Secesiones a la carta. El caso escocés

La noticia aparecida recientemente puede parecer sorprendente a simple vista. El primer ministro del Reino Unido, David Cameron, ofrece un referéndum para que los escoceses puedan decidir en los próximos 18 meses sobre si quieren seguir formando parte del Reino Unido u optar por la secesión y constituirse como un país independiente. Sin embargo, el Ministro Principal del Gobierno Autónomo de Escocia, Alex Salmond, del declaradamente independentista Partido Nacionalista Escocés, rechaza indignado ese referéndum. Merece la pena echar un vistazo hoy a este caso, y en un próximo post al semejante caso quebequés, y ver si podemos aprender de ellos.

 

Son dos los motivos que llevan a este líder independentista escocés a rechazar el referéndum de independencia.

 

En primer lugar, que las encuestas prevén que la opción independentista no alcanzaría el 40% de los sufragios. Lo que dejaría al partido que quiere guiar a Escocia a la independencia en una posición un tanto desairada. Sin embargo, ya se sabe que para un nacionalista tal resultado sólo podría interpretarse como una equivocación de los electores, que no habrían alcanzado el grado de madurez suficiente para tomar conciencia de su condición de pueblo diferente, etcétera. Nada que no pudiera resolverse con un nuevo referéndum en condiciones más favorables, lo que si se ejerce suficiente influencia sobre los medios de comunicación y la educación sólo sería cuestión de tiempo

 

Ese sistema de referéndums sucesivos, que lleven a los secesionistas de derrota en derrota hasta la victoria final, ha sido como veremos en el siguiente post también intentado por los nacionalistas de Quebec, aunque infructuosamente. Los que lo propugnan no explican, sin embargo, qué pasaría  si en el caso hipotético de haber conseguido la secesión, transcurridos unos años la mayoría de la ciudadanía comprobara que ha sido una elección desafortunada y quisiera dar marcha atrás. ¿Cabría un nuevo referéndum para revertir la secesión y reincorporarse al país de origen? Sospechamos que esa posibilidad no encaja mucho con la mentalidad nacionalista, tan proclive al carácter absoluto y excluyente de los sentimientos de pertenencia Habiendo sacado a su pueblo del error en el pasado ¿Cómo van a dejar que vuelva a equivocarse? Muy probablemente, lo mismo que le pasa ahora a Salmond, el entusiasmo plebiscitario se limitaría a los supuestos de victoria asegurada..

 

Quizá tenga aún más interés el segundo motivo de rechazo nacionalista al referéndum. En él, quien tiene la facultad de aprobarlo, es decir, el Primer Ministro británico, amparándose en los mismos razonamientos que en el año 1998 hizo el Tribunal Supremo de Canadá, y que dieron lugar a la llamada “Ley canadiense de la Claridad” que trataré en el siguiente post, propone que la pregunta sea sencilla, clara y sólo en un sentido: ¿Desea usted o no que Escocia siga formando parte de el Reino Unido?

 

La estrategia de Cameron es buena, pues de lo que se trata es de empezar por resolver esa cuestión esencial para que la misma no pueda ser utilizada para chantajear al Reino Unido sobre las condiciones de permanencia, pues eso es precisamente lo que pretenden los nacionalistas escoceses. Es decir, que a la hora de la verdad los secesionistas resultan no serlo tanto, y lo que pretenden es azuzar el sentimiento independentista para, en un aparente compromiso, establecer una fórmula ambigua de soberanía con asociación que permitiera a las autoridades escocesas recaudar todos los impuestos, quedarse así con los ingentes ingresos del petróleo del Mar del Norte, y gestionar todas las políticas sociales. Con la ventaja de ahorrarse además otros gastos bastante menos vistosos, como los de defensa entre otros. No sé si a nuestros inteligentes lectores les va sonando todo esto, pero sospecho que sí.

 

Es decir, que en realidad las aspiraciones nacionalistas se concretan en diseñar su propio modelo de pertenencia, o de semi-secesión, de forma que les resulte lo más ventajosa posible, que se ahorren cuantiosos gastos que deberían ser financiados mayoritariamente por el resto de los contribuyentes británicos, y que se limite al mínimo su contribución a la solidaridad respecto de otras zonas menos favorecidas del Reino. ¿Les sigue sonando?

 

Frente a la inteligente estrategia de Cameron para desactivar el chantaje, podemos echar una vista somera a lo que ha ocurrido en España en las últimas décadas. Cuando han alcanzado el poder, los nacionalistas vascos y catalanes se han dotado de poderosos medios de propaganda, algunos de efectos a largo plazo pero sumamente poderosos, como el control de la Educación y de un mundo cultural fuertemente subvencionado. Tales medios se han puesto al servicio de unas ideas más o menos explícitamente secesionistas, que incluían la represión de cualquier manifestación exterior de sentimientos comunes de pertenencia, considerados en el lenguaje oficial sólo como vestigios de situaciones anteriores represivas felizmente superadas. Y una vez agitadas y promovidas adecuadamente tales aspiraciones, se han dirigido al Gobierno y a los partidos de ámbito nacional, con un mensaje como éste:

 

“Mirad, ya sabéis que no nos consideramos ni nos sentimos españoles, y que este sentimiento es cada vez más general entre los habitantes de nuestro territorio. Pero nosotros somos personas razonables que queremos buscar fórmulas de convivencia en las que todos podamos sentirnos a gusto. Así que te propongo que me des esto y lo otro, a ver si así conseguimos satisfacer en parte nuestras aspiraciones. Bien entendido que ello no implica renunciar a nuestras aspiraciones de soberanía, ni por tanto excluye que en el futuro podamos seguir planteando demandas para avanzar hacia ella”. Es decir, en Román paladino, una secesión a plazos y a la carta, que pasa por establecimiento, si se puede conseguir, de regímenes privilegiados, como los que suponen los regímenes de concierto fiscal de las provincias vascas, y que ahora, como no, reclaman sin rubor los actuales gobernantes autónomos de Cataluña.

 

Son por tanto los mismos pirómanos los que reclaman los medios, en forma de transferencias, para calmar lo que denominan “aspiraciones de autogobierno” (o de privilegio). Puro chantaje.

 

Lo sorprendente, sin embargo, no ha sido esta forma de actuar y lograr objetivos. Casi todos, salvo una minoría de recios principios morales, aspirarían a lograr situaciones de privilegio si estuvieran a su alcance. Lo que de verdad ha sido extraño es que los partidos de ámbito nacional, en las numerosas ocasiones en que no han tenido mayoría absoluta, ante su incapacidad de hacer frente común a esos desafíos con una verdadera política de estado, han ido cediendo a ese chantaje que, no lo dudemos, ante su éxito va a seguir planteándose en el futuro. Han preferido atender su particular y cortoplacista interés por alcanzar el poder (aunque progresivamente mermado) que los generales de la nación.

