Iniciativas legislativas populares: una forma legítima de diálogo con el Parlamento

/13 Comentarios/en , /por

En el último momento, el Grupo Popular en el Congreso de los Diputados votó a favor de la toma en consideración de la Proposición de Ley de regulación de la dación en pago, paralización de los desahucios y alquiler social, que había  conseguido el respaldo de 1.402.854 personas. La toma en consideración no implica más que la Mesa de la Cámara acordará su envío a la Comisión competente y la apertura del plazo de presentación de enmiendas. Conviene no olvidar lo mezquino que es el sistema constitucional español con las iniciativas ciudadanas.
En primer lugar, no se admiten para la reforma de la propia Constitución y tampoco pueden ejercerse en “materias propias de Ley Orgánica”, con lo que se veda a esta institución el acceso a cuestiones relacionadas con el desarrollo de los derechos fundamentales y las libertades públicas, los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general, además de todos aquellos ámbitos cuya regulación exige la aprobación de una Ley Orgánica (Defensor del Pueblo, Consejo General del Poder Judicial, sucesión  a la Jefatura del Estado,…).
 
Parece evidente que con todas estas limitaciones lo que se pretende es ahorrarle al Legislador eventuales presiones externas respecto a un conjunto de materias muy sensibles. Pues bien, de lo que se trata en un sistema democrático es, precisamente, de que las personas destinatarias de las decisiones políticas y normas jurídicas puedan dialogar con el Legislador, al menos en la forma de petición legislativa sujeta a reglas sustanciales y formales, y si en algún ámbito deben poder hacerlo, sin que eso suponga presión ilegítima alguna, es en las materias política, social o económicamente más importantes. Lo que parece profundamente antidemocrático es que se excluyan de esa forma mínima de debate materias tan relevantes para la ciudadanía como las normas electorales o derechos fundamentales como la vida, la libertad personal, la tutela judicial, la educación, la huelga, las reuniones y asociaciones,…
 
Por si las exclusiones materiales no ejercieran ya un fuerte efecto disuasorio para las iniciativas legislativas populares, el constituyente añadió otra barrera: la exigencia de que sea respaldada por, al menos, 500.000 firmas ciudadanas. La importancia de esta limitación se evidencia si acudimos al derecho comparado: en Italia, un país con mucha más población que España, el número mínimo requerido son 50.000 firmas y en Polonia, con una población un poco menor que la española, el respaldo se reduce a la quinta parte: 100.000 firmas. Y no deja de llamar la atención que en la reciente regulación de la iniciativa legislativa europea se haya fijado el número total de firmas en 1.000.000, el doble que en España, pero mucho más fácil de alcanzar si se tiene en cuenta el número potencial de firmantes, incluso con las exigencias de que provengan al menos de 7 de los 27 Estados miembros de la Unión Europea y cuenten con un número mínimo de firmantes en cada uno de ellos.
 
Que existan todas estas limitaciones y que una iniciativa con el respaldo y la incidencia social de la relativa a la vivienda haya pasado por tantas dificultades confirma, en mi opinión, la escasavitalidad de nuestro sistema democrático pues si es obvio que se puede rechazar la dación en pago o el alquiler social también lo es que al menos merece que se haga en un debate parlamentario, permitiendo la expresión de otras opiniones y asumiendo ante la opinión ciudadana el consiguiente coste político.
 
Jürgen Habermas recuerda que es esencial a la democracia que los procesos de formación de la voluntad política institucionalizada estén conectados con la opinión pública y esa conexión tiene que  producirse tanto en la actuación general de los poderes del Estado como, en particular, a lo largo del procedimiento legislativo, de manera que no solo a través de los representantes sino también de manera inmediata la ciudadanía pueda colaborar en las fases de iniciativa, debate y, en su caso, ratificación de las normas.
 
Ahora que tanto se habla de regeneración democrática parece tarea imposible que se recupere lo que Hanna Arendt llamó la promesa de la política si lo que parece interesar a los que gobiernan las instituciones no es la implicación de la ciudadanía en el gobierno de los asuntos públicos sino su reducción a la categoría de idiotas e inútiles, al menos en el sentido clásico de despreocupados por los asuntos públicos.
 
Nos recuerda Tucídides lo que decía Pericles en su Discurso fúnebre en honor de los atenienses muertos durante el primer año de guerra: “en la elección de los cargos públicos no anteponemos las razones de clase al mérito personal y tampoco nadie, en razón de su pobreza, encuentra obstáculos debido a su condición social si está en condiciones de prestar un servicio a la ciudad… Nos servimos de la riqueza más como oportunidad para la acción que como pretexto para la vanagloria, y entre nosotros no es un motivo de vergüenza para nadie reconocer su pobreza, sino que lo es más bien no hacer nada por evitarla. Las mismas personas pueden dedicar a la vez su atención a sus asuntos particulares y a los públicos, y gentes que se dedican a diferentes actividades tienen suficiente criterio respecto a los asuntos públicos. Somos los únicos que a quien no toma parte en estos asuntos lo consideramos no un despreocupado, sino un inútil”.
 
Es probable que en la España de hoy el Discurso fúnebre de Pericles fuera por la propia democracia.
 

Hacia la ‘inclusividad’ en España

/11 Comentarios/en /por

El libro ‘Why nations fail’, de Daron Acemoglu y James A. Robinson, ha suscitado un buen número de interesantes reflexiones tanto en este blog como en Nada es Gratis, Politikon o Sintetia, por citar algunos referentes de pensamiento crítico actual.
 
Si concluimos, como es mi caso, que el diagnóstico de los autores es certero y las instituciones políticas y económicas vigentes –en contraposición con supuestas ‘dotaciones fundacionales’ u otros factores– son el factor principal a la hora de explicar el relativo éxito o fracaso de distintos sistemas de organización política, una de las cuestiones que cobran mayor importancia es de índole eminentemente práctico: ¿cómo avanzar hacia esas benéficas instituciones denominadas ‘inclusivas’?
 
Enfrentarse a esas élites denominadas tan acertadamente como ‘extractivas’ por Acemoglu y Robinson requiere identificar los principales factores de los que éstas se han beneficiado históricamente para la consecución de sus objetivos. Ese, creo, debe ser nuestro punto de partida.
 
Sin ánimo de exhaustividad, en el caso español aquí se sugieren cuatro:
 
1)     La gran opacidad fiscal reinante.
2)     El recelo general hacia la evaluación y fiscalización administrativas.
3)     La inexistencia de incentivos para la denuncia.
4)     El mal funcionamiento de la justicia procesal penal.
 
Vayamos por partes.
 
La gran opacidad fiscal reinante.
 
¿Sabían ustedes que en un país de nuestro entorno como Noruega las declaraciones impositivas de sus contribuyentes –tanto personas físicas como jurídicas– son en gran medida públicas?
 
Pocos presupuestos se me ocurren como más alejados de la cultura política española como esta posibilidad, tan polémica, de que cada contribuyente pueda contrastar libremente la contribución al sostenimiento de la administración y servicios públicos de cada uno de sus conciudadanos.
 
