Presentación hoy en el Círculo de Bellas Artes del “Manifiesto de los 100” por la reforma de los partidos políticos

 

 
 
Hoy a las diez y media se presenta en el Círculo de Bellas Artes el Manifiesto por la reforma de los partidos políticos, una iniciativa de la sociedad civil en la que han participado activamente los editores de este blog, Elisa de la Nuez como uno de los cuatro promotores del Manifiesto  (los otros son Luis Garicano, César Molinas y Carles Casajuana) y Fernando Gomá, Fernando Rodriguez-Prieto, Ignacio Gomá y Rodrigo Tena como cuatro de las 100 primeras firmas.
 
Nos han reclamado muchas veces los lectores y colaboradores del blog que “pasáramos a la acción”… bueno, pues ésta es una primera propuesta para pasar a la acción. El objetivo es recabar medio millón de  adhesiones vía change.org para pedir en el Congreso una modificación de la Ley de Partidos Políticos
 
El plan que tenemos es el siguiente: La actual Ley de Partidos está vacía de contenido, de forma que no garantiza en absoluto la democracia interna de los partidos políticos, pero tiene carácter de Ley Orgánica y, por tanto, no puede ser objeto de una Iniciativa Legislativa Popular.  Pero si podemos, amparándonos en el art .29 de la Constitución,  ejercitar el derecho de petición. Un reducido número de personas (los 100 primeros firmantes) procedentes de la  sociedad civil  presentarían una petición conforme al manifiesto que presentamos hoy y abriremos adhesiones en la web porunanuevaleydepartidospolíticos.es, operativa también a partir de hoy, donde encontraréis el texto del manifiesto y el link para poder adherirse a través de la web http://www.change.org/es/usuarios/porunanuevaleydepartidos
 
El objetivo de la movilización es sensibilizar al país de que sin unos partidos políticos diferentes, más democráticos y mejor controlados desde fuera que los actuales no saldremos de la espiral en barrena en la que estamos metidos.

 
El manifiesto tiene una sola idea: cambiar a los partidos introduciendo en la agenda política esta importantísima cuestión. No entra en otras también muy importantes como, por ejemplo, la reforma de Ley Electoral, la regeneración de las instituciones democráticas, la separación de poderes, etc, etc porque consideramos que la cuestión de los partidos es previa a todas las demás. El manifiesto está redactado de forma sencilla y directa para intentar recabar el máximo apoyo. Se puede rechazar, pero no ignorar.
 
Esperamos que os guste la iniciativa y que la apoyéis con vuestra difusión, con vuestra firma y con vuestros comentarios.
 
Los editores

La sanción penal como defensa contra la financiación ilegal de los partidos (y II): normativa española

Hemos analizado en el primer post de este díptico la normativa europea que trata de combatir la financiación ilegal de los partidos, que es un fenómeno de corrupción en absoluto constreñido a un solo país, sin bien se da en diferentas grados de intensidad en unos y otros.
 
Vamos ahora a estudiar la legislación española  vigente, en la cual, del mismo modo que en la europea, tampoco existe un delito específico de financiación ilegal de partidos políticos, aunque sí  contiene ciertas normas que permiten su sanción en determinados casos; así los artículos 149 y 150 de la Ley Orgánica  Electoral General  sancionan respectivamente a los administradores generales y de las candidaturas que falseen los estados contables para obtener indebidamente subvenciones electorales o se apropien indebidamente de estos fondos
 
Asimismo,  también podría castigarse  como asociación ilícita del artículo 515  Código Penal a un partido político que , por ejemplo,  fuera una mera organización instrumental de una banda criminal  o terrorista.
 
También se castiga como delito el fraude en la obtención de subvenciones europeas, en el artículo 306 de nuestro código penal. De igual modo se sanciona el fraude  de subvenciones de las administraciones públicas en el artículo 308 de nuestro código penal
 
No obstante,  el hito decisivo  lo constituye la posibilidad de que los partidos políticos puedan ser responsables penales como cualquier otra persona jurídica, conforme al artículo 31 bis párrafo 5º de nuestro Código Penal . Esto es posible a partir de  la entrada en vigor de la Ley Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre, por la que se modifica nuestro Código Penal
 
Por lo tanto,    también es posible que nuestro Derecho Penal castigue a los partidos políticos  simplemente por aceptar financiación  “ en negro”  y ocultar este incumplimiento de la ley de financiación de partidos y haber así obtenido la subvención pública correspondiente. Sin que sea necesario que se acredite  que el partido , a través de sus miembros que ostentan cargos de gobierno , proceda a ejecutar el  “ favor político”  comprometido a cambio del dinero recibido  Las penas a imponer irían desde multa hasta suspensión definitiva de actividades y clausura de establecimientos. Por lo tanto,   esta interpretación  legal   llevaría a los partidos políticos  contaran con los adecuados mecanismos internos de responsabilidad corporativa para evitar estas desagradables consecuencias
 
Las recientes reformas legales, así como el contexto social europeo, constituyen un pequeño paso del legislador, pero un gran avance para la lucha de la ciudadanía contra la corrupción política.
 
En efecto, imaginemos que la cúpula directiva de acepta que un partido político español reciba grandes cantidades de dinero, que  registra en una contabilidad “ B” y que encomienda el control de la misma a un tesorero o contable.  Esta conducta precisará, por  ejemplo, disimular estos ingresos a través de diversas falsedades documentales que aparenten otras tantas operaciones mercantiles con diversos sujetos o sociedades pantallas y así ocultar el verdadero origen y destino de estos fondos ilegales.
 
Ante hechos similares protagonizados históricamente por algunos de nuestros partidos políticos, las posibilidades de reacción de nuestro Derecho Penal ha evolucionado desde el siglo anterior. Así ,  el Tribunal Supremo en su sentencia de 28 de octubre de 1997, caso Filesa,  se lamentó de la imposibilidad de  sancionar  a un partido político por financiación ilegal, quedando éste impune. Esto supone el riesgo de que la  estructura corrupta quede incólume y pueda seguir funcionando con el sólo reemplazo de los individuos encargados
 
En la reciente sentencia del caso Pallerols, se tuvo que conectar la trama de financiación con la trama corrupta administrativa . Fue necesario acreditar la existencia del completo ciclo de corrupción política. En este caso el partido político implicado fue declarado responsable civil del dinero público defraudado
 
A partir de la última reforma penal en España,  y con base en la existencia de un sistema público de financiación de partidos, que debe ser transparente,  y con la interpretación que desde aquí se sostiene, sería posible condenar al partido político que recibe financiación ilegal , simplemente por defraudar los requisitos legales para recibir dinero del contribuyente,  y  simplemente porque  esta conducta compromete la actuación de las instituciones política controladas por miembros electos de este partido
 
Se trata de un medio eficaz y posible de que el Estado de Derecho pueda  regenerar nuestra democracia.
 

La sanción penal como defensa contra la financiación ilegal de los partidos (I): normativa europea

El fenómeno de la corrupción política en España  se está convirtiendo en un  suceso cotidianamente abrumador  que colma el contenido todos  los medios informativos  porque, desgraciadamente,  brota  en todos los lugares de nuestra geografía y se vincula a  muchos partidos políticos gobernantes, en las distintas administraciones publicas españolas
 
Aunque  no es  un fenómeno aislado que afecte solamente a la sociedad española sino que resulta un  problema mundialmente generalizado.  En particular, en el ámbito europeo, en la encuesta eurobarómetro publicada por la Comisión Europea , el 15 de febrero de 2012, se dice que   tres de cada ciudadanos europeos consideran la corrupción como un problema grave
 
El creciente impacto social de este  fenómeno también ha sido destacado en el seno del Consejo de Europa; el Secretario General del Consejo de Europa, Thorbjørn Jagland, lo calificó como “ la mayor amenaza actual para la democracia en Europa”  en el discurso pronunciado durante la  sesión de invierno de la Asamblea General del Consejo de Europa ,  celebrada en  Estrasburgo el 22 de enero de 2013.
 
El señor Jagland,  afirma  en el precitado discurso que la corrupción política  conduce a los ciudadanos a desconfiar de sus instituciones, debilitadas por la corrupción ,  así como a recelar también de los valores democráticos, fundamentalmente del  principio elemental  de gobierno de la ley,  rule of law”.
 
