Cuatro preguntas sobre el “caso Bárcenas”

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Hace ya meses pensamos que nuestra capacidad de asombro había llegado al límite, pero la realidad española, día a día, casi hora a hora, ofrece nuevas oportunidades para la estupefacción. La filtración –presumiblemente realizada por el propio Bárcenas- de los datos contables que reflejan los ingresos y pagos irregulares (realizados por empresarios y percibidos por la cúpula del partido), junto con lo que ya sabemos acerca de los 22 millones depositados en Suiza a nombre del propio Bárcenas, más la regularización fiscal realizada por éste, plantean toda una serie de cuestiones muy interesantes que los ciudadanos tenemos derecho a preguntar, y que nuestros políticos tiene la obligación de contestar.
 
La primera y más importante pregunta es de dónde han salido los 22 millones de euros. ¿Es un dinero que pertenece al PP –donado irregularmente- y que Bárcenas ha distraído en su propio beneficio? ¿Presupone eso que el PP ha recibido todavía más dinero y que esta cantidad es sólo una parte? ¿O bien el dinero, como dice Bárcenas, es suyo? Curiosamente, aunque estuviésemos en el primer, caso tanto Bárcenas como el PP tienen interés en negarlo. Bárcenas para quedarse con el dinero y el PP para no reconocer una financiación ilegal (triste papel del que ha sido estafado, darle la razón a su estafador). Luego sus testimonios (incluida esa famosa auditoría interna) no son relevantes. Esta es una materia que queda a la investigación de los jueces y nos parece que la tarea será complicada, porque el caso Filesa demostró a los partidos que si querían financiarse ilegalmente no podían contabilizar el dinero de ninguna manera, sino que tenían que dejarlo en un limbo “controlado” y si algo salía mal negar que les perteneciese. Demostrar que ese dinero viene de donaciones al PP sólo sería posible con la colaboración de las empresas que donaron esas cantidades, cosa poco presumible, como estamos viendo.
 
La segunda cuestión que hay que aclarar completamente es la regularización fiscal de Bárcenas. Sus abogados dicen que gracias a la amnistía de Montoro ha blanqueado 11 millones. Montoro lo niega (aquí) pero sus argumentos son endebles. Dice simplemente que si lo ha regularizado a través de testaferros no podrá beneficiarse él directamente y que si se demuestra que el dinero proviene de actividades ilícitas se quedará sin él. Pero eso no viene al caso, desgraciadamente. Primero porque Bárcenas dice que lo ha regularizado a través de una de sus sociedades (Tesedul) de la que él es socio. No se trata de ningún testaferro, sino de una sociedad de su propiedad, por lo que está claro que va a reclamar la titularidad del dinero. Segundo, porque… ¿qué actividades ilícitas? Bárcenas dice que el dinero es suyo y, como hemos visto, el (presunto) estafado, el PP, va a darle la razón, o por lo menos no se la va a poder discutir de verdad.
 
La tercera cuestión es si se entregaron o no sobres, y, en caso afirmativo, si se declararon a Hacienda. Podemos presuponer que si el PP se estaba financiando ilegalmente se entregaron sobres y no se declararon (merecido sobresueldo, no todo va a ir a actos electorales que enriquecen sólo a los contratistas). Con lo cual esta cuestión depende bastante de la primera. Tras la declaración de Cospedal negándolo todo, está claro que no se declararon (en el supuesto de que se hubieran recibido). El PP acusa a Bárcenas de haber falsificado los registros. ¿Qué interés podía tener Bárcenas para meterse en ese lío con sus exjefes? ¿Qué le indulten? No parece el mejor camino. Por otra parte, si no gana nada especial, ¿por qué les odia tanto como para falsificar en su perjuicio unos papeles tan comprometedores? ¿No le habían tratado a cuerpo de rey manteniéndole en Génova, pagándole un abogado casi hasta el final y dándole un trato VIP? Lo curiosos es que al negarlo todo el PP entra en una curiosa esquizofrenia: por un lado no sabe nada de los 22 millones (Bárcenas dice la verdad), por otro lado no sabe nada de los sobres (Bárcenas miente).
 
Esto nos abre la puerta a la última cuestión. Si Bárcenas es un delincuente reconocido -por haber hecho una fortuna de 22 millones de manera ilícita (y no por manejar fondos ilegales del partido), y además por falsificar pacientemente unos registros para incriminar a la cúpula del PP que tan bien le había tratado-, ¿qué responsabilidad política van a asumir los que le nombraron y mantuvieron tanto tiempo a su lado produciendo de esta manera un daño irreparable en la imagen del partido? Porque a nadie se le escapa que este nuevo golpe a la imagen de España –sean las implicaciones de Bárcenas verdaderas o falsas- debería tener un responsable, ¿o quizá no?.
 

Artículo de Francisco de la Torre publicado en el Mundo: “Ética fiscal en tiempos de amnistía”

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El pasado sábado, EL MUNDO publicaba la iniciativa del PP de implantar una nueva asignatura en la educación obligatoria para que, entre otras cuestiones, los niños cumpliesen en el futuro con su obligación de pagar impuestos. Rápidamente fue objeto de burlas y chanzas. En las redes sociales se proponían contenidos como: el sobre como institución fiscal transparente, la amnistía fiscal como instrumento de justicia fiscal o las SICAV como ejemplo de equidad… Además, el claustro que se proponía para impartir la asignatura era simplemente sobrecogedor.
 
En resumen, la iniciativa ha sido muy criticada por el momento en el que se ha hecho pública. Decía Maquiavelo que la única tarea del político es elegir los tiempos, y, ahora mismo, no parecen propicios. Esto ha originado algo que se debe evitar siempre que se pueda: el ridículo. Efectivamente, España tiene un problema grave de fraude fiscal, en buena parte derivado de la falta de conciencia fiscal de muchos españoles. Sin embargo, el planteamiento de combatirlo con una amnistía fiscal ha sido como el que tiene hambre y toma bicarbonato.
 
Otra cuestión más sutil que la iniciativa pone de manifiesto es la utilidad de las Cortes Generales. Casi todas la grandes iniciativas en materia fiscal se han aprobado por Decreto-Ley, con una intervención mínima del Congreso (y ninguna del Senado), que no ha podido cambiar una coma del texto. Entre tanto, el Parlamento se dedica a debatir iniciativas como la de «educación para la tributación». En el caso de la amnistía fiscal, la medida más polémica y criticada no sólo es que la misma se aprobase por Real Decreto-Ley, sino que el documento legal decisivo, por el que el 70% de las rentas presuntamente afloradas no tributó absolutamente nada, es un informe del director general de Tributos. Esto dice poco del respeto a las reglas de juego, entre ellas la jerarquía normativa consagrada en el artículo 9.3 de la Constitución. Incluso, por encima de eso está la cuestión de la legitimidad democrática, que reside en el Parlamento y no en la Administración Tributaria.
 
Ahora bien, una cuestión positiva que la iniciativa pone de manifiesto es que nuestra clase dirigente empieza a darse cuenta de que la conciencia fiscal se está derrumbando. En los años 80 y 90 se hizo un esfuerzo muy importante por convencer a los españoles de que los impuestos eran necesarios: «Hacienda somos todos». Ésta es una cuestión que tienen muy clara todos los países avanzados y es una derivada directa de que las leyes, buenas o malas, incluyendo las fiscales, hay que cumplirlas. Incluso, en Estados Unidos, hay movimientos como el Tea Party que defienden menores impuestos a ultranza, pero no la insumisión fiscal. Que esta conocida frase del juez Holmes sea la inscripción de la sede central del IRS (Hacienda norteamericana) no es una casualidad: «Los impuestos son el precio que pagamos por la civilización» (En la selva no existen). Efectivamente, no se puede tener la economía de Alemania con la conciencia fiscal de Tanzania.
 
Hace unos años, un ciudadano de clase baja y poca formación se sentó en mi despacho. Lo había citado porque había indicios de que podía estar emitiendo facturas falsas: me lo admitió. El contribuyente me dijo también que Dios se le había aparecido y le había ordenado que dejase de traficar con drogas. Entonces, él se pasó a emitir facturas falsas. Naturalmente, también me comentó que si le sancionaba, tendría que volver a vender droga y que sería responsable ante Dios de su perdición. Hasta hace poco, evidentemente, no todos los ciudadanos declaraban todos sus ingresos, pero las estrategias más burdas de falsificación y defraudación fiscal eran cosa de sectores marginados y de iluminadosanti-fisco.
 
De un tiempo a esta parte, los inspectores hemos visto que han vuelto fenómenos como el de la proliferación de las facturas falsas. Lo más preocupante es cuando se comprueba que estas formas de actuar se han ido extendiendo a grandes empresas e incluso a organismos públicos. Tampoco hay que trabajar en Hacienda para ver casos como estos, sino que basta con leer el periódico. Incluso, en algunos casos, ha habido desvíos de dinero a paraísos fiscales, y luego en los mismos, tampoco se querían pagar los escasos impuestos de territorios como Belice, y los ingresos se volvían a compensar con nuevas facturas falsas. Para algunos, que ya no pertenecen a los sectores más desfavorecidos, precisamente, parece que pagar impuestos es contrario a su religión; aunque finalmente, acaban pagando importes superiores en abogados, bancos, estructuras societarias y testaferros.
 
