La crisis institucional llega a la Agencia Tributaria.

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Entre los sitios de los que mejor recuerdo profesional guardo se encuentra la Agencia Tributaria, en donde tuve el cargo de Subdirectora de Asuntos Consultivos y Contenciosos de su Servicio Jurídico desde el año 1997 al 2000. Lo comento porque no solo el ambiente era excelente, la profesionalidad y el rigor la regla general y la colaboración y la responsabilidad  la norma, si no porque jamás nadie me hizo ninguna indicación que no fuera procedente sobre ningún asunto, por importante que fuera. Y los había. Para que se me entienda bien por indicación “no procedente” entiendo política, y por política entiendo instrucciones que no responden a criterios profesionales y no respetan el ordenamiento jurídico y los procedimientos establecidos para hacerla cumplir.
Se ve que las cosas han cambiado mucho desde entonces y no precisamente para bien. Ya me lo habían comentado en privado alguno de los amigos y buenos profesionales que todavía tengo allí. Por eso me ha sorprendido menos que al común de los mortales las numerosas noticias aparecidas en estos días que revelan que el funcionamiento de la AEAT es cada vez menos profesional y está cada vez más politizado, dos fenómenos que suelen ir en paralelo. Los incidentes o mejor dicho los escándalos –aunque sean o menos con sordina- se suceden. Ruedan las cabezas, es decir, cesan a los  nombrados por libre designación (en la Agencia muchos de los puestos tienen este carácter, lo que también ocurría cuando yo estaba allí, por cierto) por la libérrima voluntad de quien los nombró, sin más. No hay que justificar ningún cese (supongo que tampoco ningún nombramiento) y reina la arbitrariedad más absoluta confundida muy interesadamente con la discrecionalidad. No en vano acaba de morir el profesor García de Enterría que nos enseñó a varias generaciones de juristas a distinguir la una de la otra y que la arbitrariedad está proscrita en un estado de Derecho digno de tal nombre. Quizá eso explique que la cúpula directiva de la AEAT, pese a sostener que puede cesar a quien quiera, como quiera, por lo que quiera y cuando quiera prefiera hablar de reorganizaciones” para justificar los ceses de personas que no se adaptan a los nuevos tiempos. 
Podemos tomar como ejemplo el caso Cemex, que ya ha sido comentado ampliamente por los medios aquí o aquí.  Con independencia del tema de fondo, que desconozco, toda la historia revela una degeneración en el funcionamiento de la institución que es muy preocupante. Simplemente haremos hincapié en el hecho de que se destituye a una inspectora fulminantemente por actuar como lo haría cualquier Inspector de Hacienda. Se trata de la Jefa Adjunta de la Oficina Técnica de Dependencia de Control Tributario de la Delegación de Grandes Contribuyentes cuyo jefe, Ignacio Ucelay, ha dimitido al parecer por considerar improcedente el cese de su subordinada. También, según las noticias, un colectivo de inspectores pidió explicaciones por tan anómalo cese, explicaciones que, al parecer, no resultaron muy satisfactorias.
Porque, con independencia de si las liquidaciones  tributarias y las eventuales sanciones que se han aprobado en el caso Cemex son o no las pertinentes, lo cierto es que al resolver un recurso de reposición contra una liquidación tributaria si  el reclamante (en este caso Cemex) no aporta alegaciones, justificaciones o elementos de prueba distintas de las ya esgrimidas frente al acta de la Inspección de los Tributos y que esta ya ha desestimado, lo que hace siempre la Inspección en estos casos es confirmar la liquidación tributaria, como hizo la Inspectora destituida. Es decir, cualquier Inspector en su caso hubiera hecho lo mismo una vez que ya se había practicado la liquidación contra el criterio de la empresa confirmando el acta de la Inspección (que es solo una propuesta). Esto no quiere decir que se termine aquí el asunto, ya que queda expedita para recurrir la vía económico-administrativa y posteriormente la judicial. No le den más vueltas, las cosas en la AEAT se hacían tradicionalmente como les he contado. Salvo ahora. La pregunta es muy sencilla ¿por qué? Pues probablemente porque como venimos denunciando en este blog desde hace ya tres años hay personas y empresas en España que están por encima de la Ley.  Y son las que mandan.
Para rematar el lamentable desprestigio de una institución que ha sido una de las joyas de la Corona del Estado de Derecho tenemos el asunto de la Corona (de la otra). Hablamos de la defensa numantina de la Infanta Cristina (como ya escribí en otro sitio en España está claro que las infantas no pueden delinquir, por mucho empeño que pongan) que está siendo de una torpeza casi infinita. Efectivamente, esta actuación deslegitima a dos instituciones al precio de una, la monarquía –bastante tocada por cierto- y lo que me parece más grave -porque no lo estaba hasta ahora- a la propia Agencia. De este culebrón con sus imputaciones y sus desimputaciones, incluidos los recursos de por medio nada menos que de la Fiscalía, lo nunca visto, y de la Abogacía del Estado, que se supone que defiende los intereses del Estado (que conviene no confundir con la Jefatura del Estado) sobre el que ya hemos escrito nos quedamos con la –por ahora-  última escena de la tragicomedia: admisión de facturas simuladas como gastos deducibles para no llegar al límite de 120.000 euros en cuota. ¿Alguien da más? Si, el Ministro Cristobal Montoro, responsable de la AEAT que justifica los ceses de la cúpula destituida porque eran todos socialistas. Eso sí, seguro que en los nuevos nombramientos empezando por el del Director de la AEAT no se han tenido en cuenta otros criterios que los profesionales.
Las reacciones (hasta ahora) de los colectivos profesionales afectados (Inspectores de Hacienda y técnicos de Hacienda) han ido desde la prudencia hasta el desahogo. Por supuesto, no han faltado tampoco las voces habituales que achacan el malestar de estos colectivos a que los altos cargos destituidos o dimisionarios tienen carnet del PSOE, o estaban dentro de su órbita o tienen amistad con ellos… ya saben, lo de siempre, nunca falta una explicación o justificación de este tipo –los enemigos políticos nos atacan- precisamente cuando no hay otros argumentos. Las declaraciones del Director General de la AEAT, Santiago Menendez  (hermano de Adolfo Menendez, casualmente Secretario General de la Fundación Príncipe de Asturias)  con tirón de orejas a sus inspectores “desafectos” incluidos no tiene desperdicio.  Merece la pena leerlas aquí. Según el Director de la AEAT para recaudar más nada como una amnistía fiscal. Y también recuerda a los Inspectores que no se obsesionen con los grandes contribuyentes. Se ve que es mejor o por lo menos más cómodo inspeccionar a los pequeñitos, que no dan guerra y pagan sin rechistar.  Ah, y que deje la Inspección de quejarse de falta de medios, que ya aburre.
A estas alturas no estaría de más recordar que la AEAT no es de ningún partido, ni del PP ni del PSOE, y ni siquiera es de  la Jefatura del Esado. Es del Estado español, es decir, de los ciudadanos españoles. Y sus funcionarios a quien deben lealtad es a la institución, cuyo objetivo es recaudar nuestros impuestos, defender los intereses de la Hacienda Pública y sobre todo aplicar las leyes fiscales vigentes, respetando los principios constitucionales.de igualdad, generalidad, capacidad económica y no confiscatoriedad de los tributos, consagrados en el art.31.1 de la Constitución.
Tengan por cierto que muchos de los que conocen de primera mano los últimos casos tienen la misma opinión que yo, o incluso piensan que me quedo corta. En todo caso, me temo que no sirve de mucho que manifiesten su malestar en privado o que se exilien interiormente o sigan con el día a día como si nada hubiera cambiado. Otros apuntan a que el problema se acabaría haciendo desaparecer de una vez los puestos de libre designación. El problema es que no parece que quien tiene el poder de hacerlo esté muy dispuesto a desocupar voluntariamente el terreno conquistado.
Pues bien, a mi juicio este tipo de actitudes –muy frecuentes en los colectivos de los funcionarios más cualificados de la Administración- es un problema grave para impulsar la imprescindible regeneración institucional. Nadie debería tener más interés en defender la legitimidad, el buen nombre y el funcionamiento profesional de una institución que los funcionarios y técnicos que trabajan en ella. Entonces conseguirían, no lo duden, el apoyo y el respeto de la ciudadanía.
Pero todavía hay esperanza. Ha habido dimisiones en la AEAT y estas dimisiones han hecho mucho ruido.  Recientemente hemos tenido también la del Director de Inspección  Estas personas dimiten por dignidad profesional, pero su dignidad es la de la institución y la nuestra. Aquí tienen su carta. De verdad, si hay más personas como ellos, ganamos la partida.  Desde el blog nuestro admiración y nuestro apoyo.

