promotor indagando en la vida de un juez que nada sabe de lo que se cuece a sus espaldas. Por otro lado, fijémonos en un detalle legal que no debiera pasarse por alto: las diligencias informativas no son todavía “expediente disciplinario”. Se reducen a unos trámites preparatorios, en teoría, concebidos para ahorrar al sospechoso el mal trago de ser formalmente implicado en un procedimiento sancionador. Lo malo es cuando esas “diligencias” se prolongan indefinidamente y permiten recopilar elementos potencialmente incriminatorios. A todas luces, una desviación teratológica del espíritu de la norma. Tanto es así que se corre el riesgo de que sirvan para fabricar unilateralmente una futura condena (framing).

Sentado lo anterior, según parece, se le atribuye al Portavoz de la Plataforma haber desempeñado actividades incompatibles con su condición de juez. Serían los actos públicos de una asociación de debates universitarios denominada “Consejo General del Debate Judicial”, la cual nació en el seno de la Plataforma, pero que en la actualidad goza de completa independencia, jurídica, financiera y decisional.

Si era eso, respiro tranquilo. Sería una imputación fantasmagórica, exenta de cualquier fundamento objetivo. Y es que los estudiantes que organizan los torneos de oratoria se bastan y sobran por sí mismos. Ellos han montado una estructura jurídica en la que los miembros de la Plataforma, ya sea a título particular u oficial, no mandamos nada. Otra cosa, claro está, es que intentemos, siempre que nuestra agenda nos lo consienta, asistir a sus impresionantes duelos dialécticos, exhibición de asombrosa brillantez intelectual. Dicho sea de paso, otros magistrados ajenos a la Plataforma (incluso del Tribunal Supremo) han participado como jurados en sus competiciones. Que yo sepa, no han sido investigados.

Entonces, ¿cuál es el motivo de este espectáculo? Manuel Ruiz de Lara es uno de nuestros jueces más conocidos: además de su labor en la Plataforma, es co-portavoz de la Asamblea General de Jueces, uno de los candidatos más votados en las Elecciones Alternativas, autor de varias publicaciones y, por si fuera poco, ha planteado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea cuestiones prejudiciales en defensa de los consumidores, circunstancia ésta que ha lanzado su nombre a la fama dentro del mundo forense. Y es un hombre incómodo, ya que no ha dejado de denunciar la politización de nuestra Justicia. Quién sabe, tal vez se haya señalado demasiado y movido a algunos a equívocos. No sé. No quiero pensar lo peor. Supongo que todo se trata de un engorroso malentendido que acabará en nada. Así lo creo y en ello confío. En cualquier caso, no me cabe la menor duda de su inocencia. Son palabras que pronuncio haciendo abstracción de mis simpatías, como observador externo, no como amigo.

Dicho lo anterior, siempre he defendido la “tolerancia cero” para con los jueces incumplidores. Caiga quien caiga. Pero, por favor, seamos realistas. El Promotor de la Acción Disciplinaria ha sido nombrado por el CGPJ, órgano cuya composición, a su vez, depende de la voluntad de los grupos políticos. ¿Qué imagen es la que ofrecemos a la opinión pública, nacional e internacional? Como la Plataforma se ha cansado de repetir, urge cortar ese cordón umbilical entre Justicia y Política que tanto nos está dañando. No es una manía nuestra, varias instancias internacionales, por ejemplo en el ámbito del Consejo de Europa, se han pronunciado en ese sentido. Hasta que llegue ese día, los órganos disciplinarios de nuestro Poder Judicial carecerán de la suficiente credibilidad, manchados, tal como están, por la polución originaria de su alumbramiento político. España merece otra cosa.

Y antes de terminar, otra reflexión no menos preocupante: ¿cómo se investiga en nuestro país? Afortunadamente, de manera contradictoria, reconociéndole a los implicados su derecho a la defensa. De ahí que estén erradicadas las pesquisas unilaterales, secretas (o “reservadas” si somos adictos a los eufemismos). En otros pagos no es así. No ya en el ámbito gubernativo, sino en el mismísimo procedimiento penal donde las indagaciones no se judicializan sino hasta que se prepara la acusación. No es de extrañar, por ejemplo, que en Estados Unidos más del noventa por ciento de los casos se resuelvan mediantes conformidades (plea bargain) en comisaría. ¡Menuda forma de limpiar el atasco judicial! Debemos estar muy orgullosos de nuestro sistema que judicializa, no sólo la litis, sino la propia investigación criminal. Empero, una clase política acosada por los magistrados investigadores clama desesperadamente por importar experiencias foráneas, tan extrañas cuanto peligrosas para nuestro modelo procesal.

