El Cupo vasco

El reciente acuerdo entre el Gobierno nacional y el PNV para qué éste apoye los Presupuestos Generales del Estado (PGE) a cambio de un nuevo acuerdo sobre el llamado Cupo vasco (en rigor, de cada una de las tres provincias vascas en virtud de su régimen fiscal especial) ha levantado una importante controversia. Se ha hablado de chantaje, de agravio entre territorios y de intolerable cesión de los intereses comunes  por pare del Gobierno, por una parte. Y, por la otra, de oportunidad para reparar un prejuicio acumulado por el incorrecto cálculo del Cupo en los años anterior conforme a sus normas vigentes. Al margen de las razones de unos y otros hay preguntas que inmediatamente nos asaltan ¿Cómo es posible que exista esta controversia? ¿Cómo puede ser que una cuestión fiscal haya de resolverse en una negociación? Y ¿Qué se podría hacer al respecto? Vamos a tratar de explicarlo.

El sistema de administración fiscal foral vigente en las provincias vascas y en Navarra supone una singularidad de origen histórico. Su reconocimiento en la Disposición Adicional Primera de nuestra Constitución se vio favorecido por la subsistencia de ese régimen durante el franquismo en las provincias de Navarra y Álava, del cual esos territorios supieron sacar buen provecho, y por el deseo de Guipúzcoa y Vizcaya de recuperar este sistema, establecido por Cánovas en 1878, y que les fue arrebatado con agravio por Franco en un Decreto de 1937 en el que se las tildó de “provincias traidoras”. El deseo de no agravar la grave situación de violencia terrorista que entonces afectaba a esas comunidades, y la sentida necesidad de contar con una cierta colaboración del PNV en esos momentos, explican también el reconocimiento de ese resto de los que en su día, durante el Antiguo Régimen, se denominaron los Fueros o Privilegios vascos.

Por ese régimen especial son las administraciones de esas provincias y territorios, las diputaciones forales, las que recaudan la gran mayoría de los impuestos. Y, en virtud de los llamados conciertos (convenio en Navarra), con parte de la cantidad obtenida financian su propia estructura y los servicios públicos que ofrecen, con otra parte mayor en el caso vasco financian a la Comunidad autónoma, y otra parte, el llamado cupo, la entregan al Estado en contraprestación de los servicios que éste sigue prestando allí y de aquellos otros que son indivisibles y comunes en favor de todos los ciudadanos españoles. Por ejemplo, gastos de defensa y relaciones exteriores, entre otros muchos.

Al margen de su explicación histórica, o precisamente por ella, a algunos puede sorprender la existencia de este régimen fiscal diferenciado, que parecería más propia de países confederados. Teniendo en cuenta además que ya no queda ninguno de éstos en el mundo (ni siquiera lo es la llamada Confederación Helvética, nombre oficial de Suiza, que no es sino un país federal muy descentralizado desde hace muchas décadas). Puede discutirse la conciliación de esta especialidad con el principio de la igualdad de todos los ciudadanos ante la Ley, e incluso si las razones históricas que explican ese tratamiento diferenciado deberían subsistir en un país perteneciente a la UE y en un mundo cada vez más globalizado. Sería ése un debate interesante, sin duda. Pero no es el que queremos hoy abordar aquí. Más humildemente nos conformamos con plantearnos cómo debería funcionar este sistema para que sea presentable su supervivencia. Lo que también interesa, y quizá más que a nadie, a sus propios defensores.

Para que sea defendible el sistema debe responder estrictamente a su fundamento teórico. Y no ser tapadera de trato privilegiado alguno. En primer lugar, si efectivamente el cupo a pagar al Estado tiene una justificación, que es la financiación de determinados servicios, su cuantía debe responder a aquélla con una valoración objetiva de los mismos, con las adiciones y deducciones necesarias. Valoración objetiva que excluiría ab initio que la cuestión pudiera ser objeto de negociaciones entre fuerzas políticas y que se fijara en función de criterios políticos de oportunidad.

En segundo lugar, dado que esas provincias son más ricas per cápita que la media, debe ser considerada y también para ello objetivamente valorada la aportación a un fondo de compensación interterritorial a favor de regiones menos favorecidas. De tal forma que el sistema foral no privilegie a los habitantes de esos territorios respecto de otros que sí realizan esa contribución. No puede entender hoy el formar parte de un país sin ese sentido de la solidaridad con sus habitantes menos favorecidos, ni debe deducirse esa exención de la mera existencia del régimen foral.

Pues bien, ni uno ni otro requisito se cumplen hoy. No existe apenas aportación a la solidaridad interterritorial. Y los expertos denuncian el sistema de cálculo del cupo como oscuro y sujeto a interpretaciones variadas. Y que su resultado final, en función del aprovechamiento de los nacionalistas vascos de su condición de minoría de desbloqueo en muy diversas ocasiones desde la aprobación de la Constitución, es claramente favorable en recursos disponibles per cápita para los habitantes de esos territorios.