¡Ay Fiscalía! La sentencia del caso Frago

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El pasado día 1 de octubre la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional resolvió anular una sanción de separación de servicio a un fiscal. Aunque la sentencia es interesante , y recomiendo su lectura, creo que lo singular en este caso no es la sentencia en sí, sino los hechos ocurridos.  El fiscal en cuestión, con muy pocos años de servicio y destinado en La Coruña, se quejó a la Inspección Fiscal de que estaba siendo sometido a acoso laboral por su superior jerárquico.   La Inspección archivó su queja y le incoaron un expediente a él. Previamente, ese fiscal había denunciado a su jefa ante el TSJ de Galicia por falsedad documental (entre otros documentos, se denunciaba la falsificación de la firma del fiscal en algunos escritos), que habiendo sido archivada de plano respecto a la Fiscal Jefe aforada, es en estos momentos objeto de activa investigación en un Juzgado de Instrucción de la capital gallega: ya veremos como acaba ese asunto, que puede todavía hacer más bochornoso todo esto.
La Inspección fiscal concluyó el expediente solicitando una sanción de separación del servicio del joven fiscal, con varias multas añadidas.   ¿Qué se le reprochaba, qué delito había cometido el compañero?  En un farragoso escrito -que leí en su día varias veces porque no me podía creer lo que estaba leyendo- señalaba la Inspección que el fiscal expedientado había incurrido en una falta muy grave de desobediencia “continuada” (no está prevista la continuidad en las infracciones disciplinarias en nuestro régimen sancionador) al haberse negado a obedecer una orden concreta de su Jefa, y al no haber hecho -un año antes- una estadística de faltas y juicios rápidos en el pueblo donde servía el fiscal.    Esas eran las faltas determinantes de su expulsión.
Los fiscales debemos obedecer las órdenes de los superiores; sin embargo tenemos como última salvaguardia de nuestra conciencia profesional un expediente interno para cuestionar la orden del superior.  Se recoge en el art. 27 del Estatuto del Ministerio Fiscal.  Lo sorprendente en este caso es que el fiscal invocó a su jefa el art. 27, por escrito, pero su superior ignoró su respuesta y reiteró la orden. Además, al margen de que no hay precepto alguno que obligue a los fiscales a llevar estadísticas, lo cierto es que la jefa dio mal la orden al fiscal en tal sentido, ya que no fue particular y escrita, como establece en la ley. Con estos mimbres, se expulsaba a un fiscal.  Hay que añadir que en el procedimiento sancionador establecido para los fiscales, el Consejo Fiscal (elegido por los fiscales) ha de ser oído y en este caso su informe ha de ser positivo para que se pueda llevar a cabo la sanción.   El Consejo Fiscal es la puerta del castigo.   El Consejo Fiscal -presidido por el Fiscal General del Estado, cuya especialidad es precisamente el Derecho Constitucional- estaba formado mayoritariamente por vocales elegidos por la Carrera Fiscal pertenecientes a la asociación profesional a la que pertenecía y ha liderado desde hace 25 años el actual FGE. Entre los vocales de esa asociación estaba la Fiscal Jefe de Juan Antonio Frago. Pues bien, por unanimidad (con la lógica ausencia de la Fiscal Jefa de La Coruña), el Consejo votó expulsar a Frago. Le sigo dando vueltas a qué pensaban los vocales y el FGE cuando decidieron eso.
No es de extrañar que la Audiencia Nacional haya anulado la sanción (aunque tal era el despropósito que durante un tiempo llegué a dudar de mi mismo, de mi buen criterio jurídico) indicando, entre otras lindezas, algo muy duro para la Fiscalía: “en este caso se ha vulnerado el principio de legalidad, precisamente aquel que debe ser defendido por el Ministerio Fiscal”.   Además, se critica severamente el procedimiento sancionador en la Fiscalía, introduciendo incertidumbres que solo pueden ser solucionadas a través de la intervención del legislador, ya que se considera vulnerador del derecho a un justo proceso el hecho de que no interviniera en el expediente un fiscal desvinculado orgánicamente del FGE, aspecto este hoy no previsto en el Estatuto.
Pues bien, señalado lo anterior, resulta muy indicativo del estado de la Fiscalía española, ahogada por la politización, la desconfianza al libre criterio de los fiscales, el secretismo en la toma de decisiones y el hiperdesarrollo de la jerarquía, que durante todo el expediente tan solo 33 fiscales (de más de 2400) se adhirieron a un Manifiesto pidiendo más garantías en los expedientes disciplinarios; que tras la sentencia no ha habido ningún pronunciamiento de las asociaciones de fiscales representadas en el Consejo Fiscal, ni de la Inspección Fiscal, ni de la Fiscalía General del Estado; que ni el Fiscal General, ni los vocales del Consejo Fiscal ni el Inspector Fiscal han dado siquiera explicaciones a la Carrera ni a la  opinión pública, a pesar del daño que han causado a la Institución y a un fiscal que actuó como se espera que actúe un fiscal, confiado y amparado en la legalidad. Ni se han disculpado ante el compañero. Es como si dijeran, como en aquella canción infantil “¿bueno, y qué?”. Y parece que tienen razón: ¿y qué pasa?. Por cierto, la Fiscal Jefe de la Coruña fue promocionada durante la tramitación del recurso contencioso administrativo a una Jefatura de mayor rango desde el Consejo al que pertenecía.  Ni la Fiscalía (a pesar de que el FGE anunció lo contrario en una rueda de prensa, quizá para sacarse de encima una pregunta incómoda) ni la Abogacía del Estado han recurrido la sentencia.
Menos mal que hay jueces, porque en el estado actual de las cosas, un fiscal no puede esperar un trato justo si se enfrenta con la jerarquía en la Fiscalía.

 

El CGPJ, el TS y la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, o quién defiende qué.

