La corte del Faraón (de cohechos propios e impropios).
De nuevo el ruido existente en los medios de comunicación con respecto a la confirmación o no como candidato a las próximas elecciones autonómicas del actual Presidente de la Generalitat de Valencia, Sr. Camps, imputado en la fase de instrucción de un procedimiento penal por cohecho, requiere que hagamos algunas precisiones para poner un poco de criterio por encima (o por debajo, como se quiera) del ruido político o mediático que no nos deja oír la voz del Estado de Derecho. Y tampoco, por qué no decirlo, la de la decencia y la dignidad de la que nuestros políticos auxiliados por nuestros medios de comunicación se empeñan en despojarnos cada día un poquito más.
Primero unos apuntes de puro sentido común para legos. Nos dicen que nadie se vende por cuatro corbatas… o por 4 trajes (sin contar los regalitos a la nena, a la esposa y a la corte entera del Presidente). Bueno, lo cierto es que el jefe de la trama de los regalitos está en la cárcel, no lo olvidemos, básicamente por (supuestos) delitos que tienen que ver y mucho con ese tipo de generosidades hacia cargos públicos ya que están ligadas a adjudicaciones de contratos públicos. Y aunque respecto de este último señor Correa no tengamos tampoco sentencia firme del Tribunal de Estrasburgo, sin la que al final, por lo que se ve, todo el mundo es presuntamente inocente aunque vaya dando “positivo”, valga la expresión, en las distintas etapas del procedimiento judicial, lo cierto es que la prisión preventiva es todavía un tema muy serio e incrementa bastante las posibilidades de que alguien sea condenado. No podemos olvidarlo, por lo que hablar en casos como el que nos ocupa (en el que aparecen cabecillas o segundones de la trama Gurtel regalando a autoridades públicas de una Comunidad Autonóma) de persecución política o de cosas parecidas es simplemente una tomadura de pelo para los ciudadanos.
Volviendo a una interpretación verosímil de los hechos, si el cabecilla de la trama Gurtel está en la cárcel, y la trama tiene que ver con consecución de contratos públicos en el ámbito de autoridades y cargos públicos que, sin duda, tienen capacidad sobrada de influir en la toma de decisiones de los órganos de contratación (cuando no son ellos directamente los órganos de contratación) y resulta que este cabecilla o sus subordinados hacen regalos a estos autoridades o cargos públicos o a su entorno familiar cercano ¿qué conclusiones sacaría una persona lega en Derecho pero con sentido común? Pues la obvia: que estas dádivas se han dado con vistas a, para favorecer, o para influenciar en la adjudicación de contratos administrativos. Y que no son las propias de un “uso social” como lo son los turrones en Navidad o los jamones el que tenga más suerte. Y si estos obsequios, tan curiosos ´para los usos habituales como trajes a la medida, se hacen al Presidente de la Generalitat, que es sin duda la autoridad más influyente de todas, aunque no adjudique directamente ningún contrato, todavía más. Sin duda sus subordinados, con o sin razón, entenderán que las empresas del “amiguito del alma” tienen alguna ventaja, aunque sea emocional, sobre las otras que concurren en los procedimientos de contratación administrativa de ese Gobierno. O que por lo menos al Presidente no le desagradará que traten bien a sus amigos.
Hasta aquí el sentido común. En cuanto al tema jurídico, lo ha tratado extensamente y con gran claridad un especialista como Enrique Gimbernat, catedrático emérito de la Universidad Complutense de Madrid, y creo que sería osadía por mi parte, que no soy especialista en Derecho penal, enmendarle la plana. Pero como puede que nos lean algunos no juristas, algunos conceptos básicos podemos aclarar. Y además se trata en otro post de este mismo blog con similar solvencia por uno de nuestros colaboradores.
El tipo de cohecho por el que está imputado el sr. Camps y entorno es el llamado “cohecho impropio”. Básicamente, se le imputa de recibir regalos o dádivas por razón de su cargo. No por haber hecho nada injusto o ilegal a raíz de recibirlas.
