Los dos retos del arbitrio de Plusvalía: El Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional

Se dice de Antonio Escribano en Internet que es arquitecto y matemático. No es cierto. Solo a un Ingeniero, que además es Economista, se le puede ocurrir poner en duda la fórmula de cálculo con el que la Administración liquida los impuestos.-

Hace ya varios años, tras analizar la fórmula con la que los Ayuntamientos liquidan el arbitrio de Plusvalía, Antonio Escribano advirtió que la fórmula estaba mal construida.

Y esa sorprendente conclusión, fue ratificada por un Juzgado de lo Contencioso de Cuenca en el 2012 y en segunda instancia por el TSJ de Castilla La Mancha. Sin perjuicio de lo anterior, es prudente advertir que hay tribunales en los que no se ha admitido el criterio que nosotros denominamos “formula Escribano”.

En este proceso, la única incertidumbre que queda por resolver, es si el Tribunal Supremo tendrá el “coraje” de seguir adelante, pues de hacerlo, pondría “boca abajo” las ya de por si mermadas, arcas municipales de toda España. El 13 de junio de 2017 es la fecha prevista para la votación y fallo de este excesivamente largo proceso, muy esperado por decenas de miles de pequeños contribuyentes.

¿Qué reto tiene, en realidad, el Tribunal Supremo ante si? El primero, el más obvio, deriva de que no es sencillo para el jurista comprender la idoneidad de una u otra fórmula matemática lo que  está provocando unas resoluciones judiciales, en Tribunales inferiores, que evitan entrar a analizar y resolver la cuestión.

¿Dónde está la clave “legal” de esta controversia?

La norma dice lo siguiente:  << (…) 2.ª El porcentaje a aplicar sobre el valor del terreno en el momento del devengo será el resultante de multiplicar el porcentaje anual aplicable a cada caso concreto por el número de años a lo largo de los cuales se haya puesto de manifiesto el incremento del valor. (…)>>.

Y de ahí, se podría llegar a colegir que la fórmula que utilizan todos los Ayuntamientos se ajusta a la Ley, pues se limita a aplicar este segundo párrafo del artículo 107 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL) de una manera literal… O al menos, una parte de la norma.

Este es el argumento que hasta ahora esgrime la defensa de los Ayuntamientos y que está siendo acogida por algunos Tribunales. No deja de sorprender que los Abogados del Estado se acojan a la literalidad del párrafo segundo del 107, pero ni uno solo, se haya atrevido a discutir o desvirtuar la ya conocida como “fórmula Escribano” (que pueden ver desarrollada con ejemplos en este post anterior).

Esta es la fórmula que utilizan los Ayuntamientos que se corresponde con ese segundo párrafo casi de manera literal:

Base Imponible = Valor Catastral (x) Porcentaje Anual (x) Años de Propiedad

Y digo que los Abogados del Estado solo se fijan en una parte de la norma, porque el Tribunal Supremo no puede ignorar que la norma dice también esto en el primer párrafo:

<<La base imponible de este impuesto está constituida por el incremento del valor de los terrenos, puesto de manifiesto en el momento del devengo y experimentado a lo largo de un período máximo de 20 años. >>

Y es ahí donde radica la controversia, pues la fórmula de los Ayuntamientos, descrita en ese segundo párrafo antes citado, no es compatible con este primer párrafo.

El más elemental sentido común, que no requiere de formación matemática alguna, evidencia que la multiplicación compuesta por estos tres factores [Valor Catastral (x) Porcentaje Anual (x) Años de Propiedad] no pone de manifiesto el “Incremento del Valor de los Terrenos”,  que constituye la esencia del arbitrio de Plusvalía y que está descrita en el párrafo primero del artículo 107.

Por si fuera poco, en febrero de 2017, el Tribunal Constitucional, abre una nueva vía contra la Plusvalía: “Sin beneficio en la transmisión no hay obligación de pagar plusvalía”. Y asevera con una determinación que asusta:

El arbitrio de Plusvalía actualmente constituye una “ficción jurídica” (…) Pues bien, no cabe duda de que los preceptos cuestionados fingen, sin admitir prueba en contrario, que por el solo hecho de haber sido titular de un terreno de naturaleza urbana durante un determinado período temporal (entre uno y veinte años), se revela, en todo caso, un incremento de valor y, por tanto, una capacidad económica susceptible de imposición, impidiendo al ciudadano cumplir con su obligación de contribuir, no de cualquier manera, sino exclusivamente “de acuerdo con su capacidad económica” (art. 31.1 CE)”.

“Admitir lo contrario (…) chocaría, no sólo contra el principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE), sino contra el propio principio de reserva de ley que rige la materia tributaria (arts. 31.3 y 133.1 y 2, ambos de la CE)”.