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Recientemente, la Sección Séptima de la Sala III del Tribunal Supremo ha dictado sentencia en donde reconoce expresamente que el CGPJ ha vulnerado dos de mis  derechos fundamentales (asociación e igualdad), tras denegarme la compatibilidad para ejercer el cargo de Fedatario-Administrador en la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial.Para situar al lector, efectuaré una breve referencia a qué es y por qué se crea la citada asociación, y la evolución de la misma.
La Plataforma, con solo tres años de vida, nació como consecuencia de la inquietud de un grupo de juristas concienciados y preocupados por la politización de la Justicia. Son socios fundadores de la misma, entre otros, catedráticos ilustres como D. Enrique Gimbernat o D. Andrés de la Oliva, así como hasta catorce magistrados repartidos entre toda la geografía española, y otros doce juristas no jueces, entre los cuales por cierto, se encuentra D. Fernando Gomá, uno de los editores de este blog “¿Hay Derecho?”.  Este colectivo, alarmado por la situación que atravesaba la Justicia en España, constituyó la Plataforma con la finalidad de “ mejorar el estado de la Administración de Justicia y garantizar su plena independencia eliminando cualquier atisbo de politización dentro del Poder Judicial”, tal y como se explica en su página web.
Pues bien, como he señalado al inicio del artículo, el CGPJ consideró que, dada mi condición de juez, no podía formar parte de la Junta Directiva de la Plataforma, por las razones que expondré a continuación.
Estos son los hechos: tras la promulgación del Reglamento de la Carrera Judicial 2/2011 de 28 de abril se introdujo en el artículo 326.1 i) el deber de que los jueces que quisieran ser directivos en asociaciones no estrictamente judiciales, debían obtener la previa declaración de compatibilidad por parte del CGPJ. Este órgano concedió la compatibilidad a los miembros judiciales que integraron la primera Junta Directiva dela Plataforma, tras su constitución en fecha 14/05/11.
Como puede imaginar el lector, las actuaciones y pronunciamientos emitidos por la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial desde su constitución se han caracterizado por ser bastante críticos con la situación actual, siendo especialmente insistente en la necesidad de que, conforme al espíritu dela Constitución, 12 de los 20 Vocales del CGPJ sean elegidos por y entre jueces y magistrados.
Pues bien, tras renovarse la Junta Directiva de la Plataforma un año después de su creación, fuimos designados para integrarnos en la Directiva tres nuevos jueces, que tuvimos que solicitar la declaración de compatibilidad al CGPJ, ya con D. Gonzalo Moliner en la Presidencia. El CGPJ, primero mediante acuerdo de la Comisión Permanente, y después tras interponer recurso de reposición, mediante Acuerdo del Pleno, denegó la concesión de compatibilidad que solicité para ejercer mi cargo como Fedatario-Administrador. La misma suerte corrió la compañera de Valencia, que fue designada para ejercer el cargo de Vocal.
Nobleza obliga, y es justo destacar que cuatro Vocales del CGPJ se desmarcaron de la decisión de la mayoría y emitieron Voto Particular. Fueron Dª. Margarita Robles, D. Manuel Almenar, D. Félix Azón y Dª. Inmaculada Montalbán.
Pese a que las competencias del Fedatario-Administrador son escasamente relevantes (artículo 21 de los Estatutos), no nos pareció ajustado a Derecho el Acuerdo del Pleno, y decidí interponer ante la Sala III del Tribunal Supremo recurso por el procedimiento especial para la protección de Derechos Fundamentales, al entender que se habían vulnerado mis derechos de asociación, igualdad y libertad de expresión. Este último derecho fundamental, aludido expresamente en el Voto Particular por los vocales discrepantes.
Pues bien, la Sala III del Tribunal Supremo en sentencia de fecha 06/11/13 ha estimado la demanda interpuesta declarando expresamente que el CGPJ vulneró con su acuerdo dos derechos fundamentales: el de asociación y el de igualdad.
Que los jueces en España tengamos que acudir al Tribunal Supremo para que este órgano declare que el CGPJ  ha vulnerado nuestros derechos fundamentales como jueces integrados en asociaciones críticas con la politización de la Justicia, no deja de resultar ciertamente triste.
El propio Tribunal Supremo razona en su sentencia que el CGPJ cambia de criterio al denegar la concesión que antes concedía, sin aportar justificación alguna que fundamente el cambio de criterio.La Plataforma, como el lector habrá ya deducido, no es una asociación complaciente con la situación actual, y sus comunicados y actuaciones están orientados a concienciar a la sociedad de las carencias de que, en nuestra opinión, adolece el Poder Judicial en España.
Cuando el CGPJ, un año después de la constitución de la Plataforma, cambió su criterio y denegó la compatibilidad a quienes debíamos ejercer cargos directivos en la misma, entendimos que no estaba actuando conforme a Derecho. Lo cual, tratándose del órgano de gobierno de jueces y magistrados, nos pareció grave. Así incluso se manifestaron los cuatro Vocales que emitieron Voto Particular. Parece que también ellos vieron un deseo de silenciar a la Plataforma. En concreto, en su Voto Particular se recogía “que la compatibilidad debiera de haberse concedido, y que la decisión adoptada por la mayoría, comporta una clara restricción al derecho a la libertad de expresión y crítica de jueces y magistrados. Se deniega la compatibilidad con un fin preventivo sobre la base de la posibilidad de que se lleguen a realizar determinadas manifestaciones.”
Hoy, el Tribunal Supremo nos ha dado la razón con esta sentencia, lo cual es motivo de alegría por una parte, y seamos sinceros, de preocupación por otra. Que el lector saque sus conclusiones.
Agradezco a los editores del blog “¿Hay Derecho?” el interés por el caso, y aprovecho para compartir con sus lectores la siguiente reflexión: No dudéis que una inmensa mayoría de los jueces que formamos parte de la Carrera Judicial no sólo  lamentamos el descrédito del que adolece el Poder Judicial, sino que antes bien, nos duele más aún comprobar que algunos de nuestros compañeros se prestan a un juego del que nos avergonzamos a diario.

¡Ay, Derecho! Gallardón, Guerra, Freud y el CGPJ

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El ministro de Justicia Ruiz-Gallardón fue entrevistado ayer por Carlos Herrera en Onda Cero, y fue preguntado por los recientes nombramientos para el CJPJ. Pueden oír la entrevista aquí. A mí me ha producido una cierta conmoción.
El hecho mismo de que la ley se haya modificado para politizar más la justicia y que se hayan verificado esos nombramientos en contra del programa del PP es, por supuesto, grave y ya ha sido comentado aquí, y otras numerosas veces. Recordemos que el programa del PP decía: “11. Promoveremos la reforma del sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, para que, conforme a la Constitución, doce de sus veinte miembros sean elegidos de entre y por jueces y magistrados de todas las categorías”.
Pero, en fin, comprendemos que esa incoherencia tiene una motivación política racional, por mucho que esta motivación sea contraria al Estado de Derecho y a la división de poderes.
Y eso me irrita, pero, ay (Derecho), reconozco que lo que más me irrita de todo –humano soy- es que me digan que eso lo hacen para profundizar en la democracia, pretendan que me lo crea y me tomen por lo que no soy. En la mencionada entrevista, el ministro incluía esta perla:
“¿Por qué el Parlamento? Porque es el titular de la Soberanía. Porque el art. 1 de la Constitución dice que del pueblo español emanan todos los poderes del Estado. Todos: el poder legislativo, el poder ejecutivo y poder el judicial. Si quien representa a este titular de la soberanía a todos los efectos que es el pueblo español puede elegir al presidente del gobierno de España, cuanto no más va a tener facultad para intervenir en el nombramiento del órgano de gobierno del Poder Judicial….”
Creíamos que el ministro pensaba que uno de los pilares del Estado de Derecho era la división de poderes, y que el hecho de que el ejecutivo o el legislativo pudieran influir en el judicial por medio de la promoción de los jueces era una cosa negativa. O eso se deducía de lo que dijo en la Comisión de Justicia del Congreso el 25 de enero de 2012 (páginas 3 y 4), del que extraigo este texto:
“Quiero comenzar por la cúspide, es decir, por el Consejo General del Poder Judicial y reside en el consejo una preocupación que tiene este ministro, que tiene el Gobierno y que creo que sus señorías deben de compartir: no podemos seguir con la imagen de politización de la justicia en España. No podemos seguir con una imagen en la que la división de poderes que consagra nuestra Constitución está, a efectos del ciudadano, absolutamente vulnerada como consecuencia de la extensión de la lucha partidista a la configuración de los órganos de gobierno de uno de los poderes del Estado. No es eso, señorías, lo que quiso el legislador constituyente”
En fin, reveladores cambios con, por cierto, interesantes connotaciones psicoanalíticas, pues nada menos que el señor padre del Ministro fracasó en su impugnación de la pretensión socialista de politizar la justicia y, cuando parecía que el hijo iba a vengar al padre, lo que hizo fue reivindicar al que le venció: Alfonso Guerra, que certificó la muerte de Montesquieu.

