Sobre la patrimonialización de lo público o por qué la ex secretaria de Esperanza Aguirre no va al paro

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Después de que se hayan conocido los terroríficos datos del paro el viernes, que alcanzan niveles desconocidos en la historia reciente de España   y de que nuestros políticos escondan una vez más la cabeza, empezando por la inefable Ministra del ramo, conviene recordar que no todos los ciudadanos que pierden un puesto de trabajo van al paro. Algunos tienen suerte, y son recolocados en instituciones públicas que pagamos todos en puestos de confianza con buenos sueldos, aunque ni exista realmente una función que desarrollar ni, caso de existir, se reúnan las capacidades mínimas para su desempeño.

 

El caso más reciente y el que utilizo como ejemplo (pero hay muchísimos, de alguno de los cuales ya hemos hablado en este blog) es el de la ex secretaria personal de Esperanza Aguirre, María José Moreno Serrano que, con motivo de la dimisión de la ex Presidenta de la Comunidad de Madrid se queda sin trabajo. Esto es normal, dado que el nuevo Presidente tendrá también una secretaria de confianza, máxime teniendo su amplia trayectoria en el sector público, con la que querrá contar para ese puesto. Es decir, querrá cambiar a la anterior secretaria de Doña Esperanza por la suya.  Como además se trata de puestos de confianza, no hay nada que decir. Si la señora Moreno Serrano fuera funcionaria (extremo que desconozco) podría volver al puesto dentro de la Administración que corresponda a su categoría funcionarial (el caso de la propia Esperanza Aguirre que vuelve a su organismo de origen donde por cierto coincide con muchos amigos y conocidos del PP según esta noticia  Si no es así, esta señora, como tantos millones de españoles, se queda sin trabajo. ¿O no?

 

Pues no. La ex secretaria de Esperanza Aguirre (con la que después de casi 30 años de trabajo conjunto me imagino le une una estrecha amistad) tiene más suerte que el resto de los españoles. Porque ella consigue “una recolocación” en un puesto de asesora en la Asamblea de Madrid nada menos que con 58.000 euros brutos anuales al año, que no es precisamente un sueldo medio de secretaria, ni en el sector público ni en el privado.

 

Y eso que conviene recordar algo que se suele pasar por alto cuando se trata de comparar las retribuciones del sector público con el sector privado: los escalones que están realmente bien pagados en comparativa con los del sector privado son precisamente los niveles más bajos de la Administración, auxiliares administrativos y secretarias incluidos, como puede verse aquí

 

Aunque esto merece una reflexión aparte, quiero decir que si conocen a algún auxiliar administrativo que trabajando en el sector público haya pedido la excedencia para ir a trabajar de auxiliar administrativo o secretaria en el sector privado me lo presentan. Y no digo ahora, me refiero a la época del “boom”. Sobre este asunto volveremos en algún post, porque merece una reflexión, dado que si en algo se parece el sector público al sector privado es en que también se ha informatizado y las nuevas tecnologías hacen innecesarios muchos puestos de trabajo que tenían todo el sentido hace 20 o 30 años.

 

Pero volviendo a nuestro ejemplo, la pregunta del millón es ¿y que va a hacer esta señora en este puesto de asesora tan bien pagado? Pues poca cosa parece. Porque además de tratarse de un puesto en una Asamblea o Parlamento Regional cuya propia necesidad ya es cuestionable como también hemos comentado en algún post, resulta que su función va a ser “la coordinación de una Conferencia de Presidentes Autonómicos” (COPREPA)  cuya actividad, a juzgar por su web, no parece trepidante. Lo que es lógico, dado que más bien suena a un foro para reunirse y tomarse algo tranquilamente, eso sí, a ser posible haciendo turismo político, es decir, cada vez en un sitio. Como además esta señora es secretaria de profesión, entiendo que la coordinación será básicamente la de la agenda de las reuniones, si se celebra alguna, y la de llamar por telefóno o poner mails a los convocados. Y a lo mejor organizarles un catering decente.

 

En fin, más allá de la anécdota, desgraciadamente nada infrecuente, lo que quería es hablar del fenómeno general de impune patrimonialización de lo público que este tipo de conductas, repetidas una y otra vez por los grandes partidos, ponen de manifiesto. Los cargos públicos, sobre todo los que no están reservados a funcionarios, es decir los de “personal de confianza” o eventuales (aunque de forma creciente también éstos, lamentablemente, dado que están utilizándose cada vez más los cargos de libre designación reservados a funcionarios de la misma manera) se consideran como una especie de botín de guerra electoral, a repartirse por el partido que gana las elecciones, o entre él y el partido que le permite gobernar, o incluso a veces repartiendo con la oposición (y sindicatos) a cambio de su docilidad.

 

Y un botín nada despreciable por cierto. Solo en la Asamblea regional de Madrid, asciende a  25 puestos de confianza que cuestan un millón de euros. Con sueldos que van desde  82.096 euros brutos anuales para el Director de gabinete de Presidencia, seguido (71.062 euros) por su director adjunto, por los tres jefes de servicio ( 174.266 euros al año entre los tres) y llegando hasta el asesor técnico de estudios y documentación (44.977) euros y los 41.558 euros para cada una de las tres secretarias de Presidencia (La fuente de estos datos es la misma noticia de EC que cito más arriba). El grito de “al abordaje” debe de resonar en las noches electorales en las sedes de los partidos ganadores.

 

Pero es que además, para cualquiera que siga la actividad y los debates de la Asamblea Regional de Madrid o de cualquier otro Parlamento regional (yo lo hago un poco en twitter más que nada porque sigo a algún amigo y colaborador habitual de este blog que es un sufrido parlamentario regional de UPYD) resulta bastante incomprensible para qué hacen falta todos estos puestos tan bien pagados. Lo mejor que se puede decir es que no se nota nada la presencia de todos estos asesores de confianza en la calidad ni de las normas ni de los debates ni en nada. Claro está que por lo menos aquí con este tipo de nombramientos se hace menos daño que digamos en un colegio o en un hospital, en la policía o en un Juzgado. Probablemente porque la utilidad de la Asamblea regional en sí es más que dudosa. Pero esto es un flaco consuelo desde el punto de vista del ciudadano.

 

Desde el punto de vista de los políticos, este botín es esencial. Y además porque hay para todos, también para los marineros, porque el personal de confianza no se limita a los escalones superiores ni mucho menos. Siempre según los datos que proporciona EC, resulta que en la Asamblea regional hay otras dos secretarias de dirección (68.757 euros entre las dos) y seis administrativos de “apoyo institucional de la mesa”, nada menos que con un sueldo de 34.244 euros cada uno. Para el sector privado este sueldo es muy razonable para un joven titulado superior que se incorpora a una empresa. ¿Y qué decir de los famosos conductores amenazados con el desempleo por la insólita pretensión de reducir el número de coches oficiales que plantea algún modesto partido? Pues deben de ser muy buenos, porque se reparten entre los dos 82.320 euros. Pero, por si se lesionan en uno de sus peligrosos trayectos hasta la sede de la Asamblea Regional, hay otros cuatro conductores de apoyo a la Junta de Portavoces, aunque que no deben de ser tan virgueros, porque solo cobran 30.601 euros cada uno.

 

En fin, como pueden comprobar, la importancia que tienen estas “rentas administrativas” (en expresión de Alejandro Nieto) para los partidos políticos es esencial. De ahí que estén tan blindadas frente a los recortes, como se denuncian una y otra vez por algún partido minoritario y desde la sociedad civil e incluso desde los colectivos de funcionarios, aunque todavía relativamente poco para lo que debería. Frente a esta todavía tímida reacción la respuesta de la clase política está siendo una clara “bunkerización” y cierre de filas, con las acostumbradas acusaciones de “demagogos” y “populistas” para los que se atreven a decir en voz alta lo que todos sabemos.

 

Es verdad que esta patrimonialización de lo público no es nueva y la venimos tolerando desde hace muchos años pero -como de tantas cosas-nos estamos damos cuenta ahora de lo injusta e insoportable que resulta. Creo que la mayoría de nosotros nunca nos hemos molestado por conocer datos como los que se recogen en este post y en las noticias que cito, o los que diariamente va dando sueldospúblicos.com, y creo que esa es, en parte, la causa de que el abordaje se haya producido con tan poca resistencia de los abordados, que al final somos los ciudadanos-contribuyentes que sostenemos el buque del Estado (o de las CCAA o Ayuntamientos).  Y ahora resulta que en medio de esta crisis terrible hay gente que ni sufre ni padece por encontrar un puesto de trabajo, gente que, además, tendría muy complicado objetivamente encontrarlo incluso en época de bonanza, y no digamos ya con estos sueldos. Gente cuyos únicos méritos conocidos son la fidelidad o la cercanía (incluso familiar) con los políticos de turno.

 

Que pasen feliz domingo.

Y, tras una hipotética independencia de Cataluña… ¿los “Países Catalanes”?

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“Ha començat el procés de creació d’un nou Estat Català. La nostra feina és que, en aquest procés, les Illes Balears hi siguin presents” (Ha empezado el proceso de creación de un nuevo Estado Catalán. Nuestra labor es que, en ese proceso, las Islas Baleares estén presentes). Bartomeu Martí. Dirigente de la Obra Cultural Balear. Palma de Mallorca. Septiembre de 2012.

 

Mucho se ha tratado en este blog, y en todos los medios de comunicación, sobre la hipotética independencia de Cataluña que el Molt Honorable Sr. Artur Mas ha puesto sobre la mesa, en forma nada casual, en este momento de gran tribulación económica y política para el Estado español nacido de la Constitución de 1978. Poco creo yo tener que añadir a lo mucho y bueno que ya se ha escrito sobre ello. Sin embargo, existe un aspecto deliberadamente oculto en esa desatada carrera hacia la soberanía que no ha sido comentado, habiendo aparecido sólo breves pinceladas aisladas en algunos diarios locales. Todos ustedes deben conocer que, en las ansias independentistas de muchos nacionalistas catalanes, se esconde una intención latente, largamente cultivada pero todavía no manifestada por razones puramente estratégicas o de táctica política, que forma desde hace años parte indiscutible de su fantasía nacional: la creación de una “Gran Catalunya”, aglutinadora de lo que vienen llamando, pomposamente, los “Países Catalanes”. Esa anhelada quimera expansionista comprende, además de su territorio actual, ciertos enclaves del sur de Francia, la franja colindante aragonesa, buena parte de la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares. Basta con ver desde hace años la información meteorológica en la televisión pública catalana TV3 para comprender rápidamente qué territorios consideran realmente “suyos” y la soltura con la que el presentador habla de los “Países Catalanes”. En los demás, si llueve o truena, francamente no les importa….