 

Todo ello ha dado lugar, además, a un efecto perverso efecto secundario probablemente no previsto por los nacionalistas. En parte por un impulso de emulación favorecido por el prejuicio de considerar que transferir a las comunidades autónomas era lo progresista y reservar facultades al estado central lo reaccionario, lo propio de un pasado a superar, y en parte por un deseo, quiero creer que bien intencionado, de construir un Estado armónico, gran parte de esas conquistas nacionalistas se han venido generalizar, con la atribución de esas competencias al resto de las comunidades autónomas.

 

Con el efecto de que, por una parte, el ansia narcisista de diferencia de nuestros nacionalistas no se saciaba y exigía más, y por otra de que haya quedado un Estado excesivamente reducido, y sin suficientes medios para dirigir el país de forma eficiente. Todo ello a cambio de de unas Comunidades Autónomas  mal diseñadas y desarrolladas, sin suficientes mecanismos de control que han administrado los asuntos públicos de la calamitosa e irresponsable manera cuyos resultados leemos todos los días en los periódicos. El diseño del Estado, por tanto, no ha obedecido a plan alguno, ni ha atendido a parámetros de eficiencia. Se ha hecho a golpe de chantaje y cesión, de intuiciones y ocurrencias, con el resultado de contribuir decisivamente a nuestra particular y feroz crisis económica.

 

Esta dialéctica parece tan interiorizada por nuestros gobernantes, que se sigue admitiendo incluso con la actual mayoría absoluta de nuestro partido gobernante, como nos cuenta aquí el profesor Centeno  .

 

¡Qué bien nos hubiera venido aquí tener políticos que hubieran sido capaces de desactivar el chantaje y parar el proceso como lo está haciendo Cameron!

 

Pero todavía pueden buscarse soluciones, y los ejemplos de fuera, ante el fracaso de esta originalísima aportación nuestra a la geopolítica del Estado de las Autonomías, nos pueden dar muchas pistas. Al respecto, desde un blog jurídico como éste, podemos plantearnos ¿Cómo puede responder un estado democrático y moderno a la eventualidad de que la mayoría de los habitantes de un territorio deseen la secesión? ¿Existe un apoyo suficiente a esta posibilidad en el Derecho Internacional? ¿Puede tener un territorio el derecho a definir unilateralmente sus relaciones con el resto y con el estado central? ¿Y a plantear su secesión unilateralmente si sus pretensiones no se ven satisfechas? Y las respuestas que desde un punto de vista jurídico-constitucional se den a tales problemas ¿Cómo pueden influir en el desarrollo o incluso en la solución de los mismos? Para responder a estas preguntas resulta interesantísimo el caso de Quebec en Canadá. Pero, agotada ya muy posiblemente la paciencia de los lectores, seguro que agradecerán esperar hasta el siguiente post.

 

 

¿Sobra el griego? Sobre un referendum que como vino, se fue

No es que queramos con el título de este post hacer un chiste fácil parafraseando el título de la película “Zorba el griego” aunque sí que hay algo de ella que puede traerse a colación, cuando Zorba (Papandreu) le dice al británico (UE): “”en la vida hay que ser medio loco para romper las cadenas y ser libre”. Para analizar la sucesión de eventos de los últimos días (primera vez en la historia que se convoca y desconvoca un referéndum en dos días), y no volvernos locos, conviene adoptar (al menos) tres enfoques:

a)    Jurídico y de legitimidad

 Lo que está demostrando esta crisis es que las reglas que contiene el Tratado de Lisboa no sirven para hacer frente a situación de crisis. Esto ha motivado, probablemente como efecto no buscado, el que para tomar decisiones difíciles y (relativamente) rápidas haya surgido un liderazgo, no legal pero necesario, encabezado por el tándem Merkel-Sarkozy; hasta el punto de que un conocido profesor de Derecho europeo, Joseph Weiler, sostiene que la UE ha encontrado el tan ansiado presidente de la UE: un tal Merkozy. Pero no nos engañemos, sin ese liderazgo (consentido por el resto) la UE hubiera entrado en barrena hace muchos meses y está por ver que no acabe entrando.

A pesar de ello existen algunos puntos del recorrido decisorio de los últimos años que resultan criticables: el oscurantismo y la falta de debate democrático en la toma de decisiones. Por ejemplo, pocos saben que el Tratado de Lisboa ya ha sido reformado por Decisión del Consejo Europeo de marzo de 2011, adoptada sobre el sistema “simplificado” de reforma de los Tratados previsto en el art. 48.6 del Tratado UE (versión Lisboa), que modifica el art. 136 del Tratado de Funcionamiento de la UE. Una modificación por cierto que en nuestro país se someterá al parecer simplemente a la autorización parlamentaria prevista en el art. 94 de la Constitución, pero que no requerirá la ley orgánica que prevé el art. 93. Es decir que se hará sin debate. Esto ocurre a nivel nacional, donde  (aquí y en la mayoría de los países) el parlamento está siendo ajeno a todo este proceso de negociación donde nos jugamos el futuro como sociedad (¿para qué está el parlamento entonces?), salvo si llega el caso de tomar alguna decisión dramática, es decir cuando ya no puede decir nada. Pero lo mismo está ocurriendo a nivel europeo donde la implicación del Parlamento Europeo es casi igual a cero (y el papel de la Comisión está siendo bastante secundario).

Esta baja implicación de los parlamentos nacionales y europeos es por cierto paralela al incremento de contestación social en algunos países (donde el nuestro puede ser el siguiente), ¿casualidad? De hecho, tal vez esta carencia de debate social y democrático pueda explicar aunque no justificar la convocatoria del referéndum griego. Pero aún así, explicarlo solo en parte. Veremos.

 b)    Político

¿Por qué se convoca un referéndum que no viene impuesto por la Constitución? Un observador algo ingenuo diría que un político solo convoca un referéndum al que no está obligado porque piensa ganarlo. Pero este juicio de valor se fundamenta en el apriorismo de que los políticos operan por criterios racionales y eso, cuanto más al sur nos encontremos, solo puede presumirse.