Pero bueno, quedémonos ahí. Parece que no hay duda de que se han recibido regalos por razón de la función, dado que estamos esperando todavía a que se demuestre que los imputados se lo pagaron todo de su bolsillo. Y ahí entramos en el culebrón de las facturas de los trajes, el sastre, el sr. Trillo y sus reuniones con el dueño de la tienda y cuando eso falla la historia de que el Presidente no lleva dinero encima, faltaría más, lo llevan sus escoltas. No parece por tanto que nadie piense que estos regalos son habituales o conforme a los usos sociales.
Porque esa era la línea de defensa. Porque si recibieron regalos habría que preguntarse por la causa Y volveríamos al puro y duro sentido común (pues cual va a ser la causa, oiga). Parece que sus abogados lo tienen claro, si hay regalos tenemos un problema. Y si hay juicio también, sobre todo si ya no preside la sala otro amiguito íntimo del Presidente (según sus propias manifestaciones, luego negadas por el magistrado). En fin, la táctica defensiva utilizada, incluidas las dilaciones procesales me parece la habitual de los abogados de un cliente cuando se sabe que el asunto no tiene buena pinta, con independencia del dato relevante de que haya unas elecciones autonómicas de por medio, en las que el Sr. Camps pretende lavar no sabemos exactamente qué. ¿Que la Generalitat de Valencia a la que él supuestamente encarna está por encima de la ley?
Por último, para la valoración política de lo que supone este tipo de situaciones en un Estado democrático y de Derecho como es el que (teóricamente) disfrutamos me remito al reciente artículo de Lucía Mendez en El Mundo del 15 de febrero y al que debo el título de este artículo, que también por otro lado me ha inspirado la conocida zarzuela del mismo nombre. Porque esto parece un sainete más que otra cosa.
Elisa de la Nuez Sánchez-Cascado es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid (1980-1985). Accedió al Cuerpo de Abogados del Estado en el año 1988
En la Administración pública ha ostentando cargos tales como Abogado del Estado-Jefe de la Secretaría de Estado de Hacienda; Subdirectora General de Asuntos Consultivos y Contenciosos del Servicio Jurídico de la Agencia Estatal de Administración Tributaria; Abogada del Estado-Secretaria del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Madrid; Abogada del Estado-Jefe Servicio Jurídico de la Rioja; Letrada en la Dirección General Registros y Notariado; Abogada del Estado ante el TSJ de Madrid; Abogada del Estado en la Dirección General del Servicio Jurídico del Estado del Ministerio de Justicia
En la actualidad compatibiliza su trabajo en los Juzgados de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional con otras labores profesionales.
En el sector público, ha ostentado muchos años el puesto de Secretaria General de una entidad pública empresarial.
En su dedicación al sector privado es socia fundadora de la empresa de consultoría Iclaves y responsable del área jurídica de esta empresa.
Destaca también su experiencia como Secretaria del Consejo de administración de varias empresas privadas y públicas, Secretaria del Consejo de Eurochina Investment,
de la de la SCR Invergestión de Situaciones Especiales, y de la SCR Renovalia de Energía; ha sido también Consejera de la sociedad estatal Seyasa y Secretaria de la Comisión de Auditoria Interna; Secretaria del Consejo de la sociedad estatal SAECA.
En el área docente ha colaborado en centro como ICADE; la Universidad Complutense de Madrid; la Universidad San Pablo-CEU o el Instituto de Estudios Fiscales. Ha publicado numerosas colaboraciones en revistas especializadas, de pensamiento y artículos periodísticos.
Es coeditora del blog ¿Hay derecho? y del libro del mismo nombre editado por Península junto con otros coautores bajo el pseudónimo colectivo “Sansón Carrasco” y Secretaria General de la Fundación ¿Hay Derecho?
