¿Está justificada la desigualdad ante la ley? La experiencia de la Ley de violencia de género

Desde la Revolución francesa, la igualdad ante la ley se ha considerado un requisito indispensable en cualquier régimen democrático. En la actualidad, este principio está recogido en la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 7[1]) y en la Constitución Española (artículos 1[2] y 14[3])

Sin embargo, la misma Constitución, dentro del título preliminar (artículo 9.2) introduce un matiz muy relevante en el tema que nos ocupa: “Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”.

Es precisamente este párrafo el que ha dado pie a que la llamada “discriminación positiva” se haya hecho hueco en nuestro ordenamiento jurídico. Hay varios ejemplos, pero en este artículo me voy a centrar un caso muy relevante por tratarse de una ley orgánica nada menos: la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

No voy a entrar en el detalle de esta polémica ley, que asumo bien conocida por el lector. Me limitaré a resaltar que en su exposición de motivos, se apoya en el mencionado artículo 9.2 para justificar su necesidad, y se plantea con un enfoque “integral y multidisciplinar”, de modo que “abarca tanto los aspectos preventivos, educativos, sociales, asistenciales y de atención posterior a las víctimas”, al tiempo que “aborda con decisión la respuesta punitiva que deben recibir todas las manifestaciones de violencia que esta Ley regula”. Es decir, introduce cambios relevantes en la administración y en la legislación vigente, incluyendo modificaciones muy polémicas al código penal.

El hecho de que el Tribunal Constitucional rechazara el recurso de inconstitucionalidad sobre esta ley no ha silenciado las muchas voces que la consideran claramente discriminatoria. Desde mi punto de vista, considerar como agravante “Si la víctima fuere o hubiere sido esposa, o mujer que estuviere o hubiere estado ligada al autor por una análoga relación de afectividad, aun sin convivencia” no deja mucho lugar a duda: no se habla de “cónyuge” o “persona”, sino de “esposa” y “mujer”, y en el caso en que, durante una pelea, ambos cónyuges se produjeran idéntico daño, la pena a aplicar al marido sería superior a la de la mujer. En el fondo, no creo que a nadie se le escape que estamos ante una discriminación, y es por eso que se le suele añadir el apellido “positiva”, es decir, ES una discriminación, pero es “buena”, es por un buen fin, y ese buen fin justifica el medio, digamos, discutible.

Antes de entrar en si es aceptable que el fin justifique los medios, preguntémonos si al menos se alcanza ese fin: la ley, vigente desde 2004, ¿ha cumplido sus objetivos?, ¿consigue proteger a las mujeres contra la violencia de género? Veamos algunos datos:

Esta es, según datos oficiales, la evolución del número de víctimas mortales por violencia de género entre 1999 y 2015:

Fuente: 1999-2005: Instituto de la Mujer a partir de noticias de prensa y de datos del Ministerio del Interior. A partir de 2006 datos de la Delegación  del Gobierno para la Violencia de Género

A la vista de este resultado, ¿podemos decir que esta ley ha sido un éxito? Yo creo que no: la regresión lineal es prácticamente horizontal, el número de víctimas sube y baja sin que pueda notarse ningún cambio claro de tendencia a partir del 2004. Mirando esta gráfica, se diría que la ley no se promulgó.

Y sin embargo, la ley está en marcha. Si miramos por ejemplo las ayudas concedidas según el artículo 27, muchas de ellas de carácter marcadamente preventivo, vemos que han crecido de forma continuada incluso durante la crisis: de menos de 100 en el 2006 a casi 700 en 2015. No es que las medidas preventivas de la ley no se apliquen, es que o bien no funcionan, o bien hay algún otro factor perverso que las contrarresta.