Los antecedentes de referéndums en las UE no invitan desde luego al optimismo. Todos recordamos cómo el Tratado de Constitución Europea embarrancó precisamente por resultados adversos en consultas populares. Es cierto que también la tradición marca que el país que pierde un referéndum puede conseguir ventajas para poder convocar un segundo referéndum y ganarlo (desde el protocolo danés esto es así) e incluso la sola amenaza de convocarlo puede servir para obtener privilegios (e.g. cheque británico). Pero ambos supuestos no son aplicables al caso griego: primero, porque no utilizó esa arma “ex ante” para obtener (todavía) más ventajas y segundo porque no hay tiempo para una segunda oportunidad. Entonces ¿por qué el órdago de Papandreu? La respuesta creo hay que buscarla en otro sitio

c)    Cultural, social y psicológico

Hace algunos años coincidí con cuatro funcionarios griegos en un seminario que se celebraba en una ciudad centroeuropea. Los cuatro eran muy simpáticos, pero tres firmaban por la mañana y no aparecían por el seminario hasta la cena. Entonces comentaban que los problemas de Grecia eran por pertenecer a la UE, que les estaban obligando a cambiar su cultura: un “estilo de vida” griego que, como en otros países mediterráneos (incluido el nuestro), se fundamenta en que creemos saber disfrutar de la vida mejor que el resto. Me recordaba el debate que hubo en España sobre si la entrada en las entonces Comunidades Europeas iba a acabar con la siesta  (¿y?) o si la culpa de la subida de los precios fue del euro (y no de los que subían los precios aprovechando la confusión). Sin embargo, los cuatro no hablaban de que fondos europeos (no aprovechados) estaban pagando su estancia en el seminario mientras tres se iban de compras o a hacer turismo. Paralelamente eran gente muy orgullosa, que se consideraban representantes de una cultura milenaria a la que Europa debía su ser, mientras daban datos falsos de su economía para entrar al euro. No, nos riamos, Grecia puede ser un espejo para España. El problema viene cuando caemos en el exceso y en pensar que tenemos derecho a vivir sin trabajar bien pero gastando a lo loco pues  siempre habrá alguien dispuesto a pagar la factura: los padres, el gobierno, el FMI, los europeos y si todo falla, pues a emitir más deuda: ojos que no ven (que lo tendrán que pagar nuestros nietos) corazón que no siente.

Lo cierto es que llevamos asistiendo a numerosas revueltas sociales contra medidas que el gobierno griego ha sido incapaz (todavía) de poner en práctica y contra una Europa que amenaza un particular estilo de vida. La Cumbre del Euro (por cierto otra institución que no existe en los Tratados) de 26 de octubre lo único que ha comprado es tiempo, pues si los griegos no aceptan que deben hacer las cosas de otra manera, en pocos meses su deuda volverá a escalar máximos y la quita no habrá servido de nada. De hecho, parte de las causas que subyacen en la convocatoria del referéndum pueden venir de esos “valores” que sustentan un modo de vivir “a la griega”.

En este contexto, Papandreu (en clave positiva) pudo caer en la tentación de buscar en una apuesta arriesgada un apoyo para poder acabar con las protestas sociales y el clima de orgullo nacional herido, como única fórmula  para poder poner en marcha finalmente las medidas que se le vienen reclamando. Ciertamente no actúa como líder valeroso pero ¿qué hacer frente a una sociedad (griega) que sigue dando la espalda a la realidad? Y es que las emociones son filtros que nos llevan a seleccionar las partes de la realidad que queremos ver: echar la culpa a otros (la UE o los mercados) y renunciar a una mínima autocrítica, supone instalarse en el síndrome del eterno adolescente.

Pero (en clave negativa) esta arriesgada maniobra podía acabar en una noche sangrienta como aquel Áyax de Sófocles quien masacró el ganado (los griegos) mientras creía herir a los Atridas (los europeos). Al final la amenaza de la UE ha conseguido al parecer -aunque todo cambia cada minuto- hacer recular al primer ministro griego. Pero ¿es que no había previsto la reacción de europeos y mercados? ¿O se trataba todo tal vez de una maniobra para ganar crédito en casa y poner contra las cuerdas a la oposición? De nuevo el referéndum como maniobra de distracción y chantaje, así de barato se vende la consulta al pueblo.

En todo caso: quién te ha visto y quién te ve: Grecia la cuna de Europa puede determinar su caída.

Quien siembra Osamas recoge Gadafis

A veces las hojas de los árboles no nos dejan ver el bosque. Últimamente hay demasiadas cosas que apuntan a que se está produciendo un cambio de ciclo en la historia del mundo (y especialmente de occidente) que las prisas y la sucesión acelerada de eventos (un elemento más de ese cambio) no nos dejan sentarnos a analizar con profundidad y serenidad. Blogs como éste contribuyen sin duda a ese análisis, necesariamente polifónico, de una realidad que huye de claros y oscuros y que se sitúa crecientemente en el terreno de lo ambivalente.

La reciente ejecución de Gadafi es uno de esos sucesos que nos deberían hacer pensar que algo (profundo) está cambiando. Primero, el que la OTAN no resulte ajena a lo que ha pasado, a pesar de algunas tímidas peticiones de aclaraciones, y que sepa perfectamente lo que ha sucedido y calle. Segundo, aunque Gadafi sin duda era un sinvergüenza y un canalla (si bien no mucho mayor que otros que aparecen ahora legitimados en extrañas Conferencias de Paz), no por ello debía ser privado del derecho a un juicio justo y menos con la complicidad (directa o indirecta) de occidente.

¿Qué está pasando? Pues que el derecho internacional que nació de los juicios de Núremberg (por cierto de cuyo comienzo el próximo 20-N se cumplen 66 años, ¿casualidad?) está muerto. Y ¿quién lo ha matado? Podría escaparse de esta cuestión diciendo aquello de entre todos lo mataron y él solo se murió, pero en este apuñalamiento masivo hay un Brutus inesperado y ése es san Obama, premio Nobel de la Paz y al que muchos consideraban la esperanza para construir un mundo más justo. Mientras el ejército americano de Bush (aunque fuera contra sus deseos) gastó tiempo y dinero en llevar a Saman Hussein a la justicia, Obama ha dado pública carta de naturaleza a las ejecuciones sumarias de terroristas como Osama Ben Laden, a quien han seguido después otros más, callados por cierto por la prensa. Hasta entonces solo algunos servicios secretos se atrevían a hacer tales cosas, pero siempre negándolo en público, pues se reconocía implícitamente que existía un código que había sido vulnerado. Sin embargo, tras la ejecución de Osama (algunas de cuyas fotos recuerdan por cierto a las de Gadafi) Occidente se ha quedado sin legitimidad moral para exigir comportamientos éticos o acordes a una supuesta legalidad internacional a otros. Y es que ya casi nadie se toma en serio el principio de que el poder democrático y civilizado no puede/debe tratar a los delincuentes como ellos tratan a sus víctimas.

Pero a veces también se olvida que la falta de juicio no es solo un problema para el derecho o para la justicia es también un ataque a la posible reconstrucción de la verdad histórica. Así, siempre nos quedará la duda si evitando el juicio se quería evitar que el acusado hablara en público y ejerciera legítimamente su defensa, acusando para ello tal vez a algunos de los que aparecen o aparecían hasta como líderes del mundo libre.

En definitiva, debemos reflexionar algo más sobre cuáles son los pilares que están sirviendo de fundamento al (¿nuevo?) mundo globalizado pues tal vez mentes bien pensadas tienden a ignorar que el poder puede que no haya cambiado mucho desde los tiempos cuando Shakespeare hacía decir a uno de sus personajes: “Hay que saber arreglárselas sin compasión; / y es que la inteligencia está en un trono más alto que la conciencia”. Frase por cierto recogida por Karl Marx en el Capital, para justificar su crítica al capitalismo en una fase también de crisis del sistema que recuerda en muchos aspectos a ésta que estamos viviendo. ¿Aviso para navegantes?