Manuel Ruiz de Lara, pese a ser un magistrado ejemplar, está valiendo como conejillo de indias para demostrar cuán nefasto sería que nuestro proceso penal se contaminara de vicios provenientes de los procedimientos administrativos sancionadores. Pero en tan osados experimentos afanan nuestros políticos-togados. La jurisdicción de menores, con sus “diligencias preliminares”, es la cabeza de playa de esta invasión. Discúlpeme, lector, por la autocita, pero no me resisto a reproducir unas líneas que publiqué hace unos años en un libro donde avisaba de lo que se nos viene encima. Ojalá me equivoque.

“El artículo 16 (de la Ley Reguladora de las Responsabilidad Penal de los Menores) prevé una llamadas “diligencias preliminares”, esto es, indagaciones sin valor procesal que no requieren de la inmediata intervención judicial. En teoría, su función es “evitar que el menor tenga que sufrir los inconvenientes de la incoación de un expediente” (GARCÍA COSTÁN, 2007, 28). El riesgo, como la misma autora reconoce, es que el sospechoso sea sometido a una investigación “sin ser informado al respecto” (2007, 30).

Sara Díaz Riaza es mucho más clara:

“Por lo expuesto se concluye que las diligencias preliminares no pueden convertirse, como de hecho está ocurriendo muchas ocasiones, en una suerte de instrucción disimulada, sin las suficientes garantías para el menor y su defensa” (…).”Toda la investigación se lleva a cabo durante las mismas y la incoación del expediente únicamente implica dar publicidad a una investigación que en la práctica estaba terminada”.

Bibliografía

GARCÍA COSTÁN CALVÍN, Gemma (2007). El proceso de menores. Funciones del Ministerio Fiscal y del Juez en la instrucción, el periodo de intermedio y las medidas cautelares. Editorial Thomson-Aranzadi.

DIAZ RIAZA, Sara (2004). Cuestiones relevantes en la aplicación de la ley orgánica 5/2000 de responsabilidad de los menores. Editorial Comillas.

VILLEGAS FERNÁNDEZ, JESÚS MANUEL (2012). Fiscal investigador contra Juez Instructor. La lógica de la investigación criminal. Editorial Marcial Pons.

10 comentarios
  1. Irene
    Irene Dice:

    Señor Villegas.

    Me sonaba el tal Sr. Ruiz de Lara….. pero creo que ahora ya estoy seguro de quién es. Es un hereje. Es el que siempre “falla” en contra de la banca…. Id tomando nota de dónde vienen los tiros y tengan cuidado por si alguien no le pega la puñalada por la espalda.

    No se preocupe, eso es que van por la buena línea.

    https://www.facebook.com/AsociacionDRY/videos/1254274361315838/

    http://procesoalabanca.es/

    http://tv.libertaddigital.com/videos/2017-02-24/un-nuevo-dreyfus-jamal-zougam-chivo-expiatorio-del-11-m-6059965.html

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  2. Fernando Gomá Lanzón
    Fernando Gomá Lanzón Dice:

    Soy, como Jesús Villegas, uno de los 28 socios fundadores de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial. El CGPJ no puede recabar ningún tipo de información de la asociación, porque es privada, y NO es una asociación judicial, es una asociación en la que participan jueces y no jueces, como yo y otros profesionales,

    Los informes los hace quien le parece a la Plataforma y el CGPJ no es quién para indagar en esta cuestión, y si insiste en esta línea está bordeando peligrosamente una actividad ilíicta. Aquí el problema es que desde la Plataforma se está poniendo de relieve la actuación impresentable del CGPJ y no están acostumbrados por lo que parece a ningún tipo de fiscalización, de modo que con oscurantismo y con evidente falta de dignidad para saber en qué puesto estás, y cuáles son tus obligaciones, presionan de manera inaceptable al juez Manuel Ruiz de Lara. Pues de eso nada. Los informes son de la Plataforma, el juez tiene todo nuestro apoyo, y que los del CGPJ se vayan acostumbrando a ser controlados y criticados, porque no vamos a parar. Una de las pruebas de que vamos en el buen camino es esta reacción histérica del CGPJ.