¡Ay, Derecho! La repartija final

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Ayer terminó el proceso de elección, perdón, de demolición, del Poder Judicial, con la elección de los jueces que han de integrarlo. Unos días antes habían sido elegidos los juristas “de reconocido prestigio”, entre los que destacan unos cuantos cónyuges y algunos mamporreros de los mandantes. En próximos post procederemos a analizar sus respectivos cv y sus conexiones particulares.
Pero lo que me interesa destacar ahora son los principios que han presidido la negociación entre los partidos a la hora de proceder a la selección. Aunque, en realidad, una vez terminado el proceso ha quedado claro que sólo había un principio: que no habría vetos entre los partidos (ver aquí), es decir, que cada uno elegiría libremente a los suyos sin intromisiones por parte de los demás. Una vez que este principio quedó claro, todo ha sido muy fácil, lógicamente: la “negociación” de los nombres y su “aprobación” por el Congreso ha ido sobre ruedas, demostrando una vez más la disposición al consenso de nuestras élites políticas. Y encima nos quejamos.
A la vista de todo ello podemos deducir tres conclusiones muy evidentes:
1.- La vulneración absoluta de la doctrina constitucional sobre la materia, que insiste especialmente en que no cabe el reparto, sino sólo el consenso, como explicamos en este post. Al margen del escándalo político que esto implica, ¿cabe algún recurso legal? Sobre esto también hablaremos.
2.- La constatación de que formar parte de este órgano es un gran demérito en la carrera profesional de sus integrantes. No han sido elegidos por ser los mejores, sino por su fácil disposición a anteponer los intereses de sus mandantes al interés general. Ningún jurista de reconocido prestigio aceptaría nunca someterse a un procedimiento de designación tan denigrante.
3.- La vacuidad de las alegaciones de que cualquier otro sistema fomenta el corporativismo judicial. No es cierto, como hemos demostrado aquí hasta la saciedad, pero es que, además, debemos ser conscientes de que lo que tenemos ahora no es un sistema, es una corruptela, pero no una corruptela ordinaria, como la de Bárcenas o la de los Eres, sino una todavía mucho más grave, que ataca directamente a los fundamentos del Estado de Derecho. Como indicamos en otro post, un auténtico golpe institucional. En otros países teóricamente menos desarrollados se han dado cuenta de su extraordinario peligro. Aquí seguimos esperando.
 

Flash Derecho: Hacienda mete prisa al Tribunal Supremo

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En el último número de la revista Interviú, del 11 de noviembre, aparece un interesante artículo del periodista Bruno Pérez, titulado: “Montoro busca 6.000 millones en los tribunales”, en el que se pone de manifiesto algo que soterradamente venía comentándose: “altos cargos del equipo del ministro Cristóbal Montoro mantienen con las salas de Gobierno del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional un constante diálogo para pedirles que se agilicen los juicios por causas fiscales pendientes. En Hacienda calculan que 6.000 millones de euros están embalsados en pleitos solo en el Tribunal Supremo, la instancia a la que llegan los contribuyentes particulares más ricos y las empresas más grandes. La media de espera en esos casos es de diez años”.
Es de suponer que se solicitará la agilización de los pleitos en los que Hacienda estime que las resoluciones judiciales le van a ser favorables, claro.
La referida noticia pone de manifiesto que nuestro (sic) Tribunal Supremo, desde la ley 37/2011 de medidas de agilización procesal, ha quedado –al menos en lo contencioso-administrativo- para resolver los asuntos de las empresas del Ibex y de los grandes contribuyentes, lo que algunos han denominado justicia para ricos.
Como señaló el Presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, CÓRDOBA CASTROVERDE (“Las medidas de agilización procesal en el orden contencioso-administrativo: lo que la ley no dice y debería decir”. LA LEY 19455/2011) “Tampoco soy partidario de una progresiva y periódica elevación de las cuantías para recurrir, sobre todo en casación, como principal remedio para evitar el excesivo número de recursos que llegan ante el Tribunal Supremo y la proliferación de asuntos que no deberían ocupar el esfuerzo de dicho Tribunal. Siempre he creído que la labor que ha de cumplir el Tribunal Supremo es la creación de jurisprudencia y la unificación de criterios y ello no depende, como regla general, de la cuantía del recurso, pues se corre el riesgo de dejar fuera de la casación un importante número de recursos que si exigen un pronunciamiento del Tribunal Supremo, permitiendo sin embargo que accedan otros que carecen de interés. Otro debe ser el camino, propiciando una mayor capacidad de selección por parte de este Tribunal en la elección de los asuntos que deben ser conocidos y resueltos por el Tribunal Supremo con independencia de su cuantía”.
También se pone de manifiesto con dicha información la imperiosa necesidad de reformar el papel del Tribunal Supremo, en línea con lo propuesto en el “Informe explicativo y propuesta de ley de eficiencia de la jurisdicción contencioso-administrativa”, elaborado recientemente por la Comisión General de Codificación, al que dedicamos un post recientemente en este blog y que es de esperar que no duerma el sueño de los justos.
Sería de mayor interés que el Ministerio de Hacienda impulsara dentro del Gobierno esta reforma legislativa que llamar a las puertas del Supremo metiendo prisas.
 
 
 

La dignidad de la Justicia española: el CGPJ oficial y las elecciones alternativas

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Acaban de ponerse de acuerdo los partidos políticos entre bambalinas para pactar cómo repartirse el gobierno del Poder Judicial español. Y han tardado en conseguirlo.