 

Perú y España: dos trayectorias.

Rodrigo Tena y yo acabamos de volver de un interesante viaje al Perú de una semana. El Perú, así escrito, con el artículo como hacen sus naturales, está dotado de unos preciosos paisajes, tan variados como asombrosos y de una riquísima mezcla de culturas, y cualquier viajero curioso encuentra abundantes satisfacciones. El motivo principal del viaje, un proyecto de cooperación para facilitar la titulación y formalización de la propiedad informal de los habitantes de barriadas humildes en el Departamento de Ica, que fueron afectados por el terrible terremoto de 2007, merecería por sí un post. Pero ése no es el que toca ahora, pues prefiero unas consideraciones más generales. Que se hacen más fáciles cuando, como es nuestro caso, hemos contado con excelentes anfitriones que entre otras muchas virtudes tienen la de compartir con los viajeros su penetrante análisis de la realidad peruana.

En realidad, casi cualquier viaje pone la perspectiva para una visión más certera de nuestra propia realidad cotidiana. Es alejarse de los árboles para ver el bosque. Por ello, conocer otro país, su evolución y sus problemas, y compararlo con el nuestro (como Elisa, casi tengo que pedir perdón por estar refiriéndome a España) nos permite hacernos con imágenes reveladoras. Nos contemplamos así en un espejo ajeno que nos da buenas pistas sobre nosotros mismos.

Es claro que hay que partir de una obviedad. El Perú es mucho, pero mucho más pobre que España. Pero no es esta comparación de términos absolutos la que me interesa aquí para este blog. Sino la de las trayectorias.

Efectivamente, viene ese entrañable país de un pasado demasiadas veces calamitoso, en el que ha padecido tiranías, populismos irresponsables y fases de una violencia atroz. Pero si vemos su evolución en los últimos doce años tales calamidades parecen haber quedado definitivamente atrás. Fujimori, en medio de sus excesos y con métodos más que discutibles, consiguió su estabilización económica, y aseguró a empresas e inversores un imprescindible marco de seguridad. El restablecimiento de las Instituciones en un nuevo marco democrático, pervertido por su antecesor, fue obra del siguiente Presidente, Alejandro Toledo. Desde entonces, ese nuevo marco jurídico y económico ha permitido al país el crecimiento económico asombroso de un nuevo dragón americano. Y ha sido sustancialmente respetado por los gobernantes sucesivos, Alán García y el actual Presidente Humala, a pesar de tener éstos sus orígenes en las izquierdas más populistas.

La economía peruana es cada día más abierta, y se ha incorporado con entusiasmo a la globalización, dispuesta a aprovechar sus oportunidades mejor que a criticarla desde retóricas victimistas como algunos de sus vecinos. Esta apertura se va traduciendo también en la propia sociedad. Hoy es indudable que la riqueza se está extendiendo por todas las capas sociales, y que frente a la vieja sociedad dual que tan bien describieron esas novelas inolvidables que no hace falta citar, va surgiendo una pujante clase media, en la que a veces se encuentran personas de humildísimos orígenes con antiguos miembros de la oligarquía tradicional.

Por supuesto que no todo es brillante. La Administración pública y la educación siguen lastradas por un bajo nivel general, faltan infraestructuras básicas y los servicios públicos siguen siendo deficientes. En la barriada de Pachacute en Callao, en las afueras de Lima, donde Rodrigo y yo pasamos un día emocionante descubriendo las diversas obras sociales de Coprodeli, vimos unos niveles de pobreza terrible, a pesar de lo mucho que, según nos dijeron, había mejorado, y de las pequeñas empresas que en ese entorno se van creando.

Sin embargo, y a pesar de los problemas, existe un clima general de optimismo en todo el país. Cada vez surgen más empresas, y su actividad va superando fronteras. Y es una idea generalmente aceptada que el rigor económico y el progresivo fortalecimiento institucional están en la raíz de este progreso, y por ello son tesoros que hay que incrementar. Dejo para otra ocasión el pormenizar otros datos, pero puedo contaros cómo nos sorprendieron, por ejemplo, pintadas electorales que permanecían de la última campaña de elecciones presidenciales, en la que junto al nombre de una candidata, aparecía como promesa suya: “títulos de propiedad”.

No me cabe duda de la íntima relación que existe entre la existencia de un sistema jurídico sólido que ofrezca seguridad, y la capacidad de crecimiento económico. Sobre todo si la Administración pública consigue ser dinamizadora y no obstaculizadora del desarrollo comercial y empresarial.
En contraste ¿Qué tenemos en España? Una Administración atomizada e hipertrofiada, demasiadas veces más al servicio de nuestra casta política que de intereses generales, y que consume inútilmente ingentes recursos. Un progresivo deterioro institucional, que va minando nuestro Estado de derecho, como hemos venido denunciando en este Blog. Y, no por casualidad, un estancamiento o incluso retroceso económico en un ambiente general de pesimismo donde vemos cada vez más empresas hundirse.

Efectivamente, a pesar de sus mayores niveles de pobreza, el viajero llega a contemplar la realidad peruana con una cierta celosa melancolía. Ellos están en la buena trayectoria. Nosotros hace tiempo que la perdimos, y urge cambiar el rumbo de forma radical. Pero ¿seremos capaces?

El Perú en la encrucijada. Un artículo de Oswaldo Arias

La preocupación por la salud del Estado de Derecho, y por cómo la misma afecta a cada ciudadano y a la vida colectiva, es una constante en este Blog. Pero nuestra preocupación no sólo se limita a España. Con una cierta vocación universalista, queremos estar atentos a lo que ocurre en todo el mundo. Y muy especialmente al escenario iberoamericano, por razones que no necesitan ser explicadas.

Por eso, tenemos hoy la fortuna de poder presentarles este artículo de un buen amigo del Blog desde Perú|. Rodrigo y yo tuvimos la fortuna de conocer a Oswaldo con motivo de un viaje a unas jornadas notariales en Ica, vinculado a un proyecto de colaboración para la titulación en la zona afectada por el terremoto. En él nos sorprendió de forma inmediata su gran categoría humana, que rivalizaba con su preparación intelectual.

Oswaldo es hoy notario en Lima, pero ha pasado también por la judicatura, y ha sido en sus diversos avatares un testigo privilegiado de la reciente historia del Perú. A nuestra instancia, ha tenido la amabilidad de enviarnos este artículo, escrito al filo de la actualidad pero desde una perspectiva y con un criterio especialmente valioso por la experiencia de su autor. Es la primera colaboración de Oswaldo, y esperamos que no sea la última.

