Durante los últimos meses, al socaire de las dificultades financieras de las Administraciones Públicas y el objetivo de la reducción del déficit, surge con insistencia la idea del “copago”, es decir, la idea de imponer a los usuarios de los servicios públicos la obligación de abonar una cantidad de dinero, en ocasiones puramente simbólica. El debate en torno a esta posibilidad tiene aspectos jurídicos y aspectos de Administración Pública (es decir, aspectos relativos a la ciencia de la Administración Pública) que es necesario distinguir para que las conclusiones alcanzadas en cada caso sean correctas.   Empezando por los aspectos jurídicos, recodaremos que el Tribunal Constitucional, en sus sentencias 185/1995 y 182/1997 diferenció con claridad entre las prestaciones patrimoniales públicas y los tributos: es una prestación patrimonial pública toda exacción exigida coactivamente; es un tributo la prestación patrimonial pública que tiene por objeto sufragar los gastos públicos.   Además el Tribunal Constitucional ha elaborado un concepto constitucional del impuesto y de la tasa en su sentencia 296/1994, de tal forma que mientras que en el impuesto “el sujeto pasivo se determina por la actividad de los contribuyentes y el gravamen se obtiene sobre una base imponible que es expresiva de una […]

Manuel Pacheco

Manuel Pacheco es Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense, Abogado del Estado e Inspector de Servicios del Ministerio de Economía y Hacienda. Ha sido Director del Servicio Jurídico y del Departamento de RRHH y Administración Económica de la Agencia Tributaria, Secretario General Técnico y Subsecretario del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y Abogado Jefe de las Abogacías del Estado ante la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. En la actualidad es socio del Departamento de Litigación y Arbitraje de Garrigues.