 

No hace falta que les aclare a ustedes que soy mallorquín, aunque no especialmente reivindicativo ni ejerciente. Simplemente lo justo para lamentar que vengan vecinos megalómanos, nerviosos y gastones compulsivos a tocarnos nuestras tranquilas e isleñas narices. Pues bien, las palabras que he transcrito al inicio de este post son el fiel reflejo de ese descrito sentimiento imperialista y expansivo, fuertemente arraigado en el alma de muchos catalanes, pero son también el vivo retrato de un problema -bastante más preocupante- que afecta a mi tierra natal. No es un secreto desvelar que existen determinadas personas e instituciones en las Islas Baleares, casi todos ellos casualmente “regados” durante largos años con la caudalosa manguera del reparto de fondos y subvenciones de la Generalitat de Catalunya, que, directamente y sin ambages ni disimulo alguno, quieren ser catalanes. Y si sólo quisieran ser catalanes no habría nada que reprocharles. Que se vayan para allá, y punto pelota. Como si yo decido hacerme maorí. Pero la cuestión es que ansían fervientemente, con pasión mal disimulada, que las Islas Baleares dejen de tener su identidad propia y se incorporen a Cataluña. Se trata de un fenómeno casi único en el mundo, pero real como la vida misma. ¿Conocen ustedes a muchos andaluces que quieran ser extremeños?, ¿o a muchos manchegos que quieran ser murcianos?, ¿o a japoneses que quieran ser filipinos?…. Pues en mi tierra tenemos gente que se gusta tan poco que prefiere pertenecer al vecino… que les espera con los brazos –y la caja- abiertos de par en par.

 

Como escribió agudamente el autor y director teatral catalán Albert Boadella, en artículo publicado el “El Mundo” el pasado 26 de septiembre, el fenómeno que está sucediendo actualmente en Cataluña no es culpa sólo de los políticos: “…Con apenas un siglo de minuciosa tenacidad se ha ido moldeando en la mente de cientos de miles de catalanes (y -añado yo- algunos baleares, valencianos y aragoneses) una fábula elemental pero de una eficacia incuestionable… Quizás ahora ya es muy tarde para contrarrestar el poder de la ficción… La muchedumbre de sonámbulos avanza hacia el abismo clamando consignas y enarbolando estandartes de pretendida libertad”…. La realidad es que ese fenómeno de autoafirmación nacional, descrito magistralmente por Boadella, está basado en una serie reiterada de mitos y manipulaciones históricas, un manejo sectario de la educación y de los medios de comunicación, y un poderoso caudal de millones de euros exportado hacia los objetivos de mayor eficacia colonizadora por la política subvencionadora de los diferentes gobiernos catalanes de las últimas décadas. Es importante destacar que la Alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, acaba de hacer unas declaraciones públicas poniendo de manifiesto los reiterados intentos de los vecinos del norte de “catalanizar” la Comunidad Valenciana desde hace años.

 

No quiero que nadie descalifique lo que estoy contando en este post achacándome falsamente un patrioterismo español mal entendido, ni usando el absurdo y facilón argumento de un odio o menosprecio personal a Cataluña, tierra admirable y puntera en tantos y variados aspectos. En mi caso, nada de ello es así. Pero no es nada descartable que me acusen de “centralista”, “españolista”, “franquista” o incluso “fascista”, simplemente por expresar una opinión divergente de la única verdad oficial según los independentistas y sus terminales mediáticas. Resulta ser una táctica habitual de personas que no están acostumbradas al matiz el convertir a quien opina diferente en un cliché, para después exagerarlo y transformarlo en un esperpento a su voluntad. Y la verdad es que tales individuos talibanes e intolerantes, que no sólo quieren  unirse al vecino, sino que aspiran a imponérselo a todos sus conciudadanos, no abundan tanto como parece en mi tierra y en las colindantes, aunque suelen hacer bastante más ruido que la gran mayoría de las personas normales, que simple –y a veces desgraciadamente en momentos delicados como los que estamos viviendo- “pasan” de todos estos asuntos. Pero, aclarado lo anterior, debe quedar de manifiesto que desprecio las manipulaciones históricas y mediáticas, tan comunes y tan bien pagadas en los últimos tiempos, y que renuncio con toda firmeza a abjurar de mi tierra y de su propia cultura -tan antigua o más que la de los ilustres vecinos- que fue Reino independiente con una dinastía de Reyes propios mientras los actuales aspirantes a integrarnos y gobernarnos eran un Condado sujeto al dominio del Rey de Aragón, y cuya rica herencia romana, griega, fenicia, árabe, aragonesa y castellana no tiene nada que envidiar ni deuda alguna que saldar con la Cataluña actual, y menos con sus mesiánicos gobernantes. Y de paso quiero también poner negro sobre blanco para todos los lectores de este blog ese ambicioso plan oculto, convenientemente disimulado en estos momentos política y económicamente complejos, pero que los gobernantes que rigen al poderoso vecino del nordeste llevan tatuado a fuego en su ADN particular. Una vez conseguida la ansiada soberanía, crecer, expandirse, invadir a los vecinos menos poderosos –pero nada pobres – aprovechando sus malos momentos bajo la exaltación de un embriagador espíritu nacional. Todo ello con la simple excusa de un idioma común, que parece servir de pretexto universal para imaginar una “raza” culta, trabajadora y moderna, muy diferente en todo al holgazán castellano o andaluz…

 

Y, llegados a este punto, acabo por preguntarme: ¿por qué no nos lo explica claramente el Molt Honorable? ¿por qué no dice ahora a los catalanes, pero también a baleares, valencianos y aragoneses, y al resto de los españoles e incluso franceses, si ansía reclamar más territorios? Yo no rechazo las aspiraciones independentistas pacíficas y legítimamente expresadas, pero estoy ya cansado, como muchísimos otros ciudadanos, de tacticismos políticos, ocultaciones interesadas, y quejas y reivindicaciones permanentes e interminables. Por ello, díganos sin rodeos, y dígalo ahora Sr. Mas: ¿aspira usted a completar los -llamados por algunos- Países Catalanes? Pues explique todo su plan y no nos reserve a los vecinos la amarga píldora para el futuro, como es costumbre entre algunos políticos de su tierra. Explique nítidamente ahora y no a plazos la totalidad de su programa independentista –estamos en un país con libertad de expresión- dónde empiezan y -sobre todo- dónde terminan sus reivindicaciones políticas y territoriales. Ya está bien de ambigüedades y cálculos interesados, o lo que es lo mismo, de actitudes que fácilmente podrían confundirse con la cobardía. Compréndanos. Nos tienen ustedes agotados. No nos maree más, por favor. Suéltelo todo ahora o calle de una vez y para siempre.

 

De pactos de gobierno, sueldos públicos y autonomía local.

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Supongo que alguno de los lectores estarán al tanto del sainete de los sueldos públicos del Ayuntamiento de Alcalá, pero si no, se lo resumo brevemente. Tras alcanzar un acuerdo sobre un documento que incluía, entre otras condiciones, una rebaja del sueldo de los ediles, los concejales de UPYD en el Ayuntamiento de Alcalá votaron al alcalde propuesto por el PP 

 

Sin embargo, transcurridos pocos meses, comienzan las escaramuzas legales para evitar el cumplimiento de lo pactado. El alcalde, siempre según estas noticias, no lleva al Pleno el tema. P ero es que, además resulta que, según el informe jurídico emitido por el Secretario del Ayuntamiento de Alcalá, (titular del órgano de apoyo a la Junta de Gobierno Local) no se pueden bajar los sueldos de los ediles sin modificar previamente  el régimen retributivo que se contempla en el ROM (Reglamento Orgánico Municipal de Alcalá de Henares) que ha sido a su vez aprobado por el Pleno, en uso de las competencias que al efecto tiene atribuidas. Y como eso lleva mucho tiempo, y total ya va a entrar enseguida en vigor el Proyecto de Ley de Transparencia un año de estos, se acaba decidiendo que no merece la pena realizar un procedimiento tan complejo y tan largo, que encima requiere un montón de informes de un montón de técnicos municipales. Pero eso, si algún concejal tiene prisa, que no se preocupe que puede renunciar voluntariamente a parte de su sueldo sin esperar todo ese tiempo. Conclusión, los que renuncian a su sueldo son ¡oh sorpresa! los dos concejales de UPYD.

 

Por cierto, que es interesante, en los tiempos que corren, recordar que las deliberaciones de la Junta de Gobierno Local son secretas, según el art 126.5 de la Ley 7/1985.

 

¿Tiene razón el informe jurídico? Efectivamente, la Ley de Bases del Régimen Local   7/1985 de 2 de abril  atribuye al Pleno las competencias para la aprobación de los reglamentos de naturaleza orgánica, mencionando cuales tienen esta naturaleza ( entre los que, por cierto, no están recogidos los relativos al régimen de retribuciones), y en el apartado n) “el régimen retributivo de los miembros del Pleno, de su secretario general, del Alcalde, de los miembros de la Junta de Gobierno Local y de los órganos directivos municipales.”

 

Además, hay que tener en cuenta las previsiones del art.75 y del art. 121.1 d) de la misma norma, que permiten al Ayuntamiento de Alcalá, debido a su gran población, acceder a un régimen especial de retribuciones, dicho sea en plata, ponerse unos sueldos más elevados. Aunque visto lo que hemos visto en materia de sueldos municipales sobre todo gracias a sueldospublicos.es la verdad es que parece que todo Ayuntamiento o Diputación que lo ha tenido por conveniente ha establecido un sistema “especial” de retribuciones, de manera que muchos de estos sueldos superan ampliamente los de un Ministro. En ese sentido, la Diputación de Barcelona ostenta el record absoluto, hasta donde yo conozco.

 

Pero volviendo al aspecto jurídico de la cuestión, y con independencia de que  el Pleno del Ayuntamiento de Alcalá haya regulado en su ROM la retribución de sus Concejales y demás personal mediante referencias a los sueldos del personal de la Comunidad de Madrid porque así les ha parecido oportuno o se lo ha recomendado la propia Comunidad, lo cierto es que lo que no se entiende bien  por qué cuesta tanto modificar estas normas que aprueba el propio Pleno, ni se entienden ciertamente las consideraciones relativas a que mejor esperar a que entre en vigor el Proyecto de Ley de Transparencia, que acaba de aparecer por la puerta del Congreso y cuya disposición final 6ª prevé que “las Leyes de Presupuestos Generales del Estado de cada año fijen el baremo al que habrán de ajustarse las retribuciones de los miembros de los órganos de gobierno de las Entidades Locales atendiendo al tipo de entidad local de que se trate, así como a criterios objetivos de población, circunstancias socio-económicas del entorno y otras circunstancias de carácter administrativo”.

 

Me pregunto sinceramente si en el camino de ida para subir sus retribuciones  tardaron tanto.

 

Y ya puestos, no está de más recordar que la propia LBRL contempla varias posibilidades para remunerar a los miembros de las Corporaciones Locales (incluidas Diputaciones) de manera que que no hace falta que salgan tan caros, ya que según su art.75 LBRL pueden tener concejales a tiempo total, a tiempo parcial (sin exclusividad) o simplemente concejales que acuden a reuniones y cobran por ello (dietas) Merece la pena leer el artículo completo, sobre todo por lo mucho que se aleja la teoría de la realidad. Mención especial merece el apartado 4 relativo a las indemnizaciones por gastos efectivos ocasionados en el ejercicio de su cargo según las normas generales de las Administraciones Públicas (aquí es donde vienen las tarjetas corporativas, taxis, comidas, etc, etc) y el apartado 5 relativo a la publicidad de estos acuerdos sobre retribuciones y a sus límites (porque alguno se supone tendría que haber).