En este estado de cosas, aun así, cada vez resulta más complicado defender la obligación de pagar tributos. Esto se debe a que, particularmente en el último año, se han elevado sustancialmente los impuestos a los que ya los venían pagando. En paralelo, se producían recortes en gastos que muchos ciudadanos consideran fundamentales, como Sanidad, Educación y servicios sociales. Además, se han recortado los medios en la lucha contra el fraude fiscal, y como colofón se ha dado una amnistía fiscal, extremadamente generosa con los defraudadores, que han pagado de media un 3% de los importes aflorados.
 
Incluso así, los impuestos son imprescindibles para el mantenimiento no ya del Estado, sino de la civilización. El sistema fiscal es claramente inequitativo y, sobre todo, no puede aportar los recursos que necesita el Estado. Su reforma es una prioridad ineludible junto con la inevitable reforma administrativa en profundidad, si queremos salir de la crisis. Todo esto es explicable, y la educación tiene aquí su papel. Sin embargo, los únicos niños que parecen haber recibido lecciones de fiscalidad son los catalanes, muchos de los cuáles han aprendido lecciones de «expolio fiscal» y tienen grabado en la mente el Espanya ens roba.
 
Esto indica varias cosas. En primer lugar, que si no se modifican las competencias, va a ser casi imposible establecer nuevos contenidos comunes, cuando en parte de España no se puede estudiar ni siquiera en lengua castellana. En segundo lugar, que es necesario un consenso para que no se repita miméticamente el caso de la Educación para la Ciudadanía. Pero sobre todo, ésta no es una cuestión de conocimientos, sino de voluntad. Todo el mundo sabe que debe pagar sus impuestos y no colaborar con el fraude, pero si nuestra clase dirigente, tanto al establecer y aplicar los impuestos, como al distribuir el gasto público no actúa de forma justa, razonable y transparente, habrá poco que hacer. Como señalaba Albert Einstein, el ejemplo no es la mejor forma de influir en el comportamiento de los demás, es la única. La ejemplaridad lo es todo.

La ciclogénesis explosiva española: política, psicología, religión y maldad

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España está viviendo la tormenta perfecta: tres crisis, tres: la económica, la política-secesionista, y la moral-corrupción. Tres crisis que interactúan y se retroalimentan en el mismo espacio-tiempo. Si quisiéramos buscar teorías conspiratorias no nos costaría mucho pensar que nuestros enemigos/competidores (todos aquellos a los que les viene muy bien –económica o políticamente– una España débil, dividida y enfrentada en cuitas internas) estarán muy contentos con esta situación. Claro que también habrá quien diga que España a estas alturas no tiene ya enemigos externos de entidad, a diferencias de épocas pasadas cuando cada vez que nos pasaba alguna desgracia era posible encontrar tras ellas la actuación sigilosa de alguna potencia extranjera o grupo de interés, como cuando mataron a Prim, por cierto un catalán que se sentía muy español, lo que demuestra que este hecho no resulta metafísicamente imposible. En todo caso, sean externos o internos, lo cierto es que España (un país con más de 500 años de historia y que llegó a dominar el mundo por tierra y por mar) camina “despreocupada” a su propia auto-destrucción.
 
Con la intención de contribuir a desentrañar este misterio, seguidamente voy a exponer una tesis un poco rocambolesca y algo provocativa, pero que creo que no desentona con el ambiente y hasta pudiera esconder algo de verdad: que el problema de España es de tipo psicológico (con tientes religiosos), al que podríamos identificar  como mal interno-externo que nos devora poco a poco, alimentado por una baja autoestima como país y un pensamiento de tipo circular-obsesivo-autoreferencial, el cual bloquea nuestra inventiva y voluntad para llevar a cabo proyectos exitosos. De este diagnóstico se salvaría sólo el deporte, constituido como gran excepción a esa dinámica.
 
Sobre el mal se ha escrito mucho, la mayoría de las veces para negar o minusvalorar su existencia o tratar de simplificarlo ubicándolo en algún lugar o agente externo al ser humano. Así, para Hobbes y Nietzsche, el Estado sería el más frío de todos los monstruos, para Victor Hugo y Heidegger el problema era la tecnología, para Marx el Capital, para Melville la Bestia sería una Ballena casi sagrada (Moby Dick), y para los nacionalistas vascos y catalanes, ese monstruo  sería simplemente… España.
 
Ciertamente la Ilustración trató de racionalizar a los dioses y demonios calificándolos de inexistentes, y a la razón le debemos habernos desembarazados de fantasmas, de visiones y espíritus molestos. Cabe recordar a este respecto que a partir de Freud el mal abandona el exterior y se reconduce a la propia mente del ser humano, y así ya en el Leviatán de Julen Green la Bestia “anida en el corazón humano o en el inconsciente, receptáculo de fuerzas instintivas que hacen de cada uno verdugo y víctima, predador y presa”.  En realidad, lo que se produjo fue más una modificación semántica que una superación real de esas “presencias” ciertamente molestas, cambiando por ejemplo “maldad” por “enfermedad mental” o lo “irracional”. Así, la aceptación del mal interior no ha evitado continuar en el intento de caracterizar a algunos individuos singulares (y por tanto presentados como “ajenos” al común de los humanos) como representantes cualificados del mal, llámese Hitler o Pol Pot o los colectivos que representan (nazis o jemeres rojos), tratando de escapar así de la responsabilidad propia que anida, real o en potencia, dentro de cada uno/una.
 
En este contexto, podemos preguntarnos hoy: ¿qué características psicológicas hay que tener para meterse en política? Esta pregunta no es baladí pues en otros países existen cátedras de psicología política. Seguro que hay muchas personas idealistas y con un sentido profundo ético de servicio a lo público (yo conozco personalmente a algunos de ellos/ellas), pero Robert Hare, profesor emérito de la Universidad British Columbia de Vancuver (Canadá), ha sembrado las dudas al demostrar que los psicópatas (habría unos 470.000 sólo en España) suelen tener éxito tanto en el mundo de los negocios como en la política, porque se les da bien acceder al poder y mantenerse en él, no dudando para ello en tratar a los demás como objetos. De hecho, son incapaces de empatizar con los sentimientos o problemas de los demás, carecen de miedo o ansiedad, son impulsivos y amantes de la vida y de los placeres fáciles. ¿Les suena ese perfil? Como consecuencia, según ese estudio, no sería cierto que todos pensemos o sintamos de la misma manera o respondamos de forma parecida a similares estímulos o castigos, o que la gente sea buena si la vida o su familia les tratan bien, o que los demás piensen de forma parecida a nosotros, o que el ambiente familiar-social en que se cría un niño resulte tan fundamental (en todos los casos) para que sea un buen ciudadano. ¡Atentos por tanto al diseñar el sistema de incentivos! Incluso en un mundo utópico, el psicópata sobresaldría pues sería un depredador que sabe manipular a las personas y utilizarlas para su interés. ¡Alerta a navegantes despistados!
 
Más allá de su calificación psicológica, si gran parte (no todos) de las personas que ocupan el poder sucumben a la corrupción y al engaño, incumpliendo su función de dar ejemplo, se produce el fenómeno contrario de mimetismo legitimador: si el que debía dar ejemplo roba o consiente los robos, yo me siento legitimado para hacer lo mismo, se trate de un organismo público o privado. La epidemia de la corrupción queda así garantizada. Siendo bien intencionados, cabe afirmar, que en España (y en sus regiones), algunos de sus dirigentes no habrían sido conscientes del daño que estaban haciendo a toda la sociedad con su comportamiento indebido, por mucho que ellos/ellas pensaran que podían fácilmente controlar su difusión y conocimiento en un país en el que la mayoría de los medios dependen del poder para subsistir. El rumor sustituye a la noticia y se convierte en un virus no menos dañino y eficaz, aunque permanezca en el inconsciente social.
 
Resulta sintomático y paradigmático el caso de Carlos Mulas, ex director de la Fundación IDEAS. No me entiendan mal, no creo que obedezca al perfil de psicópata. De hecho, lo conocí cuando era Subdirector General de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno, que entonces dirigía Miguel Sebastián, y me pareció bastante simpático, inteligente y capaz [doctor por Cambridge, y máster de relaciones internacionales por la Universidad de Columbia, más tarde profesor titular de la Universidad Complutense, ver su propia web: http://www.carlosmulasgranados.com/inicio/mi-trayectoria/]. Aunque pensándolo mejor, tal vez fueron estas características las que hicieron que los demás se fiaran de él en exceso, relajando los mecanismos internos de control…, pudiera ser. Conviene recordar que al demiurgo también se le apodaba “trickster” o estafador, lo que relaciona directamente mal con engaño. Salvando la presunción de inocencia, lo cierto es que no era el típico funcionario de partido que no sabe (o no puede) vivir de otra forma que de la política (e.g. Bárcenas). Entonces ¿por qué corromperse y además de manera tan soez y burda? ¿Tal vez porque se movía en un ambiente social que estas cosas las premia y las disculpa? Incluso aunque su mujer tuviera razón, todo esto podría ser parte del “jetismo”,  modelo “moral” fuertemente instalado en nuestra sociedad (¡no te esfuerces, no seas tonto, que si eres más “listo” que los demás, con un poco de morro y algunas influencias se llega muy lejos!), pero que nunca había llegado tan claramente a estar presente en las más altas instancias públicas y privadas. Cabría preguntar a este respecto: ¿qué porcentaje de nuestro déficit público corresponde a la corrupción?
 