Como afirma en el anterior post Bernardo Feijoo, el problema de fondo es que este país la responsabilidad política no funciona adecuadamente. La relación de simples hechos que contiene el post de Elisa habla por si sola. En cualquier país serio Camps ya habría dimitido porque la presión para forzarle a hacerlo sería brutal, empezando por la de su propio partido. Por qué no ocurre aquí así da para más de un post, pero lo más grave para el Estado de Derecho es que por ese motivo los jueces están llamados a resolver, de una manera directa o indirecta, cosas que en principio deberían quedar completamente al margen de su actuación, como si Camps debe o no ser candidato en las próximas elecciones. Por eso resulta tan fundamental controlar el CGPJ, no vaya a ser que termine cualquiera como Presidente de un Tribunal Superior.
Camps en Valencia, Enciso como alcalde de El Ejido, el famoso “hotel” Algarrobico en Carboneras, ni hablar del caso Malaya… y ahora como guinda, Mercasevilla y los ERES. La lista es extensísima. Tan extensa que me he llegado a preguntar si el político se vuelve corrupto o para ser político se necesita ser corrupto ¿?. ¿Responsabilidad política donde? ¡¡¡NO TIENEN ABSOLUTAMENTE NINGUNA!!!
Totalmente de acuerdo Lorena, lo que pretendemos con este post es denunciar este tipo de conductas que lamentablemente afectan a los grandes partidos políticos por igual. No solo no se assumen responsabilidades políticas por nada, y se llevan en las listas a personas condenadas por prevaricación porque no se han enriquecido O los otros casos que citas. Nuestra idea es ir contándolos todos en una serie de posts, no solo desde el punto de vista jurídico sino también político, como ciudadanos que somos.
Como afirma en el anterior post Bernardo Feijoo, el problema de fondo es que este país la responsabilidad política no funciona adecuadamente. La relación de simples hechos que contiene el post de Elisa habla por si sola. En cualquier país serio Camps ya habría dimitido porque la presión para forzarle a hacerlo sería brutal, empezando por la de su propio partido. Por qué no ocurre aquí así da para más de un post, pero lo más grave para el Estado de Derecho es que por ese motivo los jueces están llamados a resolver, de una manera directa o indirecta, cosas que en principio deberían quedar completamente al margen de su actuación, como si Camps debe o no ser candidato en las próximas elecciones. Por eso resulta tan fundamental controlar el CGPJ, no vaya a ser que termine cualquiera como Presidente de un Tribunal Superior.
Camps en Valencia, Enciso como alcalde de El Ejido, el famoso “hotel” Algarrobico en Carboneras, ni hablar del caso Malaya… y ahora como guinda, Mercasevilla y los ERES. La lista es extensísima. Tan extensa que me he llegado a preguntar si el político se vuelve corrupto o para ser político se necesita ser corrupto ¿?. ¿Responsabilidad política donde? ¡¡¡NO TIENEN ABSOLUTAMENTE NINGUNA!!!
Totalmente de acuerdo Lorena, lo que pretendemos con este post es denunciar este tipo de conductas que lamentablemente afectan a los grandes partidos políticos por igual. No solo no se assumen responsabilidades políticas por nada, y se llevan en las listas a personas condenadas por prevaricación porque no se han enriquecido O los otros casos que citas. Nuestra idea es ir contándolos todos en una serie de posts, no solo desde el punto de vista jurídico sino también político, como ciudadanos que somos.
Felicidades Elisa. Lo dices alto y claro, como siempre. Yo creo que lo que empezó siendo un problema de honradez de algunos políticos, deviene en auténtica desfachatez y falta de respeto. La exigencia de responsabilidades (políticas) debería empezar en el propio partido. Aquí se ha preferido practicar el y tú más y no dimite nadie, lo cual es comprensible: ¿a qué se van a dedicar, si un gran porcentaje de políticos carecen de experiencia laboral e incluso de preparación alguna?… Y si la justicia fuese otra, terminaría por poner las cosas en su sitio, pero con la fiscalía orientada a conveniencia, la cúspide del poder judicial politizada y el desinterés (interesado) por dotarnos de una justicia ágil y eficaz, pueden seguir tomándonos el pelo, de manera propia e impropia, hasta que se cansen.
