¿ La tributación de las ganancias patrimoniales en el IRPF es inconstitucional?

La reciente sentencia del TC de 16 de febrero de 2017 (comentada aquí) ha declarado inconstitucional el Impuesto de Plusvalía Municipal (IIVTNU) cuando no existe incremento real del valor del inmueble. Creo que debería servir para abrir el debate sobre la tributación de las ganancias patrimoniales en el Impuesto sobre la Renta.

En el IRPF pagamos por los rendimientos de nuestro trabajo, bienes o actividades económicas, pero también por la ganancia obtenida cuando vendemos cualquier bien por encima de su valor de adquisición. Esto es lógico, pero el problema del sistema actual es que no tiene en cuenta la depreciación monetaria, es decir que no permite la actualización del valor de adquisición del bien -al margen del complejo y limitado régimen de abatimiento para bienes adquiridos antes del año 1994-.

Por ejemplo, si usted compró una vivienda en el año 1995 por 100.000 euros (incluyendo gastos) y hoy la vende por 150.000 tendrá que pagar unos 10.000 euros por su ganancia, cuando en términos reales ha perdido 21.300 euros (teniendo en cuenta la variación del IPC en esos años utilizando esta aplicación del INE). Si la compró en el año 1965 por 15.000 euros y la vende hoy por 400.000 –y no puede aplicar el abatimiento porque el año pasado vendió otra parecida- pagará unos 80.000 euros de impuestos cuando su ganancia real es de cerca de 5.000.

Esto es ilógico, injusto y contrario al art. 31 de nuestra constitución que dice: Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.” El TC ha declarado reiteradamente (entre otras, STC 2/1981) que los principios de este artículo, y en particular el de capacidad económica, no se imponen sólo a los ciudadanos sino también al legislador, y operan por tanto, «como un límite al poder legislativo en materia tributaria» (STC 221/1992, de 11 de diciembre, FJ 4).

La citada Sentencia de 2017 concreta como ha de aplicarse este principio. En primer lugar rechaza que “solo pueda predicarse del sistema tributario en su conjunto y no de cada impuesto en particular”.  Además, señala que ha de respetarse en su aplicación a cada contribuyente, no bastando con que se aplique al tributo en su conjunto. Por otra parte, aunque reconoce al legislador un amplio margen en cuanto a la forma de determinación y cálculo del tributo, advierte que “no le autoriza a gravar riquezas meramente virtuales o ficticias y, en consecuencia, inexpresivas de capacidad económica» (cita el ATC 71/2008, de 26 de febrero, FJ 5).” Esta referencia a que la capacidad económica gravada ha de ser real implica que el legislador en ningún caso puede ampararse en el incremento “nominal” del valor, si este no responde a uno efectivo. En consecuencia, igual que no se puede exigir la plusvalía municipal con base en unos coeficientes objetivos si no existe ese incremento real, no podrá exigirse el Impuesto sobre la Renta sobre una ganancia patrimonial nominal y no real.

Si se ha de gravar una capacidad económica real es evidente que se ha tener en cuenta la depreciación monetaria cuando se calcula una ganancia patrimonial. Esto ha sido reconocido expresamente por el TC: “este Tribunal ha señalado, a propósito del Impuesto sobre la Renta, que responde a la naturaleza de dicho impuesto -que ha de contemplar incrementos reales no monetarios- su adecuación a la situación inflacionista (STC 27/1981, FJ 6, citada por la 221/1992.).” Añade la STC que el legislador puede utilizar diversos métodos pero no “desconocerlo por completo siempre que la erosión inflacionaria sea de tal grado que haga inexistente o ficticia la capacidad económica gravada por el tributo”.

 La STC de 2017 también rechaza que el carácter excepcional de los supuestos de disminución del valor ponga a salvo de la inconstitucionalidad una norma de este tipo. En relación con la plusvalía municipal dice que “la crisis económica ha convertido lo que podía ser un efecto aislado –la inexistencia de incrementos o la generación de decrementos- en un efecto no infrecuente”. En el caso de las ganancias patrimoniales en general ni siquiera es necesario acudir al momento de crisis pues todos sabemos que a lo largo de un largo periodo de tiempo acciones, fincas rústicas, urbanas, obras de arte y otros bienes tienen evoluciones en el valor muy distintas y muy a menudo a la baja en términos reales. Por tanto, no estamos en absoluto ante un efecto excepcional.