Estas aseveraciones son certeras si se reflexiona  sobre el funcionamiento de las tramas de corrupción política. Éstas siempre trazan un circulo vicioso: el agente corruptor  se gana el favor del político que gestiona un sector de la administración pública;  bien a través de  sufragar su campaña  electoral para auparle al poder;  o a través de   enriquecerle personalmente con el pago de comisiones,  o concediendo donaciones generosas para el partido político  que sustenta al gobernante corrupto. Esta inversión económica  se rentabiliza con el “keepback”,  es decir, este benefactor obtiene  un  importante beneficio económico  privilegiado como por ejemplo la adjudicación ilegal  de contratos de  obras o servicios públicos, burlando los procedimientos establecidos en la ley de contratación del sector público, para  eliminar la libre concurrencia,  Este procedimiento está muy generalizado, baste citar como ejemplo  la adjudicación de los contratos de gestión de residuos urbanos a la mafia en el sur de Italia
 
A veces incluso  el gobernante corrupto autoriza ilegalmente la inversión de dinero público, por ejemplo una subvención para una actividad de interés social,  sabiendo que  no se van a invertir en ninguna actividad real sino que pasará  a  engrosar el patrimonio de una sociedad meramente pantalla que controla el propio   gobernante o un tercero concertado con el mismo  ; por ejemplo las empresas Filesa, Matesa  y Time- Export en el caso sentenciado por nuestro Tribunal Supremo el 28 de octubre de 1997 . O bien, otras veces,   el gobernante cobra directamente comisiones por dictar resoluciones administrativas de su competencia,  aunque no se ajusten a la legalidad para  lucrar a un tercero; por ejemplo las licencias urbanísticas, como en  el “caso Malaya”.
 
La conducta corrupta no acaba aquí, sino que frecuentemente se  produce un movimiento circular de dinero público: el precio de los contratos y subvenciones adjudicadas ilegalmente  está “ anormalmente inflado” siempre lo pagamos los ciudadanos, para que el  corrupto enriquecido así ilegalmente,  y,  “sinceramente agradecido” destine parte de sus ganancias a financiar el partido político al que pertenece el mandatario que tanto le ha beneficiado, por ejemplo un caso reciente es el caso Pallerols .

 
A la vista de lo expuesto, es claro que la corrupción política produce efectos devastadores para el orden económico y social: se nutre de nuestros impuestos y enriquece injustamente a los  corruptos; se infringe el principio de economía libre y competencia leal,  y se destina la actividad administrativa a actividades que  permitan un enriquecimiento individual rápido , en detrimento de otras que satisfacen una necesidad social más perentoria como la educación ,  la asistencia a ciudadanos de tercera edad e incapaces, la protección del desempleo o el medio ambiente.
 
En definitiva, la corrupción política “secuestra” a nuestros poderes públicos ,  costeados con nuestros impuestos ,  que dejan así de servir al interés general y se convierten en un instrumento de lucro  particular en manos de estos  gobernantes deshonestos.
 
Frente a ello, la sociedad debe velar porque el Estado de  Derecho cuente con los instrumentos necesarios para luchar contra los fenómenos de corrupción . En lo que respecta a la corrupción de las autoridades y funcionarios de las Administraciones públicas españolas, el derecho  penal   permite una adecuada respuesta  a estos supuestos de corrupción administrativa.  Todas estas conductas descritas  se encuentran penadas en el título XIX del Libro II  de nuestro Código Penal
 
Por contra,  la cuestión  de la financiación ilegal de  los partidos políticos constituye aún una asignatura pendiente  de las estrategias anticorrupción en nuestro sistema.  En este punto  nos remitimos a la magnífica exposición de los editores del presente blog en su serie “ Todo lo que siempre quiso saber sobre la financiación de los partidos políticos y nunca se atrevió a preguntar”   En esta serie de artículos se describen magníficamente cuáles son las debilidades de nuestra legislación de financiación de partidos:  la desvinculación entre los partidos y las fundaciones políticas creados por ellos mismos,  la ausencia de limitación al efecto “ lobby” de las entidades bancarias que han venido subvencionando  indirectamente  a nuestros partidos  políticos a través de condonaciones millonarias de las deudas de estos frente a aquellas;   también se ha señalado certeramente la lenidad de la sanciones previstas en el texto y la dependencia política y lentitud procesal del Tribunal de Cuentas.
 
Sin embargo, existen motivos suficientes para la esperanza:
 
El 12 de septiembre de 2012  el Parlamento Europeo y el Consejo, instituciones éstas colegisladoras  conforme al artículo 224 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,   propusieron a la Comisión Europea  un nuevo  Reglamento Europeo sobre el Estatuto  y financiación de los partidos políticos europeos y de sus fundaciones   que modificará  en determinados aspectos el actual Reglamento  CE 2004/2003, donde se establece la subvención  de las actividades de los partidos políticos europeos con cargo al Parlamento Europeo
En este nuevo Reglamento  proyectado, la UE aboga definitivamente por mantener el sistema de democracia de partidos  que han de financiarse mayoritariamente con cargo a los presupuestos públicos. La finalidad declarada de esta propuesta es  fortalecer el vínculo entre los ciudadanos y las instituciones de representación política  de manera que los partidos políticos europeos sean una adecuada correa de transmisión entre ellos.
 
Este reglamento europeo proyectado  establece un Registro  en el Parlamento Europeo donde deberán inscribirse los partidos políticos  y sus fundaciones que aspiren a  constituirse en partidos y fundaciones políticas europeas y actuar con pleno reconocimiento en todos los Estados miembros de la UE. Se excluyen a las fundaciones políticas del Estatuto de la Fundación Pública Europea y se someten al mismo régimen financiero que sus partidos fundadores, cortando así de raíz la posibilidad de  que éstos utilicen  fraudulentamente a sus fundaciones para “solapar”  la recepción de donaciones prohibidas
 
La inscripción en el mencionado Registro es constitutivo porque otorga personalidad jurídica a las entidades que allí se inscriban
 
Además la inscripción en el Registro del Parlamento Europeo se subordina al cumplimiento, entre otros,  de los siguientes requisitos: un  funcionamiento interno democrático y un sistema de financiación que se establece en la propia norma:
 
Los partidos políticos europeos y sus fundaciones se financiarán con cargo a las cuotas de los afiliados y miembros hasta un límite del 40 % de su presupuesto anual y a las subvenciones de fondos europeos hasta unos límites que no pueden superar  el 90 % de los gastos reembolsables para los primeros y del 95% para las segundas.
 
Se permiten  las donaciones privadas  que no pueden superar los siguientes límites :  no podrán superar la cantidad de 25000 euros, se prohíben los donantes anónimos, y éstos  deben constar identificados,  para permitir el rastreo del dinero en casos de blanqueo por ejemplo. También están prohibidas las  donaciones procedentes de los presupuestos de grupos políticos del Parlamento Europeo,  así como  las donaciones de cualquier empresa sobre la que los poderes públicos de los Estados miembros,  o de un tercer país  puedan ejercer directa o indirectamente una influencia dominante en razón de la propiedad, la participación financiera o las normas que la rigen.
 
La propuesta de Reglamento prevé un sistema de sanciones en los artículos 22 y siguientes que van desde la multa hasta la exclusión del Registro  previsto en el referido Reglamento, lo que significa  la denegación de la personalidad jurídica y la suspensión de actividad como partido político europeo o fundación política europea  durante el tiempo máximo de 5 años
 
Además se deduce de esta propuesta legislativa que el Parlamento europeo no excluye la responsabilidad penal de los partidos y las fundaciones políticas  ya  que prevé en su artículo 22 la posibilidad de excluir del Registro y suspender de actividades al partido político o fundación política europea que haya sido condenada por sentencia firme por actividades ilegales en detrimento de los intereses financieros de la UE y por ausencia de democracia interna.
 
Además el artículo 20 establece un control sobre la financiación de estos partidos políticos y fundaciones que le corresponde al Tribunal de Cuentas Europeo y al Parlamento Europeo, sobre  la base de una certificación emitida por un experto independiente. También se prevé la posibilidad de ordenar auditorías externas  que deben versar sobre la legalidad de los gastos y  la correcta aplicación de las disposiciones normativas  sobre la atribución de la subvención. Asimismo, se encomienda a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, OLAF,  funciones de control e inspección con el fin de detectar si ha habido irregularidades  constitutivas de fraude, corrupción  o cualquier otra actividad ilícita que perjudique los intereses  financieros de la UE . La OLAF puede llevar ante la justicia los delitos descubiertos en sus investigaciones (aquí). Esta normativa se refiere a los partidos políticos europeos y sus fundaciones , esto es, aquellos que tienen representación en diversos Estados miembros y desean desarrollar su actividad en todo el territorio de la Unión, no obstante la muy probable aprobación de  este  proyectado Reglamento Europeo  sobre el Estatuto y Financiación de estos partidos , reforzará la capacidad del Estado de Derecho para luchar contra la financiación ilegal de los partidos políticos también en el plano nacional.  Su entrada en vigor traerá como consecuencia que los Estados miembros, procedan a adaptar a esta norma europea, sus respectivas leyes  sobre financiación de  partidos políticos nacionales, para formar con ésta una estructura normativa sólida que además constituya una regulación legal homogénea en  todos los Estados miembros.
 