 Triste espectáculo es el de una clase política obsesionada por hacerse con el control de todos los resortes del poder, la Justicia inclusive. Es una tragicomedia que se repite cada vez que toca renovar el Consejo General del Poder Judicial. Esta vez, empero, hay un matiz: mediante la última reforma normativa, han pretendido adecentarse con un barniz de legitimidad. Así, los grupos políticos escogerán como miembros del futuro Consejo a los jueces que a tal efecto se postulen, siempre que los candidatos dispongan al menos del aval de veinticinco compañeros de la carrera judicial. Ni que decir tiene que, a la postre, los agraciados serán sólo aquellos a quienes les plazca a los partidos, independientemente de la cantidad de respaldos que los postulantes hayan logrado arrebañar.
Este mecanismo, fruto de la violación del programa electoral, tienta a los jueces a comprometerse en el juego de la politización, al tiempo que lanza a la opinión pública la falsa imagen de un Poder Judicial cómplice en los manejos de la partitocracia. Sin embargo, el engranaje está obturado. No sólo por la incapacidad de los respectivos prebostes para llevar a buen puerto sus cambalaches, sino porque se ha colado entre sus muelles y ruedecillas un cuerpo extraño, a saber: las “elecciones alternativas”. ¿De qué estamos hablando?
Los jueces españoles han rechazado abrumadoramente los tejemanejes del poder político. Muestra de ello es que solamente cincuenta y dos candidatos han decidido ofrecerse a los partidos con la esperanza de ser tocados por ese dedo mágico que un día los convertirá en figurantes de un Consejo politizado. La mayoría de las asociaciones judiciales boicotearon el proceso oficialista. Y, como resultado, sólo un mínimo de aspirantes se han postulado entre los casi cinco mil integrantes de la judicatura española. Un puñado de manoseada arena en una límpida playa.
Pero, además, un grupo de jueces, organizados espontáneamente a través del correo electrónico, sin conexiones con el poder político, económico, periodístico o servidumbres ideológicas de clase alguna, han decido organizar el mentado “proceso electoral alterativo”. Consiste en unas elecciones simbólicas, sin valor jurídico, pero muy valiosas como gesto de protesta ciudadana. Mediante el voto electrónico, debidamente garantizado por fe pública notarial, han elegido a doce compañeros en contestación a la farsa electoral de ese poder político invasivo que aspira a infiltrarse hasta en el más escondido rincón de nuestra Administración de Justicia. En este mismo blog se anunció en septiembre su celebración.
El acta notarial fue extraordinariamente laboriosa: se abrió por el notario una cuenta de correo exclusivamente con el objeto de recibir estos correos. Solo serían válidos los que procedieran de una determinado dominio y se recibieran durante un determinado plazo, de acuerdo con las bases publicadas. Se recibieron más de mil correos, la mayoría de ellos con votos a doce candidatos. El procedimiento fue abrir una hoja excel con los votantes por un lado y los candidatos por otro, para poder hacer el recuento y descontar más fácilmente los correos repetidos por error.
El éxito sorprendió hasta a los propios organizadores. Un millar de jueces de todo el territorio nacional participaron en las elecciones. El candidato más votado obtuvo 648 sufragios, frente a los exiguos 210 avales de la candidatura oficialista mejor dotada; por otro lado, el candidato alternativo menos votado registró 132 votos, muy lejos de los 28 escuálidos avales del postulante menos respaldado. La prensa difundió la noticia de la presentación de los resultados en el Ateneo de Madrid.
Es una larga historia cuyos capítulos se remontan al Manifiesto por la despolitización de la Justicia, al que se adhirieron en el año 2009 casi 1.500 magistrados. En definitiva, un acto de dignidad para demostrar que los jueces no andamos hambrientos de cargos y, sobre todo, una llamada de auxilio al pueblo español en unos momentos en que la división de poderes está más amenazada de muerte. Los jueces, solos, no podemos.

Flash Derecho: un manifiesto social contra las tasas un año después de su entrada en vigor

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El presidente de la Abogacía Española, Carlos Carnicer, junto a la decana del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), Sonia Gumpert, encabezará mañana la concentración que se llevará a cabo en Madrid a las 12h. ante los juzgados de Plaza de Castilla en protesta por las tasas judiciales. La Plataforma Justicia para Todos, constituida, además de por la Abogacía, por sindicatos, funcionarios, asociaciones de consumidores, la Interasociativa de Jueces y Fiscales- entidad integrada por las principales asociaciones judiciales- y asociaciones de secretarios judiciales han dado a conocer esta mañana el manifiesto “Un año contra las tasas” y expresará su protesta en Madrid -entre otras poblaciones- a las 12horas ante los juzgados de Plaza de Castilla contra las tasas judiciales.
No sabemos si habrá mucha gente en esas manifestaciones, la verdad. Ni si la mayoría serán profesionales de la abogacía.  Tampoco tenemos muchos datos de lo que ha pasado este año, por lo que cada uno puede  sostener lo que quiera, según sus convicciones o según sus intereses, lo que no es nada infrecuente en España. Los abogados que van por los tribunales dicen queí ha bajado el número de demandas y recursos, pero nadie la  pregunta del millón es ¿cuales? Porque claro, si hemos conseguido que solo recurran los que pueden pagar las tasas aunque no tengan razón, y que no recurran los que no pueden pagarla aunque la tengan, hemos hecho un pan como unas  tortas.  Cada día tendremos un país más injusto y con más desigualdad ante la Ley. Eso sí, a lo mejor en unos lustros el TC dice que la ley era inconstitucional, pero no pasará nada, ni nadie responderá políticamente claro . Ah, y dentro de poco tendremos un CGPJ totalmente politizado, parece que solo falta que el PPSOE se pongan de acuerdo en quien va a presidirlo. Eso sí, ya nos ahorramos los discursos y las buenas palabras acerca de la independencia del Poder Judicial,  algo es algo.
En el blog hemos sido beligerantes en este tema, como puede verse en la cantidad de posts que le hemos dedicado.