Fuente: Delegación del Gobierno para la Violencia de Género del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

¿Y de cara al agresor? ¿Tiene algún efecto las medidas punitivas recogidas en la ley? Hay una estadística que nos puede sorprender: el índice de suicidio de los agresores

Fuente: Delegación del Gobierno para la Violencia de Género (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad) desde 2006. Los datos anteriores proceden del Instituto de la Mujer a partir de información de prensa y del Ministerio del Interior

 

El porcentaje de tentativas y suicidios consumados es claramente creciente, pero ya crecía antes de 2004. Este efecto merecería un análisis más detallado (ignoro si se ha realizado ya). Tal vez el perfil del agresor haya cambiado, o tal vez se trate de un cambio social o cultural más amplio, pero en cualquier caso el eventual efecto de la ley no es evidente.

Abundan en los medios y las redes sociales las críticas por efectos colaterales de esta ley, normalmente difíciles de demostrar: denuncias falsas, pérdidas injustas de custodia sobre los hijos, suicidios motivados por la indefensión… Son acusaciones controvertidas, pero no deben resultarnos sorprendentes: la desigualdad ante la ley crea este tipo de efectos colaterales.

En resumen, podemos decir que la ley de violencia de género, tras trece años en vigor, no ha cumplido sus objetivos, pero sí ha generado una serie de efectos colaterales perniciosos, difíciles de medir. Visto lo visto, ¿está planteándose el legislativo una rectificación? Nada más lejos.

Podemos decir que la discriminación positiva ha venido para quedarse: recientemente la Comunidad de Madrid ha promulgado una Ley contra la LGTBifobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual de características similares. ¿Cabe esperar resultados distintos? Me cuesta creerlo.

Mi conclusión es que las leyes de “discriminación positiva” y los “delitos de odio” consagran formalmente la desigualdad ante la ley. Hemos caído en la trampa porque nos han colado como necesidad legislativa lo que en realidad es una carencia del poder ejecutivo. Me explico: si muchos hombres agreden a mujeres, la respuesta no son nuevas leyes para proteger a las mujeres, porque la ley ya protege a cualquier persona de que otra la agreda. Lo que hace falta es que el ejecutivo dote de más o mejores medios a las fuerzas de seguridad para que protejan a un colectivo que resulta más vulnerable, al tiempo que establece las medidas preventivas necesarias para que, con el tiempo, ese colectivo deje de ser vulnerable. En vez de eso, se promulgan leyes que discriminan a favor del colectivo vulnerable, lo que crea desigualdad ante la ley PERO no ayuda en absoluto a la defensa práctica del colectivo, que sigue sufriendo las mismas agresiones.

El resultado: la desigualdad ante la ley va creando situaciones más y más injustas, mientras las mujeres siguen muriendo a manos de sus parejas. La respuesta de los políticos y muchos activistas es exigir más leyes que incrementen aún más la desigualdad sin resolver el problema. Y mientras tanto, el concepto de “discriminación positiva” se va extendiendo a otros ámbitos, a pesar de sus pésimos resultados.

 

[1]Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación.

[2] “…valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político

[3] “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.”

10 comentarios
  1. victor manuel
    victor manuel Dice:

    De donde yo fui educado, lo que era condenable era abusar, independiente por tanto, del sexo o edad de quién lo realiza, una madre que da una paliza a su hijo, o una campeona de kárate que zurra a su marido, y así hay miles de ejemplos. Coincido con los planteamientos del artículo, y por ello debe la ley cambiarse. Hay que empezar a plantearse además, que nuestro sistema educativo fracasa con relación a este tema. ¿Cómo es posible que una mujer culta, con titulación universitaria, tolere que la maltraten?. ¿Cómo es posible que los valores que hipotéticamente se enseñan en la escuela no calen?

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    • Eduardo Valdelomar
      Eduardo Valdelomar Dice:

      Gracias por su comentario, Victor Manuel. En efecto, parece que no avancemos en temas que deberían estar ya más que asumidos. Ahí está el verdadero “caballo de batalla”, en mi opinión.

