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Y ahora, la Ley estatal: anulado el Impuesto de Plusvalía si no hay aumento de valor

Cuando la STC de 16 de febrero de 2017 declaró inconstitucional la Norma Foral 16/1989 en la medida que permitía el gravamen por IIVTNU ( Plusvalía Municipal) cuando no existía aumento real de valor, ya advertimos en este post que las normas de la Ley estatal (107.2 y 110.4 del RDL 2/2004, de 5 de marzo) iban a correr la misma suerte por ser casi idénticas. No ha habido que esperar mucho: así lo declara la STC de 11 de mayo de 2017 (ver aquí). Como reproduce en gran parte la anterior ya comentada, resumo lo esencial de la argumentación.

Lo que se enjuicia por el tribunal es si exigir el impuesto en los casos en que no hay incremento real de valor infringe el principio de capacidad económica consagrado en el art. 31 de la Constitución. El TC ha declarado reiteradamente (entre otras, STC 2/1981) que los principios de este artículo, y en particular el de capacidad económica, no se imponen sólo a los ciudadanos sino también al legislador, y operan por tanto, «como un límite al poder legislativo en materia tributaria» (STC 221/1992, de 11 de diciembre, FJ 4). La STC de 16 de febrero rechazó que ese principio “solo pueda predicarse del sistema tributario en su conjunto y no de cada impuesto en particular”. Al contrario, señaló que “el hecho de que el Constituyente no haya precedido el principio de capacidad de un artículo (“la”) sino de un adjetivo posesivo (“su”), lo asocia inexcusablemente también al sujeto… esto es, «respecto de cada uno».

Sin embargo, el TC reconoce al legislador un amplio margen en cuanto a la forma de determinación y cálculo del tributo, bastando con que «dicha capacidad económica exista, como riqueza o renta real o potencial en la generalidad de los supuestos contemplados por el legislador al crear el impuesto, para que aquél principio constitucional quede a salvo». El límite a esa discrecionalidad es que en ningún caso puede «establecer un tributo tomando en consideración actos o hechos que no sean exponentes de una riqueza real o potencial, o, lo que es lo mismo, en aquellos supuestos en los que la capacidad económica gravada por el tributo sea, no ya potencial, sino inexistente, virtual o ficticia» (SSTC 26/2017, FJ 3; y 37/2017, FJ 3).

La consecuencia es que no basta que exista transmisión del terreno y paso del tiempo para que se pueda generar este tributo. También es necesario que exista el incremento real del valor:  Al hecho de esa transmisión hay que añadir, por tanto, la necesaria materialización de un incremento de valor del terreno, exponente de una capacidad económica real o, por lo menos, potencial…  cuando no se ha producido ese incremento …, la capacidad económica pretendidamente gravada deja de ser potencial para convertirse en irreal o ficticia, violándose con ello el principio de capacidad económica”. Es interesante en que el término potencial no significa (como pretende el Abogado del Estado) ficticio o hipotético, sino que debe existir realmente aunque no se haya realizado (el caso, por ejemplo, de transmisión por donación o herencia).

Lo único novedoso en la sentencia es que entra a analizar unos argumentos propuestos por el Abogado del Estado que no se aplicaban en el caso de la Ley Foral. El primero es que los Ayuntamientos podían aplicar una reducción del importe de hasta un 60% cuando se hubiesen revisado  los valores catastrales. Y el segundo es que tras el RDL 1/2004 es posible revisar a la baja los valores catastrales. Sin embargo, como señala el TC, el que eso se hubiera previsto por el Ayuntamiento tendría como único efecto reducir la cuota del tributo, pero se seguiría pagando en caso de reducción de valor del terreno, lo que sigue infringiendo el art. 31 CE.

La conclusión final es clara: “Los preceptos cuestionados deben ser declarados inconstitucionales, aunque solo en la medida en que no han previsto excluir del tributo las situaciones inexpresivas de capacidad económica por inexistencia de incrementos de valor”.