EL PERÚ EN LA ENCRUCIJADA: LA DEMOCRACIA PUESTA A PRUEBA

 Ha terminado la parte fundamental del proceso electoral en el Perú para elegir al presidente de la república, y el favorecido con la votación ciudadana ha sido Ollanta Humala, un ex militar nacionalista, que profesa (o profesaba) ideas intervencionistas en materia económica, que presentó un primer plan de gobierno marcadamente contrario al libre mercado, y que había manifestado en el pasado, con palabras y actos, un cercanía proyectos poco democráticos como el de Chávez en Venezuela o el de Morales en Bolivia. Y, sin embargo, ha sido la mejor elección posible.

Por un lado, su rival en la segunda vuelta, Keiko Fujimori, hija del ex presidente Alberto Fujimori sentenciado a una larga condena por delitos contra los derechos humanos y corrupción, no había hecho un real deslinde con el régimen de su padre, quien se caracterizó por pervertir todas y cada una de de las instituciones representativas del estado de derecho: congreso, poder judicial, prensa, policía, fuerzas armadas y un largo etcétera, todo fue copado y corrompido por este gobierno que intentó crear una dictadura perfecta, arropada por una supuesta devoción a la libertad de mercado y empresa (que era solo conveniencia) y enmascarada por elecciones contaminadas y fraguadas. Por el otro, en virtud de su configuración como única alternativa viable frente a la reviviscencia fujimorista, personalidades ajenas comprometidas con los valores democráticos, como el nobel Vargas  Llosa, se acercaron a Humala y han testimoniado la comprensión de este último de la necesidad de respetar el modelo económico, sin perjuicio de hacer las correcciones necesarias (e incluso profundas) que  se requieren, dentro del marco de un estado democrático en forma y contenido. Finalmente, la adhesión del ex presidente Toledo al candidato Humala en esta segunda vuelta puede haber terminado inclinando la balanza, en la decisión de quienes esperan de aquél que se convierta en un freno a las apetencias controlistas del humalismo, con el fuerte argumento de que sin los votos de Perú Posible (partido de Toledo) en el congreso, no pueda el actual mandatario cumplir las promesas que fueron parte esencial de la última etapa de la campaña electoral.

El temor subsistente, por supuesto, es que el nuevo presidente trate de patear el tablero recurriendo a referendos o plebiscitos seudo legitimadores para subvertir el estado de derecho, como en otros casos se ha visto. Humala ha jurado (todavía parece que se estila) no hacer nada de ello y gobernar concertadamente. Muchos le han creído, otros quieren creerle. El Perú del 2011 no es la Venezuela de 1998, esperemos que esa historia no se repita y que Humala pase a la historia como un gran peruano que supo hacer lo mejor para el bien de los peruanos, en particular de los que no se han beneficiado adecuadamente del estado centralista y anquilosado que todavía es el nuestro.

 Oswaldo Arias. Lima, junio de 2011

Algunas reflexiones sobre la razón de Estado y el Derecho a raíz de la muerte de Bin Laden

Desde ¿Hay derecho? queremos contribuir a este debate nada menos que con 3 posts, uno de nuestro editor Rodrigo Tena y dos de nuestros colaboradores habituales Alberto Gil y Abel Veiga. Aprovechando que es fin de semana les dejamos esta lecturas para reflexionar. Como verán no todos opinan lo mismo.|

¿Justicia o venganza? Caso Bin Laden (I)

A medida que van pasando las horas y los días la polémica lejos de diluirse se aviva. Dudas, sombras, controversias, ambigüedades, comparecencias contradictorias y refutadoras de versiones anteriores y fotos que muchos piden y no llegan.  Hasta cierto punto es normal. Todo se cuestiona. O es susceptible de cuestionarse. Todo es noticiable, también noticia por el momento. Vende y mucho. Poner en duda la veracidad de lo sucedido no conduce a ninguna parte, lo que no quiere decir que no puedan cuestionarse los métodos empleados. Saber, realmente conocer qué sucedió en verdad, probablemente nunca lo sabremos, cómo tampoco qué ha sucedido en su caso con el cadáver de Bin Laden. Ni iba armado ni utilizó a ninguna mujer como escudo, afirma ahora Washington, que ha caído atrapado en una telaraña informativa destructiva y voraz. Las medias verdades nunca conducen a nada, tampoco dan réditos. Mas ¿estamos preparados para saber toda la verdad? ¿y qué se arriesga realmente ofreciéndonos esa verdad?|

La Casa Blanca, o el guión que están ejecutando distintos portavoces, alimenta la contradicción. Y esto no es positivo. Aparte de que si estaba o no armado, ahora se nos dice que no, pero que opuso resistencia sin embargo, se disparó a matar. Algunos han calculado que es más útil un muerto que un preso para juzgar. Pero al margen de todo ello dos debates irrumpen encima de la mesa, el uso de la tortura en Guantánamo y si realmente se ha cometido un acto de justicia o meramente de venganza punitiva.

Respecto de lo primero, si ustedes recuerdan a los detenidos y enjaulados en la prisión caribeña se les asignó un estatus limbo jurídico llamado hasta 2009 “combatientes enemigos”,  una argucia legal que al ir acompañada de un centro de detención, también tortura, en el extranjero facilitaba no aplicar las leyes estadounidenses y al ser combatiente tampoco las disposiciones ginebrinas en caso de guerra. Obama prometió su cierre, pero también en esto se ha contradicho. Como en la guerra contra el terror que emprendió su predecesor. Allí se torturó y retuvo a presuntos terroristas y no terroristas como el tiempo ha testimoniado inapelablemente. Ahora se rehabilita lo hecho allí entre muros de silencios y oquedades visuales diciéndonos que el hilo de esa madeja que ha permitido el asesinato de Bin Laden partió de aquella prisión. Los servicios secretos paquistaníes difunden sin embargo que ya en 2009 avisaron a la inteligencia norteamericana de la casa en que se  ocultaba el terrorista de origen yemení. Ahora cada uno ofrece las versiones que le interesan. Pakistán puede dejar de ser aliado preferente y estratégico en detrimento de una India que se ha ganado a pulso ser aliado y desde luego más fiable que el régimen pakistaní asentado en un verdadero polvorín. Veremos qué precio tiene en la diplomacia de los dólares apaciguar los tumultos verbales y ficticios en el país musulmán y radicalizado.

Pero el segundo interrogante es el que nos preocupa, o al menos debería hacernos pensar y reflexionar a juristas y no juristas. Parece indubitado que había una orden clara y explícita, matar a Bin Laden. El terrorista y líder de una organización que ha sembrado terror y muerte por medio mundo. ¿Estamos ante una acción o acto de justicia o ante una venganza punitiva? Una cuestión es el mensaje que se difunde  a la sociedad y a los ciudadanos, amén de la euforia de algunos celebrándolo y otra, con los ordenamientos y sistemas jurídicos delante, pronunciarse no sobre la legitimidad y moralidad de lo sucedido, al margen del hecho de que estaba desarmado, sino de la misma legalidad de la actuación. ¿Puede un gobierno o un presidente  en un estado o país democrático, soberanamente decidir el asesinato de una persona, pese a ser un despiadado y miserable criminal?, ¿dónde quedan los derechos y la dignidad incluso de ese mismo, presunto o cierto criminal?, ¿por qué no se le capturó vivo y se le procesó y en su caso condenó?, ¿a qué obedece toda esta actuación?, ¿realmente a criterios jurídicos, políticos, populistas ante la opinión pública, electoralistas, o un poco tal vez de todo?