Utilizando el sentido común -que en política parece que sea el menos común de los sentidos- parece que no hay razón alguna para que un partido político quede excluido de cumplir con aquello que en la sociedad civil y en el terreno empresarial es lo habitual: la auditoría. Algo tan elemental como es que una organización o persona independiente audite las cuentas de una organización cuya vida o actuación tenga trascendencia frente a terceros, aunque tenga carácter político, parece elemental. ¿Hay alguna razón para que los partidos políticos queden excluidos del cumplimiento de una obligación que ellos mismos imponen, a través de la legislación aprobada en el Parlamento, a la sociedad civil? Ninguna. O mejor dicho: una, evitar tener control externo alguno en sus cuentas.
Esta situación constituye, claramente, una anomalía democrática que nadie puede justificar.
Por otro lado, la división partidista existente en España, y que los propios partidos (escribo con minúscula a propósito) jalean adecuadamente con cierta irresponsabilidad, facilita el que sigan siendo los que se ocupan de aquello que es política y ya sabes que a mí la política no me interesa. Herencia de una historia dictatorial en dónde la política quedaba condenada por ser intrínsecamente nociva. Esta actitud consigue que la auténtica Política queda rebajada a cuestiones partidistas y de carácter doméstico. Y que lo político, en el peor sentido de la palabra, vaya invadiendo terrenos que no le son propios y desplazando a la sociedad civil progresivamente.
Si a esta característica unimos la paradoja de que en España, los partidos son estructuras antidemocráticas dentro de una Democracia constitucional, pues el lío es de aúpa. Un partido, el que queráis, no tiene nunca, en ningún momento ni con relación a ninguna cuestión, un comportamiento democrático. El aparato es el que gobierna el partido y el militante que olvide la sagrada invocación al centralismo democrático, basada en los superiores intereses electorales, puede darse por amortizado. ¿Como es posible que una democracia constitucional dependa en su desarrollo y continuidad de unas herramientas antidemocráticas, y que se permita que esas estructuras no tengan que conformar su comportamiento interno a la Constitución?
Esa falta de control interno democrático determina que aquellas decisiones que interesan al aparato del partido, nunca sean debatidas internamente ni sujetas en su aplicación a la aprobación de la militancia.Y ahí incluyo a la corrupción, que es percibida por los aparatos como inevitable, o incluso necesaria para obtener la financiación adecuada a sus intereses electorales. No creo que la corrupción sea un asunto del día en ninguna reunión de un partido, sino que eso se resuelve dónde debe resolverse. Hay muchos militantes de los dos partidos mayoritarios que se sienten sinceramente ofendidos y humillados con los casos de corrupción que como lluvia fina van empapando a la opinión pública española. Quiero pensar que si dependiera de esa opinión militante mayoritaria los corruptos quedarían fuera de esa estructura orgánica. Pero es sólo una intuición, no puede ser contrastada empíricamente.
Hacen falta controles, pero estos no han de ser judiciales, han de ser internos e impuestos legalmente, de manera que si un partido político no pasase el estandar de homologación de democracia interna, no pudiera presentarse a unas elecciones. Un primer paso podría ser el que la ciudadanía reclamase la propiedad de su voto. El voto no es del partido, es del ciudadano que lo ha emitido, por lo que las listas abiertas parecen imponerse por lógica y sentido común. Un Diputado debe su lealtad a sus votantes y después a las siglas por las que se ha presentado y ha resultado elegido, pero no ha de hacer lo que el partido ordene sino lo que su circunscripción electoral desee. Sería un primer paso para acabar con esa cultura tan española que resume esa frase tan castiza: que hay de lo mío.