Sin embargo, pocas o ninguna medida resultarían tan efectivas a la hora de dificultarle su operativa a los defraudadores. En los años ochenta del siglo pasado las campañas públicas de concienciación ciudadana popularizaron el lema “Hacienda somos todos”. ¡Hágase pues! Impleméntese, con menores o mayores cautelas, un sistema de control a coste cero –o casi cero– que permita al sufrido asalariado contrastar sus temores, lugar común casi, de ser el hazmerreír del sistema impositivo patrio.
 
Y si en el caso de las personas físicas nuestros reparos culturales, relativos a la seguridad ciudadana o de otra naturaleza nos sugieren cautela, empecemos entonces por las personas jurídicas. ¿Es demasiado pedir que toda persona jurídica que contrate con el Estado tenga que publicitar de forma abierta, clara, completa y accesible sus cuentas con Hacienda?
 
Este podría ser un primer paso hacia la necesaria concienciación de que obras son amores e impuestos pagados la mejor política de RSC que pueden poner en marcha el gran mosaico de pequeñas, medianas y grandes empresas que operan en nuestro país; hacia posicionar los impuestos pagados, en definitiva, como una suerte de badge of honour requerido y altamente valorado por todos los stakeholders y la sociedad en general.
 
El recelo general hacia la evaluación y fiscalización administrativas.
 
Yendo más allá de la transparencia fiscal, también cabe reclamar la acumulación, apertura y explotación de la panoplia de datos relativos al ámbito de actuación de todas las administraciones públicas.
 
Pensemos, por ejemplo, en desterrar viejas nociones de falso igualitarismo hiperproteccionista y profundizar en un análisis abierto de los datos disponibles en ámbitos tan críticos para el progreso como la educación, habilitando así la evaluación competitiva. Pocas medidas podrían tener un impacto de calado similar al servicio de la igualdad de oportunidades –o de recursos de partida, más bien–, pilar fundamental para la construcción de esas instituciones abiertas e inclusivas.
 
Ese recelo generalizado frente a las actuaciones de una administración percibida como no fiable o, peor, sospechosa, también conduce al desaprovechamiento por parte del Estado de numerosas oportunidades de combatir las ilegalidades ligadas al fraude.
 
Por poner algún ejemplo, parece muy poco razonable aceptar hoy la legitimidad de los títulos de propiedad al portador. No hay mejor ‘tecnología’ para habilitar el fraude que unos papelillos –tan frecuentes en cualquier paraíso fiscal que se precie– cuya titularidad puede variar a conveniencia entre su verdadero dueño y el acomodaticio testaferro de turno.
 
También podríamos hablar aquí de inversiones en formación y recursos. ¿Qué peor noticia para un integrante de esas élites extractivas que una policía y una judicatura con los mejores sistemas informáticos interconectados y la formación necesaria para poder comprender la continua y bien financiada evolución de los mecanismos disponibles para eludir la igualdad ante la ley? Esta bandera, sin embargo, nunca ha sido levantada en campaña electoral que se recuerde.
 
Los países que apuestan por la transparencia –y sus primos hermanos, la objetividad y el enforcement, añadiríamos– como base del funcionamiento de sus instituciones aciertan. Aquí el chileno Alejandro Ferreiro lo sintetiza a la perfección: “Si se miran los 20 países más transparentes del mundo, según el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, 17 coinciden con el listado de los más competitivos según el Competitiveness Index del Foro Económico Mundial. Solo Corea del Sur, Taiwan e Israel aparecen entre los más competitivos sin ser igualmente transparentes.”
 
La inexistencia de incentivos para la denuncia.
 
Componiendo los efectos perversos de la falta de transparencia y los recelos frente a la evaluación y fiscalización administrativas nos encontramos la clamorosa ausencia de whistleblowers nacionales.
 
Hagamos un sencillo test. ¿A cuántas personas conocen cada uno de ustedes, señores lectores, que estén al corriente de flagrantes irregularidades relativas al uso de los dineros públicos? Vamos, piensen. Si la respuesta es ninguna, concluiré que no tienen relación con nadie que haya estado vinculado al mundo de la construcción civil en España en las últimas décadas.
 
Frente a esta realidad, ¿a cuántos conocen que hayan tirado de la manta y hayan acudido a la policía, guardia civil, fiscalía anticorrupción o instancia similar a interponer una denuncia? A ninguno, ¿verdad? Los motivos son tan sencillos como comprensibles: el miedo a poner en peligro el modo de sustento de los posibles denunciantes y sus familias.
 
Si este país y sus gobernantes se tomasen en serio a sí mismos esta sería una de las primeras medidas a implementar: establecer un programa de recompensa, protección y reinserción laboral a aquellos directivos o trabajadores que pongan en conocimiento de las autoridades casos de fraude o corruptelas varias.
 
El mal funcionamiento de la justicia procesal penal.
 
Sigamos. Una vez posicionado del lado de los cotillas, los inquisidores y los chivatos, ¿cabe algún atrevimiento mayor? Sí, lo hay: atacar parte del dogma de tantos buenos profesionales del derecho y hacerlo precisamente aquí, en este blog sobre la actualidad jurídica y política.
 
Uno, que pese a haber estudiado la carrera de derecho nunca ha ejercido labores de abogacía, y desde su simple óptica de ciudadano, no puede dejar de cuestionar la pertinencia de esa institución tan odiosa denominada prescripción.
 
Sí, ya sabemos que la seguridad jurídica es un bien digno de protección y demás. Pero, señores penalistas, ¿de verdad nos quieren convencer de que la prescripción de los delitos ligados al fraude fiscal y a la mala gestión de los recursos públicos es más importante que ponerle coto a tanto desmán?
 
¿Qué gana el común de los ciudadanos avalando un sistema legal que incrementa los incentivos para la comisión de los delitos ligados a la corrupción? Además de intentar dotar de recursos a la administración de justicia para acortar los inaceptables plazos actuales, ¿no podríamos eliminar esta venerable institución procesal de nuestro ordenamiento jurídico, al menos en todo lo relativo a la esfera de lo público?
 
Concluyendo, en la próxima conversación en la que participen sobre los supuestamente incurables males de esta nación nuestra, por favor tengan presente esa frase que quizá no haya marcado lo suficiente la educación de tantas generaciones de españoles: no decidir es decidir. Con todas sus consecuencias.
 
 
 

No diga indulto, diga impunidad

/7 Comentarios/en , , /por

La sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo acaba de anular parcialmente el indulto concedido al Consejero-Delegado del Banco de Santander, Alfredo Sáenz, al considerar que el Gobierno se extralimitó al pretender eliminar no sólo la sanción penal sino también “cualesquiera otras consecuencias jurídicas o efectos derivados de la sentencia, incluido cualquier impedimento para ejercer la actividad bancaria”.
 