    Como la anterior sentencia, señala que lo inconstitucional es solo cobrar si no hay incremento. Considera lícita la forma de cálculo del impuesto cuando sí exista incremento de valor: “es plenamente válida la opción de política legislativa dirigida a someter a tributación los incrementos de valor mediante el recurso a un sistema de cuantificación objetiva de capacidades económicas potenciales”.  Parece por tanto que esta sentencia no implica la nulidad de la imposición si el incremento real es inferior a la base imponible que resulta del sistema objetivo de cálculo establecido por la ley: existiendo incremento, aunque sea pequeño, no se va a poder impedir la aplicación del impuesto tal y como está regulado. La STC de febrero justificaba esto señalando que si bien la capacidad económica ha de predicarse en todo impuesto “la concreta exigencia de que la carga tributaria se “module” en la medida de dicha capacidad sólo resulta predicable del “sistema tributario” en su conjunto” ATC 71/2008).

En esto se separa el TC de alguna de la jurisprudencia como la  Resolución del Tribunal Administrativo de Navarra de 7 de mayo de 2013, que entendió que era posible impugnar las liquidaciones también en el caso de una manifiesta desproporción entre las cuantías liquidadas y los valores reales.

A mi juicio la postura del TC es muy discutible. El auto citado (ATC 71/2008) se refería a un impuesto sobre el juego, y señalaba que los fines específicos de ese impuesto justificaban una aplicación no estricta de la proporcionalidad. No parece que eso se pueda extender a un impuesto como IIVTNU que hace referencia al incremento de valor.

En todo caso, cuando exista un incremento real muy pequeño  cabría encontrar un  límite en el carácter confiscatorio del impuesto prohibido por el art. 31. El TC  ha señalado que sería confiscatorio todo tributo que agotase la riqueza imponible ”, de manera que si se prueba que la cuota del impuesto (no la base imponible) es igual o superior al aumento de valor (aunque este exista), su aplicación también sería inconstitucional.

El efecto de la declaración de inconstitucionalidad es la nulidad de la norma (art. 39 LOTC) lo que implica una falta de producción de efectos ex tunc  con el único límite de la cosa juzgada (art 164 Constitución y 40 LOTC). Aunque en materia tributaria la STC 45/1989 señaló que los efectos de la declaración de inconstitucionalidad de leyes tributarias pueden ser objeto de limitación, en este caso el TC no establece ninguna limitación. Esto debería suponer a mi juicio la posibilidad de pedir la devolución de las cantidades ingresadas indebidamente por este impuesto dentro de los últimos 4 años (art. 66 LGT).

El problema tanto para las devoluciones como para las futuras liquidaciones va a ser cómo probar que no ha habido incremento de valor. En este punto la STC es confusa e imprecisa cuando dice: “Por último, debe señalarse que la forma de determinar la existencia o no de un incremento susceptible de ser sometido a tributación es algo que sólo corresponde al legislador, en su libertad de configuración normativa, a partir de la publicación de esta Sentencia, llevando a cabo las modificaciones o adaptaciones pertinentes en el régimen legal del impuesto que permitan arbitrar el modo de no someter a tributación las situaciones de inexistencia de incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana.” Parecería que es el legislador puede determinar  cuando hay o no incremento con total libertad, pero esto es totalmente incongruente con la sentencia: si esto fuera así la Ley actual hace precisamente eso, establecer que en todo caso hay incremento. Está claro que solo si hay un incremento real del valor del terreno se puede imponer el impuesto: por tanto, el legislador podrá establecer una norma para determinar cuando existe –o no- incremento, pero no de manera arbitraria sino basado en elementos que se conecten con el valor real, y sujeto a revisión judicial (si no se infringiría el art. 24 CE).

En la práctica la prueba del no incremento planteará graves problemas porque en la mayoría de los casos  lo que se transmite es un inmueble construido, por lo que la reducción del valor del conjunto no implica necesariamente que se haya reducido el valor del suelo.

Para evitar la judicialización masiva de esta cuestión –y su enorme coste- el legislador debe establecer con urgencia un criterio objetivo razonable basado en elementos estadísticos ajenos a las administraciones involucradas. Este sistema deberá además tener en cuenta la depreciación monetaria, pues solo así se puede determinar si el incremento es real (STC 27/1981, FJ 6, citada por la 221/1992).

4 comentarios
  1. Manu Oquendo
    Manu Oquendo Dice:

    Completamente de acuerdo el artículo y con la Sra. Suárez.
    Si trasladamos a la fiscalidad española los criterios que diversos tribunales europeos han utilizado para la banca –en los desequilibrios contractuales con sus accionistas y sus clientes hipotecarios– me temo que el Estado está obligado a la devolución generalizada de lo legalmente “extraído”. En este y en otros impuestos.