Por otra parte, cabe observar que el triunfo del nacionalismo se aprovecha de la crisis de identidad y psicológica que está viviendo el ser humano del mundo globalizado y complejo. El nacionalismo ofrece en este sentido hábilmente un refugio “en apariencia” seguro en medio de la tormenta, dibujando un paraíso en la tierra que llegará “con toda seguridad” pero también milagrosamente una vez el monstruo sea derrotado. John Gray, profesor de pensamiento europeo de la London School of Economics, y uno de los filósofos políticos contemporáneos más relevantes, sostiene que todas las utopías del siglo XX (y el nacionalismo es una de ellas), a pesar de presentarse como ateas o paganas, se fundamentaban en la visión apocalíptica o milenarista procedente de la religión cristiana. (J. Gray, Misa negra: La religión apocalíptica y la muerte de la utopía, ed. Paidós, Barcelona, 2008). En este sentido, probablemente fue un error de los reyes católicos fundar la unidad de España en la religión. Con todo, si hoy levantaran la cabeza, se sorprenderían de que sea precisamente la Iglesia católica la que se ha vuelto un problema para esa unidad, no por ser más católica o ecuménica, sino por todo lo contrario: por haberse vuelto “regionalista” y partidaria de la secesión tanto en el País Vasco como en Cataluña. Hasta el flamante nuevo líder de ERC prefiere citar como influencia a S. Ignacio y no a J. Tarradellas, que fue presidente de su partido en el exilio, sí que pasó ya por esto y salió bastante escaldado (ver entrevista en: http://www.tv3.cat/videos/4344290/Entrevista-al-candidat-Oriol-Junqueras). Claro que en lugar de mencionar su “suave en las formas, duro en el contenido”, podría decir mejor aquello de “en tiempo de turbación no hacer mudanzas”.
 
Resulta llamativo asimismo que gran parte de la izquierda haya dejado de ser internacionalista para volverse nacionalista o que la derecha salga ahora partidaria del pacto fiscal para Cataluña después de apoyar durante la pasada legislatura el gobierno de Artur Mas. Esto de nuevo tiene una explicación psicológica: se llama el modelo de tensar la cuerda.  Si hay dos grupos tirando de una cuerda, cada uno de un extremo y a uno le importa más que al otro que se rompa la cuerda, éste tenderá a moverse hacia el territorio del otro. La estrategia del nacionalismo está clara: cuando vio que en España y en Europa empezaba a cuestionarse el modelo autonómico por el gasto, las duplicidades y los obstáculos al comercio interior que suponía, y que Cataluña aparecía como una de las CCAA con mayor déficit y deuda, sólo tenía dos posibilidades: entonar el mea culpa y hacer autocrítica o tensar la cuerda. Optó lógicamente por esto último, lo que resultaba más fácil y barato, consiguiendo una vez más chantajear y engañar al resto de España con más comodidad de la esperada. A fin de cuentas, aquí se vive cada vez más no sólo a en una mediocracia, el gobierno de los mediocres sino también en una miedocracia, el gobierno del miedo.
 
Y, no obstante, Cui prodest ¿A quién beneficia este conflicto? No a los catalanes ni vascos por cierto, ni muchos menos a las familias que se pretende (directa o indirectamente) dividir o expulsar. De hecho, el mal (como fuerza interior y exterior) por un lado confunde, divide y enfrenta a un ser humano (o grupo de humanos) con otro, buscando debilitarnos y distraernos de nuestro verdadero objetivo. El enfrentamiento (fruto de la confusión y el engaño) y la división aparecen (en presencia o en potencia) como la antesala de la violencia, debilitándonos como sociedad. Los europeos (y los españoles lo somos) no parecemos aprender de nuestros errores, pues la I y la II Guerra mundiales, que se desencadenaron de forma más que sorprendente, lo que produjeron no sólo fueron millones de muertos, sino la decadencia de la propia Europa, y que el liderazgo mundial pasara al otro lado del Atlántico. Es decir, el nacionalísimo (aunque no llegue a producir una guerra) lleva a un juego del tipo: todos nosotros perdemos, otros ganan. Sin embargo, el deporte es un claro ejemplo de que existe otro modelo alternativo ya que cuando actuamos unidos: todos nosotros ganamos y otros pierden.
 
Cabría hacer incluso un análisis comparado, de fondo y formas, a este respecto entre el caso español y el de la UE, entre los efectos del “hispano-escepticismo” y el euroescepticismo británico, y encontraríamos notables semejanzas: miedo a la igualdad de deberes, utilitarismo a ultranza en la pertenencia a modelos de integración, o me das lo que pido o me voy, etc… Aunque reconozco que pudiera ser que tanto España y Europa (que viven crisis paralelas) tuvieran lo que merecen.
 
Permítanme en este sentido, finalizar con una cita de Lao-Tsé:
 
 “Una gran nación es como un gran hombre: cuando comete un error, se da cuenta de ello. Una vez se ha dado cuenta, lo admite. Una vez lo ha admitido, lo enmienda. Considera a aquellos que señalan sus defectos como sus maestros más benévolos”.
 
¿Es esto lo que estamos haciendo?

We the people…pero ¿qué people? (Sobre la declaración de soberanía del Parlamento catalán)

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A raíz de la reciente declaración del Parlamento de Cataluña, cuyo texto completo pueden encontrar aquí  y sin ánimo de realizar un análisis jurídico de la declaración (además ya se ha encargado un informe, eso sí, urgente, a los Servicios Jurídicos del Estado para ver si lo tiene o no o si es digna de recurso judicial) sí querría recordar unas nociones básicas de Ciencia política y Derecho constitucional, que seguro que muchos lectores ya conocen, por lo que me disculpo por adelantado. Están tomadas básicamente del libro de Giovanni Sartori ¿Qué es la democracia?   de muy recomendable lectura en los revueltos tiempos que corren. Sartori nos recuerda conceptos políticos muy sencillos pero sin los que es difícil manejarse en estos barrizales donde lo subjetivo, lo emotivo,  lo jurídico, lo político y hasta lo sociológico se entremezclan en un ambiente mediático poco proclive a los debates no ya técnicos, sino minímamente racionales. De ahí que no le envidie la tarea a mis compañeros de la Abogacía del Estado a los que se encomienda, nada más y nada menos, que suplir a los gobernantes de nuestro país y asumir sus responsabilidades, para lo que es necesario convertir un conflicto político de primera magnitud en una cuestión técnica casi de despacho ordinario. Lo de siempre.
 
Porque esto de que la democracia es el gobierno del pueblo, está muy bien. El pueblo manda, el pueblo decide, el pueblo se autodetermina, no hay límites frente a la voluntad del pueblo. Pero desde que el pueblo ha crecido tanto y ya no son unos cuantos ciudadanos varones libres de una ciudad-estado griega del siglo V antes de Cristo donde más o menos se conocían todos la pregunta del millón es ¿Quién es el pueblo?  O incluso antes todavía ¿Quién decide quien es el pueblo?
 
Según Sartori, para la primera de las preguntas ha habido en la historia hasta seis respuestas posibles, a saber:
a)      El pueblo como “todos”.
b)      El pueblo como pluralidad aproximada: “los más”.
c)      El pueblo en el sentido de las clases inferiores, el vulgo, el populacho, la plebe.
d)      El pueblo como totalidad orgánica e indivisible.
e)      El pueblo como principio mayoritario absoluto.
f)       El pueblo como principio mayoritario moderado.
 
El autor descarta la primera acepción porque siendo muy intuitiva no nos lleva a ninguna parte, dado que “todos” nunca son todos (incluso en las democracias más avanzadas los menores de edad o los extranjeros no votan). También la segunda, dado que no nos proporciona ningún criterio fijo para el funcionamiento de una democracia, ya que requiere irlo decidiendo en cada caso quienes son “los más” (es un poco el caso de Cataluña ahora con la idea de que voten también menores de edad la autodeterminación pero me imagino que no otras cosas) y claro, así no se puede funcionar mínimamente en serio. La tercera a estas alturas de la historia ya la podemos descartar por antigua.
 
En realidad, solo quedan como posibilidades reales (y son realmente las que hay operativas aquí y ahora) las dos últimas nociones de pueblo, en las que este concepto tan vago se define en función de unas reglas de decisión donde el pueblo es contabilizado con precisión. Pero las dos posibilidades son muy distintas desde el punto de vista democrático. En la cuarta, los más cuentan o deciden como todos, y los menos como nadie. En la quinta, en cambio, los más prevalecen sobre los menos, pero se respeta a los menos.
 