En conclusión, es evidente que si no existe incremento real no puede existir tributación y que para determinar ese incremento es necesario tener en cuenta la depreciación monetaria. De otra manera se estaría “haciendo tributar por una riqueza inexistente, en abierta contradicción con el principio de capacidad económica del citado art. 31.1 CE.” (STC febrero 2017). El problema se desplaza a determinar si la falta de incremento real se puede acreditar simplemente a través de la actualización con arreglo al IPC. El TC parece dar libertad al legislador para utilizar este u otros criterios, pero si no ha fijado otro creo que el Estado ha de aceptar el que él elabora y utiliza para todo tipo de actualizaciones y políticas, y de lege ferenda no parece lógico acudir a otro.

Resuelto lo anterior se plantea si también es incorrecto gravar la ganancia cuando existe un aumento de valor real que es muy inferior al nominal (el segundo de los ejemplos que puse). En principio parece que cabría aplicar el mismo criterio, pues el TC dice que los impuestos solo pueden imponerse “cuando existe capacidad económica y en la medida -en función- de la capacidad económica» (STC 194/2000 FJ 6). Sin embargo, la STC de 2017 parece entender que existiendo incremento, aunque sea pequeño, se puede aplicar el impuesto de Plusvalía Municipal porque si bien la capacidad económica ha de predicarse en todo impuesto “la concreta exigencia de que la carga tributaria se “module” en la medida de dicha capacidad sólo resulta predicable del “sistema tributario” en su conjunto”. Lo que sucede es que esa doctrina la extrae el TC de un Auto (ATC 71/2008) que se refería a un impuesto sobre el juego, y que señalaba que los fines específicos de ese impuesto justificaba una aplicación no estricta de la proporcionalidad. Es dudoso que eso se aplique a un impuesto como IIVTNU, y en ningún caso procede en relación al IRPF, en el que la capacidad económica tiene que tener una correlación directa con la imposición. Así lo reconoce el Auto citado: “sólo cabe exigir que la carga tributaria de cada contribuyente varíe en función de la intensidad en la realización del hecho imponible en aquellos tributos que por su naturaleza y caracteres resulten determinantes en la concreción del deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos que establece el art. 31.1 CE. Este es … el caso del impuesto sobre la renta de las personas físicas, que por su carácter general y personal, y figura central de la imposición directa, constituye una de las piezas básicas de nuestro sistema tributario. Se trata, indudablemente —hemos señalado—, de un tributo en el que el principio de capacidad económica y su correlato, el de igualdad y progresividad tributarias, encuentran una más cabal proyección, de manera que es, tal vez, el instrumento más idóneo para alcanzar los objetivos de redistribución de la renta.

Podemos concluir que regulación actual no es sólo contraria al art. 31 sino también al principio de igualdad y a la justicia. Se debe aprovechar la necesaria reforma del IIVTNU para reformar el IRPF y permitir la actualización de valores. Por supuesto el equilibrio presupuestario no puede ser una excusa para no hacerlo, pues existen alternativas ( subir los tipos, reducir el gasto) para conseguir ese objetivo sin infringir la constitución.

 

16 comentarios
  1. Manu Oquendo
    Manu Oquendo Dice:

    Otro gran artículo del autor sobre un aspecto específico de un sistema fiscal que hace tiempo dejó de ser justo y natural para convertirse en herramienta extractiva del poder.

    No se si la figura concreta que plantea el artículo es constitucional. Pero creo que no. Entre otras cosas, porque este argumento ya fue utilizado en el pasado para corregir monetariamente los costes de adquisición de un bien. Si no recuerdo mal lo hizo discretamente Aznar y lo deshizo Rajoy el gran adalid de la Socialdemocracia Agónica. Ahora la cuestión ya no es de constitucionalidad, es de moralidad.