Video-entrevista a Fernando Rodríguez Prieto sobre la situación de la mediación en España

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En el pasado Simposio sobre la Mediación, Lawyerpress TV hizo una entrevista a nuestro Editor, Fernando Rodríguez Prieto. El entrevistado no pudo dejar de ser crítico respecto a una situación que considera en exceso complaciente con lo que hay. Con demasiada frecuencia se confunde en un país con débil sociedad civil, como el nuestro, el debido respeto a la autoridad con la omisión de cualquier crítica a una gestión que las merezca.
La mediación es un instrumento fabuloso para resolver numerosos conflictos, pero es difícil de descubrir en una sociedad que la desconoce. En todos los países que hoy disfrutan de su uso frecuente ha sido necesario un decidido impulso de las autoridades para hacerlo posible, con medidas como la posibilidad de imposición de costas del proceso a quien injustificadamente rehuse comenzar una mediación, la imposición de la necesidad de informarse adecuadamente sobre esta solución antes de demandar, o campañas divulgativas.
La inmensa mayoría de las personas y empresas que han tenido así la oportunidad de conocer esta herramienta lo agradecen. Y todo de ello se ha traducido en menos costes y más competitividad de las empresas, mejores soluciones a los implicados en conflictos que las impuestas, y un notable ahorro de costes de la Justicia.
Sorprendentemente nuestros responsables políticos desprecian todas estas medidas que han resultado tan exitosas fuera de nuestras fronteras, y parecen creer que en España la mediación se dará a conocer por sí sola, por generación espontánea. La complacencia acrítica ante esta situación de muchos operadores es lo que critica Fernando Rodríguez Prieto, quien tuvo que escuchar a un ex-ministro decir que nuestra regulación era tan estupenda que no había que tocarla.
Tampoco olvida el entrevistado la crítica a la pretensión de imponer como obligatoria un cierto modelo de formación desfasado e ineficiente, con la excusa de querer garantizarse una calidad que en absoluto está garantizada con el mismo. Si les interesa la materia, animamos a escuchar y ver la entrevista, de poco más de diez minutos.
Ver el vídeo de la entrevista
 