Concluye Sartori, y esto es muy relevante para el caso que nos ocupa, que el pueblo como totalidad indivisible es inaceptable democráticamente. La noción del pueblo como una totalidad indivisible además de haber legitimado unos cuantos totalitarismos sangrientos en el siglo XIX de derechas y de izquierdas es radicalmente contraria a la democracia, al permitir en nombre de la totalidad el aplastamiento de la disidencia y la opresión de los individuos. En una democracia no se puede permitir a la mayoría reducir a la opresión o a la impotencia o al exilio a la minoría. Así que solo es compatible con la democracia la noción del pueblo como principio mayoritario moderado.
 
Con todo esto no quiero entrar ahora a valorar si la declaración del Parlamento catalán tiene una mayoría suficiente detrás para modificar la Constitución española, más allá de que las modificaciones constitucionales hay que hacerlas por los cauces legalmente previstos y no a las bravas como ya hemos explicado muchas veces en este blog y en otros foros. Entre otras cosas porque parece que los mismos que la han promovido consideran que su mayoría no es suficiente. Lo que quería simplemente decir es que esto de que el pueblo decide lo que quiere cuando quiere y como quiere no es tan sencillo como parece a primera vista desde un punto de vista estrictamente político, no digamos ya técnico o jurídico.
 
Y luego está la otra cuestión. ¿Quién decide quien es el pueblo en un momento histórico dado? Pues como adelantaba antes, normalmente esto se escribe en unos textos constitucionales que contienen las reglas para decidir esa y otras cuestiones fundamentales. Textos que pueden modificarse y se modifican, faltaría más, supongo que ya habrán visto o irán a ver la película de Lincoln sobre la famosa decimotercera enmienda para la abolición de la esclavitud (que no para la concesión del voto a los hombres negros, claro está, ni tampoco para las mujeres ).  Pero se modifican también siguiendo unas reglas y a veces conseguir las mayorías suficientes para cambiarlas no es tarea fácil.  Comprendo que estas nociones ya son un poco complicadas para los sencillos esquemas de los promotores de la declaración de soberanía del Parlamento Catalán y sus interesados altavoces mediáticos, pero es que la democracia y la libertad no son asuntos sencillos precisamente ni cuestión de cuantos partidos suscriben o no un determinado texto por muy rimbombantes que sean sus declaraciones. La democracia tiene mucho más que ver con sociedades abiertas, sociedades civiles fuertes, control de los representantes políticos, respeto a las leyes, rendición de cuentas, libertad de expresión, medios independientes..esas cosas.
 
 
 
 
 

El indulto del día

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Si ustedes, queridos lectores, son de los que están tan preocupados o/y escandalizados como nosotros por algunos de los indultos que concede el Gobierno (y eso que todavía no ha llegado el de Urdangarín ni el de Bárcenas, de hecho a ver si no prescriben antes los delitos) les gustará conocer esta nueva iniciativa que nos hace llegar uno de nuestros lectores. Se trata de una web que publica los indultos que va concediendo el Gobierno.
 
Aquí tienen el enlace a la web “El indulto del día”
 
El funcionamiento del blog, que ha puesto en marcha Sara Cuenda, profesora de Economía en la Universidad Autónoma de Madrid, es muy sencillo. Sara ha programado un robot que, cuando se pone en marcha, busca de forma automática en la página del BOE los indultos del gobierno en las fechas indicadas, copia la información de cada indulto y luego los postea en el blog vía correo electrónico, cada uno con sus tags correspondientes.
 
Los tags se corresponden con los delitos cometidos. La forma en la que se eligen los tags de cada post es muy sencilla, a partir de las frases usadas en el texto de la resolución. Se trata por tanto de un mecanismo muy sencillo pero eficaz para echar un vistazo rápido a los indultos que va concediendo el Gobierno.
 
Actualmente el blog sólo contiene la información desde enero de 2012. El blog se pone en marcha cada día “a mano” para comprobar los indultos del día anterior aunque en ocasiones los indultos solo los publica el Gobierno semanalmente y, a veces, cada dos semanas.
 
Una buena iniciativa, esta vez personal, de la sociedad civil para que el Gobierno no haga lo que le de la gana en este como en otros temas. El último escándalo supongo que lo tienen presente: el indulto de un kamikaze, Ramón Ríos Salgado, condenado por un delito contra la seguridad vial a 13 años de cárcel, que mató a un joven de 25 años, José Dolz España, concedido por el ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón en contra de los informes emitidos por la Fiscalía y el Juzgado y en contra de la práctica habitual de no indultar este tipo de delitos contra la seguridad vial. Según noticias de prensa, el kamikaze además de  relaciones familiares con cargos del PP, estaba defendido por el abogado Esteban Astarloa, del bufete Uría y Menendez, donde también trabaja el hijo del Ministro Ruiz Gallardón, José Ruiz-Gallardón Utrera. Ponemos todos los nombres para no olvidarnos de que los responsables tienen nombre y apellidos, algunos muy conocidos.
 
Ante la conmoción social producida, el Gobierno reconoce que “ha sido un error pero ya no se puede hacer nada“. ¿No? A nosotros se nos ocurren bastantes cosas, empezando por la dimisión del Ministro. Eso sí, el Gobierno dice que la familia del fallecido puede recurrir el indulto ante la jurisdicción contencioso-administrativa, suponemos que con tasas incluidas. Por lo menos, esta vez no nos han dicho que cambiarán la ley para que en adelante no se haga trato de favor con los indultos a cambio de terminar con la Justicia en casos tan tremendos como éste.
 
Porque señores del Gobierno, el vacío no es legal, es moral.

Voto identitario y corrupción

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Los titulares de los periódicos nos ofrecen todos los días una sucesión de escándalos de corrupción en los que se ven inmersos los principales partidos españoles. En esta situación, y desde una cierta perplejidad, no está de más reflexionar sobre las razones que llevan a los ciudadanos a entregar su voto a uno u otro partido.
 
Para situar el contexto de la reflexión sobre lo que condiciona el voto de un ciudadano en España, quiero empezar este post mencionando el ensayo sobre el Estado de Bélgica que Tony Judt publicó en 1999 en The New York Review of Books, y que posteriormente fue recogido en su libro “Sobre el olvidado Siglo XX”. Aún hoy este ensayo sigue ilustrando la historia y los vicios que han perseguido a las democracias europeas a lo largo  del último siglo.
 
Bélgica fue creada en 1831, a instancias de las potencias de la época (Francia, Prusia y Gran Bretaña). Su vida política desde el principio se configuró alrededor de los denominados “pilares”, grupos sociales organizados que en gran medida sustituían al estado. Inicialmente estos pilares fueron dos, los católicos y los anticlericales, que se configuraban alrededor de los partidos católico y liberal. Posteriormente, para cubrir a la creciente clase obrera, se creó el Partido Socialista a finales del siglo XIX. Estos partidos servían para mucho más que para ganar elecciones y acceder al poder, realmente se configuraban como comunidades económicas, culturales y sociales cerradas. A lo largo del siglo XX, a estos tres pilares se sumó el vector de la lengua. El creciente protagonismo económico y cultural de Flandes, con una expansión espectacular a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, introdujo en la vida política reclamaciones de mayor protagonismo de la lengua neerlandesa, y con ello, una duplicación de los tres partidos tradicionales, para configurar seis partidos, tres en cada lengua. A los seis partidos tradicionales, que hoy son el liberal, el socialdemócrata, y el democristiano, en sus versiones flamenca y valona, se han sumado en los últimos tiempos partidos independentistas en la región de Flandes.
 
Este abanico de partidos políticos en Bélgica ilustra perfectamente las razones por las que los belgas han venido votando a uno u otro partido a lo largo de gran parte de su historia. La lengua, la religión y la clase social definían el partido al que votarían. En este escenario, los partidos configuraron un sistema clientelar para los grupos que representaban, que desembocó en un sistema complejo y corrupto de acuerdos y tratos.
 
Esta historia no es muy diferente a la que se ha desarrollado en otros países europeos. A medida que la religión ha ido perdiendo protagonismo en la vida pública, la fidelidad del voto por la religión ha ido perdiendo importancia, aun cuando debates morales y sociológicos como el aborto y el matrimonio homosexual sigan teniendo un papel muy relevante. Igualmente, a medida que se han reducido las distancias entre clases sociales, ha crecido la clase media, y se ha implantado el estado de bienestar y protección social en los estados europeos, el concepto de partido de clase se ha ido difuminando. En una democracia moderna, con una mayor cohesión social, y una sociedad más laica, el voto tenderá a definirse no por estos atributos de identidad tan básicos (religión, clase social, lengua), sino por aspectos más ligados a valores morales, programa económico,  o a la confianza en los líderes políticos.
 