 

Efectivamente, las Corporaciones locales consignarán en sus presupuestos las retribuciones, indemnizaciones y asistencias  dentro de los límites que con carácter general se establezcan, en su caso.

 

Así que, de entrada, no hay límites. En la misma línea, el art.13 del Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las Entidades locales que en su párrafo 4 dispone que: “ El Pleno corporativo, a propuesta del Presidente, determinará, dentro de la consignación global contenida a tal fin en el presupuesto, la relación de cargos de la Corporación que podrán desempeñarse en régimen de dedicación exclusiva y, por tanto, con derecho a retribución, así como las cuantías que correspondan a cada uno de ellos en atención a su grado de responsabilidad.”

 

En el caso concreto de Alcalá de Henares, las retribuciones se encuentran fijadas en el art.13 de su Reglamento Orgánico Municipal (que tiene nada menos que 250 preceptos, dicho sea de paso)   por referencia a las de la Comunidad Autónoma de Madrid de manera que el alcalde cobra igual que un Consejero, y el resto en función de los cargos unos porcentajes de dicha retribución.

 

La LBRL recuerda además, en cuanto a la transparencia, que “deberán publicarse íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia y fijarse en el tablón de anuncios de la Corporación los acuerdos plenarios referentes a retribuciones de los cargos con dedicación exclusiva y parcial y régimen de dedicación de estos últimos, indemnizaciones y asistencias, así como los acuerdos del Presidente de la Corporación determinando los miembros de la misma que realizarán sus funciones en régimen de dedicación exclusiva o parcial”

 

Creo que la frase destacada  en negrita y esta pequeña historia normativa nos aclara muchas cosas sobre como han funcionado las Entidades Locales en España en materia de retribuciones y sobre la asombrosa disparidad reinante. Básicamente, ellos se fijan el sueldo como tienen por oportuno, y no resulta sorprendente que consideren que merecen un sueldo importante por el desempeño de sus funciones. Todo ello, me imagino, es mérito de la famosa autonomía local que como la universitaria o la autonómica ha producido resultados esperpénticos. Si creen que exagero, echen un vistazo a la web sueldospúblicos.es.

 

Por último, y para que no haya sustos, es conveniente elegir el Interventor a dedo, siempre según estas noticias 

 

Eso sí, el que se atreva oponerse a este interesante sistema de autorretribución con cargo a los contribuyentes, ya sabe lo que le espera.

http://www.youtube.com/watch?v=nyOtjisVFT0

 

¿Hay solución? Pues parece que sí. Se pueden hacer las cosas de otra forma como explicamos aquí.  Y la pregunta del millón ¿Por qué los alcaldes tienen que ser políticos? o más exactamente ¿Por qué las entidades locales tienen que reproducir en pequeño una especie de Comunidad Autónoma o incluso de Estado? ¿Por qué tienen que tienen que tener un Alcalde que salvando las distancias, se parece a un Presidente del Gobierno y un Pleno que se parece a un Parlamento? ¿Cuales son las funciones de los municipios? Porque para administrar bien una ciudad no parece esencial hacer política, la verdad. O por lo menos es las pequeñas y medianas. Y no digo ya en municipios pequeños.  Es más, el componente político se acaba introduciendo hasta en la gestión de las basuras y en la necesidad de rentabilizar electoralmente todo, de forma que al final las poblaciones acaban con tranvías imposibles, centros culturales cerrados, o macroproyectos abandonados. En definitiva, con  despilfarro y a la mala gestión, en el mejor de los casos, y al clientelismo y  la corrupción en el peor. Si chequean la lista de imputados de todos los partidos verán la cantidad de cargos locales que hay.

 

Y resulta que nos comenta Jesús Fernandez Villaverde que en USA esto de tener alcaldes gestores no políticos  es de lo más normal… de hecho es lo que hay en su pueblo Lower Merion  que compara (favorablemente) en su ya famosa charla en ICADE  con Majadahonda en cuya web, lo primero que salta a la vista es la imagen de  su alcalde, que por lo menos no está imputado. Porque recordemos que algún ex alcalde de Majadahonda, y de otros ayuntamientos importantes de Madrid,  están imputados en la trama Gurtel.  En fín, si no tenemos tener gestores profesionales en vez de alcaldes políticos, por lo menos aspiremos a tener políticos que se comporten como buenos gestores, o elijamos a  buenos gestores para alcaldes.

Artículo de la editora Elisa de la Nuez, en El Mundo: El Estado de papel.

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Ha sido muy comentado, y también injustamente atacado, el artículo que nuestra Coeditora Elisa de la Nuez publicó ayer en el mundo. A veces parece que hemos llegado a tal grado de degradación que se llega a considerar una provocación el que se pida que se apliquen las normas legales previstas. Este Blog está inspirado en la defensa del Estado de derecho, hoy sometido a tantos ataques y lleno de carencias. Nos parece, por tanto, que es muy pertinente la reproducción de ese estupendo artículo en este Blog para ayudar a su difusión, y estimular un debate que ya es más que necesario.

 

EL ESTADO DE PAPEL

 

Escucho con cierto estupor a la Vicepresidenta del Gobierno de España, que ha hecho la misma oposición que yo, responder confiadamente ante el desafío de promover un referéndum ilegal sobre la autodeterminación de Cataluña promovido por un Gobierno regional democráticamente elegido -para iniciar algo así como un proceso de “secesión a la carta” que puede terminar en un Estado libre asociado, en una ley a lo Quebec o en un nuevo Estado de la Unión Europea  según los días- que no hay ningún problema porque el Estado de Derecho tiene medios de sobra para impedirlo y el Gobierno se va a animar a usarlos. Esto último, sobre todo, es bastante novedoso, habida cuenta de que realmente el Gobierno (éste y los anteriores) se han animado bastante poco.  Ahí está el nunca utilizado art.155 de la Constitución que nos recuerda  que si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras Leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.

 

Pero sin llegar a la aplicación de este precepto, al que al parecer nuestra clase política tiene alergia, se nos dice que no nos preocupemos porque  el Tribunal Constitucional va a suspender sin duda la convocatoria de referéndum ilegal o de la Ley de Consultas que le de cobertura, al amparo, me imagino, del art.161.2 de la Constitución.  La verdad es que la sensación de “deja vu” es muy intensa, porque es más o menos lo mismo que se dijo en 2008 con el Gobierno del PSOE (entonces era Vicepresidenta María Teresa de la Vega) con la propuesta de consulta igualmente ilegal del entonces lehendakari Ibarretxe. Como es sabido, la consulta finalmente no se realizó. Enorme tranquilidad y aquí no ha pasado nada. Como dirían nuestros gobernantes “el Estado de Derecho ha funcionado”.

 

¿O no? Porque en el caso que nos ocupa la pregunta del millón sería ¿qué ocurre si el Gobierno catalán, aún con la suspensión del Tribunal Constitucional, decide seguir adelante, como ya está anunciando CIU si gana las elecciones o más bien para ganarlas? Porque ese es el quid de la cuestión. Habida cuenta de que ya hace bastantes años que los Gobiernos autonómicos – y no sólo los catalanes, dicho sea de paso- incumplen más o menos disimuladamente las sentencias de los Tribunales que no les gustan (por ejemplo, la jurisprudencia del Tribunal Supremo en materia del castellano como lengua vehicular de la enseñanza en Cataluña) sin que ocurra absolutamente nada, la tentación de hacer lo mismo en una cuestión tan fundamental para el nacionalismo como es la soñada independencia va a ser muy grande. Al fin y al cabo siempre les ha salido gratis, tanto jurídica como políticamente.

 

Porque, volviendo a las medidas jurídicas, el problema real es que si las sentencias de los Tribunales (que son de obligado cumplimiento una vez firmes, según el art.118 de la Constitución) no se cumplen voluntariamente, como pudiera ocurrir, resulta que hay que imponerlas. A veces por la fuerza si es necesario. Así lo prevé nuestro ordenamiento jurídico, y no hay que escandalizarse por ello, lo hacen todos los ordenamientos jurídicos democráticos. Sin este último recurso a la fuerza el Estado democrático de Derecho se queda inerme.

 

Así que en el caso de un referéndum ilegal (o de una Ley de Consultas previa) que hubiera sido suspendido por el Tribunal Constitucional tendríamos una resolución judicial firme que es de obligado cumplimiento. Y si no se cumple por las buenas, pues toca  hacerla cumplir. Es decir, que si no se suspendiera la convocatoria voluntariamente, habría que impedir su celebración. Y a lo mejor para hacerlo no hay más remedio que mandar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a retirar las urnas. No sé si cuando la Vicepresidenta habla de “todas las medidas del Estado de Derecho” está pensando en algo así, la verdad, pero lo que es importante destacar es que el uso de la fuerza -monopolizada por el Estado- forma parte, como “última ratio” de la existencia de un Estado de Derecho.  Sin necesidad de entrar aquí en análisis de teoría política del Estado que nos llevarían demasiado lejos, esta es precisamente la gran conquista de los Estados democráticos modernos, el monopolio de la fuerza al servicio del cumplimiento de las leyes vigentes, empezando por la primera de ellas, la Constitución. Es decir,  una vez que los Tribunales de Justicia (en este caso el Tribunal Constitucional) deciden sobre la legalidad o ilegalidad (constitucionalidad o inconstitucionalidad) de una determinada norma o decisión, hay que imponer el cumplimiento de esta resolución porque eso es, precisamente, lo que exige democracia madura.

 

Evidentemente, acudir a esta “ultima ratio”  supone reconocer la existencia de un fracaso político de enormes proporciones. No solo porque el art.2 de nuestra Constitución recuerda que “se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas”  sino porque si hemos llegado a este punto es que tenemos Gobiernos autonómicos legítimamente elegidos dispuestos a saltarse el marco legal y competencial a la torera.  Gobiernos que no se resignan a intentar modificarlo por los procedimientos que se establezcan por complejos y costosos que sean, yendo “de la ley a la ley”  como hasta fueron capaces de hacer las Cortes franquistas. Con la finalidad de conseguir la reforma constitucional que necesitarían, con Estado federal y reconocimiento de “claúsula de salida” tipo Quebec incluida, si es lo que desean. Pero siguiendo los cauces formales establecidos o que puedan establecerse, que lejos de ser minucias jurídicas son la única garantía que tenemos todos de que se respete la democracia, pero la de verdad.

 

Considero que los catalanes tienen todo el derecho a expresar su voluntad sobre su deseo de permanecer o no en este modelo de Estado o en cualquier otro, faltaría más, pero no como les de la gana. Pueden hacerlo a través de los cauces legalmente previstos, y si no los hay o son insuficientes, habrá que establecerlos. Si no, sencillamente lo que ocurre es que esa voluntad por muy gritona que resulte no se puede reconocer como tal, ni por el Estado español ni por la Unión Europea ni por la Comunidad internacional. Expresada fuera del Derecho esta voluntad resulta difícil de distinguir de otros fenómenos que puedan ir en la misma dirección, como las manifestaciones masivas, las embajadas, la “ingeniería social”,  las declaraciones de los líderes o la simple fuerza de los hechos consumados .