Es significativo al respecto  que la mayoría de los catedráticos y otros académicos elegidos por la Administración central y las autonómicas para integrar la comisión técnica que debate la reforma del modelo de financiación territorial hayan criticado con dureza el modelo foral actual. Y haya cundido entre ellos el desánimo ante el acuerdo alcanzado con el PNV en virtud del mismo. Que, por ejemplo, un miembro de esa Comisión, el Director de Fedea Ángel de la Fuente, haya asegurado que “la forma para determinar el cupo es marciana”, y que si el sistema fuera equitativo el conjunto del País Vasco debería aportar más de 4.000 millones frente a los poco más de 800 millones pactados. Incluso uno de esos expertos,  el catedrático de Economía Pública de la Universidad de Oviedo, Carlos Monasterio, ha renunciado y abandonado esa comisión por considerar que si el Gobierno no escucha la opinión de este órgano es que es irrelevante y no tiene sentido seguir trabajando en ella.

Un sistema fiscal foral transparente y equitativo no debería traducirse, por tanto, en privilegios respecto a otras regiones en la obtención de mayores recursos disponibles. Lo que no excluiría otras ventajas por el lado del gasto que sí podrían ser legítimamente aprovechadas por los habitantes de esos territorios. Como una administración más eficaz de los recursos obtenidos. Tradicionalmente las administraciones forales eran pequeñas pero muy eficientes, y ese modelo podría haberse trasladado tanto a las nuevas administraciones forales provinciales como a las autonómicas vasca y navarra. Desgraciadamente en gran parte no fue así, y éstas mimetizaron gran parte de los defectos e ineficiencias de otras administraciones españolas, traducidas en un excesivo gasto por habitante. Probablemente la abundancia de recursos favorecida por las indicadas circunstancias coyunturales no han sido precisamente un buen incentivo para la austeridad administrativa en el País Vasco y Navarra.

Como ejemplo significativo de ello podemos señalar lo ocurrido en el modelo educativo. Un estudio de Ignacio Zubiri publicado por Funcas señala que el gasto por estudiante en el País vasco alcanza los 7.229 €, frente a los 4.995 € de media nacional. Y eso no se ha traducido en mejores resultados: el último índice de Pisa colocó los resultados del País Vasco por debajo de la media española, y bastante por debajo de los de otras regiones que gastaron considerables  menos recursos, como Castilla y León.

De la actual situación, por tanto, puede deducirse la necesidad de una reforma que suponga una regulación más justa y más transparente de los sistemas de cupo. Con el establecimiento de claros criterios objetivos de cálculo que excluyan la posibilidad de negociaciones ventajistas como la que ha dado lugar al último acuerdo.

En el debate generado se ha echado de menos el señalamiento de los auténticos responsables no solo de que se haya mantenido un sistema tan problemático, sino de que al amparo del mismo se hayan ido acumulando ventajas injustas. Y no nos estamos refiriendo al PNV, que sólo se ha aprovechado cada situación coyuntural  de ventaja como habrían otros muchos partidos regionales. Los verdaderos responsables son unos partidos nacionales incapaces de alcanzar acuerdos básicos de Estado que pudiesen el ventajismo de cualquier minoría, máxime si sus intereses no son los generales. No lo han hecho hasta ahora, y por eso los resultados de ello son los que son. Ya es tiempo de que se planteen un cambio al respecto.

 

 

8 comentarios
  1. misael
    misael Dice:

    Magnífico artículo con el que sólo puedo coincidir al 100%

    El cupo, también llamado en ambientes el pufo vasco, es una demostración evidenciada de cómo en este país gobiernan las oligarquías.

    Que si las oligarquías nacionalistas, que si las oligarquías financieras, que si las oligarquías sindicales y funcionariales, las empresariales… y para qué hablar de la oligarquía partitocrática, que ha posibilitado que los partidos políticos hayan asaltado las instituciones y sea imposible distinguir entre estado y partidos.

    Este país no ha salido de la crisis, y ni lo vislumbra, debido precisamente a las demandas oligárquicas, bien atendidas desde Madrit, no sea que movilicen la calle, retiren apoyos parlamentarios o no financien suficientemente al partido con comisiones al tres, al cuatre o el veinte per cent.

    El cupo en si mismo no sería ni bueno ni malo, es un convenio particular que rompe la igualdad de trato entre el estado y las CCA.. Eso en si mismo ya es motivo para denunciarlo. Pero es que donde el cupo tiene su verdadero interés, para los que reciben apoyos parlamentarios y para los que se llevan dinero de Madrit a espuertas, para irrigar a su camarilla, es en la negociación y constante mejora del mismo, en su literalidad, pues es ahí donde se produce el asalto a las arcas estatales.