    Pero es que desde entonces los registros de Inflación oficiales son una ficción en todo Occidente al igual que son manipulados los datos de paro, empleo y desempleo. Tanto lo están que hasta los sistemas educativos se han expandido en años para que generaciones enteras sigan de estudiantes –con peores resultados que nunca– en vez de apilarse a las colas del paro.

    La fiscalidad total y sus numerosas vías debería ser estudiada por órganos ciudadanos sin vínculos –ni pleitesías– con el poder. Es algo que debe ser abordado más en su conjunto que en detalles aislados como si estos fueran anecdóticos. No lo son.

    Ya es sabido que, además de la fiscalidad explícita –legalmente promulgada– hay otras fiscalidades implícitas que son tremendas. Hoy la fiscalidad Explícita es superior al 55% de la renta bruta del contribuyente medio pero es que hay otras fiscalidades sobre ella.

    Un caso: El Coste de la educación Universitaria (ejemplo de USA una universidad Estatal). Esta universidad era gratuita en los 70. En los 80 pasó a costar unos 1,800 dólares y hoy cuesta 47,000 para los de fuera del Estado y unos 36,000 para los chicos de dicho estado. Esto ha alimentado una burbuja de deuda estudiantil monstruosa y creciente. Lo que tus impuestos pagaban has pasado a pagarlo tú o tus hijos con deuda eterna. Una estafa intergeneracional.

    Otro caso: Este en España. El coste de la seguridad privada que se hace necesaria por políticas públicas que llevan al Estado a ser incapaz de proteger a sus ciudadanos. Este coste no es solo el de los cientos de miles de vigilantes privados (tras suprimir a los serenos) sino los seguros y otras cuestiones imprescindibles u obligatorias para protegerte mínimamente.

    Ninguno de estos costes aparece como fiscalidad pero lo son. El Estado prestaba un servicio y a pesar de aumentar su fiscalidad ha tenido que dejar de prestarlo para que lo paguemos nosotros.

    Sumen a esta categoría de fiscalidad oculta o implícita aquellos Consumos que se nos imponen por ley.

    Casos como ITV’s (en negocios ad-hoc y no en tu taller o concesionario) , cambios de bombillas (realmente un truco para acelerar la recaudación del IVA porque las nuevas cuestan entre 15 y 20 veces el precio de las antiguas), asientos infantiles en coches que ya impiden que una familia con dos niños y una abuela use un coche económico para desplazarse, etc, etc.

    De estos costes que el Estado apila sobre una población que se va empobreciendo (repasar Davos 2016) no se puede decir otra cosa salvo que son otra forma de fiscalidad. Podríamos denominarla Fiscalidad con “Turbo-Compresor”. Dejo para otro momento la manipulación fiscal de conceptos económicos básicos, renta, ingreso, gasto, activo, pasivo, coste de reposición, cash-flow, etc

    Son tantas y tantas las cuestiones que es necesidad ciudadana planteárselo en serio y analizarlo a fondo.
    Ningún partido va a hacerlo por nosotros.

    Saludos y felicitar al autor de nuevo. En esto estamos más solos que la una.

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    • Segismundo Alvarez Royo-Villanova
      Segismundo Alvarez Royo-Villanova Dice:

      Muchas gracias. Yo creo que en el aspecto tributario (como en tantos otros) los políticos no actúan teniendo en cuenta el interés público sino el político. Como el principal interés es mantenerse en el poder, es decir ganar las siguientes elecciones, las soluciones son a corto plazo.
      En el ámbito fiscal esto supone que lo único que importa es la recaudación en un plazo máximo de 5 años. Se van retocando las normas para conseguir la máxima recaudación sin tener en cuenta la justicia, la coherencia, la lógica, la justicia ni la eficiencia.
      Como subir el IVA o los tipos del IRPF se ve demasiado se hace a través de impuestos que no se vean (como la plusvalía municipal, aumentos de los valores catastrales) o de normas también invisibles y complejísimas como el actual sistema de ganancias patrimoniales.