Un año de la tragedia del Madrid Arena

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Hoy hace un año murieron unas chicas en una fiesta de Halloween en una tragedia no solo previsible, sino probablemente evitable. La vida de sus familias ha cambiado para siempre pero ¿ha cambiado algo la forma de hacer las cosas del Ayuntamiento de Madrid cuyo equipo de gobierno es el responsable político último de esta tragedia? Pues parece que poco.  Aparte de las dimisiones y/o ceses casi siempre ligados a las imputaciones penales (y seguidas normalmente de “recolocaciones” de los cesados o dimitidos afines o afiliados, considerados más como una especie de víctimas de la instrucción que como responsables de nada) la vida política sigue como siempre, en el Ayuntamiento y en otras instituciones. Nadie responde  nada, ya sea –a nivel local- esta tragedia,  la candidatura olímpica, la degradación de las calles de Madrid o el último escándalo de nepotismo o corrupción.  En España no se depuran más responsabilidades que las penales y eso con mucha suerte y muy tarde, aunque eso sí, se montan hasta Comisiones de Investigación supuestamente para depurarlas. Como en este caso.
Aquí tienen un resumen de las comparecencias que se permitieron (el PP vetó muchas otras pedidas por la oposición pero que podían resultarle incómodas)   donde la tónica general fue la autoexculpación y el echar balones fuera. La conclusiones finales también se las pueden imaginar  Aquí tienen el dictamen de la Comisión. 
Por si los lectores no tienen paciencia para leer todo el documento, les copiamos algunos párrafos que no tienen desperdicio: “La causa incuestionable de la tragedia del Madrid Arena puesta de  manifiesto en la Comisión de Investigación ha sido la intolerable e  injustificable conducta del promotor del evento, Miguel Ángel Flores,  propietario de Diviertt, S.L., al vender entradas que superaban el aforo  máximo permitido en el recinto del Madrid Arena. Éste, sin duda, es el desencadenante primero de una tragedia que responde básicamente al mal uso realizado de una instalación que sí estaba preparada para acoger el evento tal y como estaba planificado contractualmente.  Así, se produce una trágica situación que se debió también, de acuerdo con los testimonios recabados en la Comisión, al incumplimiento por parte del personal de la empresa Kontrol 34, contratado por Diviertt, S.L, de su deber a la hora de limitar la circulación de los asistentes entre los diferentes niveles del recinto.”
Es decir, menos mal que hemos encontrado el chivo expiatorio perfecto. El Ayuntamiento dueño de las instalaciones y de la empresa pública que le contrató  no tiene nada que ver, ya nos aclaran que “El pabellón Madrid Arena lleva funcionando más de diez años, y en todo este tiempo se han celebrado eventos muy diversos, muchos de ellos de similares características al del 1 de noviembre objeto de esta Comisión. Estos datos avalan la seguridad de la instalación, pero es obvio que en esta ocasión algo falló.”  Y tan obvio, nada menos que cinco chicas muertas.
Por supuesto, toda la contratación era legal.  “A estas alturas se ha demostrado que las cláusulas del contrato eran las correctas. También sabemos que se habían previsto los correspondientes procedimientos de seguridad, y que los servicios de emergencia del Ayuntamiento desarrollaron su labor con eficacia una vez tuvieron conocimiento de lo sucedido.”
Es decir, todo se hizo dentro de la legalidad más absoluta, pero como es evidente que algo falló –más bien todo- hay que concluir la culpa fue del malvado empresario en solitario.  Claro que entonces no se entienden mucho las conclusiones y recomendaciones de la Comisión de Investigación para que una tragedia así no vuelva a suceder, ni siquiera la de destituir a los gestores de Madridec que, aunque contrataron legalmente a la empresa de Miguel Angel Flores, algo debieron de hacer mal. Hasta tenemos un responsable político, el Concejal D. Pedro Calvo que era el superior de los gestores de Madridec -aunque en realidad no mucho, porque no tenía funciones ejecutivas- pero cuya autoexigencia ética le lleva a dimitir sin que eso tenga nada que ver por supuesto con que el Juez de Instrucción le haya imputado. Suponemos que a estas alturas la música y la letra de este dictamen de la Comisión de investigación ya les sonará, es una especie de cuadratura del círculo muy parecida a la del Gobierno cuando elabora medidas de regeneración para una corrupción generalizada que supuestamente no existe y que tampoco le afecta en absoluto. Resulta bastante esquizofrénico.