Felicidades Elisa. Lo dices alto y claro, como siempre. Yo creo que lo que empezó siendo un problema de honradez de algunos políticos, deviene en auténtica desfachatez y falta de respeto. La exigencia de responsabilidades (políticas) debería empezar en el propio partido. Aquí se ha preferido practicar el y tú más y no dimite nadie, lo cual es comprensible: ¿a qué se van a dedicar, si un gran porcentaje de políticos carecen de experiencia laboral e incluso de preparación alguna?… Y si la justicia fuese otra, terminaría por poner las cosas en su sitio, pero con la fiscalía orientada a conveniencia, la cúspide del poder judicial politizada y el desinterés (interesado) por dotarnos de una justicia ágil y eficaz, pueden seguir tomándonos el pelo, de manera propia e impropia, hasta que se cansen.
Utilizando el sentido común -que en política parece que sea el menos común de los sentidos- parece que no hay razón alguna para que un partido político quede excluido de cumplir con aquello que en la sociedad civil y en el terreno empresarial es lo habitual: la auditoría. Algo tan elemental como es que una organización o persona independiente audite las cuentas de una organización cuya vida o actuación tenga trascendencia frente a terceros, aunque tenga carácter político, parece elemental. ¿Hay alguna razón para que los partidos políticos queden excluidos del cumplimiento de una obligación que ellos mismos imponen, a través de la legislación aprobada en el Parlamento, a la sociedad civil? Ninguna. O mejor dicho: una, evitar tener control externo alguno en sus cuentas.
Esta situación constituye, claramente, una anomalía democrática que nadie puede justificar.
Por otro lado, la división partidista existente en España, y que los propios partidos (escribo con minúscula a propósito) jalean adecuadamente con cierta irresponsabilidad, facilita el que sigan siendo los que se ocupan de aquello que es política y ya sabes que a mí la política no me interesa. Herencia de una historia dictatorial en dónde la política quedaba condenada por ser intrínsecamente nociva. Esta actitud consigue que la auténtica Política queda rebajada a cuestiones partidistas y de carácter doméstico. Y que lo político, en el peor sentido de la palabra, vaya invadiendo terrenos que no le son propios y desplazando a la sociedad civil progresivamente.
Si a esta característica unimos la paradoja de que en España, los partidos son estructuras antidemocráticas dentro de una Democracia constitucional, pues el lío es de aúpa. Un partido, el que queráis, no tiene nunca, en ningún momento ni con relación a ninguna cuestión, un comportamiento democrático. El aparato es el que gobierna el partido y el militante que olvide la sagrada invocación al centralismo democrático, basada en los superiores intereses electorales, puede darse por amortizado. ¿Como es posible que una democracia constitucional dependa en su desarrollo y continuidad de unas herramientas antidemocráticas, y que se permita que esas estructuras no tengan que conformar su comportamiento interno a la Constitución?
Esa falta de control interno democrático determina que aquellas decisiones que interesan al aparato del partido, nunca sean debatidas internamente ni sujetas en su aplicación a la aprobación de la militancia.Y ahí incluyo a la corrupción, que es percibida por los aparatos como inevitable, o incluso necesaria para obtener la financiación adecuada a sus intereses electorales. No creo que la corrupción sea un asunto del día en ninguna reunión de un partido, sino que eso se resuelve dónde debe resolverse. Hay muchos militantes de los dos partidos mayoritarios que se sienten sinceramente ofendidos y humillados con los casos de corrupción que como lluvia fina van empapando a la opinión pública española. Quiero pensar que si dependiera de esa opinión militante mayoritaria los corruptos quedarían fuera de esa estructura orgánica. Pero es sólo una intuición, no puede ser contrastada empíricamente.
