Ataque a la independencia del Poder Judicial: las verdades del barquero. Resumen de la conferencia de Mercedes Alaya en el Ateneo de Madrid

Para lectores con poco tiempo, les resumimos las ideas más importantes de la conferencia pronunciada el pasado día 1 de junio por la Juez Alaya sobre el ataque a la independencia del Poder Judicial que estamos viviendo en España.

El pasado 1 de junio la magistrada Mercedes Alaya ofreció en el Ateneo de Madrid una charla acerca de “La independencia judicial”, organizada por la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial en colaboración con la Agrupación Justicia y Cultura.

Las verdades del barquero

El Salón de Actos del Ateneo se encontraba abarrotado de un público heterogéneo que siguió la intervención con el asombro que suelen
provocar quienes se atreven a decir en voz alta las verdades del barquero; quienes, como el niño de Andersen, aunque ciertamente con menos dosis de ingenuidad, no tienen empacho en hacer ver que el Emperador está desnudo. Los borrachos y los niños suelen decir la verdad; añadamos a Mercedes Alaya a esa ilustre compañía a la que querría sumarse cualquier persona que haga de la honradez una guía de conducta en la vida.

Planteamiento general

En una charla de hora y media se fue desgranando con minuciosidad la tupida red de normas, instituciones, vicios y hábitos que puede
terminar por asfixiar definitivamente lo que queda en España de real independencia judicial.

El planteamiento general que mantuvo Mercedes Alaya es el siguiente: si la situación de la independencia judicial en España siempre ha sido precaria, el reciente incremento de la actividad judicial en la persecución de numerosísimos delitos de corrupción política está
provocando que desde las más altas instituciones (el parlamento, sin ir más lejos) se esté buscando retirar de manos de los jueces los
instrumentos procesales de que hasta hace poco podían valerse para perseguir tan escurridizos delitos. Una vuelta de tuerca legislativa
que es fácil que pase desapercibida a la ciudadanía porque, por un lado, se basa en modificaciones procesales de difícil comprensión y
aparentemente puramente técnicas; y, por otro, porque el asalto sobre el poder judicial se combina con la penetración de la política, y de los políticos, en los consejos editoriales de los grandes medios de comunicación, que de este modo atenúan el tono a la hora de trasmitir
una imagen real de lo que viene sucediendo.

El Consejo General del Poder Judicial

Antes de abordar las últimas “novedades legislativas” en materia de agresión a la independencia judicial, no quiso dejar de referirse
Mercedes Alaya a la situación general en la materia. Y así puso de manifiesto cómo el Consejo del Poder Judicial, concebido en teoría
como medio para garantizar la independencia judicial, se ha convertido en realidad en la vía más típica de intrusión por parte del poder
político en la vida judicial. Pues a los ocho miembros no judiciales que originalmente designaba el parlamento hay que sumar los otros doce que desde la LOPJ de 1985 son también elegidos por la vía parlamentaria. De manera que el CGPJ se ha convertido en un mini-parlamento, instrumento sin igual para la influencia política en la carrera judicial.

La conferenciante hizo especial hincapié en el hecho de que un Consejo así diseñado es el responsable de los nombramientos discrecionales de: Presidente y Vicepresidente del Tribunal Supremo; todos los magistrados de dicho Tribunal; Presidentes de los Tribunales
Superiores de Justicia; Presidentes de las Audiencias Provinciales. Además, uno de cada tres magistrados de las Salas de lo Civil y Penal
de los TSJ, encargadas del enjuiciamiento de políticos aforados, se nombra de una terna propuesta por el Parlamento regional. Con lo cual
se entenderá que en la selección de estos cargos por el Consejo se potencia al juez dócil que ocasione los menores problemas posibles al
poder.

Se puso de manifiesto también la falta de autonomía presupuestaria del poder judicial, a diferencia de otros órganos constitucionales, lo
cual lo hace dependiente de las decisiones en la materia de los gobiernos de turno, tanto central como autonómicos. Lo que hace que
tengamos que contemplar el triste espectáculo de los representantes judiciales “bailando al son embriagador de los partidos políticos”, “limosneando fondos”. Mercedes Alaya realizó una propuesta acerca de la forma en que podría articularse una verdadera autonomía
presupuestaria a base de la fijación previa de un techo de gasto de acuerdo con las necesidades mediante negociación de las distintas
instituciones implicadas, y la autonomía ulterior en la fijación de prioridades. Esto podría evitar que se priorizasen, como sucede ahora,
objetivos de más que dudosa utilidad real pero muy vistosos políticamente (“papel cero”, por ejemplo).

El Ministerio Fiscal

La Juez Alaya dedicó parte de su intervención a poner agudamente de manifiesto los peligros derivados de la dependencia política de la
Fiscalía en España.

El Fiscal forma parte del poder judicial, pero al mismo el Fiscal General del Estado es designado por el Gobierno y a su vez designa a
altos cargos fiscales. De este modo se posibilita no ya una intervención política en el CGPJ, sino directamente en las causas judiciales. Nadie dude de que la causa contra un pequeño ladrón se tramitará con eficacia y profesionalidad; pero será en los casos en los que haya intereses políticos o político económicos donde el peligro para la igualdad de todos ante la ley se podrá convertir en realidad.

