¿Patrocinio publicitario de leyes e instituciones? Un polémico anteproyecto de reforma de la ley de mecenazgo

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Es un rumor navideño, pero podría convertirse en noticia próximamente. Como medida complementaria para aumentar la depauperada recaudación fiscal, parece ser que el Gobierno está estudiando, a través de una Comisión de expertos “ad hoc” formada por abogados de los principales despachos nacionales especializados en asesoramiento a grandes empresas y Consejeros de la CNMC y del CGPJ, la posibilidad de patrocinar determinados actos legislativos e incluso instituciones públicas. En concreto, se está valorando la conveniencia de elaborar una normativa de rango legal, mediante un Anteproyecto de ley de reforma de la Ley 49/2002 de 23 de diciembre, de incentivos fiscales al Mecenazgo (denominado de forma un tanto pomposa “de incrementación de la visibilidad legal y rentabilización de la legisferencia”) que permitiría extender el patrocinio publicitario de las grandes empresas hasta límites desconocidos hasta ahora en nuestro ordenamiento jurídico, y que pueden sin duda resultar algo polémicos.
Efectivamente, si ahora este patrocinio se ha limitado fundamentalmente al ámbito del deporte (liga BBVA, las camisetas patrocinadas de los equipos, los  nombres de los estadios, competiciones de alto nivel, etc, etc), ahora se quiere ampliar a las leyes e incluso a las propias  instituciones  como el Parlamento o los organismos constitucionales. En efecto, ahora se permitiría que una Ley llevara el nombre de su patrocinador o mecenas. Así, por ejemplo, sería teóricamente posible que si el Parlamento aprueba una ley de protección al consumidor bancario, y  que si Bankia, por ejemplo, decidiera patrocinarla, pudiera denominarse  “Ley Bankia” de protección de los consumidores bancarios y así debiera citarse en la doctrina y jurisprudencia. Algo un tanto paradójico, si tenemos en cuenta el tipo de sentencias que podrían dictarse en contra de dicha entidad al amparo de la norma patrocinada por ella misma. En la misma línea, otra de las propuestas que están más avanzadas está la de denominar a una futura Ley sobre grandes superficies comerciales, “Ley  Carrefour, aproveche nuestras ofertas”.

En su blog “rumorespolíticos.com” el periodista especializado en asuntos jurídicos y conocido tertuliano  Jorge Yellow asevera que los expertos encargados de la redacción del Anteproyecto han declarado confidencialmente que este norma no supone en absoluto una privatización de la legislación, como se han apresurado a denunciar los grupos políticos de la oposición, porque “el que patrocinen el título de la norma no quiere decir que patrocinen su contenido (sic)”. Lo cierto es que algunos diputados socialistas han manifestado que como al Gobierno  ya no le queda nada importante por privatizar, no les extraña nada que ahora les toque a las leyes y a las instituciones y se han preguntado -no sin  cierta ironía- que, ya puestos, por qué no se ha aprovechado para llamar “Ley Bárcenas” a la recientemente aprobada Ley de Transparencia, dado que “seguro que no les faltaría dinero para patrocinarla. Negro, por supuesto”.
Con ser esta iniciativa bastante grave, por lo que tiene de degradación -aún más si cabe- de la calidad y legitimación de nuestras leyes, hay algo  todavía peor. Se está planteando seriamente permitir que instituciones como el Congreso, el Senado, el Defensor del Pueblo o… ¡el Tribunal Supremo! cambien sus denominaciones.  No nos parece razonable en una supuesta democracia avanzada el que pueda plantearse este modelo. El caso es que, al parecer, el Ministro Montoro  ha afirmado que ya hay patrocinadores concretos que estarían interesados en colocar sus logos en el fronstipicio de nuestras instituciones democráticas. No es de extrañar, si es cierto el rumor de que ha amenazado veladamente con inspecciones a las empresas que no patrocinen. Pero los nombres alternativos propuestos que se rumorean podrían contribuirían aún más al creciente desprestigio de nuestras instituciones: el Congreso pasaría a llamarse “Ikea Congress Arena”, el Senado “Nespresso Experience” (éste quizá no estaría del todo mal, la verdad, porque capta muy bien la esencia del trabajo de nuestros senadores), y el Defensor del Pueblo, el nombre que menos nos gusta, pasaría a llamarse “Defensor MediaMarkt, del pueblo (porque el pueblo no es tonto)” nombre larguísimo y que no genera precisamente mucha confianza. Sobre la propuesta de cambiar el nombre de nuestro Tribunal Supremo por el de “La Chispa de la Justicia”, en alusión nada sutil a un conocidísimo refresco de cola, ya ni hablamos…
La reacción de los nacionalistas ante estas propuestas ha sido un tanto ambigua. tras criticar la iniciativa ya han anunciado que van a copiar el modelo, aunque con su imprescindible rasgo diferencial. “No nos importa el patrocinio, como muestra de la integración de las empresas catalanas en los asuntos públicos”, ha dicho Homs. “Sin embargo los lemas deben reflejar las aspiraciones de libertad de nuestro pueblo,  o al menos destacar los valores cívicos propios de los catalanes”, añadiendo que, por supuesto, deberán estar en catalán. Los patrocinios y los lemas elegidos no se otorgarán allí en favor del mejor postor, como en el Estado, sino que ya se ha constituido una Comisión, con miembros elegidos por CiU, ERC y IC, que analizará la raigambre local de las empresas, y su compromiso con el catalanismo. El sistema de selección ha sido criticado por Ciutadans, como oscuro y tendencioso. Tampoco el hecho de  las dos terceras partes de los miembros de la Comisión estén imputados por soborno genera mucha confianza.  Fuentes oficiales catalanas, sin embargo, quitan importancia a este dato, señalando que se trata de “la típica persecución españolista que intenta desprestigiar la permanente aspiración del pueblo catalan por conservar su identidad”
La ventaja es que en Cataluña son tantas las leyes y las  instituciones autonómicas que hay para repartir. Se dice que Nutrexpa ya ha querido patrocinar el Parlament, que pasaría a llamarse “Camara Cola Cao Express Per La Independència”, y que un grupo de medianos empresarios quieren unir sus fuerzas para pujar por la Consejería de Hacienda para renombrarla con la denominación de Consejería “Espanya ens roba“. Parece ser que el nombre de “Vía Catalana” lo reservarían, como parece lógico por otro lado, para la Consejería de transportes y ferrocarriles.
Por otro lado, desde el grupo parlamentario de UPyD se ha denunciado que  las entidades patrocinadoras tienen previsto también hacer regalos a los miembros de las instituciones, lo que podría constituir un caso claro de cohecho que sería incluso denunciable ante la Fiscalía anticorrupción aunque luego, dicen,  “nos tocaría a nosotros hacerles el trabajo, como siempre. Nos sentimos un poco los chicos de los recados, la verdad“. Por ejemplo, por la ley IPhone 5S Gold Edition sobre propiedad Intelectual, Apple regalaría un Imac de última generación a todo cargo público electo que alcance al menos la media de comprensión lectora del informe PISA y eso cuando todavía colea la cuestión de los ipads perdidos en el Congreso de los Diputados. Desde la conocida empresa informática están seguros de que, en todo caso, no sería necesario para ello un gran desembolso.
En respuesta a UPyD  el Ministro Montoro ha contraatacado señalando que “no seamos ingenuos, si van a tener igual los regalos, por lo menos mejor que los paguen las empresas privadas y no los contribuyentes. Las empresas privadas además ya tendrán más cuidado de que no se pierdan y de conseguir algo a cambio, esta gente es muy lista, como todos sabemos”. Fuentes próximas al Ministro señalan también que el despacho Equipo Económico, vinculado con su hermano y con altos cargos de su Ministerio, estaría estudiando patrocinar la propia AEAT, con un nombre tomado de una tarjeta de fidelización de gasolineras, pero que aplicado aquí daría un poquito de miedo: Agencia Tributaria “Porque Tú Vuelves”…
 
 

Asalto a las instituciones. Tribuna publicada en el diario “El Mundo”

