El coste de la floresta autonómica: por dónde empezar a recortar.

El nuevo presidente de la Generalitat de Catalunya,  Artur Mas, anunciaba a principios del mes de Abril que el elevado déficit obligaba a adoptar recortes en las políticas sociales y en los servicios públicos. Los recortes y el debate se han centrado especialmente en los servicios sanitarios. Probablemente esta situación no sea sino un adelanto de lo que puede suceder en el resto de las Comunidades Autónomas, una vez celebradas las elecciones del 22 de Mayo, cuando los nuevos gobiernos deban contar la realidad del déficit, y la imposibilidad de cumplir las promesas electorales. Si un gobierno afirma que “hay que recortar los servicios públicos para reducir el déficit”, parece que es una verdad que debe asumirse. Quizás, antes de la resignación, puedan plantearse algunas preguntas sencillas que ayuden a valorar mejor la situación.|  

No cabe duda que esta crisis no está enseñando que en España nos hemos dotado de una estructura administrativa compleja y cara. Sin ningún ánimo de cuestionar el estado autonómico, si parece que con la crisis ha llegado el momento de pedir más rigor en el análisis del coste del estado autonómico y de elevar el tono al solicitar mayor eficiencia y eficacia en la gestión de los recursos públicos. Todo ciudadano debería reclamar una respuesta a la  pregunta de si es posible prestar servicios públicos de calidad a un coste inferior del actual, y por tanto si es posible plantear otro tipo de recortes para la reducción del déficit que afecten en menor medida a los servicios públicos esenciales.  Esta pregunta, formulada en términos prácticos, exigiría medir cuál es el ratio de eficiencia de las administraciones en España.

La definición del ratio de eficiencia es la relación entre los recursos que gasta la administración en su propio funcionamiento y los recursos que gestiona. En el caso de una administración los recursos que gestiona se corresponden con los ingresos que obtiene de los impuestos, tributos y tasas que recauda de ciudadanos y empresas. El debate sobre la eficiencia de las administraciones públicas autonómicas debe centrarse al menos en tres aspectos:

• Dimensionamiento adecuado y austeridad en el gasto
• Servicios esenciales vs. servicios prescindibles
• Gestión centralizada vs. gestión descentralizada

Las empresas hace mucho tiempo que asimilaron la famosa frase de Lord Kelvin, que “lo que no se mide no se puede mejorar”. En una organización como la empresa, orientada a obtener beneficios, son los ratios financieros (beneficios, rentabilidad,…) los que proporcionan la información que gestores e inversores utilizan para valorar la situación y evolución de una compañía.  Las organizaciones sin ánimo de lucro (ONGs) tampoco son ajenas a esta necesidad de medir la eficiencia. Para justificar las expectativas de los donantes, una ONG debe proporcionar información sobre los resultados obtenidos y la eficiencia en la gestión de los recursos. La relación entre los donaciones captadas y el porcentaje dedicado a los proyectos es en muchos casos publicitado por las ONGs para dar mayor confianza a los donantes. Aquellas organizaciones, con o sin ánimo de lucro, que quieren o precisan ofrecer mayores garantías a sus inversores o donantes, utilizarán auditorías externas para avalar los datos proporcionados sobre sus niveles de eficiencia, calidad o rentabilidad.

Las administraciones públicas parecen hoy en día ajenas a esta dinámica de rendimiento de cuentas respecto a la eficiencia en el uso de los recursos que ponen a su disposición ciudadanos y empresas para la prestación de los servicios públicos. Parecería lógico que antes de afirmar que deben recortarse los servicios, las administraciones mostraran que no es posible mejorar la forma como se gestionan los recursos disponibles. Esta situación no deja de sorprender ante la magnitud del presupuesto que manejan las administraciones públicas.