Probablemente un indicador muy básico del grado de madurez de una democracia podría encontrarse en el porcentaje de personas que han votado a diferentes partidos a lo largo de su vida. En la medida en que gran parte de la población entregue su voto al mismo partido a lo largo de toda su vida, es una muestra clara de un voto ligado a la identidad personal, y por tanto de un sistema democrático inmaduro.
 
España dentro de las democracias europeas tiene una historia singular. La guerra civil y los años de dictadura han configurado una sociedad en la que aún hoy, 74 años después del final de la guerra, y 37 años después de la muerte de Franco, los factores identitarios juegan un papel muy relevante. La base electoral de los grandes partidos nacionales, PP y PSOE, ha sido extraordinariamente amplia. Electores dispuestos a perdonar cualquier decisión a su partido, y dispuestos a seguir entregándole su voto se han mantenido muy fieles desde el inicio de nuestra democracia. El voto a “los míos” aún hoy sigue teniendo un amplio protagonismo, y no deja de ser sonrojante la forma como el recurso a los “bandos” en la guerra civil siguen teniendo protagonismo en todas las campañas electorales.
 
Para un partido político, el voto identitario es un modelo perfecto. Poco esfuerzo es necesario para explicar el programa o el ideario, y poco esfuerzo es necesario para rendir cuentas de los resultados obtenidos o las acciones emprendidas. El grupo se mantendrá fiel al partido en la medida en que el partido siga representando su identidad. Igualmente, en una sociedad con un voto fuertemente identitario, es difícil que en el debate político puedan encontrarse argumentos sólidos, y que el comportamiento ético de los dirigentes tenga algún protagonismo. Tristemente esta situación describe el actual escenario político español. El debate sobre la privatización de la gestión de la sanidad madrileña es solo el último de los ejemplos. Ante una decisión de tanta trascendencia, uno esperaría una argumentación basada en razonamiento económicos y de eficiencia en la gestión. Lo que hasta ahora ha predominado son razonamientos básicos sobre la idea primaria de que “la derecha privatiza” y la “izquierda socializa”. Sin duda “debates de gran profundidad intelectual” y que sin duda “arrojarán mucha luz sobre la idoneidad de la decisión”.
 
Los ejemplos de estos debates en la vida política española son innumerables, pero sin duda, el aspecto más pernicioso de un voto fuertemente identitario es la corrupción. Seguir observando como los partidos políticos siguen incorporando en sus listas a personas inmersas en procesos judiciales por corrupción, con total impunidad, u observar el escaso peaje que pagan los partidos políticos por casos de corrupción tan graves como los EREs en Andalucía, o el caso Gürtel en Valencia, no invita al optimismo. Cuando las noticias sobre el ex tesorero del Partido Popular Luis Bárcenas, y los pagos opacos a sus dirigentes, sobre la corrupción en CIU y los indultos a cargos políticos, copan las portadas de los periódicos, aún seguimos preguntándonos qué tiene que suceder para que se rompan los lazos entre la identidad y el voto en España.
 
Probablemente los partidos políticos ya no representan los intereses de esa identidad con la que muchos electores lo asocian. En gran medida hoy los partidos políticos defienden sus propios intereses, pero es esa base electoral identitario la que les permite mantener impunes sus comportamientos de opacidad y corrupción. El voto identitario confiere impunidad y por tanto no hay motivo para erradicar la corrupción si el voto va a entregarse al partido en cualquier caso.
 
Mientras la corrupción salga tan barata, en términos de votos, a los partidos políticos, cabe poca esperanza de regeneración en la vida democrática española. Uno solo puede esperar que en las próximas elecciones cada español se piense muy bien a quien entrega su voto.
 
 
 

¿Nos conformamos con esta conformidad? Reflexiones sobre el caso Pallarols y el sr. Durán i Lleida.

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El último ejemplo (mientras escribo estas líneas, porque seguro que cuando las termine ya hay otro escándalo que “lo tapa”) que nos ha dado nuestra clase política de su nivel de irresponsabilidad y de su sensación de estar por encima de la Ley es el protagonizado por el sr. Duran i Lleida con  la sentencia de conformidad con la que ha terminado antes de empezar el caso Pallarols. Como sabrán, el caso Pallarols es el enésimo caso de financiación irregular de un partido político español. Con independencia de que ya estemos acostumbrados a ver un día sí y otro también una noticia relativa a la financiación irregular de los partidos políticos, por cierto jamás descubierta por el órgano teóricamente competente, el Tribunal de Cuentas (ya hemos explicado aquí las razones) el caso Pallarols, o el caso Durán i Lleida tiene algunas particularidades que lo hacen especialmente irritante para la ciudadanía. O por lo menos para mí.
 
Una es, evidentemente, la del contexto en que se produce. Cuando las encuestas del CIS (la última aquí) y de los medios proclaman de forma creciente la desafección de la ciudadanía por la clase política que se supone que la representa, y algunas hasta señalan que el 95% de los españoles consideran que los partidos políticos protegen la corrupción de los suyos no habría estado nada mal aprovechar la ocasión para demostrar que, aunque sea muy de vez en cuando, la justicia es igual para todos. Incluso para los políticos, aunque luego los indulten, ya saben.
 
Así por lo menos durante unos días o unos meses los más inocentes o más crédulos pueden creer a quienes nos dicen que la corrupción no está generalizada, que los políticos son honestos en su mayoría y que la Fiscalía es muy independiente del Gobierno, especialmente la catalana. En definitiva, se trataba de celebrar el juicio oral, como ocurre habitualmente por cierto. Eso sí, hubiera supuesto la pequeña incomodidad de una previsible declaración como testigo del sr. Duran i Lleida y una pena, supongo, seguramente bastante superior para los culpables.
 
En segundo lugar, tenemos también a unos protagonistas especiales, el partido UDC y su líder, el sr. Durán i Lleida. El partido, como sabemos, ha sido de los preferido de los sucesivos Gobiernos nacionales para “tender puentes” con la tradicionalmente más nacionalista y ahora directamente echada al monte CIU. Como partido político catalán y encima  de partido bisagra de la bisagra me imagino –aunque reconozco mi ignorancia sobre el tema- que dispondrá de una buena red clientelar con la que conseguir un número de votos suficientemente relevante al efecto. Y luego está la autodefinición como partido moderado  que se ve que tranquiliza mucho a la hora de negociar con él.
 
En cuanto al sr. Durán i Lleida es desde 1990 el presidente del partido y lleva en política nada menos que desde 1982. Es un personaje al que los medios han tratado siempre con guante blanco  y no olvidemos que gracias a este trato ha sido siempre uno de los políticos mejor valorados por los ciudadanos españoles. En la actualidad además preside la Comisión de Exteriores del Congreso de los Diputados, pese a sus posturas más o menos independentistas (como saben sus fans la cosa cambia según donde esté y con quien hable, o incluso según como vea el panorama, a este señor claramente le gusta ganar siempre) con el beneplácito del PP. Este tipo de actitudes (unida a ya la famosa historia de la suite del Palace donde se aloja cuando se traslada a Madrid ) le han convertido en uno de los ejemplos máximos de políticos expertos en decir una cosa y la contraria a la vez sin perder la compostura, sacar el máximo provecho de las instituciones a las que pertenece pero a las que con su conducta y declaraciones contribuye a degradar y desprestigiar, y , en definitiva, en tomar por tontos a los ciudadanos.
 
En tercer lugar, abundando en esta última reflexión, tenemos también las explicaciones que nos han dado desde el partido, en forma de un comunicado en el que se dice que el partido como tal (es decir, como persona jurídica) no ha sido imputado (normal, no se podía) y además su directiva desconocía los hechos, aunque sorprendentemente reconocen que se  beneficiaron de los efectos de tales hechos (vulgo, se quedó con el dinero de las subvenciones concedidas). Nos aclaran que si se ha acordado devolver a la Administración catalana ciertas cantidades es porque hay una “responsabilidad civil a título gratuito” por haberse beneficiado de buena fe de unos actos ilícitos de cuya existencia no sabían nada. Bueno, aunque yo no soy penalista toda esto suena a tomadura de pelo. Total, que se reconocen los hechos (se desviaron al partido 388.483 euros destinados por la Unión Europea a formación para parados) pero resulta que el partido como tal, como persona jurídica, no ha sido imputado, y además sus dirigentes lo ignoraban todo, aunque me imagino que no ignoraban que sus cuentas presentaban unos ingresos caídos del cielo, qué suerte tienen algunos. Así que nada, se niega la responsabilidad penal, se pide perdón –ahora está de moda pedir perdón y pelillos a la mar- y se viene a decir que encima se han portado de lujo devolviendo el dinero, cosa que no hace nadie (ahí tienen razón). Todo esto sin contar con que probablemente el dinero que se devuelve me imagino que procederá de los fondos públicos con los que subvencionamos a nuestros partidos, se ve que de forma muy cicatera porque todos acaban necesitando un dinerillo extra. Un poco más y la culpa va a ser nuestra.
 