Por si creen que estamos exagerando transcribimos literalmente la lectura del apartado de las conclusiones sobre las “responsabilidades políticas” del caso. “La gravísima conducta del promotor del evento como causa de la tragedia no puede ser, en modo alguno, un motivo para sortear la responsabilidad de Madrid Espacios y Congresos, S.A., la empresa municipal que contrató al citado promotor. Responsabilidad asumida sin ambages ni excusas con la dimisión del Delegado del Área de Economía, Empleo y Participación Ciudadana, don Pedro Calvo Poch, era el más alto cargo del Ayuntamiento de Madrid – si bien sin funciones ejecutivas ni de gestión- en la citada empresa municipal. Dimisión que responde a la exigencia ética a que nos debemos los responsables políticos en el ejercicio de nuestra misión de servicio a los ciudadanos”  Además de a la autoexigencia ética, la dimisión parece que tiene que ver con su imputación por el Juez de Instrucción  y no le ha costado mucho -dinero al menos- dado que sigue a sueldo del grupo parlamentario municipal.
El dictamen sigue explicando que “Asimismo, las responsabilidades se han sustanciado en la destitución del Consejero Delegado de Madrid Espacios y Congresos,  S.A., don José del Rivero, y del Gerente de la misma empresa municipal,  don Jorge Rodrigo. Independientemente de que los procedimientos utilizados por “Madrid Espacios y Congresos, S.A” fueran legales, que lo fueron a la luz de lo acontecido y declarado en la Comisión de Investigación, este Grupo Municipal entiende que los espacios públicos no deben utilizarse para macroeventos como el de la madrugada del 1 de noviembre. Como ha declarado ya la Alcaldesa, nunca más van a tener ese uso”.
Es decir, el concejal políticamente responsable que dimite por vergüenza torera y no por haber sido imputado no tiene ningún tipo de función ejecutiva ni de gestión en la empresa a cuyos responsables también se les destituye pese a haber respetado escrupulosamente la legalidad vigente y haber firmado un contrato perfectamente correcto con el responsable directo del desastre. Y como corolario, ya no se alquilan más los recintos municipales para este tipo de eventos, que así lo ha decidido la sra. Alcaldesa sin necesidad de modificación normativa, procedimiento o votación alguna, que para eso es la que manda. ¿Alguien entiende esto?
Pero en fin, diga lo que diga una Comisión de Investigación controlada por el partido al que pertenecen los investigados, detrás de lo que ocurrió en el Madrid Arena no hay fenómenos naturales e inevitables, sino una serie de fallos humanos y muy previsibles, incumplimientos flagrantes de la normativa aplicable, amiguismo, desorganización y por tanto muchas responsabilidades de todo tipo, administrativas, judiciales y por supuesto políticas. Las penales ya se están investigando aunque la tradicional lentitud de la Justicia española. Según esta noticia, la causa puede alargarse todavía otros dos años. Hay 24 imputados,  entre ellos una docena de cargos del Ayuntamiento. Las imputaciones se deben a las negligencias municipales, tratos de favor a la empresa de Miguel Angel Flores y el descontrol en el área de seguridad de Madridec como responsable del recinto y en general en el área de Seguridad y policía municipal.  Nada de eso aparece  en el informe elaborado por el Ayuntamiento y en el  dictamen de la Comisión de Investigación tienen como finalidad principal exculpar a los posibles responsables, particularmente a los dirigentes políticos y elegir un culpable, en este caso el muy adecuado “empresario de la noche” Miguel Angel Flores,( que por cierto era íntimo amigo del vicealcalde, cesado a consecuencia de estas amistades peligrosas pero que sigue también como concejal.  No es sorprendente, dado que para esto, para ocultar y no para investigar es para lo que sirven en general las Comisiones de Investigación en España,  
Como comentamos en este post en este caso prácticamente no se cumplió ninguna norma ni de contratación, ni de seguridad ni de espectáculos públicos, ni de urbanismo, ni de nada. Solo de forma secundaria y una vez conseguida la principal finalidad exculpatoria se proponen medidas para evitar que este tipo de sucesos vuelvan a suceder. Lo más curioso es que muchas de estas medidas ya están en la normativa vigente e incumplida, como las que prohíben superar en un recinto un determinado aforo. Da igual, se proponen otra vez. Nunca hay consecuencias graves –salvo las muy lejanas en el ámbito penal- para los que pudieron impedir los hechos por el sencillo expediente de exigir o garantizar que se cumpliera la normativa en vigor. Normativa cuya finalidad es precisamente evitar que se produzcan este tipo de catástrofes. Porque es importante recordar que el cumplimiento de las normas, fundamento básico de un Estado de Derecho también está para impedir desastres como estos. El que haya cargos públicos que incumplan la Ley o permitan que se incumpla a veces tiene también este tipo de consecuencias. Y que una tragedia como ésta salga tan barata en términos políticos en España da mucho que pensar.