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  2. Javier Gómez Taboada
    Javier Gómez Taboada Dice:

    Enhorabuena al autor por este valiente “post” que aboga por abrir el melón de los efectos expansivos de las STCs sobre la “plusvalía municipal”.
    Creo que le ampara toda la razón y la lógica; pero, en España, vivimos malos tiempos para la lírica (léase para el contribuyente, ya hace tiempo degradado a súbdito) y eso nos obliga a no ser demasiado optimistas sobre los derroteros que este asunto, como otros, pueda tomar. Y por si eso no fuera poco, recientes STSs -vgr.: “Falciani”, o las del pasado 6/4 amparando el sistema de valoración de inmuebles aplicando un coeficiente sobre el valor catastral- minan nuestras esperanzas de un horizonte mejor.
    Reitero mi felicitación.

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    • Segismundo Alvarez Royo-Villanova
      Segismundo Alvarez Royo-Villanova Dice:

      Gracias. La verdad es que lo sorprendente es que esas sentencias son de 1981 y a mi juicio clarísimas. Está claro que con lo de acatar las sentencias del Tribunal Constitucional pasa lo de la paja en el ojo ajeno y la viga en el propio.

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  3. Lucas Braquehais Conesa
    Lucas Braquehais Conesa Dice:

    Enhorabuena al autor por el excelente artículo, que pone de manifiesto con toda claridad la necesaria revisión del régimen de las ganancias patrimoniales en el IRPF para su ajuste a los principios tributarios constitucionales.
    A mi modo de ver, también podría aprovecharse dicha reforma para delimitar el hecho imponible, de suerte que quedaran excluidas todas las donaciones, pues no deja de ser una contradicción que el donante, que se empobrece por el acto de liberalidad que realiza, tenga que tributar por unas eventuales “ganancias” patrimoniales fiscales generadas por la donación, que sin embargo son inexistentes desde un punto de vista civil.
    En todo caso, la reforma propuesta por el autor tendrá efectos beneficiosos para todo acto que suponga realización del hecho imponible.

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    • Segismundo Alvarez Royo-Villanova
      Segismundo Alvarez Royo-Villanova Dice:

      Muchas gracias por el comentario.
      No se si estoy de acuerdo con la no tributación en las transmisiones gratuitas, porque en realidad hay una capacidad económica en este caso, lo que pasa es que el titular decide desprenderse de ella gratuitamente. Quizás lo razonable sea una especie de “neutralidad” de la transmisión, es decir que no se pagara por la ganancia en ese momento pero que el valor de adquisición del donatario fuera el del donante (con actualización desde la adquisición primera, como es lógico).

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      • Lucas Braquehais Conesa
        Lucas Braquehais Conesa Dice:

        Muchas gracias. Entiendo que lo ideal sería darle a la donación el mismo trato fiscal que a la sucesión también en cuanto al IRPF, pero si en este ámbito se considera preferible seguir criterios opuestos, la neutralidad propuesta en el comentario parece más acorde a la naturaleza de la donación. En todo caso, es muy valiosa la propuesta general del artículo.

  4. Manu Oquendo
    Manu Oquendo Dice:

    Con respecto a la tributación, en general, mantenemos hoy una cierta actitud servil ante comportamientos del Estado que desafían cualquier criterio serio de justicia, de equidad y de racionalidad. Ayer mismo la UE, en vez de reflexionar seriamente sobre la situación estructural que ella misma ha creado, se saca de la manga otra sandez que pagaremos nosotros: los cuatro meses adicionales de atención a los hijos hasta los 12 años. Ante una situación grave que exige profunda revisión……………panem et circenses pagados por los estupefactos morituri te salutant

    Los dedos se nos hacen huéspedes para “comprender” y justificar auténticos desatinos permitiendo, en definitiva, que se haya instaurado un régimen tan extractivo, abusivo e irracional que ha resultado destructivo para las sociedades que lo practican y toleran. Esta también es la lectura del libro de Acemoglu y Robinson.