A estas alturas, y sin entrar en muchos tecnicismos,  conviene cotejar la versión de UDC de lo que supone una sentencia de conformidad en términos penales y de responsabilidad civil derivada de la comisión de un delito con la regulación de la ley de Enjuiciamiento Criminal sobre las sentencias de conformidad, recogida en el art. 787 de la LECRim
“ Antes de iniciarse la práctica de la prueba, la defensa, con la conformidad del acusado presente, podrá pedir al Juez o Tribunal que proceda a dictar sentencia de conformidad con el escrito de acusación que contenga pena de mayor gravedad, o con el que se presentara en ese acto, que no podrá referirse a hecho distinto, ni contener calificación más grave que la del escrito de acusación anterior. Si la pena no excediere de seis años de prisión, el Juez o Tribunal dictará sentencia de conformidad con la manifestada por la defensa, si concurren los requisitos establecidos en los apartados siguientes.
2. Si a partir de la descripción de los hechos aceptada por todas las partes, el Juez o Tribunal entendiere que la calificación aceptada es correcta y que la pena es procedente según dicha calificación, dictará sentencia de conformidad. El Juez o Tribunal habrá oído en todo caso al acusado acerca de si su conformidad ha sido prestada libremente y con conocimiento de sus consecuencias.
(…) 4.  Una vez que la defensa manifieste su conformidad, el Juez o Presidente del Tribunal informará al acusado de sus consecuencias y a continuación le requerirá a fin de que manifieste si presta su conformidad. Cuando el Juez o Tribunal albergue dudas sobre si el acusado ha prestado libremente su conformidad, acordará la continuación del juicio.
También podrá acordar la continuación del juicio cuando, no obstante la conformidad del acusado, su defensor lo considere necesario y el Juez o Tribunal estime fundada su petición.
(…) 6.  La sentencia de conformidad se dictará oralmente y documentará conforme a lo previsto en el apartado 2 del artículo 789, sin perjuicio de su ulterior redacción. Si el fiscal y las partes, conocido el fallo, expresaran su decisión de no recurrir, el juez, en el mismo acto, declarará oralmente la firmeza de la sentencia, y se pronunciará, previa audiencia de las partes, sobre la suspensión o la sustitución de la pena impuesta.
7.  Únicamente serán recurribles las sentencias de conformidad cuando no hayan respetado los requisitos o términos de la conformidad, sin que el acusado pueda impugnar por razones de fondo su conformidad libremente prestada.
 
Pues ya ven, según el documento de UDC la regulación de la LECrim de las sentencias de conformidad no equivale para nada a una condena penal. Y la responsabilidad civil no deriva tampoco de la condena penal, es una responsabilidad “gratuita”. Si piden perdón es “en nombre de quienes cometieron los ilícitos”, que, afortunadamente a estas alturas (los hechos acontecieron hace más de trece años) o se han dado de baja voluntariamente o han sido expulsados del partido. Y hasta ha tenido mala suerte -el partido, no los interfectos- de que ninguno haya fallecido dado el tiempo transcurrido.
 
En cuarto lugar, nos informa la Fiscalía que esto de las sentencias de conformidad es muy común. Ninguna duda al respecto, la pregunta es cuantas sentencias de conformidad similares hay en supuestos  de desvío de fondos públicos (en este caso nada menos que dinero de la UE para formación de desempleados) para fines particulares, prescindiendo de la consideración de si los fines de un partido político merecen más que los de un ciudadano corriente que para atenderlos se cometan delitos, discusión que nos llevaría demasiado lejos. O si es normal que una instrucción para ver si se han desviado fondos públicos de una subvención para otros fines dure más de trece años cuando se trata de ciudadanos o empresas privadas, incluso en España. O si esto tendrá algo que ver con que se está investigando a un partido político, y además catalán  y en Cataluña, lo que debe de rozar lo heroico. En cualquier caso, yo no les animaría a comprobar si es verdad esto de que las sentencias de conformidad son iguales para todos, y los fiscales igual de considerados siempre, no solo porque haya que cometer un delito aunque sea de cuello blanco para comprobarlo, sino porque a lo mejor se encuentran con una sorpresa. Porque además seguramente ustedes, como ciudadanos de a pie, no tengan un “conseguidor” de campanillas, nada menos que Consejero de Estado, socio del sr. Michavila, abogado del Estado y diputado de Unió, que medió ante la Fiscalía para conseguir una conformidad tan conveniente según esta noticia.
 
Y por último, terminamos con las elucubraciones del sr. Durán i Lleida sobre su responsabilidad política, inexistente, por supuesto. Pese a que, al parecer, hace más de una década se comprometió a dimitir si se demostraba que su partido se había financiado irregularmente. Bueno, pues ya está demostrado para todo el mundo menos para él y para su partido. Así que, faltaría más, no dimite. Se ve que ya hasta las palabras más sencillas como “demostrar”  tienen significados distintos para políticos y ciudadanos.
 
Eso sí, yo sacaría ya al sr. Durán i Lleida de las encuestas del CIS cuando den nombres para su valoración. Es que les va a hundir todavía más la media.
 
 
 