    Otrosí, una reforma fiscal profunda, que establezca límites constitucionales claros al expolio, que limite el número de figuras impositivas y el de “Autoridades Fiscales” es condición de salvación del sistema y parte fundamental del bien común.

    Saludos

  2. José Manuel Martínez Oliván
    José Manuel Martínez Oliván Dice:

    Todo lo que sigue a continuación es el parecer de una persona no licenciada en derecho pero que, por las circunstancias, ha tenido que vérselas con Hacienda en no pocas ocasiones en el plano profesional. El impuesto de plusvalía llevo siguiéndolo desde hace más de cuatro años. Por todo ello, cuando digo o afirmo algo, entiendo que ha de ser matizado por quien es profesional en legislación.
    Desde que se dictó la sentencia sobre la Ley estatal, se han escrito multitud de artículos sobre el caso dando a entender la gran mayoría, sino todos, que se puede reclamar lo cobrado indebidamente por los Ayuntamientos durante los últimos cuatro años.
    Como también, en el blog de “esPúblico”, se ha publicado un análisis de la sentencia en dos partes, en el que se concluye que a los treinta días de una liquidación por este impuesto termina cualquier derecho de reclamación sobre el mismo. Pueden verse en los enlaces:
    http://www.administracionpublica.com/analisis-de-la-stc-de-11-de-mayo-de-2017-1a-parte/
    http://www.administracionpublica.com/analisis-de-la-stc-de-11-de-mayo-de-2017-2a-parte/
    Desde luego, en este impuesto obró una circunstancia muy especial, que los funcionarios no podían hacer otra cosa que liquidarlo en la única forma que se podía legalmente. Y, por otra parte, no es de recibo que los ayuntamientos deban cargar este desperfecto debido al Poder Legislativo, como se verá más adelante.
    Hay otra vía, la responsabilidad patrimonial del Estado, que puede ser la más acertada debido a los avatares que han marcado este impuesto.
    En 2013, propiciadas por la Universidad de Castilla – La Mancha, se celebraron unas “Jornadas sobre Mercado Interior y Derecho de la Unión Europea”. El documento que recoge la actividad, puede consultarse en el enlace:
    http://www.ief.es/documentos/recursos/publicaciones/documentos_trabajo/2013_15.pdf
    El primer artículo es: “Nulidad de actos y normas tributarias por efecto del Derecho de la UE: retroacción de actuaciones y devolución de ingresos tributarios”, de Ernesto Eseverri Martínez, catedrático de Derecho Financiero y Tributario. Lo interesante del mismo es todo lo relativo a la nulidad de actos tributarios.
    Y ello es así porque la sentencia de 11 de mayo, declara inconstitucionales y “nulos” los arts. 107.1, 107.2 a) y 110.4, todos ellos del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, “pero únicamente en la medida que someten a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor”. Con anterioridad, en el fundamento 5c, dice: “Una vez expulsados del ordenamiento jurídico, ex origine, los arts. 107.2 y 110.4 LHL, en los términos señalados…” En el artículo de referencia, el término ex origine equivale a ex tunc: “Desde el inicio, desde entonces. Expresión que se utiliza para determinar el tiempo que comprende la eficacia de determinadas normas, actos o contratos” (Diccionario del español jurídico de la RAE). Esto es, los ingresos indebidos por este asunto podrían reclamarse desde el mismo día de entrada en vigor (10/03/2004) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, publicado en el BOE de 09 de marzo de 2004. Y ello por responsabilidad patrimonial del Estado. Hay que tener en cuenta que el plazo para presentar las reclamaciones es solo de un año, a contar desde el día siguiente a la publicación de la sentencia de 11 de mayo en el BOE, hecho que ha sucedido el 15 de junio de 2017. Ha comenzado la cuenta atrás…
    Una de las cosas que me llaman la atención es que el límite temporal ex tunc se limite a cuatro años si la base de reclamación, inconstitucionalidad radical de un precepto legal, excede a los simples términos tributarios.
    En el artículo de Ernesto Eseverri Martínez, en primer lugar se desecha la posibilidad de revisión de actos tributarios firmes, ya sean de corte administrativo o judicial. La vía de solución para el caso es la de responsabilidad patrimonial. Voy a reproducir o extractar párrafos relevantes del artículo entre las páginas 15 a 23 (aparte de algún comentario mío en georgia):
    Una vía de solución: la responsabilidad patrimonial del Estado
    “Desde el año 2000 hasta el momento en que se escriben estas líneas, la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha sentado doctrina constante reconociendo la responsabilidad patrimonial del Estado por el hecho de las leyes, de modo que, declarada que fuera por el Tribunal Constitucional la inconstitucionalidad de una ley sin que en su pronunciamiento se haya determinado el alcance de sus los efectos, corresponde a la jurisdicción contencioso-administrativa como intérprete de la voluntad del legislador, precisar la indemnización que ha de quedar reconocida a quienes se hayan visto afectados por los actos administrativos dictados en aplicación de la ley declarada inconstitucional; ello, además, sin encontrar obstáculo jurídico alguno por razón de la firmeza alcanzada por dichos actos administrativos, e incluso, por la fuerza de la cosa juzgada, que, a juicio del Tribunal Supremo, no son obstáculo insalvable para el reconocimiento del derecho a la correspondiente indemnización con causa en la nulidad de la ley inconstitucional”. Resumiendo:
