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Con Ucrania, por la democracia, la libertad y el Estado de Derecho

La invasión de Ucrania nos ha pillado a casi todos los dichosos ciudadanos  que vivimos en democracias occidentales por sorpresa. Aunque las características de la dictadura de Putin son más o menos conocidas y su voluntad de desequilibrar las democracias liberales occidentales en general, y las europeas en particular, está más que probada (recordemos a título de ejemplo lo sucedido con las elecciones americanas de 2016 o, más cercano a nosotros, sus relaciones con entorno de Puigdemont) las imágenes que estamos viendo hoy representan un salto cualitativo. Ha invadido un país soberano en base a una propaganda que recuerda mucho a la que utilizó Hitler para invadir Checoslovaquia en 1938: la protección de las supuestas minorías oprimidas (alemanes de los Sudetes entonces, rusos del Dombas ahora) por el gobierno democrático de otro país. Lo más llamativo es que Putin hable de “desnazificar” Ucrania, cuando precisamente se comporta como los nazis. Porque, no lo olvidemos, en Ucrania existe un gobierno democráticamente elegido y con un Presidente, Zelinsky, que ganó las elecciones en 2019 con una cómoda mayoría. Por si fuera poco, resulta que es judío.

El desastre humano, en forma de pérdida de vidas y migraciones a otros países parece ya inevitable desgraciadamente. Pero lo que no está escrito son las consecuencias que debe de tener esta agresión injustificable para el autócrata ruso. Las democracias occidentales, empezando por las que integran la Unión Europea, deben de plantar cara con firmeza. Conocemos lo que ocurrió después de la invasión de los Sudetes; en septiembre de 1939 se firmó el Acuerdo de Munich por el que Francia y Alemania permitieron a Hitler anexionarse los Sudetes pensando que compraban la paz en Europa.  Apenas un año más tarde, los alemanes invadieron Polonia y empezó la segunda guerra mundial. Algo deberíamos aprender.

Parece poco probable, al menos por ahora,  que la OTAN responda con un ataque militar  dado que Ucrania no forma parte de ella. Pero la Unión Europea lo que sí puede hacer (junto con Estados Unidos y otros países democráticos) es tratar a la Rusia de Putin como se trató a Sudáfrica en los años del apartheid. En ese sentido, Biden ha dicho que hay que convertir a Putin en un paria; y sobran los métodos para hacerlo, empezando por los más obvios que se refieren al sistema financiero y a los sectores de la energía y el transporte y la política de visados. Es evidente que estas medidas también repercutirán negativamente en la economía de muchos países europeos, pero es lo menos que podemos hacer por nuestros conciudadanos europeos de Ucrania; ellos se juegan mucho más por defender su libertad, su democracia y su Estado de Derecho.

En cuanto a las incomprensibles reacciones en torno a esta crisis de los partidos políticos de izquierda y de ultraderecha tanto en España como en otros países de la Unión Europea lo que ponen de relieve, lamentablemente, es  o que algunos se creen la propaganda rusa más que los propios ciudadanos rusos, lo que ya sería bastante grave, o que su iliberalismo o antiamericanismo visceral es mayor que su compromiso con el Estado de Derecho democrático, lo que es bastante peor. En cualquier caso, no deja de ser muy preocupante que tantos ucranianos se jueguen hoy la vida y la libertad por un ideal que minusvaloran unos políticos incapaces de darse cuenta, pese a las impactantes imágenes que nos llegan desde Ucrania, de hasta qué punto la democracia y la civilización son frágiles.

Con Ucrania, por la libertad, la democracia y el Estado de Derecho.

Sobre el Delcygate: realmente, ¿es así de seria la política exterior de la UE?

Según la doctrina oficial de la Unión Europea, respecto a la aplicación de la “Política exterior y de seguridad de la Unión Europea” (PESC), “que abarca todos los ámbitos de la política exterior y todas las cuestiones relacionadas con la seguridad de la Unión Europea (UE)”:

  • La PESC es aplicada por el Alto Representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad.
  • El Alto Representante recibe ayuda del cuerpo diplomático de la UE, el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE).
  • El Tribunal de Justicia de la Unión Europea no tiene jurisdicción en el ámbito de la PESC (artículo 24 del Tratado de la Unión Europea –TUE-), excepto: cuando se revisa la legalidad de las medidas restrictivas (por ejemplo, las sanciones) adoptadas por la UE contra personas físicas o jurídicas; cuando se supervisa la aplicación de la PESC por parte de las instituciones de la UE”.

Sobre el denominado “Delcygate” (incumplimiento de la ejecución de las sanciones de la UE impuestas a miembros del Gobierno venezolano), el Servicio Europeo de Acción Exterior ha informado de que:

“Por lo que se refiere a las medidas restrictivas adoptadas habida cuenta de la situación en Venezuela, la prohibición de viajar, a propuesta del alto representante, se establece únicamente en la Decisión (PESC) 2017/2074 del Consejo, que es vinculante para los Estados miembros. Por consiguiente, los Estados miembros están obligados a adoptar las medidas necesarias para impedir la entrada o el tránsito en su territorio de las personas sujetas a las medidas restrictivas enumeradas en el anexo I de la Decisión (PESC) 2017/2074 del Consejo.

Puesto que la Comisión solo puede incoar un procedimiento de infracción por posibles incumplimientos de las sanciones establecidas en Reglamentos y la prohibición de viajar no figura en el Reglamento (UE) 2017/2063 del Consejo, la cuestión de si la Comisión podría incoar tal procedimiento de infracción no es pertinente en este caso.

El alto representante no está facultado para efectuar una investigación de posibles infracciones de las sanciones de la UE establecidas en las Decisiones del Consejo. No obstante, es responsable de garantizar la coherencia de la Política Exterior y de Seguridad Común de la UE y, como tal, puede plantear reservas directamente a los Estados miembros o en el Consejo. A este respecto, el Servicio Europeo de Acción Exterior, en consulta con la Comisión si procede, se mantiene directamente en contacto con los Estados miembros de la UE para solicitar información sobre presuntas vulneraciones de las sanciones y sus esfuerzos de seguimiento o investigación”.