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Cuando me preguntan mi opinión sobre la situación de crisis institucional en España a finales de 2013 suelo responder parafraseando una frase que el presidente Rajoy ha hecho famosa en relación con el escándalo de la contabilidad B de su partido «en las instituciones todo es de mentira… salvo alguna cosa». En particular, me refiero a las instituciones que debieran proteger nuestros derechos y libertades, velar por la separación de poderes, el cumplimiento de la Ley, impedir los abusos y arbitrariedades y en definitiva controlar al poder, ya sea económico o/y político.
Mientras que unas van camino de consagrar la arbitrariedad como forma de funcionar internamente -veáse la crisis en la AEAT como último botón de muestra- otras están instaladas en el incumplimiento de la Ley o en el puro y simple despropósito -las instituciones catalanas se llevan la palma, aunque las de otras Comunidades Autónomas como Valencia y Andalucía no les van a la zaga- y otras, la mayoría, van camino de la irrelevancia, dado que no sirven para lo que se supone que deberían de servir, aunque permiten colocar altos cargos y pagar miles de nóminas a cargo del contribuyente.
Probablemente por esa razón se percibe últimamente un cierto recelo frente a los ciudadanos, lo que se traduce en una creciente endogamia en los actos que organizan, ya se trate de tomas de posesión, foros, seminarios, premios o cualquier otro de los que tienen llena la agenda. Por ejemplo, el último grito en eventos institucionales es la «responsabilidad social corporativa» de las instituciones y administraciones públicas, dado que al parecer -esto lo he oído en uno de esos eventos- a los ciudadanos «ya no les basta con que cumplamos con los intereses generales» por lo que hay que perseguir metas más ambiciosas, como las que sugiere el mágico acrónimo RSC. Sinceramente, yo creo que a los ciudadanos vaya si nos bastaría con que las instituciones cumplieran con sus fines, es más, hasta les estaríamos agradecidísimos y eso que servir con objetividad los intereses generales definidos para cada institución en las leyes es precisamente para lo que se suponen que están.
Porque la causa del presente desastre institucional no proviene tanto de un mal diseño institucional (casi todas nuestras instituciones, con alguna excepción como el CGPJ, están copiadas de las Constituciones de otros países con democracias avanzadas, ya se trate del Tribunal Constitucional, del Defensor del Pueblo, del Tribunal de Cuentas, del Poder Judicial o de la AEAT), sino de su colonización y ocupación por los partidos políticos estatales, así como de su multiplicación en clones regionales que facilitan y agravan aún más su colonización por los partidos políticos regionales y locales.
Esta ocupación de las instituciones de la que empezamos a ser muy conscientes, quizá porque a estas alturas ya se están perdiendo las formas (como demuestran los nombramientos de los vocales del último CGPJ en el que se ha sustituido el reparto de vocalías por familias ideológicas por el reparto de vocales por familias a secas), ha sido posible también por la colaboración activa o pasiva de los que trabajaban en ellas y también, por qué no decirlo, por el desinterés de los ciudadanos. Muchas veces, lo que ha ocurrido sencillamente es que tanto funcionarios como ciudadanos han dado por sentado que una democracia con elecciones periódicas garantizaba por sí sola unas buenas instituciones. Que los políticos de turno iban a respetarlas sin que nadie se lo exigiera ni dentro ni fuera de ellas. Y las cosas lamentablemente no funcionan aquí, ni en España ni en ningún otro sitio.
Quizá por ser una democracia tan joven y sobre todo una sociedad con tan poca experiencia democrática, no hemos caído en la cuenta de que para que las instituciones se sostengan hace falta algo más que un conjunto de normas, por un lado, y otro de probos funcionarios o empleados públicos por otro. Lo mismo que una democracia digna de tal nombre no se reduce a votar cada cuatro años (de ésas hay varias en el Africa subsahariana) las instituciones no se reducen a realizar tareas burocráticas que nada tienen que ver con su fin último. El fin de las instituciones, su auténtica razón de ser, que son los intereses generales de los ciudadanos para cuyo servicio fueron creadas y que se concretan en las leyes que las regulan nunca se puede perder de vista, ni por sus trabajadores ni por los que las dirigen. Así la finalidad institucional de la Fiscalía es perseguir los delitos y hacer respetar el Estado de Derecho, la de la AEAT, gestionar nuestros impuestos y garantizar el cumplimiento de las lleyes fiscales respetando los principios de igualdad, generalidad y capacidad contributiva, la del CGPJ es garantizar la independencia de jueces y tribunales, la del Tribunal de Cuentas es el control de las cuentas públicas, etc., etc.
Si este fin y el espíritu de servicio público que exige su cumplimiento se desvanece o se prostituye la institución se debilita y se convierte en una cáscara vacía, por muchos edificios, empleados, escudos y coches oficiales que tenga. Los mejores trabajadores (en el sentido de más leales a los fines de la institución) la abandonarán activa o pasivamente, dejando el campo libre a los más venales o más acomodaticios, con lo que se consumará el desastre. Y los ciudadanos se preguntarán, con todo derecho, para qué les sirve un Tribunal de Cuentas que no controla las cuentas de nadie o un CGPJ que no ampara la independencia del Poder Judicial.
Y claro está, si ni siquiera en épocas de tranquilidad está asegurado que los fines de las instituciones coincidan necesariamente con los intereses del partido que en cada momento gobierna, qué decir en épocas extraordinarias como la que estamos viviendo. De hecho, en estos momentos puede llegar a ocurrir que los fines institucionales y los intereses de los partidos sean incompatibles, como ocurre con la investigación de los casos de corrupción que les afectan. Si por intereses del partido o de personas poderosas e influyentes (pertenezcan o no al partido) se manipula y se retuerce una institución para que no cumpla sus fines, se la priva de su razón de ser y se la deslegitima a los ojos de la ciudadanía. Si además se la convierte en brazo armado del partido de turno, o de todos los partidos que juegan a repartírsela, los resultados pueden ser todavía peores. Y si creen que exagero, piensen cuantos de los actuales escándalos de corrupción han sido descubiertos por las múltiples instituciones de control que hay en nuestro país o cuantas veces pequeños partidos o asociaciones ciudadanas están teniendo que suplir la inactividad de instituciones supuestamente encargadas de velar por el cumplimiento de la Ley.
NO SÓLO eso, es que además estas instituciones están dotadas de un enorme poder jurídico frente a los ciudadanos de a pie, reflejo de una concepción política propia del siglo XIX, según la cual si las instituciones están para defender intereses generales frente a los intereses particulares de los ciudadanos, hay que proteger sus decisiones y actos a través de una serie de prerrogativas jurídicas. Por eso sus actos tienen «presunción de legalidad» y son inmediatamente ejecutivos, es decir, se presume que son conformes a Derecho y tienen que cumplirse inmediatamente salvo que se consiga demostrar lo contrario, para lo que hay que acudir a la vía especializada para resolver conflictos con la Administración, que es la contencioso-administrativa. Y ahí la Administración juega en terreno propio. No sólo eso, para llegar hay que «agotar la vía administrativa» es decir, recurrir primero ante la propia institución y tener un «interés legítimo» en el asunto.
Es importante subrayar que la idea de que los gestores públicos conocen mejor que la sociedad a la que sirven cuáles son los intereses generales, porque están más cualificados y son más neutrales y objetivos, es la justificación última de la existencia de estos privilegios. Si eso ya no es así y los partidos ocupan las instituciones en provecho propio (ya sea el del partido o el de personas físicas y jurídicas concreta), resulta un modelo muy peligroso para nuestros derechos y libertades. Por tanto, urge liberar nuestras instituciones del control partitocrático y devolvérselas a los ciudadanos. En esto estamos.