 

Para garantizar, entre otras cosas, que la voluntad de los catalanes, como la del resto de los españoles,  se expresa de forma reconocible entre los países civilizados y las democracias, incluida la española, es por lo que si es preciso,  habrá que usar la fuerza legítima para impedir consultas ilegales. Y para que no terminemos viviendo en un Estado de papel que vale poco más que el papel en que está impresa su Constitución.

 

 

Los imputados aforados: una explicación racional del apego al escaño

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Mucha gente se pregunta la causa de por qué todos los imputados de los distintos partidos, y hay ya unos cuantos (solo en el Parlamento de las Cortes Valencianas los diputados del PP suman el increíble número de diez, ya que nada menos que la alcaldesa de Alicante y diputada autonómica Sonia Castedo acaba de sumarse a la lista), siguen en sus puestos. Como mucho se consigue, si hay mucha presión mediática, y se vende como gran logro, que algunos dimitan de sus cargos en el partido o que se les cese en sus cargos de dirección en el Parlamento de turno, pero ninguno prescinde de su condición de diputado. Y ya se sabe que, como el acta es personal e intrasferible (a pesar de que se haya sido elegido en unas listas cerradas y bloqueadas elaboradas por la cúpula del partido, sin que muchas veces los electores conozcan de nada al electo), si el diputado imputado quiere quedarse sentado en su escaño no hay nada que hacer. Eso incluso en el caso de que el partido le diga algo, cosa que tampoco suele hacer, para qué nos vamos a engañar, pese a todos esos códigos éticos que tienen.

 

A mi juicio y más allá de las explicaciones habituales políticamente correctas (ya saben, las que se refieren a la presunción de inocencia que hay que mantener a todo trance cuando de políticos se trata, la persecución política de los del partido contrario, la politización de los jueces, los juicios paralelos en la prensa,  etc, etc)  existen explicaciones jurídicas que me parecen bastante relevantes para no abandonar el escaño (o el cargo) y que son de las que aquí me quiero ocupar. Tampoco es este el sitio para tratar por extenso de la causa última de que haya tanto imputado en los partidos políticos sobre todo en los niveles local y regional  (por cierto, he encontrado en una web una lista de políticos imputados la tienen aquí) que es, a mi juicio,el modelo caciquil que campa a sus anchas por la mayor parte de la geografía española y en el que de hecho se basan en gran parte las estructuras regionales de los grandes partidos. Más que nada, porque de esta tradicional lacra española ya han escrito muchos pensadores ilustres desde el siglo XIX (Joaquín Costa) hasta el siglo XXI (Alejandro Nieto, cuyo último libro “El desgobierno de lo público” recomiendo, aunque advierto que su lectura resulta desoladora). Pero si creen que exagero, vean el perfil del siete veces ConsellerRafael Blasco, que ha pasado por PSOE y PP y ha sido recientemente imputado.

 

Tampoco voy a hablar aquí de la enorme responsabilidad que tienen los electores que votan a partidos que llevan a imputados en sus listas, puesto que con este voto anómalo desaparece el único incentivo que los partidos tienen para deshacerse de ellos, a saber, que llevarlos en las listas les pueda costar muchos votos, o incluso la pérdida de las elecciones. Pero conviene no olvidarlo.

 

Centrándonos en el tema jurídico, la situación de imputado supone jurídicamente, como ya recordé en su momento, en un artículo que se publicó en el Mundo hace ya dos años (sin que las cosas hayan mejorado un ápice desde entonces, por cierto) que se inicia un momento procesal clave a partir del cual el imputado dispone de todas las garantías que la Ley de Enjuiciamiento Criminal otorga para salvaguardar su derecho a la defensa. A partir de la imputación conviene defenderse, y defenderse bien. Desde el punto de vista constitucional, el imputado tiene los derechos y garantías reconocidos en el artículo 24 CE a todos los ciudadanos, es decir, el derecho al juez predeterminado por la ley (que en su caso es el que corresponda por razón del aforamiento especial contenido en la LOPJ), a la defensa y a la asistencia de abogado, a ser informado de la acusación que contra él se formula, a un proceso sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a no declarar contra sí mismo, a no confesarse culpable de los hechos imputados y a la presunción de inocencia.

 

Además, y como es sabido, los aforado disponen de garantías adicionales a las del común de los mortales, en cuyo origen histórico tampoco nos detendremos aquí, aunque les podemos asegurar que tenían poco que ver con tramas de corrupción como el caso Gurtel, el caso Brugal, el Pokemon, el caso Blanco, el caso Palau o cualquier otro que se les venga a la mente.

 

Pero ¿Quiénes son los aforados en Derecho Español? Porque uno puede preguntarse, por ejemplo, por qué es aforada la Alcaldesa de Alicante. Pues bien, en nuestro ordenamiento jurídico, lo mismo que han proliferado las leyes o los organismos públicos como setas, también han proliferado los aforados como setas. Particularmente los Estatutos de Autonomía han sido muy generosos con diputados autonómicos, sus Gobiernos y sus cargos electos, y algunos han ido bastante más allá, ya puestos.

 

Por empezar por donde se debe, la Constitución española  reconoce el aforamiento en su art.71.2 a los Diputados y Senadores, que además gozan de inmunidad parlamentaria durante su periodo de mandato y que solo pueden ser detenidos en caso de flagrante delito, sin que puedan ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva (sobre la distinción entre los conceptos de aforamiento e inmunidad parlamentaria puede consultarse la  STC 243/1988 de 19 de diciembre). En todo caso, en la práctica, la necesidad de solicitar un suplicatorio por parte del Tribunal para proceder contra un diputado o un senador nacional (no es así para los autonómicos) supone una importante protección adicional por lo que no es de extrañar que, prescindiendo de otras consideraciones, imputados tan conocidos como el ex Ministro José Blanco se presenten en las listas para renovar el escaño.

 

Por su parte el art.102 señala que la responsabilidad criminal del Presidente y los demás miembros del Gobierno será exigible, en su caso, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo aunque aquí no hay autorización previa, aunque si se especifica que si la  acusación fuere por traición o por cualquier delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones, solo se podrá plantear por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del Congreso, y con la aprobación de la mayoría absoluta del mismo. En fin, casos que entonces preocupaban a nuestros constituyentes pero que claramente se quedan muy lejos de los que hoy podrían producirse y de los que preocupan a la opinión pública.

 

Por otra parte, en todos estos casos  será competente para conocer de estas causas la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Esto es importante porque no es el Juez que ordinariamente les correspondería a estas personas si hubiesen sido imputadas no ostentando dicha condición. De ahí que mantener el cargo que da lugar al aforamiento es necesario para ser juzgado por Tribunal distinto y superior al que correspondería normalmente, que es el Juez del lugar donde se hubiera cometido el delito, salvo en algunos casos (por ejemplo, violencia de género).

 

Además,  son también aforados ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo los enumerados en el art.57.1 párrafo 2º de la LOPJ que son (además de los ya citados) el Presidente del TS, Presidente del Tribunal Constitucional, vocales del CGPJ, Magistrados del TC y del TS, Presidente de la AN y de sus Salas, Presidentes de los TSJ, Fiscal General del Estado, Fiscales de Sala del TS, Presidente y Consejeros del Tribunal de Cuentas, Presidente y Consejeros del Consejo de Estado y Defensor del Pueblo, Magistrados de la AN o de un TSJ. Más aquellos supuestos que contemplen los Estatutos de Autonomia.

 

Y aquí esta el quid de la cuestión de la extensión del aforamiento, porque por supuesto los Estatutos de Autonomía han declarado aforados a todos sus parlamentarios, Gobiernos, Defensores del Pueblo, e incluso en algunos casos a sus adjuntos, como ocurre con el Estatuto de Autonomía de Andalucía.Solo que esta vez el órgano judicial competente es el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma correspondiente, en concreto su Sala de lo Civil y Penal. Que también conoce de las causas penales contra jueces, magistrados y miembros del Ministerio Fiscal por delitos y faltas cometidos en el ejercicio de su cargo en dicha Comunidad, salvo que corresponda al Tribunal Supremo, de conformidad con el art.73 de la LOPJ

 

Teóricamente el encomendar el enjuiciamiento de personas que ostentan poder y cargos públicos relevantes a un órgano colegiado de carácter superior debería –siempre sobre el papel- garantizar mejor la independencia del órgano en cuestión. Sin embargo, como suele ocurrir en España, la teoría y la práctica no siempre concuerdan. De hecho, si nos fijamos en que el Presidente de la Sala de lo Civil y lo Penal de los Tribunales Superiores de Justicia es el Presidente del TSJ, que es designado por el CGPJ, y que uno de los otros dos Vocales que la forman, o dos de entre cuatro, es designado entre una terna que le presenta la Asamblea legislativa de la Comunidad Autonóma correspondiente al CGPJ entre “juristas de reconocido prestigio” y cotejamos esta información (que da el CGPJ por cada uno de los TSJ ya que no siempre es exactamente igual ni el número de Vocales ni la forma de elección.

 

Si a esto le añadimos la conocida politización del CGPJ nos explicaremos los rifirrafes que saltan de vez en cuando a la prensa en torno al nombramiento de vacantes en estas Salas “clave” (acuérdense del caso Camps y de la Presidencia del TS J de Valencia)  Todo esto, sin dudar de la profesionalidad y el buen hacer de muchos Magistrados que se resisten a las presiones de todo tipo, como demuestra precisamente la existencia de tantos imputados aforados. Pero no debe de ser fácil ni cómodo. Esto es lo que tiene la famosa “proximidad” de la Justicia en el caso de  imputados aforados, que te los acabas encontrando todo el rato, especialmente si hay muchos aforados y la Comunidad no es muy grande.

 

En cualquier caso, parece claro que mientras se ocupe el escaño se defiende uno mejor, tanto frente al Tribunal como frente al partido en cuyas listas se ha sido elegido. Aunque si uno es el cacique local tampoco le va mal sin aforamientos, que se lo digan al sr. Fabra.

 

 

Qué hacer para superar la crisis institucional si no podemos confiar en Europa ni en el 25S

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El 4 de Agosto de 1789 la Asamblea Constituyente francesa aprobó suprimir por ley las servidumbres personales, los diezmos y las justicias señoriales. Se había instaurando la igualdad ante los impuestos, las penas y en el acceso a los cargos públicos. En esa noche del 4 de Agosto se habían abolido los privilegios de los nobles y el clero. Habían bastado unas horas para abolir el modelo feudal, pero había sido necesario más de un siglo para que los principios de la Ilustración se difundiesen en todos los estratos de la sociedad, y pudiese cuestionarse abiertamente el poder absoluto de monarquía, nobleza e iglesia.

 

Todo proceso de cambio de un sistema político en el que unos pocos se benefician de privilegios a costa del interés general guarda cierto paralelismo. Sin ánimo de comparar el período anterior a la revolución francesa con la actual situación en España, sí parece interesante incidir en la dificultad que afrontan los españoles en su intento de superar el modelo político e institucional instaurado con la aprobación de la constitución de 1978. Siguiendo con el paralelismo, la multitud que se congregó alrededor del Palacio de Versalles el 13 de julio de 1789 en un ambiente de revolución previo a la toma de la Bastilla, bien podría compararse con la que los pasados 25 y 30 de Septiembre se dieron cita alrededor del Congreso en Madrid.