Además, dentro de la estrategia europea contra la corrupción , existe otra norma jurídica en preparación que está avocada a formar un cuerpo legal con la anterior y que va a permitir la actuación eficaz del Derecho penal, el instrumento  más poderoso del Estado de Derecho: nos referimos a la  propuesta de directiva de 11 de julio de 2012 , del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la UE a través del Derecho Penal , ( Bruselas) COM(2012) 363 final 2012/0193 (COD).
 
La materia de esta directiva ya estaba regulado por un Convenio de 1995. Sin embargo, la UE considera que la eficaz protección del dinero del contribuyente merece una  legislación  homogénea en todos los Estados miembros. Aunque esta norma no prevé expresamente los delitos de financiación ilegal de partidos y fundaciones políticas,  no obstante abre el camino a su sanción penal  en cuanto  pueden ser considerados como  un fraude de subvenciones europeas, bien su  obtención mediante presentación de datos contables y declaraciones falsas, o bien  cuando se inviertan las mencionadas subvenciones europeas a un  fin  distinto al legalmente previsto ( artículo 2y 3 de la propuesta de Directiva).
 
Además impone a los Estados miembros la obligación de incluir en sus respectivas leyes penales nacionales la responsabilidad penal de las personas jurídicas  por estos hechos (artículo 6 de la propuesta de directiva)  quedando sólo excluidas los Estados u organismos públicos en el ejercicio de la autoridad, sin excluir  la responsabilidad penal de los partidos políticos.
 
Estas dos futuras normas europeas constituyen, sin duda,  unos preciosos instrumentos del Estado de Derecho para regenerar la democracia ; consagra el sistema de partidos políticos y su financiación pública. A su vez, refuerza la transparencia en su financiación, como signo de respeto al dinero del contribuyente.
 
En el segundo post hablaremos de la normativa española.

¿Creemos al gobierno?

Podemos constatar que la corrupción es una preocupación fundamental de los españoles, según las encuestas del CIS, y tema de conversación absolutamente general en la calle. En estas conversaciones Bárcenas y sus sobres ocupan, lógicamente, un lugar estelar. Por el contrario, en el Congreso de los Diputados el presidente puede defender que la corrupción no está generalizada o -un tanto contradictoriamente- enumerar una batería de medidas para atajarla en el futuro sin mencionar al misterioso ex tesorero de su partido.
 
Para colmo, la clase política nos reprocha la enorme injusticia que cometemos los que afirmamos que la corrupción está no sólo generalizada sino, lo que es peor, absolutamente institucionalizada. Ni se les pasa por la cabeza que la enorme injusticia es la que están cometiendo ellos cuando se niegan a reconocer que estamos ante un cáncer terminal que amenaza con llevarse por delante no ya la democracia sino también el futuro de los españoles, desde un punto de vista institucional, político, económico y moral. Y que cuando nos proponen por enésima vez medidas anticorrupción que, además de confundir interesadamente la responsabilidad política con la responsabilidad penal, no servirán para nada nos están faltando al respeto. Así la ministra Mato o el ex ministro Blanco pueden aplaudirlas con la total tranquilidad de que su aplicación en un futuro lejano -suponiendo que se apliquen- es perfectamente compatible con que ellos sigan sentados donde están.
 
A esta falta de respeto contribuyen los periodistas e intelectuales orgánicos que nos dicen que lo que pasa en España no es tan grave, o que en todos los países de nuestro entorno hay los mismos niveles de corrupción. Pero es que esto sencillamente no es cierto, salvo que hablemos de países como Argentina, Rusia o Nigeria. Lo que nos diferencia de otros países «de nuestro entorno» no es que los políticos alemanes o los suecos o los británicos sean menos proclives a la corrupción que los nuestros. Lo que nos diferencia es que en esos países las instituciones de control funcionan, la transparencia funciona, la rendición de cuentas funciona, y hasta la mera vergüenza torera funciona. Sin olvidar unos medios de comunicación y una opinión pública que no toleran esas conductas. Es decir, no hay impunidad y la corrupción política se castiga mucho antes de que lleguen las siguientes elecciones o las sentencias condenatorias de los tribunales penales, que pueden demorarse muchos años. Por ejemplo, acabamos de ver el caso del ministro inglés que ha dimitido por haber mentido en el asunto de una multa de tráfico.
 
Los ciudadanos creemos firmemente que el sistema político instaurado en la Transición está profundamente corrompido y que no puede aguantar más. Y creemos también que ni el Gobierno ni la oposición tienen la credibilidad y la fuerza o el valor necesarios para regenerarlo, aunque quisieran, porque esto requeriría acabar con todos los resortes que permiten a las cúpulas de los partidos políticos el control casi total de la vida pública y de la sociedad española y que les convierten, en la afortunada expresión de César Molinas, en unas auténticas «élites extractivas». Es decir, regenerar el sistema de verdad y adoptar medidas efectivas de verdad contra la corrupción supondría abrir un enorme boquete en su línea de flotación y no lo harán salvo que cualquier otra alternativa sea realmente mucho peor.
 
Para demostrarlo, basta con analizar las medidas enunciadas por el presidente del Gobierno en su discurso del estado de la Nación. Lo primero que sorprende es que necesitemos tantas leyes. Porque si algo caracteriza a España es la hiperregulación. Todo está regulado, dada la querencia nacional por el papel del boletín oficial, y la confusión entre gobernar y hacer leyes. Porque los vacíos normativos o la alegalidad de la que tanto hablan los políticos cuando se trata de corrupción solo existen -salvo en el caso de normas imperativas de democracia interna para los partidos políticos- en su imaginación. Lo que hay no son espacios de alegalidad, lo que hay son espacios de impunidad, que es algo muy distinto. Espacios que cada vez son más grandes y que están provocados por la ausencia de mecanismos de control y sanción efectivos de las conductas relativas o/y favorecedoras de la corrupción al estar dichos mecanismos de control en manos directa o indirectamente de los propios controlados, que son, en último término los partidos políticos. Lo único que queda todavía (parcialmente al menos) fuera de su control son los tribunales de Justicia, pero son muy lentos y además los partidos han aprendido también cómo soslayar las sentencias condenatorias que no les interesan mediante la concesión de indultos escandalosos.
 
Lo segundo que también sorprende es que insistan en ligar la responsabilidad política a la jurídica, y en particular, a la responsabilidad jurídica penal. Señores políticos, puede y debe haber responsabilidad política aunque no haya responsabilidad penal. De nuevo, en las medidas propuestas se hace hincapié en los mecanismos procesales (reforzar las penas para los corruptos, lo que se ha hecho en varias ocasiones con el éxito que puede apreciarse) en la modificación de los procedimientos, judiciales, en la ampliación de los plazos de prescripción para que haya más tiempo para investigar y en su caso sancionar, etc. De paso empaquetan algunas medidas con el formato de Ley Orgánica, no sé si para darles más empaque o para que se tarde más en aprobarlas. En fin, son medidas que, sin estar mal, no servirán para mucho siempre que los mecanismos de control sigan desmontados. Conviene decir alto y claro que es imposible que sean los jueces penales los que tengan que luchar y acabar solos contra la plaga de la corrupción generalizada, incluso aunque se extienda un movimiento de manoslimpias similar al de Di Pietro en Italia.
 
El resto de las medidas tampoco parece muy impresionante, siempre partiendo de la idea de que los partidos no renuncian a la ocupación de las instituciones de control. Son las relativas a la financiación de los partidos (se ve que la modificación de hace menos de un año de la Ley Orgánica de financiación ya no sirve), al reforzamiento del Tribunal de Cuentas, ocupado sistemáticamente por la partitocracia, a la «estandarización» de las declaraciones de bienes e intereses, pasando por alguna casi surrealista, como la de obligar a los tesoreros de los partidos a explicar en el Parlamento como han gestionado sus recursos. Lástima que Bárcenas ya no sea el tesorero del PP, lo que se han perdido sus señorías.
 
Lo cierto es que las medidas de verdad necesarias que modificarían las conductas de los políticos al cambiar su régimen de incentivos ni están ni se las espera. Y no será porque no estén perfectamente identificadas y recogidas en manifiestos regeneracionistas, artículos de opinión y blogs. Son las referentes a la necesidad de regular la democracia interna de los partidos, de la recuperación de todas y cada una las instituciones de control empezando por el Tribunal de Cuentas y terminando por los interventores locales, de la despolitización de la Justicia, del desalojo por los partidos de las instituciones que han colonizado, de la modificación del sistema electoral, de la reducción del sector público, de la eliminación de los mecanismos clientelares, de la introducción de mecanismos para reforzar la participación ciudadana, etc.
 