Por qué fracasan los países o aquí hay que hacer algo

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Me he terminado de leer el libro político-económico de moda: “Por qué fracasan los países” de Daron Acemoglu y James A. Robinson. Es un libro francamente interesante y yo creo que de obligada lectura para los seguidores de este blog. Sé que nuestros compañeros blogueros de Nada es Gratis (ver aquí y aquí) y Politikon (ver aquí) han debatido ampliamente el tema con aplicación específica a sus ramas concretas, pero creo que faltaba que nos hiciéramos aquí eco de él, por la especificidad jurídica de nuestro blog.
Acemoglu y Robinson tratan de dar una explicación a la cuestión de por qué hay países que fracasan y no alcanzan la prosperidad y otros que sí. El libro sigue la llamada técnica del caso, estudiando los varios aspectos de la cuestión a través de diversos supuestos históricos que, a su parecer, justifican la tesis propuesta, en realidad enormemente sencilla, por lo que al final el libro se vuelve un tanto repetitivo, pues no en balde tiene casi 550 páginas.
La tesis es básicamente la siguiente: la razón de las desigualdades entre naciones es el proceso político, porque éste determina bajo qué instituciones económicas se vivirá, al influir en el comportamiento de los sujetos y sus incentivos.
La dicotomía conceptual clave de estos autores se da entre las llamadas “instituciones extractivas e inclusivas”, ya sean económicas o jurídicas. Instituciones económicas inclusivas son aquéllas que posibilitan y fomentan la participación de la mayoría de las personas en actividades en las que aprovechan mejor su talento y habilidades y permiten elegir mejor a cada uno su destino. Por ello son buenas para la actividad económica, el aumento de la productividad y la prosperidad, y garantizan la propiedad privada y oportunidades económicas para la mayoría, no sólo para la élite. Instituciones económicas extractivas son las que tienen propiedades opuestas: tienen como fin extraer rentas y riqueza de un subconjunto de la sociedad para beneficiar a un subconjunto distinto, las elites extractivas, mediante monopolios y restricciones de entrada.
Los autores ponen numerosos ejemplos: Corea del Norte y del Sur, entre las que no hay diferencias culturales o geográficas; o el pueblo de Nogales, partido por la frontera USA-Méjico, y en el que las enormes diferencias de riqueza y educación no se pueden explicar por otras causas que no sean la derivadas de las instituciones.
¿Y cuáles son las instituciones políticas extractivas e inclusivas? Si el reparto del poder es limitado, las instituciones son absolutistas; si reparten el poder y lo limitan, son pluralistas. Por tanto, las instituciones políticas inclusivas son las que garantizan la participación y el pluralismo, las restricciones al poder arbitrario de los políticos; y las extractivas lo contrario, las que permiten la existencia de “elites extractivas” que se reparten el poder entre ellas y consecuentemente la riqueza a través de las instituciones económicas extractivas que con el poder que ostentan fomentan a su favor.
Los autores añaden un elemento más, para explicar las diferencias entre las naciones: la existencia de estados poderosos y suficientemente centralizados, capaces de imponer la ley y el orden, y garantizar los derechos de propiedad (que consideran muy importante), evitando situaciones como las de Somalia. Por tanto, las instituciones políticas inclusivas son las que son pluralistas y están suficientemente centralizadas.
En conclusión, los países fracasan cuando tienen instituciones económicas extractivas apoyadas en instituciones políticas extractivas que impiden o bloquean el crecimiento económico. A las elites extractivas no les interesa lo que Shumpeter denominó “destrucción creativa”, la sustitución de lo viejo por lo nuevo. Los sectores nuevos atraen recursos que antes se destinaban a los viejos y los grupos poderosos oponen resistencia al cambio económico y tecnológico porque este es un proceso desestabilizador en el que puede haber ganadores y perdedores, y ellos tienen mucho que perder. Y tampoco les interesa cambiar las instituciones políticas para hacerlas más pluralistas, porque esto haría más difícil controlar las instituciones económicas. La única forma, pues, de cambiar las instituciones políticas es obligar a las élites a crear instituciones más plurales.
¿Les parece que tiene todo esto tiene relación con la temática de nuestro blog?
Ciertamente las tesis de estos dos autores están sujetas a críticas y han generado interesantes polémicas porque los autores rechazan las otras interpretaciones sobre el fracaso de las naciones, como la geográfica, la de la cultura o la de la ignorancia (capítulo 2), como recoge Tortellá en El País, produciendo un interesante intercambio de opiniones con Jared  Diamond (tesis geográfica) y  Fukuyama (El del “Fin de la Historia”), que se recogen en Sintetia, ver aquí.
Por supuesto, yo no sé cuán exacta sea esta teoría porque no soy especialista y porque en las Ciencias Sociales es muy difícil probar la realidad de un aserto. Y de hecho, algunos de los peros que podrían ponerse a la tesis es que es muy difícil demostrar el nexo de causalidad en los ejemplos propuestos entre causa y efecto, o al menos que no hay alguna otra causa que pudiera haber influido.  Pero como suelo decir respecto al Derecho, esto es un Arte más que una Ciencia y francamente me parece que proporciona una interpretación bastante verosímil de muchos fenómenos. César Molinas, por ejemplo, ha hecho una explicación para la transición y situación actual de la política española que ha hecho fortuna, aunque también ha sufrido críticas.
Así, creo que esta teoría arroja luz sobre muchas de las cuestiones que tratamos en este blog: el revolving door entre política y economía; la corrupción tapada por los dos grandes partidos, con pactos o sin ellos; la incorregible dependencia del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional; el indulto de gerifaltes económicos, la falta de igualdad entre todos los acusados de delitos; la protección injustificada a las instituciones financieras; la incomprensible actitud del Banco de España durante la crisis, el hecho de que se suban los impuestos pero no se reduzca el gasto público, el incumplimiento reiterado de sentencias en ciertas regiones, y  tantas cosas como ustedes quieran añadir….en definitiva, la creación de la popularmente conocida “casta” político-económica de carácter extractivo en nuestro pais apoyada en instituciones a su medida.
Pero no quiero que este post sea meramente teórico, quiero introducir también una soflama, basada eso sí en los conceptos ya comentados del libro, y cuatro más, no tan conocidos, pero que vienen al caso. Por ejemplo, los conceptos de “círculo virtuoso” y “círculo vicioso” en las instituciones, que muestran que una vez que una sociedad se organiza en una forma concreta, ésta tiende a persistir. Y esta persistencia explica por qué es tan difícil eliminar la desigualdad mundial y hacer que los países pobres sean prósperos. Así, las instituciones extractivas que impusieron los españoles en América fueron mantenidas por las elites dominantes una vez producida la independencia, y por eso estos países son más atrasados que los de América del Norte, en las que las circunstancias obligaron al nacimiento de instituciones inclusivas.
Pero ello no quiere decir que el círculo vicioso no se pueda romper, aunque ello depende de las “pequeñas diferencias” y de la existencia de “coyunturas críticas”.  La coyuntura crítica es un gran acontecimiento o confluencia de factores que trastorna el equilibrio económico o político existente para romper el círculo de instituciones extractivas o intensificar su aparición. El que vaya de un lado o de otro depende de pequeñas diferencias institucionales en tales coyunturas. Las coyunturas críticas son importantes porque existen enormes obstáculos a las mejoras graduales debido a la sinergia entre instituciones políticas y económicas extractivas. Un ejemplo de coyuntura crítica es la peste negra medieval que en Inglaterra, al faltar mano de obra, produjo la introducción de más derechos para los trabajadores mientras que en Europa Oriental acrecentó los derechos de los nobles porque estos tenían más poder mientras que las ciudades eran más débiles. Y un ejemplo de “pequeña diferencia” que produce importantes efectos: el hecho que la revolución industrial naciera en Inglaterra se debió a la previa revolución política llamada Gloriosa”, que fue a su vez propiciada por la existencia de una clase comerciante pujante. Esto no se daba en España, aunque tenía Cortes, pues el gran comercio era monopolizado por el rey.
¿Y no les parece que en este momento nos encontramos en una “coyuntura crítica”? No estoy seguro de que la interesante tesis de Molinas antes mencionada sobre la España de hoy sea exacta, pero sí estoy seguro de que en los últimos tiempos se ha producido un evidente deterioro del Estado de Derecho y de que muchas de las instituciones que inicialmente eran inclusivas paulatinamente están pasando a ser extractivas, al punto de que no hay día que no tengamos algo que denunciar en este blog. Quizá la crisis, con una reducción brutal de rentas, ha hecho que todos nos fijemos en los demás y percibamos con dolor los agravios comparativos.
Lo que es claro es que los ciudadanos no podemos perder esta oportunidad para conseguir que las instituciones políticas y, en consecuencia las económicas, evolucionen a una mayor “inclusividad”. Sin duda, escribir en un blog es un paso, pero me doy cuenta no es suficiente. Ayer daba Elisa de la Nuez daba algunas ideas de actuación, que pueden ser generadores de las “pequeñas diferencias” que alteren el equilibrio de fuerzas en una coyuntura crítica: el voto, la denuncia, dejar de comprar periódicos, etc. Creo que es fundamental es la “concienciación” en estas realidades que reflejan bien Robinson y Acemoglu y que actuemos en consecuencia en todas las ocasiones en que tengamos oportunidad, aunque cueste, si no queremos que nuestro país fracase.
O eso creo yo, salvo mejor criterio de ustedes.

“La España oficial y la España real” Artículo en “el Mundo” de nuestra coeditora Elisa de la Nuez

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Creo que hay que remontarse al final del franquismo para encontrar una brecha tan amplia entre la España real y la España oficial como la que pone de relieve la reciente encuesta del CIS, así como otras muchas realizadas a finales de 2012, incluida la encargada por este mismo periódico. Una brecha que va en aumento, lo mismo que el desafecto por la clase política que, asombrosamente, pretende no darse por enterada o, a lo sumo, habla de planes de Secretaría General Técnica o tira de BOE para enfrentarse a una Crisis Política con mayúsculas. Otro tanto empieza a ocurrir con la Monarquía, muy alejada en el fondo y en la forma de las nuevas generaciones que no vivieron la Transición. Mientras tanto, los pobres ciudadanos ya no dan crédito ni al discurso oficialista, ni a las entrevistas oficialistas (veáse la reacción frente a la concedida por el Rey a Jesús Hermida) ni a los medios oficialistas, dudando entre lanzarse a la calle o al exilio. Un panorama desolador. ¿Cómo hemos podido llegar hasta aquí? Y lo más importante ¿Cómo salimos de aquí?

En cuanto a lo primero, las causas de esta separación entre la España oficial y la España real son muy variadas pero podríamos resumirlas así: mientras la España oficial vive cada vez más ensimismada, aislada en una auténtica burbuja política, mediática y empresarial que amortigua los ruidos que llegan de la España real, bunkerizándose a ojos vista para defender sus intereses, la España real lo está pasando cada vez peor y no sólo económicamente. La España oficial parece abocada -como bien ha explicado el profesor Luis Garicano- a un proceso creciente de “peronización” muy preocupante, en que se combina la defensa a ultranza de los intereses propios de la partitocracia (confundidos interesadamente con la defensa de lo público) con la creciente confusión entre lo privado y lo público, con la inevitable corrupción que este modelo genera. Conviene recordar que hay estudios que hablan de la correlación positiva entre el incremento de la presencia de políticos en empresas y la corrupción de un país

En este proceso se intercambian todo tipo de favores: desde los normativos hasta los económicos, pasando por las colocaciones de políticos y ex políticos algunos de ellos con trayectorias que darían miedo en cualquier país serio. En todo caso, esta situación impide que en la España oficial se perciba con nitidez la realidad, que se identifiquen correctamente los problemas y, lógicamente, que puedan resolverse. Quizá el caso más llamativo es la posición del Gobierno central respecto a la situación en Cataluña, un problema político de gran magnitud que se pretende resolver como si fuera un problema ordinario de naturaleza jurídica, pero hay innumerables ejemplos. En este contexto, los españoles de a pie, la España real que sufre la crisis económica, política y moral en sus carnes está entre perpleja e indignada. Y se siente -con razón- estafada. Como en un juego de magia, ven como se les están escamoteando no sólo los productos de muchos años de esfuerzo y trabajo, sino también la confianza que depositaron en la democracia y sus valores. Valores como el de la igualdad de oportunidades, esencia de la meritocracia en que fueron -fuimos- educados la mayoría, ciertamente al menos dos o tres generaciones de españoles. Así los españoles a los que se nos educó en la confianza de que el estudio, el esfuerzo, el trabajo, la honradez, la competencia, la capacidad, el mérito, el talento, eran las claves para conseguir una mejora de las condiciones de vida y también las claves para el éxito y el prestigio laboral o profesional no entendemos nada. Porque las claves del éxito laboral o profesional resulta que ahora son otros. En estos tiempos importa más a quien se conoce que el qué se conoce, o qué se sabe hacer. En la España del 2013 se progresa (o se sobrevive dado los tiempos que corren) mucho más fácilmente si se ha hecho carrera en un partido político, o a la sombra de un cargo público, o si se es pariente o protegido de alguien importante, o si se tiene un cargo o responsabilidad pública desde el que se pueda hacer favores que después sea posible cobrar. Y las reglas en algunas empresas importantes del Ibex no parecen muy distintas, la verdad.