 

A lo largo de los últimos dos años, la opinión sobre la profunda crisis institucional que asola España se ha ido extendiendo, y de los tímidos artículos iniciales que cuestionaban el excesivo poder de los partidos políticos, o el fracasado modelo autonómico, hemos pasado a un panorama en que todos los días se suceden las opiniones, cada vez más explícitas, que piden una  profunda reforma de las instituciones y del modelo de partidos políticos.

 

Como expusimos en este post, publicado el pasado mes de Julio, el mayor desafío al que nos enfrentamos se centra en como superar la ocupación por parte de los partidos políticos de todos los espacios de poder en todas las instituciones españolas. Hoy los partidos políticos se han convertido en la “nobleza” del siglo XXI en España, acaparando privilegios y prebendas.

 

No negaré que “algo” hemos avanzado desde la situación política en el siglo XVIII, pero las expectativas creadas con la llegada de la democracia a España no merecían este desenlace tan burdo. Esta nueva “nobleza”, acapara cargos públicos, distribuye favores, alienta el despilfarro y consiente, “cuando menos”, la corrupción. Esta nueva nobleza intenta blindarse con un creciente control de la Justicia, y un siempre interesado control de los medios públicos. Cuando creíamos que habíamos superado la España de los caciques del siglo XIX y  principios del siglo XX, el modelo autonómico ha recuperado no pocos de esos antiguos vicios.

 

En el diagnóstico de las causas de esta situación hemos logrado alcanzar un amplio acuerdo: un sistema electoral que otorga un excesivo poder a los partidos políticos, un modelo de organización territorial fracasado y una administración hipertrofiada. El proceso de análisis y difusión de estos problemas continúan en periódicos, blogs y medios de difusión, pero muchos querríamos que esta reflexión se concretase en alguna acción. Pasar de las musas al teatro no es sencillo.

 

La reacción de los partidos políticos mayoritarios no parece muy esperanzadora. En gran media, muchas de las medidas adoptadas y etiquetadas como reformas de la administración, parecen poco más que parches dirigidos a aplacar con cambios cosméticos las crecientes demandas de los ciudadanos. La reforma electoral no ha entrado en el debate político de los partidos mayoritarios, y la reforma de la organización territorial solo se ha asomado tras el estallido del problema catalán. Los privilegios de los políticos prevalecen, y los problemas de base nunca encuentran el momento de abordarse.

 

No seré yo quien abogue por una solución “revolucionaria” de incierto final y de la que suelen sacar partido los oportunistas. Los movimientos sociales en la calle se vuelven fácilmente manipulables, y los que intentan mantenerse alejados de los partidos políticos, con el 15M como principal exponente, ofrecen soluciones que no superan el nivel de realismo de las escuchadas en las asambleas universitarias.

 

Parece claro que la mayoría buscamos una solución desde el propio sistema democrático del que hoy disfrutamos. Cualquier solución debería abordar tres ejes básicos:

(1)    La reforma de la ley electoral para buscar una mayor dependencia de los políticos de aquellos ciudadanos que los eligen, y una menor dependencia de los partidos políticos por cuyas listas se presentan. La combinación de un sistema mayoritario en circunscripciones uninominales, que acerquen los diputados a los electores, y un sistema proporcional con una única circunscripción nacional, permitiría limitar el poder de los partidos políticos, y reducir la tendencia al bipartidismo. Es interesante recordar que el sistema mayoritario, bien a vuelta simple, o a doble vuelta, es el utilizado en la mayoría de los países anglosajones, y en Francia.

(2)    Una profunda revisión de la administración con una importante reducción de su tamaño a todos los niveles, el reconocimiento de la transparencia en su funcionamiento como un derecho básico de los ciudadanos, y el restablecimiento de controles en su funcionamiento que destierren la pesadilla de la corrupción.

(3)    Una reforma constitucional para revisar el Título VIII de la organización territorial del estado, abordando una clarificación de las competencias y el modelo de financiación, avanzando hacia el único modelo que parece realista hoy en día, un modelo federal.

 

Si esta reforma tiene que abordarse desde el propio sistema, el único camino parece convencer a los partidos políticos de que solo obtendrán el respaldo de los ciudadanos si incorporan este tipo de reformas en sus programas. No parece una tarea sencilla, si pensamos que la base de la reforma es la reducción del poder de los partidos políticos, y que una reforma constitucional requiere del apoyo de dos tercios de la cámara.

 

Muchos parecen esperar que esta reforma, en su totalidad, o al menos en lo que se refiere a la profunda reducción del tamaño de nuestras Administraciones Públicas, se imponga como parte de la condicionalidad del rescate económico a España. Yo en este punto no soy optimista. Se podrán imponer condiciones económicas, pero parece poco probable que Europa nos imponga condiciones políticas. Es posible que condicionalidad lleve a forzar una reducción del coste de la administración, pero probablemente el modelo elegido por nuestros políticos no sea el que aconseja la racionalización del sistema, sino aquel que permita mantener una mayor estructura de poder.

 

Las esperanzas de muchos de nosotros están depositadas en el convencimiento de que será imposible superar la actual crisis económica sin antes haber superado también la crisis institucional. Somos muchos los que creemos que difícilmente España podrá superar la actual crisis económica si se mantiene el lastre de una administración hipertrofiada y una organización territorial fracasada. Pero esta opinión, o este deseo, podría no tener fundamento. España podría superar la crisis con un déficit controlado sobre la base de la subida de los impuestos y el recorte de los servicios públicos, siempre que se den condiciones favorables en un entorno internacional que vuelva a recuperar la senda del crecimiento. A estas horas me debato entre clasificar a este escenario como positivo o negativo para España. Probablemente si ello sucediera, sería difícil que volvieran a darse en un futuro próximo la oportunidad que proporciona la actual crisis para abordar la profunda reforma de la administración y del modelo institucional que España precisa. España podría volver a crecer económicamente, pero sus instituciones volverían a estar ancladas en los vicios más oscuros de nuestra historia reciente.

 

Nos queda seguir denunciando los excesos del poder político en blogs como éste, proponiendo soluciones, y apoyando todas aquellas iniciativas que puedan forzar a los partidos políticos a la profunda revisión de nuestras instituciones, que puedan volver a poner a España en la senda de la modernidad, y abandonar definitivamente los fantasmas de caciquismo y corrupción que han asolado nuestra historia. Preferimos las soluciones democráticas a la revolución, pero debemos convencernos que nadie de fuera podrá ayudarnos a regenerar nuestro país, si no lo hacemos nosotros mismos.

 

 

 

 

Algunos apuntes no jurídicos sobre la cuestión catalana.

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La cuestión catalana resurge con fuerza como otro factor de la gravísima crisis institucional que atravesamos y uno no puede sino asombrase por la capacidad autodestructiva de la que, a veces, hacemos gala. Seguramente este proceso será objeto de estudio por las universidades del futuro como un ejemplo exitoso de ingeniería social.

 

Y ello a pesar de que la integración entre lo catalán y lo español ha sido durante siglos una realidad tan obvia que sin conocer la evolución de los últimos años resultaría inexplicable que pueda haberse conseguido manipular y alterar la realidad en la forma en la que los nacionalistas lo han hecho. Máxime si tenemos en cuenta el peso demográfico que en Cataluña tienen los descendientes de los emigrantes llegados desde otros puntos de España durante la segunda mitad del siglo veinte y la participación determinante que han tenido los catalanes en el desarrollo económico y social de España y su influencia en la consolidación de una verdadera clase media. Una modesta anécdota familiar podría bastar para explicar, a mi modo de ver, la manera en la que lo catalán está inmerso en lo español.

 

Desde finales del siglo XVIII y hasta mediados del XIX, se produjo en Galicia un importante flujo de inmigración de capitanes, mercaderes, industriales y artesanos catalanes, que ya desde la época de Cornide ha sido tratado por diversos historiadores que han llegado a cifrarla en unas 15.000 personas y a los que se denomina genéricamente “fomentadores catalanes”. Allí, no sin cierta resistencia inicial de las fuerzas vivas (lo que diera lugar a numerosos pleitos) y haciendo honor a su fama de industriosos y trabajadores, introdujeron nuevas artes de pesca e incorporaron técnicas industriales para conservar la sardina lo que abrió la posibilidad de entrar en nuevos mercados y supuso un notable impulso a la pesca gallega al tiempo que trastocaba la estructura social de la región, favoreciendo la aparición de un nuevo tipo de burguesía.

 

Entre estos inmigrantes catalanes se encontraban los antepasados directos de mi abuela Celia Vidal. Sus descendientes se asentaron allí y sucesivamente participaron en la sociedad gallega y española. Así, algunas generaciones más tarde, mi tatarabuelo Manuel Vidal Boullosa fue un próspero empresario que promovió obra pública y privada en Galicia y, entre otras iniciativas, participó en 1900 en la sociedad que promovió la construcción de una de las primeras fábricas de luz de Galicia. Por su parte, mi bisabuelo, Manuel Vidal Valente, accedió a la Administración civil como funcionario del Cuerpo General de Administración de Hacienda Pública, donde, ya en Madrid, llegó a ser Jefe de Personal del Ministerio de Hacienda y vocal del entonces recién creado Tribunal Económico Administrativo Central, iniciando una tradición de abogados y funcionarios públicos que continuaron su hijo Atilano Vidal Adán, registrador de la propiedad, su nieto Manuel Vidal Estévez, mi padre José Mª Pérez Vidal y que, aunque ya se haya perdido el apellido, continúa conmigo.

 

El resultado es una familia española de clase media como tantas otras con múltiples orígenes, gallegos, leoneses, asturianos, catalanes…, a la que cada vez le cuesta más entender la deriva secesionista que, a buen seguro, solo beneficiará a unos pocos si llega a consumarse.

 

Sin embargo, no nos queda sino reconocer que los últimos acontecimientos han roto todos los tabúes que restaban por saltar acerca de una posible secesión catalana. Es imposible ignorar las masas congregadas en la pasada celebración de la Diada pidiendo la independencia, ni el nuevo chantaje del Presidente Más reclamando un régimen fiscal inaceptable para el resto de las regiones españolas.

 

Ahora, prestigiosos economistas presentan informes calculando los costes y beneficios que tendría tal secesión y catedráticos en distintas áreas del Derecho (constitucional, administrativo, internacional público), valoran las posibles vías jurídicas para articular este proceso. Pero aunque casi todos los análisis advierten que el resultado sería una enorme pérdida para todo el mundo, excepto para algunos privilegiados miembros de la oligarquía económica y política catalana; solo unos pocos plantean alternativas para una continuidad nacional en un régimen de igualdad, que pasan desde algunas posturas tan razonables como la adopción de una ley como la canadiense, bien resumida en los artículos de Fernando Rodriguez Prieto, a otras tan radicales como difíciles de llevar a la práctica, como pudiera ser una imposición por la fuerza militar de la legalidad vigente en Cataluña.