Por otro lado, los fiscales carecen de un régimen definido de abstención y recusación (la fiscalía, como Dios, se supone que es única, aunque en su seno reúna varias personas); o de un régimen disciplinario.

Justamente desde el poder político se está utilizando esta vía de inmisión en la Justicia a base de potenciar legislativamente las armas
procesales del fiscal en la instrucción, minorando las del juez; hasta conseguir el objetivo final de atribuir al fiscal la plena instrucción
criminal y convertir al juez en mero espectador. Las razones que se darán, de mayor eficacia, no son sino cortinas de humo sobre las reales, controlar la instrucción cuando así interese. Todo esto se desarrolló más adelante por la conferenciante, como se verá, al hacer mención al actual Anteproyecto de LECrim en curso.

La conferenciante no dudó en abordar en detalle los últimos acontecimientos en la Fiscalía Anticorrupción para ilustrar todo lo que venía explicando.

Las últimas reformas de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y las que se vislumbran

Como parte más novedosa e interesante de su intervención, Mercedes Alaya desentrañó con ánimo agudo y didáctico las medidas contenidas en las últimas modificaciones de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Ley 41/2015 y L.O. 13/2015) o la modificación que hay en ciernes (Anteproyecto de LECrim), poniendo de manifiesto cómo han venido a introducir, o quieren introducir, con toda intención, elementos tendentes a limitar o incluso impedir investigaciones como las que en los últimos años han permitido sacar a la luz y castigar numerosos casos de corrupción política y político-económica. Se pueden sistematizar estas alarmantes medidas del siguiente modo:

1º) Se elimina el principio de conexidad entre causas en su concepción tradicional. Bajo la excusa de evitar las conocidas “macrocausas”, se
impide una investigación coherente de delitos muy complejos, se ponen trabas a una investigación completa de los mismos; el legislador es
indiferente al peligro de sentencias contradictorias, lo único que importa es poner trabas a este tipo de investigaciones que tanto fruto
han dado en el pasado.

2º) Se regula una duración máxima para la instrucción criminal y se deja en manos de la Fiscalía la posibilidad de ampliación de los
plazos. Nuevamente las causas complejas por corrupción política serán las más perjudicadas, por requerir una instrucción más larga. Esto
hace que la necesidad de intervención de la acción popular sea más perentoria que nunca, para evitar que solo la Fiscalía tenga la llave
de la duración del proceso. Se hizo un llamamiento a la sociedad civil para que se articule en asociaciones y movimientos capaces de
personarse en este tipo de causas para evitar que por inactividad interesada de la Fiscalía devengan impunes delitos gravísimos de
corrupción política. No debe olvidarse que la justicia emana del pueblo según el art. 117 CE.

3º) Se limita la posibilidad de uso de las intervenciones telefónicas y telemáticas a delitos castigados con pena de más de tres años de
prisión. Esto impedirá en muchos casos la utilización de esta importante arma de investigación para el esclarecimiento de delitos de
corrupción, ya que la prevaricación, delito del cual emanan todos los demás de corrupción, está castigada –sorprendentemente- con mera pena de inhabilitación.

4º) El Anteproyecto de LECrim actualmente en curso pretende atribuir al Ministerio Fiscal la instrucción penal. El peligro de esta medida,
ante la dependencia política de la Fiscalía, es más que evidente. Cuando se trate de delitos ordinarios no cabe duda de que se llevará a
cabo una instrucción adecuada; pero cabe francamente dudarlo cuando confluyan intereses políticos. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
estarán a cargo del Fiscal. El Juez será mero espectador como Juez de garantías. Por otro lado, el Fiscal no entregará al órgano enjuiciador
el conjunto documental de las actuaciones instructoras practicadas, privándose así de cualquier garantía de que aquello sobre lo que va a
versar el enjuiciamiento realmente responde a lo que ha dado de sí la instrucción. En fin, a la falta de imparcialidad se suma la falta de
formación de los fiscales para llevar a cabo una instrucción compleja.

5º) En anteproyecto hace a la Fiscalía única interlocutora con la opinión pública en materia de investigación criminal.

La opinión de la carrera judicial y del exterior.

Mercedes Ayala terminó haciendo referencia a diversas encuestas que ponen de manifiesto el descontento de los jueces con la situación, en
particular en lo relativo a las transferencias de justicia a las Comunidades Autónomas, y al informe GRECO del Consejo de Europa de 15
de enero de 2014, que pone de manifiesto el peligro que para la independencia judicial supone la actual situación institucional del poder judicial en España y en particular la vinculación del CGPJ y de la Fiscalía al poder político.

Turno de preguntas y conclusión

El interés del público por la materia se puso de manifiesto en el nutrido grupo de asistentes que quisieron preguntar a la juez Alaya su
opinión sobre distintos aspectos, quedándose incluso muchas preguntas en el tintero por falta de tiempo. Las preguntas versaron sobre la
opinión de la conferenciante acerca de las leyes sobre “violencia de género”; la situación de la instrucción criminal en Europa, o la “pena
de telediario”.