El Derecho y la política (en relación a un acuerdo del Consejo de los Colegios de Abogados de Cataluña)

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Este blog lleva por subtítulo “El blog sobre la actualidad jurídica y política”, pero tenemos muy claro la diferencia entre una cosa y la otra. La actividad política nos interesa (y por eso la comentamos) en cuanto puede suponer una amenaza a nuestro débil Estado de Derecho que, en definitiva, constituye nuestra preocupación fundamental. El ejercicio de la política tiene unas vías marcadas muy claras y unos límites que no cabe traspasar sin poner en peligro todo el sistema. Por  eso mismo, la subordinación del Derecho a ciertos intereses políticos considerados superiores ha constituido desde siempre la principal vía de erosión de ese Estado de Derecho que, a la postre, no sólo es la garantía última de nuestros derechos individuales, sino que, precisamente por ello, implica la principal salvaguardia de la paz social.
Un ejemplo paradigmático de ese peligro es el acuerdo adoptado por el Consejo de los Colegios de Abogados de Cataluña el 14 de octubre de este año de “adherir-se al Pacte nacional pel Dret a Decidir, y donar suport a la Comissió d’estudi sobre el Dret a Decidir, creada en el sí del Parlament, amb l’objectiu de treballar per a la celebració d’una consulta sobre el futur polític de Catalunya”.
¿Se imaginan ustedes un acuerdo del Consejo General de la Abogacía o del Consejo General del Notariado manifestado su adhesión a la reforma laboral, o a su impugnación, o al rescate bancario, o a la reforma del aborto? Son temas sin duda muy importantes, pero no se espera que una Corporación de Derecho público, integrada por una pluralidad de profesionales de muy distinta sensibilidad ideológica o política, se pronuncie al respecto como un solo hombre. El Tribunal Constitucional ha declarado que una actuación de los Colegios Profesionales más allá del ámbito profesional que justifica constitucionalmente la afiliación forzosa (Sentencia T.C. de 24 de mayo de 1985; RTC 1985/67) vulneraria el derecho de constitucional de asociación de sus miembros (articulo 22 C.E.), en su vertiente negativa.
Estas cosas solamente pueden justificarse en situaciones de grave alarma nacional, como un golpe de Estado, en donde sí procede que todos los actores sociales hagan un pronunciamiento expreso en favor del orden constitucional, o, evidentemente, en el caso de una guerra internacional. La razón de que en estos supuestos la institución asuma la representación general de sus colegiados es que la opinión de los posibles disidentes no puede ser nunca tomada en cuenta, en la medida en que, precisamente en estos casos tan tasados como relevantes, la disidencia es sinónimo de traición, a la nación o a los principios fundamentales de la convivencia democrática.
Que el Consejo General de los Colegios de Abogados de Cataluña piense que estamos ante un supuesto en el que esta representación unitaria se justifica, porque la disidencia es sinónimo de traición, alerta sobre la gravedad a la que han llegado las cosas en Cataluña. Por eso no es de extrañar que más de un centenar de profesionales (aunque a mí me parecen pocos) se hayan movilizado contra esta decisión, presentando la correspondiente demanda de protección de derechos fundamentales, que se sigue ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo núm. 4 de Barcelona (recurso 403/2013).
Estoy seguro de que entre los demandantes habrá muchos partidarios del derecho a decidir, incluso absolutamente independentistas, pero muy conscientes de los riesgos que conlleva un modelo de Estado vertical y corporativo como el que una decisión de este tipo implica (en palabras del Tribunal Constitucional en su Sentencia de 24 de mayo de 1985; RTC 1985/67). Hoy es el derecho a decidir, ¿y mañana, qué? ¿Lo que decida en cada momento el partido que reúna las esencias? Al que dude, seguro que le convencerá el famoso poema de Martin Niemöller (y no de Bertolt Brecht, al que erróneamente se le atribuye): “Cuando los nazis vinieron a buscar a los comunistas guardé silencio, porque yo no era comunista…. Cuando finalmente vinieron a por mí, no había nadie más que pudiera protestar”.
Y por favor, que no salga nadie diciendo que llamo nazis a los promotores de este acuerdo porque, como ha demostrado cumplidamente Chaïm Perelman (Tratado de la argumentación, Gredos, 1989, p. 570) las analogías comparan relaciones, y no polos subjetivos….. (Con sus palabras: no una relación de semejanza, sino una semejanza de relación).
Para más información:
http://porlaindependenciadelaabogacia.blogspot.com.es/

¡Ay, Derecho! La repartija final

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Ayer terminó el proceso de elección, perdón, de demolición, del Poder Judicial, con la elección de los jueces que han de integrarlo. Unos días antes habían sido elegidos los juristas “de reconocido prestigio”, entre los que destacan unos cuantos cónyuges y algunos mamporreros de los mandantes. En próximos post procederemos a analizar sus respectivos cv y sus conexiones particulares.
Pero lo que me interesa destacar ahora son los principios que han presidido la negociación entre los partidos a la hora de proceder a la selección. Aunque, en realidad, una vez terminado el proceso ha quedado claro que sólo había un principio: que no habría vetos entre los partidos (ver aquí), es decir, que cada uno elegiría libremente a los suyos sin intromisiones por parte de los demás. Una vez que este principio quedó claro, todo ha sido muy fácil, lógicamente: la “negociación” de los nombres y su “aprobación” por el Congreso ha ido sobre ruedas, demostrando una vez más la disposición al consenso de nuestras élites políticas. Y encima nos quejamos.
A la vista de todo ello podemos deducir tres conclusiones muy evidentes:
1.- La vulneración absoluta de la doctrina constitucional sobre la materia, que insiste especialmente en que no cabe el reparto, sino sólo el consenso, como explicamos en este post. Al margen del escándalo político que esto implica, ¿cabe algún recurso legal? Sobre esto también hablaremos.
2.- La constatación de que formar parte de este órgano es un gran demérito en la carrera profesional de sus integrantes. No han sido elegidos por ser los mejores, sino por su fácil disposición a anteponer los intereses de sus mandantes al interés general. Ningún jurista de reconocido prestigio aceptaría nunca someterse a un procedimiento de designación tan denigrante.
3.- La vacuidad de las alegaciones de que cualquier otro sistema fomenta el corporativismo judicial. No es cierto, como hemos demostrado aquí hasta la saciedad, pero es que, además, debemos ser conscientes de que lo que tenemos ahora no es un sistema, es una corruptela, pero no una corruptela ordinaria, como la de Bárcenas o la de los Eres, sino una todavía mucho más grave, que ataca directamente a los fundamentos del Estado de Derecho. Como indicamos en otro post, un auténtico golpe institucional. En otros países teóricamente menos desarrollados se han dado cuenta de su extraordinario peligro. Aquí seguimos esperando.
 

¡No es la economía, estúpido!