Yo no sé ustedes, pero yo, parafraseando al genial Groucho Marx, entre creer al Gobierno o a mis propios ojos, prefiero creer a mis propios ojos.

El discurso del Presidente sobre el estado de la nación: Un discurso impecable

Impecable, claro, si leyéndolo uno quiere tomar clara conciencia del lamentable estado de la nación en general, como consecuencia del lamentable estado de nuestra clase política en particular. Porque, efectivamente, si con la crítica situación institucional que atravesamos y después de todo lo que se ha publicado sobre la imperiosa necesidad de reformas estructurales básicas (incluso por los medios tradicionalmente más “prudentes”), lo único que es capaz de avanzar el Presidente del Gobierno en tres párrafos, es que se va a reforzar el Tribunal de Cuentas, se van a tasar las escalas de retribución de los cargos públicos, se van a endurecer las penas y se va a regular la actividad parlamentaria de los lobbies, entonces, Houston, tenemos un problema.
 
Y ese problema, señor Presidente, es que los dos lobbies más poderosos del país, su partido y el del señor Rubalcaba, están descontrolados, totalmente fuera de madre, y nadie dentro del Parlamento, empezando por usted, según acabamos de ver, tiene el más mínimo interés en ponerles límites. Ni reforma legal para impulsar la democracia interna dentro de los partidos, ni reforma electoral para acabar con la desproporción del valor del voto de los españoles, ni listas abiertas para fomentar la rendición de cuentas de los políticos con sus electores, ni reformas institucionales que garanticen la independencia de nuestras instituciones de control más importantes, ni adelgazamiento de las clientelas vía drástica reducción del sector público, ni nada de nada que perjudique la perniciosa influencia sobre el sistema de las cúpulas de los partidos mayoritarios, es decir, de su influencia, Sr. Presidente.
 
Sabemos que elevar las penas no es suficientemente disuasorio, no sólo porque muchos corruptos terminarán indultados, sino porque gran parte de la lacra de corrupción que atenaza a España no puede ni debe ser sancionada penalmente. Algo se corrompe cuando se traiciona su finalidad. No estamos ya hablando de percibir o distraer dinero de marea ilegal, tampoco de delitos o faltas de carácter penal, sino de la naturaleza de las instituciones y de la razón por la cual han sido creadas. Colocar al amigo, desvirtuar los organismos de control en beneficio del partido, aprovecharse del cohecho del cónyuge o incluso percibir sobres, son prácticas intolerables, pero que no pueden castigarse penalmente. Tampoco plagiar la tesis doctoral, Sr. Presidente.
 
No sirve de nada decir que se va a reforzar el Tribunal de Cuentas cuando no se cambian los incentivos que hagan pensar que de verdad va a hacerse. Lo mismo ocurre con la transparencia, con la reforma de la Administración, con la educación y con todo lo que usted quiera. Ese es el problema clave de la democracia española: abundancia de palabras que no van a ningún sitio porque los que deberían pilotar el proceso no están ni interesados ni incentivados para llegar a la meta anunciada. No hace falta esperar a la letra pequeña, la letra grande ya será lo suficientemente decepcionante. Y lo será porque no habrá posibilidad de SANCIÓN. Porque cuando esas propuestas se concreten en nada no existirá ninguna forma de exigir cuentas y pedir responsabilidades.
 
Las casas no se construyen por el tejado, sino que se construyen por los cimientos. Por eso, para afrontar con garantías cualquier reforma que pretenda solucionar nuestra lamentable situación institucional (y también económica, no lo olvidemos) primero es necesario reformar el régimen de incentivos de los que deben diseñarlas y ejecutarlas. Pues bien, sobre ese tema el discurso ha sido impecable, inmaculado, absolutamente virgen (ah, y sobre los desahucios lo mismo, ni una palabra). Felicitaciones por dejar las cosas tan claras, Sr. Presidente.

¿Por qué los partidos creen que somos tontos?

Esta pregunta me surge a la vista de la reacción de los partidos frente a los casos de corrupción. Uno, el PP, tiene el perjuicio del estado permanente de sospecha y, el otro, el PSOE, del eterno beneficio de la presunción de inocencia: presunción de culpabilidad frente a la presunción de inocencia. Aquél no puede redimirse de esta sospecha. Todo juega en su contra. Las acusaciones de corrupción se le acumulan, pero es un exceso que se publiquen unos papeles de autoría desconocida y se eleven a la condición de documento incriminatorio. Miles de personas se lanzan a la calle acusando, incluso al Presidente del Gobierno, de robar. En cambio, hay un Auto judicial, el de la Magistrada Mercedes Alaya, Magistrada Juez del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, en relación con el denominado caso de los ERE, de 24 de abril de 2012 donde se dice:
 
“El diseño de este instrumento [un convenio entre la Consejería de Empleo y el Instituto de Fomento de Andalucía] pretendería además institucionalizar la arbitrariedad y la discrecionalidad en la concesión de las ayudas públicas, y por ende, permitir un uso extraordinariamente abusivo en el manejo de los fondos públicos, pues al no existir controles y estar las citadas ayudas huérfanas del procedimiento legalmente exigible, podían regalarse las mismas fraudulentamente a un extensísimo grupo de personas físicas y jurídicas, cuyos privilegios procedían de ser personas o entidades próximas a los cargos de la Junta de Andalucía y del PSOE andaluz, bien por razones de amistad, parentesco, afiliación política u otro tipo de interés, actuación bien alejada de los propios principios de actuación de la Junta de Andalucía según el artículo 133 de su Estatuto de Autonomía que recoge entre otros el de servir con objetividad al interés general, el principio de eficacia, de racionalidad, de imparcialidad, de lealtad institucional, de buena fe, de protección de la confianza legítima de los ciudadanos y de no discriminación a los mismos”.
 
Hay otras tres referencias directas al PSOE en esta operación delictiva por la que se llegaron a conceder, al menos, casi 500 millones de euros en ayudas. Esta acusación-imputación judicial no es suficiente para romper aquella presunción de inocencia. Al contrario. Tampoco impide que el secretario general del PSOE, en su legítimo y positivo esfuerzo por combatir la corrupción, la limite, desgraciadamente, al partido contrario, al enemigo político, y no comprenda el suyo. La rueda de prensa de PSOE el pasado día 4 en Sevilla pasará a los anales de la historia de España como el mejor síntoma de que algo mal se ha debido hacer después de más de 34 años de democracia. Ya nadie se sonroja. Se ha perdido el sentido del ridículo y de la vergüenza. Es posible exigirle al otro que haga aquello que no vale para el reclamante. Se puede denunciar la corrupción del otro, mientras que nada se dice ni se critica ni se cuestiona sobre la que afecta a los míos. Esta asimetría moral hace un daño terrible a la democracia. Se va asentando el convencimiento de que todos son iguales; todos son igual de corruptos, igual de ladrones, … porque la única directriz contra la corrupción es la de amigo– enemigo. La politización del combate contra la corrupción lo neutraliza aún a costa de generar entre los ciudadanos un hartazgo “sistemático”; un hartazgo hacia el sistema y, por extensión, hacia la democracia. Los ciudadanos observamos con estupor cómo se nos trata como estúpidos, como tontos que nos debemos limitar a depositar el voto y ser engañados una y mil veces por unos políticos que son todos iguales.
 
Nadie se sonroja,… se ha perdido la vergüenza. No sólo se ha perdido la honradez, sino la capacidad para sonrojarse cuando les pillan. Cuando esto sucede, la consigna es ganar tiempo. Enredarlo todo, ensuciarlo todo,… porque los ciudadanos, transcurrido el tiempo, se olvidarán. No se dan cuenta de que los ciudadanos de hoy tienen acceso a mil fuentes de información, las cuales no entienden de tiempo. Hoy en Google podemos revivir perfectamente lo sucedido hace unos meses o años. Basta buscar ERE de Sevilla y se revive toda la podredumbre. Y te vuelven las arcadas. Y éstos son los que luego, en boca del presidente del PSOE, presidente de la Junta de Andalucía y Consejero de Economía durante el escándalo de los ERE “critica que en el PP piden dimisiones, permanentemente, pero se escandalizan cuando les pedimos a ellos que dimitan”. Y añade: ¡¡”No podemos sólo mirar la paja en el ojo ajeno, también hay que mirarla en el propio y ser contundentes contra la corrupción, pero no aceptamos dobles varas de medir ni jerarquías sociales”!!! Y esto lo dice quien ni ha asumido ninguna responsabilidad, ni se la ha exigido a nadie. Nada de nada. Habla bajo la pureza de la santidad. Y la secretaria general del PSOE de Sevilla afirma en el mismo acto que “garanti[za] al secretario general socialista que el PSOE de Sevilla está detrás de nuestro secretario general para que el partido en su conjunto mire a los ojos a los ciudadanos desde la decencia y la honestidad para salir de la crisis.” Un mundo Orwelliano: dos Sevillas, dos Andalucias, dos Españas, dos realidades, … 500 millones de razones de “decencia y honestidad”. El sectarismo aplicado a la corrupción es la mejor cortina tras la que ocultarla. Esta politización les interesa porque alimenta las dudas sobre la verdad de las acusaciones.
 