El fallo ha sido notificado a las partes, pero la sentencia íntegra todavía no se conoce. En un post publicado el 12 de diciembre de 2011 (“Honorable por Decreto”) ya comentábamos que el Gobierno no puede en un Decreto de indulto dejar sin efecto otro Decreto (RD 1245/1995) que con carácter general exige el requisito de la honorabilidad para ejercer la actividad bancaria. Decíamos entonces:
 
“¿Puede entonces otro Real Decreto decir que esos requisitos se aplican a la generalidad de las personas… con sólo una excepción, la del Sr. Sáenz? A cualquier jurista, por muy fiel que sea a los postulados de Kelsen y su famosa pirámide, esto no le puede dejar de sonar un poquito raro. Precisamente, porque a lo que suena es a capricho de monarca absoluto, que deroga una norma general en beneficio de un sujeto particular. Por eso, no es de extrañar que nuestro Derecho Administrativo, al fin y al cabo hijo de Las Luces, disponga de los instrumentos necesarios para impedir tales arbitrariedades. Y uno de ellos, muy destacado, es el de la inderogabilidad singular de los reglamentos.”
 
Habrá que leer la sentencia, pero al Tribunal Supremo parece que también le ha sonado un poquito raro y, afortunadamente, ha fallado en consecuencia, lo cual en estos tiempos lúgubres que atravesamos es digno de reconocimiento. Mientras tanto, la pelota vuelve al campo del Banco de España, aunque en rigor nunca dejó de estar ahí, para su vergüenza. No obstante, se intuye una carrera interesante: por un lado el Banco retomado parsimoniosamente el expediente, muy muy despacio; por otro el Gobierno apresurándose para sacar cuanto antes la reforma de ese maldito Real Decreto (reforma que también hemos comentado aquí) muy, muy deprisa; y mientras tanto el banquero vigilando. No sé cuál de esas dos instituciones básicas del país nos causará más vergüenza ajena. Intuyo que el Banco de España, porque aunque el Gobierno llegue antes y apruebe la reforma por la cual el estar condenado penalmente no implica necesariamente falta de honorabilidad, delegando tal juicio en el controlador bancario, se me hace muy cuesta arriba imaginar que éste no la aprecie en un caso tan escandaloso como el que motivó la condena del banquero (aquí).
 
Para terminar una reflexión, más que política, cívica, en forma de adivinanza. Un banquero presenta una denuncia falsa contra unos deudores, y con la colaboración de un juez corrupto y prevaricador los mete en la cárcel injustamente para forzarles a pagar. Los tribunales condenan al banquero, pero el Gobierno le indulta de manera ilegal para que pueda continuar ejerciendo la actividad bancaria, no vaya a ser que él y su jefe se mosqueen y decidan no comprar deuda o no participar en la SAREB. Pese a que esa ilegalidad se vuelve a declarar por los tribunales, el regulador mira a otro lado y el Gobierno cambia las normas para que el banquero siga en el cargo. Y todo ello mientras los bancos siguen recibiendo ayudas del contribuyente y los lanzamientos hipotecarios se multiplican. ¿Qué país es ese? ¿De qué época histórica estamos hablando? ¿Antes de la Revolución Francesa? ¿O de la Rusa?

El indultómetro

/14 Comentarios/en , /por

Para que digan que la sociedad civil no se mueve en España. Sin duda no se mueven los grandes patrimonios a la hora de financiar proyectos que ayuden a la regeneración del país (quizá porque tengan algo, o mucho, que perder) pero las pequeñas iniciativas propulsadas por ciudadanos responsables no están esperando a que salga el sol por Antequera, afortunadamente.
 
Hace unos días les informamos de una parecida (aquí). Pues bien, hoy mismo la Fundación ciudadana Civio -una organización sin ánimo de lucro que busca fomentar la cultura de la transparencia y el acceso a la información pública mediante la apertura de datos a través del uso de la tecnología- acaba de lanzar una nueva página web: el indultómetro.
 
La página permite descubrir cuántos indultos se concedieron cada año, a condenados por qué delitos y acceder a una base de datos histórica desde 1996. Les recomendamos que comiencen por la sección de destacados, no sólo porque es una maravilla técnica, sino por la información que ofrece y los comentarios que acompañan a los indultos más importantes. Sinceramente, no tiene desperdicio. La plataforma, además, es abierta, por lo que si ustedes quieren incluir en la lista de destacados alguno especialmente relevante no duden en solicitarlo. Se agradece la colaboración.
 
Por cierto, Civio es también la autora de otras páginas de las que ya hemos hablado aquí, como España en llamas y Tu derecho a saber.

¿Cómo debería ser una auditoría rigurosa de una entidad con sospechas de contabilidad B?

/7 Comentarios/en /por

Lo cierto es que las llamadas auditorías financieras, o lo que conocemos como auditoria de cuentas, no son precisamente una herramienta adecuada para detectar operaciones fraudulentas, y mucho menos si quien está involucrado en estas operaciones es la estructura de dirección de la organización.
 
Básicamente, el objetivo del examen de cuentas no es otro que informar a los socios-propietarios de una organización, así como a posibles terceros con interés, sobre si los estados financieros de dicha entidad representan razonablemente la imagen fiel del patrimonio y los resultados del ejercicio, y para ello se sirve de “técnicas de auditoría” generalmente aceptadas.
 
Para entenderlo mejor, estas “técnicas de auditoría” se basan sobre todo en la colaboración de la dirección y los empleados de la entidad auditada, así tanto en los procedimientos de gestión como de registro contable. Y si en una entidad falla alguno de estos parámetros, los auditores no podrán emitir opinión.
 
En la fase de planificación del examen de cuentas, los auditores evalúan el control interno de la entidad auditada, valoran el riesgo de auditoría y, a partir de ahí, diseñan las pruebas de auditoría necesarias para poder emitir su opinión. Si una vez realizada dicha evaluación se concluye que pudiera existir una contabilidad B, las técnicas de autoría generalmente aceptadas dejan de ser útiles y una herramienta eficaz.
 
Por eso, cuando se esgrime la existencia de auditorías, ya sean internas o externas, o se propone su realización, como garantía de la inexistencia de contabilidad B, estamos ante un argumento sin validez alguna.
 
Recurrir a técnicas policiales y judiciales
 
Detectar la existencia de contabilidad B no es tarea de un examen de cuentas normal y, si existiese esa sospecha, se tendría que trabajar en el ámbito de la investigación, más propia de técnicas policiales y judiciales que de auditores de cuentas.
 
El origen de las sospechas de doble contabilidad, se deben casi exclusivamente a la denuncia, ya sea de algún implicado o de terceras personas más vinculadas con la actividad que se quiera ocultar, y no tanto a la actividad normal de la entidad.
 
En cualquier caso, si pensamos en procedimientos que podrían servir para detectar la existencia de contabilidad B o de un hilo de donde poder tirar, podemos hacer un pequeño esbozo de algunas prácticas que podrían ser útiles y que, de entrada, exigen la total colaboración de la dirección y empleados de la entidad o, en su caso, el mandato judicial.
 
El área que más trabajo exigiría es la tesorería. Para ello tendría que solicitarse la colaboración de la totalidad de entidades bancarias que actúan en España y, si es posible, de aquellas de los países a través de los cuales se sospecha que pueden haberse movido los fondos B –a ello ayudaría el cruce y verificación de transacciones de las cuentas bancarias con las que opera la entidad, así como de las operaciones realizadas mediante tarjetas de crédito.
 