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Si el eslogan electoral “Es la economía, estúpido”, ideado por J. Carville, estratega de la campaña de Clinton, fue determinante para conseguir su victoria frente a Bush (padre) en las elecciones de 1992 cuando Bush era considerado imbatible y gozaba de una aceptación popular histórica, de nada menos que el 90%, una idea inversa –“No es la economía, estúpido”, o no es solo la economía–  conducirá más pronto que tarde al fin de la hegemonía de Mariano Rajoy.
Ésa es la tendencia que se vislumbra en las encuestas (ver las últimas aquí y aquí). Y es que conforme transcurre la legislatura se extiende más la percepción de que este PP de Mariano Rajoy está desperdiciando una amplísima mayoría absoluta para acometer, de verdad, las reformas políticas e institucionales que este país necesita, y que cada vez más sectores de la ciudadanía y más votantes de su propio partido reclaman antes los oídos sordos de un establishment que, por encima de otras preocupaciones, trata de salvarse a sí mismo y su statu quo en un ejercicio continuo de ambigüedad y de cinismo calculado ante cuestiones esenciales para la limpieza de un sistema democrático.
La situación ha llegado a tal punto de degradación que ya nadie se extraña de la hipocresía de la mayoría de los diputados de los dos grandes partidos. Ahora, lo que produce extrañeza es escuchar a un diputado decir, de verdad, lo que piensa, y no lo que las cúpulas de sus partidos quieren que diga o que calle, para salir airosos o indemnes en las encuestas de opinión. A nadie le produce extrañeza –lo esperábamos- noticias como que se estén desactivando los equipos de investigación de los grandes casos de corrupción. Ni que, por poner otro ejemplo, la inmensa mayoría de los diputados del PP y del PSOE se pongan de perfil y eviten un comentario crítico sobre la sentencia del caso Faisán. O que el Ministro de Justicia, al poco de ser nombrado, afirmara solemnemente que con su reforma del sistema de elección de vocales del CGPJ no se volvería a ver nunca más al Gobierno reuniéndose con el líder de la oposición para pactar el reparto de vocales, y que hace tan solo unos días, por una simple gripe de Rubalcaba, se retrasara la reunión programada entre Gallardón y el PSOE precisamente para pactar la renovación de esos vocales.
Mientras todo esto sucede, Rajoy sigue pensando que conforme la economía vaya mejorando la ciudadanía volverá a confiar en él. Y se atribuye, además,  el mérito de esa mejoría y de que la prima de riesgo haya disminuido  cuando ese mérito no es ni exclusiva ni principalmente suyo.  Sin las famosas “QEs”, medidas agresivas de expansión monetaria o inyecciones de liquidez de todos los Bancos Centrales, incluido el Banco Central Europeo, la situación de la economía, mundial y europea,  no sería igual. Y, por lo que se refiere específicamente a España, el factor que más ha contribuido a disminuir la prima de riesgo española (y de otros países periféricos, como Italia, Portugal, Grecia), y evitar el riesgo sistémico en la zona euro, no ha sido precisamente el liderazgo de Rajoy, sino  la intervención del Banco Central Europeo, desde sus famosas “LTROs” al histórico discurso de su gobernador, Sr. Draghi, en julio de 2012, que constituye un auténtico punto de inflexión en la caída de la prima de riesgo (ver aquí y aquí). Pero como ha dicho Daniel Lacalle con todas estas medidas “creamos ‘ilusión de riqueza’  mientras sostenemos el PIB artificialmente, pero destruimos la creación de riqueza y empleo”. Falta, por tanto,  generar confianza a largo plazo en la economía española, aumentando la renta disponible, incentivando el consumo y la actividad económica. Y falta además una reforma en serio de un sector público sobredimensionado, que coadyuve también a la reducción  del déficit y la deuda pública.
Con independencia  de la cuestión económica, existen otros asuntos de orden interno, en los que por desgracia no nos puede ayudar el Banco Central Europeo, y en los que, por eso mismo, se evidencia en mayor medida la responsabilidad directa de Rajoy  a la hora de (no) liderar las reformas necesarias.
Uno de ellos es la llamada regeneración política-institucional. Lleva pendiente demasiados años, y es una cuestión decisiva para la higiene democrática de un Estado de Derecho, en el que debería existir -de verdad, y no solo sobre el papel- una auténtica división de poderes. Abordar la reforma del sistema electoral y de la partitocracia reinante para que las cúpulas de los partidos no puedan decidir, contra la voluntad de los afiliados y de los votantes, quién va a ser  diputado, senador o concejal, y a partir de éstos repartirse partidistamente otras instituciones del Estado, y desde esos puestos favorecer la financiación ilegal de sus partidos, fundaciones o sindicatos afines. Reformar la justicia para que deje de estar controlada por políticos que se salvan a sí mismos, con aforamientos (el último, Griñán), jueces colocados ad hoc en los tribunales superiores, o fiscales sumisos en demasiadas ocasiones.  La no imputación (todavía) de la Infanta Cristina es otro buen indicador de la actitud cínica de la Fiscalía General de Estado en la persecución de los fines que tiene constitucionalmente encomendados.
Otra de las cuestiones  pendientes es el problema territorial. Y ello comporta no solo repensar al sistema autonómico en su conjunto,  sino abordar con valentía la situación creada por Artur Mas. Rajoy debe “hacer política”, “ser mucho más proactivo”, decía recientemente a este respecto alguien tan moderado como Josep Piqué, quien afirmaba no entender los tiempos de Rajoy, y concluía que hay problemas que no resuelve estrictamente el paso del tiempo.  Con esa actitud se transmite al conjunto de la ciudadanía una sensación de indolencia, de no ser capaz de tener bajo control la situación. No se puede remitir toda la solución del problema al tiempo o a  que el Tribunal Constitucional no lo permitirá, cuando le llegue el caso. También, y sobre todo, se necesita una respuesta política, una reacción de liderazgo, que por desgracia no ha sido capaz de darnos hasta ahora un Presidente del Gobierno que tiene miedo, incluso, a que los periodistas le hagan preguntas libremente en una rueda de prensa.
Una tercera cuestión pendiente es el rearme ético y de la responsabilidad individual. Hay comportamientos que la ley permite y que pese a ser lícitos no deben practicarse por un ciudadano privado, pero menos aún por un personaje público. Este rearme ético no es de la responsabilidad exclusiva de los políticos, pero es indudable que en una sociedad mediática los comportamientos ejemplares de los hombres públicos generan un efecto de imitación que puede ser aprovechado para hacer pedagogía y mejorar la sociedad. De ahí, la responsabilidad mayor de quienes se comportan de manera indigna o poco decorosa en puestos de responsabilidad pública. O de quienes los toleran en sus subordinados, cuando podrían evitarlos por anticipado, o cortarlos de raíz cuando se producen. No vale sólo con excusarse o dimitir cuando la prensa los detecta. Quien así actúa, y esto le pasa mucho a Rajoy y a la clase política en general, solo pretende neutralizar el efecto negativo que dicha noticia tiene en las encuestas de popularidad. Actúan por cálculo político, no por convicción profunda. Así le pasa al Sr. Rajoy con el caso Bárcenas, en el que actúa con un cinismo grande, solo superado por su actitud respecto al asunto de ETA, como recientemente señalaba un cualificado analista .
Si esta manera de hacer política no cambia, antes o después parte de los votantes de este PP y de este PSOE les abandonarán, y les obligarán en las urnas a hacer todo lo que llevan años resistiéndose a hacer voluntariamente. Porque ni PP ni PSOE están dando cabida a las corrientes de opinión que cada vez con más fuerza claman en el seno de la sociedad, y de sus propios votantes, por una regeneración del país que va mucho más allá de la superación de la crisis económica. Si siguen sin entenderlo ahora, el aumento de votos que antes o después terminarán teniendo UPyD y Ciutadans les hará aprender a la fuerza lo que ellos no han querido brindar voluntaria y generosamente al conjunto de la sociedad española.
 

El “Coste de la No-España”