Se solicita acceso, al amparo del “Reglamento (CE) n° 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión”, en los siguientes términos: “Todo documento remitido al Gobierno español (y contestaciones de éste) por la Comisión, el Servicio Europeo de Acción Exterior o el Alto Representante, en su función de control, sobre la presunta vulneración por España de la Decisión (PESC) 2017/2074 del Consejo. Y cualquier otro documento intercambiado con las demás instituciones UE” (“Delcygate”).

Por el Servicio Europeo de Acción Exterior se remite un e-mail del SEAE de 24 de enero de 2020 a alguien del Ministerio de Asuntos Exteriores español, en el que sucintamente y en “plan de amiguetes” se le dice que (el SEAE) hemos recibido varias preguntas sobre el viaje de Delcy Rodríguez a España, solicitando más información o una llamada telefónica:

“I tried to call you but understand that you are in meetings all day. Just in case you are checking your e-mail, we have received several questions on the travel of Delcy Eloina Rodriguez G6mez to Spain. lf you would have further information and you would be in the position to give me a call, that would be much appreciated”.  Algo así como (en traducción libre): eh, tío, estamos recibiendo varias preguntas sobre el viaje de Delcy Rodríguez, si tienes más información y puedes llamarme, te lo agradecería.

No se adjunta ningún escrito de respuesta del Gobierno español y se adjuntan lo que parecen ser unas respuestas a preguntas realizadas en sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados y un ejemplar del Diario de sesiones del Congreso de los Diputados relativo a la sesión plenaria del 12 de febrero de 2020.

Dado que cuesta creer que en un asunto tan importante y serio, relativo al incumplimiento de la Decisión (PESC) 2017/2074 del Consejo, la Comisión Europea o el SEAE hayan limitado su actuación de control a lo que consta en los documentos aportados, que por lo demás y en lo que se refiere a los referidos a la actividad del Congreso de los Diputados son de acceso público a través de la web del Parlamento español, se insta solicitud confirmatoria (revisión de la resolución de acceso) y el SEAE contesta que a raíz de la solicitud inicial de acceso se contactó a las divisiones SEAE relevantes para identificar documentos dentro del alcance de la solicitud, así como al Gabinete del Alto Representante para preguntar si tenían documentos que coincidan con la solicitud. Sin embargo, no fueron capaces de identificar cualquier otro documento que coincida con la solicitud. Después de la solicitud confirmatoria, se contactó nuevamente con la División SEAE pertinente y se le pidió que verificara si otros documentos relacionados podrían identificarse en su sistema de archivo. Sin embargo, según el SEAE, no hay otros documentos que corresponden a la solicitud.

De ser así, parece que, ante hechos tan graves, no se ha hecho nada útil a fin de hacer cumplir las decisiones adoptadas en el seno de la UE. Según esta información (https://www.elmundo.es/espana/2020/06/18/5eea6afbfdddff55938b4663.html), el Ministerio del Interior tenía un “conocimiento previo” de la visita de la mano derecha de Nicolás Maduro a España el pasado mes de enero. Asimismo, apunta que Rodríguez “llegó incluso a haber programado varias citas con distintas personalidades de nuestro país en los días sucesivos a su llegada, pretendiendo permanecer en Madrid”.

Con estos resultados, es mejor no tener ni política exterior común ni “alto” representante.

Ante situaciones extraordinarias, medidas extraordinarias ¿Qué consecuencias jurídicas tiene el conoravirus en el comercio internacional y en nuestros contratos?

La crisis sanitaria que estamos viviendo está teniendo un innegable efecto —tanto directo como indirecto—, en la economía global y en la actividad de las empresas, lo que está desencadenando consecuencias jurídicas de diversa índole.

En efecto, son varias las empresas que han comenzado a declarar escenarios de fuerza mayor en respuesta a las dificultades a las que enfrentan, tratando así de protegerse frente a distintas reclamaciones por incumplimientos contractuales. En España, el debate se inició a raíz de la cancelación del Mobile World Congress (MWC) por parte de su organizadora —GSMA—, en la que se alegó una situación de fuerza mayor, dejando en el aire tanto contratos millonarios con compañías expositoras, como reservas y desplazamientos. Así, durante las últimas semanas se han presentado distintas reclamaciones en las que se invoca fuerza mayor que involucran a un comprador o proveedor hasta ahora mayoritariamente chino.

Debido a la posición de China en el comercio internacional —que representa más del 16% del PIB global—, así como a su presencia en las distintas industrias, los efectos del coronavirus empezaron a manifestarse en el ámbito de las relaciones contractuales hace ya unas semanas (i.e. contratos de suministro). Uno de los sectores que más se ha visto afectado por la propagación del COVID-19 es el automovilístico, en el que China es la principal exportadora de componentes para su producción, como el cobre, cubriendo el gigante asiático la mitad de la demanda a nivel mundial. Asimismo, el sector tecnológico está sufriendo un gran impacto, dado que China es el mayor fabricante de componentes electrónicos, siendo el responsable de casi un 30% de las exportaciones a nivel mundial.

En un intento de hacer frente a esta situación, el gobierno chino ha emitido más de 3.000 certificados para evitar que las empresas chinas se enfrenten a potenciales reclamaciones legales relativas a incumplimientos contractuales relacionados con el coronavirus, aludiendo a causas de fuerza mayor. No obstante, la cuestión sobre si dichos certificados tendrán fuerza vinculante, y serán reconocidos por el resto de las jurisdicciones, no es baladí.