Investigación en diferentes campos
 
Pero para que la prueba sea eficaz, no bastaría con investigar las cuentas y tarjetas cuya titularidad corresponda a la entidad, sino también las de empleados y directivos e incluso de terceros, sobre los que recae sospecha de que pudieran actuar como testaferros ­–prueba de muy difícil realización, no solo por el ingente trabajo que puede suponer, sino porque exige la colaboración de los implicados, o el mandato judicial–. Cuando hablamos de titularidad nos quedamos cortos, dado que la investigación debe alcanzar no solo a la titularidad de las cuentas, sino también a firmas autorizadas.
 
Además, sería necesaria la realización de entrevistas con la dirección y empleados de la entidad que, llegado el caso, tendrían más que ver con un interrogatorio que con una mera entrevista. Esta prueba es también de muy difícil realización y exige la total colaboración de los implicados o, en su caso, el mandato judicial.
 
De igual modo, sería necesaria la colaboración de la Agencia Tributaria, facilitando información de sus bases de datos que afecten a empleados,  directivos y terceros de los que se sospecha que pudieran actuar como testaferros. La realización de esta prueba solo es viable bajo mandato judicial.
 
La investigación en los registros de la propiedad y el análisis de la evolución de las propiedades de empleados, directivos y terceros bajo sospecha también podría ser útil.
 
La colaboración de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), podría además aportar información sobre consejeros y otros cargos de organizaciones que pudieran tener relación con la entidad auditada y que podrían estar vinculadas con personas vinculadas con empleados, directivos y terceros bajo sospecha.
 
Y si la entidad que se está investigando es pública o pudiera tener influencia en las decisiones que toma cualquiera de las administraciones públicas (AAPP), también sería necesaria la investigación de los contratos que hubieran podido adjudicarse como consecuencia de la relación con la entidad auditada.
 
Este trabajo es también de muy difícil realización, no solo por su gran volumen, sino porque requeriría la colaboración de las unidades de contratación y de las responsables de la contabilidad de las distintas AAPP, así como de las diversas entidades a través de las que operan, como pueden ser entidades públicas empresariales, organismos, agencias, fundaciones, institutos…Además, no hay que olvidar que, cuando las AAPP, con la disculpa de mejorar la agilidad y eficacia de su gestión, operan a través de este tipo de entidades, lo que pretenden en esencia es evitar los controles que la normativa impone a la actuación de las AAPP.
 
Y tras estas reflexiones, solo cabe reiterar que los procedimientos de investigación descritos no se incluyen en el ámbito de la ejecución de un trabajo de auditoría, sino que pertenecen más al ámbito de una investigación bajo  mandato judicial.

“Cambiemos las reglas del juego” artículo en El Mundo de nuestra coeditora Elisa de la Nuez

/22 Comentarios/en /por

En la gran película de Charles Chaplin “el gran dictador” hay una escena que creo que resume bastante bien lo que estamos experimentando los españoles ante los sucesos de estos días.
 
Charles Chaplin interpreta a un barbero judío que ha pasado veinte años en un hospital con amnesia, a consecuencia de un gran golpe sufrido durante la Primera Guerra Mundial. Por esa razón desconoce que su país (Tomania) ha sufrido una gran crisis, a consecuencia de la cual ha tomado el poder un dictador, Hynkel (también interpretado por Chaplin) que ha implantado un sistema totalitario y antisemita. El barbero (y el espectador) se dan cuenta a la vez, con sorpresa y miedo, de la nueva situación cuando el barbero llama a la policía para que le proteja de los asaltantes que están destrozando la barbería y se encuentra con que la policía ya no está para defenderle, sino que, al contrario, se muestra muy tolerante con los antisemitas.
 
Efectivamente, los españoles nos estamos damos cuenta con cierta angustia de que nuestros gobernantes son muy complacientes con personajes que parecen sacados de una serie de gángsters y que parecen tener el poder de derrumbar con sus apuntes instituciones enteras, empezando por los propios partidos políticos, mientras que son muy duros con los ciudadanos y con los medios de comunicación que les exigen transparencia y honestidad. Y más allá de las inevitables y larguísimas vicisitudes judiciales que atravesará previsiblemente el asunto de los “papeles de Bárcenas” lo cierto es que el lamentable cierre de filas del partido en el Gobierno pone de manifiesto con enorme crudeza la existencia de una brecha ya probablemente irreparable entre ciudadanía y clase política.  Al menos la actual clase política.
 
Una clase política que ya nos ha dejado claro que no es capaz de iniciar un proceso de regeneración en el que tiene todo que perder y nada que ganar si cambian las reglas del juego, incluso en circunstancias extremas como las que atraviesa nuestro país. Porque cambiar las reglas de juego requeriría jugadores que supieran jugar con las nuevas, claro está. Pero es que eso es precisamente lo que los ciudadanos queremos, unas reglas de juego distintas y mejores que permitan la aparición de jugadores distintos y mejores. Unas reglas que traigan consigo más democracia y no menos, como se nos quiere hacer creer por los interesados en defender el “statu quo”. Unas reglas que permitan restablecer los controles hoy desaparecidos en el manejo y gestión del dinero público, que permitan devolver a las instituciones la independencia y profesionalidad que han perdido por culpa de su colonización por los partidos políticos, que permitan establecer la imprescindible rendición de cuentas ante los ciudadanos, instaurar la transparencia como regla general y no como excepción siempre que se trate de instituciones públicas y del dinero del contribuyente, que aseguren que los poderosos y los políticos son iguales ante la Ley y que pueden ser juzgados y condenados como todos los españoles de a pie. Y esto, ahora lo sabemos, no lo quiere hacer la actual clase política sencillamente porque no le interesa cambiar unas reglas que les permiten seguir jugando aún a costa de llevarse por delante el juego democrático.
 
¿Qué hacemos entonces? Pues habrá que empezar desde el principio. Y en el principio están los partidos políticos, su falta de transparencia, su falta de democracia interna, su financiación irregular y su falta de compromiso con los electores. Empecemos por forzar -aunque solo sea como un primer pasito- su inclusión en el Proyecto de Ley de Transparencia que se tramita ahora mismo en el Congreso (junto con la Casa del Rey, a la que tampoco le vendría nada mal un cambio de reglas de juego y de jugadores). Aunque no seamos demasiado ingenuos, porque para que una entidad o un político sea transparente no es en absoluto necesario que la Ley  le obligue. Lo que hace falta es tener la voluntad de ser transparente. Sin Ley aprobada ya hay partidos que publican sus cuentas y políticos que publican sus nóminas y sus declaraciones fiscales. Hasta hay organismos públicos (no muchos, lamentablemente) que detallan puntualmente en qué se gastan el dinero de nuestros impuestos. Probablemente porque no tienen nada que ocultar ni nada que temer del escrutinio ciudadano.
 
En cualquier caso, el gesto de incluir a los partidos políticos en la Ley de Transparencia  puede ser un buen comienzo para empezar a cambiar las reglas del juego, aunque desde luego no es en absoluto suficiente, especialmente si los controles para garantizar el cumplimiento de la ley siguen en sus manos, como ocurre ahora mismo.
 