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Hace ya más de diez años que el periodista Miguel Ángel Aguilar, inspirado por el informe que Paolo Cecchini hiciera en 1988 sobre el coste de la no-Europa, postulara en un artículo publicado en “El País”, por la necesidad de que en España se redactara también un informe sobre el coste de la No-España. Entonces el objeto de preocupación se residenciaba en el País Vasco, ahora nos lo encontramos en Cataluña.
El fin de semana pasado pude leer el documento sobre “El coste de la No-España: Razones para un proyecto de vida común” que fue presentado la semana anterior en el Circulo de Bellas Artes y que, salvo algunas referencias en el El Mundo, Vozpopuli o el Imparcial, apenas ha tenido reflejo en los medios de comunicación.
Aunque a título individual han surgido trabajos analizando el problema desde diversos ángulos, destacando desde mi punto de vista el “Informe sobre España” de Santiago Muñoz Machado (Ed. Critica, 2012), desde los think-tanks vinculados a los principales partidos nacionales o a las instituciones oficiales solo se ha abordado el tema de manera tangencial y, salvo error en mi búsqueda, ni FAES ni Ideas han publicado un documento con la profundidad de éste que comentamos. Lo cierto es que esta inactividad, de una manera u otra, ha provocado que ante lo univoco del mensaje a favor de la secesión catalana, una parte muy importante de la sociedad española, dentro y fuera de Cataluña, nos planteemos ese evento como posible y que incluso, cada vez sea creciente un sentimiento de hastío dentro de lo que se denomina “resto-de-España” que incide en un desapego evidente.
Desde esta perspectiva, este trabajo adquiere su auténtica importancia y aunque la obra no esconde su carácter de documento de partido, ya que está patrocinada por la Fundación Progreso y Democracia vinculada a UPyD, y muchos de sus autores tienen la condición de cargos electos de este partido, se trata de un trabajado informe realizado con un enfoque académico y que encuentra su auténtico valor añadido en los artículos o ensayos que a lo largo de más de 200 páginas, se dedican a desmontar de manera sistemática y con apoyo en numerosas referencias bibliográficas el argumentario nacionalista.
Así, tras un prólogo firmado por Fernando Savater, Ramón Marcos, Letrado de la Administración de la Seguridad Social y, actualmente, diputado a la Asamblea de Madrid, acomete un documentado trabajo sobre “las razones del éxito del nacionalismo disgregador” en el que combinando su experiencia vital en Cataluña y numerosas referencias, analiza desde un punto de vista sociológico y político el éxito que, hasta ahora, está tenido el experimento social que los nacionalistas están llevando a la práctica debido en parte a aciertos propios de su estrategia y, en parte, a la parálisis cómplice de los gobiernos de España.
A continuación se presenta un repaso histórico realizado por los profesores Gabriel Tortella y Clara Eugenia Núñez (“Más de 500 años juntos: síntesis de la evolución histórica de Cataluña, País Vasco en España”), donde se pone de manifiesto nuestra larga y conocida historia común llena de encuentros y de algunos desencuentros, estos últimos magnificados y tergiversados por la historiografía catalana reciente.
En el tercer artículo, de nuevo Ramón Marcos, junto con A.G. Ibañez abordan la cuestión “del contenido real del Derecho a decidir: un patrimonio común de todos, no fraccionable”, en el que de manera razonada se desmonta la falacia del pretendido derecho a decidir del pueblo catalán como un presupuesto inatacable de democracia.
El profesor barcelonés de la Universidad de Edimburgh, José V Rodríguez Mora, analiza desde un punto de vista económico -y no sin cierta ironía-, los costes transitorios de la independencia y presenta un modelo en el que, teniendo en cuenta el comercio internacional normal entre países vecinos y amigos y algunas experiencias recientes de disgregación amistosa de países, considera que lo normal sería que se produjera una disminución muy relevante de la actividad económica catalana tras la separación y la pérdida de un mercado difícil de recuperar o de compensar, desmitificando con un modelo económico cuantificable la arcadia feliz que otros expertos auguran.
El actual eurodiputado Francisco Sosa Wagner, junto con la catedrática en Derecho administrativo Mercedes Fuertes analizan los costes políticos e institucionales de la separación, entrando incluso en la política ficción del día después de la independencia.
Un enfoque psicosocial del problema es el que se ensaya en el trabajo suscrito por el catedrático de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma, José M. Fernández Dols y por el también psicólogo y concejal del ayuntamiento de Madrid Jaime Mª Berenguer.
El coste lingüístico y cultural es abordado por el filósofo Aurelio Arteta y el abogado Enrique Helguera haciendo especial hincapié en el tratamiento del castellano en Cataluña y el perverso enfoque hacia ciertos elementos culturales compartidos a lo largo de la historia que actualmente son ignorados cuando no perseguidos por las autoridades autonómicas catalanas.
Concluye la obra con breves artículos a cargo de Martínez Gorriagán, Rosa Diez y Vargas Llosa,, donde a modo de colofón desarrollan sus ya conocidos argumentos respecto a la cuestión catalana, y con una abundante bibliografía en donde se recogen las fuentes utilizadas en los diversos ensayos.
Prácticamente en su totalidad, el contenido de la obra rezuma sentido común y podría ser suscrito en su mayor parte tanto por quien pueda sentirse afín al PP como afín al PSOE. De hecho, desde mi punto de vista, la gravedad del problema debería haber favorecido que una obra de estas características naciera con el patrocinio común de varias fuerzas políticas y no solo de un partido político cuantitativamente menor. Sin embargo tal y como esta la situación política en este país ahora eso es como pedir peras a un olmo.
En cualquier caso, este informe, huye tanto del cómodo refugio retórico de la sacralidad de la Constitución de 1978 como de la presunta eficacia mágica de la palabra “federalismo” y sobretodo apela, como en su título se indica, por rescatar las razones que aunque siempre han estado ahí parecían olvidadas, y demuestran la existencia de una auténtica Nación española que engloba realidades sociales, históricas y culturales diversas, pero unidas por unos lazos de todo orden que solo forzando las cosas pueden llegar a romperse. Todas ellas, en realidad, son razones que perfectamente justificarían que este debate que tanto nos preocupa ahora no se hubiera abierto nunca si no fuera por los intereses de un sector minoritario muy interesado en desatar esta dinámica.
Este informe merecería tener una distribución adecuada y permitir su difusión completa, sin embargo, en la versión que me han proporcionado carece de ISBN y de depósito legal -de hecho el único copyright corresponde a la ilustración de la cubierta-, por lo que no puede calificarse como un libro propiamente dicho, por lo que esta versión difícilmente podrá llegar a las librerías. Esperemos que este error se subsane y se facilite una divulgación que vaya más allá del consumo interno dentro de un concreto partido político.

Apostando por el diálogo: España tiene que debatir sobre su futuro

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“Todos los partidos democráticos tienen que tener la voluntad de hacer pactos, esto forma parte del proceso democrático. Es muy importante tener esta voluntad, también para una Gran Coalición si es necesario.”
Bernd Scheelen, diputado jubilado de la SPD que vivió la negociación de la agenda 2010,
Cuando recientemente, el día de las últimas elecciones generales en Alemania, acudí a un programa de televisión de un canal español, me sorprendió mucho que los españoles en la mesa de debate se extrañaban de ver a todos los altos representantes de los partidos políticos en una mesa comentando el resultado después del cierre de las urnas. Antes de venir a este programa nunca había reflexionado sobre este hecho, pues pensé que esto, juntarse en una mesa los perdedores y ganadores,  es costumbre en todos los países.
Este día entendí que una de las virtudes alemanas más importantes en la actualidad es la capacidad de diálogo que hay a nivel político, y que eso nos ha ayudado crecer democráticamente tras el desastre moral y económico que causó la Segunda Guerra Mundial. Sin duda en Alemania hay todavía muchos temas que es difícil hablar y debatir abiertamente, como puede ser el tema de nuestro pasado, los lados negativos de una sociedad multicultural, el sector militar o nuestra relación con Israel.
Pero en general a los alemanes les encanta discutir, criticar y encontrar un consenso. En este contexto, creo que es muy importante el hecho de que vayamos a tener otra vez una Gran Coalición entre los partidos de izquierda y derecha, la CDU/CSU y  la SPD . Para llegar a este acuerdo la canciller Angela Merkel, una gran maestra de la negociación y diplomacia, quería hablar con todos los posibles aliados y averiguar en qué coalición ella podría mantener el máximo poder. Pero Merkel también quería dar una señal de cohesión a la sociedad. Está negociando desde hace semanas con la SPD sobre el programa del nuevo Gobierno y la ocupación de los puestos. Un proceso largo en el cual es necesario conceder, renunciar y encontrar el compromiso.  Con vistas al exterior esto se hace para cuidar la imagen; y con vistas a la política interior el objetivo de todos los gobiernos, casi siempre de coalición, es el de mantener el paz social y ser intermediario entre sindicatos y empresas y otros actores de la sociedad.
En España se echa de menos esta cultura de debate, a nivel privado y también a nivel económico. En las familias se evitan ciertos temas para mantener la armonía y a nivel político se ataca y insulta en lugar de pactar cosas. Me da la sensación que tiene que ver un poco con la falta de objetivos comunes en la sociedad y como nación. Ahora algunos  ejecutivos de  grandes empresas se empeñan en decir, por su propio interés, por cierto, que hemos salido de la crisis. Pero nadie se sienta con el Gobierno y los sindicatos para hacer un plan como se ha hecho en Alemania durante el Gobierno de Gerhard Schröder (SPD) entre los años 2003-2004. La agenda 2010 del Schröder, debatida con gran polémica en su propio partido, fue un concepto para reformar el sistema social en Alemania con grandes recortes y cambios en el mercado laboral. Muchos socialdemócratas pensaron que la agenda 2010 acabará con el estado de bienestar en Alemania. Estos compromisos, muy duros para la sociedad, costaron a Schröder y a la SPD la victoria en las elecciones en 2005. Angela  Merkel ganó y se formó una Gran Coalición de su partido con el SPD. Desde entonces Schröder ha dejado el escenario político y solamente ahora se le reconoce su gran labor por el país.
Lo cierto es que nosotros los alemanes hemos copiado la convocatoria a sindicatos,  empresarios y políticos para superar la crisis que  en su día hicieron los holandeses, su  Polder-Modell (modelo Polder).  La cultura holandesa está basada en la negociación, en encontrar compromisos entre los diferentes actores de  la sociedad. En el año 1982 el Gobierno holandés retomó esta tradición para introducir unas importantes reformas. Fue un gran éxito que estimuló la economía holandesa enormemente. Polder es la palabra holandesa para la creación de nuevos terrenos por poner diques.
Nicolás Redondo ha escrito el 8 de noviembre en El País sobre el mismo tema: la necesidad de pactar en España. Yo también creo que será muy importante para España trabajar a  todos los niveles por una mejora de la cultura de debate. Empezando ya en los hogares. Los niños tienen que aprender a poder expresar su opinión sobre cualquier cosa sin miedo aunque su punto de vista quizás sea contrario a la de sus padres. Y los padres deberían escuchar a sus hijos y no intentar tanto influir en la formación política de sus hijos. Debe ser posible hablar sobre problemas y conflictos abiertamente en la familia y también en los colegios se debe fomentar el dialogo y el debate entre profesores y alumnos, también sobre el pasado de España y otros temas delicados.
En los debates políticos se debería respetar la opinión del otro, sin gritar, ni insultar, ni amenazar como se hace tantas veces. Y desde mi punto de vista los medios de comunicación deberían dejar de apuntar a los políticos como los únicos culpables de todo. Es fácil insultar a un político, sobre todo si es de la ideología contraria  y esta crítica no tiene un impacto directo en los ingresos publicitarios. Se debería apuntar con la misma rigidez a empresas o bancos que han hecho mal las cosas, y que sí tienen poder sobre los ingresos publicitarios de los medios de comunicación.
Muchos españoles siempre culpan a Franco por las cosas que hoy en día no funcionan en la sociedad, pero creo que casi 40 años después de su muerte el país ya es mayorcito para cambiar algunos mecanismos y estructuras culturales.
Los corresponsales extranjeros en España echamos mucho de menos en la vida política el espíritu de equipo y del esfuerzo que tiene España en el deporte. Es tiempo para sentarse todos en una mesa para sacar este país de la crisis económica, pero también es tiempo para que toda la sociedad súpera esta crisis democrática.  ¿Por qué no crear una agenda 2020 para España que puede ser modelo para otros países del sur de Europa?