Hacen falta controles, pero estos no han de ser judiciales, han de ser internos e impuestos legalmente, de manera que si un partido político no pasase el estandar de homologación de democracia interna, no pudiera presentarse a unas elecciones. Un primer paso podría ser el que la ciudadanía reclamase la propiedad de su voto. El voto no es del partido, es del ciudadano que lo ha emitido, por lo que las listas abiertas parecen imponerse por lógica y sentido común. Un Diputado debe su lealtad a sus votantes y después a las siglas por las que se ha presentado y ha resultado elegido, pero no ha de hacer lo que el partido ordene sino lo que su circunscripción electoral desee. Sería un primer paso para acabar con esa cultura tan española que resume esa frase tan castiza: que hay de lo mío.
Javier gracias por el comentario pero no lo comparto enteramente. Creo que como tu mismo ejemplo pone de relieve los funcionarios y empresarios de este país con todas las excepciones que se quieran esta por encima de su clase política lo que es un autentico desastre. Porque además la clase política como bien dices tiene una función ejemplarizante de forma que es ella y no a la inversa la que marca las reglas. Si para entrar en un concurso hay que hacer regalos porque selo exigen.las empresas lo harán. Si se entra con limpieza las empresas serán pulcras, las empresas siguen las reglas que se marcan lo mismo en la contratación, las subvenciones o el lobby. No al revés.
Javier gracias por el comentario pero no lo comparto enteramente. Creo que como tu mismo ejemplo pone de relieve los funcionarios y empresarios de este país con todas las excepciones que se quieran esta por encima de su clase política lo que es un autentico desastre. Porque además la clase política como bien dices tiene una función ejemplarizante de forma que es ella y no a la inversa la que marca las reglas. Si para entrar en un concurso hay que hacer regalos porque selo exigen.las empresas lo harán. Si se entra con limpieza las empresas serán pulcras, las empresas siguen las reglas que se marcan lo mismo en la contratación, las subvenciones o el lobby. No al revés.
Elisa: lo que pretendo poner de relieve es lo dañino y peligroso que resulta en una sociedad moderna achacar todos los males a la clase política, ya que eso genera una suerte de impunidad e irresponsabilidad en los gobernados, pues si nuestros dirigentes actuan así, qué otra cosa podemos hacer nosotros! Yo creo que eso no vale, que hay reglas que no las marca la clase política, ni las puede imponer un juez, sino la conciencia, la moral y la responsabilidad de cada uno y, desde luego, no me vale el ejemplo del concurso con premio, pues lo que tiene que hacer el empresario en tal caso y sin ningún género de dudas, es buscar pruebas y denunciar a la Administración de turno, pero nunca prestarse al cohecho. Por otra parte, aunque es posible que muchos ciudadanos no se merezcan o estén por encima de los políticos que tienen, no me negarás que son los que elige democráticamente la mayoría y salen de entre ellos (no en vano, son los representantes del pueblo). Otra cosa muy distinta es que en España se acceda a la política en lugar de y no después de, dando lugar a políticos profesionales que jamás han trabajado ni probado su valía y honestidad fuera del partido. Pero también hay gente -como en general ocurre en la propia sociedad- que son buenos servidores públicos y honestos a carta cabal. El problema es que con tanta administración hipertrofiada hay ya demasiados…y la calidad, lógicamente, se resiente.
Pero insisto: sin ánimo de proteger a la clase política, el cáncer de la corrupción está en la sociedad y aquella no es sino un espejo, si se quiere de los que distorsionan la imagen, pero espejo al fin y al cabo de ésta.