Los ciudadanos estamos hartos de que nos traten como tontos, a los que se les puede mentir, engañar, manipular, … menospreciar y, luego, pedir el voto porque, como los bebés, somos olvidadizos. En esto se ha convertido la política española, en un gran lodazal en la que los partidos juegan tirándose la porquería porque creen que los ciudadanos se olvidan de las cosas; y cuanto más fangoso sea el asunto, más dudas y, ante las dudas, la costumbre,… el autómata que se acerca a la urna con resignación. Hasta que se hartan y dejan de olvidarse, cuando comprenden que la corrupción no es un fenómeno personal o circunstancial sino un rasgo del sistema, es el sistema mismo.
 
La mayoría no hemos perdido, ni la honra, ni la vergüenza. Y nos produce vergüenza que todo valga, que la democracia “popular” practicada por algunos tenga mayor legitimidad: que la calle ponga y quite honras, sentencie y ejerza el poder del Estado. Es una estrategia muy querida por los anti-demócratas. Aún resuena la enfática afirmación del Conseller Puig de CiU que contraponía la “legalidad jurídica”, la de la Constitución, a la “legalidad democrática”, la de democracia popular, la de las manifestaciones. No nos puede extrañar que, para él, ésta tenga mayor legitimidad. El pueblo, su pueblo,… el de los borregos frente a los ciudadanos. Aquél podrá ser manipulado; éste, no. Señores políticos, ¿por qué creen que somos tontos? A lo mejor, les hemos dado motivos,… hasta que nos hartemos. Y estamos hartos. La comparecencia del Griñán y Rubalcaba el pasado lunes en Sevilla denunciando la corrupción del PP a cientos de metros de donde se había cocinado, según el Auto, la que ha afectado a su partido, es la mejor y más intensa demostración de que algo malo, muy malo se ha estado haciendo en esta democracia nuestra. Este proceso de centrifugación que ha sufrido el Estado para creer los micro-Estados llamados Comunidades Autónomas también ha centrifugado la moralidad en el ámbito público. Se ha perdido hasta la vergüenza. Ya nadie se pone colorado.
 

El régimen de incentivos de la política española, o la paradoja de la pirámide invertida

 
Como ya hemos escuchado casi hasta la saciedad, el ciudadano español responsable, preocupado por la situación política del país, que ha votado a distintas opciones en los últimos años y que ahora se encuentra profundamente desencantado, está muy interesado en una serie de reformas elementales de nuestro sistema político: democracia interna en los partidos, transparencia, rendición de cuentas al electorado (listas abiertas) y reforma del régimen electoral, fundamentalmente. No cabe duda de que si éstas se consiguen se desatascarán otras igualmente imprescindibles, como la independencia de los reguladores, el adelgazamiento y reforma de las Administraciones o la independencia de la Justicia. Es precisamente la existencia de una dirección política colapsada, profundamente contaminada por incentivos perversos, lo que impide afrontar esas reformas con una mínima esperanza.
 
Ahora bien, además de ese tipo de ciudadanos, que hoy parecen tan abundantes, existen otros actores cuyos intereses no coinciden exactamente con los de aquellos, y que es necesario tener muy en cuenta. En primer lugar, los fieles simpatizantes y los militantes de base de los partidos mayoritarios están interesados en la mayor parte de esas reformas de carácter político, pero no en todas. Les interesa, lógicamente, la democracia interna, la transparencia y la rendición de cuentas, pero bastante menos la modificación del régimen electoral. Una modificación que no tendría otro resultado que limitar claramente la preponderancia del correspondiente partido, dificultando su periódico e inevitable acceso al poder, tal como hoy ocurre con nuestro actual bipartidismo. En segundo lugar, los cuadros intermedios de los partidos tiene mucho interés en la democracia interna,  bastante reticencia por la transparencia y la rendición de cuentas(por lo menos los situados en ciertos puestos sensibles) y verdadero pánico a una reforma electoral que pueda limitar sus posibilidades de acceder a un puesto de trabajo en nuestro vigente reparto partitocrático. Por último, las élites de los partidos no tienen interés absolutamente en nada de nada.
 
Resulta así bastante curioso que la reforma más importante -la democracia interna de los partidos- que interesa a la práctica totalidad de los españoles, parezca de consecución imposible, pesé a que únicamente se opongan a ella apenas unas docenas de personas en todo el país (que van cambiando, claro). Tal cosa recuerda a las satrapías orientales, pero como no vivimos en una de ellas sino, con todas sus imperfecciones, en una democracia, habrá que reflexionar sobre qué responsabilidad tienen el resto de los sujetos examinados en el mantenimiento de esta pirámide invertida que sostiene todo el chiringuito. Pues, efectivamente, desde ese vértice se irradia al conjunto un perverso sistema de incentivos que implica que en la práctica no se emprenda reforma alguna.
 
Prescindamos completamente de consideraciones morales o simplemente cívicas. Prescindamos también de actitudes ejemplares y de la retórica sentimental. Son sin duda cosas muy necesarias -no soy un cínico- pero, en los tiempos que corren, demasiado escasas; así que examinemos la cuestión desde el punto de vista de los puros intereses materiales en juego.
 
Los cuadros intermedios, pese a estar muy interesados en la democracia interna (por ejemplo, bajo el sistema del voto secreto típico de los partidos alemanes) y también en que la cúpula de los partidos asuma sus responsabilidades (y dejen paso, en su caso) no tienen incentivos para reclamar tales cosas de manera franca y abierta. Lo hemos comprobado repetidamente, pero bastaría fijarse en lo que está pasando ahora mismo en el PP. Qué mejor momento que éste cabría encontrar para reclamar responsabilidad y democracia interna, máxime cuando no hacerlo puede implicar un descalabro electoral (relativo) en el que ellos van a ser los principales sufridores. Sin embargo, están sujetos al dilema del prisionero. El que se mueve, especialmente el primero que se mueve, no sale en la foto, o, mejor dicho, sale demasiado en la foto como para ser capaz de eludir sanciones y penalidades dirigidas desde arriba. Sería necesario un movimiento concertado difícil de preparar y sumamente arriesgado. Sólo si se produjese una fractura en diversas familias lo suficientemente sería y patente existiría cierta posibilidad de que luchar por la regeneración no resultase un mal negocio, porque la familia excluida a priori puede presuponer que la obediencia a la cúpula no le va a suponer rédito alguno. Por eso, los ciudadanos responsables deben apoyar en la medida de lo posible este tipo de derivas, aunque quienes los protagonicen sean tan (a)morales como los que aspiran a sustituir. Simplemente, porque el precio que estarán dispuestos a ofrecer y pagar por llegar a la cúspide -transparencia, democracia interna y regeneración- nos interesan a todos. Apoyemos entonces a Esperanza Aguirre y a Carme Chacón, aunque sea con las narices tapadas. Más tarde llegará el momento de pedirles responsabilidades también a ellas.
 
 
Pese a todo, no confiemos mucho en los políticos profesionales. Aspiran a que seamos nosotros los que les saquemos las castañas del fuego y a no mojarse aunque se caigan al río. Tampoco podemos confiar en que los medios de comunicación, que deberían constituir el primer ariete por la renovación de los partidos, traicionen sus propios intereses, demasiadas veces ligados a los del poder. Casi todos ellos han sido capturados por el sátrapa. Fijémonos mejor en otro grupo mucho más prometedor, cuyos incentivos no son tan perversos como los de aquellos: el de los militantes de base y simpatizantes de los partidos políticos. Bajo esta denominación incluyo un grupo muy amplio, desde luego. Pienso especialmente en aquellos ciudadanos que siempre votan al mismo partido, pase lo que pase, o que, como mucho y sólo en alguna ocasión, no votan a ninguno. Y ello por razones religiosas o éticas de carácter inamovible (aborto, matrimonio homosexual), por razones de “cultura” familiar (el tío que pasearon o fusilaron en la guerra), por supuestas razones ideológicas (uno “es” rojo o anti-rojo, qué le vamos a hacer) o incluso porque sinceramente creen que un partido defiende mejor a la libre empresa y el otro a los desempleados y a la Seguridad Social.
 