De igual forma tenemos que tener en cuenta que la invocación de fuerza mayor puede ser relevante no sólo para los proveedores, que pueden verse impedidos de cumplir en plazo, sino también para los compradores que han podido ver imposibilitada la entrega y pueden verse a su vez incapacitados de cumplir posteriormente. Si bien con la invocación de la fuerza mayor lo que se pretende es ganar la exención de responsabilidad, de cara a alegar su invocación debemos llevar a cabo una labor de interpretación del contrato porque esta limitación de responsabilidad es una excepción al criterio preferencial que es el de la “lealtad de la palabra” o lo que se conoce como pacta sunt servanda. Es decir, que los contratos se firman para cumplirse y si no se cumplen este incumplimiento acarreará consecuencias en el ámbito jurídico.

Ahora bien, de cara a poder determinar si una parte contratante puede invocar o no la exención contractual en caso de epidemia depende principalmente de si pactó esta posibilidad en el contrato recogiendo términos como “fuerza mayor”, “frustración del contrato”, “material adverse change” y “Hardship Clause”.

Pero, ¿qué sucede si no se ha previsto contractualmente la fuerza mayor? 

En el caso de que no se hubiera previsto contractualmente tendremos que analizar si existe normativa internacional que lo regule (como puede ser el caso por ejemplo de la “Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías (CIM)”, del año 1980, que en su artículo 79 prevé la exención de responsabilidad debido a un impedimento imprevisible e inevitable) y la ley aplicable a la potencial controversia.

En relación con la ley aplicable, en el caso de China por ejemplo si una empresa invoca la fuerza mayor, es altamente probable que un tribunal chino la exonere de responsabilidad aludiendo a causas de fuerza mayor. No obstante, el resultado puede no ser el mismo en caso de que dichos certificados de fuerza mayor se invoquen ante los tribunales de los países occidentales, toda vez que el gobierno chino no tiene reconocida una autoridad global, y que éstos fueron emitidos con anterioridad a que el coronavirus fuese oficialmente calificado como pandemia.

¿Cuál es la situación en España? 

En el caso particular de España, me gustaría hacer referencia no sólo a la figura de la fuerza mayor sino también a lo que se conoce como clausula rebus sic stantibus.

En cuanto a la fuerza mayor, para que sea eximente de responsabilidad civil (art. 1105 CC) debe tratarse de un suceso imprevisible, o que, a pesar de ser previsible, por lo menos fuera inevitable. Nuestro, Tribunal Supremo ha analizado los conceptos de inevitabilidad y de imprevisibilidad sin grandes cambios a lo largo de los años indicando que el nadie puede responder de un daño que no pudo prevenir, ni evitar empleando los medios que le eran exigibles y debiendo hacerse esta valoración atendiendo a las circunstancias concurrentes en el momento en el que se produjeron los daños. Ejemplo de estos hechos, susceptibles de ser calificados como fuerza mayor, son, entre otros, el miedo a volar a causa de conflictos bélicos en otros países, los atentados terroristas internacionales o los efectos de una gripe de ámbito global entre los pasajeros de un crucero.

Por su parte la cláusula rebus sic stantibus hace referencia a la relevancia del cambio o mutación de las condiciones básicas del contrato, también se perfila como el instrumento jurídico apropiado para resolver los múltiples conflictos económicos, principalmente ante incumplimientos de un contrato, que comienzan a emerger por culpa del coronavirus. Esta cláusula fue recientemente reinterpretada por la Sala Primera del Tribunal Supremo a través de sus sentencias de 30 de junio 2014, 15 de octubre 2014 y 24 de febrero de 2014 de una forma novedosa e innovadora para paliar los efectos de la anterior crisis económica al entender que “dicha crisis pudo ser considerada abiertamente como un fenómeno de la economía capaz de generar un grave trastorno o mutación de las circunstancias y por tanto, alterar las bases sobre las cuales la iniciación y desarrollo de las relaciones contractuales se habían establecido”

Ante este escenario, ¿qué pueden hacer las empresas para proteger sus derechos a nivel jurídico?

  1. Proceder a examinar el contrato y ver si existe una cláusula de fuerza mayor, analizar si en esa cláusula puede entenderse incluido un caso como el coronavirus, de qué riesgos debe responder cada parte, si existe algún plazo específico para accionar y cuáles son las causas de terminación anticipada que puedan ser invocadas, etc.
  2. Examinar cuál es la ley aplicable, ya sea como complemento a las disposiciones contractuales o de forma supletoria en el caso de que no existiera tal previsión.
  3. Revisar las pólizas de seguro que tengamos suscritas para analizar cuál es su alcance, si está excluida o no la fuerza mayor, cuáles son los procedimientos y plazos a tener en cuenta a los efectos de comunicar potenciales daños, identificar las circunstancias que agravan los riesgos contratados y los deberes que de ello resultan.
  4. Adoptar medidas para mitigar el daño, anticipándose y evitando actos propios que puedan perjudicar posibles acciones futuras, agotando todos los medios a su alcance, incluidos los alternativos para dar cumplimiento a las obligaciones pactadas
  5. Contactar con la contraparte por escrito para explicar las circunstancias lo antes posible pero valorando si esté contacto y afirmaciones pueden tener algún efecto sobre otros contratos.
  6. Recabar pruebas de forma paralela, por ejemplo, noticias de prensa, declaraciones en redes, grabando y transcribiendo conversaciones verbales, etc.

¿Y si tenemos que formalizar un nuevo contrato?

En el caso de que tengamos que formalizar un nuevo contrato, os aconsejamos que consideréis las cláusulas de fuerza mayor con cuidado, valorando detenidamente la elección de la ley aplicable y de las cláusulas de sumisión a tribunales o arbitraje, pues considero que el arbitraje y la mediación pueden ser los grandes aliados para superar estas controversias. Veámoslo.