  2. O'farrill
    O'farrill Dice:

    Es una muestra más de los despropósitos jurídicos de la C.E. y de su “interpretación” a la carta según convenga. Se carga el principio de “igualdad” tanto en la forma como en el fondo, pero eso no parece interesar a nadie…. Ahora que estamos en la fase de “contribuir” sería bueno saber si el Ministerio de Hacienda estaría dispuesto a negociar nuestros respectivos “cupos” para mantener el apoyo electoral. Un saludo.

  3. izaskun
    izaskun Dice:

    1. Los Fueros no eran privilegios (en el sentido que se les quiere atribuir ahora).
    2. El concierto económico no pertenece al sistema de organización foral, sino que se instaura dentro del sistema constitucional (nacional español); no es ningún resto del sistema foral (compuesto de poder legislativo, ejecutivo y judicial derivado directamente del pueblo, y no del monarca).
    3. El poder del monarca se sometía al pase foral, que sí se suprimió por el sistema constitucional.
    4. La ley de 21 de julio de 1876 “abolió” los fueros vascos, aunque con la expresión o fraseología de “conservación acomodada a la unidad constitucional de la monarquía”. Luego concretó esa reforma respecto del régimen tributario: el régimen político y administrativo del Estado resultaba poco adecuado para implantar el régimen fiscal del Estado en las provincias forales (que venían de otro régimen político y administrativo); ante esta incapacidad burocrática, el gobierno fijó un cupo por la contribución de las provincias forales al Estado basado en la riqueza de otras provincias semejantes (“ya que ellos ya están organizados, que lo recauden y me paguen”).
    En todo caso, es constitucional y, por tanto, no cabe alegar desigualdad respecto del resto de CCAA.
    Si hay que quitarlo, simplemente sería la continuación del “desforamiento” por el sistema constitucional (nacional español); quedarían todavía los resto de los Derechos civiles (también forales en origen), que habría que suprimirlos asimismo (por coherencia).
    Si hay que mantenerlo, discútase la cuantía del cupo, con cifras y argumentos económicos, no con impresiones (e imprecisiones) generales.

    • misael
      misael Dice:

      No podrá vd. negar que cierto interés en defender el cupo sí que tiene vd.

      “En todo caso, es constitucional y, por tanto, no cabe alegar desigualdad respecto del resto de CCAA.”
      Asume vd. demasiado: la suprema equidad de la CE. No debe ser cierta puesto que los nacionalistas, día sí y dia también, levantan la pata sobre ella y la miccionan, sin que mucha gente se escandalice por ello.

      Quiere vd. gráficos y estadísticas del pufo vasco, pufo para el resto de España, para vascongadas es una delicia de acuerdo. Gracias a él la super subvencionada economía vasca puede subsistir y los jubilados vascos cobrar sus altísimas pensiones, pero ya se ve que además de extorsionados, el resto de españoles hemos de sentirnos agradecidos al cupo y los pro-cupo:

      http://www.libremercado.com/2017-05-17/el-cupo-vasco-cuatro-graficos-que-deberian-avergonzar-a-rajoy-a-montoro-a-zapatero-1276599109/

      Ahí tiene “cuantía del cupo, con cifras y argumentos económicos, no con impresiones (e imprecisiones) generales.” para echar un rato.

      • izaskun
        izaskun Dice:

        No defiendo nada (acaso la plena soberanía fiscal mientra no haya una Europa unida).
        Si es por datos, uno sencillo: la CCAA paga el 6,24% en función de su renta, pero recibe de acuerdo con su población, que no llega al 4,7% de la del Estado; supone casi un 33% de sobreaportación.

    • Frel
      Frel Dice:

      Hable de los fueron navarros ya que son originarios del reino de navarra, las actuales provincias vascas en aquella época inicialmente pertenecieron a dicha corona navarra. Lo que queda actualmente más bien son los restos de lo que fueron los fueron navarros, es lo que opinan algunos estudiosos sobre el tema.

  4. Frel
    Frel Dice:

    El cupo vasco(Concierto económico) es algo muy injusto, dicha comunidad debería aportar a las arcas del estado alrededor de 10000 millones de euros y sólo aporta unos 1000 millones, eso sí luego las pensiones de la comunidad vasca se pagan de la caja única, o sea, de todos los españoles, ¿Es esto justo?,al igual que la policía autonómica vasca, la ertzaintza, la cual cobra bastante más que la Policía Nacional y que la Guardia Civil y cobran también del ministerio del interior,¿Es esto justo?. Nadie puede negar que esto es un privilegio, un trato de favor. Ya que contribuyen con muy poco a las arcas del estado que se paguen ellos las pensiones y la policía autonómica, a ver si de esta forma iban a presumir del nivel de vida que tienen.

  5. Carlos
    Carlos Dice:

    El concierto es la independencia efectiva del País Vasco, que entrega la voluntad a la huchita de España.

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