Así que hay que seguir con pasos un poco más difíciles, pero a estas alturas ya imprescindibles. A mi juicio es necesaria una modificación de la Ley Orgánica de Partidos Políticos para implantar la democracia interna y acabar con la autorregulación que, como suele suceder con toda autorregulación en ausencia de auténticos controles, ha fracasado estrepitosamente. Y como todo está inventado, copiemos lo que funciona en otros países. Obliguemos a nuestros partidos a celebrar congresos cada dos años, a que los delegados sean elegidos por votación secreta entre los afiliados, a que los candidatos a cualquier cargo público sean elegidos mediante un sistema de primarias, a que haya auditorías externas que garanticen el funcionamiento democrático. Fomentemos en definitiva la competencia, tan sana en política como en economía.
 
Una ley de estas características, por ejemplo, permitiría que en el PSOE hubiera una alternativa al imposible liderazgo de Alfredo Pérez Rubalcaba, o en el PP una alternativa a una cúpula bajo sospecha, por poner dos ejemplos clarísimos de cómo la falta de democracia interna puede acabar hasta con el propio partido, y de paso con el juego, al bloquear la posibilidad de una renovación interna. Necesitamos acabar con la cooptación, con las listas cerradas, con los dedazos y los congresos a la búlgara. Necesitamos que personas de valía y mérito puedan competir para presentarse a las elecciones y que la carrera política no dependa de la fidelidad y servilismo al líder, sino de la capacidad de crítica, de reflexión y de debate.  Y ya puestos a pedir, que la carrera política dependa de la capacidad de ganar elecciones sin necesidad de campañas electorales mastodónticas, financiaciones irregulares, dinero B, compra o devolución de favores, clientelismo, caciquismo y, en definitiva, corrupción.
 
Y terminemos con el paso más difícil porque necesitamos también una reforma de la Ley Electoral que favorezca una renovación total de la vida política española, y que garantice que los representantes rindan cuentas ante los electores y no ante la cúpula de sus partidos.
 
Y cuando hayamos conseguido todo eso, lo que no será fácil, convoquemos elecciones y empecemos de nuevo el juego democrático con estas reglas distintas. Y entonces modifiquemos todo lo que sea necesario, que es mucho, empezando por la Constitución. ¿Tendremos entonces una nueva clase política? Pues seguramente ocurrirá como al final del franquismo, algunos políticos de la vieja escuela serán capaces de adaptarse a estas nuevas reglas de juego, otros no. Ya se verá. Unas reglas nuevas de juego en todo caso obligarán a renovar mucho la plantilla, los equipos que presenten demasiados jugadores amortizados tendrán menos posibilidades. ¿De dónde saldrán los nuevos políticos? Pues sinceramente espero que muchos ciudadanos preocupados decidan dar un paso al frente aunque sea por una temporada. La ventaja que van a tener es, precisamente, la de no ser profesionales de la política.  Pero es que la democracia, aunque sea representativa, no es tanto una cuestión de profesionales como una cuestión de ciudadanos. Sin los primeros todavía podría existir, sin los segundos es evidente que no. ¿Que da miedo? Pues sinceramente, mucho más miedo da seguir como hasta ahora.
 
Como es bien sabido, la película de Chaplin tiene un final feliz. Gracias a una confusión entre Hynkel y el barbero que ha escapado del campo de concentración (dado que los dos son idénticos) corresponde al falso Hynkel hacer el discurso final después de su victoria sobre el Estado vecino que acaba de invadir. Un discurso sobre la libertad y la esperanza en tiempos muy difíciles, mucho más de los que nos han tocado a nosotros.
 
“A  los que puedan oirme, les digo: no desesperéis. La desdicha que padecemos no es más que la pasajera codicia y la amargura de hombres que temen seguir el camino del progreso humano. El poder que se le quitó al pueblo se le reintegrará al pueblo, y, así, mientras el Hombre exista, la libertad no perecerá.”
 
 
 
 
 

A propósito del artículo de Miguel Angel Aguilar “El dinero perdido de Rajoy”

/92 Comentarios/en /por

El pasado día 5 se publicó en la versión digital de El País un artículo del periodista Miguel Ángel Aguilar titulado “El dinero perdido de Rajoy” que fue posteriormente eliminado de la web, lo que suscitó la correspondiente curiosidad en las redes sociales y muchas preguntas de los lectores de este blog. Hemos conseguido localizarlo (aquí) porque ya se sabe que lo que parece una vez en internet nunca muere para siempre. Lo reproducimos a continuación, pero antes queremos compendiar y aclarar la información disponible al respecto.
 
El artículo toma como punto de referencia la declaración del presidente en su comparecencia del sábado en la que, como recordarán, a raíz de las acusaciones de recibir sobresueldos del partido, manifestó que si hubiera querido ganar dinero se hubiera dedicado a su profesión de registrador. El periodista apela a los votos de transparencia y honradez del presidente para que explique si ha habido alguna simultaneidad en el ejercicio de sus funciones políticas y como registrador y para que aclare si ha cobrado alguna cantidad como tal. Lo cierto es que esta cuestión ha sido objeto de una pregunta parlamentaria por parte de Cayo Lara (Izquierda Unida) y la respuesta del gobierno ha sido negativa, al afirmarse taxativamente que “por tanto, D. Mariano Rajoy no ha recibido retribución alguna por su condición de Registrador en el tiempo señalado”. Sin embargo, las preguntas que hace Aguilar, como verán, no contradicen esta afirmación, sino que se refieren a aspectos colaterales
 
Hay una segunda cuestión, muy interesante, y que también toca Aguilar tangencialmente, y es la de si la situación actual del presidente es completamente reglamentaria. Existen dos preceptos, el art. 541 y el art. 552 del Reglamento Hipotecario que pudieran ser aplicables al caso, si bien uno permitiría cobrar y otro no. El primero aparece mencionado un el escalafoncillo del colegio (aquí 1) y el segundo es alegado por el sustituto, sr. Riquelme (aquí 2).
 
Por esa razón, no resulta evidente la situación administrativa del sr. Rajoy y sería muy conveniente que se aclarara. Máxime cuando se da una circunstancia más: toda esta normativa hipotecaria parece incompatible con la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado y particularmente con su artículo 5, que establece la incompatibilidad de su “actividad con el desempeño, por sí, o mediante sustitución o apoderamiento, de cualquier otro puesto, cargo, representación, profesión o actividad, sean de carácter público o privado”. Es más, el art. 11 de dicha norma exige una declaración de actividades que en el caso del sr. Rajoy no recoge su situación de “servicios especiales” cuando, en realidad ha sido “renombrado” registrador de Santa Pola recientemente.
 
Reproducimos a continuación el artículo de Miguel Ángel Aguilar:
 
El dinero perdido de Mariano Rajoy
Rajoy debería contestar a algunas cuestiones relevantes que permitirían confirmar su desprendimiento y su entrega sacrificada a la política
 
La intervención del presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, ante el comité ejecutivo nacional de su partido el pasado sábado, 2 de febrero, ha agravado la situación en que se encuentra el caso Gürtel-Bárcenas. Primero, por el formato elegido de máximo blindaje y mínima credibilidad. “Quiero”, dijo el presidente, “que en este asunto operemos con la máxima transparencia, el máximo rigor y la máxima diligencia”. Pero a continuación las maneras venían a desmentirle. Porque de las ruedas de prensa sin preguntas, lo que Esteban González Pons, vicesecretario del PP, llamaba notas de prensa audiovisuales, se ha pasado a un escalón superior. Ahora, los periodistas han dejado de ser testigos, ni siquiera comparten lugar con el compareciente. Recluidos en otra sala, solo les llega una señal de televisión realizada por los servicios del partido. Una cámara fija ofrece el plano único del presidente Rajoy, que lee en un atril. Pero nadie ajeno al comité ejecutivo nacional pudo dar fe de cómo sucedió.
 