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  2. Jose Manuel Paredes Castañón
    Jose Manuel Paredes Castañón Dice:

    Creo que el artículo mezcla dos cuestiones que en realidad son completamente independientes entre sí: la eficacia de la protección penal de las mujeres contra la violencia de sus parejas o ex parejas y el efecto de la agravante cuando la víctima sea mujer. Si hablásemos de la justificación de la agravante, yo soy de quienes piensan que el TC tiene razón: es constitucional, dada la evidente condición de vulnerabilidad de las mujeres en este ámbito, que hace que no se trate de un trato desigual no razonable. Cuestión distinta es que la agravante, muy leve en su efecto agravatorio, tenga algún impacto real sobre el efecto preventivo de la ley. Pero, en todo caso, un análisis como el que realiza el artículo, infiriendo la existencia de conexión causal entre la existencia de la agravante (lo que el autor llama “discriminación positiva”) y la (relativa) ineficacia de la ley, resulta insostenible: la ley será eficaz o ineficaz preventivamente por otras razones (y haría falta un análisis criminológico más detallado y riguroso para poder extraer conclusiones); pero, desde luego, parece poco plausible que su eficacia dependa en alguna medida relevante de la existencia de dicha agravante. En todo caso, no hay evidencia empírica alguna de ello.
    Sobre denuncias falsas y demás mitología, mejor callaré…

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    • Eduardo Valdelomar
      Eduardo Valdelomar Dice:

      Gracias por su comentario, José Manuel. Me surgen dos cuestiones que tal vez ud. pueda aclarar:
      – Si el agravante no tiene efecto preventivo, entonces ¿cuál es su utilidad? Entiendo que el objetivo del agravante es, digamos, “incrementar el coste” del delito, para desincentivarlo. Si no es así, ¿qué objetivo persigue?
      – No veo ninguna razón por la que la vulnerabilidad no se pueda tratar de forma general. No discuto que las mujeres sean por lo general más vulnerables, pero eso no es excusa para protegerlas sólo a ellas (en el caso en que de verdad se las estuviera protegiendo). Puede haber muchos tipos de violencia doméstica donde una parte sea más vulnerable que la otra: entre hermanos, entre padres e hijos, en parejas homosexuales, y también matrimonios heterosexuales donde el marido sea la parte vulnerable. ¿Por qué hacer una ley para la mayoría cuando se puede hacer una ley para la totalidad? Cierto que sería más complejo, pero no conllevaría ninguna discriminación. Tal vez debamos ser más exigentes con el legislador.

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    • Insu
      Insu Dice:

      Lo de que el objetivo sea la protección a mí me lo sugiere el título.
      Espero que me permita discrepar del TC y de usted, porque si es más grave el muliercidio que el homicidio, a mí me mandan el mensaje de que mi vida vale menos.

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  3. Jeremías Cohen
    Jeremías Cohen Dice:

    ¡Vaya! ¡Parece que según las estadísticas las denuncias falsas no son un mito!
    https://gaceta.es/blogs/violencia/los-claroscuros-denuncias-falsas-violencia-genero-17052017-1738-20170517-0000/
    Otra cosa es que no se persigan penalmente, pero los sobreseimientos y absoluciones alcanzan prácticamente la mitad, y sólo acabarn en condenas sólo el 12% de las denuncias.
    Existen las denuncias falsas, por supuesto, y hay quien las utiliza torticeramente por venganza o para mejorar su posición negociadora. Y muchos abogados y jueces lo saben. Otra cosa es que haya motivos (¿de corrección política?) para no perseguir a quienes así abusan de instrumentos dirigidos a proteger a las verdaderas víctimas.
    De nuevo se quiere censurar o tachar de mentirosos a los que se atreven a decir que el rey va desnudo. Tampoco muchos alemanes veían la persecución criminal del nazismo a los judíos, ni tantos intelectuales la represión estanilista. Probablemente éste es un nuevo caso de ceguera selectiva.