La complicada situación que estamos viviendo y que a tantas empresas afecta unida a la paralización de la mayoría de los procedimientos judiciales en prácticamente todos los países y la imposibilidad de presentar actualmente nuevas demandas judiciales va a ocasionar verdaderas dificultades a la Administración de Justicia de numerosos países, entre ellos España, a la hora de gestionar, de manera eficaz, los conflictos existentes y los que ya están surgiendo. Este es el motivo por el que, en este escenario, donde confluyen intereses internacionales, el arbitraje y la mediación van a jugar un papel fundamental en la resolución de los conflictos originados por el coronavirus.

Además, no podemos olvidar que tanto la mediación como el arbitraje tienen una característica común que a día de hoy es de alto valor añadido: es el uso constante de la tecnología a la hora de tramitar los procedimientos, pues se permiten las notificaciones telemáticas, videoconferencias, expedientes online, comunicaciones electrónicas, etc. sin que sea necesario tener que desplazarse para celebrar vistas o reuniones si las partes así lo deciden.

Por último, no me gustaría terminar sin hacer la siguiente reflexión: si bien es probable que haya un amplio margen para el debate legal sobre la interpretación de las cláusulas de fuerza mayor y la potencial aplicación de la cláusula rebus sic stantibus y que es importante que sigamos las recomendaciones indicadas desde este mismo momento, pienso que las consideraciones comerciales deben tener prioridad. Si los proveedores, subcontratistas y contratistas desean continuar trabajando juntos en el futuro, en circunstancias en las que ninguna de las partes tiene la culpa, se requerirá la comprensión de ambas partes. Si el objetivo compartido es la reanudación del desempeño lo antes posible, la colaboración, debe ser el camino a seguir.

China, Democracia y Derecho (reproducción de artículo en ABC de nuestro coeditor Segismundo Royo Villanova)

Muchos creemos que la combinación de Democracia y Estado de Derecho no es solo el mejor sistema para garantizar la libertad y la dignidad de las personas, sino también para el bienestar económico. Por usar los términos de Robinson y Acemoglu, solo las sociedades inclusivas, es decir las que permiten a todos los ciudadanos participar con igualdad en la política y en la economía, consiguen progresar y mantener la paz de forma duradera.

La trayectoria de China en los últimos cuarenta años parece contradecir esta idea. Su extraordinario crecimiento económico ha permitido salir de la pobreza a cientos de millones de personas dentro de un régimen decididamente autoritario, que no solo no pretende disimular su naturaleza sino que defiende abiertamente sus ventajas frente a la democracia.

Desde el mundo occidental, el contraejemplo suscitaba dudas. Algunos veían en ese éxito la prueba del fracaso de unas democracias en crisis política y económica. La mayoría no llegaba tan lejos pero adoptaba una posición pragmática: si el sistema permitía la mejora económica de sus nacionales y a los consumidores occidentales comprar productos más baratos, nada había que objetar. Añadían algunos analistas que el progreso económico llevaría a la población a reclamar más democracia, y que internet y las redes sociales harían imposible el férreo control social y político que el Partido Comunista chino ejerce desde hace casi 70 años-.

La eliminación de límite de mandatos que el Presidente Xi Jiping parece haber despertado a muchos de su sueño. Políticos y analistas destacan los riesgos de esa deriva autoritaria e incluso The Economist, defensor acérrimo de la apertura del comercio con China y tibio crítico de su autoritarismo, le ha dedicado una portada al desengaño.

Pero no hay razones para la sorpresa, pues sólo los que no querían ver estaban ciegos. China no solo no ha realizado en ningún momento una apertura democrática, sino que ni siquiera ha pretendido simular un Estado de Derecho. No hay razones para esperar que la simple mejora económica traiga la democracia cuando el poder se ejerce sin ninguna restricción. Y China ha demostrado que internet, sin los límites del derecho y con la dedicación de suficientes medios, es una perfecta herramienta de control y no una amenaza. La falta de separación de poderes permite el Estado utilizar el poder político para controlar la economía, castigando a las empresas de países críticos con China. Y también permite lo contrario, utilizar el poder económico para influir en gobiernos, como se ha visto en Africa o en Filipinas.

El velo también ha caído en el ámbito empresarial, que ha terminado descubriendo que sin normas claras ni un poder judicial independiente no hay posibilidad real de competir en el mercado chino. De momento el crecimiento sigue, pero nada garantiza que eso vaya a continuar: en los sesenta prestigiosos economistas americanos predecían que en pocos años la URSS superaría años el PIB de USA…

Al mismo tiempo, se multiplican los riesgos para la paz: la creación de bases militares en el Mar de China, las crecientes tensiones con los vecinos y sobre todo el extraordinario aumento del gasto militar traen a la memoria antiguos rearmes de trágicas consecuencias.

Es fácil ver el contraste de esta situación con la de EE.UU., en los que la llegada al poder de un populista con tendencias autoritarias parecía amenazar las libertades y la economía. Sin embargo, hemos visto pruebas de la resistencia y los variados recursos de un sistema político democrático. La primera gran medida del Presidente, una precipitada y mal diseñada norma anti-inmigración, fue desactivada por los tribunales de justicia. La derogación del sistema de seguro médico establecido por Obama fue rechazada por el propio Congreso en su versión inicial, al disentir parte de los diputados republicanos. En la reciente polémica sobre la venta de armas, la opinión pública y los movimientos populares van camino de conseguir la limitación de la libre venta de armas y del poder del lobby que  la promueve. Curiosamente, sobre lo que parece ir formándose un mayor consenso es sobre otra polémica idea de Trump: que China hacía trampas en la relación comercial y que había que poner coto a ello.

En un momento en que el mundo occidental duda de sí mismo y en que crecen los populismos, el contraste es revelador. Aunque ya Aristóteles advirtió del peligro de que la democracia degenere en demagogia y ésta en tiranía, en cada generación aparecen políticos que prometen soluciones fáciles y anuncian como nuevo lo que ya fracasó cien veces. La realidad es que solo la democracia nos ofrecerá libertad, igualdad y prosperidad de manera continuada. Una democracia qué para seguir siendo tal, necesita siempre de vigilancia por la sociedad civil y a menudo de reformas. Este es el trabajo de todos.