Segundo, porque si Rajoy proclama nada tener que ocultar, no temer a la verdad, no haber venido a la política ni a ganar dinero ni a engañar a Hacienda; ser a los 23 años, en 1978, Registrador de la Propiedad con una plaza; ganarse muy bien la vida; ingresar más dinero en su profesión que como político; haber venido a la política perdiendo dinero porque para él, el dinero no es lo más importante en esta vida; todas estas protestas nos obligan a reclamar que se muestre “con máxima transparencia, máximo rigor y máxima diligencia” toda su trayectoria como Registrador. Por eso, queremos saber, por ejemplo:
 
1.- Si es cierto que siguió disfrutando de los beneficios del Registro de Villafranca, provincia de León, y de Padrón, provincia de la Coruña, cuando fue elegido diputado al Parlamento de Galicia en 1981, director general de Relaciones Institucionales de la Xunta en 1982. .
 
2.- Si al concursar voluntariamente y obtener en 1982 el registro de Berga en el Pirineo catalán, contraviniendo entre otras la obligación de residir en la localidad donde tiene su sede el Registro, continuó obteniendo ingresos de esa plaza, que se encuentra a más de mil kilómetros de Pontevedra, ciudad donde seguía teniendo su residencia efectiva y sus responsabilidades políticas como concejal del Ayuntamiento, presidente de la Diputación y Diputado al Congreso desde 1986 y vicepresidente de la Xunta en 1987. Porque si Rajoy como político concursaba buscando mejores plazas y figuraba como registrador en activo, debemos saber cuánto cobraba de sus cargos políticos y cuánto recibía de los registros.
 
3.- Si es cierto que nunca solicitó la declaración de compatibilidad del Ministerio de la Presidencia, a que estaba obligado por la Ley de Incompatibilidades de los funcionarios públicos, porque en ese caso alardear de ser persona escrupulosa con el cumplimiento de la legalidad resultaría excesivo.
 
4.- Si los registros de Elche y Santa Pola, que solicitó y le fueron adjudicados en sucesivos concursos, los atendió alguna vez personalmente, cuánto cobró hasta 1990 y si simultaneaba esa tarea con otras responsabilidades políticas.
 
5.- Si, cuando a partir de marzo 1990 pide que se le declare en servicios especiales y su plaza en Santa Pola, queda encomendada a su buen amigo Francisco Riquelme, titular del Registro de Elche, esa designación a título de “sustituto accidental permanente”, era la que correspondía según el cuadro legal de sustituciones de la Dirección de Registros y del Notariado.
 
6.- Si a partir de ese momento y siguiendo ejemplos acreditados se repartía al 50% los beneficios del Registro de Santa Pola con el sustituto que le hacía el trabajo.
 
7.- Si después 1998 a partir de algunos cambios legales, aprobados en el Consejo de Ministros donde él se sentaba, los beneficios del Registro de Santa Pola se han partido entre el amigo Riquelme y el Colegio de Registradores al 50%.
 
Son cuestiones relevantes porque permitirían confirmar cuanto es el dinero perdido de Mariano Rajoy y evaluar su desprendimiento y su entrega sacrificada a la política, sin atender a las pérdidas que ese afán de servicio le acarreaba. Se impone despejar de manera indiscutida la incógnita y los malos pensamientos de quienes sostienen que en el caso de Rajoy mas que renuncia hubo pluriempleo. De momento, en la Declaración de Actividades presentada en el Congreso de los Diputados el 1 de diciembre de 2011 el punto segundo “Ejercicio de la función pública o de cualquier puesto al servicio de una Administración Pública” figura en blanco y tampoco especifica la Administración para la que presta sus servicios, ni si ha solicitado el pase a la situación de servicios especiales o equivalente
 

Estafados

/35 Comentarios/en , /por

Fue el canciller de hierro, Otto Von Bismarck, quien a mediados del siglo  XIX comentaba frívolamente que era maravilloso que Prusia contase con la estafa de las elecciones democráticas, siempre claro está, que el consiguiese ser el estafador.  Dando un salto en el tiempo y el espacio a la España actual, los ciudadanos comenzamos a sentirnos un electorado estafado.
 
La Monarquía, pese a un costoso aparato burocrático sufragado por todos los españoles para ofrecer una imagen digna, no pudo evitar el caballo de Troya de un yerno infame ni lo que es peor, ha sido capaz de romper públicamente y sin rodeos con quien traicionó su confianza y la de todos los españoles.
 
El Ministro de Justicia, procedente de la carrera fiscal y un piquito de oro, ha asestado el mayor ataque al derecho de tutela judicial de la democracia al imponer unas tasas judiciales desproporcionadas que disfrazan de ahorro lo que supone privar a la clase media de su derecho a acudir a los Tribunales.
 
Los partidos políticos, con un estatuto privilegiado de financiación, han abusado del mismo y en algunos casos extremos dejan pequeña a la cueva de Alí-Baba.
 
La todopoderosa banca se vuelve mezquina en la concesión de créditos tras haberse lucrado con el anzuelo de las “preferentes” a costa de la buena fe de ancianos y ahorradores confiados.
 
Los servicios públicos esenciales como la educación y la sanidad se tambalean ante el empuje de la crisis y amenazan con desplomarse con grandísimos estragos.
 
Los impuestos y los recortes sociales y económicos están dejando en jirones las ilusiones de un pueblo laborioso que ve como se le quita tanto lo que tiene como lo que podría tener en el futuro.
 
Por si fuera poco, los tijeretazos económicos van camino de convertirse en sanguijuelas sobre el enfermo que, como es sabido, de tanto chupar sangre en vez de sanarlo pueden acabar con él. La denominada “clase media” cada día cuenta con menos miembros y cada día la “media” está mas abajo. Empresarios que ven sus inversiones como se van al garete. Trabajadores a los que nadie saca del desempleo. Funcionarios estrangulados en sus condiciones de trabajo. Profesionales liberales que paradójicamente ven como la “liberalización” encadena sus sueños.  Estudiantes que no saben qué ni para qué estudiar. Y miles de profesiones exitosas se han convertido en una trampa para quienes invirtieron tiempo y formación en ellas.
 
Además del natural hartazgo, el ciudadano siente las últimas gotas de la tortura malaya, al constatar  que la corrupción arde por los cuatro costados del país y que son muchos los que han robado ( afines a distintos partidos políticos), han robado mucho ( cifras mareantes) y han robado a muchos (todos los ciudadanos).
 
Para mas inri, ningún partido gobernante ha alzado como prioridad modificar la  justicia penal para que la sensación de impunidad se desvanezca de la mente ciudadana. Algo habrá que hacer, cuando los delincuentes de cuello blanco, con amigos de alto copete o enriquecidos, son capaces de aprovecharse de las holguras del sistema penal para que los delitos de pelaje económico sean impunes ( fraude fiscal, corrupción, falsificación o maquinaciones).
 