 

En cualquier caso, lo que resulta evidente es que estamos en medio de un Rubicón, en el que si no remamos todos en la misma dirección –incluidos los catalanes-, llegado cierto punto puede no haber marcha atrás. La historia nos enseña que este tipo de dinámicas autodestructivas, una vez que se inician es difícil prever como terminan y la deriva nacionalista y la eventual secesión de Cataluña podría llegar a suponer también un peligro real para la continuidad de nuestro actual sistema constitucional en el resto de la Nación. S.M. el Rey, tal vez consciente de esta amenaza, ya ha expuesto su posición rotunda por la unidad y la concordia en la carta que ha publicado en su página web.

 

España y la Europa de la que formamos parte, se encuentran en medio de una crisis tanto económica como institucional en la que la cooperación leal entre todos es imprescindible para poder superarla. Pero cuando la lealtad solo alcanza hasta donde llega la conveniencia, entonces no merece tal nombre, y la elección por los nacionalistas de este preciso momento para profundizar en su aspiración independentista es percibida por muchos –dentro y fuera de nuestras fronteras- como una profunda deslealtad de los dirigentes catalanes que recuerda a otras anteriores como la tan bien reflejada por J.H. Elliot en su obra “La rebelión de los catalanes: un estudio sobre la decadencia de España (1598-1640)”.

 

Entonces, como recuerda Elliot, al final de la guerra de los treinta años, la monarquía hispánica se encontraba al límite de su resistencia económica, las guerras europeas comenzaron a amenazar las propias fronteras de la península y en 1638 los franceses del cardenal Richelieu sitiaron Fuenterrabía. En ese momento, sobre la base de la proclamada Unión de Armas, gente de todos los dominios peninsulares de Felipe IV acudieron en ayuda de dicha población vasca, aprobándose en las respectivas Cortes las correspondientes levas excepto en Cataluña, cuyas Cortes rechazaron repetidamente aportar hombres para ninguna campaña. Incluso cuando en 1640 los franceses probaron a atacar la propia Cataluña, tampoco se alistaron tropas locales para la defensa, lo que obligó a traer soldados reclutados en otros lugares, tropas que al no ser adecuadamente mantenidas por la autoridades tuvieron que buscarse el sustento sobre el terreno, lo que dio origen a los roces y desmanes que prendieron en un descontento popular latente, redundaron en la celebre insurrección de los “segadors”, tuvieron su punto culminante con el célebre Corpus de sangre, el asesinato del Virrey de Cataluña y, por último, en la traición de las Cortes catalanas que, tras una efímera república de siete días juraron lealtad al enemigo, el Rey de Francia, provocando una guerra que asolaría el norte de Aragón y la propia Cataluña.

 

Sin embargo, aun ahora y a pesar de todo, la mayoría no terminamos de entender como, después de una andadura tan exitosa como la que hemos compartido juntos durante los últimos tiempos, puede haber quienes prefieran restar a seguir sumando. Lo que hemos conseguido en el plano de las libertades, del bienestar social, del orden público y en tantas otras áreas del saber, la cultura etc…, difícilmente lo hubiera conseguido Cataluña por separado. Basta contemplar en que se ha quedado Portugal a pesar que al independizarse disponía de las riquezas de todo un imperio colonial. España es lo que es, en lo bueno y en lo malo, por la conjunción de todas sus partes y viendo lo que hay por esos mundos, podemos estar orgullosos de lo conseguido hasta ahora, sin perjuicio de que todo podría ser manifiestamente mejorado.

 

Pero efectivamente, la rivalidad y los agravios recíprocos -unas veces reales, otras ficticios- nos han llevado a tal punto que si no hacemos pronto algo que lo remedie, la “fatiga mutua” en esta convivencia de la que hablaba el Presidente de la Generalitat en su anterior visita a Madrid, puede que comience a ser real y que cada vez sea mayor el número de españoles residentes fuera de Cataluña que duden acerca de la bondad de mantener una unión tan complicada.

 

Llegados a ese extremo, que nadie se llame a engaño. Si la ruptura se llegara  producir, Dios no lo quiera, aunque sea en los mejores términos, dejaremos de ser socios para ser competidores y en la correspondiente negociación habrá que regatear hasta la última peseta –nunca mejor dicho-, pues como dicen en las diversas tierras de mis mayores: “Roto el cesto, se acabó el parentesco” y “Amiguiños, moito, pero a vaquiña polo que vale”.

El negocio del conflicto de intereses en España

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A raíz del (no) escándalo suscitado por la publicación en la cadena Bloomberg de las actividades de la empresa Estudio Económico S.L,  (incluso en medios como “el País” poco sospechosos de complacencia con el Gobierno) y a la vista de la victoria de las tesis del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas en la crucial cuestión de la reforma energética   podemos hacernos  algunas reflexiones interesantes sobre el negocio del conflicto de intereses en España.

Recordemos que Equipo Económico S.L  es el despacho donde trabajan el hermano (Ricardo Montoro) y otros cercanos colaboradores del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristobal Montoro. Incluso algunas personas  del  equipo ministerial proceden de la empresa, como es el caso de la Subsecretaria del  Ministerio, aunque la web de la empresa no da mucha información sobre sus socios, seguramente porque no hace falta. El despacho Equipo Económico S.L denominado con anterioridad “Montoro y Asociados”  cambió su nombre cuando el Ministro se desvinculó formalmente de la empresa, al volver a la primera fila de la política nacional.

En cualquier caso no se trata en este post  de hacer periodismo de investigación, ni siquiera de decidir si jurídicamente puede existir un conflicto de intereses en el caso de la anunciada reforma del sector energético por el Ministro de Industria, que tanto puede afectar al sector de las energías renovables. 

Se trata, básicamente, de entender por qué este tipo de noticias, que producen tanto impacto (y daño) fuera de nuestras fronteras tiene tan poco dentro. En ese sentido, es llamativo observar que el interés periodístico se centra básicamente en la pugna política entre los ministros Soria y Montoro,  incluso llegando al nivel de lo que podríamos llamar “cotilleos” (conspiraciones internas, confidencias en los pasillos, luchas soterradas por el poder, etc, etc) más que en lo que, a mi juicio, es mucho más relevante, que es el de la posibilidad de que exista un conflicto de intereses que podría impedir que el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas del Gobierno de España estuviese en condiciones de velar adecuadamente por los intereses generales frente a los de alguna empresa o empresas en particular en un asunto de tantísima trascendencia para España como es la reforma del sector energético.

La empresa sevillana Abengoa líder en la producción de energía termosolar (las empresas a las que asesora Estudio Económico S.L no aparecen en su web contra lo que suele ser frecuente si los clientes son importantes) cuenta como Consejero con Ricardo Martinez-Rico, hermano del actual jefe de Gabinete del sr. Montoro, Felipe Martinez-Rico, que ha “sucedido” al hermano del Ministro Miguel Sebastián, Carlos Sebastián, en el Consejo de esta empresa desde febrero del año pasado. Todo queda, pues, entre hermanos. Pues bien, esta empresa pasa papeles (con membrete de la empresa) al Ministro de Industria, sr. Soria, con la intención, legítima, de influir en el proceso de reforma del sector energético en España, como me imagino que habrán hecho otras muchas empresas. Aunque siempre es recomendable ordenar este tipo de envíos, y recibirlos de la forma más formal y transparente posible, hasta ahí poco más se puede decir. Pero, siempre según esta noticia, lo extraño es que cuando estos mismos papeles llegan al Ministerio de Hacienda,  desaparezcan los membretes de la empresa y pasen a ostentar, por arte de birlibirloque, los del propio Ministerio. Eso sí que se llama convencer a los técnicos para que hagan suyos los argumentos de una empresa privada afectada por una posible regulación. O a lo mejor es que los papeles no han llegado precisamente a los técnicos y se han quedado en el Gabinete del sr. Montoro. Ciertamente difícil de saber, entre hermanos hay una confianza que seguramente borra los contornos entre lo privado y lo público. En cualquier caso, y sea cual sea la verdad, tampoco esta noticia parece haber suscitado mayores comentarios, más allá del habitual runrún y de las  voces que siempre en el anonimato y en privado manifiestan sus dudas sobre este tipo de conductas.

Vista la diferente reacción dentro de España y fuera ante este tipo de conductas, la conclusión parece muy sencilla: en España estas actuaciones que no son precisamente infrecuentes no importan o no preocupan mucho. Ni a los políticos, ni a las empresas, ni a los medios, ni a los ciudadanos. Probablemente porque también hay en España cada vez más gente, ex altos cargos incluidos, que hacen negocio del conflicto de intereses y por tanto, no sorprenden nada este tipo de noticias. Casi parece que escandalizarse es de ingenuos. Nuestro umbral de tolerancia, por así decirlo, al conflicto de intereses (como a otras muchas conductas dudosas, por lo demás) es inusualmente alto comparado con el de otras sociedades situadas más al norte. Así, de manera creciente se ficha a altos funcionarios no ya solo por sus competencias técnicas (que también) sino por sus relaciones y su capacidad de hacer lobby con sus antiguos compañeros, cuando no directamente con sus familiares o parejas. En el caso del fichaje de políticos, muchas veces las competencias técnicas son inexistentes, pero sus relaciones y su agenda son cruciales. Y esto es como la marea, cada vez sube más. Cuando ya no hay ex altos cargos o políticos disponibles las ofertas se extienden a los familiares. Cuando, como es el caso de Espacio Económico, se consiguen fichajes en los que se unen felizmente las competencias técnicas y las relaciones y la agenda (caso del ex Director de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, Salvador Ruiz Gallud, o de Manuel de Vicente-Tutor, que fue jefe de gabinete suyo y es ahora secretario no Consejero de Solaris, además de socio director del despacho) pues miel sobre hojuelas. El negocio va como un tiro.

¿Y el Derecho? Pues para no aburrir, repetiremos que en materia de conflicto de intereses tenemos una normativa teóricamente adecuada   Así, la Ley española de Conflicto de Intereses señala en su art. 4 que hay conflicto de intereses “cuando los altos cargos intervienen en las decisiones relacionadas con asuntos en los que confluyen a la vez intereses de su puesto público e intereses privados propios, de familiares directos, o intereses compartidos con terceras personas.”.

Pero en la práctica, como ocurre con tantas otras normas en España, esta normativa no funciona demasiado bien. La interpretación decididamente formal que se hace por los órganos administrativos (mejor respetar las formas que el espíritu y finalidad de la ley) y la dependencia jerárquica (con un mísero rango de Subdirección General) del órgano encargado de su control, la Oficina de Conflicto de Intereses del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas no ayuda mucho. Y tampoco ayuda, conviene no olvidarlo,  la tolerancia social o que los informes de la Oficina tengan como último destinatario (a través del Ministerio) el Congreso de los Diputados.