Para avanzar en el análisis, intentaremos algún ejercicio con los datos disponibles. Sin duda los presupuestos y el Plan General de Contabilidad de las administraciones públicas no son herramientas pensadas para proporcionar a los ciudadanos algunos indicadores de la eficiencia, la calidad y la eficacia de las distintas administraciones. Su objetivo es sin duda otro, y los desgloses en las partidas no proporcionan el detalle que el cálculo del ratio de eficiencia requeriría. Sin embargo, una aproximación sencilla con los datos disponibles nos permite sumar el gasto corriente (capítulo II) y el gasto en personal (capítulo I), y comparar el valor obtenido con el presupuesto total de la administración. Los resultados arrojan algunas sorpresas, y una gran disparidad entre las administraciones:

Este ratio muestra que de media las administraciones públicas gastan un 46% de su presupuesto en personal y gasto corriente de funcionamiento y el 54% restante es el dedicado a inversión y prestación de servicios. ¿Qué opinaría de una ONG que de cada 100€ que recauda solo dedica 54€ a los proyectos sociales y 46€ se dedican al gasto corriente de la propia organización? Sin duda que es un despilfarro. Pero este cálculo adolece de algunos problemas. Para proporcionar una visión más realista sería necesario, al menos, que los gastos de personal asociados a profesionales dedicados directamente a la prestación de servicios públicos (fundamentalmente médicos, enfermeras, profesores, asistentes sociales,…) se sustrajeran del gasto para obtener una mejor aproximación al ratio de eficiencia. Quizás del 46%, el ratio se situase alrededor del 25%. No es fácil obtener este dato, y solo cabe lamentarnos y preguntarnos por qué las administraciones no están obligadas a proporcionarlo.

Sin duda habrá muchas voces que incidan en la dificultad de realizar ese cálculo, ante la dificultad de delimitar la frontera entre lo que es un gasto/inversión directamente ligada a un servicio público, y lo que es un gasto de gestión de la propia administración. A esas voces no les falta razón, pero si empresas y ONG cuentan con esos ratios, no contar con ellos en la administración pública parece más un ejercicio de desidia que de verdadera dificultad. Aún cuando los criterios aplicados fueran discutibles y revisables, contar con algún dato, ya sería un gran avance respecto a la situación actual. Los debates sobre la austeridad y el dimensionamiento de las administraciones autonómicas podrían abordarse de otra forma, si pudiésemos disponer de algún indicador de eficiencia en el gasto.

El segundo elemento en el debate ligado al  cálculo del ratio de eficiencia sería la valoración de lo que son servicios públicos esenciales, y servicios públicos prescindibles. En este punto tendrían cabida todos aquellos órganos creados por las CC.AA. cuyo cometido replica órganos similares de la administración central, con una carga difícil de justificar en una época de crisis. En esta categoría entrarían los defensores del pueblo, cámaras o sindicaturas de cuentas, defensores del menor, consejos consultivos, consejos de consumo, consejos económicos y sociales, tribunales de defensa de la competencia, agencias de protección de datos,…. El debate debería continuar con aquellos servicios “discutibles” como las televisiones, las embajadas o las oficinas comerciales autonómicas, y debería concluir con el análisis de los problemas derivados de la fragmentación de los servicios, y las necesarias medidas de optimización para compatibilizar la compleja estructura administrativa española, con la necesaria eficiencia en tiempo de crisis. Pero en todos estos análisis intentaremos profundizar en otro post.

El análisis realizado en este post, intencionadamente simple, solo pretendía llevar al lector a la conclusión de que cualquier partido político que se presente a las elecciones autonómicas del próximo 22 de Mayo debería aportar propuestas concretas, más allá de las generalidades sobre la necesaria política de austeridad. Propuestas sobre los organismos redundantes o prescindibles, sobre los abultados gastos corrientes o sobre la eficiencia de las administraciones. Sin duda este post está cargado de utopía, pero quizás los tiempos de crisis tengan como único elemento positivo que lo que antes parecía una utopía, poner coto al despilfarro y la ineficiencia de las administraciones públicas, pueda empezar a vislumbrarse como una realidad irrenunciable.

Juan Luis Redondo

Licenciado en Informática