Veamos. No todos los delitos económicos son conocidos o denunciados. De los que se denuncian buena parte han prescrito pues llega tarde la alarma y los bomberos. De los que se denuncian y no han prescrito, muchos se libran por insuficiencia probatoria porque han conseguido borrar las huellas del delito o porque hábiles abogados con chequera abultada consiguen exprimir el jugo a la presunción de inocencia hasta el límite. De los que se denuncian, no prescriben y desembocan en condena penal, muchos consiguen pactar con el fiscal la conformidad por una pena inferior a dos años ( o sea, a la calle bajo la angelical promesa de no volver a delinquir en ese tiempo). Y de los que se denuncian, no prescriben, desembocan en condena penal y no hay pacto de conformidad, algunos consiguen que el Tribunal Constitucional deje en papel mojado las bibliotecas completas de actuaciones de los Tribunales penales.
 
Por último, de los que se denuncian, no prescriben, desembocan en condena penal, sin pacto de conformidad, y sin amparo del Tribunal Constitucional, malo será que un Gobierno no los indulte.
 
En suma, los delitos económicos o los delitos de corrupción parecen rentables en términos de riesgo para los delincuentes.
 
Sangrante es la sensación de que existe un mundo de políticos que surfean plácidamente en la crisis. Y que no ataja de frente los problemas porque existe un distanciamiento enorme entre el pueblo elector y los elegidos, entre ciudadanía y gobierno.
 
Me escandalizo como ciudadano cuando escucho al Presidente del Gobierno aquello de “haré lo que tengo que hacer, aunque no lo haya prometido”,  pues encierra un desprecio hacia los electores. Posiblemente en su fuero interno los gobernantes de cualquier ideología piensen lo mismo, pero en vez de decirlo se lo callan, pese a que el deber moral de un político que no cumple lo que promete es tener humildad, pedir perdón e intentar reparar su error. Mal actitud es la de quien se muestra prepotente y se atrinchera en los votos cosechados. No sólo hay que escuchar al pueblo en las urnas electorales y echarse a dormir. Si la situación económica y política es inquietante, razón de más para consultar al pueblo. Si se abusa de los Decretos-leyes (¡28 en el año 2012!), que están constitucionalmente pensados para situaciones de emergencia, razón de más para consultar al pueblo y ver si se avanza en la dirección correcta.
 
Envidio la madurez del Reino Unido que planteará un referéndum sobre la independencia de Escocia en términos claros: “¿Debería Escocia ser un país independiente,¿ sí o no?”. Y no lo digo por plantear en España consultas similares para Cataluña o para Soria, pues considero que no es prioritario con la que está cayendo entrar al juego de maniobras de distracción política. Lo digo porque sin necesidad de plantear costosos plebiscitos en España para marcar las líneas maestras de gobierno, bien estaría sencillamente encargar al Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) una encuesta seria (eso que llaman “Barómetros de opinión pública”) para que de forma orientativa capte el sentir popular en cinco cuestiones a mi juicio cruciales:
 
1. ¿ Desea la reforma electoral que palie el bipartidismo bajo criterios de mayor proporcionalidad y se avance hacia listas abiertas para el Congreso?
 
2. ¿Desea que nadie ocupe cargos políticos por más de ocho años para evitar la profesionalización?
 
3. ¿ Desea una reforma de organización territorial que pase por la supresión de las Diputaciones, la reducción del mapa municipal a la mitad y la reversión de las competencias de sanidad y educación hacia el Estado?
 
4. ¿ Desea una reforma de la justicia penal que nos equipare en tiempos de respuesta y eficacia con la justicia penal en los países democráticamente avanzados de Europa?
 
5. ¿ Desea que las tasas judiciales tengan en cuenta la capacidad económica del ciudadano y en ningún caso excedan la décima parte de lo que se juega en el litigio?
 
 
El resultado de tal consulta podrá ser uno u otro, pero al menos marcaría a los gobernantes de turno la dirección correcta si se quiere dar respuesta al sentimiento ciudadano. También se evitaría el viejo truco político de reivindicar un “Gran Pacto” sobre la Justicia, sobre la Educación o sobre el jamón de Guijuelo. Tantos “pactos” como dice la canción, se rompieron de tanto usarlos, porque al final, detrás de un anuncio de Pacto hay una coartada para ganar tiempo así como infinidad de trampas bajo la mesa para ocultar  los intereses inconfesables de los partidos que pactan.
 
Mientras tanto, seguiremos sintiéndonos como los ciudadanos de los pueblos del Oeste a los que les vendían crecepelos inútiles, y lo peor, sin poder reaccionar como ellos cuando descubrían al estafador, sin poder cubrirlos de brea y plumas para ejemplo y escarnio general.
 
Al menos confío en que las analogías con Bismarck se hayan agotado en su concepción del sistema electoral, y que la historia no se repita, pues tan soberbio personaje no vaciló en amordazar la prensa ( que por cierto, hoy día es la mayor garantía de la democracia pues arroja luz y libertad de expresión sobre las cloacas políticas) e incluso llegó a decretar que los funcionarios que votasen a la oposición serían sancionados disciplinariamente. Y es que, una vez que la voz ciudadana no interesa, nadie puede parar a un gobernante desbocado hacia ninguna parte.
 

La reforma pendiente de las Administraciones Públicas: del chocolate del loro a la mina de oro.

/8 Comentarios/en , , /por

 
En los últimos meses estamos escuchando mensajes de diferentes miembros (y miembras que diría la ex ministra Aído) del Gobierno sobre la necesidad de reformar profundamente el sector público y el “sistema” en general. Las ineficiencias del sistema han ido aflorando a consecuencia de la crisis, pero existen desde hace tiempo y son bien conocidas por todos los que participan del sistema: solapamientos en la gestión de servicios públicos, competencias duplicadas y triplicadas, complejidad administrativa excesiva, gastos superfluos diversos, administraciones institucionales sobredimensionadas, etc.
 
Algunas de estas ineficiencias tienen el origen en el actual modelo territorial y en este Blog se ha analizado recientemente su reforma pendiente. Pero no todo son competencias duplicadas o solapamientos y no todas las ineficiencias derivan del modelo territorial, hay más.
 
En los últimos años, los recortes en el Estado de Bienestar que hemos ido padeciendo no han venido acompañados de medidas similares que acaben con las duplicidades e ineficiencias en las AAPP. De hecho, las únicas medidas adoptadas en esta legislatura han sido para recortar de forma discreta algún gasto superfluo (bienvenidas desde luego en cualquier caso, porque en gobiernos anteriores ni eso). Cuando se han aprobado estas medidas de recorte del gasto superfluo, desde el Gobierno se suele acuñar el término “chocolate del loro”, para referirse a la cuantía de los futuros ahorros que se conseguirán. Dentro del “chocolate del loro” podemos situar los 10,5 millones de euros (en dos años) de ahorro anunciados por la reducción de coches oficiales en la AGE y el millón de euros de ahorro en dietas de puestos de consejeros que desaparecerán como consecuencia del plan de racionalización del sector público que se aprobó el año pasado.
 