El propio presidente Obama, que asumió la responsabilidad directa en la decisión expresó la noche del domingo dos frases que no pueden pasar desapercibidas. “Se ha hecho justicia” y “Estados Unidos puede hacer lo que se proponga”. Dos frases que resumen una forma nítida de pensar y que es compartida sin fisuras por el pueblo norteamericano y por muchos mandatarios y sociedades extranjeras. “Hacer lo que se proponga”, pero ¿cómo es ese hacer, hasta dónde, con qué métodos?  Cuantas barbaridades se han hecho en el pasado y se hacen, cuantas impunidades y cuantos dobles raseros encubiertos y descarados.

Absurdamente algunos tachan que entre tanto articulista y opinador late una trasnochada progresía social o de izquierdas. No creo que merezca nadie tal invectiva. Los hechos son los hechos, o son los que nos dicen y quieren que aceptemos. Por mucho que Obama, que el fiscal general de Estados Unidos, toda la clase política y todo un pueblo nos digan y bendigan la legalidad de la operación, tal vez tenga más de venganza que de legalidad. Se nos dice también que es un acto de guerra, aquella guerra global contra el terror lo que permite estar por encima del arrinconamietno legal de los ordenamientos nacionales. Que es esa leglaidad internacional la que legitima como ataque preventivo o incluso reactivo, la operación de acabar con la vida de Osama Bin Laden. Lo malo es que la legalidad internacional la dictan las mismas potencias que se sientan en el consejo de seguridad de Naciones Unidas, teñidas por mucha hipocresía y por muchas varas de medir cínicas y amputadas. Se ve lo que se quiere ver y se calla y mira para hacia otro lado lo que simplemente no se quiere ver, porque molesta y turba espurias conciencias. El asesinato de Laden tuvo quizás más de venganza, también emocional que de legalidad. Al menos jurídicamente tal y como están concebidas nuestras leyes. Vivo era un problema, muerto se cree que no tanto, salvo por lo que pueda hacer su organización terrorista, hoy descabezada política e ideológicamente afortunadamente, pero que no sabemos cómo está operativamente y quién, acaso Al Zawahiri, pueda dirigirla así como la unanimidad o no de su figura en algo, la Base, deslocalizada y fragmentada en células durmientes por medio mundo. Quizás dentro de una década, el mismo tiempo que llevó a la CIA cazar y asesinar a Laden, tendremos respuesta a estos interrogante, quizás nunca, porque tal vez ni siquiera merezcan la pena estos interrogantes entre cierta ética y reflexión crítica.

¿Una doble vara de medir en el Derecho penal internacional? Caso Bin Laden (2)

Sobre la ejecución de Bin Laden habrá muchas opiniones entre los colaboradores y lectores de este blog. Yo solo voy a ofrecer una de las posibles visiones para tratar de entender lo que está pasando. Ken Follet en su novela “La caída de los gigantes” narra una anécdota ocurrida poco antes (1914) de la Primera Guerra Mundial cuando el Presidente Wilson decidió bloquear el carguero alemán “Ypiranga”, cargado con armas destinadas a México. Poco después tuvo que presentar excusas formales a Alemania pues no había mediado ni declaración formal de guerra ni de bloqueo naval; es decir, se impuso el Derecho internacional. En estos momentos los servicios secretos americanos los componían cuatro personas.|

Tras la Segunda Guerra Mundial surgió un nuevo orden donde los servicios secretos adquirieron una importancia decisiva. Durante mucho tiempo en Occidente nos hemos podido ir a dormir con la conciencia tranquila porque podíamos amablemente ignorar que nuestra seguridad se ganaba en una lucha (en las alcantarillas) que la mayoría hubieramos declarado escandalizados como ilegal; esto era probablemente hipócrita pero había una consecuencia: si a alguien (algún Gobierno) le pillaban, primero era públicamente reprobado y segundo debían depurarse responsabilidades penales o políticas. Pero esto ha cambiado.

Hoy hay dos tipos de asesinatos de Estado (porque de eso estamos hablando): los que se reconocen públicamente y los que no. Puestos a aceptar que un Estado democrático y de Derecho se manche las manos de sangre, parece tal vez mejor que al menos sea transparente y lo reconozca (aunque sea por cuestiones electorales como en este caso). Pero esto no sana nuestra hipocresía sino que la cambia de color simplemente. En todo caso ese sería el único punto a favor de la acción militar del Gobierno Obama.Todo el resto son violanciones del Derecho internacional y humanitario, por cierto a manos de un Premio Nobel de la Paz, que ya en su discurso de 10 de diciembre de 2009 expuso las bases morales de su nueva política: “Evil does exit in the world. And non violent movement could not have altered Hitler´s armies. Negotiations cannot convince Al Qaeda´s leaders to lay down their arms. To say that force is sometimes necessary is not a call to cynicism – it is a recognition of History; the imperfections of man and the limits of reason”.

Primero se tortura para conseguir la información a presos ilegalmente retenidos en la ilegal prisión de Guantánamo; segundo, se hace una incursión de tropas militares en un país soberano (Pakistán) sin pedir la correspondiente autorización; tercero, se dispara contra civiles (los acompañantes y familia de Bin Laden, parece que había solo dos guardaespaldas armados); cuarto, se mata a un hombre desarmado (reconocido oficialmente), sin juicio previo; quinto, se arroja el cadaver al mar (se supone que atado con una piedra para que no salga a flote), privando así del derecho a los familiares al duelo y eliminando pruebas por el principio superior ¿en qué Derecho? de evitar la peregrinación a su tumba. Resulta que esta forma de deshacerse de cádaveres es más humnitaria y conforme a la religión musulmana que otras. ¡Si lo hubieran sabido todas las dictaduras hasta la fecha cuantos procesos de exhumación de cadáveres se habrían evitado! Eso sí, el Consejo de Seguridad de la ONU se prestó enseguida a dar por buena la actuación americana y por tanto la nueva visión del Derecho Internacional. A partir de ahora cualquier persona en cualquier lugar puede ser ejecutada sin juicio previo: ¡lo ha dicho la ONU! Un Consejo de Seguridad, por cierto, donde algunos Estados con poder de veto pueden decidir que no salga una resolución aunque hay una mayoría de población y de Estados a favor (como ocurrió en el caso de Irak donde Francia, un país de sesenta millones de habitantes, bloqueo una posible resolución). Esta es la legitimad que tenemos.

