EL PAÍS- Julio Segura: “En España compensa pagar la multa y seguir incumpliendo la norma”

REPRODUCCIÓN ARTÍCULO EL PAÍS- AQUÍ 

Julio Segura: “En España compensa pagar la multa y seguir incumpliendo la norma”

ÍÑIGO DE BARRÓN

Julio Segura, presidente de la CNMV desde 2007 hasta 2012, ha comentado este lunes que en España “resulta más beneficioso para el infractor pagar la sanción e incumplir la norma que respetar las reglas del juego”. “En mis seis años de presidente nunca llegué a entender la regla de los tres tercios con la que se establecía la sanción, pero siempre se aplicaba el tercio más bajo y con atenuantes, por lo que era más rentable seguir cometiendo la infracción”, ha afirmado. Segura ha presentado este lunes las conclusiones del libro Reguladores y supervisores económicos independientes: el caso español, editado por la Fundación Ramón Areces, y elaborado junto con los economistas Pilar Sánchez, Miguel Ángel García Díaz, José Federico Geli, Miguel Ángel Lasheras Merino, Juan Delgado, Elisa de la Nuez Sánchez-Cascado y Carlota Tarín.

“El principal objetivo de una sanción económica al infractor de una norma es que sea disuasoria, por lo que el criterio de cuantificación debería estar en proporción al daño causado y no al rango de la norma infringida. Pero, con los criterios existentes, muchas veces no es así”, ha admitido. En el libro también se analiza que “la gran heterogeneidad en los criterios utilizados para la cuantificación de las sanciones da lugar a un porcentaje relevante de recursos ganados”. Este grupo de expertos añade que “también sería deseable que, en los casos en que sea posible, la penalización incluyera la obligación de resarcir a los perjudicados de forma automática”. Reclaman asimismo mayor publicidad del inicio de un expediente por el daño reputacional que ello conlleva.

El libro considera que los organismos reguladores deben ganar en independencia y en transparencia y mejorar el sistema de sanciones, entre otras reformas importantes. Y empiezan por la independencia de los máximos responsables (presidentes y consejeros), que “lo deben ser realmente tanto del Gobierno como de los sectores que se encargan de regular”.

Entre los hándicaps que impiden un mejor funcionamiento de los organismos reguladores, Julio Segura apunta que “los cuerpos funcionariales de elite no suelen simpatizar con este tipo de organismos porque tienden a considerar estas áreas son de su exclusiva competencia” y que los partidos políticos, “cuando están en la oposición son ardientes defensores de su independencia y cuando están en el Gobierno tratan de limitarla”.

En la presentación del libro participó Fernando Restoy, exsubgobernador del Banco de España, y desde enero de 2017, presidente del Instituto Financiero de Estabilidad de Basilea. Restoy ha defendido el poder y la independencia de los bancos centrales, “que han frenado la crisis” y ha recordado que solo en seis países el supervisor de seguros depende del Estado, entre ellos España, Kuwait, Belice, Libia y Vietnam. También ha criticado que el supervisor de bancos tuviera la defensa de los usuarios bancarios, como sucede en el Banco de España, y ha pedido que estuviera en otro organismo.

Foro: Nueva Ley Hipotecaria

Martes, 5 de junio de 2018- De 9.30 h. a 13.30 h. – En: Calle de Juan Ignacio Luca de Tena, 7, 28027 – MADRID.

TODAS LAS CLAVES PARA ENTENDER Y ANALIZAR EL NUEVO MARCO LEGAL QUE REVOLUCIONARÁ EL MERCADO HIPOTECARIO

 A DEBATE todas las novedades de la nueva norma y cómo afectarán a CONSUMIDORES y al sector FINANCIERO e INMOBILIARIO

La nueva Ley Hipotecaria que entrará en vigor en próximas fechas revolucionará el sector introduciendo importantes cambios que persiguen incrementar la transparencia para los consumidores y ofrecer mayor seguridad jurídica a la banca.

Este novedoso marco jurídico, con el que se implantan las directrices europeas marcadas en este ámbito, define un nuevo escenario que INVERSIÓN&finanzas.com quiere analizar desde todas las perspectivas.

Expertos en el ámbito legal y jurídico, profesionales y representantes del ámbito financiero, inmobiliario y de la defensa de usuarios y consumidores pondrán sobre la mesa todas las implicaciones que conllevará la normativa y los importantes cambios que experimentarán los diferentes sectores.

¿Cómo cambiará el mercado inmobiliario? ¿cuál será la evolución de las hipotecas? ¿qué pasará con los precios de los préstamos? ¿Cómo repercutirá en el mercado inmobiliario tanto en la compra como de alquiler?