El nombramiento de la Consejera de Finanzas en Reino Unido o la provisión de los cargos públicos españoles en el extranjero

 

Boletín Oficial del Estado de 2 de Octubre de 2017. Se publica la Resolución de fecha 14 de septiembre de la Subsecretaría del Ministerio de Hacienda y Función Pública por la que se convoca la provisión por el sistema de libre designación de la Consejería de Finanzas en Reino Unido e Irlanda del Norte, con sede en Londres. Como méritos a tener en cuenta aparecen los siguientes: Conocimientos en materia tributaria y aduanera, especialmente en sus aspectos internacionales; Conocimientos en materia presupuestaria y de contabilidad pública, incluyendo la financiación territorial así como el control financiero ejercido por la Unión Aduanera;  Conocimientos en Derecho Comunitario Europeo, especialmente en materia de armonización fiscal comunitaria y en materia presupuestaria de la Unión Europea, en el sistema de financiación de la misma, así como en materia de fondos europeos; Conocimientos en materia de contratación pública, Gestión del patrimonio del Estado y gestión catastral; Experiencia en reuniones y negociaciones en Organismos Internacionales; Idiomas: Alto conocimiento del idioma inglés. Se valorará conocimientos de otros idiomas.

Boletín Oficial del Estado de 7 de Febrero de 2018. Se publica la Resolución de 4 de Febrero de 2018 de la Subsecretaría del Ministerio de Hacienda y Función Pública por la que se resuelve la convocatoria anterior, adjudicando, sin más explicaciones, la Consejería de Finanzas a Dª Soledad García López,  Inspectora de Hacienda del Estado.

Si uno busca en la página web del organigrama de la AEAT, aparece Dª Soledad García López como Directora del Departamento de Recaudación, señalándose en su ‘Curriculum profesional’ que hasta su nombramiento en 2013 había desempeñado las siguientes funciones: Inspectora Jefa del Área de Investigación en la Oficina Nacional del Fraude; Ponente decano en el TEAC; Inspector Asesor en el Departamento de Recaudación; Inspectora coordinadora en la Delegación Central de Grandes Contribuyentes; Adjunta al Jefe de la Oficina Nacional de Recaudación; Subdirectora General de Procedimientos Especiales en el Departamento de Recaudación; Jefa de Unidad de Actuaciones especiales, y Jefa de Unidad en la Delegación Especial de Valencia.  Es decir, ni rastro de experiencia internacional, ni rastro de idiomas, ni rastro de función alguna relacionada con la Unión Europea. Podemos decir incluso que la carrera profesional de Dª Soledad ha girado en gran parte en torno a la función de recaudación, precisamente la menos internacional de las funciones que realiza la Agencia Tributaria.

Por su parte, las Consejerías de Finanzas en las Misiones Diplomáticas de España se encuentran reguladas por el Real Decreto 240/2000, de 18 de febrero. En dicho Decreto, las Consejerías de Finanzas quedan definidas como órganos técnicos  de las Misiones Diplomáticas de España para el desarrollo de las competencias propias del Ministerio de Hacienda.  En particular, tanto en materia tributaria aduanera, como en materia presupuestaria, el RD señala como funciones a realizar en las Consejerías, la de mantener contactos y establecer vías de relación y cauces permanentes de comunicación con las Administraciones tributarias, aduaneras y presupuestarias del país receptor, preparando y organizando, en su caso, reuniones o visitas de trabajo bilaterales, realizando las gestiones que se le encomienden por los servicios centrales o por el Jefe de Misión y constituyendo cauces para la presentación o recepción de información relevante cuando así lo dispongan los mismos. En definitiva, podemos decir que el Consejero es el representante del Ministerio de Hacienda en el país receptor, constituyendo además, un apoyo técnico, en materias tributaria, aduanera y presupuestaria, para el Jefe de Misión.  El artículo 10 del  Real Decreto exige al funcionario para poder ser designado Consejero de finanzas, el pertenecer al Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado o al Cuerpo de Abogados del Estado, siempre que, en este último caso, el funcionario haya prestado sus servicios en el Ministerio de Hacienda durante un período de al menos cinco años. Podemos concluir así que el hecho de que Dª Soledad García López pertenezca al Cuerpo de Inspectores de Hacienda no le otorga de ningún mérito especial sino que se trata de un requisito que, por otra parte, hace suponer que el funcionario designado cumple ya con los méritos de la convocatoria relativos a los conocimientos tributarios generales.  En definitiva, dado el carácter de las Consejerías de Finanzas en las Embajadas como representantes del Ministerio de Hacienda en el extranjero y dadas las funciones que especifica para ellas el RD, es evidente que los méritos más relevantes a valorar por  la subsecretaría para la designación del  Consejero de Finanzas en Reino Unido, debían haber sido todos los relativos a la experiencia en organismos internacionales y en la Unión Europea, así como los relativos a idiomas, que el CV de Dª Soledad ni menciona.

Casualmente, en Diciembre de 2017 apareció en prensa la noticia del escándalo ocasionado en la AEAT a raíz de un correo que la Directora del Departamento de Recaudación, Dª Soledad García López, había enviado con fecha 15 de diciembre de 2017, a las 12 de la noche, al personal de su Departamento, dando las gracias a los que habían acudido a la copa de Navidad organizada por la Dirección. A los demás, les decía “de todo estado, categoría y condición: QUE OS DEN (con mayúscula en el correo). Vuestras excusas son DE PACOTILLA y nos la refanflinfan”. Dicho correo provocó que el sindicato Comisiones Obreras presentara unos días más tarde escrito dirigido al Director de la AEAT en la que pide el cese y apertura de expediente disciplinario por falta grave a la Directora  del Departamento.