El Tribunal Constitucional ha dictaminado en esencia lo mismo que lo que ahora debate el Tribunal Supremo: La plusvalía arraiga en el concepto de incremento del valor de los terrenos. Y de la misma forma en que no hay plusvalía cuando en la venta no hay un rendimiento positivo, no hay plusvalía por el mero hecho de multiplicar el valor catastral, por un porcentaje y por el número de años de propiedad del inmueble. Esa fórmula constituye una ficción, una arbitraria manera de evaluar una presunción de incremento de valor de los terrenos, pero jamás una forma de calcular el incremento en si mismo.

La devolución de ingresos indebidos solo procede dentro del periodo de los 4 años siguientes al momento del devengo del impuesto. En consecuencia la demora de estos cinco años hasta la decisión del TS ha permitido a los Ayuntamientos un ahorro que han pagado directamente los contribuyentes. Los cuatro años que pueden reclamarse ahora, se corresponden con los años de la profunda crisis que acabamos de vivir, aquellos en los que menos transacciones inmobiliarias y a menor precio se perfeccionaron. Bien para los Ayuntamientos y mal para los contribuyentes.

El Tribunal Constitucional ya ha hecho su trabajo. Ahora le toca al Tribunal Supremo corregir una situación que ha gravado indebidamente (y siempre por exceso) miles de transacciones.

 

4 comentarios
  1. Er Tato
    Er Tato Dice:

    Bueno, de ficciones jurídicas está repleto nuestro ordenamiento tributario. Las plusvalías municipales que menciona, el régimen de imputación de rentas de los inmuebles no arrendados en el IRPF, las ganancias patrimoniales de todo tipo (mobiliarias, inmobiliarias, etc.) sin tener en cuenta el IPC para su cálculo…

    En fin, que puestos a limpiar el ordenamiento tributario de ficciones jurídicas -que, curiosamente, favorecen sistemáticamente al erario-, hagámoslo con todas. Yo desde luego me apunto.

    Estaremos pendientes de cómo acaba esto.

    Saludos

  2. Manu Oquendo
    Manu Oquendo Dice:

    Muchas gracias por la iniciativa de escribir y publicar estas cosas. Es imprescindible, hasta para el propio Estado, recuperar el sentido común, la verdad y la virtud en la determinación de lo que sin rigor ni virtud hoy se extrae de una ciudadanía cada vez más empobrecida.
    A base de chapuzas, arbitrariedades y excesos de todo tipo se ha dilapidado legitimidad y se ha caído, directamente en el abuso de poder y en la injusticia.

    • Iñigo de Loyola ROMERO DE BUSTILLO
      Iñigo de Loyola ROMERO DE BUSTILLO Dice:

      Totalmente de acuerdo con los dos comentarios : estas “ficciones” juridicas y el conjunto de chapuzas ,arbitrariedades y excesos de una clase politica ignorante y cortoplacista(el caso de la “exhumación” de los restos de Franco es uno más de los miles diarios) están deslegitimando el ESTADO DE DERECHO que con tanto trabajo se construyó entre casi todos desde 1975 y junto con una crisis ecónomica sin precedentes y una carga fiscal confiscatoria nos ha llevado a donde estamos: “populismos” a todos los niveles,desafección territorial y secesionismos porque sí.. y más y más….

  3. ENNECERUS
    ENNECERUS Dice:

    Lo único que chirría del artículo es la mención a “las ya de por si mermadas, arcas municipales de toda España.”.

    Lo que de verdad está mermado es el bolsillo de los sufridos ciudadanos por la intolerable exacción indiscriminada de la miríada de entes públicos “de que nos hemos dotado”, sin límite ni vergüenza. Ni apoyo social, pues las protestas mayoritarias compran el mensaje de que “los ricos pagan pocos impuestos” sin caer en la cuenta de que para Hacienda, rico es cualquiera a quien quede un pequeño hálito susceptible de imposición.
    Nadie diría que las arcas municipales están exánimes, teniendo en cuenta que en muchísimos pueblos y ciudades el Ayuntamiento es su mayor “empresa” y los presupuestos que manejan, con alegría indisimulada en el gasto de actividades que sólo con interesado fórceps cabría calificar de “servicios públicos”, cuando en realidad se trata de servicios en beneficio de intereses políticos perfectamente privados organizados eso sí en modélicas estructuras expertas en parasitar los fondos públicos.

    Exacción forzosa ilimitada en la práctica. Nulo control efectivo de la necesidad, racionalidad y eficiencia del gasto. Multiplicación de controles y reglamentaciones absurdas e injustificadas que multiplican los costes. Eliminación sistemática de la evaluación de los resultados de las políticas públicas (huelga en la enseñanza pública en contra de las reválidas, es decir, de comprobar si el sistema educativo consigue los efectos que pretende).

    Pero el problema es la corrupción, que no es sino la espuma de todo lo que hay por debajo: Un sistema zombi que está muerto pero no lo sabe, se resiste a ser enterrado y nos cuesta un ojo.

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