RESERVE AQUÍ SU INVITACIÓN. 

PONENTES:

Santos González

PresidenteAsociación Hipotecaria Española

Matilde Cuena @mcuenaca

Profesora de Derecho CivilUniversidad Complutense de Madrid

Fernando Zunzunegui @FeZunzunegui

Coordinador de Regulación. EFPA ESPAÑAProfesor de derecho de Mercado Financiero. Universidad Carlos III

José Luis Martínez Campuzano

PortavozAsociación Española de Banca@Aebanca

Alberto Calles @PwC_Spain

Socio Responsable de la Unidad de Regulación FinancieraPwC España @PwC_Spain

Manuel González Meneses

Notario

Irene Garrido @garridoirene1

Secretaria de Estado Economía y Apoyo a la EmpresaMinisterio de Economía

Ferran Font @FerranFont ‏

Director de Estudiospisos.com@pisoscom

Jordi Paniello @jordipani ‏

PresidenteAsociación Profesional Colegial de Asesores de Inversión, Financiación y Peritos Judiciales

Julio Rodríguez

ExpresidenteBanco Hipotecario

Patricia Gabeiras @pgabeiras

Abogada y Socia DirectoraGabeiras & Asociados@ejgabeiras

Reguladores y supervisores económicos independientes: el caso español

La Fundación Ramón Areces te invita a la presentación del libro Reguladores y supervisores económicos independientes: el caso español.

Fecha y lugar: Fundación Ramón Areces (C/ Vitruvio 5), lunes 4 de junio a las 18:30 horas.

 

COORDINACIÓN

Julio Segura, expresidente de la CNMV y exconsejero del Banco de España.

 

PRESENTACIÓN 

Emilio Albi, Catedrático de Economía Publica de la UCM.

Fernando Restoy, Presidente del Financial Stability Institute y autor en BIS Basilea.

AUTORES

Juan Delgado

Miguel Ángel García Díaz

José Federico Geli

Miguel Ángel Lasheras

Elisa de la Nuez

Pilar Sánchez Núñez

Carlota Tarín

30 días para defender el Derecho de Acceso a la Información ante el Tribunal Supremo

¡Nuestra causa para proteger el Derecho a Saber sigue adelante! El Tribunal Supremo decidirá sobre los límites del Derecho de Acceso a la información pública.

Como sabes, estamos recurriendo una sentencia de la Audiencia Nacional que limita el acceso a información anterior a la entrada en vigor de la Ley de Transparencia. No solo impone un límite al derecho de acceso que no está contemplado en la ley, sino que podría dejarnos a todos los ciudadanos ciegos a toda información creada o recogida antes de diciembre de 2014. Esta es la cronología del caso.

La semana pasada recibimos una gran noticia: el Supremo ha admitido a trámite la preparación de nuestro recurso de casación contra esta sentencia de la Audiencia Nacional. Eso significa que tenemos 30 días para presentar nuestros argumentos sobre tres cuestiones fundamentales para la implantación de la transparencia en España:

  1. Si el derecho de acceso a la información pública ha de limitarse solo a la información elaborada o adquirida desde la entrada en vigor de la Ley de Transparencia.
  2. En qué consiste la reelaboración de la información, que la Ley contempla como causa de inadmisión de una solicitud.
  3. Cuando pidas información a un organismo público y no la posea, si debe ser este quien busque, localice y remita la pregunta al órgano competente, o tú.

Aquí puedes leer el auto. Estos supuestos están contemplados en la Ley de Transparencia, pero aún no cuenta con un reglamento que los desarrolle. Así, será el Supremo quien los interprete tras nuestro recurso. De su decisión depende que la transparencia quede, o no, en papel mojado.

Por desgracia, perdemos un aliado por el camino. El Supremo ha inadmitido el recurso del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), que nos acompañaba en la causa, por lo que continuaremos solos en nuestra lucha contra la limitación del Derecho a Saber.

Desde nuestro equipo, queremos agradecer a Javier de la Cueva, abogado y patrono de Civio, su extraordinario trabajo de representación procesal, que nos ha llevado hasta aquí. Para que no te pierdas, hemos recopilado toda la evolución del caso y todos los documentos que vamos generando, en abierto.

Defender nuestros derechos es obligación de todos, y sabemos que a ti también te preocupan. Empuja con nosotros, hazte socio/a de Civio. Es mucho lo que está en juego.

También te animamos a empujar en las redes sociales con el hashtag #InformaciónEnPeligro.