Dada la opacidad habitual con la que se nombran los cargos públicos en el extranjero, nunca sabremos si la Consejería, tan golosa que había sido solicitada por una veintena de funcionarios, muchos de ellos de gran experiencia internacional, la recibe Dª Soledad como un premio por algún servicio prestado que desconocemos o si ha sido una forma de salvarla de la quema. Pero da igual, el caso es que está claro que la representante del Ministerio de Hacienda que la Administración española envía a Londres  en un momento tan crítico como este, con el Brexit por delante, ni es la más cualificada profesionalmente, ni la más diplomática. Y así todo.

HD Joven: La caída del joven orador

Día 5 de diciembre, 24:00 horas. Tras la noche de la comunicación del resultado del famoso referéndum, Renzi ha anunciado su dimisión como Primer Ministro de la República Italiana. Se acaba así “el gobierno de los 1000 días”, como ya lo llaman aquí en Italia.

Un gobierno que ciertamente no parece que dé para mucho, pero que ha sido uno de los más largos de toda la historia de nuestra República, que comenzó el 2 junio de 1946. Lo sé, es increíble. No es casualidad que nosotros, los italianos, solamos decir que siempre estamos en campaña electoral. Y es que ya hemos tenido 63 gobiernos en sólo 70 años de vida.

La realidad es que, en términos generales, se percibe un profundo desdén (incluso animadversión) por los políticos y por eso siempre deseamos que cambie el partido del Gobierno, en algo nuevo que verdaderamente tenga la fuerza suficiente como para terminar con la inmovilidad política de nuestro país. Gracias al buen manejo de las redes sociales, a su astuta manera de relacionarse con el público e incluso a su propia edad (no olvidemos que Renzi es el Primer Ministro más joven de la historia de la República), nuestro recientemente dimitido Primer Ministro realmente había conseguido convertirse en algo distinto. El problema es que su plan era demasiado ambicioso.

En el referéndum del 4 de diciembre, yo he votado SÍ, como el 40% de los que votaron aquel día, que alcanza a un 69% de los italianos en total. La participación y el interés por el asunto ha sido, por tanto, muy alto, teniendo además en cuenta que ya estamos hartos de ir a las urnas. Mi compañero y amigo, editor de esta sección HD Joven, me ha informado no obstante que también los españoles han conocido de cerca ese sentimiento, al menos durante este año, de modo que seguramente saben a lo que refiero.

En nuestro caso, aunque se refería a la reforma de una única norma, la Constitución (o quizás precisamente por eso), se votaban muchos temas; el objetivo era modificar nada menos que 29 artículos, lo que equivale a una quinta parte del articulado de la misma. Una de las reformas más importantes se refería a transformación del sistema bicameral de la República y de todo el aparato legislativo diseñado para la aprobación de las leyes, aunque por algunas se pretendía conservar el mismo sistema, con el objeto de disminuir el número de parlamentarios, así como modificar la forma de elección de algunos de estos representantes. Otras consistían en rediseñar el sistema de competencias entre el Estado y las regiones; en eliminar instituciones como el Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL), un órgano nacional de carácter laboral; en modificar los requisitos necesarios para la iniciativa legislativa popular, en especial en lo que al número de personas necesarias se refiere; etcétera. Como ven, el asunto entraña una especial relevancia… y complejidad.

De un lado, pienso que no me equivoco al afirmar que muchos italianos estaban de acuerdo con las reformas o, al menos, con iniciar un debate público y parlamentario al respecto; reducir los gastos de las Instituciones ha sido un objetivo central de muchos gobiernos y un recurso muy utilizado por el partido Movimiento 5 Estrellas, principal partido de la oposición, a fin de obtener apoyos electorales. El CNEL y los poderes de las provincias ya están cambiando, de hecho, y creo que muchas aspectos de esta reforma probablemente se abordarán en un futuro próximo.

El caso es que Renzi había ofrecido una gran oportunidad de cambiar el país, pero ha confiado demasiado en sí mismo. Gracias a su liderazgo, su partido ganó las elecciones generales de Italia con nada menos que un 40% de los votos hace tan sólo dos años. Y, de pronto, todo es historia. Justo es decir que, poco a poco, mucha gente se había alejado ya de su figura, especialmente al comprobar que su programa político inicial no coincidía con los planes de su Gobierno. Pero, en definitiva, tanto de su triunfo, como, lo que es más triste, de su derrota sólo él ha sido culpable. Ha quedado apartado de los colaboradores con los cuales terminó el texto de la reforma, como Berlusconi y su partido, alejado de una minoría interna en su propio partido y criticado de manera muy dura y provechosa por el partido Movimiento 5 Estrellas.

Renzi mintió y omitió muchos elementos durante su campaña electoral, lo que a poco a poco la gente ha ido descubriendo, y además ha impulsado una reforma de las cámaras, a través de la reforma de buena parte de la Constitución. Pero, sobre todo, ha tratado de debilitar la democracia, limitando a la gente la posibilidad de elegir a sus propios representantes y restringiendo la posibilidad de impulsar iniciativas legislativas populares. También ha intentado eliminar la responsabilidad de las regiones, lo que, en un Estado donde la gente no tiene confianza en el gobierno central, ha sido un grande error. No es casualidad que Lega Nord, un partido de extrema derecha, esté ganando apoyos a través de la propuesta de constituir un federalismo fiscal.

¿Y ahora qué? Ahora, Italia será gobernada por un “gobierno técnico” hasta las próximas elecciones. El Movimiento 5 Estrellas es el segundo partido en las urnas, y con muchos apoyos, pero, a mi juicio, no tienen la capacidad real de gobernar un país. Hablando con un ex-miembro de este partido en un viaje en coche, él mismo me confesó que, al final, ser la principal fuerza política de la oposición era casi más conveniente para ellos. Supongo que es sólo una opinión. Supongo también que dejar el país en las manos de partidos extremistas de la derecha tampoco es lo que más conviene a Italia.