    1.- En líneas generales, las bases argumentales de la doctrina sentada por el Tribunal Supremo declarando la responsabilidad patrimonial del Estado por el hecho de las leyes, quedan sentadas en una primera sentencia de 29 de febrero de 2000 (RJ 2000, 2730), que reitera, seguidamente, en otras dos más de 13 de junio de 2000 (RJ 2000, 5939) y 15 de julio de ese mismo año (RJ 2000, 7423), y repite tales argumentos en las de 30 de septiembre de 2000 (RJ 2000, 9093), 20 de enero de 2001 (RJ 2001, 640), 17 de febrero de 2001 (RJ 2001, 69), 3 de marzo de 2001 (RJ 2001, 4717), 17 de marzo de 2001 (recurso 520/1998), 31 de marzo de 2001 (RJ 2001, 4148) y 27 de octubre de 2001 (RJ 2002, 462), entre otras más.
    2.- Se refieren a los arts. 9.3, 106.2 y 121 CE. Y también al 139.3 de la Ley 30/1992, de 20 de noviembre, de Régimen Jurídico de la AA PP y del Procedimiento Administrativo Común.
    3.- Hay que tener en cuenta si la sentencia establece sus efectos. Si ex tunc, desde el origen, o ex nunc, desde que se hace pública, o simplemente no diga nada.
    4.- La cuantificación de los efectos corresponde establecerlos a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
    5.- Como toda acción indemnizadora toma como causa o fundamento la existencia de un acto antijurídico causante del daño objetivo que debe quedar reparado, el Tribunal Supremo fundamenta dicha razón de antijuridicidad en aquello que, con fortuna, algún tratadista de Derecho público ha llamado la retórica de la nulidad, según la cual, lo que nulo es ningún efecto produce, de manera que la declaración de inconstitucionalidad de una ley conlleva su nulidad radical y como consecuencia, la de todos aquellos actos singulares que se hayan dictado a su amparo, de suerte que, la declaración de inconstitucionalidad provoca un efecto contaminante referido a todos aquellos actos dictados al amparo de la ley inconstitucional que, por ello, entiende que han causado un daño cierto, objetivo y evaluable económicamente, haciéndose necesario el deber de reparación a través de la indemnización correspondiente, previo el ejercicio de una acción de responsabilidad patrimonial.
    6.- La responsabilidad patrimonial procede aunque los actos administrativos sean ya firmes, y aunque sobre ellos hubiera recaído sentencia con valor de cosa juzgada.
    7.- Las vías de reclamación son dos: una acción de nulidad ante la Administración, o ejercitar directamente la acción de responsabilidad.
    8.- Muy importante: la acción de responsabilidad patrimonial debe ser ejercida en el plazo de un año a contar desde que se publica en el BOE la sentencia de inconstitucionalidad de la ley.
    Críticas a la doctrina jurisprudencial
    Hay quien pone en cuestión la “retórica de la nulidad radical”; si es competente la jurisdicción contencioso-administrativa; y de su efectividad si en la sentencia del TC no se explicita su alcance.
    “El Tribunal Supremo, en sentencias embrionarias de la cuestión, sentencias de 30 de noviembre de 1992 (RJ 1992, 8769) y de 1 de diciembre de ese mismo año (RJ 1992, 1069), afirmó que “no puede construirse por los tribunales una responsabilidad patrimonial de la Administración por acto legislativo partiendo del principio general de responsabilidad de los poderes públicos consagrado en el artículo 9.3 de la norma fundamental; pero tampoco puede descartarse que pueda existir responsabilidad, aun tratándose de actos legislativos, cuando la producción del daño revista caracteres lo suficientemente singularizados e imprevisibles como para que pueda considerarse intermediada o relacionada con la actividad de la Administración llamada a aplicar la ley” de tal modo que, “solo puede apreciarse tal responsabilidad, según el Alto Tribunal, cuando se producen daños o perjuicios en virtud de actos de aplicación de las leyes y existe un sacrificio patrimonial singular de derechos o intereses económicos legítimos que pueden considerarse afectados de manera especial por las actuaciones administrativas anteriores o concomitantes con la legislación aplicable”.
    Hay que tener en cuenta que la responsabilidad patrimonial de los Poderes Ejecutivo y Judicial tiene su especificación constitucional (arts. 106.2 y 121 CE). Pero la del Poder Legislativo por la inconstitucionalidad de las leyes no tiene tratamiento específico en la Constitución. “Pese a ello, el Tribunal Supremo, en las sentencias objeto de comentario, intenta encontrarlo en el mandato del artículo 139.3 de la Ley de Régimen Jurídico de las AA PP y del Procedimiento Administrativo Común, cuando dice: “Las Administraciones Públicas indemnizarán a los particulares por aplicación de los actos legislativos de naturaleza no expropiatoria de derechos y que éstos no tengan el deber jurídico de soportar, cuando así se establezca en los propios actos legislativos y en los términos que especifiquen dichos actos”.