Gracias por tu apoyo,

El equipo de Civio

Hay que mejorar la información que recibe el consumidor y la claridad de la factura eléctrica

Un reciente informe de la Comisión de Nacional de Mercado y Competencia (CNMC) que analiza aspectos de las relaciones comerciales de las empresas de gas y electricidad con sus clientes recoge varias de las conclusiones recogidas en el estudio del Defensor del Pueblo “Protección de los consumidores vulnerables en materia de energía eléctrica”.

Publicado en mayo de 2017, el estudio del Defensor del Pueblo resaltaba, entre otras cuestiones, la falta de transparencia en la contratación y la existencia de prácticas comerciales agresivas y engañosas por parte de las comercializadoras, que llegan incluso a realizar cambios de compañía sin el consentimiento del afectado.

La Institución señalaba además que las personas mayores que viven solas son las más propensas a padecer este tipo de prácticas, por lo que se considera imprescindible aumentar la información que recibe el consumidor y mejorar la claridad de la factura eléctrica.

Además, el estudio incluía varias recomendaciones para mejorar la protección de los consumidores vulnerables. Muchas de ellas fueron tenidas en cuenta por el Gobierno al elaborar la nueva regulación del bono social eléctrico.

La Institución está haciendo un seguimiento sobre el cumplimiento de estas recomendaciones y mantiene abiertas varias actuaciones relacionadas con el mercado eléctrico.

Para este estudio, el Defensor del Pueblo organizó en marzo de 2017 unas jornadas en las que participaron administraciones públicas -entre ellas la CNMC-,  organizaciones de consumidores, compañías eléctricas y expertos en la materia

EL MUNDO- Intelectuales españoles pide a Rajoy que convoque elecciones

REPRODUCCIÓN DE UNA NOTICIA DE EL MUNDO

Un grupo de intelectuales españoles pide al Gobierno de Mariano Rajoy la convocatoria de elecciones generales por “la situación política de extremada gravedad” que se vive España a raíz de la sentencia del caso Gürtel que señala la corrupción del Partido Popular “que en estos momentos gobierna nuestro país”.

Los autores destacan que la medida “exige coraje político, superación de miopes intereses partidistas y una rigurosa, fundada y amplia visión de Estado” por la situación que se vive en Cataluña, “donde se hallan en riesgo la integridad territorial de España, los derechos de los catalanes, así como el orden constitucional del Estado social y democrático de Derecho”. Aunque también hacen alusión a la “falta de una reacción ética proporcional por parte del Gobierno del señor Rajoy a la gravedad de la sentencia citada”.

Por eso, este grupo de intelectuales rechaza “los juegos entre bambalinas que se agotan en la simple sustitución de unos por otros porque menoscaba la confianza de los ciudadanos en su propia capacidad para decidir el futuro”.

Eso conlleva la necesidad de “un Gobierno nuevo y con amplia legitimación democrática podrá estar capacitado para dar respuesta a los graves problemas que afectan a nuestra convivencia como españoles y como europeos”.

El manifiesto está firmado por diversos intelectuales y estadistas entre los que se encuentran Francesc de Carreras, Félix de Azúa, Félix Ovejero, Francisco Sosa Wagner, José Rodríguez de la Borbolla, Juan Luis Vigil, Joaquín Leguina, Gabriel Tortella, Araceli Mangas, Elisa de la Nuez, Clara Eugenia Núñez, Adolfo Azcárraga, Ignacio Gomá, Livia Castillo, Víctor Gómez Frías, Juan Claudio de Ramón Martínez, Juan José Laborda, Nicolás Redondo Terreros, Manuel del Valle, Rodrigo Tena, Antonio Jiménez Blanco, Juan Francisco Mestre, Luis Martín Rebollo, José Lázaro, Antonio Ojeda Escobar, Juan Antonio García-Amado, Miguel Díaz y García Conlledo, Javier Paniagua, Igor Sosa Mayor, Antonio Vivancos, Agapito Maestre y Mercedes Fuertes.

Afirman expertos que se abre una brecha entre españoles y la justicia

Telesur consulta a Elisa de la Nuez, Secretaria General de la Fundación Hay Derecho, sobre la merma de confianza de la ciudadanía en la Justicia. Consulta aquí el vídeo.

EL CONFIDENCIAL- No solo Zoido: los ministros que aprovechan los ‘findes’ para actos en sus ciudades

REPRODUCCIÓN NOTICIA El Confidencial vía Jesús Escudero y Antonio Hernández. 