En mi opinión, Italia ha perdido una gran ocasión para renovarse, en una ley que de todas formas tiene que ser reformada. Pero, sobre todo, ha perdido una gran oportunidad de conseguir la estabilidad interna e internacional que el país necesita. En toda mi vida, no puedo recordar un Primer Ministro que tuviera en Italia un apoyo tan alto y una credibilidad tan fuerte de cara al exterior.

Como en las elecciones anteriores, Renzi ha creído que, mezclando la propuesta del referéndum con su persona, conseguiría obtener más apoyos. Pero ha sido un error y una irresponsabilidad, porque la ley sigue aún muy lejos de ser perfecta e Italia necesitaba ahora un Primer Ministro como él. Un error que ha supuesto un gran daño para Italia y para Europa en general, que pierden a un representante que habría podido ser mucho más protagonista.

En fin, espero que el próximo gobierno tenga por lo menos las mismas ganas de renovar el sistema de este país, que claramente no funciona…

Afganistán: la guerra más larga de la OTAN

Con los últimos ataques del Estado Islámico (EI) en Afganistán la inseguridad en el país se ha incrementado a niveles que no se habían registrado desde la primera década de los 2000. Además de tener que lidiar con la insurgencia de los Talibanes, surgida tras su rápida derrota de 2001, donde la influencia del EI sigue creciendo en la parte oriental del país, sobretodo en la provincia de Nangarhar.

En 2015, año en el cual las fuerzas de seguridad afganas tomaron el mando de casi todas las operaciones militares en su país, los Talibanes han podido, por primera vez en 14 años, tomar posesión de un distrito completo y de su capital (Kunduz) en el norte de país. El pasado septiembre y octubre, hubo una masiva operación de fuerzas especiales estadounidenses que junto a sus aliados afganos lograron retomar la ciudad, pero con un alto costo de víctimas civiles: en dicha operación se dio el trágico accidente del bombardeo del hospital de Médicos Sin Fronteras (MSF), que dejó a 42 muertos y más de 60 heridos.[1]

No obstante, las fuerzas de seguridad afganas retomaron el control de la situación en Kunduz y en varias partes del país luchando con honorabilidad contra el enemigo Talibán. Según las estimaciones de varios expertos, lograron ‘empatar’ la temporada de lucha del 2015.

En el mismo sentido, se observa que este año, no hubo señales de enfriamiento en el conflicto: entre los Talibanes y el Estado Islámico; las operaciones de los dos grupos siguieron a lo largo de todo el (año a lo largo y ancho del) país. Esto, producto de un invierno muy leve y con temperaturas poco extremas que cerró solo parte de los pasos fronterizos que utilizan los integrantes para llegar desde Pakistán.

Tal como refleja, el último informe de la misión de asistencia ONU en Afganistán (conocida como UNAMA por su acrónimo en inglés), se evidencian las peores cifras de víctimas civiles en el conflicto desde que la ONU ha comenzado a tener sus registros en 2009, con 5.166 muertos y heridos en los primeros seis meses del 2016.[2]

CUMBRE OTAN, VARSOVIA 2016

El Gobierno español y varios países de la coalición retiraron la mayoría o incluso todas sus tropas a finales de 2014, cuando terminó la misión de combate ISAF (Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad).

El pasado 2015 comenzó la misión Resolute Support, donde las fuerzas OTAN pasaron al mandato de Train, Advise and Assist (Entrenar, Asesorar y Asistir)[3] con sus contrapartes afganos, dejando a las fuerzas de seguridad afganas la difícil tarea de mantener y sostener la paz. Esto, además de seguir luchando contra los talibanes y los llamados warlords o caudillos quienes controlan distintas partes del país.

En consecuencia, los ministros de defensa de los países integrantes de la OTAN se reunieron el pasado 8 y 9 de julio en Varsovia para discutir el futuro de Afganistán.

Entonces, la alianza prometió mantener un número significativo (alrededor de 13,000 soldados) de tropas hasta por lo menos fines de 2017 y seguir financiando con 1 billón de dólares al año a las fuerzas de seguridad afganas hasta el 2020, para que puedan defender a su país y seguir luchando contra fuerzas extremistas internas.[4]

Barack Obama declaró antes de la cumbre de Varsovia que su país seguiría con un promedio de 8.400 soldados en el país con la mayoría de ellos concentrados en el este y sur de Afganistán, donde hay una presencia significativa y operan los Talibanes.[5] Asimismo, subrayó la importancia de Afganistán en la lucha contra el terrorismo internacional, sobre todo a los grupos de Al-Qaeda y el Estado Islámico, radicado en Afganistán desde el año pasado. En virtud de lo acontecido, el próximo presidente estadounidense, que será elegido en noviembre, heredará la guerra más larga en la historia de Estados Unidos.

POLITICA Y ECONOMIA EN AFGANISTAN

Por ello, puede percibirse que la situación política y económica de Afganistán se ha visto complicada en el mandato que se asignó la OTAN de ayudar al desarrollo de la población afgana.

Los resultados de las elecciones presidenciales del 2014 demostraron que de alguna manera se paraliza la vida política. Esta afirmación puede realizarse teniendo en cuenta el desenlace después de las elecciones. Allí, los dos principales partidos afganos se acusaron mutuamente de actuación fraudulenta, y los dos candidatos, Ashraf Ghani y Abdullah Abdullah, con la mediación de los EEUU llegaron a un acuerdo para repartir el poder. Ghani terminó asentándose como el nuevo presidente y su rival tomó el cargo de director ejecutivo (CEO), posición creada fuera de la constitución que logró superar el impasse de la elección presidencial.