    Hay que hacer una precisión importante. El hecho de que el Real Decreto Ley sea redactado por el Poder Ejecutivo no sustrae en este caso la responsabilidad del Poder Legislativo, por cuanto en el propio RDL 2/2004, de 5 de marzo, reconoce que se trata de un mandato del Poder Legislativo activado por diversas leyes, A saber: la disposición adicional quinta de la Ley 19/2003, de 4 de julio, que añade la disposición adicional decimotercera a la Ley 51/2002, de 27 de diciembre, y que, a su vez, es modificada por la disposición final decimosexta de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre. En el propio RDL 2/2004, de 5 de marzo, se reconoce que: “no obstante, esta delegación legislativa tiene el alcance más limitado de los previstos en el apartado 5 del artículo 82 de la Constitución, ya que se circunscribe a la mera formulación de un texto único y no incluye autorización para regularizar, aclarar y armonizar los textos legales a refundir”.
    “El Tribunal Supremo ha reparado que si la ley no declara nada sobre dicha responsabilidad, los tribunales quedan facultados a indagar la voluntad tácita del legislador (“ratio legis”) para poder así definir si procede declarar la obligación de indemnizar, argumentando también, como principio irrebatible que “la ley declarada inconstitucional encierra en sí misma, como consecuencia de la vinculación más fuerte de la Constitución, el mandato de reparar los daños y perjuicios concretos y singulares que su aplicación pueda haber originado, el cual no podía ser establecido a priori en su texto”. Por otra parte, ¿cómo va a prever una ley su propia inconstitucionalidad? “El Poder Legislativo no está exento de sometimiento a la Constitución y sus actos –leyes– quedan bajo el imperio de la Norma Suprema. En los casos donde la ley vulnere la Constitución, evidentemente el Poder Legislativo habrá conculcado su obligación de sometimiento, y la antijuridicidad que ello supone traerá consigo la obligación de indemnizar”.
    La acción de responsabilidad patrimonial es ajena al ámbito de la cosa juzgada y del acto administrativo firme
    No hay que confundir acción revisora de un acto administrativo con acción de responsabilidad, esto es, de reparar el daño causado basado en la antijuridicidad de la ley que lo ha procurado.
    No obstante, “al entender del Tribunal Supremo, el ejercicio de la acción de responsabilidad patrimonial del Estado por hecho de las leyes solo es concebible cuando quien pretende la indemnización por el daño causado por la norma ilegal, no ha podido disponer de ninguna acción jurídica para hacer patente la nulidad de la norma de aplicación general causante del daño reparable”. En esto, con el IIVTNU nada pudo hacerse, pues no existía ninguna otra forma alternativa para la determinación de la base imponible.
    “Dado que nuestro Ordenamiento jurídico no permite al ciudadano el ejercicio de una acción directa frente al Tribunal Constitucional para denunciar la inconstitucionalidad de la ley, cuando dicha causa de nulidad sobreviene y la ley se declara contraria a la norma fundamental, habiéndose visto obligado a soportar los actos singulares dictados en aplicación de dicha ley, está en posición de ejercitar una acción de responsabilidad patrimonial frente al Estado legislador para que, a través de ella, se evalúe el daño causado que, por ser individualizado y evaluable, ha de ser objeto de la correspondiente indemnización.
    Resumiendo lo dicho, la acción de responsabilidad patrimonial frente al Estado por el hecho de las leyes es ajena e independiente a la acción revisora de los actos administrativos dictados en aplicación de una ley, primero, porque a través de ella solo se pretende la reparación de un daño que el ciudadano no tenía el deber jurídico de soportar, lo que se lleva a efecto a través de la oportuna indemnización.
    Segundo, porque a través de la acción revisora del acto administrativo lo que se pretende es su modificación, corrigiendo la situación creada con él, lo que exige su anulación previa.
    Tercero, porque la acción de responsabilidad es el instrumento jurídico puesto a disposición del ciudadano frente a la declaración de inconstitucionalidad de una ley, dado que éste no dispone de una acción directa reivindicando una declaración en tal sentido, de manera que, al no poder defenderse frente a la acción aplicativa de la ley, el daño deviene antijurídico.
    Finalmente, con la declaración de responsabilidad patrimonial del Estado legislador se repara un daño causado al ciudadano que no tenía el deber de soportarlo, sin perjuicio de que las situaciones jurídicas individualizadas surgidas de la aplicación de la ley inconstitucional queden inalteradas”.