Y -esto es quizá es lo más grave desde el punto de vista político- los españoles también se sienten estafados porque hay otros valores consustanciales a la democracia, como la igualdad política o la igualdad de todos ante la Ley, o la obligación de los representantes de rendir cuentas a sus representados que tampoco se respetan. Porque lo cierto es que en España ya no es verdad que la Ley sea igual para todos, para gobernantes y para gobernados, para poderosos y para débiles, para ricos y para pobres. Sin necesidad de poner ejemplos concretos, el que nuestra democracia pueda coexistir con una enorme cantidad de cargos públicos imputados, o el que se indulte tranquilamente a condenados por delitos contra las Administraciones Públicas, se incumplan las sentencias del Tribunal Supremo cuando a los políticos no les gustan o se cambien las leyes cuando una persona poderosa lo necesita, o asuste tanto la transparencia deja claro donde estamos. En cuanto a la rendición de cuentas de nuestros representantes, qué vamos a decir cuando se asume con tranquilidad que una vez que se celebran las elecciones, los electores se tienen que estar muy quietecitos durante los años que medien hasta las siguientes, y cuidadito con preguntar nada sobre las promesas electorales que se hicieron para atraerles a las urnas o con exigir cualquier tipo de responsabilidad jurídica por la mala gestión, las corruptelas o el despilfarro del dinero de los contribuyentes.

Creo que estas son algunas de las claves de la divergencia entre la España real y la España oficial, que no es la primera vez que se produce, como recordarán los lectores de la obra del mismo nombre de Julián Marías, escrita al comienzo de la Transición, en cuyo título me he inspirado para este artículo. En aquel libro Don Julián sostenía que la España oficial, concebida en oposición a la España real, no puede ser otra cosa que la España de la irrealidad.

En cuanto a lo que se puede y se debe hacer, ya lo explicó él en su momento, con el optimismo que le caracterizaba, más necesario que nunca. Él confiaba en que la España real tenía mucho más empuje, valor, fuerza y sentido común que la oficial. Por ello, ¿qué tal si en vez de esperar que nos caiga de la España oficial la solución a nuestros problemas nos ponemos nosotros a ello? Podemos hacer y decir muchas cosas de aquí a las siguientes elecciones o a la siguiente encuesta que impidan a la España oficial seguir ignorando por más tiempo a la España real.

¿Complicado librarse de la costra, que diría Ortega, de la España oficial? Sin duda, por eso hay que hacer un esfuerzo de imaginación, de voluntad, de actividad. De forma que cada uno de nosotros, sin pensar en lo que le pueda costar o en la incomodidad que le pueda suponer, haga en el espacio público -esto es importante- lo que considere correcto, no lo conveniente. En el trabajo, en la Administración, en los foros, en la calle. Y hay que decir la verdad, aunque sea a los políticos, sobre todo a los políticos.

¿Ejemplos concretos? Desde denunciar los abusos y conductas irregulares de los que tenemos cerca y conocemos bien -siempre más difícil de hacer que denunciar los abusos y corruptelas lejanos, pero bastante más efectivo- hasta dejar de comprar periódicos que silencian casos de corrupción por motivos económicos, pasando por respetar las normas también cuando nos viene mal. Seguro que a ustedes se les ocurren muchas más. ¿Que no sirven para nada? Prueben a hacerlas y ya verán si sirven.

En definitiva, si no queremos que la España oficial siga diciendo que es la España real no dejemos que se confundan hasta que sean indistinguibles.

Tres crisis en una. Las cabezas de la Hidra

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Cumplido más de un año desde que el señor Rajoy ganó las elecciones, se ha demostrado que un cambio de gobierno no significa necesariamente un cambio de rumbo. Sigue la crisis, suben el paro, el IPC, y el nivel de endeudamiento. Y no hay una suficiente separación entre los dirigentes políticos, y el sistema financiero, la Justicia o los medios de comunicación.

 
El Gobierno del PP ha incumplido los puntos básicos de su programa. Niega a menudo la evidencia, y se defiende de cualquier crítica con el argumento de la herencia que les dejó el PSOE. Crece el descontento social, la desconfianza, y la desafección hacia las instituciones. Un 85 % según las encuestas se muestran descontentos con el sistema de representación parlamentaria. Y los nacionalismos periféricos se aprovechan de la crisis para hacerse más fuertes, incrementar sus demandas y acercar a más gente a sus políticas excluyentes y autoritarias. Ya sin tapujos se vende la secesión como una solución definitiva, como la perfecta huida de la crisis.

 
Se ha dicho que esta crisis política y económica se fundamentan en realidad en otra crisis social. Que el deterioro económico y la progresiva decadencia del sistema político no habrían sido posibles con una sociedad civil donde no hubiera avanzado tanto la pérdida de valores como la unidad y cohesión social y familiar, la responsabilidad personal, o el respeto a la autoridad. Lo que nos lleva a preguntarnos qué es lo que está fallando en los mecanismos de transmisión de valores.

 
Se ha señalado al sistema educativo como uno de los principales responsables de este problema. No cabe duda de su deterioro como mecanismo tanto de transmisión de conocimientos como de socialización y educación cívica. De hecho entre los docentes e incluso alumnos que protestan por la reforma educativa proyectada se echan de menos una dosis suficiente de autocrítica, un sincero reconocimiento de la actual situación, y  el planteamiento de otras alternativas diferentes de reclamar más dinero.

 
Pero también que en las aulas es donde más se sufre, y no sólo por los profesores, la citada crisis social y de pérdida de valores. Se ha consolidado un sistema que favorece el mínimo esfuerzo y la desvalorización de la excelencia, y que permite la “estabulización” de  adolescentes que no tienen el menor interés en los estudios, a costa del ambiente general. Y a ello se añade la falta de autoridad de los maestros, demasiadas veces condicionados por los caprichos de padres y alumnos.

 
Sin embargo la crisis del sistema educativo no es sino una manifestación más de la citada crisis social. En una sociedad sana y con claras convicciones este deterioro no habría sido posible.

 
Por eso hay que señalar también otros responsables de esta crisis social. Si en la época de bonanza tanta gente perdió la noción de austeridad y prudencia y vivió por encima de sus posibilidades confiada al crédito, y si tantos hicieron entonces dinero fácil en la llamada “cultura del pelotazo”, de ello muy probablemente no sea la escuela la principal responsable.

 
Creo que no ha sido menor el efecto de los ejemplos recibidos de nuestros dirigentes.En nuestra clase política la calidad tampoco ha merecido una especial valoración. Se ha llenado de oportunistas de muy poco nivel y formación gracias a los lamentables mecanismos de selección de la partitocracia. La política se ha convertido en un medio fácil de vida, que no requiere especial formación ni esfuerzo, y donde basta para colocarse con demostrar una lealtad acrítica y con decir donde corresponda, incluso con cínica desvergüenza, bonitas palabras.

 
Hoy, tras décadas de burbuja inmobiliaria y lucidos despilfarros en carreteras, aeropuertos, centros culturales vacíos y urbanizaciones fantasma, los ciudadanos españoles deben pagar las facturas y las peores consecuencias de la crisis, mientras que los políticos tan mal seleccionados son los únicos a los que parece que la crisis les es  ajena y pueden seguir viviendo por encima de sus (en realidad, “nuestras”) posibilidades.

 
Los políticos, lo mismo que los periodistas o los intelectuales en general, tienen también la obligación moral de transmitir valores una sociedad gravemente necesitada de ellos para sustentar una democracia sólida. Y mucho más con hechos que con palabras. Pero en vez de ejercer ese papel y actuar con ejemplaridad, se han servido de su poder para mantener su status, y manipular a un pueblo inculto y maleable. Actuando muchas veces al margen de la ley, o adaptando ésta a sus específicos intereses. Domesticando y colonizando la justicia, la prensa o cualquier otro contrapoder equilibrador. Y corrompiendo o anestesiando a la sociedad con sus mecanismos clientelares. Todo ello para seguir en su particular estado de bienestar, sin exigencia alguna de responsabilidad.

 
No resulta fácil pedir a la sociedad desde esta atalaya un comportamiento ejemplar, y  la asunción de innumerables sacrificios que ellos mismos son incapaces de hacer. Cuando las pequeñas corruptelas y canonjías (caso ipads), el tapar o mirar hacia otro lado en los casos de corrupción de tu propio partido, o el uso generoso del indulto cuando otros escudos han fallado se han convertido en una indisimulable seña de identidad de esa clase diferente e inmune al sufrimiento general. A nadie asombra que los ciudadanos se refieran al conjunto de ellos no ya como “clase política”, sino más bien como la casta que antepone sus prioridades al bien común de la sociedad.

 
Con razón Georg Christoph Lichtenberg dijo una vez que cuando los que mandan pierden la vergüenza, los que obedecen pierden el respeto.