El pasado 16 de octubre fue un día de intensa actividad pública para los miembros del Gobierno. Tan solo los ministros de Defensa, Economía y Energía no aparecían citados en la agenda oficial de La Moncloa. Entre los actos organizados, Juan Ignacio Zoido presidía una reunión de los ministros del Interior del G-6 en Sevilla; la ministra de Empleo, Fátima Báñez, participaba en un encuentro en la Universidad de Huelva, y el de Fomento, Íñigo de la Serna, se entrevistaba en Santander con el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla. Todos ellos habían acercado actos ministeriales a su lugar habitual de residencia —los dos primeros, además, son diputados provinciales—, tras un fin de semana que habían disfrutado en su casa.

Esta práctica, puesta en tela de juicio por la agenda sevillana de Juan Ignacio Zoido, es muy habitual entre los ‘ministros de provincias’, que además suelen ser diputados del territorio en cuestión, con la única excepción de Íñigo de la Serna. Ya sea por su condición de ministros o de diputados, dos decretos permiten que el Estado pague los viajes al lugar habitual de residencia de los altos cargos y los parlamentarios. Además, cada desplazamiento origina el viaje de otros acompañantes, como asesores y escoltas, cuyo transporte, alojamiento y manutención también son pagados por fondos ministeriales.

Todo ello se desprende de los datos del coste total —incluyendo personal eventual y escoltas— de cada viaje realizado por los ministros del Gobierno de Mariano Rajoy. La información ha sido obtenida por Access Info Europe y Hay Derecho mediante la Ley de Transparencia durante los últimos meses, y compartida con El Confidencial para su análisis.

Los registros ministeriales y la agenda oficial evidencian que los lugares a los que más han viajado estos ‘ministros de provincias’ son precisamente sus lugares de origen, sobre todo en fin de semana (El Confidencial no ha recibido información sobre el Ministerio del Interior). Según señalan desde el Ejecutivo central, esto motiva que en muchos casos cada departamento organice actos públicos en estas provincias u otras cercanas en viernes y lunes para aprovechar la presencia del ministro y evitar que vuelva a desplazarse entre semana.

Ana Pastor (Galicia) 25,3%
Íñigo de la Serna (Santander) 21%
José Manuel Soria (Canarias) 21%
Fátima Báñez (Huelva) 17,7%
Rafael Catalá (Cuenca) 16,4%

Más allá de esta circunstancia, fuentes del gabinete de la anterior ministra de Fomento y actual presidenta del Congreso, Ana Pastor, explican que también es habitual que políticos autonómicos y locales, empresarios y asociaciones de estas provincias soliciten más encuentros con estos ministros, dada su cercana relación con la región, incluso aunque el acto no tenga que ver con las competencias ministeriales. En este caso, estas visitas institucionales suelen realizarse los viernes o los lunes.

Dada su condición de diputada por Pontevedra, los gastos de desplazamiento de Ana Pastor a su residencia eran sufragados por el Congreso de los Diputados. En cambio, el Ministerio de Fomento se encargaba de costear las facturas de transporte, alojamiento y comida de los miembros de su gabinete y los escoltas.

Por su parte, desde el gabinete de Íñigo de la Serna señalan que los viajes realizados por el anterior alcalde de Santander a Cantabria han sido 32, siendola comunidad más visitada por el ministro, por delante de Cataluña (24), Andalucía (19) y la Comunidad Valenciana (18). En este sentido, recuerdan que De la Serna vive en Santander y, por tanto, “tiene derecho a ser resarcido de los gastos de viaje que realice a su residencia habitual, en virtud de la Disposición Adicional Cuarta del Real Decreto 462/2002”. Y añaden: “Las ocasiones en las que ha viajado a Santander, en ningún caso el ministro ha cobrado ningún tipo de dieta ni gasto de alojamiento ni de manutención, únicamente el coste de desplazamiento”.

Para muestra, un botón. El viaje de fin de semana a Santander con motivo de la entrevista de De la Serna con Miguel Ángel Revilla del pasado 16 de octubre tuvo un coste total de 2.660 euros para toda la delegación ministerial, según la información entregada a Access Info y Hay Derecho mediante la Ley de Transparencia. Fomento explica que los gastos de transporte del ministro ascendieron a 418 euros, por lo que los 2.242 euros restantes corresponden al desplazamiento, alojamiento y manutención de los acompañantes de De la Serna.

La intensa actividad de Rafael Catalá en Cuenca

El caso del ministro de Justicia, Rafael Catalá, difiere del resto, al no ser oriundo de la provincia por la que es diputado, Cuenca. Antes de ser designado número uno de la lista del PP por Cuenca para las elecciones generales de diciembre de 2015, el ministro solo había visitado la provincia manchega en una ocasión. Pero a raíz de su elección para la candidatura regional del PP y su posterior elección como diputado, Catalá multiplicó sus visitas a localidades conquenses.