    Ahora quedan tres cuestiones a resolver con urgencia
    Primera, establecer con la máxima urgencia un “procedimiento seguro” para que los cientos de miles de afectados puedan resarcirse del impuesto indebidamente pagado. Teniendo presente que buena parte de estas transacciones han debido declararse en IRPF, no estaría de más utilizar esta documentación para probar la pérdida. Además, llevaría ya incluida la actualización del valor inicial que determinaría con mayor exactitud la diferencia entre fechas.
    Segunda, y también con la máxima urgencia, otro “procedimiento seguro” para los contribuyentes que han quedado en tierra de nadie. Esto es, que obtuvieron un beneficio, pero insuficiente para pagar el impuesto, y de forma que no resulte confiscatorio. Un caso: si pagando el impuesto resultan pérdidas…, sería nulo.
    En ambos casos, hay que tener presente que la caída de precios por disminución de la demanda o crisis en el mercado afecta intrínsecamente al valor del terreno. Para inmuebles cuya transmisión se ha realizado tras muchos años, sí puede influir el valor de la construcción. Y ahí sí pueden ser de utilidad los valores catastrales de la construcción inicial y final, que podría facilitar el Catastro Inmobiliario, para despejar la incógnita de la pérdida de valor del terreno.
    Y tercera, modificar la ley para que los Ayuntamientos puedan comenzar a liquidar con seguridad el IIVTNU. Y ya puestos, que la modificación no vuelva a tropezar con la Constitución. Para que no sea complicada, se sugiere seguir el camino existente. Ya hay formas de valorar las plusvalías: figuran en los impuestos IRPF y Sociedades, y en Sucesiones y Donaciones también puede localizarse el origen y practicar la diferencia. Y el impuesto de plusvalía puede ser una parte de los beneficios aflorados en estos impuestos directos. Para que no haya malentendidos, los notarios podrían tener un papel importante, pues están de hecho cuando se manifiesta la transmisión de la propiedad, y nutren la base de datos de que se sirve la Administración. Están también los registros y las Consejerías de Administración Pública y Hacienda, que también pueden nutrir esa base de datos. También se pueden publicar patrones para determinar el valor de la construcción. Todo lo cual supone una estructura más que suficiente para conocer los precios de compra y venta, y determinar unas bases imponibles reales y justas. Y en última instancia, el sujeto pasivo puede aportar justificación de obras de mejora que aumenten el valor de la construcción a fin de ajustar convenientemente el precio del terreno.

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