Como prioridad para este año que acabamos de empezar, el Gobierno se ha fijado la reforma de las administraciones para poner fin al modelo actual “insostenible”. Si en efecto el Gobierno se mete en serio en este tema, encontrará una mina de oro, porque el ahorro que se puede conseguir es brutal. El chocolate del loro se consigue con facilidad, pero para llegar a la mina hace falta “pico pala” y mucho trabajo.
 
En efecto para abordar la “titánica” (según palabras de la Vicepresidenta) tarea que supone reformar el sistema actual, el Gobierno creó a finales del pasado mes de octubre una Comisión que elaborará un dictamen en junio de este año 2013. Esta Comisión va a realizar una auditoría de las AAPP en todos sus niveles, para encontrar esas duplicidades e ineficiencias y proponer medidas para atajarlas. Para ello, la Comisión para la reforma de las Administraciones Públicas está formada por cuatro subcomisiones y el Gobierno ha anunciado recientemente que contará con un Consejo Asesor formado por representantes del ámbito empresarial, académico, sector público… Además ha anunciado la creación de un buzón para que los ciudadanos envíen sus sugerencias para acabar con los problemas actuales y agilizar los trámites administrativos. Parece por tanto que la Comisión va a estar bien representada y que los ciudadanos podemos contribuir con nuestras aportaciones.
 
La teoría está bien, pero la práctica no tanto. En la creación y en la puesta en marcha de esta Comisión se están produciendo a mi juicio una serie de inefiencias (valga la redundancia) que expongo a continuación.
 
En primer lugar, cuando se crea una Comisión de estas características a uno le entra la duda razonable si el dictamen que se elabore servirá para algo o simplemente es una cuestión estética para ganar tiempo y las conclusiones se quedarán en papel mojado. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, el dictamen de la Comisión que se creó en la Asamblea para poner fin a las duplicidades existentes entre administración autonómica y local todavía está esperando convertirse en una realidad.
 
 
En segundo lugar, la Comisión está presidida por el Subsecretario del Ministerio de Presidencia pero está adscrita al Ministerio de Hacienda a través de la Secretaría de Estado de AAPP (las bicefalias suelen generar problemas).
 
En tercer lugar, el anterior Gobierno de Zapatero encargó un informe similar a la Agencia de Evaluación y Calidad, que depende precisamente ahora del Ministerio de Hacienda y AAPP. Ni rastro de ese informe ni de la participación del personal de esta Agencia en la Comisión que se crea ahora con un fin muy parecido (y si participan desde luego no se ha hecho público).
 
Y en cuarto lugar, porque los que están dentro del sistema conocen muy bien las ineficiencias que existen, por lo que tampoco hay que analizar mucho más durante más tiempo. Lo que toca ahora es poner en marcha medidas para atajarlas, el problema es que estas medidas de reforma chocan contra muchos intereses creados.
 
Un ejemplo ilustrativo de las dificultades existentes para poner en marcha medidas para reformar profundamente el sistema es el proyecto de ley de reforma de la administración local impulsado desde el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. El proyecto ha chocado con las reticencias de los alcaldes del propio PP y ahora se está intentando consensuar un texto con el PSOE (el resto de formaciones parece que no tienen nada que opinar sobre este tema), de la mano de la FEMP (federación española de municipios) y de Génova. Aun así, el Gobierno lleva meses intentando llevar a un Consejo de Ministros la propuesta de reforma y de momento nada. Y eso que estamos metidos en una profunda crisis económica, que el PP cuenta con una amplia mayoría en el Congreso, gobierna en un buen número de CCAA y preside la FEMP. Otros gobiernos ni se plantearon intentarlo claro.
 
Pasar del chocolate del loro a la mina de oro no es fácil, es una patata caliente con la que ningún gobierno ha querido lidiar hasta ahora. El actual Gobierno afirma que este año es el de la reforma de las AAPP para poner coto al actual sistema que no se sostiene… ¿Cumplirán la promesa? Desde luego los primeros pasos, como acabamos de ver, no son alentadores. Pero por el bien de todos esperemos que cumplan (el contexto sociopolítico es el idóneo), porque las ineficiencias del sistema nos cuestan a todos los ciudadanos mucho dinero y no obtenemos ningún beneficio de ellas.
 
 
 
 

El principio de incertidumbre

/5 Comentarios/en /por

En 1927, Werner Heisemberg formuló el principio de incertidumbre, una de las barreras fundamentales del conocimiento humano. En virtud de este principio, no es posible conocer con precisión, al mismo tiempo, la posición y la velocidad de un electrón. Esto se debe a que el fotón de luz que se envía para detectarlo altera su comportamiento. Naturalmente, si no hay luz  no se ve nada, principio de perogrullo.
 
Cuando un inspector de hacienda se enfrenta a una contabilidad en “b”, pagos en sobre… siempre hay que tener en cuenta este principio. Evidentemente, si no hay información sino opacidad, la Hacienda Pública no conocerá las rentas y no podrá cobrar los tributos. En este sentido, el elemento clave de un sistema fiscal es la información. Lo relevante de un sistema de retenciones es, incluso más que el ingreso en Hacienda, la información de que un trabajador ha obtenido unos determinados ingresos, por los que debe tributar.
 
Aún así, no todos los pagos que una empresa realiza a un trabajador son salarios. Si un trabajador tiene que soportar determinados gastos en interés de la empresa, lo que habrá serán gastos de la empresa que el trabajador paga. También es posible que una empresa cubra los gastos de desplazamiento y manutención de un trabajador. Esto constituye una dieta exenta de tributación. En este caso, el tratamiento legal procedente no es ocultar el pago sino declararlo como exento. Otro indicio, además de la opacidad, de que nos encontramos ante un sobre-sueldo y no ante una dieta que cubre gastos de viaje y locomoción, es que la cuantía sea uniforme todos los meses, en un gasto cuya cuantía varía todos los meses.
 
Además de la información directamente facilitada a Hacienda, la forma de pago es relevante, puesto que los pagos en efectivo no son rastreables. En este sentido, el Gobierno del  PP, en la nueva ley de lucha contra el fraude fiscal ha prohibido, bajo severas multas, los pagos en efectivo por importe superior a 2.500 Euros. Si un pago a un trabajador no se informa a la Hacienda Pública y además se hace en efectivo es muy complicado de descubrir. El problema no se plantea con tanta frecuencia como parece. Esto se debe a que las empresas necesitan justificar los gastos para deducírselos en el impuesto de sociedades, y no tributar por unos beneficios que no tienen.
 
Cuando esto no sucede y una contabilidad “b” apunta a sobre-sueldos en dinero negro, estamos en una situación de incertidumbre. Sin luz, es decir contabilidad “b” no se vería nada, pero la propia contabilidad altera el comportamiento de todos los implicados. Las empresas suelen negar que los documentos sean realmente una contabilidad y suelen considerarlos como estimaciones, en ocasiones, trufadas de datos falsos. A veces, algunos datos contrastables permiten corroborar la verosimilitud del conjunto, pero siempre quedan dudas en cuestiones concretas, lo que es una situación, con todo, preferible a la oscuridad absoluta. Einstein, en respuesta al principio de incertidumbre señalaba que “Dios no juega a los dados”, pero está claro que no somos Dios.