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  4. Víctor
    Víctor Dice:

    Totalmente de acuerdo. Al final lo q conseguimos es una injusticia e indefensión para la mayoría de hombres (parece q uno ya es culpable hasta q demuestre lo contrario) y q las mujeres q son víctimas sigan sufriendo la violencia. En resumen una ley injusta q no beneficia a nadie sino q perjudica a ambos sexos

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  5. Antonia Tobajas
    Antonia Tobajas Dice:

    Una vez que la igualdad ante la ley se ha desintegrado para siempre gracias a la maravillosa corrección política, y a la hipocresía de creer que la “discriminación” es buena si es “positiva”, el destino a largo plazo que nos espera a las mujeres no puede ser más aterrador. Es cosa de dos generaciones el que el Islam sea mayoritario en Europa, y para entonces todo tipo de discriminaciones contra las mujeres podrá ser incluido en los sistemas legales de Occidente aplicando las mismas herramientas que el feminismo ha puesto en marcha: si las mujeres se nos ha dado una especial protección debido a nuestra mayor “debilidad”, nada impedirá que en el futuro, dada esta mayor “debilidad” nuestra, se nos vuelva a tratar como a menores de edad.

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  6. Manu Oquendo
    Manu Oquendo Dice:

    Me gustaría sugerir la lectura reposada de la obra de Alicia V. Rubio.

    Aquí. https://www.amazon.es/Cuando-prohibieron-mujeres-persiguieron-hombres/dp/8460896013/ref=sr_1_1/259-8060604-5612407?ie=UTF8&qid=1500139906&sr=8-1&keywords=alicia+v+rubio

    La ley es un baldón al sistema jurídico que pasa a ser denunciable por violación de derechos humanos –presunción de inocencia, habeas corpus, etc.

    Es a todos los efectos una Ley de carácter totalitario que culpabiliza por su naturaleza a la mitad de los ciudadanos que pasan a ser como los Judíos en la Alemania nazi.

    No solo no resuelve sino que agrava por su profunda injusticia que, además, imposibilita el análisis y la solución de los problemas porque, al ser dogmática, plantea el Diagnóstico como Dogma de Fe Sectario.

    No es de sorprender que para salvaguardar el Dogma –y el estupendo negocio– oculten datos.

    Hablando de denuncias “instrumentales” y falsas.

    Siete años de denuncias………………1,034,613. de las cuales el 80% sobreseídas por infundadas. (Pagina 280 op.cit)

    Brutal, ¿no? Estamos hablando de derecho penal con gente que ha sido llevada a la cárcel por la mera denuncia. Miles de hombres cada año.

    Mientras tanto siete varones y tres mujeres se suicidan cada día. Hay un tupido velo analítico sobre las circunstancias de los crímenes comenzando por la desprotección y la agresividad estructural del sistema legal contra los hombres cuyos muertos por violencia doméstica ni siquiera se registran, reportan o investigan.

    Esto no es una anécdota ni una curiosidad legal. Es la destrucción desde dentro y por intereses espurios de todo un edificio jurídico que era otra cosa mucho más cercana al concepto de Justicia.

    El silencio ante esto ni es ético ni dignifica una profesión.

    Por ello, muchas gracias por el artículo.

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  7. Manu Oquendo
    Manu Oquendo Dice:

    Un caso de ahorita mismo. En Madrid.

    Esta semana tras tres años de la denuncia y de la consiguiente orden de alejamiento del chalet conyugal se produce una sentencia absolutoria en un conflicto de estos de “machismo”.

    La esposa, universitaria y tras unos 24 años de vida en común presentó demanda de divorcio y denuncia sin pruebas, obtuvo el divorcio y la expulsión del hogar de su antes esposo.
    Es un matrimonio joven pero con tres hijos, mayores de 21, años no emancipados. Ambos cónyuges trabajan en la Administración en puestos de buen nivel y pueden pagarse el proceso aunque la supuesta maltratada recibe asistencia letrada gratuita. El maltratador denunciado debe pagar su letrado.
    El juicio ha tardado tres años. La letrada de la parte perdedora quiere recurrir y, literalmente, la recurrente explica a sus conocidos que………”total, no me cuesta nada” sic.
    ¿Les suena?

    El círculo social de esta señora comienza a ver las cosas de manera diferente de como se las habían contado durante años y la sensación, independientemente del sexo del opinante, no es nada buena.

    ¿Qué intereses mueven leyes tan sesgadas y torticeras?
    ¿De qué nos sirven tantos legisladores si se unen para producir este engendro?
    O mejor, ¿A quién sirven?

    Saludos

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