Un año de la tragedia del Madrid Arena

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Hoy hace un año murieron unas chicas en una fiesta de Halloween en una tragedia no solo previsible, sino probablemente evitable. La vida de sus familias ha cambiado para siempre pero ¿ha cambiado algo la forma de hacer las cosas del Ayuntamiento de Madrid cuyo equipo de gobierno es el responsable político último de esta tragedia? Pues parece que poco.  Aparte de las dimisiones y/o ceses casi siempre ligados a las imputaciones penales (y seguidas normalmente de “recolocaciones” de los cesados o dimitidos afines o afiliados, considerados más como una especie de víctimas de la instrucción que como responsables de nada) la vida política sigue como siempre, en el Ayuntamiento y en otras instituciones. Nadie responde  nada, ya sea –a nivel local- esta tragedia,  la candidatura olímpica, la degradación de las calles de Madrid o el último escándalo de nepotismo o corrupción.  En España no se depuran más responsabilidades que las penales y eso con mucha suerte y muy tarde, aunque eso sí, se montan hasta Comisiones de Investigación supuestamente para depurarlas. Como en este caso.
Aquí tienen un resumen de las comparecencias que se permitieron (el PP vetó muchas otras pedidas por la oposición pero que podían resultarle incómodas)   donde la tónica general fue la autoexculpación y el echar balones fuera. La conclusiones finales también se las pueden imaginar  Aquí tienen el dictamen de la Comisión. 
Por si los lectores no tienen paciencia para leer todo el documento, les copiamos algunos párrafos que no tienen desperdicio: “La causa incuestionable de la tragedia del Madrid Arena puesta de  manifiesto en la Comisión de Investigación ha sido la intolerable e  injustificable conducta del promotor del evento, Miguel Ángel Flores,  propietario de Diviertt, S.L., al vender entradas que superaban el aforo  máximo permitido en el recinto del Madrid Arena. Éste, sin duda, es el desencadenante primero de una tragedia que responde básicamente al mal uso realizado de una instalación que sí estaba preparada para acoger el evento tal y como estaba planificado contractualmente.  Así, se produce una trágica situación que se debió también, de acuerdo con los testimonios recabados en la Comisión, al incumplimiento por parte del personal de la empresa Kontrol 34, contratado por Diviertt, S.L, de su deber a la hora de limitar la circulación de los asistentes entre los diferentes niveles del recinto.”
Es decir, menos mal que hemos encontrado el chivo expiatorio perfecto. El Ayuntamiento dueño de las instalaciones y de la empresa pública que le contrató  no tiene nada que ver, ya nos aclaran que “El pabellón Madrid Arena lleva funcionando más de diez años, y en todo este tiempo se han celebrado eventos muy diversos, muchos de ellos de similares características al del 1 de noviembre objeto de esta Comisión. Estos datos avalan la seguridad de la instalación, pero es obvio que en esta ocasión algo falló.”  Y tan obvio, nada menos que cinco chicas muertas.
Por supuesto, toda la contratación era legal.  “A estas alturas se ha demostrado que las cláusulas del contrato eran las correctas. También sabemos que se habían previsto los correspondientes procedimientos de seguridad, y que los servicios de emergencia del Ayuntamiento desarrollaron su labor con eficacia una vez tuvieron conocimiento de lo sucedido.”
Es decir, todo se hizo dentro de la legalidad más absoluta, pero como es evidente que algo falló –más bien todo- hay que concluir la culpa fue del malvado empresario en solitario.  Claro que entonces no se entienden mucho las conclusiones y recomendaciones de la Comisión de Investigación para que una tragedia así no vuelva a suceder, ni siquiera la de destituir a los gestores de Madridec que, aunque contrataron legalmente a la empresa de Miguel Angel Flores, algo debieron de hacer mal. Hasta tenemos un responsable político, el Concejal D. Pedro Calvo que era el superior de los gestores de Madridec -aunque en realidad no mucho, porque no tenía funciones ejecutivas- pero cuya autoexigencia ética le lleva a dimitir sin que eso tenga nada que ver por supuesto con que el Juez de Instrucción le haya imputado. Suponemos que a estas alturas la música y la letra de este dictamen de la Comisión de investigación ya les sonará, es una especie de cuadratura del círculo muy parecida a la del Gobierno cuando elabora medidas de regeneración para una corrupción generalizada que supuestamente no existe y que tampoco le afecta en absoluto. Resulta bastante esquizofrénico.
Por si creen que estamos exagerando transcribimos literalmente la lectura del apartado de las conclusiones sobre las “responsabilidades políticas” del caso. “La gravísima conducta del promotor del evento como causa de la tragedia no puede ser, en modo alguno, un motivo para sortear la responsabilidad de Madrid Espacios y Congresos, S.A., la empresa municipal que contrató al citado promotor. Responsabilidad asumida sin ambages ni excusas con la dimisión del Delegado del Área de Economía, Empleo y Participación Ciudadana, don Pedro Calvo Poch, era el más alto cargo del Ayuntamiento de Madrid – si bien sin funciones ejecutivas ni de gestión- en la citada empresa municipal. Dimisión que responde a la exigencia ética a que nos debemos los responsables políticos en el ejercicio de nuestra misión de servicio a los ciudadanos”  Además de a la autoexigencia ética, la dimisión parece que tiene que ver con su imputación por el Juez de Instrucción  y no le ha costado mucho -dinero al menos- dado que sigue a sueldo del grupo parlamentario municipal.
El dictamen sigue explicando que “Asimismo, las responsabilidades se han sustanciado en la destitución del Consejero Delegado de Madrid Espacios y Congresos,  S.A., don José del Rivero, y del Gerente de la misma empresa municipal,  don Jorge Rodrigo. Independientemente de que los procedimientos utilizados por “Madrid Espacios y Congresos, S.A” fueran legales, que lo fueron a la luz de lo acontecido y declarado en la Comisión de Investigación, este Grupo Municipal entiende que los espacios públicos no deben utilizarse para macroeventos como el de la madrugada del 1 de noviembre. Como ha declarado ya la Alcaldesa, nunca más van a tener ese uso”.
Es decir, el concejal políticamente responsable que dimite por vergüenza torera y no por haber sido imputado no tiene ningún tipo de función ejecutiva ni de gestión en la empresa a cuyos responsables también se les destituye pese a haber respetado escrupulosamente la legalidad vigente y haber firmado un contrato perfectamente correcto con el responsable directo del desastre. Y como corolario, ya no se alquilan más los recintos municipales para este tipo de eventos, que así lo ha decidido la sra. Alcaldesa sin necesidad de modificación normativa, procedimiento o votación alguna, que para eso es la que manda. ¿Alguien entiende esto?
Pero en fin, diga lo que diga una Comisión de Investigación controlada por el partido al que pertenecen los investigados, detrás de lo que ocurrió en el Madrid Arena no hay fenómenos naturales e inevitables, sino una serie de fallos humanos y muy previsibles, incumplimientos flagrantes de la normativa aplicable, amiguismo, desorganización y por tanto muchas responsabilidades de todo tipo, administrativas, judiciales y por supuesto políticas. Las penales ya se están investigando aunque la tradicional lentitud de la Justicia española. Según esta noticia, la causa puede alargarse todavía otros dos años. Hay 24 imputados,  entre ellos una docena de cargos del Ayuntamiento. Las imputaciones se deben a las negligencias municipales, tratos de favor a la empresa de Miguel Angel Flores y el descontrol en el área de seguridad de Madridec como responsable del recinto y en general en el área de Seguridad y policía municipal.  Nada de eso aparece  en el informe elaborado por el Ayuntamiento y en el  dictamen de la Comisión de Investigación tienen como finalidad principal exculpar a los posibles responsables, particularmente a los dirigentes políticos y elegir un culpable, en este caso el muy adecuado “empresario de la noche” Miguel Angel Flores,( que por cierto era íntimo amigo del vicealcalde, cesado a consecuencia de estas amistades peligrosas pero que sigue también como concejal.  No es sorprendente, dado que para esto, para ocultar y no para investigar es para lo que sirven en general las Comisiones de Investigación en España,  
Como comentamos en este post en este caso prácticamente no se cumplió ninguna norma ni de contratación, ni de seguridad ni de espectáculos públicos, ni de urbanismo, ni de nada. Solo de forma secundaria y una vez conseguida la principal finalidad exculpatoria se proponen medidas para evitar que este tipo de sucesos vuelvan a suceder. Lo más curioso es que muchas de estas medidas ya están en la normativa vigente e incumplida, como las que prohíben superar en un recinto un determinado aforo. Da igual, se proponen otra vez. Nunca hay consecuencias graves –salvo las muy lejanas en el ámbito penal- para los que pudieron impedir los hechos por el sencillo expediente de exigir o garantizar que se cumpliera la normativa en vigor. Normativa cuya finalidad es precisamente evitar que se produzcan este tipo de catástrofes. Porque es importante recordar que el cumplimiento de las normas, fundamento básico de un Estado de Derecho también está para impedir desastres como estos. El que haya cargos públicos que incumplan la Ley o permitan que se incumpla a veces tiene también este tipo de consecuencias. Y que una tragedia como ésta salga tan barata en términos políticos en España da mucho que pensar.