Paralelamemnte, en Libia, día sí y día también se vulnera la resolución de  las Naciones Unidas que autoriza la protección de la población civil, incluyendo entre los objetivos a Gadafi y su familia (ya han muerto niños) o bombardeos sobre ciudades. No hay imágenes, luego no hay noticias, pero muertos ¡haberlos, haylos! Y sin embargo, en Siria, donde la población civil no tiene armas para defenderse (como sí tenían en Libia) al parecer “no se dan las circunstancias” para una intervención, limitándose a sanciones económicas.

¿Qué cabe colegir de todo esto? Pues que parecemos asistir al efecto (¿narcotizante?) Obama: lo que toca lo convierte en legal aunque antes (lo mismo) no lo fuera, e incluso es capaz de cambiar el significado de las palabras, pues a partir de ahora “venganza” se tradice en ingés como “justicia”. Otra segunda consecuencia es que el Derecho penal internacional que surge de los procesos de Nuremberg al régimen nazi y continua con la creación del Tribunal Penal Internacional para juzgar los crímenes de la antigua Yugoslavia ha muerto. La “guerra” contra el terrorismo parece que tiene sus propias reglas (incluso aunque nos encontremos en una época de falta de atentados o que Osama viviera al parecer retirado) donde eso de que un Estado democrático no podía oponerse al mismo nivel que vulgares criminales ya no vale. Y todo ello con el aplauso prácticamente unánime del los Estado democráticos del mundo y de los grandes medios de comunicación: ¡quién te ha visto y quién te ve! Queda en el aire la pregunta: ¿qué hubiera pasado si la decisión de matar a Bin Laden la hubiera dado GW Bush? ¿O si algo semejante lo hubiera hecho Rusia, Israel, China o Cuba? ¿O qué hubiera pasado si Felipe González hubiera vencido sus dudas manifestadas recientemente y hubiera decidido “volar” la cúpula de ETA en Francia? Pues probablemente que la doble vara de medir se habría impuesto.

Razón de Estado y Derecho. Caso Bin Laden (3)

La muerte de Bin Laden ha suscitado una gran cantidad de comentarios críticos, algunos con mucha razón. No obstante, es muy preocupante que en la crítica se mezclen cuestiones que no tienen nada que ver con el tema y se realicen comparaciones que, más que aclarar el asunto, tienden a confundirlo.|

En primer lugar, es necesario distinguir la operación de eliminación de Bin Laden del caso Guantánamo y de las torturas que se vienen cometiendo allí desde hace años. Es evidente que estas últimas resultan absolutamente condenables, pero no entraré en ello, puesto que se trata de un tema diferente y a estas alturas ha sido suficientemente criticado. El que para localizar al líder de Al Qaeda se haya utilizado información obtenida mediante torturas no cambia nada, porque lo que es rechazable es la tortura, no el uso de la información obtenida con ella. Si se tortura a un terrorista para obtener información sobre donde está escondida una bomba hay que procesar al torturador, no al que va a desactivarla. Y sin que, por supuesto, la desactivación justifique nada, menos aun el indulto o la exoneración de responsabilidad del torturador.

La segunda confusión es la que olvida el tema legal y se centra exclusivamente en el tema ético, como si fueran dos cosas identicas. Esta actitud es siempre peligrosa, pero especialmente si proviene de un jurista. Discriminar hoy a las personas de raza negra no es sólo una falta moral, es un delito. En los años sesenta, al menos en los EEUU, se podía ordenar a un negro que ocupase el último asiento del autobus o se levantase si un blanco necesitaba el sitio. Sin duda era injusto, pero era legal. Cuando se cambió la ley no se procesó a los conductores de autobús, sino que les dieron simplemente unas nuevas instrucciones: entre ellas la de que a partir de ese momento sí les procesarían.

El ejemplo viene al caso porque un punto clave que debería discutirse es si acción de EEUU contra Bin Laden ha sido legal tanto desde el punto de vista nacional como internacional. El Congreso de EEUU aprobó después del 11-S una “Autorización para el uso de la fuerza militar” que atribuiría teóricamente esa facultad al Presidente. Al menos hoy en EEUU nadie se lo discute. Desde el punto de vista internacional el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó en la misma época una resolución que permitió actuar en Afganistán precisamente para combatir militarmente a esa organización terrorista, al margen de que la normativa internacional general podría también dar amparo a esa actuación. Por supuesto el Consejo de Seguridad no es una organización ideal. Tampoco nuestro Parlamento, tan ferozmente partitocratico, apoyado en una ley electoral que privilegia los intereses de pequeños partidos nacionalistas. Pero es lo que hay, y desde luego mejor que nada. Por otra parte, tampoco resulta muy lógico criticar al Consejo afirmando que lo mangonean unos cuantos países y luego poner como ejemplo un caso, el de Irak, en el que precisamente el pais más poderoso del mundo no pudo salirse con la suya.

En cuanto a que Pakistán no dio su autorización… dejémoslo estar. Resulta significativo el dato de que cuarenta minutos después de unas explosiones que despertaron a toda la ciudad, de disparos, de ruido de helicópteros, y del accidente de uno de ellos, no apareciese nadie por ahí, pese a que uno de los cuarteles más importantes del ejército pakistaní estaba a menos de quinientos metros de distancia. Si realmente no dio su autorización, India debería atacar Pakistán mañana mismo. Menudo coladero.

Sin embargo, nada de esto se comenta, al contrario, en un salto en el vacío verdaderamente asombroso se equipara la eliminación de Bin Laden con cualquier asunto interno de carácter policial, como si se tratase de un agente que al ir a detener a un delincuente no le leyese sus derechos o fuese demasiado rápido al disparar, hiriendo de paso a los que pasaban casualmente por ahí, cuando podía haberle detenido sin mucho riesgo para su vida.  La verdad es que la acción resultó bastante proporcionada, tratándose de una acción bélica en el extranjero, al menos bastante diferente, por ejemplo, de las que Israel suele realizar en el territorio que ella misma controla.

Pero la confusión más grave de todas es cuando se compara este caso con otros en los que falta absolutamente el factor de la legalidad, nacional e internacional. Especialmente grave me parece alegar un doble rasero en relación a lo que hubiera pasado si Felipe González hubiese decidido volar la cúpula de ETA cuando tuvo capacidad para ello. Porque aquí ya no equiparamos el caso con un tema policial interno, sino que además lo desvirtuamos completamente, al olvidar, precisamente, el Derecho.