Pues bien, este grupo puede ofrecer más posibilidades porque, o no defiende intereses,sino  prejuicios (el tío de la guerra o “ser o no ser” rojo) o cuando lo hace (aborto, empresa, Seguridad Social) los está valorando incorrectamente. Y los pondera mal no únicamente porque al final ninguno de los dos partidos se haya diferenciado apenas del otro en esos temas, sino especialmente porque ese electorado está minusvalorando otros intereses mucho más importantes (los vinculados a la responsabilidad y al correcto funcionamiento del sistema democrático) cuyo olvido, a la postre, va a significar también el de aquellos otros asuntos que tanto le importan o, al menos, el de otros tantoo más relevantes, como la libertad, la seguridad y –no lo olvidemos- también laprosperidad. La vieja retórica de los partidos quiere seguir haciendo prisioneros entre este grupo (como demuestra Gallardón con sus reformas sobre el aborto o Rubalcaba con el tema del desmantelamiento del Estado del Bienestar), pero es una retórica hipócrita, hueca, sin fundamento, que lo único que pretende es fidelizar fraudulentamente a un gran sector de “su” electorado.
 
En el momento en que los integrantes de este grupo sean conscientes de sus verdaderos intereses, despierten del sueño dogmático y retiren su secular apoyo a los dos partidos mayoritarios, todo el montaje se vendrá paulatinamente abajo, la pirámide empezará a balancearse por el peso de la gravedad y los incentivos tenderán a coordinarse de manera eficaz. Las reformas del sistema político que todos los ciudadanos preocupados consideramos evidentes dejarán de parecer imposibles. Bastaría con que retirasen su apoyo sólo en una ocasión (pero eso sí, todos a la vez, por favor) para darle la vuelta definitivamente a esta pirámide de la democracia española y colocarla de una vez como debe estar. Voten a otro partido que proponga estas reformas, al que sea, hay algunos y si ninguno les gusta, funden uno nuevo. Sí, voten incluso a esos partidos que Rajoy llama “estrafalarios”. Aunque sospechen que si llegan al poder se comportarán como los demás. Porque, aún así, obligarán a los partidos mayoritarios a moverse en esa misma dirección, puesto que los incentivos de los cuadros intermedios, al sentirse amenazados, cambiaran, y llegará un momento en que todos queden prisioneros de la nueva retórica. Una simple encuesta electoral desfavorable puede servir más a los intereses de la regeneración que cien sesudos argumentos.
 
Termino ya. La Anábasis de Jenofonte narra el espectacular regreso a la libertad (a Grecia) de 10.000 soldados griegos desde el corazón de la Persia sátrapa. Apenas unos días después de la batalla de Cunaxa, cerca de Babilonia, los estrategos y capitanes griegos han sido capturados fraudulentamente por el Rey. Los soldados vagan en grupos, abandonados, desmoralizados, se echan a dormir en cualquier sitio pese a saber que con la mañana llegará el ataque definitivo del persa. Entonces, esa noche,Jenofonte, uno más de la expedición, tumbado en un rincón, se pregunta de improviso: “¿Por qué estoy durmiendo? La noche avanza.” (III, 13).

Cuatro preguntas sobre el “caso Bárcenas”

Hace ya meses pensamos que nuestra capacidad de asombro había llegado al límite, pero la realidad española, día a día, casi hora a hora, ofrece nuevas oportunidades para la estupefacción. La filtración –presumiblemente realizada por el propio Bárcenas- de los datos contables que reflejan los ingresos y pagos irregulares (realizados por empresarios y percibidos por la cúpula del partido), junto con lo que ya sabemos acerca de los 22 millones depositados en Suiza a nombre del propio Bárcenas, más la regularización fiscal realizada por éste, plantean toda una serie de cuestiones muy interesantes que los ciudadanos tenemos derecho a preguntar, y que nuestros políticos tiene la obligación de contestar.
 
La primera y más importante pregunta es de dónde han salido los 22 millones de euros. ¿Es un dinero que pertenece al PP –donado irregularmente- y que Bárcenas ha distraído en su propio beneficio? ¿Presupone eso que el PP ha recibido todavía más dinero y que esta cantidad es sólo una parte? ¿O bien el dinero, como dice Bárcenas, es suyo? Curiosamente, aunque estuviésemos en el primer, caso tanto Bárcenas como el PP tienen interés en negarlo. Bárcenas para quedarse con el dinero y el PP para no reconocer una financiación ilegal (triste papel del que ha sido estafado, darle la razón a su estafador). Luego sus testimonios (incluida esa famosa auditoría interna) no son relevantes. Esta es una materia que queda a la investigación de los jueces y nos parece que la tarea será complicada, porque el caso Filesa demostró a los partidos que si querían financiarse ilegalmente no podían contabilizar el dinero de ninguna manera, sino que tenían que dejarlo en un limbo “controlado” y si algo salía mal negar que les perteneciese. Demostrar que ese dinero viene de donaciones al PP sólo sería posible con la colaboración de las empresas que donaron esas cantidades, cosa poco presumible, como estamos viendo.
 
La segunda cuestión que hay que aclarar completamente es la regularización fiscal de Bárcenas. Sus abogados dicen que gracias a la amnistía de Montoro ha blanqueado 11 millones. Montoro lo niega (aquí) pero sus argumentos son endebles. Dice simplemente que si lo ha regularizado a través de testaferros no podrá beneficiarse él directamente y que si se demuestra que el dinero proviene de actividades ilícitas se quedará sin él. Pero eso no viene al caso, desgraciadamente. Primero porque Bárcenas dice que lo ha regularizado a través de una de sus sociedades (Tesedul) de la que él es socio. No se trata de ningún testaferro, sino de una sociedad de su propiedad, por lo que está claro que va a reclamar la titularidad del dinero. Segundo, porque… ¿qué actividades ilícitas? Bárcenas dice que el dinero es suyo y, como hemos visto, el (presunto) estafado, el PP, va a darle la razón, o por lo menos no se la va a poder discutir de verdad.
 
La tercera cuestión es si se entregaron o no sobres, y, en caso afirmativo, si se declararon a Hacienda. Podemos presuponer que si el PP se estaba financiando ilegalmente se entregaron sobres y no se declararon (merecido sobresueldo, no todo va a ir a actos electorales que enriquecen sólo a los contratistas). Con lo cual esta cuestión depende bastante de la primera. Tras la declaración de Cospedal negándolo todo, está claro que no se declararon (en el supuesto de que se hubieran recibido). El PP acusa a Bárcenas de haber falsificado los registros. ¿Qué interés podía tener Bárcenas para meterse en ese lío con sus exjefes? ¿Qué le indulten? No parece el mejor camino. Por otra parte, si no gana nada especial, ¿por qué les odia tanto como para falsificar en su perjuicio unos papeles tan comprometedores? ¿No le habían tratado a cuerpo de rey manteniéndole en Génova, pagándole un abogado casi hasta el final y dándole un trato VIP? Lo curiosos es que al negarlo todo el PP entra en una curiosa esquizofrenia: por un lado no sabe nada de los 22 millones (Bárcenas dice la verdad), por otro lado no sabe nada de los sobres (Bárcenas miente).
 
Esto nos abre la puerta a la última cuestión. Si Bárcenas es un delincuente reconocido -por haber hecho una fortuna de 22 millones de manera ilícita (y no por manejar fondos ilegales del partido), y además por falsificar pacientemente unos registros para incriminar a la cúpula del PP que tan bien le había tratado-, ¿qué responsabilidad política van a asumir los que le nombraron y mantuvieron tanto tiempo a su lado produciendo de esta manera un daño irreparable en la imagen del partido? Porque a nadie se le escapa que este nuevo golpe a la imagen de España –sean las implicaciones de Bárcenas verdaderas o falsas- debería tener un responsable, ¿o quizá no?.
 

¿Nos conformamos con esta conformidad? Reflexiones sobre el caso Pallarols y el sr. Durán i Lleida.

El último ejemplo (mientras escribo estas líneas, porque seguro que cuando las termine ya hay otro escándalo que “lo tapa”) que nos ha dado nuestra clase política de su nivel de irresponsabilidad y de su sensación de estar por encima de la Ley es el protagonizado por el sr. Duran i Lleida con  la sentencia de conformidad con la que ha terminado antes de empezar el caso Pallarols. Como sabrán, el caso Pallarols es el enésimo caso de financiación irregular de un partido político español. Con independencia de que ya estemos acostumbrados a ver un día sí y otro también una noticia relativa a la financiación irregular de los partidos políticos, por cierto jamás descubierta por el órgano teóricamente competente, el Tribunal de Cuentas (ya hemos explicado aquí las razones) el caso Pallarols, o el caso Durán i Lleida tiene algunas particularidades que lo hacen especialmente irritante para la ciudadanía. O por lo menos para mí.
 