La situación económica del país y la inseguridad llevaron a miles de afganos a salir de su país para buscar prospectivas a una vida mejor en Europa. En este sentido, se destaca que los afganos son el pueblo refugiado más representativo a nivel global después de los sirios.[6]

Hoy, el Gobierno de Kabul está intentando revivir una economía que tiene una cantidad considerable de recursos naturales (prevalentemente minerales que no son explotados por la inseguridad general en el país), una agricultura de subsistencia que logra exportar pocos productos, pero con altas tasas de exportación de drogas (amapolas) en el sur contraladas por el crimen organizado internacional. Por otro lado, octubre de 2015 puede considerarse como una fecha a tener en cuenta, si se advierte que el Gobierno implementó un impuesto del 10% en recargas de móviles para poder financiar sus actividades al mediano y largo plazo. El impuesto, es la razón que también causa incertidumbre entre ciudadanos que desconfían de un gobierno ya que no explica cómo va a gastar estos fondos. Los llamados de más trasparencia por parte de la comunidad internacional exhiben que se necesita la urgente implementación de medidas de fortalecimiento de organismos de control contra la corrupción.

Por consiguiente, puede señalarse que el mismo problema también se da en las numerosas obras de construcción financiadas por países como los EEUU, donde el SIGAR (Inspector General Especial para la Reconstrucción de Afganistán) ha investigado muchos desperdicios y proyectos que nunca se cumplieron. Como un claro ejemplo de los incumplimientos, puede mencionarse el proyecto gasífero TAPI, la remodelación de la presa de Kajaki, como así también, de varias escuelas que fueron construidas en lugares donde no había necesitad, con una malversación de los fondos cuantificada en 17 billones de dólares.[7]

Fruto del análisis del conflicto tras instalarse en marzo del 2016, el comandante general de la misión Resolute Support y de las fuerzas estadounidenses Nicholson pidió al presidente Obama más libertad para poder actuar al lado de las fuerzas afganas. El plan de Nicholson es obligar a los Talibanes aceptar las condiciones del gobierno de Kabul para encaminar un proceso de paz. Esto, teniendo en cuenta que se trata de un conflicto complejo, y que debe considerarse que se trata de conflicto extenuante para todas las partes- los gobiernos aliados, los militares OTAN, y sobre todo para los civiles que se encuentran en el medio y sufren por las operaciones militares o los ataques terroristas- convierte a todos los actores en ser partícipes de la guerra más larga de los EEUU. Por lo antedicho, es necesario remarcar que la derrota total de los Talibanes no va a llegar con una campaña militar, sino con un acuerdo político, porque, aunque se trate de una franja chica de la población, representa los intereses de ciertos grupos que se encuentran en Afganistán.

PERSPECTIVAS PARA EL FUTURO

En virtud de lo expuesto, la comunidad internacional posee la difícil misión y la responsabilidad de que no se vuelva a repetir el derrumbe del gobierno afgano como en el año 1996, cuando los Talibanes tomaron posesión del país y luego hospedaron a Osama bin Laden, artífice de ataques terroristas a nivel mundial que culminaron con el ataque a las Torres Gemelas del 2001. Por ello, Afganistán y sus fuerzas armadas necesitarán toda la ayuda militar, económica y humanitaria para sobrevivir como Estado. Considerando que a comienzos de los años noventa y después del conflicto contra la Unión Soviética, las luchas intestinas quebraron el aparato estatal, es claro señalar que se necesita un estado suficientemente fuerte y autónomo que pueda proteger a sus ciudadanos y hacer que se respeten los derechos humanos que fueron violados durante el régimen de los Talibanes.

Por ello, lo que también debe considerarse, para la resolución del conflicto armado, es un manejo con más constancia y visión a largo plazo. La guerra no puede darse con cambios perpetuos de mando en la misión OTAN -últimamente los generales a cargo de la coalición no suelen permanecer en sus cargos por más de 18-24 meses- en Afganistán. Eso implica que se dé un análisis diferente del conflicto por cada cambio de mando, y también se subraye que la ausencia de un objetivo claro obstaculice a orientar a los Talibanes a discutir cuáles serán las condiciones para arribar a un certero proceso y de establecimiento de paz en el territorio.

Aquí, es válido señalar que dichos factores han imposibilitado la construcción de una política viable de largo plazo que tenga cuenta las necesidades del pueblo afgano y de la comunidad internacional para dar lugar a una paz verdadera y duradera.

En fin, si nos remontamos a los hechos históricos y hacemos un paralelismo, puede señalarse que algunos expertos consideran que si Estados Unidos, tras su retirada de Irak en el año 2011, hubiera dejado a 10.000 soldados como una reserva fiable, para mantener la estabilidad en ese país, no hubiera tenido lugar el surgimiento del Estado Islámico. Por ello, se advierte la preocupación de EEUU a que se pueda desarrollar una situación similar en Afganistán, como ya está ocurriendo en una franja controlada por el EI en la provincia de Nangarhar en sur-este de ese país. Asimismo, y en pos de obtener resultados favorables en la evolución del conflicto en Irak, EEUU tiene la oportunidad única que no se repitan los mismos errores en Afganistán. Esto, manteniendo sus tropas para formar una reserva y garantizar una situación en la cual los afganos pueden empezar a asumir sus propias responsabilidades.

[1] Kunduz bombing: US attacked MSF clinic ‘in error’ – http://www.bbc.com/news/world-asia-34925237

[2] Afghanistan: Record level of civilian casualties sustained in first half of 2016 – UN report http://unama.unmissions.org/sites/default/files/25_july_2016_press_release_civilian_casualties_mid_year_report_english_2.pdf

[3] Resolute Support mission in Afghanistan – http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_113694.htm

[4] FACT SHEET: NATO Warsaw summit – https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2016/07/08/fact-sheet-nato-warsaw-summit

[5] Obama alters Afghanistan exit plan once more, will leave 8,400 troops – https://www.washingtonpost.com/world/national-security/obama-alters-afghanistan-exit-plan-once-more/2016/07/06/466c54f2-4380-11e6-88d0-6adee48be8bc_story.html

[6] Global Trends Forced displacement in 2015 – http://www.unhcr.org/576408cd7.pdf

[7] Behold: How the US blew $17 billion in Afghanistan – http://www.pri.org/stories/2015-12-18/behold-american-taxpayer-what-happened-nearly-half-billion-your-dollars?