El problema es que en España vivimos permanentemente en esa confusión y ya casi estamos habituados a ella. Está prohibido pagar rescates a los piratas, pero los pagamos y a la gente incluso le parece bien. Está prohibido liquidar extrajudicialmente a nadie, pero organizamos los GAL. Queremos legalizar a Bildu, pero decimos que no, a ver si nuestros chicos en el TC nos salvan la cara,

En EEUU lo hacen de otra forma. Si quieren pagar rescates aprueban una norma que permite pagar rescates. Si quieren cargarse a un terrorista aprueban una norma que permite hacerlo. Si quieren legalizar a un partido nazi o uno que quema la bandera americana aprueban la norma jurídica correspondiente. Nos puede parecer bien o mal, pero son consecuentes y respetan el Derecho. Aquí nos reímos de él continuamente. Si Gonzalez quería cargarse extrajudicialmente a la cúpula de ETA que pidiese permiso al Parlamento y que luego llegase a un acuerdo con Francia, aunque fuese secreto. ¿Lo hizo? No, pensó que los costes eran muy altos. Pues entonces, que apechugue con las consecuencias. Pretender jugar a todas las bandas es lo que resulta impresentable, porque, en definitiva, ¿Hay Derecho? o no lo hay. Creo que la diferencia es importante, por lo menos para este blog.

Guerra y Derecho

(Con Rodrigo Tena) 

Reconocemos que el título del post es un poco chocante. Y probablemente muchos lectores de este blog se desconcierten un poco, pero a  los editores de ¿Hay Derecho? nos parece importante realizar una pequeña aportación, en parte jurídica y en parte política, sobre lo que está ocurriendo en Libia. Avisamos de entrada que la postura personal de los dos editores firmantes es favorable a la intervención occidental e intentaremos explicar por qué, aunque nos excedamos un poco de la longitud habitual de nuestros posts, y que nos perdonen los colaboradores a los que perseguimos con el manual de estilo y, por supuesto, los lectores.|

Sujetar la guerra (expresión máxima de la violencia y de la fuerza) al Derecho, parece, al menos a primera vista, un contrasentido. Si el Derecho representa precisamente un instrumento para sujetar el poder y la fuerza a determinadas reglas, buscando fines como la justicia, la libertad y la seguridad,  parece que la guerra queda excluida de su ámbito. Más bien, la guerra debería entenderse como el fracaso del Derecho, ya que supone la reaparición de la fuerza desnuda y la vuelta al estado de naturaleza.

Y, sin embargo, esto no es exactamente así. En primer lugar, porque detrás de un Estado de Derecho está también la fuerza, aunque sea la fuerza “domesticada”, es decir la fuerza del Estado sometida a determinadas normas. Bienes jurídicos como la vida, la libertad, la seguridad y la integridad físicas, la propiedad, etc., se garantizan en último término porque el Estado puede imponerlos por la fuerza, aunque sea una fuerza sometida a las leyes (Parlamento, Tribunales, policía, fuerzas y cuerpos de seguridad). En segundo lugar, porque aunque sea de forma muy rudimentaria, existe una institución internacional, la ONU, con unas fuerzas y cuerpos de seguridad propios o “prestados” por la comunidad internacional que permite, siempre muy precariamente, una cierta sujeción de la fuerza o de la guerra a normas internacionales, y existe también un Tribunal Penal Internacional.  Y no lo olvidemos, lo que nos parece muy relevante especialmente en el caso de Libia, existe cada vez más una “opinión pública internacional”, configurada de forma importantísima a través de Internet y de las redes sociales, aunque también por medios más tradicionales, como la televisión y la radio. Y en tercer lugar, porque  el progreso de la civilización en las sociedades occidentales –pese a la terrible historia europea del siglo XX o quizá por eso- ha llevado al deseo de sujetar la guerra al Derecho, al menos en la medida de lo posible.

Esa sujeción de la guerra al Derecho se ha articulado por una doble vía. La primera, sujetando la guerra a unas normas internacionales básicas que tienden a minimizar el sufrimiento injustificado tanto de la población civil como de los propios combatientes. Las famosas cuatro Convenciones de Ginebra son el principal ejemplo. La segunda, proscribiendo la guerra de agresión, (un crimen estipulado en el Derecho internacional consuetudinario, contemplado en el artículo 5º del Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional y cuyo fundamento político está establecido en el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas), lo que implica exigir que toda declaración de guerra esté justificada.

A nadie se le escapa la indefinición de estos conceptos, la dificultad para imponerlos y garantizarlos y la problemática que encierran, así como la falta de una regulación positiva clara. Pero el que esto fuese así no impidió los Juicios de Nuremberg. Y lo cierto es que, por muchas críticas que tales procesos merecieron, algunas muy justificadas, no cabe negar que fueron un paso fundamental para sujetar la guerra al Derecho y, en esa medida, un gran paso para la civilización, especialmente necesario después de la debacle moral que supuso la II Guerra Mundial.

Es evidente que nuestras instituciones internacionales son igualmente criticables por insuficientes, pero son las únicas que tenemos. Ya sabemos que el Consejo de Seguridad de la ONU consagra la relación de fuerzas derivada de una guerra terminada hace más de medio siglo, que atribuye un poder excesivo a determinadas potencias victoriosas, incluidas algunas que no tienen “en casa” un auténtico Estado de Derecho y que, gracias a su derecho de veto, tienen manos libres para tratar sus patios traseros o delanteros como les venga en gana (Chechenia y Tibet, por ejemplo) y sin desconocer que algunos Estados de Derecho muy sólidos tienen sus propios patios particulares, o incluso cuidan de los de otros (Palestina). Además gracias a ese derecho de veto estas potencias pueden evitar actuaciones bélicas “justas” por la simple razón de que no les conviene a sus intereses particulares.

Pero este argumento no es convincente, por lo menos no lo es para un jurista. Sería tanto como invocar que, dado que muchos delincuentes no son perseguidos o condenados, lo justo es no perseguir a ninguno. La negativa a aceptar ese argumento falaz permitió celebrar los procesos de Nuremberg, juicios plenamente legítimos, pese a que no se sentaron en el banquillo ni los soviéticos ni tampoco algún que otro aliado occidental que lo hubiera merecido. Y efectivamente, se condenó a los nazis por, entre otras cosas, comenzar una guerra de agresión, pese a que los soviéticos lo hubieran hecho en Polonia sin consecuencias legales, y por las atrocidades cometidas en los campos de concentración nazis, pese a las cometidas en los campos de concentración soviéticos que no fueron juzgadas ni condenadas.  

En fín, por muchas que sean sus carencias, la legitimidad de la ONU es la única disponible por el momento. Es sin duda mejorable, pero esa mejora es mucho más previsible si se opta por no despreciarla y si se insiste en que es la única instancia que puede decidir si una guerra es “legal” es decir, si está sujeta al Derecho internacional, todo esto con  la esperanza de que con el tiempo pueda ir perfeccionándose hasta que consigamos que las guerras justas y las legales según la ONU coincidan.

Y para finalizar este post larguísimo sin acabar con la paciencia de los lectores: todo lo anterior nos sirve para considerar que, sin duda, la de Libia es una guerra legal (ver resolución) o por lo menos todo lo legal que es posible en el actual estado de desarrollo de nuestra civilización. Y al margen de la mayor o menor justicia o bondad de las normas, de los acuerdos y de las sentencias, la legalidad y la forma jurídica cuentan, y mucho, para el Derecho con mayúsculas.

Rodrigo Tena y Elisa de la Nuez