    Los estados europeos han pasado de un tamaño inferior al15% en tiempos de Keynes a más del 50% hoy día solo con la fiscalidad Explícita (más con todos los costes reales del Estado actual). ¿Creemos que esto puede seguir y hacerlo sin consecuencias?

    En esta Constitución –como en tantas otras de las instauradas en la Europa Colonial tras la segunda guerra mundial– no existen dos cosas: El Derecho de Propiedad y la Libertad personal. Basta leer bien los artículos 1 y 2.

    Cuando Gorbachov dice que la UE ya se parece muchísimo al Régimen Soviético y con fiscalidad más extractiva será por algo.
    Sin ellas lo que no existen son Ciudadanos Libres.

    El Derecho de Propiedad es hoy para el ciudadano normal un mero subterfugio semántico e ilusorio permitir la expropiación a diferentes ritmos y en diferentes momentos desde diferentes instancias.

    Todo ello sucede en un entorno social donde en esta labor cooperan incontables redes clientelares ante la inacción de una sociedad civil carente de nervio, repleta de hedonismo y en la ruta del empobrecimiento anunciado.

    Lo anterior, es ya conversación cotidiana en la calle. Callan, los de siempre: los partidos políticos y las estructuras clientelares.

    La Fiscalidad ya ha desbordado todos los límites y hay que ponerle coto Constitucional Efectivo y no como hoy. Por mero Regeneracionismo porque de no ser así nos tendremos que comenzar a hacer las preguntas que ya se plantean las cúpulas intelectuales del sistema –las pocas independientes que quedan– ………………………..¿Cuánto va a durar una UE que con el 7% de la población Mundial y un PIB (Consumo y Deuda) del 25% gasta en el Estado más del 50% del gasto público mundial convirtiéndose en el mayor productor mundial de Clases Pasivas?

    ¿Alguien piensa, seriamente, que este delirio es racional y sostenible?

    Saludos

    Responder
    • G.P.
      G.P. Dice:

      “¿Alguien piensa, seriamente, que este delirio es racional y sostenible?”

      Sí, yo. Porque resulta que los países del mundo con mayor tasa impositiva tienen el mayor bienestar del mundo, la mayor renta del mundo y la menor desigualdad. Eso sí, hay que hacerlo bien. Por ejemplo, también tienen el menor índice de corrupción.

      Decía usted, don Manu, que nos mienten con los datos. Pues mire: según nuestro gobierno, hoy España ya tiene el mismo Producto Interior Bruto que hace diez años. Y con 2.5 millones menos de población activa trabajando. ¿Cómo es posible? Pues la Unión Europea aprobará con aplausos nuestro dato de PIB. Con dos… palmadas.

      Como decía aquel gran liberal francés (al que Aguirre tuvo la cara de premiar) que seguro usted conoce: la mentira es el motor que mueve el mundo.

      Así vamos.

      Responder
      • antonio
        antonio Dice:

        El delirio, es no darse cuenta de que es precisamente la comunidad, lo común- bien gestionado, controlado y eficiente- lo que potencia al individuo, a lo privado. Y no sucede al revés. Las primeras amebas unicelulares (exitingidas en su falsa, ineficaz, y amada individualidad) tenían ese mismo problema de percepción . Todo dicho de buen rollo.

      • G.P.
        G.P. Dice:

        No sé qué ha querido decir con lo del “delirio”, Antonio, ni sé qué tienen que ver las amebas en todo esto, pero lo que desde luego sí sé es que las amebas no están extinguidas pese a su supuesta “falsa, ineficaz, y amada individualidad” (!!??).

      • antonio
        antonio Dice:

        El comentario sólo tiene algo de broma, sin más, y no sobre su comentario sino sobre otro anterior. La amebas unicelulares (empresas privadas) son los organismos que se ‘resisten’ a lo común, a ser org. pluricelulares ( empresas públicas). El delirio, otro comentarista lo menciona, es estimar que un ser unicelular es más y mejor que uno pluricelular.Fin de la cita/broma.Saludos

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