Para Javier. Buen comentario.¿Moral dónde?, vivimos en un país donde se han perdido los valores humanos por completo, no es tanta la crisis económicamente como moral. Claro que como bien has dicho lo del espejo… la sociedad actual está con su “princesa del pueblo” y GH, así no vamos a llegar muy lejos, eso desde luego. Sigamos a algún lado llegaremos…
Mi comentario va referido no sólo a éste post de Elisa de la Nuez, sino también al anterior en orden de publicación, de Bernardo Feijoo, que trata del mismo asunto desde otra perspectiva. Habría mucho que hablar sobre la corrupción en España, pero de momento quisiera dejar dos reflexiones, aunque sea de modo casi telegráfico. La primera: nos quejamos -con razón- de la corrupción política, porque es la que más se exhibe y porque genera mayor rechazo al venir de quien debiera ser, como servidor público, ejemplo de honestidad en la gestión de los recursos que todos pagamos. Pero los políticos no son sino una emanación natural del sutrato social del que nacen el resto de profesionales del sector privado. Por eso se dice, también con razón, que tenemos los políticos que nos merecemos. Lo que pretendo decir con esto es que la corrupción hay que buscarla en sus orígenes, que son históricos (caciquismo), socioculturales, económicos o de otro tipo, pero no está sólo -ni mucho menos- en la clase política. Segundo: pensamos que la Ley (vía tipificación y penalización del cohecho impropio) es o debe ser la única forma de solucionar el problema, y no es así. Hay que recuperar desde la moral y la ética los principios inspiradores de la conducta humana: independencia, honestidad, imparcialidad, etc. Y eso empieza por la educación; luego vendrá la exigencia de responsabilidades. Y dos apuntes finales que ilustran lo que digo: que la corrupción -si así consideramos el cohecho impropio- no es patrimonio exclusivo de los políticos, lo demuestra el hecho de que en nuestra sociedad está generalmente admitido que los máximos responsables y directivos de empresas privadas e incluso algunos funcionarios públicos de alto nivel(recuerdo, y que me perdone Elisa, a los Abogados del Estado en épocas pretéritas) reciban todo tipo de agasajos, atenciones, invitaciones, obsequios y demás regalos por el mero desempeño de sus cargos, especialmente en el ámbito cinegético (la escopeta nacional del añorado Berlanga…), pero también en el alimentario (cestas, vino, jamones…). Y que la Ley no es la solución me trae al recuerdo una anécdota de mis primeros tiempos como notario manchego, en los que trabé cierta amistad con un -joven como yo entonces- Jefe de Administración de Hacienda de una localidad cercana. Compartíamos la pasión por la caza y un día, departiendo amigablemente después de una jornada, le hice ver la suerte que sin duda debía tener de ser habitualmente invitado, por evidente razón de su cargo, a las mejores fincas de caza, a lo que contestó amargamente: precisamente por eso ni siquiera puedo cazar en las fincas de mis amigos y, por supuesto, he de rechazar cualquier invitación de personas a las que algún día pueda inspeccionar…¡Qué tiempos aquellos! Por cierto: el mayor error cometido por Camps, más allá de aceptar regalitos, ha sido in eligendo. Uno no puede relacionarse -y menos como amiguito del alma- con determinados sujetos sospechosos. Y sólo por eso debería haber dimitido, al no haber desmentido categóricamente y con pruebas irrefutables cualquier relación con el mismo.
Elisa: lo que pretendo poner de relieve es lo dañino y peligroso que resulta en una sociedad moderna achacar todos los males a la clase política, ya que eso genera una suerte de impunidad e irresponsabilidad en los gobernados, pues si nuestros dirigentes actuan así, qué otra cosa podemos hacer nosotros! Yo creo que eso no vale, que hay reglas que no las marca la clase política, ni las puede imponer un juez, sino la conciencia, la moral y la responsabilidad de cada uno y, desde luego, no me vale el ejemplo del concurso con premio, pues lo que tiene que hacer el empresario en tal caso y sin ningún género de dudas, es buscar pruebas y denunciar a la Administración de turno, pero nunca prestarse al cohecho. Por otra parte, aunque es posible que muchos ciudadanos no se merezcan o estén por encima de los políticos que tienen, no me negarás que son los que elige democráticamente la mayoría y salen de entre ellos (no en vano, son los representantes del pueblo). Otra cosa muy distinta es que en España se acceda a la política en lugar de y no después de, dando lugar a políticos profesionales que jamás han trabajado ni probado su valía y honestidad fuera del partido. Pero también hay gente -como en general ocurre en la propia sociedad- que son buenos servidores públicos y honestos a carta cabal. El problema es que con tanta administración hipertrofiada hay ya demasiados…y la calidad, lógicamente, se resiente.