Una es, evidentemente, la del contexto en que se produce. Cuando las encuestas del CIS (la última aquí) y de los medios proclaman de forma creciente la desafección de la ciudadanía por la clase política que se supone que la representa, y algunas hasta señalan que el 95% de los españoles consideran que los partidos políticos protegen la corrupción de los suyos no habría estado nada mal aprovechar la ocasión para demostrar que, aunque sea muy de vez en cuando, la justicia es igual para todos. Incluso para los políticos, aunque luego los indulten, ya saben.
 
Así por lo menos durante unos días o unos meses los más inocentes o más crédulos pueden creer a quienes nos dicen que la corrupción no está generalizada, que los políticos son honestos en su mayoría y que la Fiscalía es muy independiente del Gobierno, especialmente la catalana. En definitiva, se trataba de celebrar el juicio oral, como ocurre habitualmente por cierto. Eso sí, hubiera supuesto la pequeña incomodidad de una previsible declaración como testigo del sr. Duran i Lleida y una pena, supongo, seguramente bastante superior para los culpables.
 
En segundo lugar, tenemos también a unos protagonistas especiales, el partido UDC y su líder, el sr. Durán i Lleida. El partido, como sabemos, ha sido de los preferido de los sucesivos Gobiernos nacionales para “tender puentes” con la tradicionalmente más nacionalista y ahora directamente echada al monte CIU. Como partido político catalán y encima  de partido bisagra de la bisagra me imagino –aunque reconozco mi ignorancia sobre el tema- que dispondrá de una buena red clientelar con la que conseguir un número de votos suficientemente relevante al efecto. Y luego está la autodefinición como partido moderado  que se ve que tranquiliza mucho a la hora de negociar con él.
 
En cuanto al sr. Durán i Lleida es desde 1990 el presidente del partido y lleva en política nada menos que desde 1982. Es un personaje al que los medios han tratado siempre con guante blanco  y no olvidemos que gracias a este trato ha sido siempre uno de los políticos mejor valorados por los ciudadanos españoles. En la actualidad además preside la Comisión de Exteriores del Congreso de los Diputados, pese a sus posturas más o menos independentistas (como saben sus fans la cosa cambia según donde esté y con quien hable, o incluso según como vea el panorama, a este señor claramente le gusta ganar siempre) con el beneplácito del PP. Este tipo de actitudes (unida a ya la famosa historia de la suite del Palace donde se aloja cuando se traslada a Madrid ) le han convertido en uno de los ejemplos máximos de políticos expertos en decir una cosa y la contraria a la vez sin perder la compostura, sacar el máximo provecho de las instituciones a las que pertenece pero a las que con su conducta y declaraciones contribuye a degradar y desprestigiar, y , en definitiva, en tomar por tontos a los ciudadanos.
 
En tercer lugar, abundando en esta última reflexión, tenemos también las explicaciones que nos han dado desde el partido, en forma de un comunicado en el que se dice que el partido como tal (es decir, como persona jurídica) no ha sido imputado (normal, no se podía) y además su directiva desconocía los hechos, aunque sorprendentemente reconocen que se  beneficiaron de los efectos de tales hechos (vulgo, se quedó con el dinero de las subvenciones concedidas). Nos aclaran que si se ha acordado devolver a la Administración catalana ciertas cantidades es porque hay una “responsabilidad civil a título gratuito” por haberse beneficiado de buena fe de unos actos ilícitos de cuya existencia no sabían nada. Bueno, aunque yo no soy penalista toda esto suena a tomadura de pelo. Total, que se reconocen los hechos (se desviaron al partido 388.483 euros destinados por la Unión Europea a formación para parados) pero resulta que el partido como tal, como persona jurídica, no ha sido imputado, y además sus dirigentes lo ignoraban todo, aunque me imagino que no ignoraban que sus cuentas presentaban unos ingresos caídos del cielo, qué suerte tienen algunos. Así que nada, se niega la responsabilidad penal, se pide perdón –ahora está de moda pedir perdón y pelillos a la mar- y se viene a decir que encima se han portado de lujo devolviendo el dinero, cosa que no hace nadie (ahí tienen razón). Todo esto sin contar con que probablemente el dinero que se devuelve me imagino que procederá de los fondos públicos con los que subvencionamos a nuestros partidos, se ve que de forma muy cicatera porque todos acaban necesitando un dinerillo extra. Un poco más y la culpa va a ser nuestra.
 
A estas alturas, y sin entrar en muchos tecnicismos,  conviene cotejar la versión de UDC de lo que supone una sentencia de conformidad en términos penales y de responsabilidad civil derivada de la comisión de un delito con la regulación de la ley de Enjuiciamiento Criminal sobre las sentencias de conformidad, recogida en el art. 787 de la LECRim
“ Antes de iniciarse la práctica de la prueba, la defensa, con la conformidad del acusado presente, podrá pedir al Juez o Tribunal que proceda a dictar sentencia de conformidad con el escrito de acusación que contenga pena de mayor gravedad, o con el que se presentara en ese acto, que no podrá referirse a hecho distinto, ni contener calificación más grave que la del escrito de acusación anterior. Si la pena no excediere de seis años de prisión, el Juez o Tribunal dictará sentencia de conformidad con la manifestada por la defensa, si concurren los requisitos establecidos en los apartados siguientes.
2. Si a partir de la descripción de los hechos aceptada por todas las partes, el Juez o Tribunal entendiere que la calificación aceptada es correcta y que la pena es procedente según dicha calificación, dictará sentencia de conformidad. El Juez o Tribunal habrá oído en todo caso al acusado acerca de si su conformidad ha sido prestada libremente y con conocimiento de sus consecuencias.
(…) 4.  Una vez que la defensa manifieste su conformidad, el Juez o Presidente del Tribunal informará al acusado de sus consecuencias y a continuación le requerirá a fin de que manifieste si presta su conformidad. Cuando el Juez o Tribunal albergue dudas sobre si el acusado ha prestado libremente su conformidad, acordará la continuación del juicio.
También podrá acordar la continuación del juicio cuando, no obstante la conformidad del acusado, su defensor lo considere necesario y el Juez o Tribunal estime fundada su petición.
(…) 6.  La sentencia de conformidad se dictará oralmente y documentará conforme a lo previsto en el apartado 2 del artículo 789, sin perjuicio de su ulterior redacción. Si el fiscal y las partes, conocido el fallo, expresaran su decisión de no recurrir, el juez, en el mismo acto, declarará oralmente la firmeza de la sentencia, y se pronunciará, previa audiencia de las partes, sobre la suspensión o la sustitución de la pena impuesta.
7.  Únicamente serán recurribles las sentencias de conformidad cuando no hayan respetado los requisitos o términos de la conformidad, sin que el acusado pueda impugnar por razones de fondo su conformidad libremente prestada.
 
Pues ya ven, según el documento de UDC la regulación de la LECrim de las sentencias de conformidad no equivale para nada a una condena penal. Y la responsabilidad civil no deriva tampoco de la condena penal, es una responsabilidad “gratuita”. Si piden perdón es “en nombre de quienes cometieron los ilícitos”, que, afortunadamente a estas alturas (los hechos acontecieron hace más de trece años) o se han dado de baja voluntariamente o han sido expulsados del partido. Y hasta ha tenido mala suerte -el partido, no los interfectos- de que ninguno haya fallecido dado el tiempo transcurrido.
 
En cuarto lugar, nos informa la Fiscalía que esto de las sentencias de conformidad es muy común. Ninguna duda al respecto, la pregunta es cuantas sentencias de conformidad similares hay en supuestos  de desvío de fondos públicos (en este caso nada menos que dinero de la UE para formación de desempleados) para fines particulares, prescindiendo de la consideración de si los fines de un partido político merecen más que los de un ciudadano corriente que para atenderlos se cometan delitos, discusión que nos llevaría demasiado lejos. O si es normal que una instrucción para ver si se han desviado fondos públicos de una subvención para otros fines dure más de trece años cuando se trata de ciudadanos o empresas privadas, incluso en España. O si esto tendrá algo que ver con que se está investigando a un partido político, y además catalán  y en Cataluña, lo que debe de rozar lo heroico. En cualquier caso, yo no les animaría a comprobar si es verdad esto de que las sentencias de conformidad son iguales para todos, y los fiscales igual de considerados siempre, no solo porque haya que cometer un delito aunque sea de cuello blanco para comprobarlo, sino porque a lo mejor se encuentran con una sorpresa. Porque además seguramente ustedes, como ciudadanos de a pie, no tengan un “conseguidor” de campanillas, nada menos que Consejero de Estado, socio del sr. Michavila, abogado del Estado y diputado de Unió, que medió ante la Fiscalía para conseguir una conformidad tan conveniente según esta noticia.
 