    Mucho ánimo Manuel, y gracias Jesús.

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  3. Irene
    Irene Dice:

    Por cierto que me comentan que le han “desterrado”, perdón, trasladado del mercantil de Barcelona a una ciudad del sur. ¿Cádiz tal vez?

    Por cierto, ¡qué pocos comentarios tiene esta noticia!

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  4. Colapso2015
    Colapso2015 Dice:

    No parece lo más adecuado citar a la Inquisición (órgano autónomo del Estado), cuando los procedimientos eran bastante peores con la justicia Real (el Estado).

    “…que no tengo otro oficio ni beneficio que el de juez. Sin ir más lejos, una suspensión de empleo y sueldo sería mi ruina financiera. Cuando veas las barbas de tu vecino…”

    Curiosamente, en el artículo anterior citaba lo relativo a -la lealtad- que debe estar presente en toda sociedad. Concretamente comparaba el caso de EE.UU. (~democracia, gobierno representativo) con el Español (Estado de Partidos).

    En EE.UU. Por algunos lares existe lo que serían elecciones a juez. Bien sea a través de elección por campaña (partidaria o no), o por mérito mixto (ante comité del pueblo, incluyendo jueces, abogados y “constituents” varios). Donde los ciudadanos reciben información del futuro Juez por email, correo postal, los “panphlets”. En él se incluye FOTOGRAFÍA, biografía, evaluaciones, etc. Y esa chusma ignorante, ese pueblo de demagogia vota y sale un juez LEAL a la sociedad. O más le vale, pues al año “retention elections”.

    Pues bien, este Juez leal electo está protegido por :
    Artículo 3, Sección I:
    “El Poder Judicial de los Estados Unidos residirá en una Corte Suprema y en los Tribunales
    menores que el Congreso cree y establezca periódicamente. Los Jueces, ya sea de la Corte
    Suprema o de los Tribunales menores, conservarán sus Cargos mientras observen buena
    Conducta; y, en determinadas Fechas, recibirán una Remuneración por sus Servicios, la cual no
    será rebajada mientras ellos Continúen en sus Cargos.”

    El “impeachment” sería aquello que para retirar a los de no “buena conducta”.

    ¿Cuantos de los jueces? En general los “officers”, serían considerados de “buena conducta” hoy.
    Con “constituents” y revocación, la administración sería otra cosa,…

    Casos como el despido de aquellos (funcionarios) están contra la corrupción (manifiesta en su conducta) provocaría la inmediata -destrucción- (con todas las letras) y proceso penal a todo el aparato jerárquico superior (desleal con la sociedad) responsable de ello.

    Esto no es una democracia, es bastante obvio. Y hay lo que hay, el “status”, la corporación Estado.

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    • Irene
      Irene Dice:

      Es aquello que Herrando dijo:

      “¿Cómo vamos a pagar entonces la hipoteca?”

      Pero esto no es algo único que les sucede a los jueces. Es algo propio de una sociedad en la que, lógicamente, las personas se especializan en diversos sectores.

      Cuando te falla el pie de apoyo te das cuenta de lo prescindible que es cada uno.

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  5. Inés
    Inés Dice:

    El CGPJ ha sacado una nota explicativa que demuestra, una vez más, que antes de criticar y rasgarse las vestiduras hay que conocer los hechos. Sobre todo los jueces

    Responder
  6. Manu Oquendo
    Manu Oquendo Dice:

    El titulo del artículo, Neoinquisición da pie para ver que la cuasi milenaria institución está perfectamente viva y coleando de la mano de las Autoridades, municipales en este caso. Hay que ver lo que pueden algunos lobbies y algunas órdenes.

    La libertad de opinión, de expresión y de pensamiento están siendo perseguidas –en toda la UE– y la profesión togada está, esencialmente, silenciosa. Ya le habría gustado a Franco tanta cooperación.

    http://pajobvios.blogspot.com.es/2017/03/diario-marzo-2017.html

    Saludos

    Responder
    • misael
      misael Dice:

      La libertad de opinión, de expresión y de pensamiento están siendo perseguidas –en toda la UE– y la profesión togada está, esencialmente, silenciosa. Ya le habría gustado a Franco tanta cooperación.

      Vd. como siempre tan acertado. Chapeau !

      Responder

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