El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo y la doctrina “Parot” (una reflexión política final)

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Con este mismo título escribí un post el 12 de julio de 2012, con ocasión de la sentencia dictada dos días antes por la sección tercera de ese Tribunal. Ayer, la Gran Sala la ha confirmado íntegramente. Ya manifesté en su momento mi conformidad con esa sentencia (no confundamos el Derecho con la moral ni con la política, por favor) y las escasas posibilidades de éxito del recurso. Por ese motivo, a cualquier interesado en su argumentación técnica le recomiendo leer simplemente ese primer post. Tampoco me parece procedente hablar ahora sobre el alcance ejecutivo de la sentencia ni de la posible “ingeniería jurídica” –en palabras de algún ministro- al objeto de mitigar sus efectos. En este blog nos creemos de verdad el Estado de Derecho y nos repugnan los subterfugios para eludirlo todavía más que los efectos de este fallo.
Sin embargo, lo que nos debe interesar mucho más en este momento es la lectura política del caso, porque de este escándalo -y sin duda lo es el que salgan a la calle terroristas sin cumplir apenas un año por asesinato- no tiene la culpa el TEDH, pese que así nos lo quieran presentar. En realidad, este bochornoso caso no es más que otro a añadir a una larguísima cadena (Faisán, Sortu, Bárcenas…) que ha caracterizado y sigue caracterizando la vida política española, y que responde siempre al mismo principio: la huida de la responsabilidad política.
Y ustedes se preguntarán: ¿y qué tiene que ver esta sentencia con el caso Faisán, con el caso Bárcenas, con el caso Sortu, y con tantos otros con los que nos encontramos todos los días en los periódicos? Muchísimo, y explicarlo es la finalidad de este post.
En el primero de la serie escribía lo siguiente:
“Mientras se mantenía este régimen penitenciario, que ahora se considera tan liviano y escandaloso, y se rechazaban las reclamaciones para endurecer las penas a los terroristas como demagógicas, los gobiernos de turno de la UCD y del PSOE se implicaban en una guerra sucia contra ETA por el que les aplicaban la pena de muerte sin reforma legal ni juicio previo. Y me interesa destacarlo porque esa actitud, que bajo otra forma menos grave persiste hoy en día, es exactamente lo que esconde este caso: conviene evitar la responsabilidad política que implica actuar conforme a las reglas del Estado de Derecho si puedes arreglar el asunto de otro modo menos comprometido. El problema es que, si bien mientras todo eso quedaba en casa, donde las reglas están contaminadas, no pasaba casi nada, cuando sales fuera y te sometes al juicio de uno que se las cree de verdad, te dan para el pelo. Efectivamente, cuando después de muchas horas de esforzado trabajo resultó que esos terroristas habían redimido un montón de días y que estaban a punto de salir a la calle sin llegar a ver cumplidos ni veinte años de prisión, pese a toda la sangre derramada, saltaron las alarmas en la opinión pública. Así que, primero el TS (STS 28-2-2006), variando su doctrina anterior, y luego el TC (STC 69/2012, entre otras) preocupándose más por la política que por el Derecho, como desgraciadamente suele ser aquí habitual, quisieron evitar ese escándalo del que la clase política española era la única responsable, e hicieron una interpretación forzada de las normas con la finalidad de evitarlo.”
La semejanza es evidente, porque en todos esos casos que hemos citado el modus operandi es siempre el mismo: actuar al margen de las normas para no pagar el coste político y, cuando el escándalo estalla, como suele ser inevitable, mirar para otro lado confiando en que alguna otra institución del Estado, especialmente la judicatura, asuma la responsabilidad de arreglar decorosamente el desaguisado.
El caso Faisán reveló la intención del Gobierno del PSOE de negociar con ETA a espaldas de la opinión pública para no pagar el coste político. Pero como se estaba actuando en completo secreto fue necesario infringir las normas organizando un chivatazo para evitar detenciones que pudiesen perjudicar esa negociación. Todo ello en la confianza de que, en el peor de los casos, los tribunales ya se encargarán de cerrar el círculo sancionando levemente a los testaferros policiales (bajo la presuposición de que había efectivamente una negociación) como así ha ocurrido. El caso Bárcenas ha revelado la intención del Gobierno del PP de subir el sueldo a sus políticos e incrementar la financiación de su partido, pero como no se quiere asumir el coste político de plantearlo abiertamente, se actúa discretamente vulnerando las normas por la vía de pagar en B y financiarse ilegalmente. La idea, por supuesto, es que los tribunales serán incapaces de probar nada, para lo que destruir pruebas impunemente siempre ayuda. Hacer política por otros medios, evitando así el coste político correspondiente, está en el corazón de la sentencia del TC en el caso Sortu, como comentamos en su momento.
Todos estos casos tienen siempre el mismo común denominador: la total negativa a asumir la responsabilidad política. Es decir, si no hay condena penal a un político, no hay responsabilidad de ningún tipo. Da igual que todo el mundo sepa que la responsabilidad de mantener esa legislación penal mientras se organizaba una guerra sucia, o de negociar en secreto mientras se informaba a los terroristas de su detención, o de bajar el sueldo a los empleados públicos mientras ellos se los pagaban en B, fuera de los políticos de turno. Da igual, ¡incluso aunque la veracidad de esos datos se deduzca claramente de las sentencias, como ocurre meridianamente en la del caso Faisán! El tribunal dice que condena levemente porque los policías no querían perjudicar la negociación que estaban realizando sus jefes, ¡pero los políticos que estaban al cargo no se dan por aludidos! En definitiva, si en España un juez no condena en firme al correspondiente político, no pasa nada de nada.
Por eso resulta tan importante para nuestra partitocracia controlar políticamente esas instituciones teóricamente independientes, y de ahí la colonización que hace de todas ellas: en primer lugar, para evitar que esa actuación al margen de las normas sea sancionada; en segundo término, para conseguir de una manera torticera lo que no se quiso afrontar de forma pública y transparente. Dos manifestaciones de la huida de la propia responsabilidad –jurídica la primera y política la segunda- pero muy ligadas entre sí y con un efecto común devastador: sin control a posteriori, la responsabilidad a priori degenera y tiende a desaparecer; siempre en perjuicio de los sufridos ciudadanos, claro, porque como consecuencia de todo ello no existe ningún incentivo para actuar conforme a las reglas del Estado de Derecho.
Por ese motivo, el perjuicio existe en todo caso, pero se aprecia especialmente cuando fracasan los medios de huida de la responsabilidad (por ejemplo, porque esas instituciones auxiliares no se controlan al estar fuera de alcance) y el consiguiente resultado práctico es desastroso, como ha ocurrido ahora con la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en relación a la doctrina “Parot” y la consiguiente puesta en libertad de tantos criminales.
Ayer afirmó el PSOE en un comunicado oficial “que le repugnan las consecuencias que la aplicación de la sentencia puede tener”; “acatamos esta sentencia como también lo hicimos con la interpretación que hizo el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional”, ha dicho Oscar López, para cuyo partido “no puede costar lo mismo matar a una persona que a 24”. El PP se remite a los Tribunales a la hora de aplicar el fallo, y recuerda que siempre ha estado a favor de la doctrina “Parot”. Muy bien, entonces, ¿quién es el responsable de este desaguisado? Ah, se me olvidaba: el TEDH.