Según los datos proporcionados a Hay Derecho y Access Info, el ministro de Justicia ha realizado un total de 131 viajes desde noviembre de 2015 hasta diciembre de 2017. De ellos, 34 han sido a la provincia de Cuenca, es decir, uno de cada cuatro, con un coste total de 7.800 euros. La siguiente región más visitada por Rafael Catalá es Málaga, 11 veces. Justicia no ha contestado a las preguntas remitidas por El Confidencial.

Los datos de su antecesor en el caso, Alberto Ruiz-Gallardón, también evidencian un lugar recurrente en su agenda como ministro: Nerja. Durante el año 2012, el que fuera alcalde de Madrid realizó 10 viajes a la localidad malagueña de la Costa del Sol, de donde es originaria su familia política, con un coste total de 7.000 euros. La mayoría de estos viajes fueron de fin de semana, y seis de ellos, en los meses estivales de julio y agosto.

De acuerdo a la agenda oficial de La Moncloa, Gallardón no tuvo ningún acto público en Nerja como ministro de Justicia.

Toda la información en El Confidencial

 

Superando potenciales barreras de género en la dirección media. Retos y soluciones

La Fundación Woman Forward te invita al debate

“Superando potenciales barreras de género en la dirección media”. Retos y soluciones

Madrid,  17  de mayo de 2018 a las 18.00  h  
Dirección: Deusto Business School (Castelló, 76)
 
La participación femenina en la economía, o su ausencia, son cuestiones de impacto económico que pasan factura a las mujeres, las empresas y a las economías de los países. El talento femenino sigue siendo uno de los recursos de creación de valor económico más infrautilizados, malgastado por su falta de progreso o sin explotar desde la base. Los líderes empresariales y los gobiernos son cada vez más conscientes de que desmantelar las barreras que frenan la igualdad, puede abrir nuevas oportunidades de crecimiento. El Foro Económico Mundial, en su encuesta sobre el futuro del empleo, puso de manifiesto que el 42% de los líderes empresariales percibía la paridad de género en su compañía como un asunto de justicia e igualdad.

Pero generalizar estos beneficios requiere medidas destinadas a abordar las causas subyacentes de la persistencia de la brecha de género de una manera sistémica. El presente seminario hace un recorrido por las barreras y plantea diferentes soluciones, centrándose en particular en el mentoring, como una de las principales medidas de éxito.

 

INSCRIPCIÓN en este enlace.

 

 

La transparencia no está de fiesta

MIGUEL ÁNGEL GAVILANESPeriodista 

Hoy arranca la Semana de la Administración Abierta. Hasta el próximo viernes, el sector público celebrará charlas y eventos sobre transparencia, rendición de cuentas y participación; distintos foros en los que debatir y congraciarse del camino recorrido. Pero, ¿hay algo que celebrar?

En estos días oiremos hablar del funcionamiento de la Ley de Transparencia y de su nuevo reglamento. De su funcionamiento y de sus límites. Uno de ellos, vital, es de nuevo cuño y no proviene de las normas, si no de su interpretación. Hace unos meses, en la última sentencia sobre el derecho a conocer quién viaja en los aviones oficiales en un contencioso que Civio mantiene con el Ministerio de Defensa, la Audiencia Nacional limitó el acceso a la información pública a la entrada en vigor de la Ley de Transparencia. Es decir, según este tribunal, no tenemos derecho a conocer datos anteriores a diciembre de 2014.

Se trata de una sentencia grave, que va mucho más allá de los vuelos oficiales. De hecho, sabemos que se está utilizando este nuevo criterio temporal para acotar el acceso a la información pública en otros procedimientos. Así, se deja la Ley de Transparencia en papel mojado y se limita nuestro derecho a saber a apenas tres años de democracia. Se empequeñece la rendición de cuentas, de la que se tratará de sacar pecho estos días. Y de la que se suele alardear.

Las estadísticas oficiales, por ejemplo, hablan de que el Gobierno concede el acceso a la información en siete de cada diez solicitudes. Una gran imagen de apertura. Sin embargo, Civio comprobó que estas cifras estaban infladas y el Portal de Transparencia reconoció tras nuestro artículo que cuenta como concedidas solicitudes en las que el Gobierno no da ninguna información. La imagen tenía Photoshop.

En Civio seguimos luchando por mejorar la transparencia de las administraciones públicas y, en este caso particular, por tumbar el nuevo límite temporal de la Ley de Transparencia creado por la Audiencia Nacional. Por ello presentamos un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Porque los hechos y los datos, y no las intenciones, son lo que cuenta.