Si recordamos algunos casos sonados, como el de David Taguas, o el más reciente de Elena Salgado, veremos que las interpretaciones de hasta donde llega el conflicto de intereses son bastante laxas, especialmente si  el “controlado”  tiene importantes  vinculaciones empresariales o políticas, o ambas, que es de lo que se trata. Que estos sean precisamente los posibles casos de conflicto de intereses  a vigilar con mayor esmero, no parece quitarle el sueño a nadie.  Se suele pedir o comprobar el cumplimiento de unos cuantos requisitos formales y todo solucionado.  Y eso que leyendo solo ese artículo de la Ley, parece claro que las dos personas citadas y otras muchas que nos pueden venir a la cabeza tenían un conflicto de intereses como la copa de un pino cuando saltaron, por ejemplo, de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno a la Patronal del sector  de la construcción, o de la cartera ministerial de  Economía y Hacienda a una importante empresa del sector energético.

El caso de la ex ministra Elena Salgado es un ejemplo muy claro como ya escribí en su momento, la contratación por la filial chilena de Endesa permite “saltarse” el espíritu de la norma que solo se cumple formalmente, aunque creo que este caso es tan extremo que hasta se podía discutir si se cumple formalmente (la norma no habla de filiales, solo de empresas)  cosa que por supuesto nadie ha hecho. Como hay tantos casos que cada uno elija el que prefiera.

¿Qué pasa entonces? Pues que el muy amplio concepto de conflicto de intereses se desarrolla y se pretende  hacer operativo mediante una regulación minuciosa que establece una serie de mecanismos formales y burocráticos para intentar evitar que se produzca el conflicto o para remediarlo. Así tenemos un régimen de incompatibilidades, un Registro de actividades, un Registro de bienes y derechos patrimoniales,  un procedimiento administrativo muy completo, una Oficina de Conflicto de Intereses, etc, etc.

En relación con el caso de la empresa Abengoa recordemos la previsión del art. 7.2 de la Ley 5/2006 de 10 de abril de Conflicto de Intereses:

“ Quienes desempeñen un alto cargo vienen obligados a inhibirse del conocimiento de los asuntos en cuyo despacho hubieran intervenido o que interesen a empresas o sociedades en cuya dirección, asesoramiento o administración hubieran tenido alguna parte ellos, su cónyuge o persona con quien conviva en análoga relación de afectividad, o familiar dentro del segundo grado y en los dos años anteriores a su toma de posesión como cargo público.”

Ah, dirán ustedes, pues ya está. Pues no, porque el Jefe de Gabinete del sr. Montoro siempre puede decir que él  formalmente no va a adoptar o aprobar acuerdo o resolución alguna en relación con este tema, lo que probablemente es cierto, dada las competencias teóricas de un jefe de Gabinete. (Aunque sobre las competencias formales y las reales de un jefe de gabinete también podríamos hablar, y mucho, como el asunto del asunto del membrete da a entender).

¿Y el Ministro? Pues como ya se recoge en la noticia de Bloomberg menos todavía, ya que, aunque su hermano presida Estudio Económico S.L y esta empresa asesore a empresas del sector, él no el encargado formalmente de elaborar el Anteproyecto de Ley de reforma del sector energético, que es competencia del Ministerio de Industria. Eso sí, el propio Ministro aclara que los aspectos fiscales de la reforma (sobre los que versa precisamente la discusión entre Ministerios y los papeles con o sin membrete de Abengoa) sí son competencia suya. Claro está que, en último término, las leyes se aprueban en el Parlamento, no se nos olvide, así que no son competencia de ningún Ministro. Así que llevando ese razonamiento al extremo, ningún Ministro podría incurrir jamás en conflicto de intereses por lo menos por este motivo.

En conclusión, que  como suele suceder con las leyes españolas más recientes, La ley yel reglamento que la desarrolla ( reglamento (RD 432/2009 de 27 de marzo, pretendiendo prever y solventar los casos concretos en que se pueden producir estos conflictos, atienden más a la casuística y al procedimiento administrativo que al espíritu y finalidad de la ley, por lo que establecen mecanismos muy formales para evitarlos (Registros, procedimientos, oficinas,  etc, etc ) que no obstante resultan bastante menos operativos que los que recogen otras regulaciones, que buscan más conseguir el fin último perseguido que garantizar el cumplimiento de las formas. Si quieren ver como recomienda la OCDE tratar estos casos, o comparar con otras legislaciones, les dejo el link (en inglés) aquí. 

Para terminar, con independencia de lo que dicen nuestras leyes, creo que la conclusión es bastante obvio, lo que escandaliza en Suecia, en Alemania o en Holanda, aquí no le importa a nadie. Lo que no quiere decir que estemos a favor de impedir o prohibir cualquier paso del sector público al privado o viceversa. Lo que no estamos es a favor de hacer trampas al solitario todo el rato. Los lobbies tienen que estar regulados y ser transparentes, como vienen reclamando asociaciones como  APRI. De hecho ya hay en marcha alguna iniciativa al respecto.Y si tienen un rato (unos cuantos minutos) no dejen de ver este interesante video donde se explican perfectamente las conductas morales de los seres humanos en base a unos experimentos ciertamente muy curiosos. http://www.youtube.com/watch?v=_Pstq6Dro1A. Se entienden muchas cosas.

El derecho de secesión y sus límites. El ejemplo Canadiense.

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Este post se publicó hace algunos meses. Los recientes acontecimientos nos han animado a actualizarlo y completarlo.

 

La pasada manifestación de la Diada ha puesto de manifiesto el fuerte incremento del deseo secesionista entre muchos catalanes. Simultáneamente esa sensación de rechazo hacia lo español genera como reacción comprensible un apoyo creciente a dicha secesión entre el resto de los españoles, que sienten un creciente hartazgo hacia las reclamaciones nacionalistas y ya consideran que no merece la pena seguir juntos con quienes no quieren, o exigen condiciones especiales y de privilegio para ello.

 

Esta situación se ha agudizado con la crisis debido a ese creciente y difuso pesimismo o incluso derrotismo respecto a España y sus posibilidades, que se ha visto favorecido por la dirección de los asuntos públicos en manos de unos líderes manifiestamente mejorables. Y, además, los nacionalistas catalanes han buscado el camino fácil de atribuir la responsabilidad de esa misma crisis, especialmente grave en las cuentas públicas catalanas, a un presunto expolio fiscal por parte del resto de España. Que la Administración catalana se haya convertido en un enorme Leviathan devorador de recursos, que supone un gasto por catalán de más de 6.500 € al año, más del doble que los Landers alemanes por cierto, es un dato que parece haber pasado inadvertido.

 

Se trata de un problema que se ha ido incrementando con el paso de los años, y aunque algún político destacado haya calificado irresponsablemente sus últimas manifestaciones de “barullo”, sin duda es ya una grave amenaza a la convivencia.

 

Las soluciones al problema territorial español por la vía de concesiones sucesivas a los nacionalistas se han demostrado fallidas, y además han contribuido de forma notable a nuestra gravísima crisis económica con la hipertrofia autonómica generada por ese impulso de emulación padecido por el resto de las administraciones regionales. Por ello ha llegado el momento de afrontar la situación de forma diferente, y considerar incluso la posibilidad de plantear la posibilidad de una secesión territorial y sus condiciones. Esa opción, aunque se abre paso en una creciente opinión pública, es algo aún tabú en nuestra clase política nacional. Pero no por hacer como que no existen los problemas éstos desaparecen. Los desafíos de altura requieren también soluciones del mismo nivel.

 

La posibilidad de la secesión se ha abordado hasta ahora, en general en una forma muy dogmática por ambas partes, tanto nacionalistas como unionistas. Si los nacionalistas desplegaban el estandarte de un al parecer ilimitado “derecho a decidir”, que por definición no existe en el mundo jurídico, derivado de su “identidad como pueblo”, los unionistas demasiadas veces han contestado de forma tosca, simplemente alegando el principio constitucional de indisoluble unidad, y la correspondiente ilegalidad de tales pretensiones. La Constitución, por tanto, se ha querido utilizar como argumento y como valladar, como si fuera un muro intocable, cuando no es esa su función. Las leyes, constituciones incluidas, no son sino un mero instrumento de regulación de la convivencia. Y, por tanto, deben ser tan flexibles y adaptables como los problemas cambiantes que surjan lo vayan exigiendo.

 

Un vistazo a otras experiencias de tratamientos de problemas territoriales en el mundo puede darnos lecciones de cómo abordar política y jurídicamente estas aspiraciones y necesidades de otra forma, para que no se vayan pudriendo con el peligro de llegar a generar situaciones explosivas. Frente a nuestro “estilo dogmático”, a mí, particularmente, me gusta mucho más el enfoque pragmático anglosajón. El caso canadiense de Quebec es, en este sentido, paradigmático.

 

La provincia canadiense de Quebec es la única de mayoría francófona en un país mayoritariamente anglófono. Esa población de habla francesa se ha sentido tradicionalmente discriminada respecto de la mayoría. Así, en los años sesenta surge un fuerte movimiento nacionalista, agrupado en torno al Partido Quebecois, que no ocultó su deseo de convocar un referéndum para la secesión pacífica de la provincia. Este partido alcanza el poder provincial en 1976 y en 1980 organiza un primer referéndum en el que se solicita a los ciudadanos quebequeses autorización para negociar, no una independencia pura, sino una fórmula más ambigua de soberanía-asociación. Tal vez porque lo mismo que pasa aquí y en Escocia, al final los secesionistas no lo son tanto cuando se ponderan consecuencias económicas o incluso futbolísticas. Esa primera propuesta fue rechazada por casi el 60% de los votantes.

 

Pero el mismo partido, de nuevo en el poder después de unos años, convoca un nuevo referéndum en 1995, en el que también planteaba otra fórmula de soberanía, no de pura y necesaria secesión como país independiente. Aunque también el voto fue negativo, esta vez lo fue por un escasísimo margen de décimas. El futuro, por lo tanto, parecía entonces bastante oscuro para los partidarios de un Canadá unido, ante la eventualidad de un futuro tercer referéndum exitoso.

 

El Gobierno Federal canadiense decidió entonces acudir en consulta al Tribunal Supremo, que en ese país, como en muchas otras democracias maduras, tiene funciones de interpretación de la Constitución sin necesidad de un tribunal constitucional diferenciado. La solicitud se refería a que el TS aclarara tanto las condiciones de un posible tercer referéndum como las de un eventual proceso de secesión. Y TS emitió su famoso dictamen de 1998, que puede resumirse en los siguientes puntos:

 

-Recoge la doctrina internacional clásica respecto al derecho de autodeterminación, que legitima una declaración unilateral de independencia en casos perfectamente tasados, como las situaciones coloniales, alejados todos ellos del quebequés y, podemos añadir, de nuestras propias regiones. Atributos particulares de un grupo de ciudadanos, como la lengua, la cultura o la religión, no atribuyen un derecho unilateral a la secesión en un Estado democrático.

 

-Sin embargo, por aplicación de los principios constitucionales, si el Gobierno de Quebec, en un nuevo proyecto por su independencia, somete a referéndum de su población una pregunta clara (requisito no cumplido en los dos referéndums anteriores), a la que respondiera favorablemente una clara mayoría de quebequeses, existiría una obligación constitucional de negociar las reformas legales que permitieran abrir ese camino. Hay medios que un Estado democrático no debe emplear para retener contra su voluntad a una determinada población concentrada en una parte de su territorio.