España siempre pierde

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Tal y como está planteado el perverso debate de la secesión catalana, España siempre pierde. Ese es uno de los problemas que plantea la perniciosa cuestión catalana de mantenerse las inercias actuales. Mientras que la negociación constituyente de 1978 fue afrontada entonces por todas las partes con una estrategia de negociación basada en el principio “ganar-ganar”, ahora, y desde que comenzó a tramitarse el nuevo Estatuto de Autonomía, el inevitable proceso negociador que -querámoslo o no- ya está en marcha, solo puede entenderse en términos “ganar-perder” o “perder-perder”.
Una diferencia fundamental entre un nacionalismo disgregador como el catalán y un nacionalismo integrador como es actualmente el español (a pesar de que algunos pretendan equipararlos), radica en que mientras el segundo ha permitido, en especial durante el último medio siglo, unas relaciones y sinergias que en términos generales han aprovechado a todos basadas en una estrategia colaborativa, la negociación entre nacionalismos disgregadores solo permite adoptar estrategias de negociación basadas en el principio “ganar-perder”, de forma que solo una de las partes gane a costa de la otra y, en ese proceso, siempre cabe la posibilidad de que ambas –en términos globales-, terminen perdiendo respecto de la situación de partida.
Si como colofón a este proceso se alcanza un acuerdo por el que Cataluña adquiere una posición de mayor privilegio dentro del reparto de los recursos nacionales en detrimento del resto de las comunidades autónomas –tanto si se alcanza un nuevo acuerdo de financiación más ventajoso, como si se acepta la falaz tesis del Estado asociado, con la que conservarían todas las ventajas de pertenecer a una entidad superior de las dimensiones y relevancia de España y, por ende, de la Unión europea, pero eludiendo muchas de las cargas que ello comporta-, el resultado ¿final? sería que Cataluña gana pero que el resto de España pierde.
Si, finalmente, los separatistas triunfan en sus objetivos –un escenario cada vez más plausible- y se produce una declaración unilateral de independencia, todos perderemos. Con la secesión de aproximadamente una quinta parte de su territorio y población, España perdería peso específico dentro de Europa (tanto demográfico como económico) y haría aún más perceptible su decadencia en el contexto internacional; se agravaría la crisis institucional interna y se abriría la puerta a nuevas secesiones aunque, también es posible que, en lo económico, pueda servir de revulsivo para que en otras regiones empiecen a producirse bienes, productos y servicios para cubrir el vacío que actualmente ocupan las empresas catalanas. Pero Cataluña también perdería, como muchos economistas han puesto de manifiesto, pues al quedar en un principio fuera de la UE se encarecería el acceso de sus exportaciones a sus principales mercados, acrecentaría sus gastos al tener que hacer frente a servicios que ahora tiene cubiertos bajo el paraguas español y tendría dificultades para financiar su importante deuda pública. Difícilmente podría mantenerse el nivel de vida que ahora tienen sus ciudadanos y muy posiblemente entrará en una difícil situación económica que incrementará las tensiones y conflictos sociales. En definitiva, de una manera u otra todos pierden. Dejo que sean otros los que jueguen al estéril ejercicio de valorar quién pierde más.
Pero incluso en este escenario, los nacionalistas pretenden actuar como auténticos jugadores de ventaja y se guardan en la manga la carta de la doble nacionalidad por si surge esa previsible crisis económica que dificulte el mantenimiento de los servicios públicos en su territorio. Así, aunque Cataluña se independice, muchos catalanes podrían mantener inicialmente la doble nacionalidad. Es más, la legislación actual (artículos 17 y siguientes del Código civil) inspirada en el criterio de la estirpe más que en el de la territorialidad y que está pensada para favorecer la conservación de la españolidad en los descendientes de los emigrantes en Latinoamérica, implicaría que, aunque la secesión comportara de forma preceptiva la elección entre una nacionalidad y otra, nada impediría que, más tarde, una parte importante de la población catalana descendiente de los inmigrantes de otras regiones de España pudiera volver a recuperar su nacionalidad española y, en caso de irles mal las cosas en esa nueva Cataluña independiente, retornar a la tierra de sus ancestros para convertirse en una carga añadida. Alterar los requisitos para la adquisición de la nacionalidad por esta causa generaría perjudicar también a los descendientes de españoles en el extranjero.
Nuevamente todos pierden, pero de mantenerse las actuales reglas del juego, lo que quedara de España tras la escisión siempre perderá más. De una manera u otra –ya llegará el momento de exigir responsabilidades- nos hemos dejado arrastrar a un proceso negociador perverso en el que, salvo algunas élites extractivas catalanas y no catalanas, los españoles tanto de dentro como de fuera de Cataluña no tenemos nada que ganar. Desde este punto de vista resultaría comprensible la actitud del Gobierno de no querer jugar esta partida de poker con cartas marcadas.
Mientras reflexiono sobre estas cosas, me viene a la memoria un viaje que hice de joven. Corría el verano del año 1985 cuando un grupo de amigos nos fuimos en tren  a recorrer Europa. Con nuestros sacos de dormir y tiendas de campaña fuimos acampando por distintos sitios y, durante algunos días atravesamos lo que por entonces aún era Yugoslavia. Cuando estuvimos en Zagreb conocimos un joven muy simpático que hablaba inglés y se ofreció a enseñarnos la ciudad. Pasamos una mañana muy agradable pero de sus explicaciones, cada poco, podía vislumbrarse un notable desencanto con el estado yugoslavo y al mostrarnos el edificio del Parlamento de Croacia recuerdo que se quejaba  con resquemor de que allí no se decidía nada, sino que todo se resolvía en Belgrado. Más tarde, en el tren que nos llevaba a la costa dálmata, un grupo de jóvenes con los que entablamos conversación, nos preguntó con cierto resentimiento qué cómo se nos había ocurrido hacer turismo en aquel “fuck country”.
En general, ninguno podía suponer que pocos años más tarde sucedería la sangrienta guerra civil que asoló esa región y a aunque nos llamó la atención la actitud que vimos, la interpretamos como un desencanto por la sociedad comunista entonces imperante más que con las disputas territoriales que luego salieron a la luz. En cualquier caso, existen pocas dudas de que entonces aquellos nacionalismos disgregadores yugoslavos perdieron el control de un proceso de negociación basado en la estrategia “ganar-perder” y el resultado fue catastrófico para la población de todas las partes ¿Alguien cree realmente que hubo un ganador?
Ahora, cuando veo las constantes noticias acerca de la desafección catalana y el, cada vez más maduro, proyecto de secesión no puedo evitar recordar esa breve estancia en aquella Yugoslavia, que ensimismada en sus tensiones y problemas cotidianos no podía imaginar que terminaría estallando de la manera en que lo hizo. Diríase que son situaciones completamente distintas y en muchos aspectos lo son, pero no dejan de existir puntos en común. Lo malo de las negociaciones en las que las únicas alternativas son perder y perder, es que siempre puede haber quien esté tentado a romper la baraja. Y lo malo de las revoluciones, como la historia no se cansa de demostrarnos, es que se sabe cómo comienzan pero nunca cómo pueden terminar.