Pero insisto: sin ánimo de proteger a la clase política, el cáncer de la corrupción está en la sociedad y aquella no es sino un espejo, si se quiere de los que distorsionan la imagen, pero espejo al fin y al cabo de ésta.
Para Javier. Buen comentario.¿Moral dónde?, vivimos en un país donde se han perdido los valores humanos por completo, no es tanta la crisis económicamente como moral. Claro que como bien has dicho lo del espejo… la sociedad actual está con su “princesa del pueblo” y GH, así no vamos a llegar muy lejos, eso desde luego. Sigamos a algún lado llegaremos…
Mi comentario va referido no sólo a éste post de Elisa de la Nuez, sino también al anterior en orden de publicación, de Bernardo Feijoo, que trata del mismo asunto desde otra perspectiva. Habría mucho que hablar sobre la corrupción en España, pero de momento quisiera dejar dos reflexiones, aunque sea de modo casi telegráfico. La primera: nos quejamos -con razón- de la corrupción política, porque es la que más se exhibe y porque genera mayor rechazo al venir de quien debiera ser, como servidor público, ejemplo de honestidad en la gestión de los recursos que todos pagamos. Pero los políticos no son sino una emanación natural del sutrato social del que nacen el resto de profesionales del sector privado. Por eso se dice, también con razón, que tenemos los políticos que nos merecemos. Lo que pretendo decir con esto es que la corrupción hay que buscarla en sus orígenes, que son históricos (caciquismo), socioculturales, económicos o de otro tipo, pero no está sólo -ni mucho menos- en la clase política. Segundo: pensamos que la Ley (vía tipificación y penalización del cohecho impropio) es o debe ser la única forma de solucionar el problema, y no es así. Hay que recuperar desde la moral y la ética los principios inspiradores de la conducta humana: independencia, honestidad, imparcialidad, etc. Y eso empieza por la educación; luego vendrá la exigencia de responsabilidades. Y dos apuntes finales que ilustran lo que digo: que la corrupción -si así consideramos el cohecho impropio- no es patrimonio exclusivo de los políticos, lo demuestra el hecho de que en nuestra sociedad está generalmente admitido que los máximos responsables y directivos de empresas privadas e incluso algunos funcionarios públicos de alto nivel(recuerdo, y que me perdone Elisa, a los Abogados del Estado en épocas pretéritas) reciban todo tipo de agasajos, atenciones, invitaciones, obsequios y demás regalos por el mero desempeño de sus cargos, especialmente en el ámbito cinegético (la escopeta nacional del añorado Berlanga…), pero también en el alimentario (cestas, vino, jamones…). Y que la Ley no es la solución me trae al recuerdo una anécdota de mis primeros tiempos como notario manchego, en los que trabé cierta amistad con un -joven como yo entonces- Jefe de Administración de Hacienda de una localidad cercana. Compartíamos la pasión por la caza y un día, departiendo amigablemente después de una jornada, le hice ver la suerte que sin duda debía tener de ser habitualmente invitado, por evidente razón de su cargo, a las mejores fincas de caza, a lo que contestó amargamente: precisamente por eso ni siquiera puedo cazar en las fincas de mis amigos y, por supuesto, he de rechazar cualquier invitación de personas a las que algún día pueda inspeccionar…¡Qué tiempos aquellos! Por cierto: el mayor error cometido por Camps, más allá de aceptar regalitos, ha sido in eligendo. Uno no puede relacionarse -y menos como amiguito del alma- con determinados sujetos sospechosos. Y sólo por eso debería haber dimitido, al no haber desmentido categóricamente y con pruebas irrefutables cualquier relación con el mismo.