 

-En todo caso, ese resultado debería conseguirse a través de un proceso de negociación basado en la buena fe y el respeto a la democracia y al Estado de derecho. Y tal negociación tendría que comprender cuestiones sumamente difíciles y complejas. Entre otras, una posible nueva definición de las fronteras. En el caso de que determinadas poblaciones concentradas territorialmente en Quebec solicitaran claramente seguir formando parte de Canadá, debería preverse para ello la divisibilidad del territorio quebequés con el mismo espíritu de apertura con el que se aceptaba la divisibilidad del territorio canadiense. Pensemos que podría ser el caso de importantes territorios, o incluso tal vez de la capital su zona metropolitana.

 

Recogiendo estas conclusiones, el Parlamento de Canadá aprobó el 29 de junio de 2000 la llamada “Ley sobre la Claridad”, que convierte a Canadá en el primer gran Estado democrático que admite expresamente por ley la posibilidad de su propia divisibilidad. La Ley, recogiendo las conclusiones de la Sentencia, precisa las circunstancias en las que el gobierno de Canadá podría entablar una negociación sobre la secesión de una de las provincias. Y prohíbe entablarla a menos que la Cámara de los Comunes haya comprobado que la pregunta del referéndum aborda claramente la cuestión de la secesión.

 

No valdrían por tanto ambigüedades como la fórmula de soberanía-asociación, frecuentemente encubridora de un buscado estatuto de privilegio, y a las que tan aficionados son algunos nacionalistas, como los escoceses y los nuestros. Frente a esa pretensión de determinar unilateralmente y a su conveniencia su estatus, se les dice: “Si quiere usted asociarse, primero independícese usted, y luego ya veremos si nos asociamos o no y cómo”.

 

La Ley sobre la Claridad también precisa qué elementos deben figurar necesariamente en la agenda de negociación: repartición de activo y pasivo, modificaciones de la frontera del territorio que se separa y la protección de los intereses de las minorías, entre otros.

 

¿Qué efectos ha tenido esta actuación legislativa en el viejo problema territorial Canadiense? Nos lo contó hace unos años en una visita a España el político francófono canadiense Stéphane Dion : “En el caso de Canadá este ejercicio de clarificación ha tenido un efecto beneficioso para la unidad nacional. Precisamente, si hay una conclusión que puede extraerse, de manera rotunda, encuesta tras encuesta, es que en respuesta a una pregunta clara, los quebequeses eligen un Canadá unido. La gran mayoría de los quebequeses desean seguir siendo canadienses y no quieren romper los vínculos de lealtad que los unen a sus conciudadanos de las otras regiones de Canadá. No desean que se les obligue a escoger entre su identidad quebequesa y su identidad canadiense. Rechazan las definiciones exclusivas de los términos “pueblo” o “nación”, y desean pertenecer al mismo tiempo al pueblo quebequés y al pueblo canadiense, en este mundo global en el que el cúmulo de identidades constituirá más que nunca una ventaja para abrirse a los demás”.

 

De hecho, ni se ha intentado el tercer referéndum, ni el nuevo gobierno nacionalista ha manifestado su intención de intentarlo, ni la negociación de “contrapartidas por quedarse” está ya en las agendas políticas. ¿No podríamos aprender nosotros algunas lecciones?

El nacionalismo rescatado: Un país en el diván

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Cataluña pide finalmente el rescate. La cuestión tiene su gracia, un gobierno nacionalista que defiende la separación de España pide ayuda a España para poder siguiendo ser separatista. Un territorio que emite bonos “patrióticos” pide ayuda al país que quiere destruir para pagar los intereses que adeuda a sus buenos patriotas. Y luego dicen que no son españoles: puro esperpento. Es verdad que el exceso de gasto es enfermedad nacional y que el rescate lo van a pedir otras comunidades “presuntamente” no nacionalistas, pero Cataluña tiene que ser diferente hasta en la forma de pedirlo: lo hace con exigencias (no quiere condiciones), aparentemente tarde y con amenazas (si no llega pronto y ya, va a arder Troya).

 

 

Es un asunto muy manido, algo aburrido, que llega al hartazgo en ocasiones, el de analizar el problema catalán y su incardinación en España, pero qué se le va a hacer, en plena crisis económica y política, querámoslo o no, es una cuestión que está ahí. No quiero entrar a examinar la cuestión de la independencia o no, que ya ha sido analizada en otros posts, solo me quiero limitar a analizar si el nacionalismo resulta rentable hoy para los ciudadanos vascos y catalanes, y por ende, para el resto (por ahora) de España; es decir si vivirían y viviríamos mejor sin nacionalismo. El concepto de nacionalismo que manejo es algo amplio por lo que prefiero hablar de “obsesión identitaria”, pues ésta puede observarse en comunidades que incluso no tienen lengua propia, pero que van imitando determinados “gestos” como la obsesión por contar con un sistema de radio-televisión propio y si es con más de una cadena mejor. El problema es que todo esto no es gratuito y tienen sus costes. Veamos algunos:

 

 

A)    Costes económicos y políticos.

 

Supongo que habrá algún catalán que se pregunte cómo puede ser que la región hasta hace poco más rica de España, con la burguesía más emprendedora y donde nadie quería ser funcionario, se haya convertido “en los últimos años” en una de las más endeudadas de España y la primera en pedir el rescate. ¿Tendrá algo que ver que ha sido gobernada ininterrumpidamente por gobiernos nacionalistas? Noooo. Aquí  para librarse de su responsabilidad el “régimen” identitario encuentra dos chivos expiatorios: uno interno, el tripartito con sus locas políticas de izquierdas, y otro externo, la falta de un verdadero pacto fiscal. Cierto que el desfase presupuestario se acentúa con el tripartito, pero no es tanto por políticas sociales sino por el acelerado gasto impuesto por Esquerra (y asumido por el PSC) en temas identitarios, como es que Cataluña comenzó a abrir embajadas por doquier y a financiar la enseñanza del catalán en países latinoamericanos, a pesar de haber conseguido que el Instituto Cervantes ofrezca cursos de catalán también (duplicidades). En cuanto a la llorera de la falta de financiación tal vez ocurra lo contrario: tanto el País Vasco como Cataluña han conseguido reiteradamente vía chantaje presupuestario (esto es chantaje para aprobar los presupuestos) vías adicionales de financiación a cargo del presupuesto del Estado a lo que se une en el caso vasco un cálculo pretendidamente erróneo del cupo. Éste es el verdadero hecho “objetivo” diferencial, el resto es interpretable.

 

 

En todo caso, parece claro que la obsesión por comportarse como si se fuera un Estado fuerza a incurrir en gastos que ya viene haciendo el Estado central, detrayendo así fondos para las políticas que sí le son propias a las comunidades (por ejm. educación y sanidad), es lo que hemos llamado en otro post la política de “camas por embajadas. En realidad, los gastos aquí no son nada residuales pues bajo el rótulo “acción exterior” se incluyen importantes fondos de cooperación internacional que se suman a los que hace la AECI: en total 120 millones de euros anuales presupuestados por este concepto en Andalucía y 30 en Cataluña.

 

 

Otro rasgo del modelo: puesto que ser nacionalista o, mejor dicho “reforzar la identidad propia”, se puso de moda, todas las CCAA se sumaron al festín recuperando históricas peculiaridades que estaban ya en el olvido (por ejm. el bable asturiano o el califato de Córdoba andalusí). Existe incluso un proyecto financiado por Cataluña que en su día envió una delegación a Canarias (verídico) para enseñarles a crear una lengua propia, ya que dado su carácter insular tenían “chupado” conseguir la independencia en pocos años.

 

 

Y ¿por qué el modelo de “búsqueda de una identidad propia” se puso de moda? Porque en un mundo de crisis religiosa y de las ideologías tradicionales, el nacionalismo ofrece un “maná” muy atractivo. Primero, hagamos de “lo español” sinónimo de todo lo cutre, perezoso, débil, carca…, luego afirmemos que “nosotros” no somos así, para nada, que obviamente somos mejores (cero auto-crítica), y saldrá la ecuación que cualquier psicólogo de opereta busca: refuerce su autoestima sin salir de casa poniendo verde al vecino.

 

 

B)    Costes sociales y psicológicos

 

A todo ello se une un coste oculto que a menudo se calla. El nacionalismo ha conseguido expulsar de sus casas a miles de ciudadanos, bajo la presión mafiosa de “si no eres uno de los nuestros mejor vete a vivir a otra parte”. Esta situación se ha vivido en silencio por demasiadas personas. Además en las escuelas y otros centros cívicos-deportivos, en lugar de promover la convivencia y la tolerancia que se predica en el exterior, se aprovechaba cualquier ocasión para exacerbar el odio a todo lo que sonara a Madrid o “español”. De esto pueden dar testimonio reciente algunos jugadores del Athletic de Bilbao, condenados socialmente por querer ir a la selección. La pregunta es: ¿cuánto nos cuesta el nacionalismo en consultas al psiquiatra?

 

 

Mientras, nuestra marca como país se deterioraba en el extranjero a pasos agigantados donde inversores y no inversores asistían a un espectáculo circense. ¿Usted es español? No, catalán, vasco. Y ¿dónde está Cataluña y el País Vasco? No sabían a qué atenerse: ¿era España un país donde merecía la pena invertir o un país en descomposición? Por cierto que de esta estrategia la primera perjudicada han sido Cataluña y País Vasco, vean las ratios de inversión extranjera en los últimos diez años. Otro coste del nacionalismo que pagan-pagamos todos los ciudadanos.

 

 

Y todo esto, finalmente, ¿para qué? Algunos desconocen que el bávaro es más antiguo que el catalán, pero que hace tiempo que Baviera hizo una apuesta por fortalecer Alemania y reconocer al alemán como lengua común del Estado y por tanto propia (y eso que el alemán se habla menos en el mundo que el español), logrando conciliar sin complejos sus peculiaridades con una defensa de su pertenencia al Estado alemán. Ahí van parte de los 500 puntos básicos de diferencia en la prima de riesgo.

 

 

Y ¿un nuevo Estado en un mundo global? Hace poco leí lo siguiente en un pequeño libro que tal vez le sirva a alguno:

“Allí donde resida la bondad, la inteligencia, la honradez, la sinceridad y una sonrisa dulce, esa es mi patria y mi bandera…, más allá de lo que decida el hecho casual de dónde he nacido, qué lengua hablo o quiénes son mis padres”.

 

 

Pues eso, que nos arruinamos y peleamos… para nada.

 

 

PD: Cuando estoy a punto de cerrar este post un amigo que ha vivido muchos años en Cataluña me manda un interesante comentario sobre el reciente y controvertido post de Sala i Martí:

 

 

“…dice que Cataluña sería súper solvente y mejor independiente. Pero si se lee bien el post, en realidad lo que dice es que Cataluña ha sido muy mal gestionada. Me temo que con estos gestores estaría todavía más hundida si no formará parte de España. De nuevo se antepone la magia de los deseos a la realidad. Y lo peor es que se obvia que Cataluña es lo que es por haber formado parte de España. Si no, de qué hubiera desarrollado su industria, con qué mercado, con qué demografía. Lo bueno es que este tipo de análisis los hiciera alguien que no fuera nacionalista”.