Primera eliminación del aforamiento en España

Ayer tuvo lugar un acontecimiento que no dudamos en calificar de trascendental para el futuro del Estado de Derecho en nuestro país, y que quizás no está teniendo toda la repercusión mediática que merece. La Asamblea Regional de Murcia se ha convertido en el primer Parlamento autonómico que ha aprobado reformar su Estatuto de autonomía para eliminar la figura del aforamiento de sus diputados y miembros del Gobierno. Todos los grupos han acordado suprimir el  art. 25.2 y el art. 33.7 del Estatuto, incluido el PP, obligado por Cs a cambio de apoyar la investidura de López Miras el próximo sábado. La reforma tendrá que ser ratificada por las Cortes para entrar definitivamente en vigor.

El blog Hay Derecho fue el primero que planteó públicamente este gravísimo problema de los aforamientos en España. El 23 de abril de 2013, hace apenas cuatro años (aunque parece un siglo) publicamos un post con el título “El aforamiento en España: una singularidad universal. (¿Y por qué?)”. A este inicial siguió toda una serie en la que analizábamos la íntima conexión entre aforamientos, politización del Poder Judicial y corrupción, con resultados desastrosos para la salud institucional de nuestro país (aquí, aquí, aquí, aquí y aquí, entre otros). La preocupación de los miembros del establishment clientelar por blindarse frente a las investigaciones judiciales por corrupción les llevó a defender a capa y espada el privilegio del aforamiento, que en España se extiende hasta límites desconocidos a nivel internacional. Eso exigía, por supuesto, mantener un férreo control del CGPJ con la finalidad de influir en los nombramientos de los magistrados de los tribunales superiores que, llegado el caso, habrían de juzgarles o exonerarles.

Esta circunstancia fue denunciada a nivel político en primer lugar por UPyD, lo que ayudó sin duda a su difusión y consiguiente toma de conciencia a escala nacional. Posteriormente, tras la desaparición de ese partido, Cs tomó el relevo, y ayer se ha apuntado un éxito de primera magnitud al obligar al PP a votar por la supresión de un privilegio extraordinariamente apreciado por esos lares, por razones bastante evidentes.

Aunque subjetivamente pueden parecer muchos, en realidad cuatro años no son nada. Lo que demuestra que el trabajo combinado entre la sociedad civil (representada entre otros muchos por este blog) y ciertos partidos políticos que les interese levantar la bandera de la regeneración institucional (como fue en su momento UPyD y ahora Cs) puede conseguir grandes cosas en un tiempo razonablemente corto.

Obviamente, el camino es largo y penoso y no cabe bajar la guardia. El PP va a contraatacar inmediatamente, intentando eliminar la acusación popular y buscando atribuir la instrucción penal a una fiscalía muy dependiente del Poder Ejecutivo (como se acaba de demostrar con el lamentable caso Maza/Moix), para lo que puede contar con la inestimable ayuda del PSOE en el Congreso. El Ministro de Justicia ya ha anunciado con total franqueza su intención de recorrer ese camino. Si lo consiguen, lo que se ganaría en regeneración con la supresión de los aforamientos se perdería irremisiblemente por ese lado, y con un resultado final todavía peor. No duden ni por un momento que están decididos a conseguirlo. Si no pueden controlar sus casos en la cúspide del sistema judicial, lo intentarán en la base. Hay demasiado en juego.