Y por último, terminamos con las elucubraciones del sr. Durán i Lleida sobre su responsabilidad política, inexistente, por supuesto. Pese a que, al parecer, hace más de una década se comprometió a dimitir si se demostraba que su partido se había financiado irregularmente. Bueno, pues ya está demostrado para todo el mundo menos para él y para su partido. Así que, faltaría más, no dimite. Se ve que ya hasta las palabras más sencillas como “demostrar”  tienen significados distintos para políticos y ciudadanos.
 
Eso sí, yo sacaría ya al sr. Durán i Lleida de las encuestas del CIS cuando den nombres para su valoración. Es que les va a hundir todavía más la media.
 
 
 

Todo lo que usted siempre quiso saber sobre la financiación de los partidos políticos pero nunca se atrevió a preguntar (final)

 

Terminamos esta pequeña serie con algunos datos sacados del informe del Tribunal de Cuentas sobre los grandes partidos políticos nacionales, el PP y el PSOE correspondiente al ejercicio 2007. Recomendamos que si no lo han hecho ya, lean los posts anteriores, para entender mejor la información que se ofrece. Están abajo, en posts relacionados.

 

Datos referentes al Partido Popular (folios 137 y ss del Informe).

 

El PP recibió 86.500.962 € de subvenciones y su financiación privada ascendió a 16.940.007 €, por tanto más de un 83 % de su  financiación procedió de fuentes públicas. No está nada mal.

 

En cuanto a la información remitida al Tribunal de Cuentas, el art. 15 de la Ley Orgánica de Financiación de los Partidos Políticos dice que «los partidos políticos deberán prever un sistema de control interno que garantice la adecuada intervención y contabilización de todos los actos y documentos de los que se deriven derechos y obligaciones de contenido económico, conforme a sus Estatutos. El informe resultante de esta auditoría acompañará a la documentación a rendir al Tribunal de Cuentas».

 

Pues bien, lo que el PP remitió en 2007 fue copia de un “Dictamen de los Auditores Internos sobre las Cuentas Anuales Consolidadas del ejercicio 2007 del Partido Popular”, sin firma alguna y en el que expresa una opinión favorable sobre la representatividad de las cuentas anuales consolidadas. El Informe del TCu sin embargo considera que en este caso la falta de firma es un mero defecto formal a pesar de ser un requisito esencial de los Informes de auditoría (art. 2.d de la entonces vigente Ley 19/1988 de Auditoría de Cuentas).

 

Las cuentas consolidadas están integradas por la contabilidad de la Tesorería Nacional y por la contabilidad provincial. No se remitió la contabilidad a nivel local,  excepto en Madrid y Murcia, a pesar de que el art. 14.4 de la L.O. dispone que «las cuentas anuales consolidadas se extenderán a los ámbitos estatal, autonómico, comarcal y provincial ». Aún así los auditores dieron una opinión favorable a las cuentas anuales y el Tribunal de Cuentas tampoco hizo salvedad alguna al respecto.

 

En concreto, de las subvenciones institucionales a los grupos políticos correspondientes a las Entidades Locales, sólo se rindió la contabilidad del grupo popular en las Juntas Generales de Guipúzcoa, en el Cabildo de Tenerife y en el Ayuntamiento de Palma. El informe por eso dice que «la contabilidad rendida no recoge la actividad desarrollada por la mayor parte de la organización local ni la de los grupos políticos en las Corporaciones Locales».

 

Podríamos estar entonces en presencia de una infracción muy grave con las consecuencias que señala el art. 17.1.b de la Ley: «no presentar, sin causa justificada, las cuentas correspondientes al último ejercicio anual o que éstas sean tan deficientes que impidan al Tribunal de Cuentas llevar a cabo su cometido fiscalizador. En este caso el Tribunal de Cuentas acordará la retención de la subvención anual hasta que se produzca el total cumplimiento de la obligación de rendición o hasta la completa subsanación de los defectos advertidos». Pero no se ha debido considerar muy grave, porque lo cierto es que no existe constancia de que se haya iniciado el correspondiente procedimiento sancionador.

 

Pese a lo que exige el art. 15 de la Ley Orgánica de Financiación de los Partidos políticos el Informe del TCu lacónicamente dice que de la información de dicho dictamen interno no  resulta posible evaluar el grado de cumplimiento y adecuación del sistema de control interno implantado por el PP, vamos, que no resulta posible saber si se ha efectuado una adecuada intervención y contabilización de los actos de contenido económico. Lo que no parece preocuparle mucho al Tribunal de Cuentas.

 

¿Qué es lo que supervisa entonces el Tribunal de Cuentas? Pues lo siguiente:

a)     En relación con el inmovilizado analiza sus variaciones. señalando que proceden de obras de reforma de Génova (costó 39,9 m € y solicitó un préstamo hipotecario de 37 m €), de las sedes de Baleares y País Vasco y de la compra de dos inmuebles en la sede provincial de Burgos (no se aporta informe de tasación que acredite el valor de mercado exigido por la Comisión Mixta para las Relaciones con el TCu, sólo el valor de la escritura).

b)    Activo circulante: comprueban que los saldos contabilizados, en general, corresponden con lo dicho por las entidades financieras. (en qué bancos lo tienen, no dicen nada más nada).

c)   De las deudas con entidades de crédito, destaca el préstamo hipotecario de 37.000.000 € para comprar la sede de Génova con dos años de carencia.

 

La Memoria no recoge las condiciones contractuales de los créditos o préstamos en los términos del artículo 14.5 de la LO 8/2007 que exige identificar «a la entidad concedente, el importe otorgado, el tipo de interés y el plazo de amortización del crédito o préstamo y la deuda pendiente al cierre del ejercicio de que se trate con indicación de cualquier contingencia relevante sobre el cumplimiento de las condiciones pactadas».

 

Por cierto, que la Tesorería Nacional sólo opera con dos entidades financieras.

 

Respecto a la financiación privada del PP un total de 16.940.007 euros (10.721.495 son de cuotas de los afiliados,  4.975.068 de donaciones nominativas y 2.373.020 de donaciones anónimas que estaban permitidas durante la vigencia de la Ley de 1987). Llama la atención que hay 231.400 euros de donaciones anónimas percibidas durante la vigencia de la nueva Ley (prohibidas en su art., 5; es una infracción muy grave art. 17.1a) y en sus alegaciones el partido simplemente dice que va a identificar a los donantes. No existe constancia de que se haya iniciado el correspondiente procedimiento sancionador.

 

Datos referentes al Partido Socialista Obrero Español (folios 149 y ss del Informe).

 

El Informe dice que el PSOE recibió 60.847.614 € de financiación pública y su financiación privada  ascendió a 18.656.940 €, por tanto más de un 76 % de su  financiación según esos datos era pública en ese año.

 

El PSOE directamente no remitió en 2007 el Informe de control interno exigido por el art. 15 de la Ley al que antes nos hemos referido. No parece que haya pasado nada. 

 

Las cuentas consolidadas están integradas por la contabilidad de la Comisión Ejecutiva Federal y por la contabilidad provincial. No se remitió la contabilidad a nivel local,  excepto una parte del ámbito comarcal de la sede regional de Valencia. Es llamativo porque de una parte el Informe dice que las subvenciones a los grupos políticos del PSOE en las Corporaciones Locales ascendieron a 15.320222 €, de los cuales 4.132.904 corresponderían al ámbito comarcal de Valencia.

 

Esto hecho pudiera ser igualmente constitutivo de una infracción muy grave del art. 17.1b de la Ley. No consta la apertura de ningún expediente sancionador.

 

¿Y que fiscaliza entonces el informe?

 

a)   En relación con el inmovilizado, que compraron tres locales en Vizcaya y Valencia y rehabilitaron las sedes de Sevilla y Granada. Por supuesto a las compras de inmuebles no se adjuntaron informes de tasación.

b)   Activo circulante: comprueban que los saldos contabilizados, en general, corresponden con lo dicho por las entidades financieras. (en qué bancos los tienen, vamos)  Destacan los saldos de tesorería que existen a 31 de diciembre (1.724.392 tiene la Ejecutiva Federal, 6.742.542 la organización territorial y 4.213.555 los Grupos Parlamentarios del Congreso, Senado y Parlamentos autonómicos).

 

Respecto a la financiación privada del PSOE, que supuso un total de 18.656.940 euros, hay 52.500  euros de donaciones anónimas percibidas durante la vigencia de la nueva Ley (prohibidas en su art., 5; es una infracción muy grave art. 17.1a). No consta la apertura de ningún expediente.

 

Terminamos la serie aquí pero podemos concluir que menuda suerte tienen los partidos políticos con el Tribunal de Cuentas.